Sentencia 1039 (130E) de 1983

300Corte SupremaCorte Suprema300300159481039 (130E)Manuel Gaona Cruz,Carlos Medell�n198311/04/19831039 (130E)_Manuel Gaona Cruz,Carlos Medell�n_1983_11/04/198330015948EMERGENCIA ECONOMICA. TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE LEGALIZACION DE LA FACTURA CONSULAR. LA INSTITUCION DE LA EMERGENCIA TIENE SU ESPECIFICA RAZON DE SER, RESPECTO DE MEDIDAS ECONOMICAS QUE NO COMPROMETAN DE MANERA GENERAL Y PERMANENTE EL R�GIMEN IMPOSITIVO ORDINARIO VIGENTE. Inexequible el Decreto n�mero 235 de 1983, por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones . Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 38. 1983

Revisi�n Constitucional del Decreto n�mero 235 de 1983, "Por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones".Identificadores30030015949true89685Versi�n original30015949Identificadores

Norma demandada: �Revisi�n Constitucional del Decreto n�mero 235 de 1983, "Por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones".

EMERGENCIA ECONOMICA. TARIFA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SOBRE LEGALIZACION DE LA FACTURA CONSULAR. LA INSTITUCION DE LA EMERGENCIA TIENE SU ESPECIFICA RAZON DE SER, RESPECTO DE MEDIDAS ECONOMICAS QUE NO COMPROMETAN DE MANERA GENERAL Y PERMANENTE EL R�GIMEN IMPOSITIVO ORDINARIO VIGENTE.

Inexequible el Decreto n�mero 235 de 1983, por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones.

Referencia: Expediente n�mero 1039 (130-E). Revisi�n Constitucional del Decreto n�mero 235 de 1983, "Por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones".

De la Presidencia de la Rep�blica, mediante oficio de fecha 4 de febrero, de la Secretar�a Jur�dica, lleg� al d�a siguiente de dictado el Decreto en referencia, para que la Corte practique el examen de constitucionalidad que ordena el par�grafo del art�culo 122 de la Constituci�n. En la copia aut�ntica que se recibi� aparecen las firmas del Presidente de la Rep�blica y de todos los Ministros del Despacho. Adem�s, tal Decreto fue expedido dentro del t�rmino de cincuenta d�as que se�al� el Decreto n�mero 3742 de 1982, mediante el cual se declar� la emergencia econ�mica y, como aparece expedido en ejercicio de las facultades que se derivan del art�culo 122 citado, compete a la Corte su revisi�n.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de la facultades que le otorga el art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo del Decreto 3742 de 1982,

Articulo 1� La tarifa del impuesto de timbre sobre legalizaci�n de la factura consular prevista en el ordinal 34 del articulo 14 de la Ley 2� de 1976, ser� a partir de la vigencia del presente Decreto, del 1.2% del valor neto FOB de la mercanc�a amparada por cada factura.

Articulo 2� El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgaci�n.

Fijado el asunto en lista, como lo ordena el art�culo 14 del Decreto n�mero 432 de 1969, se envi� al Procurador General de la Naci�n, quien conceptu� lo siguiente: debe declararse exequible el Decreto n�mero 235 porque:

"Ahora bien: para establecer la conexidad directa y espec�fica de la disposici�n aludida con la situaci�n que determin� la declaraci�n del estado de emergencia econ�mica, es preciso acudir, obviamente, al Decreto Matriz, n�mero 3742 de 1982.

"En dicho decreto se formula, como n�cleo causal del gran desequilibrio de la econom�a colombiana (que presenta un delicado cuadro de desempleo, ca�da de la producci�n e inflaci�n) la pronunciada baja del ahorro nacional (que, obviamente ha afectado el nivel de inversi�n) generada por el debilitamiento del ahorro privado `como consecuencia de la grave alteraci�n del sector financiero' y por el desmesurado d�ficit fiscal. Este �ltimo, motivado por el deterioro progresivo y acelerado de los ingresos p�blicos (debilitamiento generalizado de los ingresos de la Naci�n, de los departamentos, de los municipios y de las entidades descentralizadas considerando 5�) y por la expansi�n desmedida del gasto oficial.

"En relaci�n con este aspecto causal, en conexi�n directa y espec�fica con la situaci�n que determin� la declaratoria y que qued� expresado en el Decreto Matriz n�mero 3742 y con la inspiraci�n final�stica de conjurar el estado de crisis o de impedir la prolongaci�n de sus incidencias negativas, corresponde al Gobierno escoger los instrumentos adecuados para el efecto.

