300Corte SupremaCorte Suprema300300154311947Jaime Sanín Greiffenstein198915/06/19891947_Jaime Sanín Greiffenstein_1989_15/06/198930015431ESTADO DE SITIO. CUERPO ESPECIAL ARMADO CONTRA LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE. Resumen. Se trata de mejorar el servicio público de seguridad conservándolo íntegramente dentro de su órbita constitucional tal como corresponde. Constitucional el Decreto 814 de 1989. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 29. 1989
Identificadores30030015432true89097Versión original30015432Identificadores

ESTADO DE SITIO. CUERPO ESPECIAL ARMADO CONTRA LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE.

Resumen. Se trata de mejorar el servicio público de seguridad conservándolo íntegramente dentro de su órbita constitucional tal como corresponde.

Constitucional el Decreto 814 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 29.

Referencia: Expediente 1947 (293-E).

Revisión Constitucional del Decreto número 814 del 19 de abril de 1989, "por el cual se crea el Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios, o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares".

Magistrado ponente: doctor Jaime Sanín Greiffenstein.

Aprobada por acta número 20.

Bogotá, D. E., junio quince (15) de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

I. ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría General de la Presidencia de la República, a fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, ha remitido a la Corte para revisión definitiva de su constitucionalidad, el Decreto Legislativo 814 de 19 de abril de 1989 "por el cual se crea el Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada equivocadamente denominados paramilitares".

Para efectos de la intervención ciudadana, se ordenó la fijación en lista por el término de tres días, sin que durante dicho lapso se hubiera recibido escrito alguno que impugne o defienda la constitucionalidad de las normas sometidas a revisión.

Cumplidos los demás trámites ordenados por el Decreto 432 de 1969 se procede a decidir.

II. DECRETO SOMETIDO A REVISIÓN

El texto del decreto que se revisa es el siguiente:

«DECRETO NUMERO 814 DE 1989

(abril 19)

"Por el cual se crea el Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares".

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1038 de 1984, declaró turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional;

Que la declaratoria de estado de sitio obedeció, entre otras razones, a la acción de grupos armados que atentan contra la paz pública y pretenden desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas;

Que entre los grupos armados que subvierten el orden público existen diversas modalidades criminales, entre ellas la de los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denomina-dos paramilitares, cuya acción se ha intensificado por su conocida dependencia o vinculación con los agentes del narcotráfico atentando gravemente contra la seguridad ciudadana y creando un ambiente de incertidumbre y zozobra;

Que la alteración del orden público que han generado estos grupos criminales es de tal magnitud que para su restablecimiento se hace necesario acudir a procedimientos y organismos que permitan aunar esfuerzos con el fin de conjurar las acciones perturbadoras de la paz nacional;

Que para este efecto se hace indispensable crear un Cuerpo Armado Especial para combatir dichos grupos,

DECRETA:

Artículo 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, créase un Cuerpo Especial Armado encargado de cumplir misiones de orden público contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares, integrado hasta por mil efectivos armados, tomados del personal activo de Policía Nacional

Artículo 2o. Los efectivos especialmente calificados que integrarán el Cuerpo Especial Armado, serán escogidos por el Director de la Policía Nacional.

Parágrafo. Los integrantes de este Cuerpo Especial operarán con los elementos que les han sido destinados para el desempeño de sus funciones ordinarias.

La dotación adicional que se considere necesaria para el cumplimiento de los objetivos de este decreto, podrá ser adquirida en la forma prevista en las disposiciones vigentes y conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1314 de 1988.

Artículo 3o. El Cuerpo Especial Armado tendrá la función de combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares y realizar los demás operativos necesarios para erradicarlos e impedir sus actividades.

Las funciones atribuidas a este Cuerpo Especial, no excluyen el desarrollo de aquellas similares que corresponden a los cuerpos armados y de inteligencia permanentes del Estado.

Artículo 4o. Las Fuerzas Militares darán en forma prioritaria la asistencia requerida para el cumplimiento de lo preceptuado en este decreto.

Artículo 5o. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, así como los demás organismos de inteligencia, a través de sus respectivas centrales, prestarán toda la colaboración que en la materia de investigación se requiera, para el desempeño de las funciones atribuidas en este decreto al Cuerpo Especial Armado.

Artículo 6o. El Cuerpo Especial Armado estará bajo el mando del Director General de la Policía Nacional, quien para efectos de dirigir sus acciones contará con la asesoría de la Comisión creada por el Decreto 813 de 1989.

Artículo 7o. El Gobierno Nacional hará las operaciones presupuestales que sean necesarias para el cumplimiento de este decreto.

Artículo 8o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 19 de abril de 1989.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, Raúl Orejuela Bueno; el Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes; el Ministro de justicia, Guillermo Plazas Alcid, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Luis Fernando Alarcón Mantilla; el Ministro de Defensa Nacional, General Manuel Jaime Guerrero Paz; el Ministro de Agricultura, Gabriel Rosas Vega; la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Teresa Forero de Saade; el Ministro de Minas y Energía, Oscar Mejía Vallejo; el Ministro de Educación Nacional, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Salud, Manuel Francisco Becerra Barney; el Ministro de Comunicaciones, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Desarrollo Económico, Carlos Lemos Simmonds, la Ministra de Obras Públicas y Transporte, Luz Priscila Ceballos Ordoñez».

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Antes de cualquier análisis al decreto que se examina, introduce el Procurador su concepto (enviado en oficio número 1437 de 23 de mayo) haciendo extensas disquisiciones primero sobre su competencia para intervenir en los procesos de control automático, y luego acerca de la figura del estado de sitio, su historia, alcances y restricciones.

Respecto al primer punto, concluye "que su intervención en los procesos de control automático es 'necesaria e imprescindible' y está ordenada por la Carta Fundamental en el artículo 214".

En lo que al estudio de la institución del estado de sitio se refiere, reitera lo expresado en la vista fiscal que rindió con ocasión de la revisión constitucional del Decreto 815 de 1989, en donde trató sobre la naturaleza del estado de sitio como medida excepcional, el alcance de los controles judicial y político, las facultades que adquiere el Gobierno en estado de sitio, las restricciones que la Constitución establece para esos períodos excepcionales y el carácter que hoy tiene ese instituto.

Se aceptó por la vista fiscal que el Decreto 814 de 1989 armoniza en sus formalidades con lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Nacional y que "reúne los elementos necesarios de conexidad para su viabilidad".

Al efectuar el examen material de las normas que se revisan señaló el Procurador que "el Presidente de la República, sin desbordar las facultades que le entrega el artículo 121 de la Carta en tiempos de no paz, adoptó tales medidas tratando de mejorar el servicio público de seguridad y siguiendo los parámetros del artículo 63ibidem, con lo cual no solo creó el Cuerpo Especial, sino que le señaló las funciones que debe cumplir para mantener el sistema democrático".

Los artículos 4° y 5° del decreto en estudio, según el parecer fiscal, no contravienen la Constitución, "ya que si el mismo artículo 53 consagra la separación de los poderes, pero a la vez su colaboración armónica en la realización de los fines del Estado, con mayor razón, los organismos que la integran deben trabajar armónicamente y en colaboración para cumplir las tareas que le señalan la Constitución y las leyes".

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.Competencia. Deriva la Corte su competencia para proferir el presente fallo del artículo 214 de la Constitución Nacional en concordancia con el parágrafo del artículo 121 ibidem, a cuyo tenor tiene la obligación de pronunciarse definitivamente sobre la exequibilidad de los decretos que, como el 814 de 1989, se expidan con invocación del estado de sitio.

2.Formalidades del decreto que se revisa

El Decreto Legislativo 814 de 1989 lleva la firma del Presidente de la República y la de todos los ministros del despacho, acatando así lo dispuesto por el artículo 121 de la Carta Política. Además, su vocación de transitoriedad se deriva de lo dispuesto en sus artículos 1° y 8°, pues en el 1° condiciona su vigencia a la duración del estado de sitio declarado por el Decreto 1038 de 1984, y en el 8° se limita a suspender las disposiciones que le sean contrarias.

3.Conexidad

Ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación que los decretos expedidos por el Presidente de la República al amparo del artículo 121 de la Constitución Nacional requieren para su validez constitucional que las disposiciones que en ellos se adopten tengan relación de conexidad con las causas de perturbación del orden público que dieron origen a la instauración del estado de sitio o que hacen necesario mantenerlo.

Siendo así, se procederá a transcribir algunas de las causas que fundamentaron la declaratoria de estado de sitio contenidas en el Decreto 1038 de 1984:

"Que en diversos lugares del país han venido operando reiteradamente grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes.

"…………

Que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en economía nacional;

Que recientemente ocurrieron actos terroristas en las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, causantes de la destrucción de numerosos vehículos de transporte;

"…………

Que en general, hechos de violencia provocados por las circunstancias antes mencionadas han ocasionado sensibles bajas del personal de las Fuerzas Militares y de la Policía, lo mismo que víctimas en la población civil;

Que se hace necesario ante la gravedad de la situación, adoptar las medidas de excepción contempladas en el artículo 121 de la Constitución Política".

Ahora bien, para adoptar las medidas que se revisan, tuvo en cuenta el Gobierno, entre otras cosas, la bien conocida existencia de grupos armados que atentan contra la paz pública y desestabilizar las instituciones legítimamente constituidas. En consideración a ello, crea y organiza un Cuerpo Especial integrado hasta por mil efectivos armados, especialmente calificados y adiestrados para los siguientes fines: combatir los escuadrones de la muerte, sicariatos, grupos de autodefensa o de justicia privada o paramilitares, y para realizar todas las demás operaciones de orden público necesarias para erradicar e impedir las actividades de dichos grupos. Este organismo quedará adscrito a la comandancia responsable de la Policía Nacional y estará asesorado por una Comisión Especial diseñada en el Decreto 813 de 1989.

