300Corte SupremaCorte Suprema300300150131026 (125E)Carlos Medellín Luis Carlos Sáchica Juan Hernández Sáenz198311/03/19831026 (125E)_Carlos Medellín Luis Carlos Sáchica Juan Hernández Sáenz_1983_11/03/198330015013Corporación: Corte Suprema de Justicia. Sala: Plena. 1983
Darío López OchoaEl Secretario Jurídico de la Presidencia de la República envió a la Corte copia auténtica del Decreto Legislativo 73 de 1983 para su revisión constitucional, en obedecimiento a lo estatuido en el parágrafo del artículo 122 de la Carta PolíticaIdentificadores30030015014true88586Versión original30015014Identificadores

Norma demandada:  El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República envió a la Corte copia auténtica del Decreto Legislativo 73 de 1983 para su revisión constitucional, en obedecimiento a lo estatuido en el parágrafo del artículo 122 de la Carta Política


Corporación: Corte Suprema de Justicia.

Sala: Plena.

Norma en Revisión Constitucional: Decreto Legislativo 73 de 1983.

Fecha: Marzo 11 de 1983.

Radicación: 1026 (125E)

Ponentes: Doctores Carlos Medellín; Luis Carlos Sáchica; Juan Hernández Sáenz. Solicitante: Secretaría General de la Presidencia.

Impugnante: Doctor Darío López Ochoa.

Providencia: Sentencia.

Proceso: Revisión Constitucional (Constitución Nacional, artículo 122).

Decisión: Declaró exequible el Decreto Legislativo 73 de 1983 ,"por el cual se dictan medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria".

Salvamentos de Voto: none Doctor Ricardo Medina Moyano.

none Doctores Gustavo Gómez V.; Humberto Murcia Ballén; Jorge Salcedo Segura.

none Doctores Manuel Gaona Cruz; Alfonso Reyes Echandía; Pedro Ellas Serrano Abadía.

none Fechas: none Marzo 11 de 1983.

none Marzo 17 de 1983.

none Marzo 11 de 1983.

«I. Antecedentes

El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República envió a la Corte copia auténtica del Decreto Legislativo 73 de 1983 para su revisión constitucional, en obedecimiento a lo estatuido en el parágrafo del artículo 122 de la Carta Política.

Iniciada la tramitación correspondiente, en su oportunidad el ciudadano Darío López Ochoa compareció a impugnar ese decreto por considerarlo totalmente contrario a la Constitución, tanto en su contenido general como específicamente en casi todos sus artículos, a los cuales les formula tachas pormenorizadas. Cree así que desconoce los artículos 76 ordinales 3, 4, 11, 13, 15 y 22; 120 ordinal 11; 122; 203; 206 a 208 y 210 de la Carta Fundamental.

A su vez, el Procurador General de la Nación conceptuó que el decreto en examen es constitucional.

Cumplida como está cabalmente la actuación previa, corresponde a la Corte decidir.

II. Texto del decreto

Dice así el decreto que se examina:

DECRETO 73 DE 1983

Por el cual se dictan medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 122 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 3742 de 1982,

DECRETA:

Artículo 1. En desarrollo de sus funciones en materia de administración del sistema. de cambios internacionales del país, el Banco de la República, mediante contrato con el Gobierno Nacional, continuará manejando la Cuenta Especial de Cambios como un mecanismo de regulación cambiaria y monetaria.

Artículo 2. Constituyen ingresos de la Cuenta Especial de Cambios, los siguientes:

a) Los derivados de las operaciones de compra y venta de divisas por parte del Banco de la República, calculados de acuerdo con la metodología que establezca la Junta Monetaria.

b) Los resultantes de la inversión y del manejo de las reservas internacionales.

c) Las utilidades por concepto de la acuñación de monedas de oro de curso legal de que trata el artículo 3 de la Ley 22 de 1968, cuando la ley no haya señalado una destinación específica.

Artículo 3. Constituyen egresos de la Cuenta Especial de Cambios, los siguientes:

a) Los derivados de las operaciones de compra y venta de divisas, calculados de acuerdo con la metodología que establezca la Junta Monetaria.

b) El monto del diferencial cambiario derivado del manejo de recursos financieros externo por parte del Banco de la República.

c), Los gastos por concepto de manejo de las reservas internacionales y, en general, aquéllos que sean resultado de operaciones de cambio exterior por parte del Banco de la República.

d) La remuneración que se contrate con el Banco de la República por concepto de administración de la Cuenta Especial de Cambios.

Artículo 4. Constituye utilidad de la Cuenta Especial de Cambios la diferencia positiva entre los ingresos y los egresos de que tratan los artículos 2 y 3 de este decreto.

Artículo 5. A partir de 1984, los recaudos por concepto de los impuestos "ad valórem" al café y complementario dé remesas, previstos por los artículos 226 del DecretononeLey 444 de 1967 y 130 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, respectivamente, lo mismo que los ingresos que lleguen a producirse de la aplicación del artículo 136 del decreto primeramente citado, constituirán un ingreso corriente de la Nación, el cual deberá incluirse en el presupuesto conforme a su ley orgánica.

Artículo 6. Créanse en el Banco de la República los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria, que operarán de conformidad con lo establecido en el presente decreto y en el contrato que para ese efecto se celebre entre el Banco de la República y el Gobierno Nacional.

Artículo 7. Son ingresos del Fondo de Inversiones Públicas:

a) La proporción de las utilidades de la Cuenta Especial de Cambios que la Junta Monetaria determine de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de este decreto;

b) Los intereses y la recuperación de cartera por los préstamos que realice; y

c) Los recursos adicionales que la ley o el Gobierno Nacional determinen.

Artículo 8. Los recursos del Fondo de Inversiones Públicas sólo podrán utilizarse para los siguientes fines:

a) Préstamos para financiación de los gastos de inversión del Presupuesto Nacional;

b) Préstamos a entidades públicas a través del Presupuesto Nacional, conforme lo previsto en el artículo 16 del Decreto Extraordinario 294 de 1973;

c) Pago anticipado de deuda pública externa de la Nación para su conversión en deuda pública interna.

Parágrafo. La Junta Monetaria determinará los intereses y plazos de los préstamos que conceda el Fondo de Inversiones Públicas, los cuales se harán siempre a través del Presupuesto Nacional.

Artículo 9. Establécese la siguiente destinación para las utilidades de la Cuenta Especial de Cambios:

a) Durante cada año, a partir de 1984, y mientras dure el contrato con el Banco de la República, la Junta Monetaria determinará, de conformidad con los objetivos de la política monetaria, el porcentaje máximo anual de las utilidades de la Cuenta Especial de Cambios que se trasladará al Fondo de Inversiones Públicas, sin que este porcentaje exceda del 75%de dichas utilidades; y

b) El saldo de las utilidades se mantendrá en el Banco de la República en el Fondo de Estabilización Cambiaría, cuyos recursos acumulados no podrán utilizarse sino para compensar las pérdidas que eventualmente produzca la Cuenta Especial de Cambios.

Parágrafo, Para el año 1983, esta norma sólo se aplicará al excedente de la utilidad de la Cuenta Especial de Cambios y de las rentas de que trata el artículo 5 de este decreto sobre lo aforado en la Ley 40 de 1982.

Artículo 10. Las pérdidas resultantes de¡ manejo de la Cuenta Especial de Cambios deberán cubrirse con los recursos provenientes de¡ Fondo de Estabilización Cambiaria de que trata el ordinal b) del artículo anterior.

En caso de que éstos sean insuficientes, el Banco de la República procederá a abrir un crédito a favor del Gobierno Nacional, equivalente al faltante. Las condiciones de dicho crédito serán determinadas por la Junta Monetaria y su cancelación se hará con apropiaciones del Presupuesto Nacional provenientes de ingresos ordinarios.

Artículo 11. El reavalúo contable de las reservas internacionales en ningún caso afectará la Cuenta Especial de Cambios, ni constituirá ingreso u obligación para el Presupuesto Nacional.

Artículo 12. El contrato para la administración de la Cuenta Especial de Cambios y los Fondos dé Inversiones Públicas y~ de Estabilización Cambiaria requerirá únicamente las firmas del Presidente de la República, del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Gerente General del Banco de la República y su duración será igual a la del contrato de emisión existente entre el Gobierno y el Banco de la República.

Artículo 13. En el contrato que celebre el Gobierno Nacional con el Banco de la República en desarrollo de este decreto, se determinará la forma de calcular los diversos ingresos y egresos previstos en los artículos 2 y 3.

Artículo 14. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 46 de 1971, a partir de la vigencia del presente decreto, el monto del Situado Fiscal no podrá ser inferior a la cuantía prevista en el Presupuesto Nacional del año fiscal de 1983.

Artículo 15. Este decreto deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 45 del DecretononeLey 444 de 1967 y rige desde la fecha de su promulgación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 13 de enero de 1983.

Fdo.:

Belisario Betancur; el Ministro de Gobierno, Rodrigo Escobar Navia; el Ministro de Relaciones Exteriores, Rodrigo Lloreda Caicedo; el Ministro de Justicia, Bernardo Gaitán Mahecha; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Edgar Gutiérrez Castro; el Ministro de Defensa' Nacional, General Fernando Landazábal Reyes; el Minístro de Agricultura, Roberto Junguito Bonnett; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jaime Pinzón López; el Ministro de Salud, Jorge García Gómez; el Ministro de Desarrollo Económico, Roberto Gerlein Echeverría; el Ministro de Minas y Energía, Carlos Martínez Simahan; el Ministro de Educación Nacional, Jaime Arias Ramírez; el Ministro de Comunicaciones, Bernardo Ramírez; el Ministro dé Obras Públicas y Transportes, José Fernando Isaza.

Es fiel copia tomada de su original.

María Angela Tavera, Subsecretaria General.

III. Estudio sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo 73 de 1983

Dentro de los motivos invocados en el Decreto Legislativo 3742 de 1982 para declarar el Estado de Emergencia Económica figura el de que la incorporación al presupuesto nacional de recursos con efectos altamente inflacionarios ha contribuido a agravar la emergencia fiscal y presupuestaria y a dificultar el manejo de la política monetaria. Como el Decreto Legislativo 73, que se examina, establece correctivos tendientes a eliminar aquella anomalía y sus consecuencias, fácil resulta establecer su nexo con los móviles de tal declaratoria y, de consiguiente, su constitucionalidad por ese aspecto.

Como, además, el decreto susodicho lleva las firmas del Presidente de la República y sus Ministros y fue expedido dentro del lapso de 50 días, previsto como duración del Estado, de Emergencia Económica, tampoco merece reparo en cuanto atañe a la forma y a la temporalidad.

Fue propósito del DecretononeLey 444 de 1967 independizar el manejo monetario dentro de la economía nacional de la suerte que tuviese el peso colombiano en el ámbito de los mercados internacionales. Para ello, implantó el régimen de control de cambios, que implica la administración exclusiva por parte del Estado de las reservas en moneda extranjera que tuviese el país y de los ingresos en la misma moneda, sea cual fuere la fuente de su obtención: actividad de los particulares o gestiones oficiales. Asimismo, la regulación de los egresos en dicha moneda le incumbe al Estado en todos sus aspectos.

El resultado de aquella administración se refleja en la llamada Cuenta Especial de Cambios que es, de esta manera, un instrumento de regulación cambiaria y de evaluación de nuestra moneda derivada de la suerte del país en los mercados internacionales, de nuestro comercio exterior y de la situación colombiana frente a las entidades de crédito foráneas.

De otra parte, la diferenciación entre las fases interna y externa de la economía no es caprichosa sino que obedece a realidades objetivas. El estado de la economía interna depende de la gestión oficial y del resultado que logre el trabajo nacional en la producción de bienes y servicios. La fase externa está subordinada, en cambio, a factores distintos: la situación en los mercados internacionales de las exportaciones colombianas, la actividad y el comportamiento de países distintos al nuestro en el ámbito de estos mercados y aun la repercusión exterior del estado de la economía interna de esos países.

Naturalmente, situaciones tan disímiles y autónomas entre sí exigen también tratamientos distintos para la una y la otra.