"As� frente a modalidades impositivas que, como el impuesto sobre la renta y complementarios, se ha evidenciado ya el fen�meno descrito por algunos te�ricos de la hacienda p�blica, consistente en que en un determinado punto un aumento de la tarifa produjo el efecto negativo de debilitar los ingresos tributarios (curva de Laffer), resulta razonable que, dentro de las valoraciones que le corresponden al Gobierno, considere necesario que la modificaci�n de las tarifas no sea, en t�rminos absolutos, para aumentarlas sino para reducirlas; pero, en otras modalidades impositivas, como en este caso del impuesto de timbre sobre legalizaci�n de las facturas consulares, pueden operar (como en efecto, operan), unos presupuestos distintos tales que el legislador extraordinario estime, dentro de la libertad valorativa que le es propia para enfrentar la situaci�n, que en funci�n del incremento de los ingresos p�blicos resulta necesario aumentar las tarifas.

"As�, pues, las medidas adoptadas se encuentran en conexi�n directa y espec�fica con la situaci�n que determin� la declaraci�n del estado de emergencia y se hallan final�sticamente inspiradas, de manera inequ�voca en el prop�sito de conjurar la crisis de la econom�a nacional, pues l�gicamente puede esperarse de ellas un efecto positivo en la superaci�n de las penurias fiscales del pa�s, factor que fue se�alado como uno de los hechos generadores de la situaci�n de crisis descrita en el Decreto n�mero 3742 de 1982.

"Por �ltimo, cabe observar que el impuesto consular, constituye en esencia, pagos al Gobierno por servicios al importador al legalizar la factura consular, no obstante este gravamen debe basarse en tasas calculadas conforme al costo de los servicios prestados. Y como en materia de eliminaci�n del d�ficit fiscal, se plantea la adopci�n de instrumentos de efecto inmediato, como son la creaci�n de nuevos recursos por incrementos de impuestos, es decir que en el decreto materia de revisi�n, los altos impuestos sobre el servicio de legalizaci�n de las facturas consulares se justifica, como instrumento para mejorar la captaci�n de recursos".

1. Por ser el que se examina un decreto de emergencia econ�mica es competente la Corte para decidir sobre su constitucionalidad.

2. Se parte de la base de que el orden social absoluto no existe, ni es un fin en s� mismo, sino una relativa predisposici�n axiol�gica hacia la armon�a, un presupuesto de la humana convivencia colectiva; de que si la sociedad se mantuviera en perfecta y perenne armon�a, sobrar�a lo jur�dico; de que el orden institucional es el reflejo del querer predominante del orden social, o sea, la forma como la sociedad quiere su organizaci�n; de que el orden p�blico es la correlaci�n armoniosa entre el orden social y el orden institucional; de que el desorden p�blico es la sensible y profunda ruptura de esa correlaci�n, y de que el orden jur�dico, como expresi�n del orden institucional, no puede v�lidamente ir contra el propio orden social que lo justifica, pues si lo pudiera contribuir�a al desorden p�blico en lugar de servir precisamente de instrumento del orden.

En consecuencia, lo que aqu� se juzga por la Corte es simplemente si el Decreto de Emergencia Econ�mica n�mero 235 de 1983, por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones, es una expresi�n v�lida o por el contrario violatoria del orden institucional plasmado en nuestra Carta Pol�tica.

3. En el aspecto socioecon�mico, se hace �nfasis en que nuestro sistema capitalista, de estirpe institucional democr�tica (cuyo concepto no corresponde al de "modelo econ�mico"), asentado en el caso colombiano sobre inveterados pilares de penuria v subdesarrollo econ�micos, est� dise�ado de tal manera queno puede ser tornado como un estado de permanente emergencia econ�mica o de constante o total desorden, pues si as� fuera ello supondr�a entonces que nuestro orden constitucional que consagra la emergencia como una situaci�n excepcional en su acaecer y en sus alcances, se habr�a convertido en el fundamento mismo del desorden y que lo normal ser�a lo anormal o excepcional.

