300Corte SupremaCorte Suprema30030015818914.Manuel Gaona Cruz.198203/06/1982914._Manuel Gaona Cruz._1982_03/06/198230015818SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Exequible, conforme a los alcances de la motiva de esta providencia, por no encontrarlo contrario al ordinal 2º del artículo 81 de la Carta, el ordinal f) del artículo 6º de la Ley 25 de 1981, "por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras las posiciones". Corte Suprema de Justicia Sala Plena Ref.: Expediente número 914. 1982
Daniel Camilo Zaldúa Corredor.demanda de inconstitucionalidad de el ordinal f) del artículo 6° de la Lev 25 de 1981, por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar.Identificadores30030015819true89557Versión original30015819Identificadores

Norma demandada:  demanda de inconstitucionalidad de el ordinal f) del artículo 6° de la Lev 25 de 1981, por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar.


SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Exequible, conforme a los alcances de la motiva de esta providencia, por no encontrarlo contrario al ordinal 2º del artículo 81 de la Carta, el ordinal f) del artículo 6º de la Ley 25 de 1981, "por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras las posiciones".

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Ref.: Expediente número 914.

Norma acusada: ordinal f) del artículo 6° de la Lev 25 de 1981, por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Actor: Daniel Camilo Zaldúa Corredor.

Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz.

Sentencia número 36. Aprobado por Acta número 44. Bogotá, D. E., junio 3 de 1982.

I. LA DEMANDA

El ciudadano Daniel Camilo Zaldúa Corredor, en ejercicio de la acción pública prevista en el artículo 214 de la Constitución, pide a la Corte que declare inexequible el ordinal f) del artícu­lo 6º de la Ley 25 de 1981, "por haber sido incorporado al texto de la citada norma connotorias y reconocidas fallas de trámite".

II LO QUE SE ACUSA

Además del encabezamiento de rigor, se trans­cribe subrayado el ordinal acusado:

"LEY 25 DE 1981

(febrero 24)

"por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones".

"El Congreso de Colombia

"DECRETA:

"Artículo 6º. El Superintendente del Subsidio Familiar es un funcionario de libre nombra­miento y remoción del Presidente de la Repú­blica y tendrá las siguientes atribuciones:

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que deben presentar las entidades bajo su vigi­lancia, y sin cuya autorización aquéllos no po­drán emprenderse".

III FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

El actor presentó su demanda con anteriori­dad a la declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo número 1 de 1979, e invocó como violado el artículo 18 de aquel acto, según el cual ningún proyecto sería ley sin "haber sido aprobado en primer debate en la corres­pondiente Comisión Permanente de cada Cá­mara, salvo lo dispuesto en los artículos 80, 91 (inciso final) y 208". Sin embargo, el deman­dante también alude a la violación del numeral 2º del inciso primero del artículo 25 del ActoLegislativo número 1 de 1968, que es el que hoyrige como numeral 2º del artículo 81 de la Carta, y que establece que uno de los requisitospara que un proyecto sea ley es el de "habersido aprobado en primer debate en la corres­pondiente Comisión Permanente de cada Cá­mara, salvo lo dispuesto en el artículo 80". No señala el demandante como infringida normadistinta de la Constitución.

Considera el libelista que se ha violado el precepto constitucional señalado, por omisión en el cumplimiento del trámite para la aproba­ción del proyecto de ley en cuanto al literal f) del artículo 6°, que calificó cuino precario y pintoresco.

Hace un minucioso recuento del trámite del ordinal f) acusado, desde cuando fue presentado al Senado por el Ministro de Trabajo, en marzo de 1979, hasta cuando, luego de innúmeros pro­yectos modificatorios en primer debate en la Comisión Séptima del Senado y de enmiendas subsiguientes, fue aprobado en segundo debate por la Plenaria de la Cámara, en 1950, para hacer ver que el ordinalf),tal como quedóaprobado en esta última, es diferente de comose inició su aprobación en aquélla. Para demos­trar su aseveración el actor entregó un cuaderno de anexos, con el "Diario Oficial" en el que se promulgó la ley, con ejemplares en "Analesdel Congreso" correspondientes a las diferentessesiones de debate sobre el ordinal acusado, confotocopia auténtica del expediente correspon­diente a la Ley 25 de 1981, con copias de lasActas números 5, 10, 11, 12 y 15 de las sesiones de la Comisión Séptima Constitucional del Se­nado durante 1979 y de las Actas 17 y 19 de las sesiones de la Comisión Séptima de la Cámara el 1980.

Pidió que se decretara como prueba "inspec­ción judicial" sobre el original del expediente de la Ley 25 de 1981 y sobre las Actas de las Comisiones Séptimas del Senado y de la Cámara, relativas a los debates sobre el ordinal f) acu­sado.

