Sentencia 1677 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300147631677Gustavo Zafra Roldan198825/02/19881677_Gustavo Zafra Roldan_1988_25/02/198830014763NO HAY EXPROPIACI�N DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DEPOSI�TANTE PORQUE ESTE NUNCA HA SIDO USUFRUCTUARIO DE RENDI� MIENTO FINANCIERO ALGUNO ORIGINADO EN DEP�SITOS JUDICIA�LES. RETROACTIVIDAD DE LA LEY. RENDIMIENTO DE LOS DEP�SI�TOS JUDICIALES. Exequibles los art�culos 3�, 4 o , 5 o , 6" y 7� de la Ley 11 de 1987. Inexequible en parte el art�culo 2� de la misma ley. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 18. 1988

Juan Manuel Charry Urue�aExequibles los art�culos 3�, 4o, 5o, 6" y 7� de la Ley 11 de 1987. Inexequible en parte el art�culo 2� de la misma ley.Identificadores30030014764true88333Versi�n original30014764Identificadores

Norma demandada: �Exequibles los art�culos 3�, 4o, 5o, 6" y 7� de la Ley 11 de 1987. Inexequible en parte el art�culo 2� de la misma ley.

NO HAY EXPROPIACI�N DEL DERECHO DE PROPIEDAD DEL DEPOSI�TANTE PORQUE ESTE NUNCA HA SIDO USUFRUCTUARIO DE RENDI�MIENTO FINANCIERO ALGUNO ORIGINADO EN DEP�SITOS JUDICIA�LES. RETROACTIVIDAD DE LA LEY. RENDIMIENTO DE LOS DEP�SI�TOS JUDICIALES.

Exequibles los art�culos 3�, 4o, 5o, 6" y 7� de la Ley 11 de 1987. Inexequible en parte el art�culo 2� de la misma ley.

Bogot�, D. E., febrero veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

El ciudadano Juan Manuel Charry Urue�a, en ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia la declaratoria de inexequibilidad de los art�culos 2�, 3�, 4�, 5o, 6� y 7� de la Ley 11 de 1987.

"Art�culo 2�. El Banco Popular y la Caja Agraria en su caso, girar�n trimestralmente al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, una suma equivalente al monto resultante de aplicar las tres cuartas (3/4) partes de la tasa de inter�s establecida como remuneraci�n para los dep�sitos de las secciones de ahorro de los bancos comerciales, al saldo que registren a 30 de junio de 1986 las cuentas de dep�sitos judiciales dedichas entidades financieras deducido el monto del encaje".

"Para el primer semestre, esto es para el per�odo comprendido entre el 1o de julio de 1986 y el 31 de diciembre del mismo a�o, el pago debe efectuarse sobre el 10% del referido saldo, increment�ndose anualmente a partir del 1� de enero de 1987, en 18 puntos porcentuales hasta haber incluido, en 1991, la totalidad del mismo.

Adicionalmente, el Banco Popular y la Caja Agraria giraran, en los mismos t�rminos generales previstos en el inciso 1�, las sumas que correspondan al incremento acumulado del promedio trimestral, que a partir del saldo a 30 de junio de 1986, registren sus cuentas de dep�sitos judiciales, deducido el monto del encaje. Dicho pago se realizar� desde el segundo semestre de 1986.

Los giros que, de conformidad con lo previsto en el presente art�culo, deban efectuar el Banco Popular y la Caja Agraria, se har�n durante el mes siguiente al respectivo trimestre. Los revisores fiscales de tales entidades, certificar�n trimestralmente el incremento de que trata el inciso anterior.

Par�grafo. Las dem�s entidades financieras que, por cualquier motivo, tengan dep�sitos judiciales, girar�n al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia las sumas a que se refiere el inciso 1� del presente art�culo, en los mismos t�rminos generales que se se�alan para el Banco Popular y la Caja Agraria".

"Art�culo 3�. El Banco Popular no estar� obligado a incrementar el saldo que registren a 31 de diciembre de 1986, las inversiones forzosas de que trata la Ley 5� de 1973".

"Art�culo 4�. Las multas que a partir de la vigencia de la presente ley impongan las autoridades jurisdiccionales, con base en el C�digo Penal, el C�digo de Procedimiento Penal, el C�digo de Procedimiento Civil, o las disposiciones que los complementan, ser�n canceladas a �rdenes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia en las oficinas del Banco Popular, y en los lugares donde no exista este, en las oficinas de la Caja Agraria del respectivo municipio dentro del plazo fijado por un juez o funcionario dentro de los tres (3) d�as siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia.

