Sentencia 1519 de 1987

300Corte SupremaCorte Suprema300300147201519Jes�s Vallejo Mej�a198703/03/19871519_Jes�s Vallejo Mej�a_1987_03/03/198730014720REAJUSTE SALARIAL DE EMPLEADOS P�BLICOS EN EL ORDEN NACIONAL, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS POR EL CONGRESO, TEMPORALES Y PRECISAS. NO VULNERA LOS GRADOS NI LOS HONORES DE LA FUERZA PUBLICA. PUBLICACI�N DE LA NORMA EN EL DIARIO OFICIAL Exequible en su totalidad el Decreto n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia n�mero 18. Referencia: Expediente n�mero 1519. 1987

Gerardo Ayerbe, Alfonso Ahumada, Alberto Camacho, Marcos Ar�mbula, Alberto Paweles, Hernando Castro, John Rayran | Jos� A. PedrazaDecreto n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis (1986).Identificadores30030014721true88290Versi�n original30014721Identificadores

Norma demandada: �Decreto n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis (1986).

REAJUSTE SALARIAL DE EMPLEADOS P�BLICOS EN EL ORDEN NACIONAL, MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS. FACULTADES EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS POR EL CONGRESO, TEMPORALES Y PRECISAS. NO VULNERA LOS GRADOS NI LOS HONORES DE LA FUERZA PUBLICA. PUBLICACI�N DE LA NORMA EN EL DIARIO OFICIAL

Exequible en su totalidad el Decreto n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis.

Actores: Gerardo Ayerbe, Alfonso Ahumada, Alberto Camacho, Marcos Ar�mbula, Alberto Paweles, Hernando Castro, John Rayran y Jos� A. Pedraza.

En ejercicio de la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Constitu�ci�n Pol�tica, los ciudadanos Gerardo Ayerbe, Alfonso Ahumana <sic>, Alberto Camacho, Marcos Ar�mbula, Alberto Paweles, Hernando Castro, John Rayran y Jos� A. Pedraza, presentaron demanda de inexequibilidad contra el Decreto n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis. Se admiti� la demanda, se corri� traslado de ella al Procurador General de la Naci�n quien ha emitido su concepto y la Corte se ocupar� en decidir sobre la misma.

El texto del Decreto-ley n�mero 108 de mil novecientos ochenta y seis, es el siguiente:

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 01 de 1986.

"Art�culo 1�. A partir del 1� de enero de 1986, la remuneraci�n mensual de los empleos de Ministerios y Departamentos Administrativos que a continuaci�n se se�alan ser� la siguiente:

"Par�grafo. La persona designada en el empleo de Secretario Ejecutivo c�digo 5040 Grado 17 del Despacho de Ministro o Jefe de Departamento Administrativo tendr� derecho a percibir la remuneraci�n se�alada en este cap�tulo cuando para el cumplimiento de las funciones, deberes y responsabilidades atribuidas al cargo deba laborar ordinariamente en jornadas superiores a cuarenta y cuatro 844) horas semanales.

"Art�culo 2�. A partir del 1� de enero de 1986, la remuneraci�n mensual de los empleos que a continuaci�n se se�alan ser� la fijada para su grado en la escala de remuneraci�n del Nivel Directivo de que trata el Decreto-ley n�mero 062 del presente a�o y a partir del 7 de agosto de 1986 ser� la siguiente:

"Art�culo 3�. A partir del 7 de agosto de 1986, la remuneraci�n mensual del personal de la Rama Ejecutiva del poder p�blico en lo nacional que sea equivalente a un porcentaje de la que corresponde a los Ministros o Jefes de Departamento Administrativo, se continuar� determinando sobre la cuant�a de ciento noventa y siete mil pesos ($197.000.00) y las que sean equivalentes a un porcentaje de la de los viceministros sobre la suma de ciento setenta y ocho mil veinte pesos ($178.020.00).

Art�culo 4�. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los art�culos 2� del Decreto-ley n�mero 1044 de 1978, 5� y 6� del 3693 de 1981 y 2� del 140 de 1985 y los Decretos leyes 103, 292 y 293 de 1983 y 113 de 1985, surte efectos fiscales a partir del 1� de enero de 1986 salvo lo dispuesto en el art�culo 2�.

El Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico, Hugo Palacios Mej�a; la jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Ericina Mendoza Salud�n''.

Los demandantes estiman violados los art�culos 2, 30, 55, 76 ordinales 9 y 12 y el 118-8 de la Constituci�n Pol�tica.