Sin embargo, hasta la expedición del Decreto Legislativo 73, que se revisa, se le había dado a las utilidades resultantes del manejo de la Cuenta Especial de Cambios el tratamiento puro y simple de un ingreso fiscal, aforable en el presupuesto de rentas de la Nación, siendo así que buena parte de los ingresos de dicha cuenta corresponde a la compra y venta de divisas por el Banco de la República, es decir al resultado de operaciones de cambio internacional y no de actividades desarrolladas dentro del ámbito de la economía nacional, tratamiento que lIevaba a emisiones monetarias que, por no corresponder a un aumento real y efectivo de la riqueza pública o privada dentro del campo nacional, traducido en incremento de la oferta de bienes y servicios, elevaban artificialmente el medio circulante, con las consecuencias inflacionarias que sufre la Nación.

Con esta apropiación presupuestaria interna del resultado de operaciones de cambio internacional se desvanecía el sano propósito del DecretononeLey 444 de independizar radicalmente el manejo monetario criollo de la fase correspondiente a los mercados externos.

Asimismo, por virtud de lo dispuesto en los artículos 226 del DecretononeLey 444 y 130 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, 22 puntos del 26% ad valórem, que grava las exportaciones de café y el total del impuesto del 120/0 sobre'e1 monto de las remesas o transferencias al exterior de rentas o de ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, ingresaban a la Cuenta Especial dé Cambios, a pesar de que constituían y constituyen un traspaso, de dinero del sector privado al público, a través del impuesto, siendo así que ese dinero lo han obtenido los gobernados mediante actividades efectivamente realizadas dentro del territorio, nacional. Se desvirtuaba así Una ve¡ más el móvil del DecretononeLey 444 de independizar la economía interna de 11 economía externa del país.

Mientras que el producto de aquellos impuestos es efectivamente una renta o un enriquecimiento del Fisco Nacional, como lo son todos los tributos, el, resultado favorable en numerario de las operaciones cambiarias indica apenas el debilitamiento del peso en el ámbito foráneo frente a monedas' más fuertes, pero no significa una bonanza pecuniaria fiscal que pueda calificarse como renta.

Y así como los impuestos, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución deben incluirse necesariamente en el aforo de las rentas, los ingresos cambiarios, por tener una fuente distinta, como quedó visto, deben tener otra destinación: servir de instrumento para adelantar una política en los mercados externos y para prevenir sus contingencias.

Este preámbulo explica cómo el Decreto Legislativo 73 de 1983 se ajusta, a los dictados constitucionales.

En efecto, al separar tajantemente de otros rubros los verdaderos ingresos y egresos de la Cuenta Especial de Cambios, derivándolos de las operaciones cambiarias y de comercio exterior (artículos 2 y 3) y disponer que esos otros factores los impuestos que gravan las exportaciones de café y las remesas al exterior, ingresen al presupuesto general de la Nación (artículo 5), cumple cabalmente los dictados constitucionales sobre cuestiones presupuestarias, ya que tales tributos son ingresos que Indudablemente le pertenecen a la Nación y, por ende, han de colacionarse dentro de su presupuesto de rentas.

El resultado de las operaciones de cambio internacional, que se traduce en el balance de la Cuenta Especial e Cambios, tiene naturaleza distinta al de una renta nacional aforable en su presupuesto. Su fuente son operaciones mercantiles de compra y venta de monedas extranjeras, cuyos precios dependen de las fluctuaciones del peso colombiano frente a aquellas monedas, es decir, de la cotización que corresponda a nuestro signo monetario al cambiarlo por aquellas monedas, y su saldo 'favorable no constituye un efectivo enriquecimiento del Fisco, o sea una renta, sino el resultado de una flaqueza paulatina del peso al establecerse su paridad con divisas más fuertes, que provienen de economías más sólidas que la nuestra.

El manejo de lo relativo al cambio y al comercio exterior le corresponde a la Junta Monetaria, conforme a la Ley 21 de 1963 y al Decreto-ley 2206 del mismo año. Su existencia y funcionamiento ya fueron declarados exequibles mediante fallos de la Corte Suprema, y por ende, el desarrollo de sus actividades en esos campos se acomoda a la ortodoxia constitucional. A su vez, la administración de las reservas e ingresos del país le corresponde al Banco de la República, como eje del sistema bancario y financiero del país y entidad central de emisión.

Bien pudo pues el Decreto Legislativo 73 darle una destinación al resultado en numerario de aquel debilitamiento del peso en el ámbito externo, que por su origen y causa no es un enriquecimiento o renta de la Nación presupuestable, organizando los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria (artículos 6 a 8), no como entes nuevos sino como simples rubros contables, nutriéndolos con las utilidades de la Cuenta Especial de Cambios en las proporciones que determine en cada caso la Junta Monetaria, sin que el ingreso al primero pueda sobrepasar el 75% de aquellas utilidades (artículo 9) y dejando su administración al cuidado del Banco de la República, mediante la celebración de contratos (artículos 12 y 13), con la prescripción adicional de que el simple reavalúo contable o nominal de las reservas internacionales no puede calificarse como ingreso o egreso efectivo de la Cuenta Especial de Cambios (artículo 11), desde luego que mientras no se hayan realizado transacciones reales en moneda extranjera no habrá beneficio de qué disponer ni pérdida qué sufrir.

Si, además, el manejo de los dichos Fondos no queda al talante del Banco de la República sino sujeto alas destinaciones específicas que para cada uno de ellos indica el Decreto 73, tampoco es predicable agravio a la Constitución por este aspecto.

Finalmente, observa la Corte que, cuando el, decreto alude a intervenciones futuras de la Junta Monetaria (v. gr., artículos 2 y 3, en sus ordinales a), a regulaciones posteriores de ella (parágrafo del artículo 8) o a estipulaciones de los contratos que ha de celebrar la Nación con el Banco de la República (artículo 13), tampoco se configuran autoprórrogas de las facultades conferidas al Presidente de la República por el artículo 122 de la Constitución más allá del lapso de duración del Estado de Emergencia Económica, lo cual quebrantaría tal precepto, sino que apenas se mencionan, para el ejercicio en casos específicos, algunas de las atribuciones que de antemano tiene aquella Junta, en virtud de sus estatutos orgánicos, y apenas se prevé; que dentro de las 'cláusulas contractuales se apliquen las directrice1 impuestas por textos del susodicho Decretá 73.

Tampoco es contrario a la Constitución que se le fije un tope mínimo al Situado Fiscal (artículo 14), desde luego que la penuria presupuestaria de municipios y departamentos fue uno de los móviles invocados por el Decreto Legislativo 3742 de 1982 para declarar el Estado de Emergencia Económica, y aquella medida tiende a conjurar esa penuria.

Todas las reflexiones anteriores muestran que! el decreto examinado, se, acomoda a la Carta Fundamental del país, y así debe declararlo la Corte.

IV. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de su Sala Constitucional, oído el concepto del Procurador General de la Nación y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 214 de la Constitución Política,

Resuelve:

Declárase exequible el Decreto Legislativo 73 de 1983, "por el cual se dictar medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno y al Congreso Nacional; insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Fdo.:

José Eduardo Gnecco Correa, Presidente; Manuel Gaona Cruz, con salvamento de voto; Carlos Medellín; Ricardo Medina Moyano, con salvamento de voto; Luis E. Aldana Rozo; Jerónimo Argáez Castello; Fabio Calderón Botero; Ismael Coral Guerrero;none Manuel Enrique Daza A.; José María Esguerra Samper; Dante L. Fiorillo Porras; Germán Giraldo Zuluaga; Héctor Gómez Uribe; Gustavo Gómez Velásquez, con salvamento de voto; Juan Hernández Sáenz; Alvaro Luna Gómez; Humberto Murcia Ballén, con, salvamento de voto; Alberto Ospina Botero; Alfonso Reyes Echandía, con salvamento de voto; Luis Carlos Sáchica; Jorge Salcedo Segura, con salvamento de voto disidente; Pedro Ellas Serrano Abadía, con salvamento de voto; Fanny González Franco; Darío Velásquez Gaviria; Rafael Reyes Negrelli, Secretario.

Salvamento de voto

Respetuosamente me permito disentir de lo resuelto por la mayoría de los H. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la referencia, por los siguientes motivos:

1. Importa destacar en primer término las diversas materias reguladas por el dicho Decreto 73 de 1983 "por el cual se dictan medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria". Son ellas:

Manejo de la Cuenta Especial de Cambios por el Banco de la República, como un mecanismo de regulaci6n cambiaria y monetaria. Constitución de los ingresos de la misma, derivados de la compra y venta de divisas; inversión y manejo de reservas internacionales y utilidades por concepto de acuñación de moneda; constitución de sus egresos por las operaciones de compra y venta de divisas, el monto del diferencial cambiario; operaciones de cambio exterior y remuneración por administración de la Cuenta Especial de Cambios por el Banco de la República. Determinación de los impuestos "ad valórem" del café y complementarios de remesas como ingresos corrientes de la Nación, incluido en el Presupuesto Nacional. Creación en el Banco de la República de los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria. Ingresos y utilización de los recursos del Fondo de Inversiones Públicas; intereses y plazos de los préstamos otorgados por dicho Fondo. Destinación de las utilidades de la Cuenta Especial de Cambios. Porcentaje de tales utilidades que se trasladará al Fondo de Inversiones Públicas. Compensación y cubrimiento de pérdidas producidas por la Cuenta Especial de Cambios. Efectos del reavalúo contable de las reservas internacionales sobre la Cuenta Especial de Cambios y sobre el Presupuesto. Contenido y formalidades del contrato celebrado por el Gobierno con el Banco de la República para la administración de la Cuenta Especial de Cambios y de los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria. Situado Fiscal. Derogatoria del artículo 45 del DecretononeLey 444 de 1967.

2. Como puede observarse de la atenta consideración de las materias comprendidas en el Decreto 73, las cuales integran un conjunto de disposiciones de tipo cambiario-impositivo-presupuestal, ninguna de ellas se encuentra destinada a conjurar situaciones emergentes o sobrevinientes, de carácter intempestivo o repentino, sólo a las cuales y propiamente a las cuales se refiere el artículo 122 de la Constitución Nacional. Por el contrario nos encontramos frente a medidas encaminadas a regular situaciones preexistentes que además tienen la naturaleza ya de estructurales, ya de inalterable cronicidad, correspondiendo por lo tanto su regulación normativa ordinariamente al Congreso de la República, naturaleza ésta que, como ya ha tenido oportunidad de observarlo la Corte en otras ocasiones, se refleja incluso en muchas de las expresiones empleadas por el Ejecutivo en las motivaciones del Decreto 3742 por el cual precisamente se dispuso el establecimiento del Estado de Emergencia Económica.

3. A fin de apreciar con mayor claridad el carácter preexistente y de largos años de tales situaciones, conviene enfatizar que las medidas en cuestión de algún modo complementan, desarrollan y derogan el llamado Estatuto Cambiario adoptado hace más de 15 años por el DecretononeLey 444 de 1967, algunas de cuyas disposiciones, especialmente la relativa a la Cuenta Especial de Cambios, fueron desde el comienzo de su vigencia, materia de cuestionamiento por diversos sectores económicos.

En el mismo orden de ideas cabe señalar que dicho Estatuto Cambiario, sin" duda trascendental para la economía del Estado fue dictado mediante facultades otorgadas al Ejecutivo por el Congreso conforme a la Ley 6 del 29 de febrero del mismo año de 1967, cuyo artículo 1, en ocho detallados ordinales, precisó cuidadosamente al Ejecutivo una serie de pautas "para, regular íntegramente la materia", esto es, el régimen cambiario y el comercio exterior. En dicha ley de facultades resulta conveniente poner de resalto, que su artículo 2 dispuso:

A fin de que se pueda dictar con la urgencia que las circunstancias demandan el Estatuto de Cambios Internacionales y de Comercio Exterior, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, conforme al ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución, hasta el 20 de abril de 1967.

Se obró en consecuencia y pese a la "urgencia que las circunstancias" demandaban, en el marco constitucional de competencias determinado por la Carta Política, sin que se hubiera procedido, pretextando una eventual perturbación del orden público económico, según la doctrina y la jurisprudencia dominantes para ese entonces, a declarar el Estado de Sitio, al tenor de lo dispuesto por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

4. Para destacar aún más el carácter estructural y de vieja data de las situaciones que han dado origen al Estado de Emergencia Económica, la Corte ha mencionado en varias ocasiones el tratamiento de las mismas en los diversos planes de desarrollo económico del país, los cuales en razón de su propia naturaleza evidencian mejor que cualquier otra perspectiva, el papel desempeñado por una determinada institución económica en el mareo, integral de la situación de la economía nacional.

