Sentencia 1040 (131E). de 1983

300Corte SupremaCorte Suprema300300156511040 (131E).Luis Carlos S�chica198306/04/19831040 (131E)._Luis Carlos S�chica_1983_06/04/198330015651EMERGENCIA ECONOMICA. AMNISTIA TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES. Inexequibles los art�culos 12, 13 y 14 del Decreto n�mero 236 de 1983. Inexequible la parte final del ordinal b) del art�culo 11 del mismo decreto . Exequible el resto del Decreto n�mero 236 de febrero 4 de 1983. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia n�mero 33. 1983

Revisi�n constitucional del Decreto n�mero 236 de 1983 "por el cual se ampl�an unas amnist�as y se dictan otras disposiciones".Identificadores30030015652true89375Versi�n original30015652Identificadores

Norma demandada: �Revisi�n constitucional del Decreto n�mero 236 de 1983 "por el cual se ampl�an unas amnist�as y se dictan otras disposiciones".

Inexequibles los art�culos 12, 13 y 14 del Decreto n�mero 236 de 1983. Inexequible la parte final del ordinal b) del art�culo 11 del mismo decreto.

Revisi�n constitucional del Decreto n�mero 236 de 1983 "por el cual se ampl�an unas amnist�as y se dictan otras disposiciones".

De conformidad con lo prescrito en el par�grafo del art�culo 122 de la constituci�n, por intermedio de la Secretar�a Jur�dica de la Presidencia de la Rep�blica se hizo llegar oportunamente a la Corte copia del Decreto de la referencia, cuyo texto es el siguiente:

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica, y en desarrollo del Decreto 3742 de 1982,

Art�culo 1� Los contribuyentes que se acojan a la amnist�a patrimonial prevista en el Decreto 3747 de 1982, no podr�n ser sujetos de investigaciones, de requerimiento especial, ni de liquidaci�n de revisi�n o de aforo, seg�n el caso, ni de sanciones por los per�odos fiscales de 1982 y anteriores, en lo concerniente a los bienes objeto de la amnist�a y a los ingresos que provengan de tales bienes.

Art�culo 2� Los contribuyentes que hagan uso del derecho de la amnist�a para incorporar a su patrimonio bienes distintos de los enumerados en el articulo 2� del Decreto 3747 de 1982, tales como activos movibles, o dinero en efectivo pose�dos en Colombia o en el exterior en 31 de diciembre de 1982, podr�n hacerlo siempre que antes del 15 de mayo de 1983 realicen con tales bienes y por su valor total una o varias de las siguientes inversiones:

1. Adquisici�n de C�dulas del Banco Central Hipotecario, Bonos del Instituto de Fomento Industrial -IFI-, t�tulos que emita la Financiera El�ctrica Nacional y otros t�tulos de deuda p�blica oficial que se�ale el Gobierno Nacional.

3. Dep�sitos en las instituciones financieras de que trata el art�culo 24 del Decreto Legislativo 2920 de 1982, siempre y cuando tales dep�sitos se conserven hasta el 31 de diciembre de 1983.

Art�culo 3� Sin perjuicio de las inversiones previstas en el art�culo anterior, cuando los bienes objeto de la amnist�a est�n representados en dinero en efectivo o en otra clase de bienes diferentes de los enumerados en el art�culo 2� del Decreto 3747 de 1982, no se exigir� prueba de su existencia en 31 de diciembre de 1982, distinta de la afirmaci�n que de tal hecho haga el contribuyente en su declaraci�n de renta y patrimonio, aunque se trate de bienes adquiridos en 1982.

Art�culo 4� Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios a quienes se les haya notificado o se les notifique requerimiento especial o liquidaci�n de revisi�n o aforo, entre el 24 de diciembre de 1982 y la fecha de vencimiento del t�rmino para presentar la declaraci�n de renta y patrimonio de 1982 y se acojan a la amnist�a prevista en este Decreto, tendr�n derecho a obtener la revocaci�n del respectivo acto administrativo en la parte correspondiente a los bienes, rentas y sanciones que hubieren sido objeto de la presente amnist�a.

Articulo 5� Cuando varias personas figuren como beneficiarios en forma conjunta o bajo la expresi�n "y/o" de un titulo valor a diciembre 31 de 1982, el deudor, previo acuerdo con el real beneficiario del cr�dito, podr� declararlo en cabeza de este �ltimo sin que se registre por tal hecho ninguna investigaci�n ni sanci�n.

Articulo 6� Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, personas naturales, que a la fecha de expedici�n del presente Decreto hubieren presentado la declaraci�n de renta y patrimonio correspondiente a los a�os de 1979, 1980 y 1981 y hayan pagado o pagaren el impuesto a su cargo determinado en las respectivas liquidaciones privadas a m�s tardar el 8 de abril de 1983, tendr�n derecho a que se les exonere de investigaciones, requerimiento especial y liquidaci�n de revisi�n por el a�o gravable de 1981 y anteriores.

Para tales efectos, el contribuyente deber� comprobar ante las Administraciones de Impuestos Nacionales, la presentaci�n de las declaraciones y el pago de los impuestos respectivos.

Art�culo 7� Los contribuyentes de impuestos de competencia de la Direcci�n General de Impuestos Nacionales a quienes se les haya notificado, o se les notificare antes del 1� de mayo de 1983, requerimiento especial, o liquidaci�n de correcci�n, de revisi�n o de aforo y desistan parcial o totalmente de las objeciones o recursos administrativos ordinarios o acepten deber el total o parte del mayor impuesto que surja de tales actos administrativos, quedar�n exonerados de sanciones e intereses, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

a) Presentar un memorial ante las oficinas que se�ale la Direcci�n General de Impuestos Nacionales, a m�s tardar el 1� de junio do 1983, en que acepten pagar el mayor impuesto objeto de esta amnist�a.

1. La prueba del pago de la liquidaci�n privada correspondiente al a�o gravable de 1981.

Par�grafo 1� Los contribuyentes cuyas reclamaciones se encuentren dentro del t�rmino de caducidad para acudir ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y no lo hubieren hecho podr�n acogerse a lo previsto en este art�culo.

Par�grafo 2� Las manifestaciones y desistimientos de que trata este art�culo, tienen car�cter de irrevocables.

Art�culo 8� Los contribuyentes de impuestos de competencia de la Direcci�n General de Impuestos Nacionales que hayan presentado demanda de revisi�n de impuestos ante la jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podr�n desistir total o parcialmente de su acci�n sin que tal hecho les acarree consecuencia distinta a la del pago del mayor impuesto aceptado, sin sanciones ni intereses.

Para tener derecho a estos beneficios deber�n cumplirse los siguientes requisitos:

a) Pagar el mayor valor del impuesto aceptado, sin sanciones ni intereses, con base en liquidaci�n que presente el interesado.

b) Pagar, en caso de no haberlo hecho, el valor de sus impuestos de renta y ventas correspondientes a las liquidaciones privadas por el a�o de 1981, incluidos los intereses respectivos. Esto �ltimo sin perjuicio de lo previsto en el art�culo siguiente.

c) Presentar los comprobantes de los pagos atr�s enunciados junto con el memorial de desistimiento.

d) Presentar el memorial de desistimiento ante el Tribunal respectivo o ante el Consejo de Estado, seg�n el caso, antes de que se dicte fallo definitivo, y, en todo caso, a m�s tardar el 1� de junio de 1983.

EI auto que acepte el desistimiento deber� ser notificado personalmente al Director General de Impuestos Nacionales o a sus delegados. Esta providencia es apelable

Art�culo 9� Los contribuyentes que cancelen sumas debidas por concepto de impuestos administrados por la Direcci�n General de Impuestos Nacionales, a m�s tardar el 15 de marzo de 1983, tendr�n derecho a que se les exonere de los intereses corrientes y de los intereses por mora correspondientes a las sumas pagadas.

Si el pago se efect�a a m�s tardar el 13 de mayo de 1983, la exoneraci�n de los intereses corrientes y moratorios ser� del cincuenta por ciento (50%).

Articulo 10. El art�culo 13 del Decreto 3747 de 1982 quedar� as�: "En las declaraciones de renta y Patrimonio de 1982, los contribuyentes podr�n ajustar al valor comercial el costo de los activos fijos pose�dos en 31 de diciembre. Este ajuste no se tomar� en cuenta para fines catastrales.

Para el caso de las acciones pose�das a diciembre 31 de 1982, que sean activos fijos y se coticen en bolsa, el ajuste previsto en este art�culo no podr� ser superior al promedio del precio en bolsa en el �ltimo mes de 1982; para las dem�s acciones dicho ajuste no podr� ser superior al valor que resulte de dividir el patrimonio neto de la sociedad por el n�mero de acciones en circulaci�n o de propiedad de los accionistas".

Art�culo 11. En los negocios de urbanizaci�n o construcci�n, el costo de los terrenos que formen parte de las existencias, con relaci�n a los cuales no se hubiere adelantado ninguna obra, ni concedido la respectiva licencia de construcci�n, podr� incrementarse as�:

a) En las declaraciones de renta y patrimonio de 1982 en diez por ciento (10%) anual y acumulativo por cada a�o de posesi�n o proporcional por fracci�n de a�o, a partir de la fecha de adquisici�n del terreno.

b) En las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 1983 el ajuste ser� del diez por ciento (10%); para las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 1984 y siguientes, el ajuste ser� el establecido en el articulo 3� del Decreto 3745 de 1982.

Cuando el contribuyente no hubiere hecho uso de este derecho en un a�o dado, no lo podr� acumular para a�os posteriores.

Par�grafo. Para hacer uso de los ajustes indicados en este articulo, se requerir� que el contribuyente haya pose�do el terreno respectivo durante dos (2) a�os o m�s.

Articulo 12. El ajuste de que trata el literal a) del art�culo anterior surtir� efectos catastrales para el a�o de 1983, cuando fuere superior al aval�o catastral previsto en el art�culo 1� del Decreto 3745 de 1982 o al aval�o catastral estimado de que trata el Decreto 233 de 1983.

En tal evento, el contribuyente deber� presentar con la declaraci�n de renta y patrimonio correspondiente al a�o de 1982 copia de la comunicaci�n enviada a la Oficina Catastro, debidamente sellada por �sta o por la Tesorer�a ante la cual se hubiere presentado.

Articulo 13. Los ajustes autorizados en los dos art�culos precedentes se tomar�n en cuenta para determinar la renta obtenida en la enajenaci�n de tales bienes, e igualmente para fines patrimoniales y de renta presuntiva, cuando dicho costo sea superior al aval�o catastral. Dichos ajustes no producir�n efectos para determinar p�rdidas en la enajenaci�n de los bienes, los cuales seguir�n comput�ndose de conformidad con su costo hist�rico.

Articulo 14. No est�n sometidos al impuesto sobre las ventas ni al impuesto sobre la Renta y Complementarios, ni a los impuestos previstos en los art�culos 229 del Decreto 444 de 1967 y 6� del Decreto 2366 de 1974, 20 del Decreto 688 de 1967 y 2� del Decreto 2374 de 1974 y dem�s disposiciones que las adicionen y reformen, los premios y distinciones obtenidos en concursos o cert�menes nacionales e internacionales de car�cter cient�fico, literario, period�stico, art�stico y deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional.

Articulo 15. EI presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgaci�n.

El Ministro de Gobierno,Rodrigo Escobar Navia; el Ministro de Relaciones Exteriores, RodrigoLloreda Caicedo; el Ministro de Justicia, Bernardo Gait�n Mahecha; El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Edgar Guti�rrez Castro; el Ministro de Defensa Nacional, General Fernando Landaz�bal Reyes; el Ministro de Agricultura, Roberto Junguito Bonett; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jaime Pinz�n L�pez; el Ministro de Salud, Jorge Garc�a G�mez; el Ministro de Desarrollo Econ�mico, Roberto Gerlein Echeverr�a; el Ministro de Minas y Energ�a, Carlos Mart�nezSim�han; el Ministro de Educaci�n Nacional; Jaime Arias Ram�rez; el Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ram�rez Rodr�guez; el Ministro de Obras P�blicas y Transporte, Jos� Fernando Isaza�.

Oportunamente el ciudadano H�ctor Ra�l Corchuelo present� memorial de impugnaci�n contra los art�culos 1� y 2� del Decreto, por estimarlos inconstitucionales, pero sus argumentos buscan demostrar contradicci�n con el Decreto n�mero 2053 de 1974, lo cual de suyo no comporta inconstitucionalidad, o se apoyan en razones de orden t�cnico o de conveniencia cuyo juzgamiento no corresponde a la jurisdicci�n constitucional.

El Procurador General de la Naci�n considera que el Decreto se ajusta a la Constituci�n, salvo en su art�culo 14 que estima inconstitucional, seg�n los siguientes razonamientos:

1. La amnist�a hace posible que se incorporen a la tributaci�n las declaraciones de patrimonio y renta de una base significativa de contribuyentes, y busca adem�s evitar que prosigan pr�cticas dolosas de evasi�n de controles administrativos, las cuales operan como factor de corrupci�n.

2. Permite descongestionar la administraci�n y al Estado la captaci�n a corto plazo de recursos para conjurar la crisis fiscal.

3. El cargo de inconstitucionalidad formulado por el impugnante contra los art�culos 1� y 2� del Decreto, se apoyan en que estas disposiciones restringen lo dispuesto por el Decreto n�mero 3747 de 1982 y en el art�culo 86 del Decreto n�mero 3803 de 1982, no prospera porque, como lo ha se�alado la Corte en sentencias de julio 8 y julio 30 de 1981, el problema de los derechos adquiridos no estriba en la variaci�n por v�a general de la normatividad, y las situaciones concretas derivadas de la aplicaci�n de una ley originan litigios contencioso-administrativos y no asuntos de constitucionalidad.

4. Sin embargo, el art�culo 14 es violatorio del 122, por carencia de "conexi�n directa y espec�fica con la situaci�n que determin� la declaratoria del estado de emergencia y nada permite esperar de ella, razonablemente, una contribuci�n positiva en la superaci�n de la crisis... ". Dicha norma se refiere a la exoneraci�n de tributaci�n sobre la renta y complementarios y de impuestos a las ventas, de los premios y distinciones por concursos cient�ficos, literarios, period�sticos, art�sticos y deportivos.

La Corte es competente para conocer de esta revisi�n, por tratarse de un Decreto dictado en ejercicio de las facultades dadas al gobierno por el art�culo 122.

En primer lugar, debe hacerse notar que el Decreto n�mero 236 en menci�n cumple con los requisitos prescritos por el citado art�culo, y que fue expedido dentro del t�rmino se�alado por el Decreto n�mero 3742 de 1982.

De otro lado, como el Decreto n�mero 236 que se examina es una simple ampliaci�n de las amnist�as otorgadas por el Decreto n�mero 3747 de 1982, que fue declarado exequible en su totalidad por la Corte Suprema, y contentivo de algunas adiciones del mismo, es procedente repetir lo que a prop�sito de aqu�l dijo la Corte:

"13. Finalmente, es procedente establecer que, globalmente, el Decreto en examen tiene relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determin� la implantaci�n del r�gimen de emergencia, puesto que sus disposiciones se enderezan sistem�ticamente a combatir el 'deterioro progresivo y acelerado de los ingresos p�blicos', atribuible a la evasi�n fiscal y tributaria, a que se refieren los ordinales 2�, 5� y 6� de la parte motiva de aquel Decreto, fen�meno que impon�a estos correctivos, ya que de acuerdo con la consideraci�n 8� del mismo estatuto 'la evasi�n y elusi�n tributaria ha adquirido enorme fuerza y generalidad como consecuencia de las altas tasas existentes, el abuso de la utilizaci�n de una serie de exenciones de impuestos, la inconveniencia de otras, la debilidad del r�gimen procedimental y de los sistemas de determinaci�n del tributo, as� como de la ausencia de un r�gimen legal adecuado de infracciones y sanciones'. Son estos hechos los que justifican la pol�tica tributaria general y de la preceptiva de cada una de sus disposiciones particulares.

"En cuanto a los aspectos concretos del decreto en estudio, es preciso afirmar que una amnist�a tributaria es una normatividad de naturaleza impositiva, en cuanto implica exoneraci�n de los efectos del incumplimiento de leyes tributarias y por lo mismo, habi�ndose aceptado que el art�culo 122 autoriza para variar el r�gimen tributario, cuando el d�ficit fiscal y la evasi�n de impuestos son algunos de los motivos justificativos del estado de emergencia, las normas de aquel decreto son claramente constitucionales, y por esa conexidad y porque est�n enderezadas a conjurar los efectos derivados de aquellas violaciones, con lo cual se est� diciendo que ninguna de sus disposiciones exceden en el aspecto temporal los t�rminos de aquel art�culo.

"De otra parte, admitida la capacidad excepcional del gobierno para regular con fuerza de ley la materia tributaria, por raz�n de un estado de emergencia econ�mica, es forzoso aceptar que puede tanto establecer impuestos como suprimirlos, variar sus tarifas, determinar los procedimientos de liquidaci�n y pago de los mismos, modificar las sanciones por su incumplimiento y desde luego tambi�n, las exenciones de los mismos y el perd�n por los incumplimientos, que es el caso presente.

"Es preciso advertir, de otro lado, que los efectos de una amnist�a de esta clase tienen alcances puramente fiscales y no desbordan los l�mites de las correspondientes actuaciones administrativas" (Sentencia de 28 de febrero de 1983).

Analizado en particular el contenido normativo del Decreto sujeto a revisi�n se tiene que es constitucional, con excepci�n de los art�culos 11, parcialmente, 12, 13 y 14, los cuales son inexequibles los tres primeros por referirse a disposiciones del Decreto n�mero 3745 que fueron declarados inexequibles, y la �ltima porque no tiene conexi�n con los motivos invocados para justificar la emergencia, seg�n lo observ� el Procurador. Las dem�s disposiciones son constitucionales.

En efecto, el art�culo 1� se limita a reiterar que quienes se acojan a la amnist�a patrimonial no podr�n ser sujetos de investigaciones, requerimientos ni liquidaciones de revisi�n o de aforo, as� como tampoco de sanciones por los per�odos fiscales de 1982 y anteriores, en lo que toca con los bienes objeto de la amnist�a y los ingresos de ellos provenientes; el art�culo 2� determina las inversiones a que quedan obligados quienes hacen uso de la amnist�a, operaciones que deben efectuarse antes del 15 de mayo de 1983; el 3� establece que los bienes representados en dinero o distintos a los enumerados en los art�culos segundos de los Decretos n�meros 3747 de 1982 y 236 de 1983, no requieren prueba de su existencia, distinta de la contenida en la propia declaraci�n de renta de 1982; el 4� autoriza la revocaci�n de los requerimientos en curso contra los contribuyentes que se acojan a la amnist�a; el 5� prescribe las condiciones para identificar el beneficiario o el deudor de t�tulos valores conjuntos; el 6� exonera de investigaciones, requerimientos y liquidaciones de revisi�n por el a�o gravable de 1981 y anteriores a quienes habiendo presentado declaraciones de renta de 1979, 1980 y 1981 hayan pagado o pagaren con anterioridad al 8 de abril de 1983 los impuestos de las liquidaciones privadas correspondientes; el 7� fija los requisitos de exoneraci�n de intereses por requerimientos especiales, liquidaciones de correcci�n o revisi�n y desistimiento de recursos; el 8� alude al desistimiento de la acci�n contencioso administrativa de revisi�n de impuestos y a las condiciones de su ejercicio sin que acarree sanci�n; el 9� se refiere a la amnist�a de intereses corrientes y moratorios por pago de las sumas debidas al fisco; el 10 dice modificar el art�culo 13 del Decreto n�mero 3747 de 1983 siendo que, en realidad modifica el 9� de �ste, sobre se�alamiento de ajustes de activos fijos y de Acciones que se coticen en bolsa y el 15 se�ala como fecha de vigencia del Decreto la de su promulgaci�n.