Pero no es as�. Nuestro sistema capitalista presupone una consistencia y flexibilidad suficiente, probada por siglos y en un amplio espectro geogr�fico, que ha permitido y permite que se den fen�menos c�clicos y coyunturales de tipo econ�mico de seria trascendencia y magnitud, tales como la inflaci�n, la recesi�n, el desempleo o el d�ficit fiscal constante, entre otros, dentro de mayores o menores grados de intensidad y confluencia, sin que su ocurrencia tenga car�cter ins�lito, ex�geno o sobreviviente, sino que son tenidos como consustanciales a su contextura y estructura, como un acontece� regular y propio de �l, y regulables por las v�as institucionales ordinarias y democr�ticas que tienen asidero en la ley, como expresi�n del Congreso, y no por los medios excepcionales y monocr�ticos del estado de emergencia.

De otra parte, no se debe olvidar que la planeaci�n estatal no es tanto y s�lo la fulgurante medida jur�dica del momento, de pretensi�n eficaz, sino ante todo la ponderada previsi�n con la que se precave precisamente la toma de intempestivas regulaciones de excepcional cauce y de relativo resultado.

Dada su naturaleza, la instituci�n de la emergencia econ�mica no es total ni permanente; puede entenderse apenas como el fruto de imprevistas situaciones que alteren fundamentalmente el inestable equilibrio relativo de la econom�a nacional en un sector determinado, o estar ocasionada por el acelerado y agudo proceso de agravamiento de una crisis estructural, mas no como un mecanismo recurrente y cotidiano, o como programa de pol�tica econ�mica, que tienda a suplantar en forma general y progresiva la competencia y la materia del orden jur�dico ordinario.

4. No es que la Corte desconozca una realidad, sino que reconoci�ndola tiene que decidir sobre la validez de las normas que juzga, confront�ndolas con los cauces institucionales que de manera imperativa se le ordena preservar, dejando de lado �pticas menores o circunstanciales, sin atender si convienen o no al legislador o al gobernante, o si corresponden o no a una "realidad social" o "econ�mica" reclamada por quienes ocasionalmente lo respalden o le nieguen apoyo. El magisterio institucional de control de constitucionalidad es intemporal y no de ocasi�n; para la Corte la regla de oro es la Constituci�n y sus decisiones est�n guiadas por ella y no pueden ir en su contra, as� se considere por otros o para otros efectos que la Constituci�n deba cambiarse por inconveniente. Compr�ndese que mediante las atribuciones excepcionales de la emergencia resultar�an m�s r�pidas las reformas sociales que teniendo que ce�irse a las v�as constitucionales del debate parlamentario. Pero la raz�n de ser de la tarea de guarda de la integridad constitucional no estriba en contingentes apreciaciones de conveniencia o aproximaci�n a realidades defendidas o pretendidas, sino que tiene raigambre en el inc�lume cumplimiento y respeto de la Constituci�n como presupuesto del Estado de Derecho.

5. En rigor sem�ntico y contextual halla la Corte que el art�culo 122 condiciona la validez de los decretos de emergencia econ�mica al cumplimiento de las siguientes exigencias:

a)Por su causa, a la regulaci�n de "hechos distintos de los previstos en el art�culo 121", que dem�s sobrevengan;

b)por su objeto, al orden econ�mico, propio del sistema, que se entiende afectado por hechos sobrevinientes, ins�litos, impropios del mismo;

c)por su instrumento, a la forma como deben ser expedidas tales normas, tanto el decreto declarativo como los que lo desarrollan, unos y otros ce�idos a requisitos de motivaci�n, conexidad, oportunidad y cumplimiento de formalidades, y

d)por su finalidad, es decir, que est�n destinados de manera exclusiva a "conjurar la crisis" y a "impedir la extensi�n de sus efectos", teniendo adem�s que estar referidos "a materias que tengan relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine el estado de emergencia".

Naturalmente, como va se tiene visto, el sem�ntico no es el �nico m�todo del que se vale la Corte para interpretar en este caso el art�culo 122 de la Constituci�n. Se��lase que dicho m�todo tampoco corresponde al de la mera ex�gesis, el cual es m�s propio del cl�sico mecanismo hermen�utico declarativo del tenor literal de la norma, y s�lo opera cuando lo que se juzga es un hecho (factum) frente a ella (ius) para aplicarla en forma deductiva y concreta. Pero en materia de juzgamiento de constitucionalidad la tarea es diferente y algo m�s compleja, pues lo que en tal caso se confronta es la validez monocr�tica y abstracta, y no f�ctica y espec�fica, de una disposici�n inferior (la ley), frente a otra de jerarqu�a superior (la Constituci�n), teniendo como fundamento no s�lo la m�xima categor�a de �sta sino su contenido normativo y su significado doctrinario y pol�tico, en cuanto Pol�tica es nuestra Constituci�n, y atendiendo respecto de la disposici�n juzgada no s�lo la materia sino tambi�n las formalidades de su expedici�n y la competencia o facultad del organismo o agente que la expide.

Como se palpa, obra aqu� m�s la epiqueya que la ex�gesis, fuera de que ni la una ni la otra son la sustancia o el sustento primordial de esta providencia.

6. Adem�s, orientada por nuestra historia institucional, hace ver esta Corporaci�n que el art�culo 122 nace en 1968 como un instrumento normativo de excepcional implantamiento, destinado apenas a morigerar los perniciosos efectos derivados del abuso de la legislaci�n econ�mica que hasta entonces hab�a soportado nuestro orden institucional y que hab�a tenido como fuente normativa esencial a los decretos legislativos de estado de sitio. El prop�sito del Constituyente de 1968 al instituir el art�culo 122 no fue entonces el de ensanchar el �mbito ni el de multiplicar las pr�cticas de los estados de excepci�n, sino el de encauzarlos y delimitarlos al m�ximo, tanto m�s cuanto que al quedar abolida con la Reforma Constitucional de 1968 la prohibici�n del art�culo 32 que reg�a para el Gobierno desde 1945, seg�n la cual �ste no pod�a intervenir la econom�a por medio de decretos provenientes de leyes de facultades extraordinarias, qued� desde entonces cerrada la esclusa de la legislaci�n econ�mica sin la intervenci�n o el mandato del Congreso.

7. Desde antiguo, el fundamento de la validez jer�rquica y de la legitimidad doctrinaria de la ley, como expresi�n de la voluntad soberana de la Naci�n, es el origen deliberativo, representativo y parlamentario del tributo o del impuesto, con sustento en la consulta y vocer�a del com�n, en todo tiempo, y m�s en tiempo de paz partiendo de la base de que no todo estado de excepci�n corresponde siempre v necesariamente a un estado de guerra o de "no paz", y de que el art�culo 122 no es la v�a id�nea para lo b�lico.

Seg�n nuestra Carta, es el Congreso el que en tiempo de paz, impone contribuciones o decreta impuestos ordinarios (art�culo 43), o sea que es el legislador com�n y no el de excepci�n o de emergencia el competente para establecer o modificar impuestos en forma general, regular, normal, impersonal, objetiva, abstracta y permanente, y el que adem�s en tiempo de no paz o bajo circunstancias intempestivas o de necesidad, decreta tambi�n impuestos extraordinarios (art�culo 76-14).

Y en �poca de emergencia se le reconoce al gobierno la facultad de decretar, al igual que al Congreso cuando la necesidad lo exija, impuestos extraordinarios, esto es, de manera excepcional respecto del r�gimen ordinario de tributaci�n o imposici�n, para responder a situaciones se�aladas en la declaraci�n de emergencia y que deban atenuarse o conjurarse, que se presenten por fuera del acontecer normal de nuestro relativo orden econ�mico; de car�cter espec�fico, por una sola vez, con determinado fin y de naturaleza transitoria y no permanente, es decir, dentro de los marcos constitucionales se�alados para similares circunstancias en el art�culo 76-14 al propio Congreso.

Entiende la Corte que el Presidente de la Rep�blica tambi�n tiene origen democr�tico y representativo, como quienes concurren al Congreso, pero que dada la investidura unipersonal y monol�tica del Ejecutivo, frente a la plurinominal o pluralista y por ende deliberativa o parlamentaria del Congreso, y atendida la representatividad integra] o de la "Naci�n entera" del Congreso (art�culo 105), diferente de la mayoritaria o de un sector nacional del Ejecutivo (art�culo 114), el principio impositivo general del art�culo 43, no es coexistente con las limitadas y excepcionales competencias impositivas del Ejecutivo derivadas del art�culo 122.

8. No le est� permitido a la Corte interpretar precepto alguno con fundamento en lo que no es, sino en lo que es. Es as� como ella no se ha valido en 1974, ni ahora, de la negativa del Constituyente de 1968 a incluir en el art�culo 122 una proposici�n senatorial en el sentido de que no pod�a el gobierno durante la emergencia decretar impuestos, como fundamento para afirmar, en el primer caso, o para negar, en el segundo, la facultad impositiva del Ejecutivo por la v�a del art�culo 122. Como tampoco, ni entonces ni ahora, la Corte ha invocado la negaci�n de uno de los proyectos iniciales del art�culo 122, conforme al cual se preve�a que el Gobierno s�lo podr�a decretar impuestos extraordinarios por el t�rmino m�ximo de un a�o, pasado el cual s�lo continuar�an rigiendo si los aprobaba el Congreso por ley.