"Art�culo 5�. Cuando en un proceso penal, de conformidad con las correspondientes disposiciones legales deba hacerse efectiva una cauci�n prendaria por incumplimiento de las obligaciones impuestas, el funcionario dispondr� que su valor sea entregado al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, en las oficinas del Banco Popular, y en los lugares donde no exista �ste, en las oficinas de la Caja Agraria, y comunicar� esa orden a la entidad en la cual se halle depositada la cauci�n, para que �sta proceda a cumplirla dentro de los diez (10) d�as siguientes".

"Art�culo 6�. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia destinar� en forma exclusiva los dineros que reciba con base en lo dispuesto en los art�culos anteriores, a la compra, construcci�n, adecuaci�n, reparaci�n, dotaci�n y mantenimiento de los despachos de la Rama Jurisdiccional y del Instituto de Medicina Legal".

"Tambi�n podr� emplearlos, de acuerdo con las disponibilidades y observando que la prioridad debe ser la atenci�n de los gastos inicialmente indicados, para el cumplimiento de los objetivos y programas de la Escuela Judicial, Defensor�a P�blica y para el desarrollo de programas de vivienda, capacitaci�n acad�mica y de seguridad social de los funcionarios y empleadas de la Rama Jurisdiccional".

"Par�grafo. En cuenta separada, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, llevar� el registro sistem�tico de la totalidad de las operaciones que se realicen con los recursos contemplados en esta ley".

"Art�culo 7�. Los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y dem�s entidades de los �rdenes nacional,departamental y municipal, pagar�n un impuesto del 3% sobre el valor final delremate, con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin el lleno de esterequisito no se dar� aprobaci�n a la diligencia respectiva".

"Par�grafo. El valor del impuesto de que trata el presente art�culo ser� captado por la entidad rematadora y entregado mensualmente al Fondo Rotatorio del Minis�terio de Justicia".

Considera el actor que las normas impugnadas violan los art�culos 2�, 26, 30, 58, 77, 92, 203 y 207 de la Constituci�n Pol�tica.

El actor expresa que los dep�sitos judiciales son de los depositantes, correspondi�ndole a la parte vencedora en un litigio la entrega de tal dinero como consecuencia de una condena. El auxiliar de la justicia tambi�n tiene derecho a recibir sus honorarios que se depositan judicialmente �nicamente con el fin de "garantizar su pago y eventualmente son del Estado cuando se cancela una multa o sanci�n dejando el dinero en el Banco para que de all� sea trasladado a las arcas de aqu�l". Al disponer la ley de los rendimientos de un capital que no pertenece al Estado "esta' expropian�do" y para que �sta sea v�lida deben observarse los requisitos contenidos en el art�culo 30 de la Constituci�n Pol�tica, como son motivos de utilidad p�blica definidos por el legislador, sentencia judicial e indemnizaci�n previa. Si se trata de expropiaci�n por motivos de equidad sin indemnizaci�n previa se requiere mayor�a absoluta en una y otra C�mara. En consecuencia el art�culo 2� de la Ley 11 de 1987 violar�a el art�culo 30 de la Carta y tambi�n el 2 y 26 de la misma, por cuanto "no existe posibilidad parael titular del derecho de propiedad de controvertir su despojo particular".

Igualmente el demandante encuentra violados los art�culos 58, 203 y 207 de la Constituci�n porque ser�an dichas entidades financieras las que estar�an con la carga de financiar un servicio p�blico y la crisis de la justicia "no debe ni puede ser a cargode los particulares depositantes (sic) a trav�s del despojo de sus frutos". "Ni a cargo delas personas jur�dicas Banco Popular y Caja Agraria" si se acepta que no sonrendimientos de capital. Los recursos para prestar el servicio de la justicia "deben provenir del presupuesto nacional, la clase pol�tica deber� reducir el gasto p�blico enotras �reas y solucionar la pobreza de la Rama Jurisdiccional". El Fondo Rotatoriodel Ministerio de Justicia es "una persona jur�dica distinta de la Naci�n" quien no

puede recibir sin contravenir la Constituci�n contribuciones de los particulares para solucionar la pobreza de la Rama Jurisdiccional que es responsabilidad del Presidente de la Rep�blica y del Congreso Nacional. Por tanto los art�culos 1�, 3�, 4�, 5�, 6� y 7o de la Lev 11 de 1987 violan el art�culo 58 de la Carta por destinar unos recursos a una entidad distinta de la Naci�n, "para que aqu�lla cumpla una funci�n que no le es propia, que es exclusiva de la Naci�n misma" y tambi�n se viola el art�culo 207 de laCartaque consagra el principio de la unidad presupuestal.

Respecto a la violaci�n de los art�culos 77 y 92 de la Constituci�n se�ala el accionante que "la ley debe tener una unidad material expresada y determinada por t�tulo", sin que se puedan tocar materias distintas salvo que sean conexas. "Es fraude a la Constituci�n expresar en el t�tulo de una ley, adem�s de la materia, que se dictan otras disposiciones" y la ley que cree un tributo o impuesto debe anunciarlo en el t�tulo expresamente. En consecuencia el art�culo 7� de la ley impugnada que crea "tributo no corresponde precisamente al t�tulo de la normativa a que pertenece ni es parte de la materia regulada, raz�n por la cual viola las normas constitucionales mencionadas".

El Procurador considera que las normas demandadas son sustancialmente diferentes a las contenidas en los literales a), b) y c) de la Ley 26 de 1979 y numerales 1o y 2� del art�culo 16 del Decreto n�mero 434 de 1971, que fueron declaradas inexequibles por la Corte en sentencias de 28 de marzo de 1980 y 18 de abril de 1985, "por cuanto aqu� no se trata de disponer de los dep�sitos judiciales lo cual ciertamente es considerado como una expropiaci�n, sino de parte de los rendimientos que producen dichos dep�sitos en las entidades bancarias que los recaudan".

"Los dep�sitos judiciales est�n formados por sumas de dinero que deben consig�nar por mandato de la ley, las personas que intervienen en un proceso determinado, a �rdenes de una autoridad judicial, con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligaci�n, o para realizar ciertas actividades procesales, tambi�n indicadas en la misma ley, sobre los cuales no puede disponer libremente quien est� obligado a efectuar el dep�sito, sino que reposan all� hasta que el juez decida, dentro del proceso respectivo, a quien debe ser entregado tal dinero, es decir, a la persona que finalmen�te le pertenece".

"Las sumas de dinero que se encuentran en 'dep�sito judicial' nunca han producido ning�n rendimiento o inter�s para el depositante, pero de hecho a los bancos s� les estaba reportando utilidad, pues dentro de sus operaciones comerciales ordinarias dispon�an de tales dineros, ya fuera otorgando cr�dito, etc.".

"As� las cosas no encuentra el Procurador General que lo dispuesto en el art�culo 2� de la Ley 11 de 1987 contrar�e el canon 30 constitucional, pues como se advierte no est� despojando al propietario del dominio de un bien particular, como son los dep�sitos judiciales, sobre los cuales solamente el juez dispone a quien corresponde, de manera que al no haber propietario sobre los rendimientos que ellos puedan producir, no puede hablarse de expropiaci�n; adem�s de ser la misma ley impugnada, la que ha creado los beneficiarios de tales incrementos, a saber: Banco que los recibe y. Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia, este �ltimo para utilizarlos en la mejora de la prestaci�n de un servicio p�blico como es la justicia", y m�s adelante dice el Procurador: "al concederles la ley el beneficio exclusivo de percibir tales sumas, puede tambi�n el legislador disponer en la misma forma, que los rendimientos que produzcan se repartan entre el mismo Banco y otro ente tambi�n estatal, como es un establecimiento p�blico del orden nacional llamado Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia".

Afirma el Procurador que lo establecido en la ley armoniza con las funciones asignadas al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia en el Decreto n�mero 1208 de l973 sin que se encuentre violaci�n constitucional de los art�culos 58 y 203 de la Constituci�n Pol�tica.

"El art�culo 58 de la Carta prescribe que la justicia es un servicio p�blico de cargo de la Naci�n', lo cual significa que �ste debe ser costeado por el Tesoro Nacional. Pero es obvio que el Estado deba recurrir a imponer contribuciones, tasas, impuestos, etc., para poder recaudar fondos con el fin de prestar dichos servicios, y cita para estos efectos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 27 de noviembre de 1973: 'El �nico reparo que el demandante arguye contra los textos censurados es el de contrariar un pretendido car�cter gratuito que, a su entender, tiene la justicia, porreconocerle el art�culo 58 de la compilaci�n institucional la �ndole de 'un servicio p�blico de cargo de la Naci�n', precepto que s�lo indica, como lo demuestra el Procurador en opini�n ya transcrita, que sus gastos debe cubrirlos el Tesoro Nacio�nal. Cuando el art�culo 58 dice que la justicia es servicio p�blico a cargo de laNaci�n, no hace sino aplicar a caso singular un principio sentado por el art�culo 203del C�digo fundamental, a cuyos t�rminos son de cargo de la Rep�blica 'los gastos delservicio p�blico'. De entenderse la interpretaci�n del actor, ning�n impuesto,derecho o tasa podr�a cobrar el Estado, as� fuere en m�nima cuant�a, por raz�n de losdiferentes servicios p�blicos ya efecto de pagar, siguiera en parte, las erogaciones que causen. Ser�a el desbarajuste de la administraci�n, por extra�o entendimiento de un mandato de la Carta...".

Tampoco encuentra el Procurador que el art�culo 7� de la Ley 11 de 1987 quebrante la Constituci�n Pol�tica, y expresa: "Este despacho encuentra que lo dispuesto en dicho art�culo tiene una �ntima relaci�n de conexidad con la materia que se estaba regulando, pues se crea un impuesto con destino al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia para acrecentar el patrimonio de dicho ente estatal, con el fin de que invierta dichas sumas en la dotaci�n y funcionamiento de los despachos de laRama Jurisdiccionaly programas de capacitaci�n, vivienda y seguridad social para sus empleados". Por ello se apoya en lo decidido en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de mayo 27 de 1980.

Concluye el Procurador solicitando a la Corte Suprema de Justicia, que se declaren exequibles la totalidad de los art�culos demandados.

De conformidad con lo previsto en el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica es competente la Corte por ser los art�culos demandados parte de una ley de la Rep�blica.

1. "El art�culo 2� de la Ley 11 de 1987, no obliga a transferir dep�sitos judiciales al Fondo Rotatorio o a otra entidad p�blica de car�cter nacional como lo hac�an los literales a), b ) y c) del art�culo 1� de la Ley 26 de 1979, declarados inexequibles en sentencia de 28 de marzo de 1980 de la Corte Suprema de Justicia y el inciso 1� del ordinal 2� del art�culo 16 del Decreto n�mero 434 de 1971 declarado inexequible en sentencia de 18 de abril de 1985.

2. Este art�culo demandado establece una normatividad diferente; �l ordena que el Banco Popular y la Caja Agraria, as� como otras entidades financieras que manejen dep�sitos judiciales giren a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia una suma de dinero que se origina en el manejo y el aprovechamiento que las leyes que regulan las operaciones bancarias han contemplado; aprovechamiento que conforme a las leyes anteriores a la demandada ven�a beneficiando a las entidades depositarias y no a los depositantes.

3. El concepto de rendimiento que usa el demandante y que ciertamente fue usado por el ponente del proyecto de ley no aparece en el articulado de la ley que utiliza m�s apropiadamente en su t�tulo el t�rmino 'aprovechamiento'.

4. En efecto, lo que sucede con los dep�sitos judiciales es que el Banco Popular y la Caja de Cr�dito Agrario reciben unos dep�sitos, que son puestos por los depositantes a �rdenes de un juez. El Banco Popular o la Caja Agraria responden como depositarios por las sumas de dinero que representen los t�tulos o el efectivo entregados sin que por ello tengan que devolver el mismo numerario, como es l�gico en el caso de las obligaciones de g�nero, sino que basta que ellos entreguen a quien el juez ordene una suma en cantidad igual a la depositada; por ello no es propio y es impreciso referirse a 'rendimiento de los dep�sitos judiciales', y por ello no puede aceptarse que haya una expropiaci�n del derecho de propiedad del depositante porque �ste nunca ha sido usufructuario de rendimiento financiero alguno originado en dep�sitos judiciales.

5. As� las cosas, restar�a analizar si es el Banco Popular o la Caja Agraria a quienes se les estar�a desconociendo un derecho adquirido con justo t�tulo conforme a las leyes civiles.

El aprovechamiento a que la Ley 11 de 1987, se refiere, se origina por virtud de las disposiciones que rigen el sistema monetario y financiero, normas de inter�s p�blico y no de inter�s privado, y por el efecto espec�fico del multiplicador bancario que la ley sub examine acertada y jur�dicamente no modifica, todo lo cual permite a �stas entidades financieras la realizaci�n de operaciones bancarias que incluyen las sumas de los 'dep�sitos judiciales'.

6. La ley 11 de 1987, establece que ese 'aprovechamiento' financiero calculado como la ley lo prescribe, y que antes gratuitamente se hab�a otorgado conforme a preceptos de derecho p�blico econ�mico a unas entidades financieras en particular, debe ser distribuido entre la entidad y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Ello no coloca en ning�n caso a las entidades mencionadas en situaci�n de desventaja frente a las dem�s entidades financieras, ni altera el principio de la igualdad ante la ley. Adem�s, ha sido inveteradamente la ley, o sea el Congreso el que soberana�mente ha establecido quien es la entidad financiera depositar�a de los dep�sitos judiciales (art�culo7� de la Ley 53 de 1917, art�culo 22 de la Ley 25 de 1923 y la Ley 2 de 1963).

7. Por ello, es competencia del Congreso regular el manejo de los dep�sitos judiciales (art�culo 76 de la Constituci�n Pol�tica) pudiendo determinar qu� estable� cimientos bancarias cumplen esta funci�n, y para efectos de conveniencia, si uno o varios de ellos, as� como establecer las fuentes de financiaci�n de los servicios p�blicos (art�culos 76 y 203 de la Constituci�n Pol�tica) por lo que no se viola ni el art�culo 58 ni el art�culo 203 de la Constituci�n Pol�tica, sino que por el contrario laley est� determinando el modo de prestar el servicio.

8. Por ello habr� de declararse exequible el art�culo 2� de la ley en sus incisos 1�, 4� y su par�grafo, as� como los siguientes apartes del inciso 2� del art�culo 2o: 'el pago debe efectuarse sobre el 10% del referido saldo, increment�ndose anualmente a partir del 1� de enero de 1987, en 18 puntos porcentuales hasta haber incluido, en 1991 la totalidad del mismo' y el inciso 3� con excepci�n de la �ltima frase.

9. Sin embargo, la Corte considera que son inexequibles el precepto contenido en los siguientes apartes del inciso 2� del art�culo 2�. 'Para el primer semestre, esto es para el per�odo comprendido entre el 1� de julio de 1986 y el 31 de diciembre delmismo a�o', as� como el precepto contenido en la frase final del inciso 3� del art�culo2�. Dicho pago se realizar� desde el segundo semestre de 1986', por las razonessiguientes: Esta disposici�n del art�culo 2� de la Ley 11 de 1987 s�lo puede aplicarse a aprovechamientos causados con posterioridad a la vigencia de la ley, esto es a partir de la publicaci�n de la ley de conformidad con el art�culo 8� de la misma, o sea a partir del 27 de enero de 1987(Diario Oficial n�mero 37765 de enero 27 de 1987).

10. La Corte considera que la aplicaci�n retroactiva de la ley para que empiecen a cumplirse y a realizarse los pagos 'desde el segundo semestre de 1986' no s�lo es un imposible, sino que modifica situaciones jur�dicas que fueron garantizadas por leyes que estuvieron vigentes hasta el 27 de enero de 1987 bajo cuyo amparo jur�dico el Banco Popular y la Caja de Cr�dito Agrario, entidades regidas por las normas aplicables a las sociedades de econom�a mixta, adquirieron leg�timamente el derecho a esos beneficios que por cierto debieron figurar en sus balances y en sus estados de p�rdidas y ganancias a 31 de diciembre de 1986 y de los cuales no podr�n ser expropiados sin las formalidades establecidas en los art�culos 26 y 30 de la Constituci�n Pol�tica.

11. Permitir que una ley vigente s�lo a partir de enero 27 de 1987, pueda modificar retroactivamente los derechos patrimoniales de estas entidades, ser�a aceptar que esos derechos puedan ser desconocidos y vulnerados por ley posterior, sin f�rmula de juicio y abrir la v�a a que en el futuro leyes semejantes puedan aplicarse a sociedades de econom�a mixta ya no s�lo para regular los ingresos de los 6 meses anteriores, sino de a�os anteriores, quebrant�ndose en cualesquiera de los casos los art�culos 26 y 30 de la Constituci�n Pol�tica.

11. La Corte observa que ni la Caja de Cr�dito Agrario ni el Banco Popular son establecimientos p�blicos, los que est�n sometidos a diferente normatividad. La Corte observa, adem�s, que en el caso de los preceptos que se declarar�n inexequibles no se trata de que ellos establezcan una retrospectividad de la ley, como s� se da en el de la menci�n que se hace, constitucionalmente, de la fecha 30 de junio de 1986 en los incisos 1� y 3� declarados exequibles, donde dicha fecha s�lo se usa como un indicador para la aplicaci�n del mecanismo gradual de transferencia de los porcentajes del aprovechamiento.

13. La Corte considera importante observar y hacer �nfasis en que los preceptos del articulado que se declarar�n inexequibles en nada impiden la aplicaci�n de la ley a partir de la fecha de su vigencia, ya que el inciso 2� del art�culo 2� en su parte que se declarar� exequible quedar� as�: 'el pago debe efectuarse sobre el 10% del referido saldo increment�ndose anualmente a partir del 1� de enero de 1987, en 18 puntos porcentuales hasta haber incluido en 1991, la totalidad del mismo' ".

Todo ello, sin perjuicio de las sumas que adicionalmente girar�n el Banco Popular y la Caja Agraria de conformidad con el inciso 3� del art�culo 2� para lo cual aplicar�n porcentajes semejantes, disposici�n que tambi�n se declarar� exequible, con la sola excepci�n de la inexequibilidad de la frase: "Dicho pago se realizar� desde el segundo semestre de 1986"; esta �ltima inexequibilidad tampoco afecta la aplicaci�n de la ley, porque el inciso 4� del art�culo 2 declarado exequible claramente establece que los giros "se har�n durante el mes siguiente al respectivo trimestre", lo que significa que los pagos se hacen por trimestres vencidos de 1987, teniendo en cuenta que para el primer trimestre los aprovechamientos se causan a partir de la vigencia de la ley.

1. La Corte considera que el art�culo 3� es exequible, porque el Congreso (art�culo 76 C.P.), aut�nomamente puede regular la materia de inversiones forzosas para disminuir el efecto negativo que en el Banco Popular puede tener la menor rentabilidad que obtendr� para s�, del aprovechamiento que ven�a haciendo de las sumas de dinero consignadas como dep�sitos judiciales.

1 La Corte considera que los art�culos 4o y 5� de la ley, establecen normas similares a los literales d) y e) del art�culo 1� de la Ley 26 de 1979 que prescriben como recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia: "d) El valor de las multas que conforme a la ley en cumplimiento de sus funciones impongan a cualquier persona lasautoridades judiciales; y e) El valor de las cauciones prendarias que se imponganmateria penal, cuando se hicieren exigibles por incumplimiento de las obligacio�nes impuestas al procesado", que ya fueron declarados exequibles por la Corte ensentencia de marzo 28 de 1980 y por ello la Corte s�lo confirma la doctrina establecida en esas providencias que declar� exequibles la asignaci�n de esos recursos al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia ya que como establecimiento p�blico,�ste puede beneficiarse de esas sumas causadas en favor de la Naci�n.

La Corte considera que el art�culo sexto establece la destinaci�n que debe hacerse de las sumas que recaude el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, y como lo expresa el Procurador General, la Corte encuentra que dichos fines armoni�zan no s�lo con el prop�sito de una mejor prestaci�n del servicio p�blico de justicia sino con las funciones que desarrolla el Fondo Rotatorio del Ministerio de justicia sin que exista ninguna inconstitucionalidad en la norma, ya que el Estado para podercumplirsus servicios debe crear las fuentes de sus rentas o ingresos, lo contrario comodijo la Corte Suprema en sentencia de 27 de noviembre de 1973 citada por elProcurador ser�a llevar el Estado a la par�lisis. Por lo dem�s, la Corte Suprema deJusticia declar� exequible el art�culo 2� de la Ley 26 de 1979 que contemplaba unadestinaci�n semejante en sentencia de 28 de marzo de 1980.

2. El mecanismo de las cuentas separadas a que se refiere el inciso final del art�culo 6�, lo contempla el Decreto-ley n�mero 294 de 1973, art�culos 18 a 24 del Estatuto Org�nico de Presupuesto que regula el r�gimen presupuestal de los estableci�mientos p�blicos nacionales, tales como el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, por lo cual no encuentra la Corte tampoco violaci�n de la Constituci�n por este concepto.

1. La Corte considera tambi�n que es exequible el impuesto del 3% que sobre el valor final del remate que se realice por el martillo del Banco Popular, el Fondo Rotatorio de Aduanas, los juzgados civiles, los juzgados laborales y dem�s entidades de orden nacional, departamental y municipal deban pagar los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles; el impuesto cumple con los requisitos de generalidad, certeza, proporcionalidad del tributo as� como con lo dispuesto en los art�culos 43 y 76 de la Constituci�n Pol�tica.

2. Por lo dem�s la Corte, de acuerdo con el Procurador General, considera que no hay violaci�n del art�culo 77 ni del 92 de la Constituci�n Pol�tica. Es evidente que la "materia" de la ley es buscar un mejoramiento de la Administraci�n de Justicia; en el caso de la ley sub examine mediante la creaci�n de un impuesto y la transferencia de unos aprovechamientos relacionados con operaciones bancarias que utilizan los dep�sitos judiciales. El art�culo 77 de la Constituci�n Pol�tica precept�a que es el Presidente de la respectiva comisi�n del Congreso quien debe establecer si unainiciativa guarda o no relaci�n con la materia del proyecto, siendo su decisi�napelable ante la Comisi�n. No obra en el proceso constancia alguna que permitaestablecer que la norma del art�culo 1� de la Ley 11 de 1987, fuera objetada por tratarsede una disposici�n que no se relacionara con el proyecto de ley. Pero a�n m�s,encuentra la Corte que la conexidad, relaci�n o referencia que predica la Constitu�ci�n en su art�culo 77, es una conexidad, relaci�n o referencia amplia, de all� elconcepto de "materia" que utiliza la Constituci�n y no una relaci�n meramenteformal o ling��stica.

3. Ser�a injur�dico, restringir la competencia legislativa del Congreso, bajo el pretexto de un excesivo rigorismo ling��stico que obligare en el caso de cada art�culo al legislador a explicar por qu� considera que hay una relaci�n entre un art�culo y otro de una ley. Como muy bien se dec�a en la exposici�n de motivos del que fue Acto Legislativo n�mero 1 de 1968: "La norma contemplada tiende a la unidad de legislaci�n por materias, a evitar que se sorprenda la voluntad de las C�maras con la inclusi�n de textos ajenos a ellas, y a dotar de poderes a los Presidentes de las Comisiones y de las C�maras para que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la l�gica y la t�cnica jur�dica suponen" (Historia de la Reforma Constitucional de 1968, Presidente de la Rep�blica - Secretar�a Jur�dica, Bogot�, D. E. Imprenta Nacional, 1969, p�gina 46. Subrayas de la Corte).

Tampoco se quebranta el art�culo 92 de la Constituci�n, porque como se dice en el concepto del Procurador "en el t�tulo de una ley no se pueden incluir todos los asuntos consignados en la misma". El punto constitucional mente relevante es que "los puntos vertidos en un proyecto de ley deben ir encaminados a una misma finalidad y aunque, al ser considerados separadamente, pueden parecer distintos,est�n todos ordenados en una misma direcci�n de tratamientos del tema, y parase�alar su alcance se anot� tambi�n que por materia ha de entenderse el �rea general de un tema tomado en su conjunto, y no las piezas separadas del mismo. En s�ntesis lo que se propuso el constituyente fue rechazar disposiciones ajenas al tema general del proyecto u objeto de la ley, a fin de impedir sorpresas con materias extra�as (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de mayo 27 de 1980).

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

"DECLARAR EXEQUIBLES el art�culo 2� de la Ley 11 de 1987 con excepci�n del precepto contenido en la parte del inciso segundo que a la letra dice: 'Para el primer semestre, esto es para el per�odo comprendido entre el 1" de julio de 1986 y el 31 de diciembre del mismo ano' que se declara inexequible, y de la parte final del inciso tercero del art�culo 2� que a la letra dice: 'Dicho pago se realizar� desde el segundo semestre de 1986' que se declarainexequible.

DECLARAR EXEQUIBLES los art�culos 3�, 4�, 5�, 6� y 7� de la Ley 11 de 1987".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gace�ta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Presidente; Gustavo Zafra Roldan, Conjuez; Jorge Carre�o Luengas, Guillermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento, Jorge Enrique Guti�rrez Anzola, Conjuez; Gustavo G�mez Vel�squez, Juan Hern�ndez S�enz, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart��nez Z��iga, Jaime San�n Greiffenstein, Alberto Ospina Botero, D�dimo P�ez Velandia, jorge Iv�n Palacio Palacio.