A modo de ejemplo y en relación con la incorporación al Presupuesto de ciertos impuestos. cafeteros, la Misión de Finanzas Intergubernamentales, conocida como la Misión Wiesner- Byrd, en el plan por ella propuesto, dice lo siguiente:

"En relación con los impuestos cafeteros, se califica como acertada su orientación hacia actividades que tengan como propósito la regulación del mercado y el beneficio de las regiones productoras; empero, no se considera apropiado destinar tales recursos a subsidiar el consumo interno de café, de manera que se propone acabar gradualmente con este subsidio y trasladar una parte a los fondos comunes del presupuesto. Además en períodos de precios altos del grano, se sugiere traspasar una mayor proporción de los recaudos de impuestos cafeteros al Tesoro Nacional, posiblemente mediante ajustes ascendentes en las tarifas del impuesto ad valórem a las exportaciones" (Departamento Nacional de Planeación, Edic. Redactores Asociados, Bogotá, 1981, tomo 1, pág. 352).

5. Es importante destacar los aspectos presupuestales y tributarios del decreto revisado. Así por ejemplo el artículo 5 determina que los impuestos "ad valórem" al café y complementario de remesas, previstos por el artículo 226 del Decreto- Ley 444 de 1967 y 130 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, respectivamente, lo mismo que los ingresos que lleguen a producirse de la aplicación del artículo 136 del decreto primeramente citado, deberán incluirse en el presupuesto conforme a su ley orgánica.

Y precisamente el artículo 226 del Decreto 444 de 1967, bajo el título disposiciones relativas a impuesto dispone que:

Transfórmase el impuesto representado por la existencia de un cambio diferencial para la compra de los giros Provenientes de las exportaciones de café en un impuesto del 26% "ad valórem" sobre el producto de moneda extranjera de dichas exportaciones.

El Banco de la República expedirá certificados de cambio en favor del Fondo Nacional del Café por el equivalente a 4 puntos del impuesto.

Los 22 puntos restantes se llevarán a las reservas internacionales y se acreditará al mismo tiempo la cuenta especial de cambios por su valor en moneda legal.

Y por su parte el derogado artículo 45 del mismo Decreto 444, disponía a su turno entre otras cosas, lo siguiente:

La utilidad que resulte a partir de la vigencia de este decreto en la Cuenta Especial de Cambios constituirá un ingreso corriente a favor del Gobierno y su estimativo deberá incorporarse al Presupuesto Nacional.

Tampoco debe olvidarse que la incorporación al Fisco, de una parte, cualquiera que ella sea, correspondiente a los ingresos de la Cuenta Especial de Cambios, esto es, la originada en las utilidades de la compraventa de cambio exterior, es ciertamente un impuesto sobre los giros, tratándose por lo tanto de un auténtico gravamen indirecto.

Y por supuesto, entre las diversas medidas de orden fiscal, contenidas en el decreto, no puede dejar de mencionarse la relacionada con el Situado Fiscal prevista en el artículo 14 del mismo, en el cual se determina que "el monto del Situado Fiscal no podrá ser, inferior a la cuantía prevista en el Presupuesto Nacional del año fiscal de 1983" a partir de la vigencia del decreto.

Por lo que hace al Presupuesto, es preciso igualmente advertir que todas aquellas disposiciones que implican una modificación en la destinación de ciertos ingresos, ya sea para sustraerlos del Presupuesto ya sea para disponer que se incluyan en el mismo, como lo determina el artículo 5 al ordenar que los recaudos por concepto de los impuestos "ad valórem" al café, los complementarios de remesas y los que se deriven de la aplicación del artículo 136 del Decreto 444 de 1967 deben ser incluidos en el Presupuesto naturalmente en el Presupuesto aprobado por las Cámaras como lo ordena la Constitución y la filosofía política del orden democrático constitucional, que la inspira, como ya se ha observado. " anterior comporta igualmente una violación del artículo 206 de la Constitución Nacional, según el cual "en tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure w el presupuesto de rentas, ni hacer erogación del Tesoro que no se halle incluida en el de gasto".

Igualmente el artículo 8 del decreto al determinar la utilización de los recursos propios del Fondo de Inversiones Públicas, está violando lo dispuesto en el artículo 207 de la Constitución, según el cual: "No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o las municipalidades, ni transferirse ningún, crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto".

6. Según el artículo 76, ordinal 9 de la Constitución, también es privativo del, Congreso "determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como al régimen de sus prestaciones sociales".

Mediante el artículo 6 del decreto revisado se modificó la estructura de W administración al ser creados "en el Banco de la República" por una parte el Fondo de Inversiones Públicas y por otra el Fondo de Estabilización Cambiaria, con lo cual se viola el citado artículo de la Carta, tal como lo ha reconocido reiteradamente la jurisprudencia de la Corte en casos similares.

7. Igualmente, ya ha expresado la Corte en diversas oportunidades que no es posible sin violación de1 propio artículo 122 de la Constitución, que el Ejecutivo se otorgue, o más precisamente se auto - otorgue atribuciones que impliquen a la postre un ensanchamiento hacia el futuro de facultades que necesariamente, de corresponderle según las voces del citado artículo, deben terminar al concluir el tiempo fijado en la misma disposición para su ejercicio.

Entre tales facultades cabe mencionar las previstas en el parágrafo del artículo,8, en el artículo 9 ordinal a), en el artículo 10 y en el 13 del Decreto 73 de 1983.

8. Finalmente y en lo atañedero a la conexidad existente entre las medidas tomadas y los motivos invocados por el Ejecutivo para la declaratoria de emergencia, a la cual se refiere el artículo 122 de la Carta entre las diversas limitaciones impuestas a aquél para el ejercicio de las facultades allí consagradas, no resulta claro que el aumento, ciertamente excepcional y siempre creciente de los recaudos de la Cuenta Especial de Cambios, producto en gran medida del crecimiento de, las exportaciones, lo mismo que del aumento en los precios del café, tenga relación por, lo menos en forma directa con el déficit fiscal, como tampoco que el aumento de divisas pueda considerarse como un factor de desequilibrio en la economía. Nada garantiza tampoco que los efectos inflacionarios derivados de la Cuenta Especial de Cambios, no persistan en el futuro, todo lo cual se repite, desdibuja, le resta nitidez y claridad a la mencionada situación de conexidad.