En cambio, se pone de relieve que la Carta, por su texto, por su contexto y por su inspiraci�n doctrinaria, seg�n lo ha afirmado en fallos anteriores esta Corporaci�n, consagra el principio de que la cl�usula general impl�cita de legislaci�n corresponde al Congreso y no al Ejecutivo del Estado, y que para el caso en examen resulta m�s claro el postulado en virtud de que por mandato expl�cito y excluyente de la Constituci�n el Congreso es no s�lo el legislador ordinario (art�culo 43), sino tambi�n extraordinario (art�culo 76-14), de impuestos.

9. Ante el eventual argumento de que el art�culo 43 consagra para el Congreso apenas la facultad de "imponer contribuciones", pero no la de modificar las ya creadas, ni tampoco la de crear cargas impositivas diferentes a las contribuciones (como los impuestos, las tarifas, las tasas, los grav�menes), reitera la Corte su jurisprudencia de abril 8 de 1981, conforme a la cual se afirm� que el Constituyente no sigue ni exige definiciones, clasificaciones, ni tipolog�as espec�ficas sobre la terminolog�a impositiva, y agrega ahora que tal afirmaci�n dar�a para concluir que una vez que el Congreso creara un tributo perder�a en adelante su competencia para modificarlo, la cual s�lo le corresponder�a siempre al Ejecutivo y por las v�as excepcionales de los art�culos 121 o 122, de una parte, y para colegir, de la otra, que de ser competente el Congreso s�lo para crear "contribuciones", consideradas por la terminolog�a hacend�stica como los grav�menes que suponen una contraprestaci�n en favor de quien debe soportarlos, se llegar�a al contrasentido de que el r�gimen impositivo ordinario y general estar�a en manos de la impl�cita y permanente competencia del Ejecutivo y de que el art�culo 43, en vez de ser un principio general, debiera entenderse erigido como cl�usula excepcional de competencia para el Congreso en cuanto al tiempo (de paz), al tipo de gravamen (contribuciones solamente) y a la forma de su regulaci�n (�nicamente para crearlas, pero no para modificarlas). Ante tan enrevesados corolarios, lo �nico que puede admitirse en l�gica es precisamente todo lo contrario.

10. Obviamente, las restricciones se�aladas conforme a la Constituci�n para el art�culo 122 en materia de impuestos no pueden llegar a sostener que dicho precepto haya quedado reducido a extremos impracticables. Recientes sentencias han dejado ver precisamente que la instituci�n de la emergencia tiene su espec�fica raz�n de ser, respecto de medidas econ�micas que no comprometan de manera general y permanente el r�gimen impositivo ordinario vigente, incluyendo obviamente la facultad de dictar impuestos de car�cter extraordinario o excepcional.

Deja en claro la Corte que si su jurisprudencia est� indicando que no todo lo relativo a la econom�a puede ser regulado por decretos de emergencia econ�mica, ella misma tambi�n est� dejando ver que en ning�n momento se ha afirmado que nada se pueda hacer por la v�a del art�culo 122.

Formalmente el Decreto n�mero 235 de 1983, se ajusta a las exigencias constitucionales, por cuanto invoca las atribuciones del art�culo 122 y se sustenta en el Decreto n�mero 3742 de 1982 que declar� la emergencia y que fue hallado exequible, lleva las firmas del Presidente y de todos los ministros, y fue expedido f dentro del t�rmino de 50 d�as se�alado por el que la declar�.

No obstante, en cuanto a su contenido, el estatuto examinado modifica disposiciones que de conformidad con los art�culos 43, 55, 76-1 y 122 de la Constituci�n s�lo pueden serlo por medio o por mandato de la ley, por corresponder a la competencia impositiva ordinaria, general y permanente, que es funci�n propia de la legislaci�n com�n y no de la excepcional, por lo cual es violatorio de aquellos preceptos superiores e incompatible frente a lo prescrito en los art�culos 76-14 y 105.

A m�rito de lo expuesto, y por las razones anotadas, la Corte Suprema de Justicia, en -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional, o�do el Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de sus atribuciones consagradas en el par�grafo del art�culo 122 y en el art�culo 214 de la Carta,

Declarar INEXEQUIBLE, por ser contrario a la Constituci�n, el Decreto de Emergencia Econ�mica n�mero 235 de 1983 "por el cual se modifica un gravamen y se dictan otras disposiciones".