Respecto de los art�culos 11, literal b), 12 y 13, es preciso reiterar que aqu�llas de sus disposiciones que remiten al Decreto n�mero 3745 de 1982 que fue declarado inexequible, obviamente son inconstitucionales. Por consiguiente, est�n afectados de inexequibilidad la segunda parte del literal b); igualmente el art�culo 12 en cuanto se remite al art�culo 1� del citado Decreto respecto de aval�os catastrales y consecuencialmente, el art�culo 13 que constituye una unidad normativa inseparable con los dos art�culos anteriores.

Con base en las anteriores consideraciones la Corte Suprema, en Sala Plena, y con base en estudio de su Sala Constitucional, previo concepto del Procurador General de la Naci�n,

1� DECLARAR INEXEQUIBLES, por ser contrarios a la Constituci�n, los art�culos 12, 13 y 14 del Decreto de emergencia econ�mica 236 de febrero 4 de 1983, "por el cual se ampl�an unas amnist�as y se dictan otras disposiciones".

2� DECLARAR IIEXEQUIBLE, por ser contraria a la Carta, la parte final del ordinal b) del art�culo 11 del mismo Decreto, que dice: "para las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 1984 y siguientes el ajuste ser� el establecido en el art�culo 3� del Decreto n�mero 3745 de 1982".

3� DECLARAR EXEQUIBLE, por no ser contrario a la Constituci�n, en el resto, el Decreto n�mero 236 de febrero 4 de 1983.

C�piese, comun�quese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� Eduardo Gnecco Correa, Presidente; Jer�nimo Arg�ez Castello, Luis Enrique Aldana Rozo (con salvamento de voto); Fabio Calder�n Botero, Ismael Corol Guerrero, Manuel Enrique Daza A.,Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras (con salvedad de voto); Manuel Gaona Cruz (con salvamento de voto); Germ�n Giraldo Zuluaga, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mezVel�squez (salvedad de voto);Juan Hern�ndez S�enz (con salvamento de voto); Alvaro LunaG�mez (salvo el voto); Carlos Medell�n (con salvamento); Ricardo Medina Moyano (con salvamento de voto); Humberto Murcia Ball�n (salvo el voto parcialmente); Alberto Ospina Botero, AlfonsoReyes Echand�a (salvamento aclarativo); Luis Carlos S�chica, Jorge Salcedo Segura, Pedro El�asSerrano Abad�a (con salvamento de voto); Fernando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria (con salvedad de voto).

Sabido es que quienes ocultan en sus declaraciones de renta para efectos tributarios bienes que legalmente deban estar sujetos a grav�menes, causan defraudaci�n al fisco, lo mismo que quienes de otras maneras produzcan falsedad semejantes, las cuales constituyen evidentes causas de responsabilidad para los autores del enga�o y los someten, como es de rigor, a sanciones de distinta naturaleza. Ti�nese, entonces, que tales hechos por su naturaleza, por su objeto, por sus consecuencias, son de �ndole tributaria, pues el agente activo del fraude procede en esos casos en su condici�n de contribuyente, la materia sujeta a aqu�l es la patrimonial en funci�n tributaria, el ente jur�dico lesionado es el fisco, y las consecuencias se producen necesariamente en la �rbita propia del sistema tributario y dentro de su espec�fico r�gimen legal, incluido el de las sanciones. Cierto es que las normas del Decreto n�mero 236 no crean grav�menes, pero s� operan sobre su tratamiento jur�dico nada menos que para condenar sanciones causadas con motivo de las defraudaciones al fisco, para modificar las consecuencias de �stas, previstas en normas especiales, para regularizar las circunstancias en que se encuentran ciertos contribuyentes en su condici�n de tales, por manera que en raz�n de su materia, del objeto a que se refieren, de los sujetos que est�n comprendidos, y de los objetivos que persiguen, las disposiciones de dicho Decreto son de clar�sima �ndole tributaria y como tales deben tenerse para los efectos de la presente providencia. As� como la amnist�a prevista en el art�culo 76-19 de la Carta tiene verdadera connotaci�n penal, y por eso est� contemplada tambi�n en las normas de tal especie, esta amnist�a patrimonial, por las razones antedichas, ostenta un car�cter tributario que no es posible ignorar o desconocer.

Identificadas de tal manera las normas que se revisan, resulta procedente reiterar aqu� las apreciaciones de la Corte formuladas a prop�sito de la revisi�n constitucional de otros decretos tambi�n de car�cter tributario y expedidos igualmente en uso de las facultades del art�culo 122 de la Constituci�n.

Se repite, pues, en primer t�rmino, que "debe estudiarse el actual art�culo 122 de la Carta Fundamental, para evitar as� que de instrumento maestro para etapas de verdadera crisis, se convierta en herramienta de uso constante a trav�s de la cual se legisle normalmente en relaci�n con las delicadas y complejas estructuras socioecon�micas del pa�s".

Con respecto al fen�meno de la elusi�n y la evasi�n de impuestos, que parece haber motivado la expedici�n del Decreto n�mero 236, cabe esta reiteraci�n:

"No hay duda en cuanto al sentido con que se usa en el texto constitucional la expresi�norden econ�mico, pues se trata del orden propio de un sistema, del orden inherente a una organizaci�n, del orden que se produce como resultado del ordenamiento, como `colocaci�n de las cosas en el lugar que les corresponde', como buena disposici�n de ellas entre s� y como regla o modo que se observa para hacerlas, seg�n algunas de las acepciones que ofrece la Academia. En cualquiera de ellas se supone la normalidad en el sucederse las cosas dentro de su orden, y no se excluye, sino al contrario, la posibilidad de un orden con imperfecciones, insuficiencias, injusticias, desequilibrios, como los que se dan en el orden econ�mico de los pa�ses en v�a de desarrollo, y aun en los pa�ses desarrollados, en los tiempos que corren. La existencia de tales defectos no le resta al sistema su car�cter de orden, as� entendido. Al contrario, ellos pueden constituir en un momento dado, signos, distintivos, caracter�sticas que sirven para identificar un orden y distinguirlo de otros. Idealmente un orden defectuoso puede depender de un sistema an�malo, o pertenecer a �l, sin dejar de ser orden. Dir�ase, pues, que es posible la existencia de una normalidad dentro de la anormalidad, de un orden econ�mico regular dentro de un sistema defectuoso".

