300Corte SupremaCorte Suprema300300150971421Jairo E. Duque Pérez.198615/04/19861421_Jairo E. Duque Pérez._1986_15/04/198630015097COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DEL EJECUTIVO DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE SITIO. REDISTRIBUCION DE COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS DE EXTORSION, SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS HECHOS PUNIBLES RELACIONADOS CON EL NARCOTRAFICO. Constitucional el Decreto número 3811 de 1985. Corte Suprema dé Justicia Sala Plena Sentencia número 22. 1986
Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 3811 de 1985 "por el cual se dictan medidas sobre competencia en materia penal".Identificadores30030015098true88670Versión original30015098Identificadores

Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 3811 de 1985 "por el cual se dictan medidas sobre competencia en materia penal".


COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES DEL EJECUTIVO DERIVADAS DE LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE SITIO. REDISTRIBUCION DE COMPETENCIAS PARA LA INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO DE LOS DELITOS DE EXTORSION, SECUESTRO EXTORSIVO Y OTROS HECHOS PUNIBLES RELACIONADOS CON EL NARCOTRAFICO.

Constitucional el Decreto número 3811 de 1985.

Corte Suprema dé Justicia

Sala Plena

Sentencia número 22.

Referencia: Expediente número 1421 (205-E). Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 3811 de 1985 "por el cual se dictan medidas sobre competencia en materia penal".

Magistrado Ponente: doctor Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada por acta número 35 de abril quince (15) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

I. ANTECEDENTES

En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Política, el Secretario General de la Presidencia de la República, remitió el Decreto número 3811 de 26 de diciembre de 1985, para el conocimiento y decisión de su constitucionalidad.

II. TEXTO DEL DECRETO

El siguiente, es el texto del Decreto:

"DECRETO NUMERO 3811 DE 1985

(diciembre 26)

"Por el cual se dictan medidas sobre competencia en materia penal.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984, y

"Que por Decreto número 2829 de 21 de noviembre de 1984, se asignó la competencia para investigar y fallar, exclusivamente, los delitos de secuestro extorsivo y extorsión previstos en los artículos 268 y 355 del Código Penal y los conexos con ellos, a treinta (30) de los jueces de Instrucción Criminal radicados en algunos de los Distritos judiciales del país;

"Que por Decreto número 1806 de 2 de julio de 1985, se autorizó la designación de quince (15) Jueces Especializados de los creados en la Ley 2ª de 1984, los cuales ya fueron designados por los Distritos judiciales respectivos;

"Que el Gobierno Nacional dictó el Decreto número 2689 de 19 de septiembre de 1985, por medio del cual retornó la competencia sobre el conocimiento a que se refiere el Estatuto Nacional de Estupefacientes a la justicia penal ordinaria, correspondiéndole su investigación a los jueces de Instrucción Criminal;

"Que el Gobierno Nacional, estima conveniente reforzar el número de jueces de Instrucción Criminal, en aquellos lugares en donde es mayor la incidencia delictual;

"DECRETA:

"Artículo 1° Suspender la competencia exclusiva para investigar y fallar los delitos de secuestro extorsivo y extorsión previstos en los artículos 268 y 355 del Código Penal y los conexos con ellos; que le fue asignada por Decreto número 2829 de noviembre de 1984 a los siguientes jueces de Instrucción Criminal Radicados, quienes reanudarán su competencia ordinaria: 71 y 80 del Distrito Judicial de Bogotá; 21 del Distrito Judicial de Barranquilla; Y del Distrito Judicial de Pereira; 1° y 20 del Distrito Judicial de Neiva; 7° del Distrito Judicial de Montería, y 1° del Distrito Judicial de Quibdó.

"Artículo 2° Los procesos de los cuales estén conociendo los jueces a que se refiere el artículo anterior, serán repartidos en el estado en que se encuentren, en coordinación con la respectiva Dirección Seccional de Instrucción Criminal, conforme lo dispone el Decreto número 1807 de 2 de julio de 1985, en sus artículos 2° y 3°.

"Artículo 3° De las conductas a que se refiere el artículo 38, inciso 1°, del Decreto número 1188 de 1974, cuando correspondan a cantidades que no excedan de doscientos (200) gramos, conocerán los jueces Penales Municipales. Se investigarán y juzgarán por el procedimiento breve y sumario previsto en el artículo 4° y siguientes de la Ley 2ª de 1984. El fallo deberá consultarse siempre con el superior cuando no fuere apelado.