C�piese, comun�quese, publ�quese, inf�rmese al Gobierno y al Congreso, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� E. Gnecco Correa, Presidente (con salvamento de voto); Jer�nimo Arg�ez Castello (con salvamento de voto); Luis E. Aldana Rozo, Fabio Calder�n Botero (con salvamento de voto); lsmaelCoral Guerrero (con salvamento de voto); Jos� Mar�a Esguerra Samper (salvo voto); Manuel E.Daza Alvarez (con salvamento de voto); Dante L. Fiorillo Porras (con aclaraci�n de voto); Germ�nGiraldo Zuluaga (con salvamento); Manuel Gaona Cruz, H�ctor G�mez Uribe (con salvamento); Gustavo G�mez Vel�squez (aclaraci�n de voto); Juan Hern�ndez S�enz (con aclaraci�n de voto); Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n (con aclaraci�n de voto); Ricardo Medina Moyano, HumbertoMurcia. Ball�n, Alberto Ospina Botero (con salvamento de voto); Alfonso Reyes Echand�a, LuisCarlos S�chica (con salvamento de voto); Jorge Salcedo Segura (con aclaraci�n); Pedro E.Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo (salv� el voto); Dar�o Vel�squez Gaviria.

Discrepamos de la mayor�a en el fallo que antecede por las siguientes consideraciones:

1� El estado de emergencia econ�mica y social, es una situaci�n f�ctica existente en la realidad del pa�s, en tanto significa crisis o agravamiento de fallas cr�nicas o estructurales propias de un pa�s subdesarrollado, esto es, que implica la agudizaci�n de procesos y tendencias que llevan a la perturbaci�n de la relativa normalidad Que en esos campos, el econ�mico y el social, puede haber logrado un sistema que tiene ese car�cter de subdesarrollo.

2� Por tanto, el Gobierno no crea esa situaci�n, no la genera; se limita eval�e su reconocer su existencia, a describirla ante el Consejo de Estado para que se eval�e su gravedad, y la formula o enuncia en la parte motiva del decreto que declara su existencia.

3� Por consiguiente, los jueces de esos hechos como constitutivos de esa situaci�n y justificativos de la implantaci�n de ese r�gimen jur�dico excepcional, lo son exclusivamente el Consejo de Estado, en una etapa previa, y el Congreso,a posteriori, el uno para tratar de impedir una aplicarci�n arbitraria del art�culo 122, y el otro para corregir una aplicaci�n arbitraria, si la hubo, mediante un juicio de responsabilidad pol�tica contra el Presidente y sus Ministros.

4� Las circunstancias de hecho en que se funda el Gobierno para declarar el estado de emergencia, con base en la calificaci�n previa que de su gravedad y procedencia hace el Consejo de Estado y que, se repite, son tomadas de la realidad porque son el supuesto f�ctico de aquella instituci�n, condicionan totalmente el ejercicio de los poderes del Gobierno, en doble sentido:

a) De una parte limitan la potestad reguladora del Gobierno, pues todos sus decretos deben referirse exclusivamente a la situaci�n de hecho a que est� ligada la emergencia, sin que puedan ocuparse de materia no contenida en el enunciado justificatorio del Decreto que declara la emergencia;

b) De otro lado, esos hechos determinan la naturaleza de las medidas que puede adoptar el Gobierno, ya que no quedan libradas a su capricho, sino que deben ser las que necesariamente conduzcan a superar el concreto desorden econ�mico o social que se trata de superar.

5� En consecuencia, tan aprior�stico resulta sostener que el art�culo 122 no faculta al Gobierno para decretar impuestos, porque ello en un todo depende de la situaci�n econ�mica o social que se trata de normalizar y no de esa disposici�n, porque ella nada concret�, prev� al respecto (salvo su conexidad con los hechos y la conducencia de sus medidas), como admitir que s� goza de capacidad impositiva, pero s�lo por modo extraordinario y con alcance restrictivo inmediato, interpretaci�n superficial que tambi�n desconoce la fuerza de los hechos generadores de la emergencia, cuando, imponen decretar impuestos para varios a�os o indefinidamente, si esa es la �nica manera de conjurar la extensi�n de sus efectos, como lo que prescribe el art�culo que se comenta, y por lo cual tambi�n se malinterpreta tal texto.