9. Encuéntrase por lo tanto que el Decreto 73 de 1983 "por el cual se dictan medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización, Cambiaria" es contrario a la Constitución en cuanto desborda los límites establecidos por ella para el ejercicio de las facultades otorgadas al Ejecutivo por el artículo 122, y en cuanto vulnera los otros artículos de la Carta que se han mencionado específicamente.

Ciertamente las medidas que se analizan no corresponden a situaciones intempestivas o emergentes, sino a situaciones preexistentes de vieja data y de orden estructural, las cuales de consiguiente deben ser disciplinadas legislativamente a través de las competencias ordinarias previstas por la Constitución.

En atención a los antecedentes jurisprudenciales existentes vale destacar la diferencia entre la situación actual y aquella otra que determinó el Estado de Emergencia dispuesto el 8 de octubre del alío próximo pasado de 1982 por el Decreto 2919, en desarrollo del cual se dictó el Decreto 2920 de la misma fecha, por medio del cual se adoptaron normas para asegurar la confianza del público en el sector financiero. Tales medidas constituyeron sin lugar a dudas un remedio fulminante e idóneo, tendiente a solucionar una situación intempestiva, propicia a desatar un pánico colectivo que amenazaba quebrantar el sector financiero colombiano.

(Fdo.) Ricardo Medina Moyano,

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

Varios motivos nos llevaron a separarnos del criterio mayoritario de la Sala Plena, expresado en la sentencia de que discrepamos. El primero, que estimamos fundamental, es el que se concreta en el siguiente acápite.

1. El artículo 122 de la Constitución Nacional no faculta al Ejecutivo para dictar normas legales que entren, en vigencia mucho tiempo después de vencido el término de, la emergencia.

En virtud de la declaratoria de emergencia de que trata el artículo 122 de la Carta el Presidente podrá dictar decretos con fuerza de ley. Es, ciertamente, una facultad excepcional que transitoriamente rompe el equilibrio entre las distintas ramas del poder público, cada una de las cuales tiene funciones separadas (artículo 55 ibídem). El legislador ordinario es el Congreso. Excepcionalmente el Presidente, tiene potestad legislativo en forma transitoria. Cuando ello ocurre, por tratarse de una excepción, la facultad legislativa extraordinaria ha de entenderse y aplicarse con sujeción por demás estricta a la norma que atribuye la facultad legislativa fuera de lo normal. Cabe entonces preguntar: ¿En qué puede emplear el Presidente su facultad legislativa excepcional y transitoria durante el lapso en que el país esté declarado por el propio Presidente en Estado de Emergencia El artículo 122 nos da la respuesta, exacta: dictando "decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos". Vamos a suponer, entonces, que la permanencia en el tiempo del Decreto 444 de 1967 sobre la Cuenta Especial de Cambios fuera el motivo determinante de la crisis emergente. ¿Qué podía hacer él Presidente Conjurar la crisis. Impedir su extensión. ¿Cómo Es obvio: derogando o subrogando la norma motivo de la crisis. Pero pronto, cuanto antes, para impedir que siga causando más males. Pues bien, ¿qué hizo el Presidente con el citado Decreto 444 Lo modificó a partir de 1984. En efecto, cuando la norma en comento dispone que "a partir de 1984" los impuestos ad valórem, al café y el complementario de remesas "constituirán un ingreso corriente de la Nación, el cual deberá incluirse en el presupuesto conforme a su ley orgánica" (artículo 5 del Decreto 73 de 1983, examinado), nada nuevo ha ordenado 11 legislador de emergencia. Pero cuando se examina el anterior artículo en concordancia con el 15 del mismo decreto que deroga en especial el artículo 45 del Decreto-Ley 444 de 1967" surge con claridad qué fue lo que se buscó con la norma dictada en la emergencia, a saber: dejar incluido en el presupuesto los rubros de la Cuenta Especial de Cambios a que se refiere el artículo 5 del decreto y excluir del presupuesto los demás rubros no mencionados en el artículo citado. ¿Por qué el Gobierno no expresó con claridad el anterior planteamiento Se ignora. ¿Desde cuándo opera esta exclusión A partir de 1984, es decir, más de 11 meses después de dictada la norma.

Si se analiza la situación planteada por el decreto es forzoso concluir que si realmente una de las causas de la crisis era la inclusión en el presupuesto de todos los rubros que antaño integraban la Cuenta Especial de Cambios, el remedio hubiese sido excluirlo ahora, pues no se compadece con la emergencia que conocido el mal la causa deteriorante de la economía, se deja persistir todavía un año más. Pero si se llegare a argumentar que la persistencia de la situación anterior por un año no es grave para la economía, entonces la conclusión es que realmente lo que se pretendió modificar a largo plazo no era ciertamente la causa de la pregonada crisis.

No se alcanza a comprender cómo unos rubros de la Cuenta Especial de Cambios sean factor inflacionario si están en el presupuesto, pero si no se incluyen pero se destinan a gastos de inversión previstos en el mismo, ya no son inflacionarios. Si tan pernicioso es que permanezcan tales rubros en el Presupuesto Nacional, ¿cómo es posible que se permita que tal factor deteriorante de la moneda siga afectándola durante todo este año

El hecho de que el presunto remedio únicamente entre a operar un año después de dictada la medida descarta en forma absoluta la posibilidad de que ella se tome precipitadamente en ejercicio del artículo 122 de la Constitución, toda vez que antes de que entre a operar, durante 11 meses y medio, había tiempo más que suficiente para que el Congreso se ocupara de estudiarla, ya en sesiones extraordinarias de enero a julio, ora en las ordinarias a partir de entonces. Y siendo ello así, brota con fuerza apodíctica la inconstitucionalidad, toda vez que en conclusión, lo que se buscó no fue premura, que como queda demostrado no era necesaria, sino sustituir al Congreso en determinación tan compleja y, grave como sacar del Presupuesto una suma de miles de millones de pesos.

2. La exclusión del Presupuesto de algunos rubros de la Cuenta Especial de Cambios modifica principios esenciales de Derecho Público.

El inciso 1 del artículo 210 de la Constitución prescribe: "El Congreso establecerá las rentas nacionales y fijará los gastos de la administración En cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley normativa, se expedirá el Presupuesto General de Rentas y Ley de Apropiaciones". Esta norma consagra el principio de la universalidad del presupuesto, que puede enunciarse expresando que todos y cada uno de los ingresos y todos y cada uno de los gastos, separadamente, deben estar contenidos en la ley presupuestal. El tratadista don Esteban Jaramillo en su clásica obra Tratado de Ciencia de la Hacienda Pública refiriéndose al principio enunciado dice: "Esta regla, desconocida antiguamente, se practica hoy en los países civilizados con la más absoluta exactitud, en términos que en el Presupuesto Inglés, por ejemplo, figuran los productos del trabajo de los penados, de la venta de catálogos de los museos, de las entradas a éstos, de la enajenación de objetos inútiles y del llamado conscience money, o sea el valor de restituciones anónimas al Tesoro Público. Como consecuencia de este principio de universalidad en los presupuestos, en el de rentas debe aparecer la totalidad de los productos brutos de éstas, y en el de gastos, todos los que demanda su recaudación y manejo. Este sistema, adoptado en todos los países cultos, trae consigo una considerable economía en los gastos de recaudación, pues está demostrado que tales gastos son mucho mayores cuando se hacen figurar en el presupuesto y en las cuentas por vía de compensación, que cuando tienen que presentarse al desnudo en las casillas de los egresos. Por otra parte, establece una claridad completa en los presupuestos, pues no da cabida a compensaciones inexplicables ni a ocultaciones que no se justifican" (obra citada,. Imprenta Luz, 1925, tomo II, págs. 389-390).

Se expresó en el acápite primero que, aunque el decreto no lo dice en forma expresa, como ha debido ser, el fin determinante de esa norma fue dejar los rubros provenientes de las operaciones de compra y venta de divisas, las utilidades resultantes de la inversión y el manejo de las reservas internacionales y las utilidades, por concepto de acuñación de monedas de oro (considerados hasta ahora como impuestos o afines a los mismos), por fuera del Presupuesto Nacional. Tal determinación además de ser violatoria del artículo 210 de la Carta constituye una excepción al principio de la universalidad del presupuesto, de tan hondo calado en la conciencia de los pueblos cultos, que en manera alguna se vislumbre siquiera la conveniencia dé modificar, como inconsultamente lo hizo el Ejecutivo. La previsión del profesor Jaramillo resulta cierta cuando se observa el sobrecosto de su manejo por parte del Banco de la República (utilidad ésta que como tal se destinará a fines privados), el cual mermará su cuantía.

En segundo lugar, porque lo que se obtuvo, así no se lo propusieran sus autores, fue constituir con estos valores una especie de bien oculto, en favor del Ejecutivo, sin que el ciudadano, el Congreso y la Contraloría pudiesen fiscalizar su cuantía y su forma de inversión. Tan significativo resultado en cuantías miles de veces millonarias no le conviene a nadie, y en primer lugar, al que menos, al Gobierno. Enfocando el asunto desde el punto de vista del Congreso, es inadmisible que pierda la potestad de determinar esas rentas y la forma de gastarlas.

Si alguna norma de la pasada emergencia económica ha debido ser declarada inexequible era el Decreto 73 de 1983. Su permanencia dentro de la normatividad vigente coloca al Gobierno en potencia propincua de hacer un uso amplísimo de esos valores, como ocurre siempre que un gobernante puede invertir a su talante los dineros públicos, sin tener a quién rendir cuentas ni quién se las pueda exigir. Por todo lo anterior votamos por la total inexequibilidad del referido decreto.

Bogotá, D.E., marzo 17 de 1983.

Fdo.:

Gustavo Gómez Velásquez; Humberto Murcia Ballén; Jorge Salcedo Segura.

Salvamento de voto

Compartimos la decisión de exequibilidad del Decreto de Emergencia Económica 73 de 1983, "por el cual se dictan medidas sobre la Cuenta Especial de Cambios y se crean los Fondos de Inversiones Públicas y de Estabilización Cambiaria" salvo en lo dispuesto en su artículo 5 y en la parte del artículo 15 que hubiera impedido que al declararse inexequible el 5 entrara a regir de nuevo el artículo 45 del Decreto 444 de 1967, en el que se consagraba que todos los fondos de la Cuenta Especial ingresaban al Presupuesto Nacional.

Las razones de nuestro respetuoso disentimiento se extienden además a algunos de los apartes de la parte motiva del fallo, en los que se sostiene o se permite inferir que puede haber fondos públicos por fuera del Presupuesto Nacional, o que dichos fondos dejan de ser públicos por no provenir de impuestos o por ser producto de operaciones económicas de particulares.

Las razones que nos obligan al salvamento son las siguientes:

1. Según los artículos 76-13 y 210 de la Constitución, es el Congreso el que establece las rentas nacionales y fija los gastos de la Administración, en cada legislatura, y estrictamente de acuerdo con las reglas de la ley normativa. Así mismo, por virtud de dichos mandatos constitucionales, es bajo el prospecto de la ley orgánica que debe expedirse el Presupuesto General de Rentas y la Ley de Apropiaciones para el respectivo año fiscal. De otra parte, el artículo 207 de la Carta dispone que no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, ni transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto.

Siguiendo los lineamientos de la ley orgánica del Presupuesto, o sea el Decreto 294 de 1973, y de la Ley 40 de 1982 que es la de Apropiaciones para el año fiscal de 1983, uno y otra expedidos de conformidad con lo ordenado en los artículos 76-13 y 210 de la Constitución, no hay duda de que la estructura legal orgánica, presupuestal de ingresos y egresos que la Constitución ordena respetar, y que corresponde al principio de la universalidad de fondos y de servicios públicos, o de la "universalidad presupuestal", no puede válidamente ser modificada o reducida, es decir, desconocida o negada, ni por el Congreso ni por el legislador de emergencia, con el argumento de que algunos de los fondos públicos, por no provenir de impuestos y por contener recursos De carácter inflacionario, deban salir del Presupuesto para seguir prestando los mismos o similares servicios pero ya sustraídos indebidamente de la imperativa unidad fiscal estatal ordenada por la Constitución, y de que por el mero hecho de salir del Presupuesto dejen de ser inflacionarios.

2. De otra parte, frente a lo ordenado en los artículos 59 y 60 de la Constitución, que le asignan a la Contraloría General de la República el control contable y de verificación de la gestión fiscal, y en relación con los de la ley orgánica que en desarrollo de la Carta prevén el control administrativo del Presupuesto para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, resulta inconstitucional sustraer del Erario bienes que por su naturaleza deben estar incorporados a él y "privatizar" el Presupuesto Público.

3. Los fondos constitutivos de la llamada Cuenta Especial de Cambios son el producto de créditos, rentas, ganancias e inversiones, y por lo tanto son riqueza derivada de patrimonio estatal o público, que tradicionalmente según los preceptos constitucionales anteriormente citados pertenecen a la universalidad del presupuesto estatal. Es indiferente su origen, de carácter impositivo, contributivo, tarifario o de simple aprovechamiento de inversión o de ingresos por transacciones que acrecienten dichos fondos. Naturalmente, el propósito específico, pero no el único, de la Cuenta Especial de Cambios, es el de mantener una reserva a fin de organizar de manera más rápida y eficiente el intercambio con el exterior, el manejo cambiario, la política de exportaciones e importaciones de productos, el control de cambios y la posibilidad de conversión monetaria de divisas a moneda nacional, pero la Cuenta también es el instrumento fundamental para servir la deuda pública, la cual forma parte de la noción de gasto público, que por lo tanto debe estar, como siempre lo habla estado, involucrada dentro del Presupuesto.

Además, es imposible negar que los fondos acrecentados de la Cuenta Especial de Cambios generan utilidades y que esas utilidades son utilidades fiscales, de consiguiente incluibles en el Presupuesto.

4. Desde el punto de vista práctico es de reconocimiento común que el Fondo de Estabilización no solo ha servido para controlar o morigerar el proceso inflacionario, sino también para servir de instrumento de transferencia de las utilidades derivadas de los fondos con los que aquél se constituye, en beneficio de los departamentos y municipios, a manera de auxilio de empréstito para que su producto, ingrese a las arcas presupuestales de las localidades territoriales (Decreto 294 de 1973, artículo 16). No puede entonces afirmarse válidamente que la utilidad de dichos fondos, o que su existencia misma, corresponda a un valor nominal o a una riqueza teórica, sino que son realmente ingreso efectivo del presupuesto público.

Otra cosa es que, por efectos del manejo cambiario del país, haya necesidad de convertir el ingreso derivado de las cuentas impositivas de exportación y de remesas o de las transacciones y operaciones del exterior que generan divisas en el interior, de moneda extranjera en moneda nacional. Pero esa conversión monetaria no está comprometiendo el poder de emisión del Estado sin respaldo, ni significa una práctica recurrente a la inflación nominal de la economía derivada de emisiones sin asidero, sino simplemente es un cambio monetario de nominación respecto de una riqueza efectivamente existente.

5. Los fondos de la Cuenta Especial de Cambios son patrimonio público y no patrimonio privado. Otra cosa es que se nutran de actividades de tipo industrial, comercial o financiero de carácter privado nacional o foráneo, pero su origen no determina su naturaleza; en este sentido es similar su consolidación a la del presupuesto público obtenido con base en impuestos sobre ingresos privados. Y siendo de naturaleza pública no se explica cómo frente a la Constitución el Estado pueda privatizar su propio patrimonio, sacarlo del presupuesto público, sustraerlo del control fiscal y administrativo, marginarlo del control político legislativo y convertirlo en una especie de caja menor destinada a gastos discrecionales, así sean de naturaleza oficial, por fuera de la planeación y de la distribución legal de las inversiones, de las deudas, de las apropiaciones y de los gastos, que deben estar referidos exclusiva y totalmente dentro del Presupuesto y no por fuera de él o en su contra.

Repárese además en que el servicio de la deuda externa siempre tendrá que ser prestado por la vía de la Cuenta Especial, y que conforme lo indica la Constitución ninguna deuda o gasto público y menos la externa puede sustraerse de la política presupuestal del Estado.

Por otra parte, el artículo 213 de la Carta dispone que el Ejecutivo no podrá abrir los créditos suplementales o extraordinarios de que trata el artículo 212, ni hacer traslaciones dentro del presupuesto, sino en las condiciones y por los trámites que la ley establezca. Sin embargo, conforme al decreto que se estudia, las traslaciones de los créditos y los trámites de la Cuenta Especial, han sido sacados del presupuesto por decreto para poder efectuar por decisión unilateral del Banco de la República o de la Junta Monetaria, o por contrato, sin atender la exigencia constitucional del artículo 212, según el cual todo gasto, que supone un ingreso, que no tenga partida votada, sólo podrá abrirse por crédito suplementario en Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, cuando se halle en receso el Congreso.

6. Ciertamente el Banco de, la República es el organismo encargado de la ejecución monetaria y de emisión del Estado, bajo la égida soberana de la ley, como acto del Congreso, que es el que establece las rentas nacionales y fija los gastos de la Administración (artículo 76-13) y el que "fija la ley, peso, tipo y denominación de la moneda y arregla el sistema de pesas y medidas" (artículo 76-15). El Presidente puede, sin duda, intervenir el Banco de Emisión, pero no expedir actos que desconozcan la estructura universal legal del Presupuesto Público.

La Cuenta Especial de Cambios no atañe a la soberanía monetaria del Estado, ni al poder de emisión, sino a la soberanía fiscal, a la presupuestal pública, la cual no puede ser válidamente desconocida, frente a los artículos 76-13,207,210 y 212 de la Carta, ni por el Congreso mediante ley, ni por el Ejecutivo mediante decretos de emergencia.

Resulta además violándose el artículo 55 al otorgársele al Banco de Emisión funciones presupuestales.

7. Pero, en cambio, de haberse declarado inexequible el artículo 5 y la parte correlacionada del artículo 15 del Decreto 231 de 1983, que derogaba el artículo 45 del Decreto 444 de 1967, la consecuencia habría sido la de que reviviría este último, conforme al cual todos los ingresos de la Cuenta Especial de Cambios, y no sólo los de origen impositivo, harían parte del Presupuesto Nacional, quedando en lo demás exequible el decreto.

Fecha ut et supra.

Fdo.:

Manuel Gaona Cruz; Alfonso Reyes Echandía; Pedro Elías Serrano Abadía »