300Corte SupremaCorte Suprema30030015405860Jorge Vélez García.198115/06/1981860_Jorge Vélez García._1981_15/06/198130015405EXTINCIÓN DEL PLAZO PRO TEMPORE EN LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Exequibilidad del Decreto-ley número 181 de 1981 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., junio 15 de 1981. Magistrado ponente: doctor Jorge Vélez García. Aprobado por Acta número 59 de junio 15 de 1981. 1981
Edgard Castro Díazdemanda de inconstitucionalidad del Decreto 181 de 1981, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"Identificadores30030015406true89070Versión original30015406Identificadores

Norma demandada:  demanda de inconstitucionalidad del Decreto 181 de 1981, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal"


EXTINCIÓN DEL PLAZO PRO TEMPORE EN LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Exequibilidad del Decreto-ley número 181 de 1981

Corte Suprema de Justicia

Sala Constitucional

Bogotá, D. E., junio 15 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Jorge Vélez García.

Aprobado por Acta número 59 de junio 15 de 1981.

REF.: Expediente número 860. Norma demanda­da; Decreto 181 de 1981, "por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal". Actor: Edgard Castro Díaz.

El ciudadano Edgard Castro Díaz, mediante memorial presentado a esta Corporación el 25 de febrero del año en curso, ha promovido "ac­ción pública de inexistencia contra el Decreto 181 del 29 de enero de 1981 por medio del cual se expidió el nuevo Código de Procedimiento Penal". El meollo del ataque radica en que el Decreto acusado habría sido expedido por el Go­bierno cuando ya estaba vencido el plazoprotempore de las facultades extraordinarias. Ad­mitida que fue la anterior demanda, y oído elparecer del Procurador General de la Nación, hallegado el momento de decidirla, a lo cual pro­cede la Sala Constitucional de la Corte previaslas siguientes consideraciones:

I

Prenotandos de viabilidad formal y sustancial de la acción

1. Como acaba de observarse, el actor explíci­tamente ejerce "la acción pública de inexisten­cia" contra el acto acusado ante la Sala Consti­tucional de la Corte, para que ésta cumpla su función de control constitucional; pero como el control que la Corte debe ejercer, según la Cons­titución, sólo puede concluir en la declaratoria de constitucionalidad o no de actos (leyes o decretos), que, ante todo, se reputan jurídicamente existentes, el problema prioritario que hay que resolver en el presente caso es si la Sala Consti­tucional tiene competencia para decidir un asun­to en el cual lo que se demanda no es ya la decla­ratoria de inconstitucionalidad de un acto (al que para atribuírsele tal achaque debe, por lomenos, suponérsele existente), sino la inexisten­cia misma de dicho acto.

No cabe duda de que, conforme al enfoque an­terior, que tanto se aproxima al puro tratamiento ontológico de la cuestión, esta última debería re­solverse negativamente; debería, por ende, con­cluirse en que una imputación de valor constitu­cional -que es la que debe hacer la Corte en los procesos de control de exequibilidad- no es pre­dicable de lo inexistente, porque lo inexistente es la nada, y de la nada nada <sic> puede afirmarse ninegarse.

2. Empero, un enfoque puramente jurídico, curado del extravío a que, paradójicamente, con­duce en este caso la apreciación ontológica, des­emboca en un resultado contrario, y, por tanto, lleva a admitir la solución positiva de la cuestión analizada. Pues enfrentando el problema no des­de el punto de vista existencial de la ley o del decreto que son la sujeta materia del enjuicia­miento de exequibilidad, sino desde el instrumen­to o medio jurídico para promover ese juicio, o sea de la acción, los resultados son completamentedistintos. En efecto, hay que admitir que la ac­ción pública de inexequibilidad tomada como el poder jurídico que asiste a cualquier ciudadano para hacer valer la pretensión de que una ley odecreto, por ser constitucional, debe declararseinexequible, no podría ser tan menguada que ex­cluyera de su espectro fáctico los casos de inexis­tencia de la ley o decreto, anonadamiento que no puede proceder en este caso sino de una grave violación de la Constitución, por la sedicente ley o por el fantasmagórico decreto. Imaginémonos a aquella expedida por un grupo de individuos que sin serlo se autodenominan Congreso, y este por un particular que se dice Jefe del Estado y tenemos el botón de muestra, aunque demasiado burdo en una gama de actos inexistentes, por inconstitucionalidad radical, en cuya configura­ción, casi ilimitada, la imaginación tendría para derrochar mucho tiempo.