Los fundamentos de la acusaci�n y el concepto de la violaci�n lo sustentan as�:

1. El Decreto-ley n�mero 108 de 1986 es inconstitucional en su totalidad por cuanto fue expedido extempor�neamente, conclusi�n a la cual Ilegal los demandan�tes al computar el t�rmino de revestimiento de facultades legislativas, en cuyo

concepto, contado desde el tres de enero venci� el 10 de enero siguiente, y como el Decreto-ley acusado est� fechado el d�a 11 de enero consideran que su expedici�n excedi� el tiempo.

2. Como el t�rmino de facultades extraordinarias venci� el 10 de enero y en el art�culo 3� se dispone que "entra a regir a partir del 7 de agosto de 1986, de manera indirecta, se autofaculta para extender la protemporalidad autorizada, con evidenteabuso desde el 7 de agosto futuro -dicho en relaci�n con la fecha de presentaci�n dela demanda- en que se agota in integrum la capacidad ejecutiva".

3. Por lo dispuesto en el art�culo 2� del Decreto acusado la remuneraci�n mensual del Ministro del Depacho <sic>, lefe de Departamento Administrativo y Viceministros a partir del 7 de agosto de 1986 reciben un incremento salarial, pero en el art�culo 3oibidem se ordena no aplicar el aumento al personal de la Rama Ejecutiva cuya remuneraci�n sea equivalente a un porcentaje de la asignaci�n de aqu�llos. Es decir, congela la escala de salarios grado 09, fijada en el Decreto-ley n�mero 062 de 1986. Entre dichos servidores p�blicos se encuentran los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional en la escala de Generales, Mayores Generales, Brigadieres Generales, quienes tienen predeterminada su asignaci�n, seg�n el De�creto-ley n�mero 095 de 1986 en una proporci�n de la remuneraci�n del cargo deMinistro, y es obvio que por esta v�a indirecta, se excluye a los oficiales de talgraduaci�n en actividad y en goce de asignaci�n de retiro, de beneficiarse de talesincrementos".

4. En las asignaciones de retiro y de beneficiarios legales de dicha clase se lesiona el derecho adquirido con justo t�tulo y con arreglo a la ley, porque no puede modificarse por leyes posteriores, para desaparecer la protecci�n que a tales situaciones otorgan los art�culos 17y30. Adem�s se obra contra la prohibici�n de privar a losmilitares de sus grados, honores y pensiones, "en la manera que no extiende a dichaescala tales aumentos".

Como en el Decreto cuestionado no aparece la firma del Ministro de Defensa, se quebrant� el art�culo 57 de la Constituci�n que exige para la validez de los actos del Presidente de la Rep�blica que "sean refrendados y comunicados por el Ministerio del ramo y hay que convenir que por afectar relaciones de car�cter militar y policivo propias del ramo de Defensa su titular debe aparecer refrendando el Decreto".

El Procurador en su intervenci�n solicita que la Corte declare: La exequibilidad del Decreto n�mero 108 de 1986 en cuanto a facultades se refiere; la exequibilidad del art�culo 2�; que se inhiba para resolver sobre el fondo del art�culo 3� del Decreto n�mero 108 de 1986 y que no se pronuncie sobre el art�culo 1�, porque:

1. En la demanda no se hace ninguna menci�n concreta del art�culo 1�, ni se explica su posible violaci�n.

2. Aplicando la norma del C�digo de R�gimen Pol�tico y Municipal que regula el c�mputo de d�as indicados por una disposici�n legal, el Procurador encuentra que en el presente evento fue expedido el Decreto dentro del t�rmino previsto por la Ley 1� de 1986 y que en consecuencia el Ejecutivo no infringi�, lo dispuesto en los art�culos76-12 y 118-8.

3. En lo que respecta al art�culo 3� afirma el concepto fiscal, que la supuesta inexequibilidad, de acuerdo con los argumentos de la demanda, se deduce de otras disposiciones legales que fijan las asignaciones de retiro de los oficiales de las Fuerzas Militares, o sea los art�culos 161 del Decreto n�mero 089 de 1984 y 2� del Decreto n�mero 095 de 1986, los cuales se transcriben. Como en la demanda apenas se insin�an, a pesar de ser precisamente las condicionantes de la inexequibilidad, la proposici�n jur�dica no es completa puesto que su alcance depende de otras normas que no han sido acusadas y las cuales son necesarias para decidir sobre la exequibili�dad del art�culo demandado.

Como el Decreto-ley n�mero 108 de 1986, por el cual se dictan normas en materia salarial Fue expedido por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades legislativas seg�n la Ley 1� de 1986, es competente la Corte para decidir sobre la acusaci�n de inexequibilidad presentada.

No obstante haberse cumplido �ntegramente los efectos del Decreto acusado al culminar el a�o 1986, considera la Corte que, por haber sido presentada la demanda durante dicho a�o, mantiene su competencia para pronunciarse sobre la misma.

La Ley 1� de 1986, facult� al Ejecutivo por ocho d�as contados desde su vigencia, para modificar la escala de remuneraci�n y el r�gimen de comisiones, vi�ticos y gastos de representaci�n de los empleados del sector p�blico. De ella, en sentencia del 25 de septiembre pasado dijo la Corte:

"El Congreso conocedor de las limitaciones constitucionales que en materia del manejo del gasto p�blico entronizara la reforma de 1968, en la Ley 1� de 1985 -ahora cabe decir, la Ley 1� de 1986, dada su semejanza-, al facultar al Ejecutivo para los reajustes de algunos ingresos de empleados p�blicos en el orden nacional, mantuvo al Gobierno el manejo de las cifras concretas precis�ndole, sin embargo, las variablesecon�micas observables: Ingresos estatales, �ndice de precios y facultad adquisitiva desalarios.

"El legislador indic� como norma general al Ejecutivo que al hacer uso de las facultades, la pol�tica del gasto p�blico a trav�s de las asignaciones de empleados de la Rama Ejecutiva, Legislativa y judicial para 1986, se incrementar�a en forma equiva�lente y en una variaci�n que ponderar�a la disponibilidad de los recursos fiscales y la mutaci�n del �ndice de precios, con la finalidad de garantizar el poder adquisitivo de los ingresos y conserv� las distintas categor�as de empleos y los diversos conceptos legales de retribuci�n de servicios.

"Ciertamente el Congreso, aunque no fij� el monto exacto de la variaci�n ni cu�les de los factores integrantes de la asignaci�n del empleado ser�an atribuciones legislativas al referirse a los distintos ingresos del servidor... sin dejar arbitrio al Gobierno en el ejercicio de las facultades al se�alarle las bases objetivas del incremen�to y de la modificaci�n, los rubros afectables, sin desbordarse fiscalmente en el gastop�blico, limitado a las disponibilidades ante la incidencia que en el flujo econ�micotienen y desencadenan su desenvolvimiento.

"Las facultades otorgadas... cubr�an... la totalidad de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico y la parte administrativa de la Instrucci�n Criminal, el Tribunal Disciplinario, la Contralor�a de la Rep�blica y los empleados p�blicos vinculados a las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Econom�a Mixta sometidas al r�gimen de dichas empresas, lo cual denota la magnitud multiplicadora del incremento salarial y prestacional sobre el caudal del erario p�blico, afectaci�n necesaria en la tributaci�n al fisco con merma del poder adquisitivo en general..."

Las facultades de las cuales fue revestido el Ejecutivo son propias del Congreso, fueron temporales y precisas. Resta afirmar solamente, que el incremento tendr�a vigencia durante el a�o 1986.

La Ley 1� de 1986, vigente desde su publicaci�n fue insertada en el "Diario Oficial" el 3 de enero, de manera que los ocho d�as de revestimiento da facultades legislativas para el Ejecutivo, como en ella no se expres� cosa distinta, son d�as h�biles, seg�n el art�culo 62 del C�digo de R�gimen pol�tico y municipal entonces vigente. El Decreto n�mero 108 se expidi� el d�a 11 de enero de 1986 y ese mismo d�a se public� en el "Diario Oficial" No. 37305, dentro del t�rmino de habilitaci�n y sin que por dicho concepto hubiere vicio de inconstitucionalidad.

Se relaciona con la remuneraci�n mensual de unos empleados p�blicos de la Presidencia de la Rep�blica, del Ministro de Hacienda y Departamento Administrativo all� indicados, con incrementos de asignaci�n b�sica o de los gastos de representa�ci�n o de ambos conceptos, determinaciones legales para las cuales el Presidente de la Rep�blicahab�a sido revestido por el Congreso; rige durante el a�o de 1986, y seajusta dentro de la materia espec�fica definida por la ley de facultades.

El par�grafo de dicho art�culo regula la remuneraci�n del secretario ejecutivo c�digo 5040 grado 17 del Despacho del Ministro o Jefe de Departamento Administra�tivo y las condiciones legales extraordinarias no violan la Carta por cuanto correspon�den al ejercicio de la atribuci�n que el legislador tiene para definir las asignaciones y condiciones para su causaci�n en los distintos empleos p�blicos, asunto para el cual el ejercicio fue habilitado.

Se�ala la asignaci�n mensual para estos tres grupos tres cargos p�blicos: Minis�tro, Jefe de Departamento Administrativo y viceministro, durante el a�o de 1986 as�: Por el lapso comprendido entre el 1� de enero al 6 de agosto en la correspondiente al incremento concedido mediante el Decreto-ley n�mero 062 de 1986 expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 1� de 1986 y para el per�odo que cuenta entre el 7 de agosto al �ltimo d�a del mismo a�o, la que determina el texto cuestionado.

Esas previsiones encuadran dentro de las facultades legislativas de incrementar las remuneraciones de los empleados de la Rama Ejecutiva del poder p�blico, y, no la contraviene que el Presidente haya optado por aumentarles ponderadamente a los tres funcionarios de la m�s alta jerarqu�a de tal rama p�blica, al fraccionar los porcentajes en una parte del a�o y en otra para el per�odo restante, siempre dentro de 1986, si con ella consulta la finalidad determinante de la ley de facultades de mantener el poder adquisitivo de los ingresos, teniendo en cuenta las escalas y niveles de los diversos cargos p�blicos, la variaci�n de los �ndices de precios, la disponibilidadde recursos fiscales y la incidencia del aumento en el gasto p�blico.

Por todo ello la Corte no encuentra violaci�n de la Constituci�n en la expedi�ci�n de la norma debatida.

De su tenor literal se desprende que est� destinado a excluir del incremento de la asignaci�n mensual ordenado por el art�culo precedente a todos aquellos empleados de la Rama Ejecutiva en lo nacional a quienes corresponda como remuneraci�n un porcentaje de la asignada al Ministro, jefe de Departamento Administrativo y Viceministro, pues dispone que se les continuar� reconociendo por el a�o de 1986 sobre la base determinada en el incremento reconocido por el Decreto-ley n�mero 062 de 1986, las cuates son de $197.100, para los dos primeros y $ 178.020 para el�ltimo.

No existe como lo sostiene el Procurador proposici�n jur�dica incompleta que impida a la Corte decidir la cuesti�n formulada pues la unidad normativa se integra en este evento con el precepto que establece una limitaci�n para un grupo de empleados p�blicos y la hip�tesis legal contiene todos los elementos esenciales del fen�meno jur�dico que se estudia y no depende de otras no rebatidas, sino que de modo contrario es la acusada la base para la aplicaci�n de aqu�llas mencionadas por el Fiscal, que no son materia del cuestionamiento.

La ley es la llamada a concretar las escalas de remuneraci�n correspondiente a las distintas categor�as de empleos y ella v�lidamente, cuando se expide en forma extraordinaria bajo el supuesto de la habilitaci�n legislativa, debe mantener la diferenciaci�n que reconoce la Constituci�n entre los distintos destinos p�blicosseg�n su naturaleza, funciones y nivel, establecer diversidad de bases para su fijaci�n,disposiciones no excluidas por la ley de facultades.

No existe violaci�n constitucional por no haber suscrito el Ministro de Defensa Nacional el Decreto n�mero 108 de 1986, pues su texto se refiere a asuntos relacionados con el personal de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, sobre la cual conforman constitucionalmente gobierno, el Presidente de la Rep�blica, el Ministro de Hacienda y el Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

De otra parte no vulnera los grados, ni los honores de los miembros de la Fuerza P�blica, ni desconoce los derechos causados y reconocidos como asignaciones de retiro, pues sus previsiones �nicamente se aplican hacia el futuro, sin menoscabar las situaciones jur�dicas ya consolidadas al amparo de normas anteriores; ni constituyen sus �rdenes una desprotecci�n del trabajo como quiera que gozan del incremento dispuesto por el Decreto-ley n�mero 062 de 1986. Y cuanto toca con las expectativas de asignaciones de retiro y eventuales pensiones, ellas para el momento de entrar en vigor la norma no son �bice para que el legislador las regule de modo diverso, modifique sus elementos, requisitos, bases, monto, proporciones sobre las cuales sedeterminar� en el futuro un derecho para tenerlo como adquirido cuando a suamparo se cause, en lo cual no existe desconocimiento del articulo 30 de la Carta ni violaci�n del art�culo 17 de ella. Por consiguiente se declarar� exequible el precepto estudiado.

Aunque no contiene la demanda alegaci�n alguna de las violaciones en que haya incurrido el Ejecutivo contra la Carta al expedirlo, encuentra la Corte que este art�culo es la expresi�n de la facultad legislativa de derogar la ley preexistente y de disponer la aplicaci�n de la ley en el tiempo, as� como determinar el sistema de remuneraci�n vigente en el aludido sector del servicio p�blico. Tal precepto, enton�ces, no es inexequible.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno, ins�rtese en la Gaceta Judicia l y arch�vese el expediente.

Juan Hern�ndez S�enz, Presidente, Rafael Baquero Herrera, Jos� AlejandroBonivento Fern�ndez, Nemesio Camacho Rodr�guez, Jorge Carre�o Luengas, Gui�llermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez,Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento, Jaime Giraldo �ngel, Hernando G�mez Ot�lora, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart�nez Z��iga, Fabio Mor�n D�az,Alberto Ospina Botero, Jorge I van Palacio Palacio, Jacobo P�rez Escobar, RafaelRomero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jes�s Vallejo Mej�a.