Sentencia 1176 (157E). de 1984

300Corte SupremaCorte Suprema300300157781176 (157E).Ricardo Medina Moyano198410/05/19841176 (157E)._Ricardo Medina Moyano_1984_10/05/198430015778OBLIGACION DEL GOBIERNO DE CONSERVAR EL ORDEN P�BLICO. ART. 121 DE LA CARTA POL�TICA. TRANSITORIEDAD DE LOS DECRETOS DE ESTADO DE SITIO. NARCOTRAFICO. PRESUPUESTOS BAS�COS DE LA DEFENSA. DE LA SEG�NDA INSTANCIA, NO ESTA ELEVADA A CA�ON CONSTITUCIONAL. Inexequible el par�grafo del art. 2� del Decreto n�mero 669 de 1984. Declarase ajustado a la Constituci�n el contenido restante del Decreto. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 35. Referencia: Proceso n�mero 1176 (157-E). 1984

Norma revisada: Decreto n�mero 669 de 1984, por el cual se establecen unas contravenciones.Identificadores30030015779true89516Versi�n original30015779Identificadores

Norma demandada: �Norma revisada: Decreto n�mero 669 de 1984, por el cual se establecen unas contravenciones.

OBLIGACION DEL GOBIERNO DE CONSERVAR EL ORDEN P�BLICO. ART. 121 DE LA CARTA POL�TICA. TRANSITORIEDAD DE LOS DECRETOS DE ESTADO DE SITIO. NARCOTRAFICO. PRESUPUESTOS BAS�COS DE LA DEFENSA. DE LA SEG�NDA INSTANCIA, NO ESTA ELEVADA A CA�ON CONSTITUCIONAL.

Inexequible el par�grafo del art. 2� del Decreto n�mero 669 de 1984. Declarase ajustado a la Constituci�n el contenido restante del Decreto.

Norma revisada: Decreto n�mero 669 de 1984, por el cual se establecen unas contravenciones.

El d�a 21 del mes de marzo pr�ximo pasado, el Ejecutivo dict� el Decreto Legislativo n�mero 669 "Por el cual se establecen unas contravenciones", el que hizo llegar a esta Corporaci�n al d�a siguiente, seg�n lo ordenado por el par�grafo del art�culo 121 de la Constituci�n, para el correspondiente examen de constitucionalidad.

Obtenido el concepto de la Procuradur�a General de la Naci�n, con arreglo a lo dispuesto por el art�culo 214 de la Constituci�n, corresponde a la Corte dictar la providencia respectiva.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en use de las atribuciones que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, y en desarrollo del Decreto n�mero 615 del 14 de marzo de 1984,

"Art�culo 1� Incurren en contravenci�n y arresto inconmutable hasta por un (1) a�o, sin perjuicio de la acci�n penal a que hubiere lugar, las personas que:

"a) Sin justificaci�n porten o usen m�scaras o capuchas o mallas o antifaces o cualquier otro elemento o ingrediente que sirva para ocultar o dificultar la verdadera identidad;

"b) Quien comercie, porte, o almacene sin justificaci�n, gasolina, explosivos o elementos qu�micos tales como acetona, �ter, �cido sulf�rico, �cido colh�drico, (sic), solventes, disolventes, carbonato liviano y otros similares empleados en la fabricaci�n de sustancias susceptibles de producir adicci�n s�quica o f�sica.

"Art�culo 2� La sanci�n que corresponda por la violaci�n del ordinal a) del art�culo anterior, ser� aplicada por los alcaldes e Inspectores de Polic�a: la que corresponda por la violaci�n del ordinal b) por los Gobernadores asimil�ndose en ambos casos el procedimiento se�alado en el art�culo 228 del Decreto n�mero 1355 de 1970.

"Par�grafo. Contra la decisi�n que imponga la sanci�n, no procede recurso alguno.

"Art�culo 3� Quedan suspendidas las normas que Sean contrarias a lo dispuesto en este decreto, en los t�rminos previstos en el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica.

"Art�culo 4� El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici�n."Comun�quese y c�mplase.

(Fdo.); "El Ministro de Gobierno,Alfonso Gomez Gomez, (Fdo.); el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Lloreda Caicedo, (Fdo.); el Ministro de Justicia, (E.) Nazly Lozano Eljure, (Fdo.); el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Edgar Gutierrez Castro, (Fdo.); el Ministro de Defensa Nacional, Gustavo Matamoros D'Costa, (Fdo.); el Ministro de Agricultura, Gustavo Castro Guerrero, (Fdo.); el Ministro de Desarrollo, Rodrigo Mar�n Bernal, (Fdo.) ; el Ministro de Minas, Carlos Martinez Simahan, (Fdo.) ; el Ministro de Educaci�n, (E.) Clara Victoria Colbert de Arboleda, (Fdo.) ; el Ministro de Trabajo, Guillermo Alberto Gonzalez Mosquera, (Fdo.) ; el Ministro de Salud, Jaime Arias Ramirez, (Fdo.) ; el Ministro de Comunicaciones, Nohemi Sanin Posada, (Fdo.) ; el Ministro de Obras P�blicas, Hern�n Beltz Peralta, (Fdo)".

Seg�n lo dispuesto por el art�culo 14 del Decreto n�mero 432 de 1969, el 27 de marzo se dispuso la fijaci�n en lista del negocio (f.6) por el t�rmino de tres d�as, para efectos de la intervenci�n ciudadana.

El 26 de marzo, el ciudadano Pablo Antonio Bustos presento un escrito en el cual impugna la constitucionalidad del par�grafo del art�culo 2� del Decreto anteriormente trascrito.

Se refiere el impugnante en general al derecho de defensa, observa que "cuando un Estado ataca y suprime la defensa jur�dica m�s que un Estado canalla es la supresi�n del Estado mismo en la supresi�n de alt�sima y enarbolada legalidad", que "una decisi�n irrecusable es una raz�n sin verdad, un ataque sin defensa jur�dica", para concluir m�s adelante que:

"Por esto y m�s, es desgraciado jur�dica, constitucionalmente, pol�tica y socialmente el �nico par�grafo y torcido en todo, desafortunado en m�s, del Decreto Legislativo n�mero 669 de 1984 que hoy nos corresponde castigar justamente con su irremediable y salobre inconstitucionalidad".

Mediante el concepto n�mero 744 (Fls. 12 y ss) emitido el d�a 13 del mes de abril del presente a�o, la Procuradur�a General de la Naci�n, solicita a la Corte"declare inexequible, por inconstitucional, el Decreto n�mero 669 de 1984".

Empieza el Ministerio P�blico por referirse a las medidas que puede tomar el Gobierno en ejercicio de las facultades consagradas por el Constituyente en el art�culo 121 de la Carta Pol�tica, subrayando la transitoriedad de las mismas, para afirmar a continuaci�n que toda vez que las contravenciones creadas en el Decreto revisado tienen car�cter permanente e indefinido, resultan inconstitucionales. Concreta as� sus puntos de vista:

"De tal suerte que el Gobierno Nacional con fundamento en las competencias y atribuciones que le confiere el art�culo 121 constitucional, bajo circunstancia alguna puede dictar preceptos que tengan vocation permanente e indefinida, como lo hizo al expedir el Decreto n�mero 669 de 1984, por el cual se establecen unas contravenciones con sanciones de arresto inconmutables hasta por un a�o, porque esto pugna con la naturaleza de la instituci�n y de las medidas que de esta se derivan, cuyo car�cter esencial y exclusivo es la temporalidad o transitoriedad, el cual obviamente se comunica a las medidas que adopten. Esta es una de las diferencias existentes con el Estado de Emergencia Econ�mica o Social, que presupone el establecimiento de normas con vigencia indefinida o permanente".

