300Corte SupremaCorte Suprema300300158021405Jairo E. Duque Pérez.198615/05/19861405_Jairo E. Duque Pérez._1986_15/05/198630015802MEDIDAS TENDIENTES A RESTABLECER LA FUNCION JURISDICCIONAL. SUSPENSION DE LOS TERMINOS PROCESALES EN LAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE ESTADO, COMO CONSECUENCIA DE LA OPERACION ILICITA DE TOMA VIOLENTA Y DESTRUCCION DE LA INSTALACION DEL PALACIO DE JUSTICIA. ESTADO DE SITIO. Constitucional el Decreto número 3271 de 1985. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia número 35. 1986
Previa remisión hecha por la Secretaría General de la Presidencia de la República por oficio número (sin) de 9 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, decide la Corte Suprema la revisión constitucional del Decreto número 3271 de 1985 "Por el cual se suspenden unos términos judiciales", conforme atribución de los artículos 121 y 214 de la ConstituciónIdentificadores30030015803true89541Versión original30015803Identificadores

Norma demandada:  Previa remisión hecha por la Secretaría General de la Presidencia de la República por oficio número (sin) de 9 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, decide la Corte Suprema la revisión constitucional del Decreto número 3271 de 1985 "Por el cual se suspenden unos términos judiciales", conforme atribución de los artículos 121 y 214 de la Constitución


MEDIDAS TENDIENTES A RESTABLECER LA FUNCION JURISDICCIONAL. SUSPENSION DE LOS TERMINOS PROCESALES EN LAS ACTUACIONES QUE SE ADELANTEN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE ESTADO, COMO CONSECUENCIA DE LA OPERACION ILICITA DE TOMA VIOLENTA Y DESTRUCCION DE LA INSTALACION DEL PALACIO DE JUSTICIA. ESTADO DE SITIO.

Constitucional el Decreto número 3271 de 1985.

Corte Suprema de justicia

Sala Plena

Sentencia número 35.

Referencia: Proceso número 1405 (189-E). Revisión Constitucional del Decreto Legislativo número 3 271 de noviembre 9 de 1985 "Por el cual se suspenden unos términos judiciales".

Magistrado Ponente: doctor Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada según Acta número 39 de mayo quince (15) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

I. ANTECEDENTES

Previa remisión hecha por la Secretaría General de la Presidencia de la República por oficio número (sin) de 9 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, decide la Corte Suprema la revisión constitucional del Decreto número 3271 de 1985 "Por el cual se suspenden unos términos judiciales", conforme atribución de los artículos 121 y 214 de la Constitución.

II. TEXTO DEL DECRETO EN EXAMEN

La norma revisada es del siguiente tenor:

"DECRETO NUMERO 3271 de 1985

(noviembre 9)

"Por el cual se suspenden unos términos judiciales.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

"Que durante los días 6 y 7 de noviembre de 1985 tuvo lugar una operación ilícita de toma violenta de las instalaciones del Palacio de justicia, en Bogotá, donde funcionan los despachos de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado, sus Fiscalías y Secretarías;

"Que los actos cometidos en desarrollo de la citada toma han causado daños materiales de tal consideración que impiden en forma absoluta el funcionamiento de los respectivos despachos;

"Que, consiguientemente, es necesario adoptar las providencias que conduzcan a garantizar los derechos de todas las partes vinculadas a las respectivas actuaciones judiciales o administrativas y asegurar el imperio de una cumplida justicia,

DECRETA:

"Artículo 1° Para todos los efectos constitucionales y legales considérense suspendidos, desde el 6 de noviembre de 1985, todos los términos procesales (legales y judiciales) que estuvieren corriendo en todas las actuaciones que sean de competencia de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado.

"Artículo 2° La suspensión a que se refiere el artículo anterior durará hasta el día 27 de noviembre de 1985 para el Consejo de Estado y hasta el día 17 de diciembre de 1985 para la Corte Suprema de justicia.

"Artículo 3° Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 9 de noviembre de 1985.

