300Corte SupremaCorte Suprema300300157091286Alfonso Patino Rosselli198502/05/19851286_Alfonso Patino Rosselli_1985_02/05/198530015709LA CORTE SE DECLARA INHIBIDA PARA CONOCER DE FONDO EN EL PRESENTE NEGOCIO. La Corte se inhibe para conocer el presente negocio. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 33. Referencia: Proceso número 1286. 1985
Julio César Díaz PNorma acusada: artículo 11 del Decreto 432 de 1969Identificadores30030015710true89446Versión original30015710Identificadores

Norma demandada:  Norma acusada: artículo 11 del Decreto 432 de 1969


LA CORTE SE DECLARA INHIBIDA PARA CONOCER DE FONDO EN EL PRESENTE NEGOCIO.

La Corte se inhibe para conocer el presente negocio.

Corte Suprema de Justicia Sala Plena

Sentencia número 33.

Referencia: Proceso número 1286.

Norma acusada: artículo 11 del Decreto 432 de 1969.

Demandante: Julio César Díaz P.

Magistrado ponente: doctor Alfonso Patino Rosselli.

Aprobada por Acta número 14.

Bogotá, D. E., mayo dos (2) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

El ciudadano Julio César Díaz Perdomo acusó ante la Corte, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el artículo 11 del Decreto 432 de 1969, "por el cual se dictan normas relativas al funcionamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y procedimentales para el estudio y despacho de los asuntos a su cargo".

El texto de ese artículo es el siguiente:

"El Gobierno podrá objetar de inconstitucionalidad un proyecto de ley por infracción directa de normas sustanciales, o procedimentales contenidas en la Cons­titución o de las leyes orgánicas, en cuanto al trámite a que está sometida la expedición de las leyes".

El actor estima que el acusado artículo 11 infringe los artículos 2º, 55, 85, 90, 118-7, 214-1 de la Constitución, así como el literal c) del artículo 76 (transitorio) del Acto Legislativo número 1 de 1968.

Sostiene al efecto que el citado artículo 11 extralimita las autorizaciones dadas al Gobierno por el mencionado artículo 76-c) del Acto Legislativo número 1 de 1968.

"Es igualmente violatorio-afirma-de los artículos 85, 90, 118 numeral 7 y 214 numeral 1 de la Carta en tanto los reglamenta sin competencia alguna, o ya siendo competente, en tanto restringe su alcance al crear limitaciones no existentes en la Constitución; y finalmente, es violatorio del artículo 55 de la C. N. en cuanto el ejecutivo invadió esferas de competencia exclusiva del órgano legislativo, al reglamentar la Constitución; por todo esto, la rama ejecutiva del poder público no se ejerció dentro de los marcos determinados en la C. N., y consecuentemente, se infringió su artículo 2º que ello ordena".

Sobre la competencia de la corporación afirma:

"La jurisdicción de lo contencioso administrativo por su propio nombre está instituida para conocer de litis administrativas y no legislativas.

La reinstauración del Consejo de Estado en 1914, certifica su calidad de juez de contenciones exclusivamente administrativas.

La totalidad de decretos de naturaleza legislativa que reconoce expresamente la Constitución están asignados en su control a la Corte Suprema de Justicia.

No puede decirse que la no inclusión de los reglamentos constitucionales ejecutivos autónomos dentro de la excepción para efectos de control estipulada en el artículo 216, significa que ellos son controlables por el Consejo de Estado. No podían incluirse positivamente, porque ellos son de creación jurisprudencial, y, además, el artículo habla de los decretos y no de 'todos los decretos'.

El nuevo Código de lo contencioso administrativo, que implementa el artículo referido de la Carta, posibilita únicamente el control de decretos gubernamentales de carácter administrativo.

El criterio que rige la naturaleza de los actos jurídicos en derecho colombiano es el material, tanto constitucional como legalmente.

Como corolario de lo ya expuesto, se tiene que no hay un juez natural de constitucionalidad de los reglamentos constitucionales ejecutivos o autónomos, es decir no pueden tener un juez asignado a priori, sin consideración al reglamento mismo. Siendo éste de naturaleza administrativa, puede acudirse entonces para efectos de su control a la jurisdicción de lo contencioso administrativo con base en el artículo 216 de la Carta, o bien con base en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984. Sin embargo, cuando su carácter sea legislativo, dicho control corresponde a la Corte Suprema de Justicia en desarrollo de su función de guarda de la integridad de la Constitución. Si se considera que en un Estado de Derecho no pueden existir normas incontroladas que permitan la arbitrariedad, debe valorarse el sistema de control de constitucionalidad vigente en nuestro medio, y reconocerse la competencia de la honorable Corte".

II. CONCEPTO DEL PROCURADOR

En relación con la demanda en referencia sostiene el Procurador General de la Nación quede conformidad con las sentencias de la Corte números 73, 74 y 75, de 28 de septiembre de 1982 y 11 de 21 de febrero de 1985, esta corporación no es competente para conocer de decretos no incluidos en las disposiciones del artículo 214 de la Carta, y que, en consecuencia, corresponde "que se declare inhibida para decidir de fondo en el presente asunto".

Señala el Jefe del Ministerio Público que según el artículo 216 de la Constitu­ción es del Consejo de Estado la competencia para conocer de acusaciones por inconstitucionalidad respecto de decretos distintos de los indicados en el artículo 214 superior.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

"En sus sentencias números 11 y 20, de 21 de febrero y 21 de marzo de 1985 (Procesos 1253 y 1262) respectivamente, la Corte señaló que el Decreto 432 de 1969 tiene el carácter de reglamento constitucional o autónomo y no se halla, por tanto, entre aquellos de que trata el artículo 214 de la Carta.

Puso también de presente, en la segunda de dichas providencias -relativa principalmente a los Decretos números 41 y 527 de 1971, modificatorios del 432 de 1969-, que el Consejo de Estado ha venido ejerciendo la competencia que le corresponde, de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, con respecto a Decretos como el 432.

En una y otra la corporación resolvió declararse inhibida para conocer de fondo en los correspondientes procesos".

IV. DECISIÓN:

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARARSE INHIBIDA para conocer de fondo en el presente negocio.

Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expe­diente.

Alfonso Reyes Echandía, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, José Alejandro Bonivento Fernández, Hernando Baquero Borda, Fabio Calderón Botero, Nemesio Camacho Rodríguez, Manuel Enrique Daza A., Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Fanny González Franco, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Carlos Medellín, Ricar­do Mediría Moyano, Horacio Montoya Gil, Alberto Ospina Botero, Humberto Murcia Ballén, Alfonso Patino Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria