300Corte SupremaCorte Suprema3003001459916Hernando Gómez Otálora198620/03/198616_Hernando Gómez Otálora_1986_20/03/198630014599RELACION DE CAUSALIDAD CON LOS MOTIVOS PARA LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA. RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE TENIAN SEDE EN EL MUNICIPIO DE ARMERO, DE LAS OBLIGACIONES PARA CON SUS CUENTAHABIENTES. Constitucional el Decreto número 3827 de 1985. Corte Suprema de justicia Sala Plena Sentencia número 16. 1986
El Decreto de la referencia, expedido por el Presidente de la República, en uso de las atribuciones del artículo 122 de la Constitución Nacional fue remitido a esa Corte por el Gobierno, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo de la misma norma, para su revisión constitucionalIdentificadores30030014600true88121Versión original30014600Identificadores

Norma demandada:  El Decreto de la referencia, expedido por el Presidente de la República, en uso de las atribuciones del artículo 122 de la Constitución Nacional fue remitido a esa Corte por el Gobierno, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo de la misma norma, para su revisión constitucional


RELACION DE CAUSALIDAD CON LOS MOTIVOS PARA LA DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA. RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS QUE TENIAN SEDE EN EL MUNICIPIO DE ARMERO, DE LAS OBLIGACIONES PARA CON SUS CUENTAHABIENTES.

Constitucional el Decreto número 3827 de 1985.

Corte Suprema de justicia

Sala Plena

Sentencia número 16.

Referencia: Expediente número 1427 (211-E). Constitucionalidad del Decreto Legislativo número 3827 de 1985 "Por el cual se dictan normas para el pago de algunas obligaciones a cargo de las instituciones financieras".

Magistrado Ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 32 de 20 de marzo 1986.

Bogotá, D. E., marzo veinte (20) de mil novecientos ochenta y seis (1986)

El Decreto de la referencia, expedido por el Presidente de la República, en uso de las atribuciones del artículo 122 de la Constitución Nacional fue remitido a esa Corte por el Gobierno, en desarrollo de lo dispuesto por el parágrafo de la misma norma, para su revisión constitucional.

I. TEXTO DEL DECRETO

El texto del Decreto, es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3827 DE 1985

(diciembre 27)

"Por el cual se dictan normas para el pago de algunas obligaciones a cargo de las instituciones financieras.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 3405 de 1985,

"Artículo 1° Las instituciones financieras que tenían oficinas en la ciudad de Armero, departamento del Tolima, dentro del término de un mes contado a partir de la vigencia de este Decreto, publicarán la relación de sus acreedores en dichas oficinas, indicando el nombre del titular y el tipo de operación de la que se trate, todo ello según los registros disponibles.

"Dicha publicación se hará por tres (3) veces dentro del término indicado por lo menos en dos (2) diarios de amplia circulación nacional cada vez y mediando un intervalo entre cada publicación no inferior a ocho (8) días.

"Artículo 2° Verificada la publicación a que se refiere el artículo anterior, las personas naturales o jurídicas no incluidas en la relación elaborada por la institución financiera y que se sientan con derecho a serlo por cualquier concepto que demuestren interés de que alguna persona desaparecida en la tragedia lo sea, deberán presentar en las oficinas que la entidad bancaria señale para tal efecto, en un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la mencionada publicación, una reclamación por escrito en original y copia, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto del presente Decreto.

"En la publicación a que se refiere el artículo anterior deberá señalarse la oficina destinada por la entidad financiera para recibir las reclamaciones.

"Parágrafo. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del artículo anterior, quedan expresamente excluidas del presente procedimiento de reclamación las obligaciones laborales y las de carácter fiscal.

"Artículo 3° La reclamación a que se refiere el artículo anterior deberá contener:

"a) El nombre, identificación, domicilio y dirección del peticionario, así como lo que se pretenda, expresado con suficiente precisión y claridad;

"b) El origen y la naturaleza de la obligación a cargo de la institución financiera, el monto cierto aproximado de dicha deuda, o en su caso, la manifestación de que éste se ignora;

"c) En el evento de conocerse, el número de la cuenta corriente, de ahorros o del certificado de depósito a término de que se trate;

"d) La relación de los elementos probatorios de los que se disponga para fundamentar la reclamación, acompañando en original o en fotocopia autenticada los documentos que el peticionario tenga en su poder.