6� Para finalizar, es preciso advertir que, siendo la pol�tica tributaria ingrediente de cualquier pol�tica econ�mica y mecanismo indispensable en el manejo de cualquier situaci�n econ�mica, la interpretaci�n del art�culo 122 que excluye la capacidad impositiva del Gobierno tiene, en la pr�ctica, efectos derogatorios de esa norma, puesto que anula la m�s necesaria e importante de sus proyecciones, y la interpretaci�n que pretende trasladar la competencia del Gobierno para determinar las medidas procedentes en una emergencia del Gobierno, radicada en �l por la Constituci�n, a la, Corte Suprema, es tambi�n contrar�a a la recta concepci�n de aquel art�culo. Nada m�s anticient�fico que este tipo de interpretaciones que olvidan que el derecho es un medio, que la Constituci�n es una herramienta al servicio de los intereses del pa�s, un repertorio de soluciones para sus problemas, que no tiene su fin en s� misma, y cuyas disposiciones sin efectos jur�dicos pierden su raz�n de ser.

Por lo expuesto, estimamos que el Decreto n�mero 235 de 1983 es un Decreto constitucional, pues se ci�e estrictamente a los l�mites que resultan de los hechos enunciados en el decreto que declar� la emergencia y, entre ellos la disminuci�n de los ingresos p�blicos y el consiguiente d�ficit fiscal, en concurrencia con la recesi�n econ�mica, la desocupaci�n creciente, y la evasi�n y elusi�n tributaria, todo lo cual exige una reestructuraci�n de la principal fuente impositiva: el impuesto sobre la renta y complementarios.

Luis Carlos S�chica, Fabio Calder�n Bolero, Ismael Coral Guerrero, Jos� Eduardo Gnecco C., Jer�nimo Arg�ez Castello, Alberto Ospina Botero, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Fernando Uribe Restrepo, Manuel Enrique Daza Alvarez, H�ctor G�mez Uribe.

Compartimos el criterio expuesto en el fallo en cuanto a que el estado de emergencia econ�mica no equivale a una desaparici�n de la paz p�blica.

Entonces, rige dentro de tal estado a plenitud el art�culo 43 de la Constituci�n, que le atribuye solamente al Congreso, a las Asambleas y a los Concejos la facultad de imponer contribuciones en tiempo de paz.

Tanto es as� que, de aceptarse la tesis de que el estado de emergencia econ�mica equivale a p�rdida de la paz para efecto de establecer o variar el monto de impuestos permanentes (art�culo 43 de la Constituci�n), la misma permitir�a predicar que, dentro de tal estado, podr�a implantarse la censura de prensa (art�culo 42ibid.), podr�an decretar expropiaciones autoridades distintas de la judicial (art�culo 33 ibid.), podr�a prohibirse la circulaci�n postal de impresos (art�culo 38 ibid.), y aun acumularse la autoridad pol�tica o civil con la judicial o con la militar (art�culo 61 ibid.), cuestiones estas �ltimas que evidentemente no ser�an de ocurrencia ortodoxa dentro del r�gimen de una simple anormalidad econ�mica emergente.

Como tanto las prohibiciones contenidas en los art�culos 33, 38, 42 y 61 como la que establece el art�culo 43, todos ellos de la Carta Fundamental, no son absolutas sino relativas y para el tiempo de paz, el mismo criterio debe aplicarse al indagar su sentido y alcances. Ninguna de ellas queda dispensada por la declaraci�n del estado de emergencia econ�mica, que no altera la paz p�blica.

Creemos tambi�n que el dicho estado de emergencia econ�mica s� es una situaci�n extraordinaria dentro de la vida institucional del pa�s. Pero, a�n as�, es al Congreso y no a autoridad distinta a quien compete establecer impuestos extraordinarios, porque esto es lo que prev� el art�culo 76, ordinal 14 de la Carta Fundamental.

Y como el art�culo 122 de la misma Carta nada dice en cuanto a facultades del Presidente de la Rep�blica para crear tributos dentro del estado de emergencia econ�mica, no puede predicarse que ellas est�n impl�citas o subentendidas dentro de la norma, porque lo estatuido en los art�culos 20 y 63 de la Constituci�n descarta rotundamente un criterio semejante. Las autoridades s�lo pueden hacer aquello que les est� atribuido de manera expresa, ya sea en la Carta Pol�tica, en la ley o en el reglamento.

Los razonamientos anteriores, de claridad incontrastable, llevan a concluir forzosamente que dentro del estado de emergecia econ�mica el Presidente de la Rep�blica no puede establecer ni aumentar grav�menes, sean ellos ordinarios o extraordinarios.