"Parágrafo. La disposición consagrada en el artículo anterior, se aplicará únicamente en relación con los hechos cometidos a partir de la vigencia del presente Decreto. Los procesos iniciados antes de la vigencia de este Decreto, se continuarán investigando por los jueces de Instrucción Criminal y su fallo corresponderá a los jueces de Circuito, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 4° Los fiscales cuya designación fue autorizada por Decreto número 1913 de 1985, intervendrán, por el sistema de reparto, en los procesos de conocimiento de los jueces de que tratan los Decretos números 2829 de 1984 y 1806 de 1985.

"Artículo 5° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica el artículo 1° del Decreto número 2829 de 1984, el Artículo 1° del Decreto número 1807 de 1985, adiciona el artículo 48 del Decreto número 1188 de 1974 y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

"Publíquese, comuníquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 26 de diciembre de 1985.

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Gobierno, Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo; el Ministro de justicia, Enrique Parejo González; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hugo Palacios Mejía; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Salud, Rafael de Zubiría Gómez; el Ministro de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Segovia Salas; el Ministro de Agricultura, Roberto Mejía Caicedo; el Ministro de Desarrollo Económico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar; el Ministro de Educación Nacional, Liliam Suárez Melo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Carrillo Rojas".

III. LA INTERVENCIÓN CIUDADANA

De acuerdo con las constancias de la Secretaría General de la Corte, el término de fijación en lista transcurrió "en silencio", esto es, sin que ningún ciudadano acudiera a defender o a impugnar el Decreto que se revisa.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR

En concepto número 1009 de marzo 4 de 1986, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte que declare exequible el Decreto número 3811 de 1985.

La petición del Jefe del Ministerio Público se sustenta esencialmente en lo siguiente:

"...las medidas adoptadas en el Decreto que se examina, tienen evidente relación con los motivos que justificaron la implantación del Estado de Sitio y se orientan, de modo inequívoco, al restablecimiento del orden público, pues se propende básicamente por llevar a los lugares de mayor incidencia criminal la acción de la justicia, de modo más amplio y eficaz, y, asegurar así, el cumplimiento de los objetivos de prevención y represión de los comportamientos antisociales, especialmente aquellos que entrañan violación al Estatuto Nacional de Estupefacientes. Esta previsión armoniza con el precepto del artículo 119, numeral 2° de la Carta Política, que consagra uno de los deberes fundamentales del Presidente de la República, y que es fundamento de la estructura y naturaleza del Estado de Derecho que rige aun bajo el imperio del régimen de excepción".

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Corte es competente para decidir definitivamente sobre la constitucionalidad del Decreto número 3811 de 1985, por haber sido expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución y en desarrollo del Decreto número 1038 de 1984 que declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional.

Formalmente, el Decreto que se revisa cumple las exigencias previstas en los incisos 2° y 3° del artículo 121 de la Constitución Nacional, vale decir, aparece expedido por el Presidente, lleva la firma de todos sus ministros y sólo suspende las disposiciones que le sean contrarias.

En desarrollo de los considerandos, se dispuso "suspender la competencia exclusiva para investigar y fallar los delitos de secuestro extorsivo y extorsión... " que le fue asignada por Decreto número 2829 de noviembre de 1984 "...a una serie de jueces de diferentes Distritos judiciales del País". Así mismo se dispuso que dichos jueces reanudarían su competencia ordinaria.

Con respecto a los procesos de los cuales estuvieran conociendo los Jueces de Instrucción Criminal, a los cuales se les suspendió la competencia exclusiva se estableció que serían repartidos "en el estado en que se encuentren", en coordinación con las respectivas Seccionales de Instrucción Criminal conforme lo dispone el Decreto número 1807 de 2 de julio de 1985.

Adicionalmente, se consagró respecto de las conductas de consumo de drogas que "cuando correspondan cantidades que no excedan de doscientos (200) gramos, conocerán los Jueces Penales Municipales". Agregándose que dichas conductas se investigarán y juzgarán por el procedimiento breve y sumario establecido en la Ley 2ª de 1984 y que la consulta del fallo debe ser obligatoria cuando no se interponga apelación contra el mismo.

Con relación a los procesos que se venían adelantando se determina que las normas especiales consagradas en el Decreto número 3811 de 1985 examinado, solamente se aplicarán "en relación con los hechos cometidos a partir de la vigencia del presente Decreto" y que los iniciados antes de entrar en vigor "se continuarán investigando por los jueces de Instrucción Criminal y su fallo corresponderá a los Jueces del Circuito, conforme a las disposiciones del C. de P. P.".