"Parágrafo. Podrán utilizarse para los efectos del presente artículo todos los medios probatorios legalmente admisibles conforme al Código de Procedimiento Civil.

"Tratándose de prueba testimonial anticipada, indefectiblemente se requerirá el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 298 del mismo Código.

"Artículo 4° La institución financiera estudiará las reclamaciones presentadas de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y procederá a contestarlas en el término máximo de dos (2) meses contados a partir de la, presentación de cada una de ellas. Si no se da respuesta dentro del plazo señalado en el presente artículo, se entenderá aceptada la reclamación.

"Artículo 5° En el caso de negativa total o parcial se indicarán las razones de hecho que motivaron la decisión, evento en el cual, el interesado podrá, dentro de los seis (6) meses siguientes, hacer valer sus pretensiones ante las autoridades jurisdiccionales ordinarias.

"De los anteriores procesos conocerán los jueces civiles municipales del domicilio del reclamante, en única o en primera instancia según el asunto fuere de mínima o menor y de mayor cuantía, respectivamente, y se adelantarán por el procedimiento de jurisdicción voluntaria consagrado por los artículos 649 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Independientemente de la cuantía del asunto, las demandas podrán presentarse verbalmente en la forma señalada por el artículo 443 del mismo ordenamiento; la comparencia de los interesados al proceso no requerirá de la intervención de abogado inscrito, las actuaciones correspondientes no causarán costas o derechos de ninguna clase y los expedientes recibirán trámite prioritario en los despachos judiciales que de ellos puedan tener conocimiento.

"Artículo 6° La no inclusión en la relación que publiquen las instituciones financieras, la falta de reclamación, su presentación extemporánea, la negativa de las mismas entidades a reconocer la deuda a su cargo o el fallo desfavorable en el juicio de jurisdicción voluntaria a que se refiere el artículo anterior, no perjudicarán de modo alguno y para ningún efecto la posición jurídica de quienes por la vía ordinaria y en ejercicio de las acciones correspondientes, obtengan el reconocimiento de sus derechos.

"Artículo 7° Los depósitos que bajo las modalidades de Depósito a Término, Cuenta de Ahorro de Valor Constante, Cuenta Corriente Bancaria y Cuenta de Ahorros hubieren constituido con anterioridad al desastre originado por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la misma actividad, podrán entregarse directamente sin necesidad de juicio de sucesión y hasta por valor de un millón cien mil pesos ($1'100.000.00) a quien compruebe ser cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente del titular a sus parientes más cercanos según el orden de parentesco señalado en el artículo 61 del Código Civil, siempre y cuando los virtuales beneficiarios de estos pagos sean damnificados por la calamidad.

"En el evento de que concurran varios beneficiarios, los depósitos les serán restituidos conjuntamente a todos ellos.

"Parágrafo. Para la aplicación de este artículo y con el fin de demostrar la relación familiar o personal correspondiente, los interesados podrán servirse de cualquier medio probatorio que -por su contenido- resultare conducente, con la única limitación prevista en el parágrafo del artículo tercero del presente Decreto para las declaraciones testimoniales anticipadas.

"Probado el vínculo que sirve de fundamento a la reclamación y realizado el Pago correspondiente, las instituciones financieras deudoras quedarán libres de toda responsabilidad y no podrán exigir condiciones diferentes al recibo expedido por los beneficiarios, acompañado de un documento de garantía en el cual dichos beneficiarios declaren expresamente estar obrando de buena fe e ignorar la existencia de otras personas con igual o mejor derecho a recibir tales fondos.

"Artículo 8° Tratándose de créditos originados en contratos de cuenta corriente bancaria celebrados con instituciones establecidas en la ciudad de Armero, la restitución de los saldos se hará previa la provisión necesaria para atender el pago de los cheques girados con antelación al 14 de noviembre de 1985, en la medida en que la institución depositaria tenga conocimiento por cualquier medio de la existencia de tales títulos valores y no se conozca la insolvencia patrimonial del girador.