Por ello, hemos votado favorablemente lo decidido en esta sentencia, sin acoger la totalidad de su motivaci�n.

Carlos Medell�n Forero, Dante Luis Fiorillo Porras, Juan Hern�ndez S�enz, Jorge Salcedo Segura (adhiero).

Adiciono el salvamento de voto que he suscrito con las siguientes consideraciones que surgen de los nuevos planteamiento hechos por la mayor�a de la Corte y que considero de inter�s.

Insiste la mayor�a de la Corte en referirse a "nuestro sistema capitalista", cuando su tema propio e inexcusable es el orden p�blico econ�mico del pa�s, el cual queda as� desfigurado. Contradictoriamente se dice que tal sistema no corresponde al concepto de "modelo econ�mico", pero simult�neamente se afirma que �l hace parte del "aspecto socioecon�mico" de la cuesti�n. Distinciones formalistas y convencionales de apariencia acad�mica, que ocultan o disfrazan la realidad de las cosas.

Acepta el fallo la existencia de males cr�nicos que perturban la realidad socioecon�mica colombiana, pero se niega a admitir en un principio que ellos puedan llegar a configurar una grave alteraci�n de la normalidad econ�mica �Ser� entonces que lo que es normal y cr�nico no puede nunca convertirse en anormal, de manera intempestiva o sobreviviente As� parece considerarlo la sentencia, aunque ello no es �bice para que m�s adelante se contradiga para aceptar que la emergencia econ�mica puede "estar ocasionada por el acelerado y agudo proceso de agravamiento de una crisis estructural". O sea exactamente lo mismo que el suscrito sostuvo en anterior salvamento de voto, que ahora se intenta refutar inconsistentemente.

El criterio anacr�nico que hemos criticado, que desconoce verdades elementales establecidas por la sociolog�a y la econom�a moderna, se confirma y ratifica cuando el fallo afirma que "el sistema capitalista presupone una consistencia y flexibilidad, probada por siglos..."

El proceso hist�rico del capitalismo cl�sico, vivido en otros continentes, es un punto de referencia demasiado remoto para que pueda servir para caracterizar nuestra realidad econ�mica. El hecho es que el fen�meno socioecon�mico del subdesarrollo es totalmente moderno y cuenta con pocos decenios de existencia. Surge tan s�lo a mediados del presente siglo despu�s del proceso de descolonizaci�n. Presupone fen�menos nuevos y recientes como la explosi�n demogr�fica, el consumo masivo, la urbanizaci�n y el adelanto de las comunicaciones. La estructura econ�mica dual y dependiente, caracter�stica del subdesarrollo, y el desequilibrio agudo en los t�rminos de intercambio, s�lo se han presentado en las �ltimas d�cadas de lo que va corrido del presente siglo.

Reitero entonces que, a mi modo de ver, los fallos negativos de la Corte a ra�z de la �ltima emergencia econ�mica carecen de piso firme por no tener en cuenta la realidad socioecon�mica del pa�s y no por partir de un concepto actualizado, claro y cient�fico de nuestro orden p�blico econ�mico, noci�n b�sica para una correcta interpretaci�n del art�culo 122 de la Carta. La consideraci�n te�rica de fen�menos hist�ricos de car�cter jur�dico y pol�tico han impedido apreciar la verdadera naturaleza de la coyuntura econ�mica.

Finalmente nos parece inexacto e impropio definir el orden social como "una relativa predisposici�n axiol�gica hacia la armon�a" ( ). El orden social es algo real y por tanto se le deber�a entender m�s bien como una "disposici�n f�ctica", para utilizar el l�xico sofisticado de la ponencia. Seg�n la ontolog�a social la sociedad es "unidad de orden" que relaciona entre s� a sus miembros. Y el orden constituye tambi�n un fin social -en contra de lo que afirma el fallo- pues no puede olvidarse que el bien com�n es tambi�n una especie de orden. En todo caso conviene no olvidar que "el orden econ�mico o social del pa�s", que el art�culo 122 de la Constituci�n tutela, se refiere a realidades concretas y no a "predisposiciones axiol�gicas".

Comparto integralmente la declaratoria de inexequibilidad de este Decreto y adhiero a algunas de las consideraciones expresadas por la decisi�n mayoritaria. Pero las razones principales del voto de inconstitucionalidad emitido, son las que obran en las aclaraciones agregadas a los Decretos n�meros 3746 de 1982 y 383 de 1983. En esta ocasi�n las doy por reproducidas.