Finalmente, el artículo 4° regula la intervención de los fiscales designados mediante el Decreto número 1913 de 1985, en los procesos de conocimiento de los jueces de que tratan los Decretos números 2829 de 1984 y 1806 de 1985.

La Corte al examinar la motivación y contenido del Decreto número 3811 de 1985 encuentra que prevé modificaciones a disposiciones anteriormente expedidas por el Gobierno Nacional en virtud de las competencias constitucionales del Ejecutivo derivadas en la declaratoria del Estado de Sitio, dispuesto por el Decreto número 1038 de 1984. Por lo demás, el Decreto examinado se fundamenta también en las facultades que deriva el Ejecutivo del estado de excepción.

Del texto del Decreto bajo examen se colige que la finalidad esencial es la de que mediante urca adecuada redistribución de competencias para la investigación y conocimiento de los delitos de extorsión, secuestro extorsivo y otros hechos punibles relacionados con el narcotráfico, se pueda lograr la mayor eficiencia posible en la administración de justicia.

El territorio nacional fue declarado en Estado de Sitio y perturbación del orden público desde mayo 1° de 1984; entre los motivos que fueron invocados por el Gobierno para tal declaración, figuran las diferentes actuaciones de grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional "mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma entre los habitantes" y, la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico que perturban gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, "con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la seguridad públicas y en la economía nacional".

El Gobierno Nacional en el mismo decretó de declaratoria de Estado de Sitio advierte que ha utilizado para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales los medios de que lo inviste la legislación ordinaria, sin que hayan bastado para recobrar la normalidad; así las cosas y sin perder de vista la finalidad ya expresada del Decreto que la Corte estudia, se advierte que existe relación de conexidad entre sus disposiciones y las motivaciones invocadas por el Ejecutivo para expedir el Decreto de Estado de Sitio, en el cual se fundamenta.

De igual manera es evidente que por su finalidad las medidas que se estudian tienden a la búsqueda del restablecimiento del orden público mediante la mejor operatividad del aparato estatal encargado de la represión y sanción de los delitos que se han considerado como componentes y generadores del estado de alarma social determinante de la declaratoria del régimen de excepción.

Es conveniente para completar el análisis de conexidad de las normas que se examinan, teniendo en cuenta que ellas modifican lo dispuesto en el Decreto número 2829 de 1984 también expedido en desarrollo del Estado de Sitio declarado por el Decreto número 1038 de 1984, traer a colasión el pensamiento de la Corte al respecto, expresado en la sentencia proferida dentro del proceso de revisión constitucional del citado Decreto número 2929. Dijo en esa oportunidad la Corte y ahora lo reitera:

"El Decreto número 2829 contiene los siguientes cuatro considerandos específicos: que por Decreto número 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional; que sobre el país se ha desatado y acrecentado peligrosamente una ola de secuestros y extorsiones, con mayor frecuencia y especialmente en las zonas más afectadas por los problemas de orden públicos, lo cual resulta 'agravante' de las condiciones que determinan el Estado de Sitio; 'que por la Ley 2ª de 1984 se crearon 200 cargos de jueces Especializados con el propósito de que conocieran de esos delitos, jueces que hasta ahora no han podido operar por razones de orden presupuestal', y que mientras comienzan a funcionar los juzgados Especializados es indispensable tomar medidas que hagan eficaz la administración de la justicia contra las normas delictivas mencionadas.

"Las motivaciones que preceden denotan claros rasgos de causales sobrevinientes invocadas por el Gobierno con respecto a las inicialmente expresadas como justificativas del Estado de Sitio declarado en todo el país. No obstante, la propia Corporación ya tiene admitido que la omisión por parte del Ejecutivo, como en este caso, de la consulta previa al Consejo de Estado sobre la extensión causal del Estado de Sitio, daría lugar a la inexequibilidad sólo en dos casos: cuando aquél se extiende de una parte del territorio a otra más amplia o al resto, sea por las mismas o por otras razones o cuando las nuevas causas señaladas no son agravantes y concurrentes y concomitantes respecto de las anteriores descritas por el Gobierno.

"Habría entonces lugar a declarar inexequibles los decretos legislativos de Estado de Sitio cuyas razones sobrevinientes invocadas sean constitutivas de las que inicialmente dieron motivo para declarar el estado de excepción, porque frente a la Carta se exige que dichas causales sobrevinientes deben ser 'agravantes' y 'concomitantes' con respecto a las anteriores (fallo de octubre 10 de 1979. Proceso No. 755-100-E), y 'concurrentes y conexas' con las que dieron motivo inicial a dicho estado (fallo de agosto 2 de 1984 proceso No. 1223-176-E. Sentencia No. 75), y no absolutamente nuevas; pero no cuando éstas tengan aquéllos caracteres, como en el caso que se examina.