"En el evento de que se conozca insolvencia del girador, la institución depositaria deberá retener la totalidad del saldo de la respectiva cuenta hasta cuando medie decisión judicial sobre el asunto.

"Artículo 9° Las instituciones financieras redimirán los Certificados de Depósito a Término y los Certificados de Ahorro de Valor Constante por ellas emitidos con anterioridad al 14 de noviembre de 1985, sean o no de plazo vencido, cuando así les sea solicitado por quien acredite sumariamente, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 7° de ese ordenamiento, la legitimación para hacerlo por derecho propio o derivado y su condición de damnificado de la catástrofe.

"En los casos de establecimientos de crédito afectados por la destrucción de sus oficinas en la ciudad de Armero, la redención de los títulos anteriormente citados deberá efectuarse en el lugar que el respectivo establecimiento señale antes del 31 de enero de 1986, previa aprobación de la Superintendencia Bancaria.

"Parágrafo: En el evento previsto en el inciso primero del presente artículo, las instituciones financieras reconocerán y pagarán los intereses causados hasta la fecha efectiva de la redención.

"Artículo 10. Los créditos constitutivos de la cartera ordinaria de los establecimientos de crédito que hubieren sido otorgados con destino a la zona afectada por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, deberán -a solicitud del beneficiario- ser refinanciados de conformidad con la reglamentación que al efecto' adopte la junta Monetaria.

"Parágrafo. El Gobierno Nacional señalará los municipios o la fracción de los mismos que se encuentren comprendidos dentro de la zona del desastre a que hace referencia el presente artículo.

"Artículo 11. A solicitud del acreedor que haya obtenido el reconocimiento del respectivo derecho de conformidad con los artículos 1° a 6° del presente Decreto, o a solicitud de sus herederos o beneficiarios que hayan obtenido igual reconocimiento, las instituciones financieras procederán a cancelar y reponer los títulos valores por ellas emitidos, que hubieren sido destruidos, extraviados o deteriorados sustancialmente como consecuencia del desastre mencionado, dejando las constancias del caso en el cuerpo de los nuevos títulos que se expidan.

"En todo caso, antes de proceder a la cancelación y reposición de los títulos de conformidad con los aquí previsto, la institución deberá publicar por su cuenta un aviso que contendrá el nombre del emitente, el del beneficiario, el valor del título cuya reposición se pretende y cualquier otra circunstancia que permita identificar al documento o a las personas que por cualquier motivo puedan ser responsables de su pago. La publicación aquí exigida deberá efectuarse por lo menos una (1) vez en un diario de amplia circulación nacional.

"Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación, llegare a presentarse oposición de alguna naturaleza, la entidad se abstendrá de cancelar el título y el solicitante podrá acudir al procedimiento judicial señalado en los artículos 802 y siguientes del Código de Comercio, reducidos sus términos a la mitad.

"Artículo 12. Las prescripciones en cursos se interrumpirán y los términos de caducidad se suspenderán desde el 14 de noviembre de 1985 hasta que las reclamaciones presentadas por los interesados, sean aceptadas -expresa o tácitamente- por las instituciones financieras deudoras o se produzca el pronunciamiento judicial favorable en el proceso de jurisdicción voluntaria consagrado por el artículo 5° del presente ordenamiento.

"En el evento en que la providencia judicial fuere desfavorable al solicitante, la interrupción de los términos de prescripción y la suspensión de los plazos de caducidad se prolongará hasta la presentación de la demanda por la vía ordinaria a que se refiere el artículo & del presente Decreto, siempre y cuando la acción se ejerza dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vigencia de las presentes disposiciones.

"En todo caso, la interrupción o suspensión mencionadas -independientemente del tipo de operación de que se trate - no podrá beneficiar a persona o entidad distinta del Fondo de Reconstrucción "Resurgir". Con tal finalidad, se dará plena aplicación a lo dispuesto en el artículo 14 de estas normas.

"Artículo 13. Con excepción del previsto para el traslado de la demanda, los términos consagrados por los artículos 802 y siguientes del Código de Comercio para la cancelación y reposición de títulos valores, se reducirán a la mitad cuando el proceso se refiera a documentos en los cuales el tenedor demuestre tener el carácter de damnificado por la tragedia.

"Artículo 14. Tratándose de acreencias ciertas a cargo de instituciones bancarias establecidas en la ciudad de Armero, originadas en depósitos irregulares de dinero, a la vista o a plazo, y no reclamadas por persona alguna durante el año siguiente a la última de las publicaciones realizadas conforme al artículo 1° de las presentes disposiciones, la institución financiera deudora deberá hacer el pago correspondiente, con todos los beneficios o aumentos legal y contractualmente exigibles, a satisfacción del Fondo de Reconstrucción "Resurgir" creado mediante Decreto número 3406 de 1985.

"En estos eventos el Fondo recibirá a nombre y por cuenta de quien fuere verdadero acreedor o de sus causahabientes y, mientras no transcurran los plazos de caducidad o se consuma la prescripción extintiva -según el caso- a solicitud del interesado restituirá la misma cantidad entregada por la institución financiera.

"Artículo 15. Para todos los efectos previstos en el presente Decreto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llevará la personería de los incapaces que no tengan representante legal o cuyo paradero se desconozca.

"Artículo 16. Los Directivos y administradores de las instituciones financieras sujetas a las disposiciones del presente Decreto, deberán velar por su plena observancia. Así mismo, responderán personalmente -en los términos del artículo 23 del Decreto número 2920 de 1982- por su incumplimiento, no justificado, ante la Superintendencia Bancaria.

"Artículo 17. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. "Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a los 27 días de diciembre de 1985.

BELISARIO BETANCUR

"El Ministro de Gobierno, Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo; el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hugo Palacios Mejía; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Agricultura, Roberto Mejía Caicedo; el Ministro de Desarrollo Económico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar; el Ministro de Educación Nacional, Liliam Suárez Melo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Carrillo Rojas; el Ministro de Salud, Rafael de Zubiría Gómez; el Ministro de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, María del Rosario Sintes".

II. IMPUGNACIONES

Dentro del término de fijación en lista del Decreto que se revisa no se presentó ninguna impugnación.

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR

El señor Procurador General de la Nación, en su concepto número 982 de 1° de marzo de 1986, se pronuncia sobre la constitucionalidad del Decreto que se estudia, así:

"Del contenido del Decreto se deduce, sin profundos análisis, que sus normas tienen la exclusiva finalidad de regular una situación imprevista e impredecible que sobrevino a consecuencia de la explosión y deshielo del volcán Nevado del Ruiz, que causó la destrucción casi total del municipio de Armero y por consiguiente de las oficinas que tenían establecidas allí las entidades financieras; señalando un procedimiento especial breve y prioritario para la atención de las reclamaciones por las acreencias a cargo de las mencionadas oficinas.

Como quiera que las medidas adoptadas están encaminadas a superar los efectos nocivos de la crisis, se considera que con su expedición, el Gobierno no desbordó las atribuciones que le confiere el artículo 122 de la Constitución ni ninguna otra del ordenamiento constitucional; por el contrario, toda la normatividad está orientada a garantizar la efectividad de los derechos de quienes eran titulares de un crédito en las condiciones y contra las entidades a que se refiere el Decreto bajo revisión, en estricto cumplimiento de los principios constitucionales consagrados en los artículos 16 y 30 que, respectivamente establecen la protección por parte de las autoridades, de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes y la garantía de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título".

Concluye el señor Procurador solicitando se declare constitucional el Decreto en estudio por no ser violatorio de la Carta Fundamental.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.Competencia

Estima la Corte que tiene competencia para estudiar el aludido Decreto y para decidir en forma definitiva sobre su constitucionalidad, toda vez que a ella compete según el artículo 214 de la Constitución Nacional la guarda de la integridad de la Constitución y en especial, según el artículo 122, el control jurisdiccional sobre los decretos legislativos que expida el Gobierno en ejercicio de las atribuciones del Estado de Emergencia. Tal función se extiende no solamente a los aspectos formales o externos de dichos decretos sino a la materia de los mismos.

2.Análisis constitucional del Decreto por sus aspectos formales

Estudiado el Decreto, la Corte Suprema de justicia estableció que cumple los requisitos de forma exigidos por el artículo 122 y demás normas de la Constitución Política, en especial las firmas del Presidente de la República y todos sus ministros.

3.Análisis constitucional del Decreto por su aspecto material

a)Relación de causalidad con los motivos para la declaratoria del Estado de Emergencia.

El Decreto número 3827 de 1985, contiene disposiciones tendientes al reconocimiento por parte de las entidades financieras que tenían sede en el municipio de Armero -departamento del Tolima- de las obligaciones para con sus cuentahabientes.

"Al efecto, el estatuto consagra la necesidad de convocar a través de diarios de amplia circulación a los acreedores, con el objeto de que hagan valer sus respectivos derechos; establece también un conjunto de disposiciones de carácter procedimental enderezadas a garantizar que puedan ser oídos y atendidos los acreedores que no figuren en las mencionadas publicaciones y sistemas para que las personas afectadas por el alud presenten sus reclamaciones. Así mismo, señala la competencia de los jueces civiles que hayan de conocer las controversias a que dichas reclamaciones den lugar. En forma detallada se establecen las previsiones relativas al reconocimiento, a favor de los parientes, cónyuge o compañero sobreviviente de personas fallecidas o desaparecidas como consecuencia de la tragedia, de los depósitos que éstas hubieren hecho en las varias modalidades bancarias. Las mismas normas establecen el respectivo proceso de reclamación, la restitución de saldos y la redención de los certificados.

El Decreto regula lo atinente a las prescripciones en curso, a los términos de caducidad de los títulos valores creados por dichas entidades antes del 13 de noviembre de 1985 y a lo relacionado con la reposición y cancelación de títulos. También consagra el Decreto número 3827 que el Fondo "Resurgir" recibirá de las instituciones financieras, a nombre y por cuenta de quienes hieren verdaderos titulares, las acreencias ciertas a cargo de aquéllas, no reclamadas por persona alguna. Finalmente prevé que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llevará la personería de los incapaces que no tengan representante legal o cuyo paradero se desconozca. Hace aplicables, en cuanto a responsabilidad de los administradores de esas instituciones, las normas que estableció el artículo 23 del Decreto número 2920 de 1982.

Encuentra la Corte que las medidas enunciadas encajan en forma directa y específica con los motivos de la declaratoria del Estado de Emergencia, puesto que ninguna de ellas se habría hecho necesaria de no ser por la tragedia que desató la erupción volcánica del Nevado del Ruiz y la desaparición del municipio de Armero.

b)Constitucionalidad en lo relativo al artículo 122 de la Carta

El Decreto estudiado se enmarca dentro de la normatividad del artículo 122 de la Carta y no desconoce ninguna de sus normas. Fue expedido dentro del período de tiempo previsto en el mismo Decreto declaratorio del Estado de Emergencia y no desconoce ni vulnera derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores. Desde luego, estima la Corte que gran parte de la materia contenida en el Decreto examinado -la relativa a la actividad de las instituciones financieras- habría podido expedirse con idénticos efectos y con plena autorización constitucional por el Presidente de la República, apoyado en el ordinal 14 del artículo 120 de la Carta Política. Pero, observa la Corte, consideradas las medidas en su conjunto y habida cuenta de que también incluye el Decreto disposiciones sobre competencia jurisdiccional, prueba de parentesco y estado civil de. las personas, capacidad y representación y las alusivas a los títulos valores, que introducen cambios o modificaciones especiales a la legislación civil y comercial vigente, lo indicado era acudir a la vía del artículo 122, con el fin de usar un solo expediente constitucional que permitiera dar eficiente solución a la crisis planteada y controlar la posible extensión de sus efectos, como lo manda la propia norma constitucional para enfrentar el cúmulo de situaciones excepcionales que la calamidad pública planteó.

c)Constitucionalidad en lo relativo a los demás artículos de la Carta

El Decreto examinado no vulnera ni desconoce ningún otro precepto de la Carta Política.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional,

DECIDE

Declárase CONSTITUCIONAL el Decreto número 3827 de diciembre 27 de 1985, "por el cual se dictan normas para el pago de algunas obligaciones a cargo de las instituciones financieras".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Luis Enrique Aldana Rozo, Vicepresidente; Hernando Baquero Borda, Rafael Baquero Herrera, fosé Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Germán de Gamboa y Villate, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jaime Pinzón López.