En síntesis: que dentro del género de la acción pública de inexequibilidad eventualmente puede caer la especie de la inexistencia misma del acto, es una posibilidad fáctica que no se remite a du­da; pero además, que una vez configurada tal inexistencia puede alegarse entre la serie de he­chos que, sirven de causa petendi a una acción pública de inconstitucionalidad, es algo que no puede prestarse a discusión.

3. En suma: la teoría de la inexistencia de los actos, según la cual estos no son tal cosa, pero ni siquiera han ostentado nunca el atributo prima­rio de la existencia jurídica, por significar un burdo adefesio contra el ordenamiento jurídico mismo, bien sea debido a haberse gestado por fuera de las competencias legítimas; y formales del Estado, o por adolecer de aquellos elementos primigenios y sustanciales congénitos a la raíz misma de su esencia jurídica, es una teoría que también puede jugar en el proceso de control de exequibilidad. Sin embargo, como antes se ha explicado, la inexistencia de una ley o de un de­creto aducida para combatir la constitucionalidad de estos, no es propiamente "una acción", sino que es uno de los motivos o causas que pue­den apuntalar o respaldar la pretensión de que la ley o el decreto demandados sean declarados inexequibles.

La alegada inexistencia no es acción por sí misma; sólo puede ser causa petendi de la acción pública de inexequibilidad.

Por tanto, la Sala Constitucional de la Corte encuentra que en el caso sub judice, interpre­tando debidamente la demanda, si bien el actor ha pretendido atribuirle el carácter de acción au­tónoma a la aducida inexistencia del acto, lo que realmente acaece (como acaecería en cualesquie­ra procesos de inexequibilidad en que se alegase acto inexistente), es que se está ejerciendo la ac­ción pública de inconstitucionalidad contra el Decreto 181 de 1981, aduciendo como causa la inexistencia de éste.

En el anterior sentido, o sea en el de que se está ejerciendo la acción debida, que es la acción pública de inconstitucionalidad consagrada por el ordenamiento, la demanda por tal aspecto amerita su examen.

4. Sin que sea menester intentar grandes esfuerzos mentales, prima facie aparece la razón por la cual el demandante se valió de la figura de la inexistencia, en lugar de emplear como cargo imputable al Decreto reprochado el vicio corriente de inconstitucionalidad o inexequibilidad. Salta a la vista que obedece al hecho de que el Decreto 181, aunque promulgado el 29 de enero de 1981, apenas entra en vigencia el 29 de enero de 1982 (artículo 545 ibídem), con lo cual (supone el actor) podría ocurrir que la demanda por inexequibilidad fuera repelida debido a que en el momento de su presentación, el Decreto aún no estaba en vigencia; en cambio el letal achaque de inexistencia (imagina el actor) reclama una declaratoria más contundente y radical para cu­yo pronunciamiento no es valedero el óbice apuntado de la no vigencia actual del Decreto.

Como ya se ha visto, la sutileza es inocua si se considera que la acción promovida es la única posible en este caso, o sea la de inconstitucionali­dad, y que la alegada inexistencia del Decreto no es más que el hecho erigido como la causa de pedir su declaratoria de inexequibilidad. En re­sumen: la Sala Constitucional de la Corte estima que por hallarse ante una demanda de inexequi­bilidad de un decreto-ley, tiene competencia para conocer y decidir el asunto sub examine con fun­damento en la regla 4ª del artículo 214 de la Constitución Nacional.

II

Sinopsis de la demanda

5. En forma sintética el fundamento de la de­manda se hace consistir en que por medio de la Ley 6ª de 1979, el Congreso otorgó facultades por dos años al Presidente de la República para expedir el nuevo Código de Procedimiento Penal. La ley de facultades dispuso que el término de los dos años se contaría a partir de su promul­gación, la cual se produjo mediante su inserción en el "Diario Oficial'' número 35188 del 29 de enero de 1979, "y por lo tanto - argumenta el actor- el Gobierno Nacional tenía plazo para expedir el nuevo Código de Procedimiento Penal hasta la medianoche del día 28 de enero de 1981". Empero, dicho Código fue espedido mediante el Decreto 181 del 29 de enero de 1981, o sea que según asevera el demandante "se dictó el primer día del tercer año a partir del día 29 de enero de 1979, es decir, fuera de tiempo".

6. En apoyo de su pretensión, el actor distin­gue entre lo que significa sanción y promulgación de la ley; y, entre otras normas, transcribe como aplicable para una solución positiva de la inexequibilidad impetrada, el artículo 59 del Código de - Régimen Político y Municipal, que prescribe: ''Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día, el espacio de vein­ticuatro horas....''.

7. Después de la presentación de la demanda, el actor elevó un memorial adicional con el cual acompañó el ''Diario Oficial" número 35453 del 8 de febrero de 1980, y la copia de un concepto de la Corte Electoral sobre el término del año previo de inhabilidad de los funcionarios para ser elegidos miembros del Congreso. En aquella publicación aparecen insertos los Decretos 141 y 172 de 25 y 28 de enero de 1980, respectiva­mente, por los cuales se enmiendan algunos erro­res del nuevo Código Penal, entre cuyos consi­derandos, a guisa de justificación del uso de las facultades extraordinarias dentro el lapso pro tempore, figura la siguiente manifestación:'' Que la mencionada Ley 5ª fue publicada en el 'Dia­rio Oficial'' número 35188 del 29 de enero de 1979 y, en consecuencia, el término de las facul­tades vencen (sic) el 28 de enero del ano en curso".

Por otra parte, el artículo 27 del Acto legisla­tivo número 1 de 1979, según el cual los funcio­narios allí mencionados no podrán ser elegidos miembros del Congreso "sino un año después de haber cesado en el ejercicio de sus funciones", es interpretado por la Corte Electoral, mediante el concepto antedicho, en el sentido de que el día mismo de las elecciones no puede incluirse en el cómputo de ese año previo de cesación de fun­ciones. V. gr.: si las elecciones de Congreso van a efectuarse el 14 de marzo de 1982, el año de inhabilidad debe por lo menos haber concluido el día 13 de marzo de 1982, anterior al del certa­men electoral.

III

El concepto del Procurador

8. La Procuraduría General de la Nación con­creta sus puntos de vista en dos rubros princi­pales cuyo compendio es este:

a) La acción por inexistencia del acto carece en Colombia de consagración legal; empero, in­terpretando con amplitud el querer del actor, ha de estimarse que se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 181 de 1981, y

b) Como este Decreto sólo entra en vigencia el 29 de enero de 1982, "es preciso concluir que la demanda de inconstitucionalidad contra la norma en cuestión, fue presentada antes de que ésta tuviera existencia jurídica, antes de que estuviera rigiendo, es decir, fue extemporánea por anticipación, puesto que, conforme con su ar­tículo 545, sólo entrará en vigencia un año des­pués de su expedición, hecho que tuvo ocurrencia el 29 de enero de 1981".

El dictamen del Procurador refuerza esta úl­tima posición --que desde antes ha sido la de su Despacho- con la invocación de la sentencia de la Sala Plena de la Corte, proferida el 27 de noviembre de 1980 (Expediente número 872), por la cual la Corporación se declara inhibida para emitir fallo de fondo sobre una de las demandas contra el Acto legislativo número 1 de 1919, por haber sido elevada antes de que éste entrara en vigor. En efecto, la demanda referida fue presentada el 4 de diciembre de 1979, en tanto que el susodicho Acto legislativo sólo em­pezó a regir a partir de su promulgación (según lo preceptuado por su artículo 65), la que ape­nas vino a hacerse por su inserción en el "Diario Oficial" número 35416 del 20 de diciembre de 1979.

IV

Impugnación de la demanda

9. Con el objeto de que representara al Mi­nisterio de Justicia y se opusiera a las pretensio­nes del demandante, el Ministro del ramo le otor­gó poder al abogado Jorge Edgardo González Vidales, quien dice obrar tanto en representación del poderdante como personalmente, en su cali­dad de ciudadano colombiano. La Corte le reco­noce aptitud para actuar en esta última condi­ción dentro del presente proceso, de conformidad con lo prescrito por el artículo 215, regla 1ª de la Constitución.

El escrito de impugnación formula dos clases de reparos, a saber:

a) El de que la acción de inconstitucionalidad versa sobre actos existentes, que precisamente por el hecho de existir pueden vulnerar la constitución, luego al demandar la declaratoria de inexistencia el libelo "no sólo contiene un absur­do jurídico sino que va contra los principios fundamentales de nuestro derecho público", y

b) El de que si el término para el uso de las facultades era de dos años a partir de la promulgación de la Ley 6ª de 1979, y tal promul­gación se produjo el 29 de enero del mencionado año de 1979, dicho término se extendió hasta el 29 de enero de 1981 a las doce de la noche. Por consiguiente, habiendo sido expedido en esta última fecha el Decreto 181, éste nació a la vida jurídica dentro del pro tempore. El impugnador observa que si la Corte mantiene su criterio de que sólo puede pronunciarse de fondo respecto de actos acusados que están en vigencia, el presente proceso daría lugar a una sentencia inhi­bitoria, pues el Decreto 181, que es el acto acu­sado, apenas entrará a regir a partir del 29 de enero de 1982.

V

Consideraciones de la Corte

a) Análisis sobre la oportunidad o no para unadecisión de fondo.

10. Como prolegómeno inexcusable, la Corte estima que es necesario examinar anteladamente el punto relativo a si en la oportunidad actual es procedente el proferimiento de una decisión de fondo, o si, por el contrario, dada la suspensión de la vigencia del Decreto cuestionado, en este momento (y mientras subsista la no vigen­cia) apenas cabe emitir proveimiento inhibitorio.

Esto último es lo que sostiene el Procurador (véase número 8, b de este texto), y lo que, como se ha visto, determinó el ingenioso rumbo de la petición del actor que en vez de la inexequibilidad del acto decidió impetrar la declaratoria de su inexistencia (véase número 4 ibídem). Tantola opinión de la Procuraduría como el imagina­tivo giro que el demandante le imprime a la ac­ción están parapetados sobre el supuesto (ex­preso en aquél y sagazmente velado en éste) de que la no vigencia actual del Decreto controver­tido induce a la Corte a una declaratoria de inhibición, por cuanto la decisión de mérito úni­camente cabe, según jurisprudencia de este Cor­poración que el Ministerio Público invoca, res­pecto de actos vigentes.

Ya se vio atrás (número 3), cómo la viabilidad de la demanda radica en el hecho de que la ac­ción realmente ejercitada es la de inconstitucionalidad, así venga soslayada por la pretendida inexistencia del acto censurado, pretexto que noes más que la causa petendi. Por eso aquélla ame­rita examen. Ahora se trata de analizar si dada la no observancia actual del acto demandado, es este el momento de decidir de fondo, o si mien­tras el acto no esté vigente se impone rematar el asunto mediante una decisión inhibitoria.

b) La no observancia del acto no contraría suplena validez.

11. Por regla general es incuestionable la tesis de que una ley o un decreto (de los sometidos al control de exequibilidad de la Corte), sólo es­tán a punto y son susceptibles de ser revisados mediante el ejercicio de la acción pública de laconstitucionalidad cuando ostenten enteramenteel carácter de tales; es decir, cuando, a posteriori de haberse llenado a plenitud los procedimientos y cumplido debidamente las formalida­des propias de su formación y perfeccionamiento jurídico, han llegado a constituir parte del or­denamiento. Así, la ley apenas puede reputarse como tal cosa una vez perfeccionada su forma­ción, momento en el cual adquiere la aptitud o estado de exigir observancia. Esto es, cuando des­pués de padecer los debates constitucionales, ha­ber recibido la aprobación de ambas Cámarasy haber sido sancionada por el Gobierno, entra a regir bien sea desde su sanción si así lo ha dis­puesto el legislador, o desde el momento en que éste ordene, o después de transcurrido el plazo legal subsiguiente a su promulgación. Las formas establecidas para la expedición de los decretos También deben haberse cumplido plenamente pa­va que surja su validez normativa, y, en consecuencia, como actos que se presumen formalmente perfectos, sean susceptibles de padecer el control de exequibilidad mediante el correspon­diente proceso adelantado ante la Corte.

12. Al examinar la más reciente y conspicua jurisprudencia de la Corte sobre el tema anali­zado, representada, por las sentencias de criterio sustancialmente uniforme (emitidas el 6 y el 27 de noviembre, y el 4 de diciembre de 1980, conponencias de los doctores Antonio de Irisarri Restrepo, Ricardo Medina Moyano y Darío Vallejo Jaramillo, el segundo Magistrado y los dos restantes conjueces de la Corte), se advierte có­mo las demandas contra el Acto legislativo núme­ro 1 de 1971) desembocaron en un desenlace inhi­bitorio no simplemente porque al presentarse aquéllas el Acto demandado no estuviera vigente sino porque en tal momento la no vigencia, se confundía con la invalidez misma del Acto, pues éste apenas estaba en proceso de perfecciona­miento ya que no había sido promulgado, y la promulgación era (según el mandato de su ar­tículo 65), conditio sine qua non para su plena validez. No se trataba, por tanto, de que el Acto hubiera empezado a regir y en el momento de la demanda estuviera suspendida su observancia, sino que carecía absolutamente de vigencia por­que aún no había empezado a regir. Las siguien­tes excertas confirman esta opinión:

"…Dentro de la amplia gama de mecanismos de control constitucional consagrados por el constituyente, solamente se prevé la existencia de un mecanismo preventivo, esto es la objeción de inconstitucionalidad, según las voces del ar­tículo 90 de la Constitución. Aceptar que una norma pueda ser demandada antes de su vigen­cia sería tanto como crear, por vía jurisprudencial un nuevo mecanismo de control preventivo'' (Expediente número 782, Magistrado ponente: doctor Ricardo Medina Moyano).

"…la demanda de inconstitucionalidad a que se refiere este juicio, fue presentada el 5 de di­ciembre de 1979, ya sancionado el Acto legisla-uro número 1 de 1979 pero no promulgado. Fue una demanda, por anticipada, extemporánea..." (Expediente número 783, ponente: Conjuez Da­río Vallejo Jaramillo).

"Tiénese, entonces, que si el Acto legislativo número 1 de 1979, comenzó a regir tan sólo a partir del 20 de diciembre de 1979, la demanda que se estudia (incoada el 6 de diciembre) fue presentada antes de que el Acto que ella acusa naciera, jurídicamente hablando, para el ordena­miento positivo colombiano" (Expediente núme­ro 784, ponente: Conjuez Antonio de Irisarri Restrepo).

13. Está, pues, jurisprudencialmente definida la situación neta de que si la no vigencia obe­dece a que el acto no se ha terminado de formar o de perfeccionar (v, gr.: un proyecto de ley, tina ley no sancionada, un decreto sin las correspondientes firmas, etc.), su confrontación de es­tabilidad constitucional se hace imposible, y lademanda que en esa prematura eventualidad sepresente sólo puede ocasionar un proveimiento de inhibición por parte de la Corte. La razón es obvia: la Corte no puede examinar la "validez" de una norma que todavía "no vale", por ha­llarse apenas en vía de formación o perfecciona­miento, y que, por ello, aun no forma parte, como regla con validez absoluta, del repertorio de nor­mas en pleno vigor que integran el acervo del ordenamiento.

En cambio la situación que surge es notoria­mente distinta de la anterior, cuando el acto es completo y perfecto, pero por razones de oportu­nidad el legislador ordinario o extraordinario ha aplazado o suspendido su observancia. En este caso el acto se reputa jurídicamente perfecto por­que los trámites de su formación se han comple­tado satisfactoriamente, y, en tal virtud, se ha incorporado con validez plena al ordenamiento jurídico, formando parte integrante del derecho positivo actual, es decir, del conjunto de reglasjurídicas con plena legitimidad y validez en elpresente. El hecho de que se halle interrumpida, su aplicación ciertamente le resta eficacia transitoria, pero en nada afecta su plena validez.Aunque esté en suspenso temporalmente la exigencia de su observancia práctica, dicha normaposee todas las notas que configuran el derecho válido y que le confieren vigor pleno a las reglas positivas del ordenamiento.

14. La Corte estima que la segunda de las si­tuaciones es sustancialmente distinta de la pri­mera, y que, en consecuencia, la jurisprudencia antes examinada y que es aplicable a la ausencia de validez de un acto que carece de vigencia por que no ha entrado a regir, no puede cobijar a un acto válido, jurídicamente perfecto, que ya ha entrado a regir, pero cuya observancia ha sidotemporalmente aplazada o suspendida por razo­nes de oportunidad.

El acto plenamente válido, aunque de eficacia pospuesta, es susceptible de control constitucio­nal, porque ya está formando parte integrante del ordenamiento. Tal es el caso del Decreto 181 de 1981, cuya observancia fue aplazada hasta el 29 de enero de 1982, lo cual, según el anterior razonamiento, no obsta para que desde ahora se examine a fondo la demanda que lo acusa de in-constitucionalidad por la ya expresada causa de "inexistencia", pero concretamente por la pre­sunta, extemporaneidad en que incurre el Go­bierno en su expedición. Por tanto, la Corte pro­cede al examen y resolución de mérito de la demanda.

e) La normatividad legal, fuente hermenéu­tica de los lapsos temporales.

15. Sería ilusorio imaginar que la Constitu­ción, compendio máximo del ordenamiento jurí­dico y catálogo de los principios fundamentales que rigen la existencia del Estado y sus fines esenciales, pudiera abarcar en su breve normatividad todos los detalles y contemplar todas las situaciones que puedan surgir en la vida de la comunidad. Tal imposibilidad explica, en parte, la necesidad de las leyes y los reglamentos; pero, especialmente, justifica que muchas situaciones no previstas por la Constitución deban resolverse conforme con la normatividad legislativa y re­glamentaria. Esto, inclusive, cuando la materia cuestionada pertenece a la órbita exclusivamente constitucional, como ocurre en este caso. El an­terior expediente es perfectamente correcto: no en vano se ha admitido que el ordenamiento ju­rídico es, ante todo, una estructura congruente por la naturaleza de piezas armónicas que, parangonadas unas con otras, ostentan todas sus re­glas.

Así, pues, como la Constitución natura]mente no previo los intríngulis cronológicos que impli­ca el lapso pro tempore durante el cual el Presi­dente debe hacer uso de las facultades extraordi­narias con que lo ha investido el Congreso, hay que echar mano de la legislación ordinaria que precisamente traza los confines iniciales y termi­nales de todo tramo temporal. Tanto el Código Civil como el de Régimen Político y Municipal entran aquí a desempeñar su papel esclarecedor en la hermenéutica delimitadora de los lapsos temporales, fijando con precisión cuándo empie­zan y cuándo terminan los plazos de días, meses y años, mencionados por la ley, sistema de eva­luación cronológica que, por lo antes dicho, tam­bién debe aplicarse al término pro tempore de que trata la Constitución.

d) El cómputo de plazos y el concepto de pro­mulgación consumada según la ley.

16. Recapitulando se tiene que la Ley 6ª de 1979 dispuso que las facultades extraordinarias se conferían "por el término de dos años, conta­dos a partir de la promulgación de la presente ley"; que la promulgación se efectuó por la in­serción de dicha ley en el "Diario Oficial" nú­mero 35188 del 29 de enero de 1979; y que el Decreto 181 fue expedido por el Gobierno Nacio­nal el 29 de enero de 1981.

Frente a la precedente relación de fechas, la Corte estima que el Decreto 181 de 1981 se ex­pidió en el último día del término de dos años contados a partir de la promulgación de la ley de facultades, y, en consecuencia, nació a la vida jurídica dentro del plazo pro tempore fijado por ésta.

La precedente conclusión se deriva de los si­guientes fundamentos jurídicos:

a) El artículo 67 del Código Civil, cuyo pri­mer inciso fue subrogado por el artículo 59 del Código de Régimen Político y Municipal ordena en su parte pertinente:

"Artículo 67. Subrogado el primer inciso (Có­digo de Régimen Político y Municipal, artículo 59). Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que ter­minan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los de calendario común, por día el espacio de veinticuatro horas; pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal.

El primero y el último día de un plazo de meses o años deberán tener el mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días v el plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero de di­chos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes..."

A simple vista se advierte que si el primero v el último día de un plazo de meses o años deben tener el mismo número en los respectivos meses, el 29 de enero de 1979 y el 29 de enero de 1981 eran el primero y el último día, respectivamente", del plazo de dos años que transcurre entre tales fechas; y si se tiene en cuenta que el plazo ter­mina a la medianoche del último día del mismo, se concluye sin mayor esfuerzo que el Gobierno Nacional estaba facultado para expedir el De­creto en cuestión hasta las 12 de la noche del mencionado día 29 de enero de 1981. Luego, ha­biendo sido dictado el Decreto 181 en esta últi­ma fecha, su expedición se produjo dentro del plazo pro tempore de las facultades extraordina­rias y el cargo debe rechazarse.

b) Un enfoque todavía más riguroso del tema analizado permite llegar a una conclusión análo­ga, aunque más amplia. Al tratar de esclarecer la coyuntura temporal constituida por los mo­mentos contiguos del perfeccionamiento de la promulgación y del comienzo de la observancia de la norma, resulta apropiado valerse del inciso final del artículo 52 del Código de Régimen Po­lítico y Municipal, que a la letra prescribe:

"La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inser­ción".

La expresión consumada, participio del verbo consumar (que conforme al Diccionario de la Real Academia, viene del latín "consummare'" de "cum" con y "summa" suma, total, y quiere decir llevar a cabo de todo en todo una cosa), envuelve la idea de que la promulgación se lleva a cabo totalmente, se completa, se perfecciona en la fecha del día de su inserción en el "Diario Oficial"; pero como por día se entiende el espa­cio de veinticuatro horas, la fecha del día va hasta la hora vigésimocuarta, o sea hasta la me­dianoche del mismo, luego sólo en este momento se entiende consumada la promulgación. Por tanto, cuando la ley dispone que un plazo corre a partir de la promulgación de la ley, debe entenderse que empieza a correr desde el momento inmediatamente siguiente a aquél en que se consuma la promulgación, o sea en el primer instante del día siguiente al de la fecha en que se hace la promulgación, es decir, en que la ley se inserta o se termina de insertar en el "Diario Ofi­cial"'.

Aplicando lo anterior al caso presente se tiene: como la promulgación se consumó el 29 de enero de 1979 a las doce de la noche, el plazo de dos años de las facultades extraordinarias sólo empezó a correr en el primer momento del día 30 de enero de 1979, luego el 29 de enero de 1981, cuando se expidió el Decreto 181, todavía no se había agotado el bienio del pro tempore, y por tanto resulta inocuo el cargo de que dicho acto se hubiere espedido después de vencido el término de las facultades extraordinarias.

e) Acotación final a los argumentos adiciona­les de la demanda.

17. En memorial adicional del cual ya se hizo mención (véase número 7), el actor reclama, en abono de su tesis, que se tengan en cuenta los considerandos de los Decretos 141 y 172 de 1980, en los cuales el Gobierno manifiesta que por ha­berse promulgado el 29 de enero de 1979 la Ley 5ª de dicho año, el término de un año para ejer­cer las facultades que ella confiere vencía el 28 de enero de 1980. Allega así mismo un concepto de la Corte Electoral sobre la no inclusión del día de elecciones en el año previo de la cesación en el ejercicio del cargo que la Constitución en su artículo 108 les exige a ciertos exfuncionarios aspirantes al Congreso.

En cuanto a lo primero, o sea a los consideran­dos glosados, cabe observar lo siguiente: el aserto de que si la promulgación se realizó el 29 de ene­ro de 1979 el vencimiento del término anual se producía el 28 de enero de 1980, es una crasa equivocación del Ejecutivo, que precisamente por ser un error manifiesto la Corte no puede tener en cuenta ni mucho menos admitir. Los argumentos que se han aducido en el literal d) eximen a la Corporación de otras lucubraciones sobre el tema.

Además, el erróneo aserto no puede tomarse como interpretación de la ley "con autoridad" (artículo 25 del Código Civil), ya que, según puede colegirse de la Ley 5ª de 1979, el Gobierno carecía de precisas facultades para interpretar "con autoridad", o sea por vía general, las leyes que regulan la materia concerniente a plazos, tér­minos o lapsos cronológicos.

En cuanto al concepto de la Corte Electoral lo único que cabe anotar es que, referido a una ma­teria completamente distinta de la que aquí se examina, con la cual sólo tiene en común el ele­mento "término" o "plazo", favorece sin em­bargo la solución de esta providencia, pues des­taca y relieva el contraste que existe entre dos situaciones completamente distintas: hacer una cosa dentro de un plazo, o hacerlo después del plazo.

Como resultado de lo anterior, la Corte no en­cuentra que el Decreto-ley número 181 de 1981 haya quebrantado la Constitución por La expedi­ción fuera de término que alega la demanda. Es­te fallo se contrae únicamente a la decisión de exequibilidad del Decreto 181 de 1981, en cuanto éste fue expedido dentro del término fijado por la ley de facultades. La demanda adujo su extemporaneidad como cargo único, y omitió for­mular otros cargos de forma o de fondo en que haya podido incurrir el Decreto cuestionado.

VI

decisión

En mérito de lo expuesto, oído el dictamen del Procurador General de la Nación, la Corte Su­prema de Justicia -Sala Constitucional-

Declara:

El Decreto-ley número 181 de 1981 fue expe­dido dentro del término previsto por la Ley 6ª de 1979, y, en consecuencia, es exequible por tal concepto.

Notifíquese, comuníquese a los Ministros de .Gobierno y Justicia, insértese en la Gaceta Ju­dicial y archívese el expediente.

Jorge Vélez Gama

Presidente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos Medellín Forero, Gonzalo Vargas Rubiano (Conjuez), Humberto Mesa González, Osear Sa­lazar Chaves (con salvamento de voto), Luis Sar­miento Buitrago (Conjuez).

Luis F. Serrano A.

Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

El Congreso otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el nuevo Código de Procedimiento Penal.

Estas facultades fueron otorgadas por medio de la Ley 6ª de 1979, por el término de dos años, "contados a partir de la promulgación de la pre­sente Ley", hecho que tuvo ocurrencia el 29 de enero de 1979 cuando se insertó en el "Diario Oficial" número 35188.

El Gobierno Nacional, en uso de las facultades aludidas, dictó el Decreto 181 del 29 de enero de 1981, por medio del cual expidió el Código deProcedimiento Penal.

Estima la Sala en el fallo que puso término a la demanda instaurada por el ciudadano Edgar Castro Díaz que "cuando se expidió el Decreto 181, todavía no se había agotado el bienio del pro tempore y por tanto resulta inocuo el cargo de que dicho acto se hubiera expedido después de vencido el término de las facultades extraor­dinarias".

Respetuosamente disiento de la conclusión a que se llegó, por las siguientes razones:

Repetidamente se ha dicho por la Corte que la ley de facultades debe señalar con precisión tanto la materia objeto de aquéllas como el tiem­po de ejercicio y, que el Presidente debe ceñirse a estos dos términos, pues, en caso contrario, se configura un exceso en dicho ejercicio, con la consecuencia forzosa de hacer inexequible la nor­ma respectiva. De acuerdo con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución el elemento tem­poralidad hace referencia a un lapso cierto, sin que al efecto sean posibles imprecisiones que des­virtuarán la intención del legislador.