"Obviamente, reitérase, dentro del mismo cuerpo de reflexión que aquí se hace, que al juez de constitucionalidad no le atañe verificar si las causales sobrevinientes aducidas por el Gobierno son ciertas o correspondientes a los hechos relacionados, ya que ésta es función de control político que apunta a la actuación del gobernante y no al acto, y que debe ejercer el Congreso y no la Corte, sino que a ésta sólo le compete verificar si existe conexidad entre las causales invocadas en el decreto originado y las normas que lo desarrollen, de una parte, y de la otra, entre aquéllas y las sobrevinientes en cuanto a su agravación, concomitancia y concurrencia.

"... Halla la Corporación que las razones indicadas en el Decreto número 2829 de 1984 que se juzga son concurrentes, concomitantes y agravantes y en tal medida conexas respecto de las iniciales señaladas en el decreto matriz número 1038 de 1984 con que se declaró el Estado de Sitio Nacional, y por lo mismo exequibles".

En forma adicional, la Corte observa que todas las disposiciones que conforman el Decreto en revisión son de carácter legislativo, es decir, que obedecen dentro de la pirámide kelseniana al segundo nivel de jerarquía normativa y por lo tanto de aquéllas que por previsión constitucional pueden ser adoptadas ordinariamente por la Rama Legislativa del Poder Público y extraordinaria o excepcionalmente por el Ejecutivo.

Reiteradamente la jurisprudencia de la Corte y la doctrina nacional han enseñado con respecto a las normas que pueden ser dictadas por el Presidente en ejercicio de sus funciones constitucionales derivadas del Estado de Sitio, que ellas tienen carácter legislativo, atemperado por la transitoriedad y condicionado por su relación de conexidad y finalidad con las circunstancias que lo determinan. Esto sin lugar a dudas, significa que el Presidente de la República puede legislar en desarrollo del Estado de Sitio, es decir, expedir normas que sin contrariar la Constitución puedan introducir modificaciones temporales, en el orden jurídico.

Nuestra Constitución defiere al legislador en la mayoría de los casos la atribución de competencias y su distribución entre los distintos jueces de la República. Sólo excepcionalmente determina directamente competencias especiales, en consecuencia, el Presidente de la República en ejercicio e su función legislativa transitoria y extraordinaria puede modificar aquellas competencias jurisdiccionales que son objeto de la ley dejando a salvo, claro está, las que directamente el propio constituyente ha establecido.

El Decreto en comento, ya se dijo, sólo contiene disposiciones que varían competencias jurisdiccionales de aquéllas que el legislador ordinario hubiera podido variar y ha variado por la Ley 30 de 1986, por lo tanto no incurre, por este concepto, en violación de la preceptiva constitucional.

Conforme al anterior análisis la Corte encuentra que el Decreto número 3811 de 1985 es compatible con la Constitución Nacional ya que, su origen, contenido y finalidad no contradicen lo dispuesto por la norma 121 de la Carta. Por su aspecto material tampoco infringe norma alguna de la Carta Fundamental.

VI. DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, y oído el Procurador General de la Nación DECLARA CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 3811 de 1985 "Por el cual se dictan medidas sobre competencia en materia penal".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Magistrado; Hernando Baquero Borda, Magistrado; Rafael Baquero Herrera, Magistrado; José A. Bonivento F., Magistrado; Nemesio Camacho Rodríguez, Magistrado; Jorge Carreño Luengas, Magistrado; Guillermo Dávila Muñoz, Magistrado; Manuel E. Daza Alvarez, Magistrado; Jairo E. Duque Pérez, Magistrado; Guillermo Duque Ruiz, Magistrado; Hernando Gómez Otálora, Magistrado; Héctor Gómez Uribe, Magistrado; Gustavo Gómez Velásquez, Magistrado; Juan Hernández Sáenz, Magistrado; Héctor Marín Naranjo, Magistrado; Lisandro Martínez Zúñiga, Magistrado; Fabio Morón Díaz, Magistrado; Alberto Ospina Botero, Magistrado; Jaime Pinzón López, Magistrado; Edgar Saavedra Rojas, Magistrado; Guillermo Salamanca Molano, Magistrado; Hernando Tapias Rocha, Magistrado; Germán Valdés Sánchez, Magistrado.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria