Sentencia 1407 de 1986

300Corte SupremaCorte Suprema300300154561407Fabio Mor�n D�az.198612/03/19861407_Fabio Mor�n D�az._1986_12/03/198630015456ADICION AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DE LA VIGENCIA FISCAL DE 1985, COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS ACAECIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A�O, ACARREANDO LA TOTAL DESTRUCCION DE ESTOS DESPACHOS JUDICIALES. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION. DECRETO DE ESTADO DE SITIO. Constitucional el Decret� n�mero 3273 de 1985. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 3. 1986

Con fecha 12 de noviembre de 1985, la Presidencia de la Rep�blica remiti� con destino a la Corte Suprema de justicia, Sala Constitucional, copia aut�ntica del Decreto n�mero 3273 de 1985, dictado con fundamento en las facultades excepcionales del Estado de Sitio, decretado con anterioridad (Decreto n�mero 1038 de 1984), para su correspondiente control de constitucionalidad que ordena el art�culo 121 en su par�grafo de la Constituci�n Nacional.Identificadores30030015457true89794Versi�n original30015457Identificadores

Norma demandada: �Con fecha 12 de noviembre de 1985, la Presidencia de la Rep�blica remiti� con destino a la Corte Suprema de justicia, Sala Constitucional, copia aut�ntica del Decreto n�mero 3273 de 1985, dictado con fundamento en las facultades excepcionales del Estado de Sitio, decretado con anterioridad (Decreto n�mero 1038 de 1984), para su correspondiente control de constitucionalidad que ordena el art�culo 121 en su par�grafo de la Constituci�n Nacional.

ADICION AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL DE LA VIGENCIA FISCAL DE 1985, COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS VIOLENTOS ACAECIDOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A�O, ACARREANDO LA TOTAL DESTRUCCION DE ESTOS DESPACHOS JUDICIALES. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION. DECRETO DE ESTADO DE SITIO.

Decreto n�mero 3273 de 1985 (noviembre 9) "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento de un servicio p�blico".

El expediente fue sometido a reparto con fecha 10 de febrero de 1986 y con fecha 12 de febrero del mismo a�o el Magistrado ponente orden� su fijaci�n en lista para la intervenci�n ciudadana y correr el traslado al Procurador General de la Naci�n, para lo de su cargo, quien con fecha 1� de marzo del a�o en curso emiti� concepto, anexando copia aut�ntica del Certificado de Disponibilidad n�mero 53 de la Divisi�n de Contabilidad Nacional de la Contralor�a General de la Rep�blica.

La Secretar�a General de la Corte inform� oportunamente del silencio ciudadano en este tr�mite, en cuanto no se present� impugnaci�n o coadyuvancia en relaci�n con este decreto.

"Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento de un servicio p�blico.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica, en desarrollo del Decreto n�mero 1038 de 1984, y

"Que, como consecuencia de los hechos violentos que se presentaron en el Palacio de justicia los d�as 6 y 7 de noviembre del presente a�o, fueron destruidos los despachos judiciales y los elementos y equipos de trabajo de la Corte Suprema de justicia, del Consejo de Estado y de sus respectivas fiscal�as, lo cual impide su funcionamiento.

"Que es deber del Gobierno Nacional velar porque en toda la Rep�blica se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual es necesario autorizar recursos financieros y adoptar procedimientos �giles que permitan el funcionamiento inmediato de estas corporaciones jurisdiccionales y las respectivas fiscal�as.

"Que para amparar la apertura de cr�ditos adicionales en el presupuesto de la actual vigencia, el Contralor General de la Rep�blica, expidi� el certificado de disponibilidad 53 del 28 de octubre de 1985, por valor de $6.200 millones.

"Que el art�culo 104 del Decreto extraordinario n�mero 294 de 1973 faculta al Gobierno Nacional para que, en Estado de Sitio, abra los cr�ditos adicionales en el presupuesto en la forma que el Presidente de la Rep�blica y el Consejo de Ministros lo decidan.

"Que el Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia tiene como objetivo legal contribuir a la mejor dotaci�n y funcionamiento material de las oficinas de la Rama jurisdiccional y del Ministerio P�blico, para lo cual puede ejecutar programas de construcci�n, mejora, adici�n y conservaci�n de inmuebles, o tomarlos en arrendamiento, y adquirir y suministrar los equipos, �tiles de oficina y dem�s enseres requeridos.

"Que el Ministerio de Justicia debe preparar y formular pol�ticas de prevenci�n de la delincuencia y dirigir y coordinar su ejecuci�n, as� como prestar a la Rama jurisdiccional los auxilios administrativos, t�cnicos, cient�ficos y econ�micos necesarios para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus providencias,

Art�culo 1� Adici�nase el presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1985 en la suma de $500 millones, de la siguiente manera:

Art�culo 2� Con base en el recurso de que trata el art�culo anterior, �branse los siguientes cr�ditos extraordinarios en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal de 1985.

Art�culo 3� Los recursos de que trata el art�culo anterior, quedan incorporados al presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia en virtud del presente decreto.

Art�culo 4� Cr�ase una junta integrada por los ministros de justicia y Hacienda y el Secretario General de la Presidencia de la Rep�blica, o sus delegados, para distribuir las sumas anteriores y cumplir, en relaci�n con ellas las funciones propias de la Junta Directiva de la Entidad, seg�n lo dispuesto en sus estatutos.

La distribuci�n presupuestal prevista en el inciso anterior no requerir� de aprobaci�n de la Direcci�n General del Presupuesto.

Art�culo 5� La ejecuci�n presupuestal de los cr�ditos extraordinarios de que trata el art�culo anterior, no estar� sujeta al sistema de control de obligaciones previsto en el decreto, extraordinario n�mero 294 de 1973.

Art�culo 6� La Direcci�n General del Presupuesto expedir� los acuerdos de gastos y la Direcci�n General de Tesorer�a pagar� los giros correspondientes, de tal forma que en la tesorer�a del Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia siempre haya recursos suficientes para la atenci�n oportuna de las obligaciones de pago.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia manejar� en cuenta separada �stos recursos y ellos no podr�n ser utilizados para fines distintos de los derivados de los considerados de este decreto.

Art�culo 7� La celebraci�n, perfeccionamiento, validez y ejecuci�n de los contratos cuya cuant�a sea o exceda de un mill�n de pesos que, para los fines indicados en el art�culo anterior, deba llevar a cabo el Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia, estar�n sujetos �nicamente a las siguientes reglas:

a) Estar�n exentos de licitaci�n o concurso y de inscripci�n en el registro de proponentes;

c) Para su perfeccionamiento s�lo requerir�n firma de las partes, registro presupuestal y constituci�n y aprobaci�n de garant�as;

d) Para su ejecuci�n s�lo requerir�n de publicaci�n en el "Diario Oficial", requisito este que se entender� cumplido con el pago de los derechos correspondientes;

e) Deber�n contener las cl�usulas obligatorias previstas en los art�culos 14 y 60 del Decreto n�mero 222 de 1983.

Par�grafo. En los dem�s casos, el reconocimiento de obligaciones a cargo de la entidad contratante se har� mediante simple resoluci�n motivada.

Art�culo 8� El Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia asumir� todos los costos ocasionados por la inhumaci�n de los cad�veres de las personas que fallecieron como consecuencia de los hechos violentos a que se refiere el primer considerando de este decreto. Para tal fin el Fondo se considera autorizado para celebrar, con sujeci�n a las reglas de derecho privado, los contratos que sean necesarios.

Art�culo 9� Autor�zase a la Corte Suprema de justicia y al Consejo de Estado para vincular el personal supernumerario que fuese necesario con el fin de atender las funciones judiciales que correspondan ordinariamente al personal subalterno de su planta que, como consecuencia directa o indirecta de los hechos a que se refiere la parte motiva de este decreto, se hallare impedido para cumplir con sus respectivas labores seg�n certificaci�n expedida por la Caja Nacional de Previsi�n.

Art�culo 10. Imp�rtase la misma autorizaci�n se�alada en el art�culo anterior a la Procuradur�a General de la Naci�n, en lo referente a personal subalterno de las fiscal�as de los despachos judiciales all� mismo indicados.

Art�culo 11. Autor�zase al Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia para que, con cargo a la transferencia de recursos contemplados en el art�culo 21 de este decreto, pague los servicios personales correspondientes al personal supernumerario que se nombre en desarrollo de lo dispuesto en los art�culos anteriores.

Art�culo 12. Este decreto rige a partir de su fecha de su publicaci�n y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

El Ministro de Gobierno, Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ram�rez Ocampo; el Ministro de Justicia, Enrique Parejo Gonz�lez; el Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Hugo Palacios Mej�a; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Agricultura, Roberto Mej�a Caicedo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Carrillo Rojas; el Ministro de Salud, Rafael de Zubir�a G�mez; el Ministro de Desarrollo Econ�mico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energ�a, Iv�n Duque Escobar; el Ministro de Educaci�n Nacional, Liliam Su�rez Melo; el Ministro de Comunicaciones, Noem� San�n Posada; el Ministro de Obras P�blicas y Transporte, Rodolfo Segovia Salas.

El se�or Procurador General de la Naci�n se mostr� defensor de la constitucionalidad del Decreto n�mero 3273 de 1985, bas�ndose en los siguientes aspectos:

a) Que el Decreto cumple las exigencias del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, por ser el desarrollo del Decreto n�mero 1038 de 1984, que declar� turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio el territorio nacional;

b) Que el Decreto cumple las formalidades del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, por cuanto fue dictado por el Presidente de la Rep�blica, con la firma de todos los ministros del despacho;

c) Que existe conexidad entre los motivos que originaron la declaratoria de Estado de Sitio y los que motivaron el Decreto en revisi�n;

d) Que es constitucional la adici�n al presupuesto de rentas y recursos de capital para la vigencia de 1985, para cumplir el cometido de dotar de equipos para restablecer el servicio p�blico de administraci�n de justicia;

e) Que se cumpli� con el requisito que obliga a pedir certificaci�n de disponibilidad al Contralor General de la Rep�blica;

f) Que revisados uno a uno los art�culos del Decreto en menci�n, no advierte inconstitucionalidad alguna.

Corresponde a esta Corporaci�n, por mandato de la Constituci�n Nacional (art. 121), el estudio oficioso del Decreto n�mero 3273 de noviembre 9 de 1985, dictado con base en el Estado de Excepci�n.

De la lectura del mencionado decreto se establecen dos aspectos fundamentales que ameritan y exigen un cotejo frente a la Constituci�n:

a) Apertura de cr�ditos adicionales en el presupuesto de rentas y recursos de capital de la vigencia fiscal de 1985, con base en la ejecuci�n presupuestal del cr�dito extraordinario;

b) La alteraci�n o modificaci�n del r�gimen vigente en materia de celebraci�n, perfeccionamiento, validez y ejecuci�n de las contrataciones a realizar.

De acuerdo con el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, el gobierno adquiere competencia para adoptar, mediante decretos legislativos, todas aquellas medidas que considere pertinentes para conjurar la perturbaci�n y que por otra parte no est�n prohibidas expresamente por la Carta o no quebranten por otros aspectos normas o principios de la ley fundamental. De acuerdo con estos principios, la obtenci�n de recursos fiscales para atender las necesidades de orden p�blico puede hacerse por medio de los decretos legislativos del estado de legalidad marcial.

"El art�culo 213 de la Carta dice que el Poder Ejecutivo no podr� abrir los cr�ditos suplementales y extraordinarios de que trata el art�culo 212 de la Constituci�n, ni hacer translaciones dentro del presupuesto, sino en las condiciones y por los tr�mites que la Ley establece. Esta ley, que es la Org�nica del Presupuesto, y que en la actualidad se contiene en el Decreto extraordinario n�mero 294 de 1973, establece en los art�culos 101 y ss. las reglas a que debe someterse la apertura de un cr�dito adicional, tanto en tiempos normales, como dentro de la situaci�n de Estado de Sitio o de Emergencia Econ�mica, previstos estos �ltimos en los art�culos 121 y 122 de la Carta Pol�tica. En efecto, el art�culo 104 dispone que 'los cr�ditos adicionales destinados a pagar gastos ocasionados durante el Estado de Sitio o Estado de Emergencia Econ�mica, declarados por las causas previstas en los art�culos 121 y 122 de la Constituci�n Nacional, para los cuales no se hubiere incluido apropiaci�n en el presupuesto, ser�n abiertos conforme a las normas de los art�culos anteriores, o en la forma en que el Presidente de la Rep�blica y el Consejo de Ministros lo decidan'. Esto significa que en raz�n de las urgencias del orden p�blico, el gobierno no est� rigurosamente sometido a los procedimientos que se exigen dentro de la legalidad normal y que corresponde conjuntamente al Presidente de la Rep�blica y al Consejo de Ministros determinar el que debe seguirse para los cr�ditos adicionales. De otro lado el art�culo 105 del mismo Decreto, en concordancia con el transcrito, dispone que los cr�ditos adicionales destinados a pagar gastos ocasionados por calamidades p�blicas -y tanto la guerra exterior como la conmoci�n interna, generadoras del Estado de Sitio son si se quiere la m�s grave de ellas-, ser�n abiertos seg�n las normas previstas; y agrega que en el caso de que no hubiere recursos, para obtenerlos podr�n contracreditarse o aplazarse el uso de apropiaciones a�n indispensables, lo que pone de manifiesto que la necesidad de restablecer el orden priva sobre cualquier otra". (Corte Suprema de justicia. Sala Plena Sentencia de noviembre 25 de 1976. Ponente doctorGuillermo Gonz�lez Charry).

Esta jurisprudencia de la corte que se ha ratificado en innumerables ocasiones, es aplicable al decreto que ese revisa, tanto m�s cuando la conexidad de las materias que son objeto de sus disposiciones es clara y directa con la necesidad de restablecer el orden p�blico perturbado.

Ahora bien, como se dijo antes, la autorizaci�n de apertura de cr�ditos extraordinarios para pagar gastos ocasionados durante Estado de Sitio o Emergencia Econ�mica, se encuentra consagrada en el art�culo 104 del Decreto n�mero 294 de 28 de febrero de 1973, que fuera dictado por el Ejecutivo de entonces, en uso de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 17 de 1972.

Primero: La declaratoria de Estado de Sitio, requisito debidamente cumplido, pues el pa�s se encontraba en Estado de Sitio desde la vigencia del Decreto n�mero 1038 de 1984, sin que hasta la fecha en que se dict� el Decreto hubiera sido levantado y con base en esas facultades fue dictado el Decreto (3273) que motiva esta decisi�n.

Segundo: Que de acuerdo con el Decreto n�mero 294 de 1973, art�culo 108, es preciso la expedici�n por parte de la Contralor�a General de la Rep�blica, de la certificaci�n de disponibilidad que ampare la apertura del cr�dito. Como se puede deducir del Decreto materia de estudio, el se�or Contralor General de la Rep�blica expidi� el Certificado de Disponibilidad n�mero 53 de 28 de octubre de 1985 por un valor suficiente para cubrir la apertura del cr�dito adicional decretada por el Gobierno. Por ello, no se advierte inconstitucionalidad alguna en los art�culos 1� y 2� del Decreto en menci�n.