El artículo 57 del Código de Régimen Político y Municipal expresa con claridad:

"Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día, del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común...''.

Cuando el Código Civil (artículo 67) se re­fiere a plazos de un año, alude a los de 365 ó 366 días, según el caso, refiriéndose, en el último evento, a los años bisiestos.

Así las cosas, es absolutamente claro que cuan­do se señala un término de un año, éste vence a la medianoche del último día del plazo. Así, el año que se inicia el 1º de enero termina el 31 de diciembre y no el 1º de enero del año siguien­te, conclusión a la que se llega de acuerdo con los considerandos del fallo a que me refiero.

En el caso concreto es evidente que unas fa­cultades que se otorgaron a partir del 29 de ene­ro de 1979, fecha de la promulgación de la Ley 6ª, por tener precisado su tiempo de ejercicio a dos años, vencieron el 28 de enero de 1981, esto es a la medianoche del último día del plazo, como lo indica el Código de Régimen Político y Municipal con una claridad que no da margen a duda alguna. Cuando en la providencia se dice que el Gobierno estaba facultado para "expedir el Decreto en cuestión hasta las 12 de la noche del mencionado día 29 de enero de 1981" está dándole a la norma legal una interpretación que escapa aun al sentido común.

Hay un hecho cierto que se consigna en el fallo: el Gobierno Nacional en los considerandos de los Decretos 141 y 172 de 1980 afirma que el término de los dos años para ejercer las facul­tades que le fueron conferidas vencía el 28 de enero de 1981 por haberse promulgado aquella el 29 de enero de 1979. La Sala califica esto como una ''crasa equivocación del Ejecutivo", cuando la verdad es otra: el Gobierno Nacional incurrió en exceso al expedir el Decreto 181 el 29 de enero de 1981 porque el término de las facultades que se le habían otorgado ya había expirado y no se equivocó cuando hizo., en los considerandos de los Decretos 141 y 172 la aseveración de que ellas vencían el 28 de enero de 1981, esto es, a la medianoche. como con claridad lo expresa, repito una vez más el Código de Régimen Político y Municipal.

La Sala, afirmando que a través de un enfoque más riguroso se puede llegar a una conclusión análoga a la que consiguió en el fallo del cual disiento, trata de esclarecer el tema por medio de otra motivación: la promulgación y sus efectos, con cita del artículo 52 del Código de RégimenPolítico y Municipal y concluye:

"... como la promulgación se consumó el 29 de enero de 1979 a las 12 de la noche, el plazo de dos años de las facultades extraordinarias sólo empezó a correr en el primer momento del día 30 de enero de 1979, luego el 29 de enero de 1981, cuando se expidió el Decreto 181, todavía no se había agotado el bienio delpro tempore y por tanto resulta inocuo el cargo de que dicho acto se hubiera expedido después de vencido el tér­mino de las facultades extraordinarias".

Tampoco comparto este punto de vista. Pri­mero porque con este nuevo argumento la Sala ya extiende un día más el término de las facul­tades presidenciales: para el primer caso que analizó, vencían el 29 de enero de 1981: en este segundo evento ya vencerían el 30. Y no puede ser lo uno o lo otro; las facultades, por mandato de la Constitución y por interpretación reiterada de la Corte han de ser, en cuanto al tiempo de ejercicio, de una precisión tal que no sean susceptibles de interpretaciones vacilantes como aquí ha ocurrido. En segando lugar el argumento relacionado con la promulgación no es convincente porque la que exigen la Constitución y la ley tiene por objeto informar a los particulares o a terceros de la expedición del acto. Pero en tra­tándose de los órganos del Estado la nueva ley bien puede regir sin necesidad de la promulgación y si ésta se ha surtido como en el caso de la Ley 6ª de 1979,el Gobierno podía de inmediato partir del 29 de enero de 1979 cuando se insertó en el ''Diario Oficial", ejercitar las facultades extraordinarias, sin esperar "al primer momento del día 30 de enero de 1979" como se afirma enel fallo del cual discrepo.

Todo lo anterior me lleva a concluir que el Decreto 181 de 1981 es inexequible por cuanto fue dictado después de expirado el término de ejercicio de las facultades extraordinarias de que fue investido el Presidente de la República por medio de la Ley 6ª de 1979.

Pecha ut supra.

Magistrado de la Sala Constitucional

Oscar Salazar Chaves