El sistema tributario del pa�s tiene indudablemente relaci�n directa, ordinaria y constante, con el orden econ�mico en todos sus aspectos: en lo individual, en lo social, en lo financiero, en lo fiscal, etc. Dicho sistema ostenta sus propias caracter�sticas internas y externas, utiliza sus procedimientos para realizarse v est� expuesto a factores distintos que pueden determinar su eficacia o producir su ineficacia y que, en conjunto, constituyen una fenomenolog�a resultante de hechos m�s o menos constantes, m�s o menos regulares, que inciden sobre su operaci�n habitual. En cuanto tales hechos y circunstancias formen parte ordinaria del sistema tributario, a trav�s suyo, del orden econ�mico del pa�s, su tratamiento legislativo debe ser de la misma naturaleza, ordinario tambi�n, por las v�as comunes que la Constituci�n establece y por el �rgano del poder p�blico que regularmente tiene tal finalidad, a la luz del art�culo 76 de la Carta Pol�tica.

De otra parte agr�gase que el mandato del art�culo 43 de la Constituci�n, seg�n el cual en tiempo de paz no es posible al Ejecutivo imponer contribuciones, se refiere no s�lo al hecho de imponerlas sino que tambi�n la modificaci�n de ellas, o su rebaja, o su eliminaci�n, quedan comprendidas en tal impl�cita prohibici�n, por cuanto lo que el precepto constitucional significa es que la materia tributaria est� reservada al legislador, salvo excepciones expresamente establecidas en la Carta. Las leyes ordinarias sobre impuestos, expedidas regularmente por el Congreso, y cuyo conjunto constituye el sistema tributario del pa�s, en cuanto partes de la estructura de las finanzas p�blicas, con sus imperfecciones y debilidades cr�nicas, no deben ser modificadas con oportunidad o pretexto de una emergencia econ�mica cuyos hechos determinantes han de ser sobrevinientes, es decir, distintos de los frecuentes y ordinarios que caracterizan el funcionamiento habitual de ese sistema y del orden econ�mico sobre el cual opera.

Reitero, respecto de esta sentencia, el criterio que expuse en mi salvamento de voto en relaci�n con el fallo proferido por la Corte como resultado de la revisi�n constitucional del Decreto Legislativo n�mero 3747 de 1982, porque el Decreto n�mero 236 de 4 de febrero de este a�o, materia de este proceso, se contrae, fundamentalmente, a ampliar las amnist�as patrimonial, de intereses y de otros tipos consagradas en aqu�l:

"... No existe en la Constituci�n, salvo respecto de delitos pol�ticos, mediante votaci�n calificada y por graves motivos de conveniencia p�blica, norma alguna que autorice al Congreso de la Rep�blica para conceder amnist�as de (ninguna otra) naturaleza (menos en materia) fiscal o tributaria, de manera que las as� llamadas son medidas de creaci�n extraconstituclona1 que se oponen, adem�s, a claros preceptos de la Carta...".

"... Las autoridades de la Rep�blica est�n instituidas, entre otros prop�sitos fundamentales, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los que la propia Constituci�n y las leyes han impuesto a los particulares frente a la sociedad, raz�n misma de toda organizaci�n jur�dica, uno de los cuales, de los m�s importantes, es el referente a la obligaci�n de cumplir con el pago de los aportes con los que cada individuo debe contribuir, proporcionalmente seg�n su capacidad econ�mica, al sostenimiento del Estado y a la realizaci�n de sus fines mediante obras y servicios de inter�s social...".

"... Excepto la obligaci�n que se impone a los colombianos de tornar las armas cuando las necesidades p�blicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias, ninguna otra es tan esencial para la naci�n como la concerniente al deber de pagar los tributos debidos a ella, de modo que no se ajusta a la Constituci�n una ley, como la contenida en el Decreto revisado, por medio de la cual se reconoce que el Gobierno ha venido dejando de utilizar el poder coactivo de que ha sido investido para asegurar su pago, se declara que �ste depone totalmente su autoridad para conseguirlo y se condonan definitivamente unas deudas cuya satisfacci�n requiere la sociedad, que eran ya patrimonio suyo y respecto de las cuales sus administradores no han sido facultados para transar su cuant�a ni para desistir de su persecuci�n, con el agravante de que esta forma de convenio t�cito entre el recaudador y quienes han incumplido el deber social de contribuir a los gastos comunes, es determinaci�n del Gobierno que repercute necesariamente en mayores cargas, compensatorias, sobre quienes, dentro de los l�mites y cuant�as se�aladas por la ley, han cumplido honesta y oportunamente con sus obligaciones tributarias en la exacta medida en que estaban obligados a hacerlo, seg�n las necesidades p�blicas y su propia capacidad econ�mica..."

La atribuci�n de imponer contribuciones en tiempo de paz, de otra parte, por ser privativa del Congreso, de las Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales, dejar�a de estar taxativamente atribuida a esas Corporaciones si no llevara, en s� misma, la correlativa de mantener los impuestos y recaudos por ellas decretados, por lo que ninguna otra autoridad diferente puede modificarlos o derogarlos, facultad que tampoco concede la Constituci�n ilimitadamente en cuanto al Congreso, porque si bien �ste puede reducir y suprimir tributos y aun establecer exenciones personales de impuestos sobre la renta y complementarios, esa facultad no puede ejercerse con retroactividad a situaciones ya consolidadas ni, por tanto, a obligaciones, deudas y compromisos tributarios adquiridos por los particulares en el pasado, sino, como es bien sabido, sobre eventos futuros, esto es, producidos a partir de la fecha de la vigencia de las leyes que las establezcan... ".

"... Si, en suma, ni el propio Congreso de la Rep�blica est� constitucionalmente autorizado para conceder amnist�as patrimoniales o tributarias a favor de quienes se han sustra�do de su pago, es claro que mucho menos puede hacerlo el Gobierno Nacional invocando el art�culo 122 de la Constituci�n..."

Por tales consideraciones, que resultan m�s pertinentes aun en relaci�n con el Decreto n�mero 236 de 1983, salvo mi voto.

1. Consideramos que los art�culos 1� a 10 de este Decreto se ajustan cabalmente a los dictados constitucionales, como lo declara con acierto el fallo que antecede, pero no compartimos la motivaci�n que en �l se hace como sustento de tal criterio, por las siguientes razones:

a) Porque, como lo hemos sostenido en reiteradas oportunidades, el art�culo 122 de la Constituci�n no habilita al Presidente de la Rep�blica para establecer nuevos impuestos o modificar las tarifas de los preexistentes ni tampoco, obviamente, para hacer variaciones en las bases de liquidaci�n y cobro de grav�menes antiguos;

b) Porque, sin necesidad de afirmar tesis contraria a la que acabamos de exponer, la constitucionalidad de aquellos diez art�culos resulta manifiesta con s�lo considerar que apenas contienen modificaciones a lo previsto por el Decreto Legislativo n�mero 3747 de 1982 sobre amnist�a tributaria por el dicho a�o gravable, ya declarado exequible por la Corte, y que ciertamente no cre� ni modific� grav�menes, se ajust� a los m�viles expresados al implantar el estado de emergencia econ�mica y no tiene alcances ni efectos permanentes sino apenas para el a�o de 1982, argumentos estos �ltimos que bastan para llegar a la aludida conclusi�n.

II. Discrepamos igualmente de la declaraci�n de constitucionalidad parcial del art�culo 11 de ese Decreto, hecha en el fallo, porque ese precepto establece reglas para incrementar el aval�o de terrenos, con el evidente y consecuencial aumento de los tributos que los graven, as� sea que se mantengan las tarifas antiguas para calcularlos, provisi�n que no es constitucionalmente l�cito adoptar mediante Decreto expedido al amparo de una situaci�n de emergencia econ�mica regulada por el art�culo 122 de la Carta Fundamental. O sea que el mencionado art�culo 11 es inexequible en su totalidad.

La Sala Plena ha decidido sobre la exequibilidad del Decreto de la referencia, estrictamente de conformidad con la propuesta de parte resolutiva que hab�a presentado como ponencia el magistrado que aqu� sustancia este salvamento. No obstante, por mayor�a relativa se neg� la correspondiente parte motiva, a la cual adherimos los suscritos magistrados, cuyo texto,que se convierte en nuestro salvamento de voto, era el siguiente:

" 1. Tiene ya definido la Corte que no es admisible expedir por medio de decretos de emergencia econ�mica y social una reforma impositiva general sobre la renta y el patrimonio en raz�n que esta clase de imposiciones solamente puede ser fijada o modificada por medio o por mandato de la ley, expresi�n formal del Congreso, al tenor de lo dispuesto en los art�culos 43, 55 y 76-1 de la Constituci�n, y porque adem�s los fen�menos estructurales del proceso econ�mico nacional no son sobrevinientes como para justificar aquella legislaci�n permanente y ordinaria por la v�a excepcional del art�culo 122.

"2. Sin embargo, el Decreto que se examina corresponde a una legislaci�n excepcional y no establece ni modifica impuestos; simplemente se limita a se�alar las condiciones espec�ficas y transitorias de favorecimiento a aquellos particulares que, aunque propietarios o poseedores de bienes y rentas de capital no hab�an encontrado la v�a legal, propicia para declararlos ante el Estado, por circunstancias de exorbitante y hasta irregular etiolog�a econ�mica que han venido afectando el proceso normal de la riqueza y del intervencionismo econ�mico, de ocurrencia inhabitual, para permitirles incorporar su patrimonio y su renta al sector productivo y al sistema tributario ya establecido en la ley.

"En otros t�rminos, el ejecutivo, como legislador excepcional, ante una espec�fica situaci�n de imprevisible agudizaci�n de la crisis fiscal, determinada en este caso por una acentuaci�n desproporcionada y anormal del fen�meno ordinario de la evasi�n y de la elusi�n tributaria, se ha visto en la inminente necesidad de buscar atenuar o conjurar el d�ficit del erario creando normas no previstas para �pocas normales, a tal extremo inusitadas que dichas disposiciones no exist�an antes, tendientes a neutralizar y morigerar los efectos perturbadores del aberrante ocultamiento de un ampl�simo sector del capital privado que hasta antes de la declaraci�n de la emergencia se encontraba fuera del comercio regular y del r�gimen ordinario de tributaci�n, lo cual engendr� una situaci�n ins�lita dentro de un sistema capitalista que est� basado en la leg�tima titularidad del dominio y en la obligaci�n general de contribuir al fisco con fundamento en su productividad. Y esas normas han sido expedidas respetando los marcos de la legislaci�n impositiva preexistente.

"3. La amnist�a, en rigor sem�ntico, es el olvido por parte del Estado de lo irregular, con prop�sitos o finalidades excepcionales de atenuar o conjurar fen�menos de anormal magnitud y ocurrencia que inciden ostensiblemente en la alteraci�n del orden econ�mico o del orden pol�tico, que no alcanzan a ser regulados por las normas ordinarias previstas para situaciones cotidianas, las cuales por lo mismo deben ser complementadas por preceptos excepcionales, generalmente de vocaci�n ef�mera, as� sean de vigencia formal permanente, y que suponen la competencia excepcional de su expedici�n, con el fin de proveer al restablecimiento de la normalidad.

"4. El Decreto n�mero 236 de 1983 que aqu� se examina, sobre ampliaci�n de unas amnist�as, modific� y adicion� el Decreto n�mero 3747 de 1982, sobre amnist�a patrimonial. Tanto �ste como aqu�l son decretos de emergencia econ�mica y han sido expedidos en desarrollo del Decreto n�mero 3742 de 1982 que la declar�. Adem�s, tanto el 3742 como el 3747 de 1982 fueron hallados exequibles.