Respecto de la ejecuci�n presupuestal del cr�dito extraordinario el Decreto establece las asignaciones tanto para funcionamiento como construcci�n y dotaci�n de despachos judiciales, cubriendo el total del cr�dito extraordinario ya que el art�culo 104 del Decreto n�mero 294 de 1973, dej� a la discrecionalidad del Ejecutivo, la forma de utilizaci�n del mismo para conjurar la calamidad p�blica, quedando incorporados los dineros al presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia. Por ello, tampoco se advierte disconformidad con la Constituci�n en los art�culos 2� y 3� del Decreto en revisi�n.

Los art�culos 4�, 5� y 6�, son dedicados a la forma de procederse en la ejecuci�n del cr�dito extraordinario, cre�ndose una junta integrada por los Ministros de Justicia, Hacienda y el Secretario General de la Presidencia de la Rep�blica, o sus delegados, quienes tendr�n en sus manos la distribuci�n del cr�dito extraordinario. Se exonera dicha ejecuci�n presupuestal del control de obligaciones previsto en el Decreto n�mero 294 de 1973. As� mismo, la forma de pago de los acuerdos de gastos se har� a trav�s de la Direcci�n General de Tesorer�a. Por ello, no se advierte en su articulado inconstitucionalidad alguna.

El Estado de Excepci�n permite al Presidente de la Rep�blica, con la firma de todos los ministros, suspender las leyes que sean incompatibles con el Estado de Sitio. El Decreto en estudio, a fin de contrarrestar los efectos nocivos causados por la perturbaci�n, ha suspendido la reglamentaci�n del Decreto n�mero 222 de 1983, en materia de contrataci�n, pero para el caso �nicamente, lo cual es autorizado por la Constituci�n, seg�n fluye de sus propias normas y de la jurisprudencia en el art�culo 7� del Decreto.

Los art�culos 8�, 9�, 10 y 11 del Decreto en revisi�n, disponen la utilizaci�n del cr�dito extraordinario para el pago de la inhumaci�n de cad�veres de las personas fallecidas en los cruentos hechos del Palacio de justicia; lo mismo que autorizaciones para la vinculaci�n de personal supernumerario, a la Corte Suprema de justicia y al Consejo de Estado, a fin de atender las necesidades judiciales, lo mismo que al Procurador General de la Naci�n, para la vinculaci�n de personal subalterno de las Fiscal�as de los Despachos judiciales, todo lo cual, es desarrollo necesario para el restablecimiento del servicio de administraci�n de justicia, y de ah� que no se encuentren vicios de inconstitucionalidad en estos art�culos.

Por lo tanto, la conclusi�n no es otra que la de declarar la constitucionalidad del Decreto n�mero 3273 de noviembre nueve (9) de mil novecientos ochenta y cinco (1985), el cual se encuentra ajustado a lo reglado en el art�culo 121 y dem�s normas de la Constituci�n Pol�tica de Colombia.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de justicia, en -Sala Plena- y previo concepto de la Sala Constitucional.

Declarar CONSTITUCIONAL el Decreto-legislativo n�mero 3273 de 1985 (noviembre 9), "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento de un servicio p�blico".

Comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta judicial y arch�vese el expediente.

Luis Enrique Aldana Rozo, Vicepresidente; Hernando Baquero Borda, Rafael Baquero Herrera, Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Nemesio Camacho Rodr�guez, ,Jorge Carre�o Luengas, Guillermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez, Guillermo Duque Ruiz, Germ�n de Gamboa y Villate, Hernando G�mez Ot�lora, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart�nez Z��iga, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero Jorge Iv�n Palacio Palacio, Jaime Pinz�n L�pez, Edgar Saavedra Rojas, Hernando Tapias Rocha, Germ�n Vald�s S�nchez.