Sentencia 852 de 1981

300Corte SupremaCorte Suprema30030014454852doctor Jorge V�lez Garc�a198110/04/1981852_doctor Jorge V�lez Garc�a_1981_10/04/198130014454FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA La Corte ordena estar a lo resuelto en sentencia del 9 de abril de 1980. N� 14 Corte Suprema de Justicia- Sala Constitucional Bogot�, D. E., abril 10 de 1981. 1981

Gustavo Yanc�s SotoDemanda de inconstitucional de los art�culos 1� y 2� de la Ley 5� de 1979.Identificadores30030014455true87970Versi�n original30014455Identificadores

Norma demandada: �Demanda de inconstitucional de los art�culos 1� y 2� de la Ley 5� de 1979.

REF.: Expediente n�mero 852. Norma acusada: inexequibilidad de los art�culos 1� y 2� de la Ley 5� de 1979. Demandante: Gustavo Yanc�s Soto.

El ciudadano Gustavo Yanc�s Soto ha de�mandado ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, la declaratoria de in�exequibilidad de los art�culos 1� y 2� de la Ley 5� de 1979, "por la cual se conceden unas facul�tades extraordinarias relacionadas con la expe�dici�n y vigencia del C�digo Penal". Esta ac�ci�n, que fue ejercitada por el demandante con base en los art�culos 214, ordinal 3, y 215 de la Constituci�n, va a ser decidida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con fundamento en la competencia que le atribuye el art�culo primeramente citado en relaci�n con el par�grafo del mismo.

"Art�culo 1�. De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facul�tades extraordinarias por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la promulgaci�n de la pre�sente ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo C�digo Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales del proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la Rep�blica el 3 de agosto de 1978 y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta ley formar� parte del expe�diente".

"Art�culo 2�. El Presidente ejercer� las fun�ciones asesorado de una comisi�n integrada por dos senadores y tres representantes nombrados por las mesas directivas de las Comisiones Pri�meras de ambas C�maras, y por sendos miem�bros de las comisiones redactoras, designados por el Gobierno".

Considera la Procuradur�a que es del caso pro�ferir decisi�n inhibitoria, en vista de que ya la Ley 5� de 1979 fue declarada exequible en su totalidad mediante sentencia de 9 de abril de 1979, acto que tambi�n provey� sobre la exequibilidad de la Ley 6� de 1979, por la cual se con�cedieron facultades extraordinarias al Gobierno para la expedici�n y puesta en vigencia del nue�vo C�digo de Procedimiento Penal. Concluye la Procuradur�a que, como efecto de lo anterior, los textos legales de la Ley 5� de 1979 que ahora se acusan de inconstitucionalidad ya est�n ampa�rados por sentencia de la Corte que afirma su constitucionalidad con fuerza de cosa juzgada, y que por tal raz�n ostenta los caracteres propios de la misma o sea las calidades de verdad, intangibilidad y alcance "erga omnes".

a) El demandante se�ala como violados el ar�t�culo 2� de la Carta (ded�cese por la referencia a su contenido, pues el actor cita el 1�), el 55 y principalmente el 76 en su numeral 12 ib�dem, que es la fuente de las precisas facultades con�feridas por el Congreso al Gobierno cuando la necesidad lo exige o las conveniencias p�blicas lo aconsejan;

b) La argumentaci�n jur�dica de fondo que esgrime la demanda consiste en el aserto de que el Congreso no est� autorizado por la Carta para delegar sus funciones propias y exclusivas de legislador, y s�lo puede revestir de facultades "fuera de lo normal al Presidente, es decir, fue�ra de las facultades ordinarias que a este le co�rresponden";

c) No comparte la Corte la tesis extrema que sustenta el demandante; ni el texto del numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n, ni la doc�trina nacional acerca del mismo, ni la jurispru�dencia de esta Corporaci�n servir�an de asidero para la proposici�n de que, al revestir al Presi�dente de la Rep�blica de precisas facultades ex�traordinarias y pro tempore, el Congreso no est� autorizado para desprenderse de su competencia propia y exclusiva de legislador. Sin embargo, este aserto amerita un distingo: de toda su com�petencia legislativa, es cierto; el Congreso no podr�a trasladar indefinidamente la totalidad de su potestad legislativa al Gobierno, porque ello implicar�a una confusi�n de poderes que la Carta no autoriza (art�culos 2�, 55 y 76 de la Consti�tuci�n Nacional); pero s� puede habilitar ex�traordinariamente al Presidente de la Rep�blica para que, por un t�rmino limitado de tiempo, y sobre materias espec�ficas, expida decretos con fuerza de ley, es decir, decretos-leyes. Y esta habilitaci�n es ciertamente extraordinaria, por�que est� por fuera de las facultades ordinarias que le competen normalmente al Presidente. En consecuencia, como esta �ltima forma de habi�litaci�n legislativa es constitucional, y es la que aparece configurada en la Ley 5� de 1979, el cargo que contra dos de sus art�culos se formula no es valedero, y, por tanto, debe rechazarse;

d) Sin embargo, a m�s de las anteriores con�sideraciones, cabe observar que ya que la Ley 5� de 1979 en su integridad (junto con la 6� de ese mismo a�o), fue declarada exequible por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus�ticia en sentencia que ostenta el car�cter de cosa juzgada con alcance erga omnes, distinguida con el n�mero 9 y proferida el 9 de abril de 1980, en la cual se examinan y desestiman, a m�s de otros argumentos y motivos de presunta inconstitucionalidad, el que se analiz� y desech� en el punto anterior.

La demanda fue impugnada por el se�or Mi�nistro de Justicia, mediante apoderado especial que fue debidamente reconocido y que actu� en el presente proceso. La alegaci�n del impug�nador, en t�rminos generales, coincide con las consideraciones que se hacen en el literal c) de este fallo para rechazar el principal cargo del demandante, lo cual habr�a determinado resolu�ci�n sustancial adversa, de no haber mediado la casa juzgada.

En m�rito de lo expuesto, y o�do el Procura�dor General de la Naci�n, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-,

Est�se a lo resuelto en sentencia n�mero 9 del 9 de abril de 1980, por la cual se declar� EXEQUIBLE en su integridad la Ley 5� de 1979.

C�piese, publ�quese, comun�quese al se�or Mi�nistro de Justicia, ins�rtese en la Gaceta Judicial, y arch�vese el expediente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos Medell�n Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Mesa Gonz�lez, Servio Tulio Pin�z�n, Oscar Salazar Chaves.