Sin duda, este mecanismo del Gobierno para desbaratar las bandas de sicarios o grupos de autodefensa que tanto daño hacen al país, y ya que, según lo expresado en sentencia de 25 de mayo con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz "el grupo de autodefensa no tiene respaldo en la reglamentación legal ni es organizado por la autoridad pública" es un mecanismo necesariamente vinculado con el logro de los fines de restauración del orden y por lo tanto guarda la indispensable correlación con las causas de perturbación del orden público en que apoyó el Gobierno su declaratoria de estado de sitio, y que reiteradamente atentan de manera grave contra la paz ciudadana y la estabilidad y ejercicio de la autoridad pública.

4.Contenido del decreto

El Decreto 814 ordena en sus primeros artículos la creación de un Cuerpo Especial Armado, conformado hasta por mil hombres especialmente calificados, escogidos por el Director de la Policía Nacional, quien a su turno los dirigirá. Se le asignan a este organismo las siguientes funciones de orden público, las cuales no excluyen el desarrollo de las ordinarias que le corresponden a la cuerpos armados y de inteligencia permanente del Estado: combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, o paramilitares (artículos 1, 2 y 3).

Se organiza así el Cuerpo Especial Armado, con personal tomado de la misma Policía Nacional, se le otorgan funciones; todo, dentro del marco de sus facultades, ya que se trata de mejorar el servicio público de seguridad conservándolo íntegramente dentro de su órbita constitucional tal corno corresponde.

Además, conforme anotó el jefe del ministerio público "la Constitución defiere en la ley, la organización de la Policía Nacional, artículo 167, y por tanto el Gobierno Nacional, puede legislar sobre dicha materia en forma excepcional, por cuanto no existe prohibición dentro del ordenamiento superior".

En desarrollo de esa misma facultad y en aras de otorgarle a ese Cuerpo Especial todos los medios suficientes para cumplir su misión ineludible, dispone el parágrafo del artículo 2° que sus integrantes operarán con los elementos que les han sido destinados para el desempeño de sus funciones ordinarias y en caso de necesitar una dotación especial, podrá adquirirse en la forma prevista en el Decreto 1314 de 1988. Este decreto fue hallado constitucional por sentencia número 85 de 1988 y en él se establece un régimen de contratación sencillo y ágil para la adquisición de material de guerra o reservado, y en general para el aprovisionamiento de las Fuerzas Militares y la Policía.

Esta disposición en nada viola la Carta pues es una medida operativa indispensable para los fines propuestos en el decreto.

Se dispone, así mismo como medidas igualmente instrumentales, que las Fuerzas Militares prestarán en forma prioritaria la ayuda y asistencia necesarias para el logro de los fines propuestos en el decreto, y el DAS junto con los demás organismos de inteligencia, colaborarán en todas las investigaciones que sea del caso realizar.

Dentro del criterio de colaboración armónica de todas las ramas del poder público (artículo 55 Constitución Nacional) y más aún de la que debe existir entre partes de una misma institución, se ubica esta medida que corresponde a los artículos 4° y 5° del decreto que se examina, y que no viola canon constitucional alguno, pues es obvio que la labor que se persigue necesita el concurso del Ejército en general y de todos los organismos de seguridad nacional.

Según el artículo 6° del decreto, el Cuerpo Especial Aneado estará bajo el mando del Director General de la Policía Nacional, quien para efectos de dirigir sus acciones contará con la asesoría de la Comisión creada por el Decreto Legislativo 813 de 1989.

Esta comisión especial, de corte operativo, servirá de soporte a la acción coercitiva que ejerza el Cuerpo Especial, así como de órgano de colaboración, asesoría y coordinación. Se añade, pues una regulación más que encaja dentro de las facultades legislativas de excepción y que como ya se dijo guardan conexidad con los motivos de turbación del orden público y son constitucionales. Es bueno anotar que el Decreto 813 de 1989 -que crea esa Comisión- fue declarado exequible mediante sentencia número 28 de junio 15 de 1989.

Los artículos 7° y 8° contienen previsiones que en nada contrarían la Carta, pues en el uno se prevé lo relacionado con las operaciones presupuestales que sean necesarias para los fines del decreto y en el otro - 8°- se dispone que el decreto rige a partir de su publicación, lo cual se adecua a la legislación ordinaria en torno a la vigencia de la ley; y suspende a la vez las disposiciones que le sean contrarias, lo que se ajusta al artículo 121 de la Constitución en cuanto a la suspensión de las leyes incompatibles con el estado de sitio.

DECISIÓN

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de justicia, en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR CONSTITUCIONAL el Decreto 814 de 19 de abril de 1989 "por el cual se crea el Cuerpo Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Fabio Morón Díaz, Presidente; Hernán Guillermo Aldana Duque, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Alberto Ospina Botero, Dídimo Paéz Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Martínez, Ramón Zúñiga Valverde.

Luis Mera Benavides

Secretario.