BELISARIO BETANCUR

"El Ministro de Gobierno,Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo; el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hugo Palacios Mejía; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Agricultura, Roberto Mejía Caicedo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Carrillo Rojas; el Ministro de Salud, Rafael de Zubiría Gómez; el Ministro de Desarrollo Económico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar; el Ministro de Educación Nacional, Liliam Suárez Melo el Ministro de Comunicaciones, Nohemi .Sanín Posada; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Segovia Salas".

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En vista fiscal de P de marzo último, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declare exequible el Decreto Legislativo que se revisa porque:

"... guarda la relación de conexidad necesaria con las causas de perturbación del orden público y de alarma ciudadana que invocó el Gobierno al expedir el Decreto de Estado de Sitio número 1038 de 1984, en cuyo desarrollo se dictó, entre las causales se relacionan las derivadas de actos terroristas y la violencia por parte de los grupos armados, pues la toma del Palacio de justicia es una consecuencia directa de dichas causas y las medidas adoptadas están encaminadas a remediar los hechos que ocasionaron la situación de anormalidad y a propiciar el restablecimiento del orden institucional.

"En efecto, los términos procesales están instituidos para ponerle orden y preclusión a cada una de las etapas del proceso, garantizando los derechos de las partes dentro de la respectiva actuación, por lo tanto la suspensión de éstos, dentro de los negocios de competencia de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado (artículo 1°) y la de terminación de la fecha cierta en que empezarían a contarse nuevamente, en una y otra Corporación (artículo 2°) no puede causar agravio a ningún canon de la Carta, y por el contrario, se consideran indispensables para garantizar el principio constitucional del debido proceso, consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional".

Discrepando de los argumentos esgrimidos por el ciudadano impugnador del Decreto en estudio, considera el Procurador:

"El Decreto se fundamenta en la toma violenta del Palacio de justicia y los daños materiales ocasionados, los cuales fueron de tal consideración que impedían en forma absoluta el funcionamiento de los Despachos de la Corte Suprema de justicia y el Consejo de Estado; resulta entonces evidente que la vigencia de las normas que establecen los términos procesales eran de imposible cumplimiento, por lo que resultaba necesaria su suspensión para restablecer el normal funcionamiento de las citadas Corporaciones.

"Entonces, no es como dice el impugnador que el Gobierno mediante las medidas adoptadas se opuso a que los máximos organismos de la Rama jurisdiccional cumplieran su misión constitucional de administrar justicia; fueron los lamentables hechos acaecidos, los que impidieron el ejercicio de la función jurisdiccional.

"Siendo innegable que las medidas adoptadas propiciaron el retorno a la normalidad institucional, no desconocen la independencia y autonomía de la Rama jurisdiccional, por el contrario, cumplen el mandato constitucional consagrado en el canon 55 de la Carta, de colaboración armónica entre las ramas del poder público, para la realización de los fines del Estado.

"Al señalar la violación de los artículos 121, 122 y 214 de la Carta, por el Decreto materia de la revisión, olvida el impugnador, los múltiples problemas que se pretendían remediar mediante la suspensión de términos, causados por los hechos que se aducen en los considerandos del Decreto, que perturbaron de manera grave el normal funcionamiento de la Corte Suprema de justicia y el Consejo de Estado, hasta el punto de privarlos de los más mínimos elementos de orden material, para el cumplimiento de sus funciones".

IV. LA INTERVENCIÓN CIUDADANA

De acuerdo con el trámite de impugnación a decretos y en ejercicio del artículo 214 de la Constitución y del artículo 14 del Decreto número 432 de 1969, el ciudadano Manuel José Cepeda E., dentro de la oportunidad legal, impugna la constitucionalidad del Decreto transcrito, por considerarlo violatorio de los artículos 55, 121, 122 y 214 de la Constitución. Señala el impugnante:

"El marco esencial del ejercicio del poder en Colombia es el principio de la tridivisión del poder público. Este principio constitucional es el esqueleto que sostiene el Estado de Derecho. Así como el Gobierno no puede suspender la Constitución en Estado de Sitio, tampoco puede legislar sin acatar este principio que también obliga al legislador ordinario. El artículo 121 de la Constitución le otorga al Presidente funciones legislativas para restablecer el orden público y no un poder constituyente para reformar la Constitución.

"La suspensión por Decreto, así éste sea legislativo, de los términos de la Corte Suprema y del Consejo de Estado constituye una interferencia inconstitucional de la Rama Ejecutiva en la Rama Jurisdiccional, la Constitución dice que `El Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas' (artículo 55). Por lo tanto, ni el Gobierno, ni el legislador ordinario o extraordinario, pueden impedir el funciona-miento normal de toda la Rama Jurisdiccional o parte de ella suspendiendo unos términos procesales porque esto equivale a irrumpir en su órbita de acción desconociendo el principio de la independencia judicial.

"Es más, el mismo artículo 55 de la Corte (sic) establece que las tres ramas del poder público `colaborarán armónicamente en la realización de los fines del Estado'. Suspender el funcionamiento de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado más que una 'colaboración armónica' es una obstrucción inadmisible.

"El artículo 214 de la Constitución le encomienda a la Corte Suprema de justicia la guarda de la `integridad' de la Constitución. Esta función no queda suspendida en situaciones de crisis. Todo lo contrario, los parágrafos de los artículos 121 y 122 obligan al Gobierno a enviar a la honorable Corte al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades excepcionales de Estado de Sitio y Emergencia Económica. Adicionalmente, los parágrafos citados le ordenen a la Corte, en el evento de que el Gobierno no cumpla con el deber de enviar los decretos legislativos, que aprehenda inmediatamente de oficio su conocimiento.

"Finalmente, el numeral 20 del artículo 119 de la Constitución, establece que corresponde al Presidente `velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia'. Al suspender los términos de la Corte Suprema de justicia y del Consejo de Estado, el Presidente desatendió esta obligación; en lugar de velar porque se administre pronta y cumplida justicia, hizo que las dos cabezas de la rama jurisdiccional quedaran paralizadas".

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.Aspectos formales.

El Decreto que se revisa cumple con los requisitos de forma indicados en el artículo 121 de la Constitución, pues aparece firmado por el Presidente y todos los Ministros, previa declaratoria del Estado de Sitio.}

2.El Estado de Sitio y el Decreto objeto de revisión.

Se debe tener en cuenta que por Decreto número 1038 de 1984 el Gobierno, en ejercicio de las atribuciones del artículo 121 de la Constitución Nacional, declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional a consecuencia de actos reiterados de subversión realizados por grupos armados en varios lugares del país y del "asesinato" del entonces Ministro de justicia.

Las graves consecuencias derivadas de la ocupación cruenta del Palacio de Justicia durante los días 6 y 7 de noviembre del pasado año, revelan sin lugar a duda que aún subsisten las circunstancias que motivaron la declaración del Estado de Sitio y a la vez le dan conexidad a las medidas dispuestas en el decreto que se revisa, que tienden a restablecer algunos de sus efectos o secuelas.

Los mismos hechos incidieron en los procesos y actuaciones que a la sazón, cursaban tanto en la Corte como en el Consejo, ya que en razón de ellos se hizo imposible la observancia o cumplimiento de los distintos términos para el ejercicio de las facultades procesales de las partes de dichos negocios o actuaciones.

Lo dicho saca avante la constitucionalidad del decreto en revisión pues aparece contrario a la realidad y opuesto al recto criterio la aserción del impugnante según la cual, el Presidente, al expedir el acto que se revisa "en lugar de velar porque se administre pronta y cumplida justicia, hizo que las dos cabezas de la Rama jurisdiccional quedaran paralizadas".

No advierte la Corte la denunciada lesión del artículo 55 de la Constitución Nacional: Ciertamente las ramas del poder público tienen autonomía funcional con colaboración armónica, principio que permanece incólume con la norma objeto de estudio: el Presidente no ha interferido caprichosamente la órbita del Organo Jurisdiccional al disponer la suspensión de términos en la Corte y el Consejo de Estado, por el contrario, se ha limitado ante hechos insuperables a adoptar medidas dirigidas a contrarrestar la situación anormal causante de la alteración del orden institucional frente a la supervivencia o reiteración de actos subversivos de la misma estirpe de los que motivaron la declaración del Estado de Sitio: se trata de una medida meramente operativa y no jurisdiccional que pertenece a la órbita funcional del Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones de legislador extraordinario. El Gobierno simplemente suspendió con carácter meramente transitorio y durante el tiempo señalado para dicha circunstancia los términos. La medida responde por otra parte a la salvaguardia del Estado de Derecho, bajo condiciones de desorden público y ante súbita y violenta interrupción del servicio de la justicia. Sus causas han de ser vistas, así mismo, y como ya se observó, dentro de la utilización del estado de excepción y frente a la parálisis que debió sufrir la administración de justicia en sus máximos organismos. A la condición de temporalidad antes referida debe añadirse que con las medidas de suspensión de términos judiciales se busca restablecer y asegurar debidamente la administración de justicia. No incurre, tampoco, en exceso de facultad del Presiden-te de la República al expedir el Decreto número 3271 de 1985: es evidente que puede el Poder Ejecutivo ante estado de excepción y ocurrencia de sucesos violentos, disponer de medidas propias a su órbita, las cuales, ciertamente están dirigidas a restablecer la función jurisdiccional.

Sin que se menoscabe en forma alguna el principio de separación de poderes, como se hizo ver, su aplicación deriva a la distribución y colaboración, entre los mismos poderes públicos y al mismo tiempo defiende la preservación de otros principios del Estado de Derecho, baste señalar las garantías procesales y el debido derecho de defensa consagrados en el artículo 26 de la Constitución Nacional, los cuales no pueden bajo ninguna forma desconocerse, ni aun bajo la vigencia del Estado de Sitio; la suspensión de términos procesales se encaminó a la restauración de la administración de justicia, es razón misma para obtener circunstancias de normalidad, sin que resulte contradicción de los poderes públicos entre sí; no se lesionan los artículos 2°, 55, 121, 122 y 214 de la Carta ni ninguno otro de su mismo texto en la órbita de sus respectivas funciones; por otro lado las garantías del debido proceso y el derecho de defensa permanecen inviolables por las nuevas normas, materia de la presente revisión constitucional.

Por lo dicho, la Corte no encuentra motivo o causal alguna de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 3271 de 1985.

Por las precedentes consideraciones, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el parecer del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLÁRASE CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 3271 de nueve (9) de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco (1985) "Por el cual se suspenden unos términos judiciales".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Conjuez,Enrique Arrázola Arrázola; Magistrado, Rafael Baquero Herrera; Magistrado, Jorge Carreño Luengas; Conjuez, Luis Córdoba Mariño; Conjuez, Anselmo Chaves Narváez; Magistrado, Guillermo Dávila Muñoz; Magistrado, Jairo E. Duque Pérez; Magistrado, Guillermo Duque Ruiz; Magistrado, Hernando Gómez Otálora; Conjuez, Jorge E. Gutiérrez Anzola; Magistrado, Héctor Marín Naranjo; Magistrado, Lisandro Martínez Zúñiga, Conjuez, Hernando Morales Molina; Magistrado, Fabio Morón Díaz; Conjuez, Oscar Peña Alzate; Magistrado, Jaime Pinzón López; Conjuez, julio Rozo Rozo; Magistrado, Edgar Saavedra Rojas; Magistrado, Guillermo Salamanca Molano; Conjuez, Alfonso Suárez de Castro; Conjuez, Álvaro Tafur Galvis; Magistrado, Hernando Tapias Rocha; Magistrado, Germán Valdés Sánchez; Conjuez, Jaime Vidal Perdomo.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

HACE CONSTAR:

Que el MagistradoGuillermo Dávila Muñoz, no asistió a la Sala Plena del día quince de mayo del presente año, por encontrarse en uso de permiso.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria