300Corte SupremaCorte Suprema30030014744962 (109E).Ricardo Medina Moyano.198210/05/1982962 (109E)._Ricardo Medina Moyano._1982_10/05/198230014744AGILIZACION DE TRÁMITES PARA ADQUISICION DE TIERRAS POR EL INCORA PARA LOS QUE DEPONGAN LAS ARMAS Exequible el Decreto número 693 de 1982 Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1982
demanda de inconstitucionalidad Decreto legislativo número 693 de 1982. Por el cual se dictan medidas para el restablecimiento del orden público interno.Identificadores30030014745true88314Versión original30014745Identificadores

Norma demandada:  demanda de inconstitucionalidad Decreto legislativo número 693 de 1982. Por el cual se dictan medidas para el restablecimiento del orden público interno.


AGILIZACION DE TRÁMITES PARA ADQUISICION DE TIERRAS POR EL INCORA

PARA LOS QUE DEPONGAN LAS ARMAS

Exequible el Decreto número 693 de 1982

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Ref.: Proceso número 962(109E).

Revisión Constitucional Decreto legislativo número 693 de 1982. Por el cual se dictan medidas para el restablecimiento del orden público interno.

Magistrado ponente: doctor Ricardo Medina Moyano.

Sentencia número 18.

Aprobado según Acta número 36.

Bogotá, D. E., 10 de mayo de 1982.

I

Antecedentes

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 de la Constitución Nacional, y para los fines en él previstos, la Secretaría General de la Presidencia de la República ha remitido a la Corte copia debidamente autenticada del Decreto legislativo número 693 del 8 de marzo del presente año, dictado con base en el artículo citado, mediante el cual "se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público interno".

Emitido por la Procuraduría General de la Nación el concepto ordenado por la Constitución, corresponde a la Corte tomar la decisión respectiva.

II

Texto del Decreto

El texto del Decreto legislativo sometido al control constitucional automático de la Corte, incluido el acápite correspondiente, es del siguiente tenor:

«DECRETO NUMERO 693 DE 1982

(marzo 8)

por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público interno.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y

Considerando:

Que por Decreto número 2131 de 7 de octubre de 1976, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio de la Nación;

Que por Decreto número 474 de 19 de febrero de 1982, se dictaron medidas tendientes al pronto restablecimiento del orden público interna, y para tal fin dispuso la adopción de planes especiales de dotación de tierras por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, para la reincorporación a la legítima actividad económica de quienes se acojan a los beneficios con-sagrados en el citado Decreto, y para atender las necesidades de las regiones afectadas por las actividades contrarias al orden público;

Que es necesario señalar un trámite especial con el fin de facilitar la adquisición de tierras y mejoras por parte del Incora para la ejecución de los referidos planes, pues el sometimiento al régimen ordinario podría hacer nugatorios los objetivos propuestos,

Decreta:

Artículo 1° Facultase al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria para adquirir directa-mente tierras o mejoras de propiedad privada, con el objeto de dar cumplimiento a los planes destinados a facilitar la incorporación a la normal actividad económica de quienes se acojan a los beneficios del Decreto 474 de 1982, y para atender las necesidades de las regiones afectadas para las actividades contrarias al orden público.

Artículo 2° Para cumplir los fines de que trata el artículo anterior, el Gerente General del Incora dispondrá la identificación de las tierras que sean aptas para los planes de que trata este Decreto, y ordenará los avalúos que sean necesarios. Esta información será sometida a consideración de la Junta Directiva, para que ella adopte los planes de adquisición y dotación de tierras o mejoras.

Adoptado el plan respectivo el Incora formulará al propietario oferta de compra, la cual con-tendrá la identificación de las tierras o mejoras e indicará el programa para el cual se requieren, el precio que se ofrece y la forma de pago.

La oferta se formulará personalmente al propietario o su representante, en diligencia que se celebrará, previa citación, con señalamiento de fecha, lugar y hora, diligencia de la cual se dejará constancia en acta suscrita por las partes. También podrá ser formulada por escrito mediante comunicación enviada por correo certificado al domicilio o residencia del propietario o de su representante.

Si hubiere acuerdo, las partes procederán a perfeccionar la negociación o a suscribir la correspondiente promesa de compraventa.

Artículo 3° El, precio máximo que el Incora podrá pagar en la negociación de las tierras o mejoras que se requieran para los fines del presente Decreto, se determinará mediante el avalúo de que trata el artículo anterior, practicado por peritos del Cuerpo Especial para la. Reforma Agraria del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Dicho avalúo deberá comprender por separado el valor de las tierras y de las mejoras allí establecidas, si sus propietarios fueren diferentes.

Artículo 4° El pago de las tierras o mejoras que adquiera el Incora para el cumplimiento de los fines previstos en el Decreto número 474 de 1982, se hará en las condiciones que las partes acuerden.

Artículo 5° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 8 de marzo de 1982».

El Decreto transcrito se encuentra firmado, tanto por el Presidente de la República como por la totalidad de los Ministros del Despacho.

III

Concepto de la Procuraduría.

Impugnaciones

La Procuraduría General de la Nación (Fl. 12), teniendo en cuenta de un lado la finalidad del Decreto 693, y no encontrando por otra par te que "el articulado del mismo contravenga ninguna norma del Código Superior", termina su concepto solicitando a la Corte "declararlo constitucional".

Para llegar a esta conclusión la Procuraduría empieza por observar que las normas del Decreto sujeto en este caso al juicio constitucional de la Corte, "son obligada consecuencia de uno de los mandatos del Decreto 474 de este año" y que, precisamente tal agencia fiscal, mediante el concepto número 554 del doce de marzo de este año, consideró que "los preceptos del Decreto 474 se hallan dentro de las atribuciones de que está investido el Presidente de la República dentro de la situación de orden público perturbado y, por tanto, no contravienen el artículo 121 ni ningún, otro mandato de la Constitución Nacional ".

Y, ya, sobre este supuesto de que las disposiciones del Decreto número 693 no son otra cosa que una consecuencia de los mandatos del Decreto número 474, la Procuraduría desarrolla su discurso del siguiente modo:

"En efecto, si en este último se ordena al organismo ejecutor de la reforma agraria adoptar planes especiales de dotación de tierras, para facilitar la reincorporación a la vida económica y social a quienes se acojan a él, ampliando de este modo los objetivos que al organismo descentralizado señala el artículo 1° de la Ley 135 de 1961 y las finalidades para las cuales puede adquirir tierras y mejoras de propiedad privada, a decir del artículo 54 de la misma ley y del artículo 20 de la Ley 4a de 1973, se hacía indispensable aligerar el procedimiento a que esas leyes con su complemento de decretos leyes y reglamentarios somete la compra de inmuebles rurales con destino a los programas ordinarios de la reforma agraria. Porque, de tener que agotar el Incora los requisitos y procedimientos previos, concomitantes y subsiguientes a que obliga el Capítulo XI de su ley orgánica (Arts. 54 a 67), se prolongaría muy considerablemente el cumplimiento del propósito del Gobierno de readaptar económicamente a quienes depongan las armas: se frustraría el interés de éstos en obtener los beneficios y, como consecuencia, la pacificación que se busca con estas medidas".

E insistiendo en esta línea argumental cuyo fundamento principal se encuentra a su juicio en la necesidad de agilizar los trámites para la "dotación de tierras a los miembros de las agrupaciones contrarias al orden jurídico de la Nación", que se acojan a los beneficios consagrados en el Decreto legislativo número 474 de 1982, agrega la Procuraduría que:

"Las disposiciones del Decreto número 693 despejan el, camino de las dispendiosas secuencias procedimentales, como son, entre otras, el análisis de los factores que conforman la calificación de tierras (Arts. 56 de la Ley 13,5 de 1961, 21 de la Ley 4a de 1973 y Decreto número 1639 de 1974) sobre normas de productividad; el análisis del derecho de exclusión que a favor de los propietarios consagran las leyes (Arts. 59 de la Ley 135 de 1961, 24 de la Ley 4ª de 1973 y Decreto número 1368 de 1974) ; las limitaciones al precio y los plazos para el pago (Arts. 62 de la Ley 135 de 1961, 26 de la Ley 4ª de 1973 y Decreto número 2895 de 1963) ; el procedimiento administrativo de expropiación si no se logra acuerdo con el propietario y el recurso de revisión administrativa que procede contra la respectiva resolución (artículo 61. de la Ley 135 de 1961 y 25-4 de la Ley 4ª de 1973). Y, superado todo lo anterior el respectivo proceso judicial de expropiación.

El Decreto 693 de 1982 establece, para los efectos del artículo 19 del Decreto número 474, un sistema de compra directa al cual únicamente precede la identificación de las tierras aptas para los planes y los avalúos por el Cuerpo especial de peritos de la reforma agraria del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, información que debe ser sometida a la Junta Directiva del Incora para que ese órgano rector adopte los planes de adquisición y dotación. Con fundamento en lo anterior sobreviene la oferta de compra al propietario y si se logra acuerdo se suscribirá la respectiva promesa en las condiciones que las partes establezcan. Esto es, se adopta para estos eventos el sistema similar al contenido en el Decreto número 150 de 1976 para la compra de inmuebles con destino a entidades del sector público".

Cabe señalar, para los efectos previstos en el ordinal 29 del artículo 214 de la Constitución Nacional relacionados con la intervención de la ciudadanía en este tipo de control automático, que el negocio fue oportunamente fijado en lista (Fl. 7), habiendo transcurrido "en silencio" el término respectivo, según el informe secretarial. En otras palabras, no se presentaron ni defensores ni impugnadores del Decreto.

IV

Consideraciones de la Corte Primera. Competencia de la Sala Plena de la Corte

El conocimiento del presente juicio de constitucionalidad, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 214 y 121 de la Carta Política, previo estudio de la Sala Constitucional de la misma.

Segunda. Constitucionalidad del, Decreto legislativo expedido por el Ejecutivo

a) Conviene observar, en primer término que, según lo expresado en la primera parte de esta providencia, el Decreto extraordinario número 693 del presente año, lleva la firma tanto del Presidente como de la totalidad de los Ministros del Despacho, y en segundo lugar, que el Decreto número 2131 de 1976, mediante el cual se declaró turbado el orden público en la totalidad del territorio del Estado, también fue expedido regularmente, existiendo por otra parte una clara relación de conexidad entre los dos Decretos. Resulta pertinente a este propósito, transcribir el texto del último Decreto mencionado:

«DECRETO 2131 DE 1976

(octubre 7)

por el cual se declaran la turbación del orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y

Considerando:

Que la Constitución ordena al Estado proteger la vida humana y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales suyos y de los particulares.

Que la protección a la vida supone el cuidado de la salud y que dentro de los deberes sociales del Estado se incluye el de prestar el servicio público correspondiente.

Que es deber primordial del Gobierno preservar la seguridad colectiva y restablecer el orden cuando estuviere quebrantado, mediante el eme Aleo de los medios previstos en la Carta para mantener la vigencia de las instituciones que ella misma consagra.

Que desde hace más de un mes existe en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales un paro inconstitucional que afecta sus servicios médicos, paramédicos y complementarios.

Que por solidaridad el paro se ha extendido a otras entidades oficiales pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, con todo lo cual no sólo se ha perjudicado a los trabajadores afiliados a dicho Instituto sino a la parte más desvalida y numerosa de la población, que sólo puede recurrir a los centros hospitalarios de asistencia pública.

Que dentro de los fines del paro está el de coaccionar a las autoridades para que, por las vías de hecho, se abstengan de aplicar disposiciones legales, delito contemplado en el artículo 184 del Código Penal.

Que diversos sindicatos de entidades estatales y descentralizadas han hecho pública su decisión de llevar a cabo paros de solidaridad con el que ilegalmente se realiza en el Sistema Nacional de Salud.

Que, además, junto con los hechos anteriores han ocurrido otros, como frecuentes asesinatos, Secuestros, colocación de explosivos e incendios, característicos de prácticas terroristas dirigidas a producir efectos políticos que desvertebren el régimen republicano vigente, hechos que atentan contra derechos ciudadanos reconocidos por la Constitución y por las leyes y que son esenciales para el, funcionamiento y preservación del orden democrático, propio del Estado de Derecho.

Que, oído previamente el Consejo de Estado, dio dictamente favorable para que el Gobierno utilizara las facultades establecidas en el artículo 121 de la Constitución,

Decreta:

Artículo 1° Decláranse la turbación del orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional.

Artículo 2° Este Decreto rige desde su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 7 de octubre de 1976».

Consiguientemente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto anterior, lo mismo que en el Decreto legislativo número 474 del presente año, del cual la norma que es objeto en el presente caso del análisis constitucional de la Corte, no es otra cosa que una adecuada complementación, en particular de lo dispuesto en sus artículos 18 y 19; que se observa existe una relación evidente entre los hechos que han originado la perturbación del orden público y las medidas tomadas;

b) Como se acaba de observar, el Decreto legislativo número 693 es complementación y desarrollo del Decreto número 474 de la misma naturaleza, ambos citados en el presente año, como que el segundo autoriza a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y al Instituto de la Reforma Agraria para adoptar "planes especiales de crédito y dotación de tierras para facilitar, a quienes se acojan a los beneficios de este Decreto, su reincorporación a la legítima actividad económica", según el citado artículo 19; y el primero comporta precisamente la adopción de tales planes al facultar al mismo Instituto de la Reforma Agraria "para adquirir directamente tierras o mejoras de propiedad privada, con el objeto de dar cumplimiento a los planes destinados a facilitar la incorporación a la normal actividad económica a quienes se acojan a los beneficios del Decreto número 474 de 1982" ;

c) Mediante providencia del día 10 del presente mes de mayo, la Corte decidió declarar "exequible la totalidad del Decreto número 474 de 1982, `por el cual se dictan medidas tendientes al pronto restablecimiento del orden interno".

Como ya se indicó, las normas contenidas en el Decreto legislativo examinado constituyen una consecuencia natural de lo dispuesto en el Decreto legislativo número 474 de este año. Ciertamente, como lo precisa la Corte en la providencia antecitada, el Decreto 474:

"incluye normas en tres sentidos diferentes : a) para suspender acciones militares o de policía; b) para extinguir acciones penales y penas por ciertos delitos y en favor de determinadas personas; e) para establecer algunos procedimientos que permitan lo anterior y dictar las medidas que faciliten el propósito general del Decreto ".

Y desde luego las disposiciones comprendidas en el Decreto número 693 de 1982, son un des-arrollo de las medidas mencionadas en último término, coma por otra parte también lo precisan diáfanamente los considerandos del mismo, los cuales además de invocar los Decretos números 2131 de 1976 y 474 de 1982, hacen resaltar: "que es necesario señalar un trámite especial con el fin de facilitar la adquisición de tierras y mejoras por parte del Incora para la ejecución de los referidos planes, pues el sometimiento al régimen ordinario podría hacer nugatorios los objetivos propuestos";

d) Consiguientemente, la relación existente entre el Decreto número 693 v el 474 de este año, reconocida por la Corte y la decisión de la misma respecto a la exequibilidad del segundo de ellos serían razones suficientes para predicar así mismo la constitucionalidad del Decreto número 693.

Conviene enfatizar, sin embargo, que las medidas adoptadas en éste corresponden holgadamente a las facultades de que se encuentra investido el Presidente de la República en el marco del estado de sitio, o lo que es lo mismo, dentro de los preceptos del artículo 121 de la Carta Fundamental, los cuales con frecuencia han permitido la utilización de amplias medidas represivas.

En el presente caso se trata a mayor abundamiento de medidas de rehabilitación económica y social inequívocamente encaminadas a la conservación del orden público, a la obtención y mantenimiento de la paz, supremo bien jurídico y social, del cual se ocupa la Carta Fundamental del Estado en numerosas cláusulas, incluido en tal sentido el propio preámbulo de la crisma, en torno del cual "se reconstituyó la República" en 1886, y plebiscitariamente ratificado en el año de 1957, medidas que buscan ostensiblemente remover las propias causas sociales de la per-turbación del orden.

Resulta pertinente subrayar así mismo la relación existente entre las normas del Decreto número 693 de 1982 y las labores de la llamada Comisión de Paz, creada por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto número 2781 de 1981, precisamente con la finalidad de `explorar los caminos mejor indicados para fortalecer la paz pública y el orden social, así como para facilitar las condiciones que hagan posible la derogatoria de las medidas de excepción'.

No encontrando de contera la Corte, que el Decreto legislativo número 693 de 1982 sea violatorio de la Carta Política del Estado, toda vez que fue expedirlo con el lleno de las formalidades previstas en el artículo 121 de la Constitución y porque las normas contenidas en él se ajustan a las facultades del Gobierno durante el estado de sitio, declarará la exequibilidad del mismo.

V

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y escuchada la Procuraduría General de la Nación,

Resuelve

DECLÁRASE EXEQUIBLE, por no ser contrario a la Constitución, el Decreto legislativo número 693 del 8 de marzo del presente año, por el cual se "dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público interno".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Carlos Sáchica

Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, César Ayerbe Chaux, con salvamento de voto; Fabio Calderón Botero, Manuel E. Daza Álvarez, José María Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, con salvamento de voto, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, German Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, salvamento de voto; Juan Hernández Sáenz, Álvaro Luna Gómez, salvó el voto; Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis E. Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

Salvamento de voto

Mi discrepancia en la fundamentación y de-cisión del caso relacionado con la radicación 962 es una consecuencia de las razones que di para mi salvamento de voto en el caso de la radicación 957.

En efecto, el Decreto legislativo número 693 de este año, que es objeto de revisión automática, no es más que un complemento consecuencial del Decreto legislativo número 474 de 1982. Las dos regulaciones se hallan íntimamente compenetradas. El Decreto número 474 dispuso la creación de planes especiales de dotación de tierras por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria con un doble fin: la reincorporación a la actividad económica normal de quienes se acogieran a los beneficios de amnistía e indulto a que ese Decreto se refiere; y la atención de las necesidades de las regiones afectadas por actividades contrarias al orden público. Pero no señaló el trámite especial para facilitar la adquisición de tierras con el objeto de ejecutar aquellos planes. Por eso se dictó el Decreto número 693 de 1982.

Ahora bien, si para mí el Decreto número 474 sobre amnistía e indulto era inexequible, consecuencialmente las medidas de rehabilitación económicas que se expidieron con el Decreto número 693 en favor de los beneficiados con el Decreto número 474, deben sufrir los mismos efectos de inexequibilidad.

César Ayerbe. Chaux.

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

El Decreto legislativo número 693 de 8 de marzo pasado es, apenas, complemento del 474 de 19 de febrero de este año, cuya exequibilidad no compartí en extenso salvamento de voto presentado conjuntamente con los Magistrados Gustavo Gómez Velásquez y Álvaro Luna Gómez; en consecuencia, las razones que entonces expusimos para manifestar nuestra inconformidad con aquella decisión me llevan ahora a apartarme, como me aparto respetuosamente, de lo resuelto en ésta por la Corte.

Dante L. Fiorillo Porras.

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

Las razones expuestas para disentir de la decisión mayoritaria adoptada por la Corte, en relación con el Decreto número 474/82, sirven integralmente para apartarme del pronuncia-miento de constitucionalidad del Decreto 693/82, pues al fin y al cabo esta normatividad depende, en un todo, de aquélla, por lo que las apreciaciones se corresponden sustancialmente.

Con el debido comedimiento,

Gustavo Gómez Velásquez, Álvaro Luna Gómez, Magistrados.