Termina afirmando el representante de la sociedad, que el resto de los art�culos del Decreto tambi�n deben seguir la suerte de inexequibilidad del primero, toda vez que:

"Es evidente que estos estructuran una proposici�n jur�dica completa e inescindible, raz�n por la cual la abierta inconstitucionalidad del art�culo 1�, se comunica a los dem�s c�nones del Decreto Legislativo, dado su car�cter o su vocation de permanencia, que presupone no la temporalidad sino por el contrario la continuidad del Estado de Sitio".

El Decreto revisado ha sido expedido por el Gobierno en uso de las atribuciones a el conferidas por el art�culo 121 de la Carta Pol�tica, encontr�ndose por lo tanto amparado por el mecanismo de revisi�n autom�tica de constitucionalidad previsto en el par�grafo del citado art�culo, el cual, lo mismo que el 214 le otorgan a la Corte competencia para decidir definitivamente sobre su exequibilidad, previo estudio de la Sala Constitucional.

Primero. Para el an�lisis ulterior de la conexidad de las medidas en examen con los motivos aducidos por el Gobierno para el establecimiento del Estado de Sitio, es pertinente observar en primer t�rmino que la Corte mediante la sentencia n�mero 27 del 12 de abril consider� ajustado a la Constituci�n el Decreto n�mero 615, por el cual se declar� turbado el orden p�blico en los departamentos de Caquet�, Huila, Meta y Cauca, cuyo texto es del siguiente tenor:

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, o�do el concepto previo y favorable del Consejo de Estado, y

Que en los departamentos de Caquet�, Huila, Meta y Cauca han venido operando grupos armados que atentan contra el r�gimen constitucional, mediante frecuentes hechos de perturbaci�n del orden p�blico.

Que el Gobierno ha expedido diversas providencias, en cumplimiento de su obligaci�n de conservar el orden p�blico donde fuere turbado, con arreglo el numeral 7� del art�culo 120 de la Constituci�n, sin que la situaci�n se haya normalizado.

Que en el departamento del Caquet� se ha presentado un estado de grave conmoci�n, y en la ma�ana de hoy, uno de los grupos armados irrumpi� en su capital, Florencia, alterando de esa manera todas las actividades y causando intensa zozobra en sus habitantes.

Que por los motivos contemplados anteriormente el Gobierno Nacional se e precisado a emplear transitoriamente las medidas de excepci�n que consagra la Carta,

"Art�culo 1� Declarase turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio el territorio de los departamentos de Caquet�, Huila, Meta y Cauca.

Segundo. El Decreto sometido al examen constitucional de la Corte, el cual fue enviado a esta Corporaci�n al d�a siguiente de su expedici�n, seg�n oficio del 22 de marzo firmado por Alfonso Ospina Ospina, Secretario General de la Presidencia, con arreglo a lo dispuesto por el par�grafo del art�culo 121 de la Carta Pol�tica, lleva la firma del Presidente de la Rep�blica y de todos los ministros, ajust�ndose por lo tanto formalmente a las exigencias de la mencionada Carta Pol�tica.

Tercero. Como se ha visto, la Procuradur�a solicita a la Corporaci�n la declaraci�n de inexequibilidad de las normas revisadas. Y lo hace sobre un �nico argumento, que las disposiciones previstas en aquel tienen a su juicio vocation de permanencia, con lo cual se desvirtuar�a el car�cter transitorio propio de las normas dictadas como consecuencia de la implantaci�n del Estado de Sitio. En otras palabras que la tipificaci�n de conductas contravencionales en el art�culo 1� tiene car�cter permanente y que la inconstitucionalidad de los dem�s art�culos se deriva de aquel.

Encuentra la Corporaci�n sin embargo, que la mentada permanencia deducida por la Procuradur�a carece de asidero, atendida la estructura y redacci�n del Decreto sometido a revisi�n. Ciertamente la descripci�n de las conductas contravencionales corresponde a la t�cnica habitualmente empleada en la legislaci�n criminal, sin que ella signifique por si misma que tengan car�cter permanente. Por otra parte, el Decreto no esta expresando en ninguna de sus normas que la vigencia de las citadas conductas, se prolongue m�s all� del Estado de Sitio.

Por el contrario, el art�culo 3� del mismo, dispone que quedan suspendidas las normas contrarias a lo establecido por el, "en los t�rminos previstos en el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica", suspensi�n que unida a la referencia final, evidencia claramente el car�cter transitorio de las normas que lo integran.

No sobra advertir, que la propia Procuradur�a General de la Naci�n al estudiar coet�neamente con este proceso la constitucionalidad por ejemplo del Decreto Legislativo n�mero 666 de 1984 (Proceso n�mero 1173 - 154-E) en el cual se tipifican igualmente diversas conductas a cuya realizaci�n se vincula una sanci�n, procede a solicitar la constitucionalidad de las mismas sin hacer las consideraciones plasmadas en este informativo y objeto de la presente glosa.

Nada pues en la sintaxis o redacci�n del Decreto revisado se opone a la transitoriedad propia del mismo, seg�n las disposiciones del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional. Consiguientemente en este sentido se desestiman los cargos de inconstitucionalidad formulados por la Procuradur�a General de la Naci�n.

Cuarto. El art�culo 1� eleva a contravenciones la conducta de quienessin justificaci�n empleen elementos que sirvan para ocultar o dificultar su identidad, y de quienes as� mismo sin justificaci�n comercien, almacenen o porten elementos empleados en la fabricaci�n de sustancias susceptibles de producir adicci�n s�quica o f�sica. Se trata sin duda alguna de conductas turbadoras de la tranquilidad general, del sosiego p�blico, cuyo control y represi�n resultan adecuados para el restablecimiento del orden perturbado.

Nos encontramos pues, frente a medidas propias de la capacidad legislativa del Gobierno durante el Estado de Sitio, y que de conformidad con el art�culo 121 de la Constituci�n, se encuentra capacitado para adoptar y aplicar, y que no infieren consiguientemente agravio a las normas de la Carta Pol�tica que regulan el estado de excepci�n mencionado.

Conviene subrayar que la Corte ha entendido siempre que en el marco del Estado de Sitio, la tipificaci�n de conductas contravencionales "sin perjuicio de la acci�n penal a que hubiere lugar", tal como lo prev� en este caso el art�culo 1� del Decreto revisado, se ajusta igualmente a los mandatos de la Constituci�n (Sentencia de diciembre 2 de 1976 G. J. T. CLII y CLIII - Nos. 2393 y 2394).

Quinto. La impugnaci�n presentada cuestiona severamente desde el punto de vista de su constitucionalidad la disposici�n contenida en el Par�grafo del art�culo 2� del Decreto revisado, seg�n el cual contra la disposici�n que impone la sanci�n respectiva, no procede recurso alguno.

Cabe precisar en primer t�rmino que la existencia de la doble instancia procesal, que en Colombia no esta elevada a canon constitucional, no implica por si sola, aisladamente considerada, que sin ella se vulnere el debido proceso. Ciertamente, si a trav�s de otros mecanismos de orden procesal, tales como la oportunidad para presentar y controvertir las pruebas necesarias, y en general para demostrar la ausencia de responsabilidad se garantizan los presupuestos b�sicos de defensa, no puede decirse entonces que se infiera agravio al art�culo 26 de la Constituci�n Nacional.

Pueden pues existir y de hecho existen en la propia Constituci�n, juicios de �nica instancia, sin que por esa mera raz�n se pueda entender violado el derecho de defensa.

Empero en el presente caso, no solamente se excluye la posibilidad de la segunda instancia, sino que adem�s se dispone que contra la providencia que imponga la sanci�n respectiva, arresto hasta por un a�o, no es procedente recurso alguno, con lo cual se elimina incluso la posibilidad de interponer el recurso de reposici�n ante el funcionario que dicta dicha providencia, con lo cual resulta imposible hasta la correcci�n m�s elemental de cualquier tipo de equivocation.

La disposici�n anterior en consecuencia al limitar dr�sticamente el derecho de defensa de los procesados, lleva a la violaci�n del art�culo 26 de la Constituci�n. Por lo general el propio legislador excepcional de Estado de Sitio ha tenido en cuenta esta situaci�n, basta citar por ejemplo el Decreto Legislativo n�mero 2195 de 1976, declarado constitucional en lo pertinente por la Corte (G. J n�meros 2393 y 2394 P�g. 599) en el cual se dispon�a que:

"Contra las resoluciones dictadas en desarrollo de este Decreto, solo podr� interponerse el recurso de reposici�n".

Sexto. En cuanto a la conexidad de los hechos descritos, como contravenciones en el Decreto acusado, con las causas que motivaron el Estado de Sitio, y plasmadas en los considerandos del mismo, el cual fue declarado exequible por la Corte mediante la sentencia n�mero 27 del 12 de abril del presente a�o, encuentra la Corte que se evidencia claramente por las siguientes razones:

1. Dentro de las exigencias previstas en el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, la dicha relaci�n entre los hechos que determinan la declaraci�n del Estado de Sitio y las medidas ulteriormente tomadas para el restablecimiento del orden p�blico perturbado, no tiene el car�cter r�gido exigido por el Constituyente en el caso de la Emergencia Econ�mica prevista en el art�culo 122 de la Carta Pol�tica. En efecto en este �ltimo caso es necesario que las medidas adoptadas tengan relaci�n directa y especifica con la situaci�n que determina el Estado de Emergencia, al tenor de los mandatos de tal art�culo. En el art�culo 121 en cambio, no se hace dicha exigencia, lo cual es natural atendido el car�cter gen�rico de la situaci�n all� prevista, en contraposici�n al aspecto especializado de tipo econ�mico que caracteriza la situaci�n de emergencia del art�culo 122.

2. No hay duda de que el llamado crimen organizado, mayormente el relacionado con la producci�n y trafico de sustancias narc�ticas, por el auge gigantesco que ha tornado en la comunidad internacional y espec�ficamente en Colombia, por las incalculables sumas de dinero que moviliza, con frecuencia superiores al Presupuesto de muchos Estados, implica por lo general el uso y aprovisionamiento de armas, vale decir que dicha organizaci�n para el delito puede manifestarse a trav�s de grupos armados, los cuales por su propia naturaleza, pueden poner en peligro las mismas instituciones del Estado, y desde luego perturbar su pacifico desarrollo.

Consiguientemente significa lo anterior, que la tipificaci�n contravencional de las conductas all� previstas, corresponde a las razones invocadas por el Gobierno en elprimer considerando del Decreto mediante el cual se implanto el Estado de Sitio.

No encontr�ndose por lo tanto que las normas del Decreto revisado se opongan a la Constituci�n, se dispondr� su exequibilidad, salvo el par�grafo del art�culo 2� el cual se declarara inexequible.

A merito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, -Sala Plena-, en uso de las atribuciones previstas en los art�culos 121 y 214 de la Constituci�n Nacional, escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n y previo estudio de la Sala Constitucional,

Primero. DECLARASE INEXEQUIBLE por ser contrario a la Constituci�n el par�grafo del art�culo 2� del Decreto revisado que dice:

Segundo Declarase ajustado a la Constituci�n el contenido restante del Decreto.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Humberto Murcia Ball�n, Presidente; Fabio Calderon Botero, Luis Enrique Aldana Rozo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza A., Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Jose Eduardo Gnecco Correa, H�ctor Gomez Uribe, Fanny Gonzalez Franco, Gustavo Gomez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, �lvaro Luna Gomez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Alberto Ospina Botero, Nicol�s P�jaro Pe�aranda, Alfonso Patino Rosselli, Alfonso Reyes Echand�a, Jorge Salcedo Segura (Con salvamento de voto); Pedro El�as Serrano Abad�a, Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.

Tema: No se puede dictar con fundamento en el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional normas que tengan vocaci�n de permanencia.

Las normas que con fuerza de ley puede dictar el gobierno por Decretos Legislativos durante el Estado de Sitio deben ser necesariamente de car�cter transitorio. Ello es axiom�tico. En consecuencia, �puede dictar el gobierno normas que por su misma naturaleza tengan vocaci�n de permanencia Obs�rseve que el Decreto examinado describe una conducta que califica de contravenci�n e impone la pena de "arresto inconmutable hasta por un (1) a�o". �Que valor, que seriedad puede tener dicha norma, si el Estado de Sitio debe ser eminentemente transitorio y se llega a levantar, Dios mediante, antes de un a�o En tal evento ocurrir�a que la aplicaci�n de esa norma carecer�a de eficacia, pues dejando de regir autom�ticamente como consecuencia del levantamiento del Estado de Sitio, la conducta all� descrita dejar�a de ser punible y las eventuales penas que durante su vigencia se hubiesen podido imponer necesariamente se extinguir�an, como consecuencia del principio constitucional seg�n el cual no puede haber pena sin ley. Desaparecida la ley, desaparece la pena. Por tanto, en la medida en que la norma se haya dictado con el �nimo de que realmente sancione ejemplarmente la conducta all� descrita y sancionada, implica el criterio impl�cito del gobierno de mantener el Estado de Sitio por lo menos durante un tiempo igual al de la sanci�n que la norma establece. Lo propio ocurre cuando en virtud de Decretos Legislativos se aumentan las penas para varios delitos, por ejemplo de 8 a 10 a�os. �Que seriedad puede tener esa norma en la medida en que el Estado de Sitio no dure los 10 a�os Ninguna. Seria apenas intimidativa. No parece que el legislador extraordinario pueda establecer penas que nunca van a poder cumplirse, a menos que se aspire a sostener el Estado de Sitio por un largo periodo de tiempo.

Pero si como lo creo y lo sostengo el gobierno no puede dictar en Estado de Sitio normas que tengan por su propia naturaleza vocaci�n de permanencia, aunque se estimen absolutamente indispensables para restablecer la paz perdida, �que instrumento constitucional podr�a emplear el gobierno, distinto del art�culo 121 Parecen obvios por lo menos dos: a) Dictar la norma con fundamento en las facultades del Estado de Sitio pero reunir inmediatamente al Congreso para convertirlas en normas permanentes; b) Hacer uso simultaneo con el Estado de Sitio de la emergencia de que trata el art�culo 122 de la Constituci�n, el cual si permite dictar normas con fuerza de ley de vigencia indefinida.

Si el gobierno hace uso de las facultades del Estado de Sitio y dicta normas con vocaci�n de permanencia, se va a encontrar con la situaci�n que ya vivi� la Naci�n al iniciarse la etapa del Frente Nacional, seg�n la cual no se pod�a levantar porque dejar�an de regir miles de normas que tuvieron esa vocaci�n, que se dictaron para regir indefinidamente, y el simple hecho de retornar al estado de normalidad implicaba un caos legislativo como consecuencia inexorable de la perdida de vigencia de las dictadas durante el Estado de Sitio. El gobierno, pues, no puede crearse mediante la expedici�n de normas que deben ser de vigencia indefinida el argumento de que no puede levantar el Estado de Sitio porque ocurrir�a lo que al comenzar el Frente Nacional ya ocurri�.

Analizado el Decreto en el momento actual no se ve con claridad su inconstitucionalidad. Pero en la medida en que las autoridades empiecen a aplicarlo y se impongan sanciones de un a�o, como lo prev� el examinado, va a surgir el inconveniente para el oportuno levantamiento, y entonces si se vera con claridad como por facultades transitorias de Estado de Sitio no se pueden dictar normas que por su naturaleza deben ser indefinidas; pero para entonces ya no podr� invocarse su inconstitucionalidad por existir cosa juzgada material. Esa es la raz�n por la cual no pude, en conciencia, votar afirmativamente la parte resolutiva de la sentencia de que discuerdo.