"El contenido de algunas de las disposiciones del Decreto n�mero 236 de 1982 que se analiza, es el siguiente: el art�culo 1� reitera que los contribuyentes que se acojan a la amnist�a patrimonial prescrita en el Decreto n�mero 3747 de 1982 no podr�n ser sujetos de investigaciones, requerimientos, ni liquidaciones de revisi�n o de aforo, ni de sanciones para los per�odos fiscales de 1982 hacia atr�s, en lo concerniente a los bienes y rentas objeto de amnist�a; el art�culo 2� fija algunas condiciones de inversi�n, dep�sito y tiempo respecto de los bienes declarados, distintos de los previstos en el Decreto n�mero 3747 de 1982; el 3� aclara que los bienes representados en dinero o diferentes de los se�alados en los art�culos segundos de los Decretos n�meros 3747 de 1982 y 236 de 1983, no requieren prueba de su existencia, distinta de la contenida en la propia declaraci�n de renta de 1982; el 4� autoriza la revocaci�n de los requerimientos en curso contra contribuyentes que se acojan a la amnist�a; el 5� prescribe las condiciones para identificar el beneficiario o el deudor de t�tulos valores conjuntos; el 6� exonera de investigaciones, requerimientos y liquidaciones de revisi�n por el a�o gravable de 1981 y anteriores a quienes habiendo presentando declaraciones de renta de 1979, 1980 y 1981 hayan pagado o pagaren con anterioridad al 8 de abril de 1983 los impuestos de las liquidaciones privadas correspondientes; el 7� fija los requisitos de exoneraci�n de intereses por requerimientos especiales, liquidaciones de correcci�n o revisi�n y desistimiento de recursos; el 8� alude al desistimiento de la acci�n contencioso administrativa de revisi�n de impuestos y a las condiciones de su ejercicio sin que acarree sanci�n; el 9� se refiere a la amnist�a de intereses corrientes y moratorios por pago de las sumas debidas al fisco; el 10 dice modificar el art�culo 13 del Decreto n�mero 3747 de 1983 (siendo que, como adelante se ver� modifica es el 9� de �ste) sobre se�alamiento de ajustes de activos fijos y de acciones que se coticen en bolsa, y el 15 (adelante se examinar�n los art�culos 11 a 14) se�ala como fecha de vigencia del decreto la de su promulgaci�n.

"Del examen de los once art�culos precedentemente relacionados del Decreto n�mero 236 de 1983 se encuentra que ninguno de ellos establece o modifica por v�a general y permanente, ni siquiera excepcional, los impuestos ordinarios vigentes. No se trata con ellos de hacer una reforma al r�gimen de tributaci�n que implique derogatoria o cambio de las bases impositivas, ni de las tarifas de su liquidaci�n, ni exoneraci�n gen�rica de ciertos tipos de cargas.

"Adem�s, las medidas prescritas en esas disposiciones se hallan ligadas en grado de intensidad excepcional y de conexidad directa con algunos de los espec�ficos prop�sitos se�alados por el ejecutivo al declarar el estado de emergencia y aqu� ya descritos, de atenuaci�n del d�ficit fiscal y de control contra la desmedida evasi�n y elusi�n tributaria, invocados como excepcionales circunstancias sin antecedentes y no reguladas anteriormente, y apenas busca abrir cauces extraordinarios para lograr captar, adecu�ndose �ntegramente a la v�a de la legislaci�n ordinaria vigente, sin modificarla, unos impuestos ya prescritos en ella.

"Las disposiciones que se examinan apenas se contraen a trazar las pautas para que quienes habiendo debido someterse a la imposici�n ordinaria no lo hayan hecho, y sin desconocerla lo autoriza porque al entender debidamente motivado e invocado del legislador excepcional, respaldado en la evidencia f�ctica, �ste se halla conminado a tratar de corregir el extremo deterioro de la pol�tica fiscal, postrada sensible y excepcionalmente por la singular�sima circunstancia de que existe un considerable capital furtivo de proporciones gigantescas, cuya magnitud y antecedentes lo except�an de la situaci�n estructural y ha generado ineludible trastorno en el proceso econ�mico general que se ha visto doblemente afectado por un fen�meno inflacionario desproporcionado, de una parte, y de la otra por una grave e inusitada elusi�n y evasi�n tributaria que no pod�a estar prevista ni regulada por las v�as cotidianas ni por los mecanismos normativos regulares preexistentes.

"El hecho ostensible es que el origen ex�geno y absolutamente extra�o y a la vez el papel preponderante del enorme capital oculto que hoy circula inmune a la tributaci�n y a sus anchas por los canales tradicionales de nuestra econom�a, no corresponde a un fen�meno estructural de nuestro sistema y ha modificado por lo tanto de manera cualitativa y esencial, y no apenas en forma intensa o cuantitativa, hasta llegar a trastrocarla, los patrones de la pol�tica econ�mica y fiscal ordinaria del Estado. De consiguiente, esta singular situaci�n requiere un tratamiento rigurosamente excepcional que la regule, y presupone, a la luz de nuestra Carta, una espec�fica situaci�n de emergencia cuyos contornos contribuyen precisamente a delimitar la diferencia fundamental que existe entre crisis econ�micas y estructurales regulables por la v�a ordinaria y hechos inhabituales e inusitados que, como en este particular caso, justifican de manera restringida y concreta la legislaci�n de emergencia.

"Aun cuando lo cr�nico y lo estructural tienen la gen�rica connotaci�n de ser permanentes, sin embargo, lo cr�nico implica un desorden y nunca un orden, es ex�geno y anormal, es una dolencia que 'sobreviene' al sistema u orden econ�mico, en cuanto no es propia o caracter�stica de �l.

"6. Tr�tase de medidas de pol�tica econ�mica que por ser excepcionales de olvido suponen una normatividad esencialmente provisoria, que s�lo se explican precisamente porque el legislador excepcional no pretende con ellas modificar la estructura ordinaria del r�gimen tributario vigente, sino hacer una excepci�n a ella, ni siquiera en cuanto a la obligaci�n impositiva, la cual no se modifica, sino �nicamente respecto de uno de los extremos de la correlaci�n tributaria, a saber, algunos de los sujetos pasivos de �sta, quienes frente a la ley normal no estaban incluidos. Nadie niega que la amnist�a patrimonial tiene que ver con la legislaci�n tributaria, como tampoco que la amnist�a penal tenga relaci�n con el derecho penal, pero en uno y otros casos las referidas amnist�as se explican no por modificar sino precisamente por aceptar la vigencia normativa ordinaria. La amnist�a es apenas la no aplicaci�n de los principios normativos generales de la legislaci�n, no su revisi�n ni su desconocimiento. As� como la amnist�a por delitos pol�ticos no implica la derogatoria de las normas que tipifican esas conductas punibles, la amnist�a tributaria tampoco comporta la modificaci�n de las normas sobre tributaci�n.

"7. En relaci�n con los art�culos 11, 12 y 13 del decreto caben algunas espec�ficas observaciones: el 11 establece en forma discriminada los porcentajes de ajuste de los costos de los terrenos de urbanizaci�n o construcci�n, para cada una de las declaraciones de renta y patrimonio de 1982, de 1983 y de los a�os de 1984 y siguientes; en relaci�n con las de los dos primeros a�os citados, el incremento del costo referido es del 10% y en cuanto a las de los a�os de 1984 y siguientes la norma establece, al final de la letra b),que el ajuste ser� el establecido en el art�culo 3� del Decreto n�mero 3745 de 1982, o sea el indicado por el Intituto Geogr�fico 'Agust�n Codazzi' y por las oficinas de catastro de Bogot�, Cali, Medell�n y Antioquia, a partir del 1� de enero de 1984. Como quiera que mediante fallo reciente de marzo 7 de 1983, la Corte declar� inexequible el Decreto de emergencia econ�mica n�mero 3745 de 1982 cuyo art�culo 3� est� referido por el 11 del que aqu� se analiza, con fundamento, entre otros, en que dicho art�culo 3� consagraba imposici�n de competencia ordinaria y con car�cter general y permanente, y dado adem�s que la amnist�a es por esencia circunstancial, exepcional y provisoria, lo cual es incompatible con la regulaci�n general, ordinaria y permanente consagrada en la parte final del literal b) del art�culo 11, la Corte encuentra que dicha parte es contraria a los art�culos 43, 76-11 y 122 de la Carta.

"Por similares razones, el art�culo 12, que condiciona los efectos del ajuste de aval�os de terrenos para declarar en 1983, a la vigencia del art�culo 1� del Decreto n�mero 3745 de 1982 y del Decreto n�mero 233 de 1983 que lo modific�, decretos que fueron declarados inexequibles por la Corte por tener precisamente una permanente vocaci�n de vigencia, resulta igualmente contrario a la Carta.

"8. El art�culo 13 que regula el tratamiento tributario y de renta presuntiva de los ajustes a que se refieren los dos art�culos precedentemente citados, en cuanto modifica el r�gimen impositivo del catastro con criterio permanente, es inconstitucional con fundamento en las mismas razones con que se declar� inexequible el Decreto n�mero 3745 de 1982 sobre catastro, mediante fallo de marzo 7 de 1983.

"9. Finalmente, la Corte comparte el criterio del Procurador, en el sentido de que el art�culo 14 del Decreto es inconstitucional, por contrario al art�culo 122, en cuanto establece una exoneraci�n permanente del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas y otros tributos espec�ficos, a los premios y distinciones obtenidos en concursos o cert�menes nacionales e internacionales de car�cter cient�fico, literario, period�stico, art�stico y deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional, porque como �l lo sustenta, de manera ostensible carecen de conexidad con los motivos que determinaron la declaratoria de emergencia. Adem�s, porque dicho precepto no se refiere a una amnist�a, seg�n la cual se exime provisionalmente del pago con car�cter retrospectivo de un tributo al sujeto pasivo de la obligaci�n tributaria, pero sin que �ste deje de serlo, sino a una modificaci�n permanente del sujeto pasivo de dicha correlaci�n, lo cual desconoce el principio general de que el r�gimen impositivo ordinario s�lo puede ser modificado por medio o por mandato de la ley, seg�n lo previsto en los art�culos 43 y 76-12 y 122 de la Carta. De otra parte, el hecho de dejar al albur del gobierno la determinaci�n de los premios y de las distinciones exonerativas de imposici�n, comporta el otorgamiento de facultades legislativas de emergencia a la competencia simplemente reglamentaria del ejecutivo.

10. No deja pasar por alto esta Corporaci�n que el art�culo 10 del Decreto n�mero 236 de 1983 que aqu� se examina, y que dice modificar el art�culo 13 del Decreto n�mero 3747 de 1982, fue luego aclarado y modificado por el art�culo 26 del Decreto n�mero 398 de 1983 en el sentido de que lo que por el 10 del 236 se modific�, no fue el 13 sino el 9� del Decreto n�mero 3747. Con todo, no obstante la vigencia del art�culo 26 del Decreto n�mero 398 de 1983, la Corte proferir� fallo de m�rito respecto de todo el Decreto n�mero 236 de 1983, ci��ndose a su reiterada jurisprudencia seg�n la cual en materia de control forzoso u oficioso su decisi�n ser� de fondo sobre las normas sometidas a control, as� �stas se hallen parcial o totalmente modificadas o subrogadas al momento del fallo.

"11. Como quiera que el Decreto lleva la firma del Presidente de la Rep�blica y de todos los ministros y ha sido expedido dentro del t�rmino previsto en el que declar� la emergencia con fundamento en las causales en �ste invocadas que concretamente se examinaron en esta providencia, de acuerdo con lo prescrito en el art�culo 122 de la Constituci�n, tampoco encuentra la Corte reparo alguno de inconstitucionalidad por razones de orden formal.

"A m�rito de lo expresado, y por las razones anotadas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo el estudio de su Sala Constitucional, o�do el Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de sus atribuciones consagradas en los art�culos 122 y 214 de la Constituci�n,

1. DECLARAR INEXEQUIBLES, por ser contrarios a la Constituci�n, los art�culos 12, 13 y 14 del Decreto de emergencia econ�mica 236 de febrero 4 de 1983 `por el cual se ampl�an unas amnist�as y se dictan otras disposiciones'.

"2. DECLARAR INEXEQUIBLE, por ser contraria a la Carta, la parte final del ordinal b) del art�culo 11 del mismo Decreto, que dice: `para las declaraciones de renta y patrimonio correspondientes a 1984 y siguientes el ajuste ser� el establecido en el art�culo 3� del Decreto n�mero 3745 de 1982'.

"3. DECLARAR EXEQUIBLE, por no ser contrario a la Constituci�n, en el resto, el Decreto n�mero 236 de febrero 4 de 1983".

Manuel Gaona Cruz, Enrique Aldana Rozo, Humberto Murcia Ball�n, Alfonso Reyes Echand�a, Pedro El�as Serrano Abad�a, Dar�o Vel�squez Gaviria.

Como se trata, simplemente, de una modificaci�n del Decreto n�mero 3747 de 1982, debo reiterar el disentimiento expresado en la salvedad de voto consignada en la sentencia de exequibilidad de ese Decreto. Con el debido respeto me remito a las explicaciones dadas en ese entonces, las cuales reitero ahora. Las razones de los M. M. Medell�n y Fiorillo, que abordan la cuesti�n desde otro enfoque, pueden integrarse, seg�n el suscrito, a ese criterio. De ah� la adhesi�n a esas manifestaciones de censura.