IV. LA PROCURADURÍA

El Procurador se limita a transcribir sus con­ceptos emitidos con ocasión de las anteriores demandas que se presentaron contra la Ley 25de 1981, que correspondieron a los Expedientesnúmeros 913, con ponencia del Magistrado Carlos Medellín, y 916, con ponencia del mismoMagistrado al que ahora se le asignó elaborar esta providencia, y concluye solicitándole a la Corte que emita "un pronunciamiento inhibi­torio por ineptitud sustantiva de la demanda y, subsidiariamente, si la Corporación no encuen­tra procedente ese pedimento, declare la inexequibilidad de la disposición demandada, porcuanto contiene reglas de vigilancia sobre lasCajas de Compensación Familiar y la forma deejercerla por el legislador contra el texto delartículo 120-19 de la Constitución Nacional".

En síntesis, analizados los argumentos del señor Procurador, no fue tenida en cuenta para nada la esforzada argumentación del actor sobre vicios de trámite.

V

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Primera. La competencia y la proposición ju­rídica incompleta.

Por tratarse de precepto correspondiente a una ley, es competente esta Corporación para pronunciarse sobre la demanda de la referencia.

Conforme a la ya reiterada jurisprudencia de la Corte, sin repetir las abundantes razones que recientemente y en innúmeros casos precedentes se han expresado, en esta ocasión, simplemente se desestima por improcedente la propuesta del señor Procurador sobre inhibición por proposi­ción jurídica incompleta.

Segunda. Las pruebas y el trámite.

De conformidad con la solicitud del actor, el Magistrado de reparto, doctor Ricardo Medina Moyano, decretó las pruebas conducentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7o del Decreto 432 de 1969, mediante auto de 22 de octubre de 1981.

De lo remitido mediante oficio número SG-438 de octubre 30 de 1981, por el Secretario General del Senado a la Corte, o sea, el expe­diente de la ley acusada, ejemplares de ley "Anales del Congreso" sobre los debates del ordinal f) acusado, en relación con el trámite seguido respecto de dicho ordinal, so tiene lo siguiente:

1. El Ministro de Trabajo y Seguridad So­cial presentó al Congreso en las sesiones ex­traordinarias de marzo de 1979, el Proyecto de Ley número 9, que proponía la creación de laDirección Generaldel Subsidio Familiar.

En el proyecto gubernamental original, el ordinal c) del artículo 4º, decía:

"Artículo 4º. Son funciones de la Dirección General del Subsidio Familiar:

"…………

"c) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que presenten las Cajas y Asociaciones de Cajas.Sin esta autorización no podrán iniciarse labo­res".

(V, Anexo número 3, Pág. 16; Anexo número 2, Pág. 36 "Anales del Congreso", marzo 20 de 1979, Año XXII, No. 16, Págs. 209 y 212).

2. El proyecto gubernamental fue repartido a la Comisión Séptima del Senado para primer debate y le correspondió la ponencia al Senador Marino Renjifo <sic> Salcedo, cuyo pliego de modi­ficaciones fue sustancial respecto de aquél, yque en lo que atañe al ordinal acusado decía:

"Artículo 6º. El Superintendente del Subsidio Familiar es un funcionario de libre nombra­miento y remoción del Presidente de la Repú­blica y tendrá las siguientes atribuciones:

"….

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que deban presentar las entidades bajo su vi­gilancia. Sin esta autorización no podrán ini­ciar labores. Velar porque tales servicios seanprestados a los trabajadores beneficiarios y alas personas a su cargo, si excepcionalmente, se autoriza prestarlos a otras personas, velar por­que éstas cancelen al menos el costo de la pres­tación con el fin de evitar el traslado del be­neficio del subsidio".

(V, Anexos 1 y 2. "Anales del Congreso", martes 24 de abril de 1979, Año XXIl. No. 34, Págs. 465 y 467).

3. Para el mes de abril de 1979 no alcanzó a considerarse en primer debate de sesiones ex­traordinarias la ponencia anterior del Senador Renjifo.<sic> Esta fue de nuevo publicada en la edi­ción del miércoles 19 de septiembre de 1979 de "Anales", y conforme a ella el antiguo ordinalf) quedó subdividido en dos, así:

"Artículo 6º. El Superintendente del Subsi­dio Familiar es un funcionario de libre nom­bramiento y remoción del Presidente de la Re­pública y tendrá las siguientes atribuciones:

"…..

"f) Aprobar o improbar los planes y pro­gramas de inversión para obras o servicios so­ciales que deben prestar las entidades bajo su vigilancia. Sin esta autorización no podrán ini­ciar dichos planes o programas;

"g) Velar porque sus servicias sean presta­dos preferencialmente a los trabajadores bene­ficiarios y a las personas a su cargo; si excepcionalmente se autoriza a prestarlos a otras personas, velar porque éstas cancelen al menos el costo de la prestación con el fin de evitar el traslado del beneficio del subsidio".

(V. Anexos 1 y 2, "Anales del Congreso", miércoles 19 de septiembre de 1979, Año XXII No. 75, páginas 117 y 118).

4. En la sesión del 7 de noviembre de 1979, se aprobó el siguiente texto:

"Ordinal f) Aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servicios sociales que deban prestar las entidades bajo su vigilancia. Sin esta autorización no podrán ini­ciar labores. Velar porque tales servicios sean prestados preferencialmente a los trabajadoresbeneficiarios y a las personas a su cargo, siexcepcionalmente se autoriza prestarlos a otraspersonas, velar que este servicio sea costeable".

(V. página 3 del Acta número 10 en Anexos 1 y 2).

5. En la sesión del 14 de noviembre de 1979, el texto quedó así:

"Artículo 6°, literal f), aprobar o improbar los planes y programas de inversión para obras o servicios sociales que deben presentar las au­toridades bajo su vigilancia y sin cuya auto­rización aquéllos no podrán emprenderse; velar, además, porque tales servicios sean prestados a los trabajadores beneficiarios y las personas a su cargo; y si la Superintendencia autorizare que,excepcionalmente, tos servicios se otorguen aotras personas, velar porque los respectivos ser­vicios se presten a tarifas costeables".

(V. Página 3 del Acta número 12 en Anexos 1 y 2).

6. En la sesión del 29 de noviembre de 1970, el texto del ordinal fue el siguiente:

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión, para que nuevas obras o ser­vicios sociales, le deben someter a su considera­ción las instituciones bajo su vigilancia y sin cuya autorización no podrán realizarse; velar además, porque tales servicios sean prestados preferencialmente a los trabajadores afiliados a la respectiva caja y sus familiares. Si, en casos especiales se prestaren a personas distintas delas otras indicadas, velar porque ellos en su con­junto sean costeables".

(V. páginas 4 y 5 del Acta número 15, Anexo número 1).

7. En la Plenaria del Senado, sesión del 13 de diciembre de 1979, el texto aludido, quedó así:

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión, para que nuevas obras o ser­vicios sociales, le deben someter a su considera­ción las instituciones bajo su vigilancia y sin cuya autorización no podrán realizarse; velar además porque tales servicios sean prestados preferencialmente a los trabajadores afiliadosa la respectiva caja y sus familiares. Si, en casos especiales se presentarla a personas dis­tintas de las otras indicadas, velar porque ellosen su conjunto, sean costeables".

(V. folios 57 y 49, Anexo 2).

8. En la Comisión Séptima de la Cámara (Provecto número 166), sesión del 26 de no­viembre de 1980, el texto que se aprobó, fue el siguiente:

"f) Aprobar o improbar los places y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que deben presentar las entidades bajo su vigi­lancia, y sin cuya autorización aquéllos no po­drán emprenderse".

(V. "Anales del Congreso", jueves 27 de noviembre de 1980. Año XXIII, No. 103. Anexo NO. 1).

9. En la Plenaria de la Cámara, sesión del 2 de diciembre de 1980, el texto quedó final­mente aprobado, de la siguiente manera:

"f) Aprobar o improbar los planes y pro­gramas de inversión para obras o servicios so­ciales que deben presentar las entidades bajo su vigilancia, y sin cuya autorización aquéllos no podrán emprenderse".

(V. Anexo No. 3, páginas 76 y 69).

Tercera, El alcance de la violación invocada.

1. Conforme aparece de autos (cuaderno de pruebas) y de lo que de ellos se describe en esta providencia, los hechos del trámite en los dos debates dejan en claro lo siguiente:

1º. Conforme aparece de autos (cuaderno de mente aprobada, sin variaciones esenciales de contenido, en primero y segundo debates, tanto en las Comisiones Séptimas del Senado y de laCámara, como en las correspondientes Plenarias.

2º. Que las variaciones no esenciales de lo que de él se aprobó parcialmente en los dos debates constitucionales y reglamentarios, con­sisten simplemente en asuntos de redacción y de sintaxis, mas no de sentido ni de contenido, de manera tal que no requerían reiniciación del trámite de discusión y aprobación (v. gr.: "entidades" por "autoridades", o "presentar" por "prestar").

3° Que, en las resultas, ana parte de su texto original propuesto en primer debate en la Co­misión Séptima del Senado donde tuvo origen el proyecto, que luego fue también aprobadapor la Plenaria del Senado en segundo debate,fue, sin embargo, improbada en primero y segundo debates, en la Cámara de Representantes lo cual apenas significa que se sometió a los dos debates sólo la parte inicial y que se rechazó el resto del precepto.

4º. Que aunque en la Comisión de origen del proyecto, o sea la Séptima del Senado, hubo tres textos sucesivamente aprobados sobre dicho literal f), y que por redacción, aun cuando no por contenido, el último aprobado por aquélla (el tercero) fue variado en primer y segundo debates por la Cámara, que acogió el segundo que aquélla misma había aprobado antes, sin embargo, tanto el uno como el otro, en lo que quedó de ambos, no eran sustancialmente dis­tintos.

2. De todo lo cual se colige, frente a la Carta lo siguiente:

1° Que el literal f) acusado, tal como quedó, cumplió el trámite exigido por los ordinales 1º y 2º del artículo 81 de la Carta, de aprobación en primero y segundo debates en cada una de las Cámaras del Congreso.

2º Que lo rechazado por la Cámara respec­to del proyecto inicial del literal f), no alcanzó a cumplir ese requisito constitucional de los dos debates y por lo tanto no hace parte de la ley que se acusa, lo cual no impregna de inconstitucionalidad lo debidamente aprobado.

3º "Que a la luz de la Carta, y del reglamen­to del Congreso que ella prohíja, cuando en el curso de los debates exigidos un proyecto de norma es recortadosinvariar su sentido, o sim­plemente modificado insustancialmente por ra­zones de redacción o de sintaxis, o ambas cosas,no requiere retrotraerse a la Comisión de origen,sino simplemente se entenderá aprobado en loque quedó de él o con los vocablos nuevos o di­ferentes de expresión que no variaron su con­tenido.

"No se entiende cómo, si un proyecto de ley puede ser rechazado parcialmente o cercenado por el Presidente de la Comisión respectiva, sin que ello comporte inconstitucionalidad del resto del articulado admitido, conforme lo autorizaexpresamente el artículo 77 de la Constitución, no pueda en cambio sufrir rechazos parciales en el curso de los debates reglamentarios por la Comisión o por la Cámara en pleno, sin adole­cer de inconstitucionalidad".

Cuarta. La cosa juzgada.

Mediante sentencia de mayo 27 de 1982, con ponencia del Magistrado Carlos Medellín (Radicación número 913), esta Corporación decidió declarar exequible la Ley 25 de 1981, que había sido íntegramente demandada, pero únicamente por no haber sido tramitado el proyecto de ley en referencia en las Comisiones Constitucionales del Congreso que son competentes por razón de la materia, esto es, a juicio del demandante,las Comisiones Octavas, sino en las Séptimas.

Conforme a la providencia referida se dejó en claro que la sentencia de declaratoria de exequibilidad de la ley cuyo ordinal ahora se camina, apenas se contraía al único cargo de vicio de forma formulado por e] actor. Textual­mente dijo entonces la Corte: "La demanda ceñirá la Ley 25 de 1981 se limita a indicar el vicio procedimental en su formación que se deja analizado. La presente decisión de la Corte se contrae a este único cargo formulado por el de­mandante, que constituye el petitum de su li­belo, v en cuanto a él tendrá fuerza de cosa juzgada''.

En similar sentido al precedente, para el caso sub examine, a virtud de que el demandante sólo presentó como cargo contra el ordinal f) el vicio de forma consistente en que no se le dio el correspondiente primer debate al pro­yectado ordinal de la Ley 25 de 1931, la Corte "deja en claro que su decisión se limita a esecargo y que sólo respecto de él tendrá fuerzade cosa juzgada.

VI DECISIÓN

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional, oído el Procurador General de la Nación y en ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 214 de la Carta.

RESUELVE:

Declarar exequible, conforme a los alcances de la motiva de esta providencia, por no encon­trarlo contrario al ordinal 2º del artículo 81 de la Carta, el ordinal f) del artículo 6° de la Ley 25de 1981, "por la cual se crea la Superinten­dencia del Subsidio Familiar y se dictan otrasdisposiciones".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Congreso y al Gobierno, insértese en la Gaceta. Judicial y archívese el expediente.

Luis Carlos Sáchica

Presidente.

Manuel Gaona Cruz, Jerónimo Argáez Castello, César Ayerbe Chaux, Fabio Calderón Botero (con salvamento de voto), Manuel Enrique Daza Álvarez, José María Esquerra Samper (salvó voto), Dante Luis Fiorillo Porras, Ger­mán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz (con salva­mento de voto), Alvaro Luna Gómez (salvó el voto), Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano (con salvamento de voto), Humberto Murcia Ballén- (con salvamento de voto), Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis Enrique Romero Soto (con salvamento de voto), Jorge Salcedo Segura, Pedro Elías Serrano Abadía(con salvamento de voto), Fernando UribeRestrepo, Darío Velásquez Gaviria(con salvamento de voto).

Rafael Reyes Negrelli

Secretario.

Salvamento de voto de los Magistrados Juan Hernández Sáenz, Luis Carlos Sáchica, Luis Enrique Romero Soto, José María Esguerra Samper. Fabio Calderón Botero, Humberto Murcia Ballén, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria.

I.

El artículo 29 del Decreto 432 de 1969 prevé que cuando la Corte ejerce la jurisdicción cons­titucional que le confiere la Carta Fundamen­tal, debe confrontar las disposiciones acusadas, revisadas automáticamente u objetadas con to­dos los preceptos de la Constitución y no apenas con los que invoquen el demandante, el impug­nador o el objetante, en sus respectivos casos.

Ello se explica porque los fallos que así dicte la Corte, además de un alcance erga omnes, tienen el efecto de la cosa juzgada, que hace imposible adelantar nuevo proceso sobre las cuestiones ya decididas definitivamente por esta Corporación. Tal debe suceder para que perma­nezca incólume la seguridad en la vida jurídica, cuya base primordial es la certeza sobre la va­lidez de los preceptos que regulan la conducta de gobernantes y gobernados, consagran sus derechos e imponen los deberes respectivos, or­ganizan la administración y el servicio públicoen general.

II.

Si lo anterior es indiscutible cuando la Corte se pronuncia sobre la ortodoxia constitucional intrínseca de textos que tengan el rango de ley, porque así lo prevé de modo expreso el suso­dicho artículo 29 del Decreto 432 de 1969, esde necesidad lógica y jurídica que lo mismose predique cuando la impugnación planteadaante la Corte se refiera a vicios en la forma­ción o expedición del acto acusado. Deben examinarse a plenitud los antecedentes de tal acto, así sea de manera oficiosa, para esclarecer defi­nitivamente, como lo exige el artículo 214 de laConstitución, si adolece o no .le vicios de forma,y declarar lo que resulte pertinente de ese exa­men sobre el acto materia del proceso, mediantefallo con la inmutabilidad característica de lacosa juzgada y el efecto erga omnes, propio de esta especie de pronunciamientos.

De otra suerte, si se aceptara la tesis de que un fallo sobre vicios de forma solo tiene efecto sobre los denunciados por el impugnante, que­dando libre la posibilidad de alegar ulterior­mente vicios distintos para atacar la valides del mismo acto, dicho fallo, en lugar de conducir a la seguridad jurídica sobre la eficacia formal del acto acusado, la mantendrá en tela de juicio y en espera de que la imaginación o la agudeza mental de los ciudadanos hallaran otro u otros posibles defectos en la formación o expedición del aludido acto, para formular ante la Corte con estas cuevas bases, las demandas consiguien­tes. Así, hasta la consumación definitiva de lossiglos y con perjuicio ostensible para la segu­ridad jurídica, bien supremo de las colectivi­dades humanas y fuente de la paz que debereinar en ellas.

III.

Lo anterior nos conduce a entender que cuan­do la Corte, en decisión mayoritaria, de la cual discrepamos varios de nosotros, declaró que la Ley 25 de 1981, acusada por defectos formalesen el proceso constitucional número 913, es exequible, tal sentencia impide resolver de nue­vo sobre la posibilidad de que esa ley, o cual­quiera de sus partes, esté aquejada de aquellos vicios. El efecto erga omnes que, como es obvio, tiene dicha sentencia y el carácter indeleble de la cosa juzgada así lo imponen, sin que hayaargumentos o pretexto algunos que con sensa­tez permitan entender algo distinto.

Cuando el fallo pronunciado en el juicio nú­mero 913 declaró textualmente que: ''Es exe­quible la Ley 25 de 1981", "por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar y se dictan otras disposiciones", así lo dijo la Corte de manera perpetua, como lo exige el artículo 214 de la Constitución, sobre el tenia objeto del proceso 913, aludido vicio en la formación de aquella ley.

No puede pues ahora la Corte- resolver de nuevo y válidamente sobre defectos formales que afecten a un pasaje de la Ley 25, desde luego que respecto a tal estatuto ya agoto para siempre su potestad, derivada de la jurisdicción constitucional, para calificar el cumplimiento de los requisitos que exige la Carta Fundamental para la expedición de leyes por parte del Con­greso.

Ha debido pues declararse en el presente jui­cio la existencia de cosa juzgada. Y como la decisión fue distinta, disentimos de ella por losmotivos que acabamos de exponer.

Juan Hernández Sáenz, Luis Carlos Sádica, Luis Enrique Romero Soto, José María Esque­na Samper, Fabio Calderón Botero, HumbertoMurcia Ballén, Pedro Elías Serrano Abadía.,Darío Velásquez Gaviria.

Fecha ut supra.

_____________

Salvamento de voto de los Magistrados Alvaro Luna Gómez y Ricardo Medina Moyano.

Con nuestro acostumbrado respeto por la opinión y la decisión mayoritaria, que en este caso se apartó de la ponencia inicialmente pre­sentada por el segundo de los suscritos, nos per­mitimos separarnos a nuestro turno de la deci­sión de exequibilidad adoptada en este caso por la Corporación, por las razones que sintetiza­mos en la siguiente forma:

Primero. Cosa juzgada.

1. Con ponencia del Magistrado Carlos Medellín Forero, la Corte, en sentencia del día 27 del mes de mayo del presente año, declaró exequible en su integridad la Ley 25 de 1981, dentro del proceso número 913, originado en demanda presentada por el ciudadano Rodrigo Hernández Celys, encontrándose comprendido en tal declaración de avenimiento a la Consti­tución el texto demandado en el presente pro­ceso. Ciertamente, en tal oportunidad dispuso la Corte:

"Es exequible la Ley 25 de 1981, 'por la cual se crea la Superintendencia del Subsidio Fa­miliar y se dictan otras disposiciones' ".

También en tal ocasión se estudió por la Corle la constitucionalidad del acto acusado, por cen­suras relativas a vicios en la formación de la ley, pero únicamente en cuanto la acción se había focalizado en el hecho de que, a juicio del actor, el proyecto se había tramitado por una Comisión Permanente, distinta a la que ratione materiae ha debido hacerlo.

La providencia citada precisó el ámbito res­pectivo de análisis constitucional, expresando que: "La demanda contra la Ley 20 de 1981 se limita a indicar el vicio procedimental en su formación que se deja analizado. La presentedecisión de la Corte se contrae a este único cargoformulado por el demandante, que cons­tituye el petitum de su libelo, y en cuanto a él tendrá fuerza de cosa juzgada".

Demandados ulteriormente oíros artículos de la misma ley, se originó el proceso de constitucionalidad número 916, en el cual no se for­mularos ni estudiaron cargos relativos a la for­mación legislativa de la norma acusada.

2. De conformidad con lo anterior, y dentro de una aplicación rígida y esquemática de la cosa juzgada, podría concluirse de inmediato que en el presente caso la decisión de la Corte no podría ser otra que la de disponer que se esté a lo resuelto por la Corporación en la sen­tencia primeramente mencionada.

Empero, un análisis más detenido del fenó­meno de la cosa juzgada y mayormente de su aplicación en el campo del Derecho Público, nos lleva a la conclusión de que, dicho fenómenoprocesal ciertamente no resulta admisible por lomenos, en casos como el presente.

En líneas generales es dable afirmar que des­de su estructuración en el Derecho Romano, el principio de la cosa juzgada, parejamente a otras instituciones procesales como la validez de los actos realizados por funcionarios de facto o irregularmente designados, ha respondido a los propios caracteres de la función jurisdic­cional, dentro del propósito de darle a las deci­siones de los jueces, la inmodificabilidad e inmutabilidad indispensables, en especial frente a la certeza jurídica necesaria para el desarrollo ordenado de la vida comunitaria.

3. Pero desde luego dicha certeza no puede entenderse de manera absoluta, singularmente en el campo del Derecho Público, cuando quiera que el origen de la misma se encuentre en una violación de la propia Carta Constitucional del Estado.

Debe observarse, por otra parte, que el fenó­meno de la cosa juzgada no puede considerarse exclusivamente como un fenómeno de tipo iusprivatista y el hecho de que su desarrollo por aspectos sociales e históricos propios de la época haya tenido como escenario el Derecho Privado, no le resta su naturaleza y aplicación predicables de todas las ramas del Derecho. Tampoco puede olvidarse que fue moramente el escaso desarrollo, durante el siglo pasado del Derecho Publico, el que condujo a quo habitualmente el análisis de sus problemas llevara a su turno a un estudio previo del Derecho Privado. Pero ya dentro del extraordinario desarrollo que ha tenido elius publicismo en el presente siglo, debido no menos a la hipertrofia de la adminis­tración estatal que a la reformulación del Dere­cho Constitucional, debe aceptarse que existeuna hermenéutica constitucional, que parte delhecho indiscutible de que la problemática de lainterpretación constitucional es más amplia ne­cesariamente que la de la ley común, por cuanto que ella se refleja en el orden jurídico concebidoya no parcialmente, sino en su totalidad.

Por otra parte, tal amplitud interpretativa se fundamenta entre otras cosas en la naturaleza mala, vale decir, jurídico-política de la propia Constitución del Estado, y en la importanciaque tienen sus cláusulas para el cumplimiento de los fines del mismo.

4. Todo lo anterior, se insiste, impide al in­térprete de la Constitución darle al fenómeno de la cosa juzgada en materia de Derecho Pú­blico el carácter inflexible y rígido que pueda predicarse de la misma en el Derecho Privado, constituyendo el caso sub examine, una clara excepción a dicho principio.

Por lo demás, es preciso observar que la causa de la violación de la Constitución aducida en el presente caso, es totalmente diferente de la estudiada por la Corte en el proceso número 913 en el cual además se demandó prácticamente la totalidad de la Ley 25 de 1981. En efecto, en tal caso no se cuestionó para nada lo relativo al trámite parlamentario de la ley, problema que constituye por el contrario, el centro de gravedad de la presente demanda. Consiguien­temente, no existiendo tampoco identidad decausa de este proceso de constitucionalidad enrelación con el citado número 913, tampoco poreste aspecto sería hablar en este caso de cosa juzgada.

Segundo. Tramitación de la ley.

Texto del proyecto

"Artículo 4º. c) Aprobar o improbar los pla­nes v programas de inversión para obras o servicios sociales que presten las Cajas y Asociacio­nes de Cajas. Sin esta autorización no podrán iniciarse labores" (Pág. 16, Anexo 3. Anexo 2, Pág 15. -'Anales", marzo 20,79. Año XXII No. 16, Pág. 204).

Aprobación en la Comisión Séptima del Se­nado (Proyecto número 9).

Importa advertir que, en la Comisión Séptima del Senado, el texto respectivo sufrió diversas alternativas, que implicaron su análisis y apro­bación en tres sesiones distintas, siendo aprobados otros tantos textos, a saber:

1º. Sesión del 7 de noviembre de 1979 (Acta número 10, Anexo 1, Pág. 3).

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras p servicios sociales que deban prestar las entidades bajo su vigilancia. Sin esta autorización no podrán iniciar labores. Velar porque tales servicios sean pres­tados preferencialmente a los trabajadores be­neficiarios y a las personas a sn cargo si excepcionalmente se autoriza prestarlos a otras personas, velar que este servicio sea costeable.

2º. Sesión del 14 de noviembre de 1979 (Acta número 12, Anexo 1, Pág. 3).

"f) Aprobar o improbar los planes y pro­gramas de inversión para obras o servicios sociales que deben prestar las autoridades bajo su vigilancia y sin cuya autorización aquéllos no podrán emprenderse; velar además, porque tales servicios sean prestados a los trabajadores bene­ficiarios y a las personas a su cargo; y si la Superintendencia autorizare que, excepcionalmente, los servicios se otorguen a otras persona velar porque los respectivos servicios se presten a tarifas costeables".

3º. Sesión del 29 de noviembre de 1979 (Acta número 15, Anexo 1, Pág.4)

"f) Aprobar o improbar los planes y pro­gramas de inversión, para que nuevas obras o servicios sociales, le deben someter a su consi­deración las instituciones bajo su vigilancia y sin cuya autorización no podrán realizarse; velar además, porque tales servicios sean pres­tados preferencialmente a los trabajadores afiliados a la respectiva caja y sus familiares. Si en casos especiales se presentaren a personas distintas, velar porque ellos en su conjunto sean costeables".

Aprobación en la Plenaria del Senado (Sesión del 13 de diciembre de 1979). Fls. 57 y 49 - b, Anexo 2).

"f) Aprobar o improbar los planes y programas de inversión, para que nuevas obras o servicios sociales, le deben someter a su consi­deración las instituciones bajo su vigilancia y sin cuya autorización no podrán realizarse, velar además porque tales servicios sean prestados preferencialmente a los trabajadores afiliados a la respectiva caja y sus familiares. Si en casos especiales se presentaren a personas distintasde las otras indicadas, velar porque ellos en suconjunto, sean costeables".

Aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara (Proyecto número 166 C.). Sesión del 26 de noviembre de 1980.

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que deben presentar las entidades bajo su vigi­lancia, y sin cuya autorización aquéllos no po­drán emprenderse".

Aprobación en la Plenaria de la Cámara. - Se­sión diciembre 2/80 (Anexo 3, Pág. 69).

"f) Aprobar o improbar los planes y progra­mas de inversión para obras o servicios sociales que deben prestar las entidades bajo su vigilan­cia, y sin cuya autorización aquéllos no podrán emprenderse".

Cuarto. Aprobación final del proyecto.

A fin de que el texto finalmente adoptado por la Plenaria de La Cámara, del literal f), quedará redactado en la forma que se ataba de transcribir, evidentemente distinta de la apro­bada por la Plenaria del Senado, la ponencia respectiva hizo las siguientes consideraciones, sobre las cuales resulta indispensable insistir (Anexo 1, Pág. 82).

"... trata de subsanar errores de trámite registrados en los debates del Senado, sin quela "enmienda haga necesario devolver el proyectopara nueva consideración en la Cámara Alta-Dicholiteral contiene tres proposiciones jurí­dicas, en sentido independiente, pues cada unaregula cuestiones de distinto orden, así:

Regla No. : Aprobación de planes y progra­mas de inversión en obras o servicios.

Regla No. 2: Vigilancia de la prestación de los servicios sociales a las personas con derecho a ellos.

Regla No. 3: Vigilancia de las tarifas de los servicios que se presten a los beneficiarios o a terceros.

Ahora bien, examinadas las actas que obran en el expediente del proyecto se tiene que las reglas números dos y tres fueron aprobadas, con el proyecto en su integridad, en la sesión del 7 de noviembre de 1979; que ulteriormente, su aprobación fue reconsiderada en la sesión del 14 siguiente, en la que se modificó el texto de las susodichas reglas; y que, por último, sufrie­ron una segunda reconsideración, con nuevas alteraciones del texto, en sofión del 23 de no­viembre. Empero el Senado al votar el proyec­to en la sesión plenaria del 13 de diciembre siguiente, discutió y decidió sobre las reglas nú­meros dos y tres, según éstas habían sido adop­tadas en la sesión de la Comisión VII verifi­cada el 14 de noviembre, y que habían quedado sin validez por lo resuelto en la sesión del día 20.

Es obvio entonces, que las reglas números dos y tres que trae el proyecto enviado por el Se­nado no recibieron los dos debates que en esa Cámara han debido impartirse, como lo pres­cribe el artículo 81 de la Constitución Nacional. Es procedente negarles la aprobación para en­mendar el vicio y asegurar el éxito de la iniciativa que puede ser ley en la actual legisla­tura. De otra parte, conviene reparar en que la materia de que traían las reglas números dos y tres es propia del proyecto de régimen orgá­nico, que trae varias disposiciones sobre el particular".

Tercero. Violación del artículo 81 de la Constitución.

La mera comparación de los textos anterio­res, más concretamente del literal f) aprobado por la Cámara Plena y el mismo literal f) aprobado en el Senado Pleno, pone claramente en evidencia que la supresión de la segunda parte de aquél contraviene lo dispuesto en ma­teria de debates, en el artículo 81 de la Carta Fundamental.

Por otra parte el mismo análisis comparativo de tales textos hace ostensible que la razón que se pretextó por la ponencia de la Cámara para efectos de la mutilación do la norma, tampoco se aviene a la realidad del proceso legislativo, toda vez que: o bien las diferencias existentes entre los diversos textos aprobados en el Senado oran adjetivas y muy bien hubieran podido co­rregirse sin llegar a la mentada mutilación, o tales diferencias eran trascendentales y, enton­ces lo correcto hubiera sido la devolución del proyecto al Senado, sin precederse tampoco asu mutilación. La motivación pues, de la ponen­cia de la Cámara, deviene inexacta y contrariaal proceso legislativo precisado.

En suma, la verdad indiscutible es que el Se­cado, en cuatro oportunidades, una al aprobarse el proyecto en la Comisión y tres más al apro­barse con algunas modificaciones el mismo textoen la Plenaria, manifestó su inequívoca voluntadde que el literal f) estuviera integrado por laparte eliminada por la Cámara, lo cual no pue­de conducir a otra solución que la de aceptar como ya se dijo que el artículo 81 de la Cartafue violado por dicha conducta.

Así pues, al suprimirse por la Cámara de un tajo, lo acogido sistemáticamente por el Senado a todo lo largo de los múltiples debates en que discutió el literal f) cuestionado, desconocién­dose abiertamente la voluntad de éste, en la práctica, tanto teórica como objetivamente, se eliminó un debate en la discusión de la norma, toda vez que ésta tal tomo quedó finalmente aprobada, solamente fue objeto de considera­ción en la Cámara.

Es necesario destacar además que el texto mutilado en la Cámara era de trascendental importancia, al referirse nada menos que a dos nuevas funciones de la Superintendencia, pre­cisamente en el campo más debatido de las Cajas de Compensación Familiar.

A la luz de los propios razonamientos de la ponencia de la Cámara, según la cual, el literal f) en razón de las diferencias entre los diversos textos acogidos en el Senado, no recibió "los dos debates que cu esa han debido impartirse como lo prescribe el artículo 81 de la Consti­tución Nacional", qué decir entonces de la comparación entre el texto aprobado en el Senado y el texto aprobado finalmente en la Cámara.

La ponencia de la Cámara, se repite, al tratar de corregir por su cuenta, lo que a su juicio constituía un "vicio" de procedimiento, no so­lamente no empleó el mecanismo adecuado, sino que incurrió en uno mayor al proponer sin más la eliminación de una parte sustancial del li­teral en examen.

Pensamos respetuosamente que la propia de­cisión mayoritaria nos da la razón, al reconocer implícitamente que si las reformas introducidas eran sustanciales, el proyecto ha debido regresar al Senado. Ciertamente afirma la mayoría de la Sala Plena:

"... a la luz de la Carta, y del reglamento del Congreso que ella prohíja, mando en el curso de los debates exigidos un proyecto de norma es recortado sin variar su sentido, o simplemente modificado insustancialmente por razones de redacción o de sintaxis, o ambascosas, no requiere retrotraerse a la Comisión deorigen, sino simplemente se entenderá aprobado en lo que quedó de él o con los vocablos nuevos o diferentes de expresión que no variaron su contenido.

"No se entiende cómo, si un proyecto de ley puede ser rechazado parcialmente o cercenado por el Presidente de la Comisión respectiva, sin que ello comporte inconstitucionalidad delresto del articulado admitido, conforme lo au­toriza expresamente el artículo 77 de la Consti­tución, no pueda en cambio sufrir rechazos par­ciales en el curso de los debate; reglamentarios por la Comisión o por la Cámara en pleno, sin adolecer de inconstitucionalidad''.

Cuanto a lo primero, no entendemos cómo pue­da ser insustancial la parte mutilada del artícu­lo, la cual se refiere como ya se observó, ni más ni menos que a la prestación de los servicios de la caja a "personas distintas" de los traba­jadores afiliados", aspecto medular y particu­larmente cuestionado de tales instituciones, y a la vigilancia, en caso afirmativo, para que tales servicios "sean costeables".

Tampoco estamos de acuerdo con la segunda afirmación, pero no aludiendo ella al caso con­creto, no estimamos prudente su análisis.

Reconocemos ciertamente que el Bicamerismo adoptado por la Constitución colombiana, teó­ricamente puede ser susceptible de severos cuestionamientos, pero mientras se encuentre plasmado allí, es preciso respetarlo y no validar jurídicamente situaciones coma la sometida en este raso al examen constitucional de la Corte, que conducen en la práctica a obrar como si sólo existiera una Cámara. Insistimos además que los textos de los proyectos deben entenderse en su carácter integral unitario, toda vez que su fragmentación llevaría a una peligrosa atomiza­ción de los mismos, con desconocimiento eviden­te de la técnica legislativa y de la voluntad de las Cámaras.

Por tales razones, a nuestro juicio, el literal f) de la Ley 25 de 1981, ha debido ser decla­rado inexequible.

Alvaro Luna Gómez, Ricardo Medina Moyano,

Fecha ut supra.