300Corte SupremaCorte Suprema3003001417418849yaimí Sanín Greiffenstein.198824/11/198818849_yaimí Sanín Greiffenstein._1988_24/11/198830014174FORMACIÓN DE LA LEY. Resumen. Reglamento del Congreso. EXEQUIBLE LA LEY 28 DE 1988 Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 121 Referencia: Expediente número 1849. 1988
Gustavo Tamayo Arango.Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28 de 1988 "por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones". Vicios de forma. Reglamentos del Congreso.Identificadores30030014175true87591Versión original30014175Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28 de 1988 "por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones". Vicios de forma. Reglamentos del Congreso.


FORMACIÓN DE LA LEY.

Resumen. Reglamento del Congreso. EXEQUIBLE LA LEY 28 DE 1988

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 121

Referencia: Expediente número 1849.

Demanda de inconstitucionalidad contra la Lev 28 de 1988 "por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones". Vicios de forma. Reglamentos del Congreso.

Actor: Gustavo Tamayo Arango.

Magistrado ponente: doctor yaimí1Sanín Greiffenstein.

Aprobada por Acta número 45.

Bogotá, D. E., noviembre veinticuatro (24) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

I. ANTECEDENTES

El señor Gustavo Tamayo Arango, haciendo uso del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución Nacional, solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare inexequible la Ley 28 de 1988 "por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones", por vicios en su tramitación.

Una vez cumplidos los trámites señalados en la Constitución y la ley para los procesos constitucionales, procede la Corte a adoptar la decisión correspondiente.

II. LA NORMA ACUSADA

El siguiente es el texto de la ley demandada:

"LEY 28 DE 1988

(marzo 16)

Por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1º. Créase la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación, dotado de perso­nería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para el cumplimiento de las funciones señaladas en la presente ley.

Artículo 2º. La corporación tendrá como finalidades principales las de promover el desarrollo económico y social de la región comprendida bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de todos los recursos humanos y naturales a fin de encausar y obtener el mejoramiento de las condiciones de vida de la población; y así mismo investigar, conservar, proteger y desarrollar integralmente el patrimonio étnico, ecológico, cultural y arqueológico de la Sierra Nevada de Santa Marta promoviendo la participación de las entidades que considere pertinentes.

Artículo 3º. La Corporación tendrá su jurisdicción en el territorio del Departa­mento del Magdalena, y su sede estará ubicada en la ciudad de Santa Marta. Sin embargo, podrá establecer oficinas en otros municipios del área de jurisdicción según lo disponga su junta directiva.

Artículo 4° La Corporación tendrá las siguientes funciones:

1. Elaborar, adoptar y ejecutar el Plan Maestro de Desarrollo del área de jurisdicción, en concordancia con las políticas y directrices de los planes de Desarrollo Nacional y Departamental.

2. Fortalecer los mecanismos de coordinación, evaluación y control de los planes, programas y proyectos que las entidades públicas de todo orden realicen en el territorio de su jurisdicción y acordar las prioridades de inversión correspondientes, de acuerdo con las etapas de ejecución del Pian Maestro.

3. Fomentar la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de generación, transmisión y distribución de energía coordinándolos con los de las empresas existentes.

4. Determinar el plan de uso del suelo de las tierras urbanas y rurales de la región que contemple normas sobre desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales, recreacionales, turísticos, mineros, de reforestación, de manejo de cuencas hidrográfi­cas y de reserva ecológica, en orden a regular el uso racional de los recursos naturalesy la protección del medio ambiente.

5. Asesorar a los municipios ubicados en el territorio de su jurisdicción en la elaboración de planes de desarrollo y en las gestiones que deban adelantar ante otras entidades públicas o privadas para su ejecución.

6. Reglamentar, administrar, conservar, manejar y fomentar los recursos natu­rales renovables y del medio ambiente, para lo cual aplicará el Código de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente y las normas que lo reglamenten modifiquen o adicionen.

7. Declarar en ordenación las cuencas hidrográficas, formular y adelantar los planes de manejo correspondientes, con el fin de obtener beneficios de la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

8. Determinar y alinderar los usos, destinos y reservas de tierra, aguas y bosques con el propósito de ordenar y regular el uso racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y de fomentar los desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales, recreacionales, turísticos y mineros, en armonía con la preservación y utilización adecuada del medio ambiente.

9. Realizar directamente o por asociación el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y realizar actividades relacionadas con la explotación, transformación, procesamiento, elaboración y comercialización de sus productos, cuando se considere conveniente para el adecuado manejo del recurso.

10. Otorgar, supervisar, suspender, declararla caducidad y revocarlas concesiones, permisos, autorizaciones y licencias, así como supervisar los usos que se ejercen por ministerio de la ley y llevar el registro de los usuarios de los recursos naturales renovables.

11. Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deben cobrarse por concepto del aprovechamiento de los recursos naturales, para el mantenimiento y la renovabilidad de los mismos.

12. Organizar sistemas adecuados de control y vigilancia para velar por el cumplimiento de las normas relacionadas con los recursos naturales renovables e imponer las sanciones correspondientes en caso de contravención, para lo cual la Corporación estará dotada de funciones policivas.

13. Regularla explotación, exploración y procesamiento de materias provenien­tes de canteras, arenas, receberas y similares, así como las industrias de lavado de arena y de lavado y selección de agregados, con el fin de proteger los recursosnaturales renovables.

14. Limpiar, mantener y mejorar el curso de los ríos y los lechos de los lagos y embalses, pudiendo exigir de los riberanos y en general de los beneficiarios el pago del costo de tales obras.

15. Evitar la contaminación de las aguas y del medio ambiente, y adoptar la reglamentación y ejercer el control correspondiente, así como promover y participar en la realización de soluciones técnicas para la disposición de desechos sólidos.

16. Administrar las aguas de uso público en el área de su jurisdicción; para lo cual podrá conceder, reglamentar, suspender o regularizar el uso de las aguas superficiales o subterráneas.

17. Promover y ejecutar obras de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, regulación de fuentes de agua, de defensa contra las inundaciones y la degradación de la calidad de las aguas y su contaminación, y la recuperación del delta exterior del Río Magdalena, así como adelantar las obras tendientes a la recuperación de equilibrio ecológico de la Ciénaga Grande de Santa Marta y las articulaciones de la misma.

18. Promover, financiar y ejecutar obras de reforestación, conservación de los suelos y repoblación de la fauna y la flora acuática y terrestre.

19. Promover y financiar programas de desarrollo turístico y la ejecución de obras que contribuyan a dicho objetivo.

20. Fomentar el mejoramiento de los sistemas de comunicación y transporte, realizar obras para el mismo fin y formular un plan vial para la región.

21. Realizar campañas educativas de promoción de la comunidad y de su capacitación técnica.

22. Servir como entidad coejecutora de los planes de emergencia y rehabilita­ción en zonas donde hayan ocurrido calamidades públicas.

23. Ejecutar y coordinar los planes y programas de interés social y regional que le confíe especialmente el Presidente de la República.

24. Determinar los programas y proyectos específicos de obras que deban realizarse por el sistema de valorización en cumplimiento de sus objetivos y fines.

25. Determinar y cobrar tasas y tarifas por los servicios que preste.

26. Promover y participar, en asocio con otras personas o entidades públicas o privadas, en la creación y organización de entidades descentralizadas cuyo objeto o funciones tengan relación directa con los de la Corporación, así como entrar a formar parte de las entidades ya existentes cuyo objeto o función estén también directamente relacionadas con los de aquélla.

27. Promover, financiar y ejecutar, en coordinación con otras entidades públi­cas, el manejo integral de la Sierra Nevada de Santa Marta, y de la cuenca del Río Cesar y sus distritos de riego.

28. Elaborar, promover, coordinar, financiar y ejecutar planes y proyectos agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros que permitan el desarrollo socio­ económico de la región.

29. Fomentar y promover a través de la elaboración y ejecución de planes y proyectos, la instalación de agroindustrias e industrias transformadoras de materias primas.

30. Adelantar obras de infraestructura, almacenamiento y acopio de productos provenientes del sector agropecuario que garanticen un adecuado y eficiente sistema de transformación y comercialización.

31. Promover el saneamiento territorial dentro de las áreas de resguardo indíge­na y reserva natural.

32. Coordinar y adelantar con las autoridades estatales en medidas de seguridad y defensa de la Sierra Nevada de Santa Marta, para evitar el saqueo de lugares históricos y la penetración e invasión colonizadora en las áreas de resguardos indíge­nas y de reserva natural.

33. Ejercer las funciones que otras entidades públicas le deleguen.

Artículo 5o La Corporación será la entidad que a nivel del Departamento del Magdalena, ejecute y coordine los planes y programas de interés social y regional que sean asignados por el Consejo Regional de Política Económica y Social de la Costa Atlántica.

Artículo 6o La dirección y administración de la Corporación estará a cargo de la Junta Directiva y del Director Ejecutivo, quien será su representante legal.

Artículo 7o La Junta Directiva estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Jefe del Departamento Nacional de Plantación o su delegado;

b) El Gobernador del Departamento del Magdalena o su delegado;

c) El Rector de la Universidad Tecnológica del Magdalena;

d) Un representante del señor Presidente de la República o su delegado;

e) Dos representantes de los cabildos de las comunidades indígenas;

f) Dos representantes de los gremios nombrados por el Gobernador de terna presentada por gremios económicos del Departamento del Magdalena.

Parágrafo 1º. En ausencia del jefe del Departamento Nacional de Planeación, la Junta estará presidida por el Gobernador del Departamento del Magdalena.

Parágrafo 2° El Secretario de Planeación Departamental podrá asistir a las reuniones de la Junta Directiva con voz pero sin voto.

Artículo 8º. Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

a) Elaborar los estatutos de la Corporación, los cuales serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República y determinar su planta de personal bajo la aprobación del Gobierno Nacional;

b) Dictar el reglamento y el manual de funcionamiento de la Corporación y adoptar, de acuerdo con el Director Ejecutivo la política administrativa de la misma;

c) Aprobar los estudios, planes, programas y proyectos elaborados o contratados por la Corporación, como también de aquellos que sean adelantados por entidades de carácter regional que vengan en beneficio de un área de jurisdicción;

d) Establecer cuáles de los servicios prestados por la Corporación deben ser retribuidos por medio de tasas y fijar la cuantía y modalidad de pago, todo de acuedo <sic> con las disposiciones legales vigentes;

e) Autorizar y aprobar los contratos que celebre el Director Ejecutivo de conformidad con las disposiciones legales vigentes;

f) Adoptar el presupuesto anual de ingreso, gastos e inversión;

g) Adoptar los planes, programas y proyectos conforme a los lineamientos de la política nacional y regional con sujeción a las condiciones específicas del departamento y de los municipios;

h) Aprobar la adquisición de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación;

i) Comprometer a la Corporación en obligaciones a corto, mediano y largo plazo y pignorar los bienes de la Corporación cuando para el cumplimiento de sus funciones fuere necesario;

j) Crear para la unidad territorial Sierra Nevada de Santa Marta, una división de manejo especial de carácter científico y técnico, responsable de ejecutar las funciones asignadas a la Corporación;

k) En fin, ejercitar todas las funciones y ordenar todos los actos y contratos tendientes al mejor cumplimiento de los fines esenciales de la Corporación.

Artículo 9º. La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director, quien deberá ser un profesional con reconocida experiencia en trabajos afines con los objetivos de la Corporación.

El Director será designado por el Presidente de la República, y será de libre nombramiento y remoción.

Artículo 10. Los honorarios de los miembros de la Junta Directiva de la Corporación serán señalados por el Presidente de la República. A los miembros de la Junta Directiva le son aplicables el régimen de incompatibilidades previstos en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 11. Las fuentes principales de ingresos, rentas y patrimonio de la Corporación serán las siguientes:

a) Los recursos que le asigne el Consejo Regional de la Costa Atlántica según planes y programas que para el Departamento del Magdalena sean aprobados durante cada vigencia fiscal;

b) El 10% de las sumas que le correspondan a la Nación por concepto de regalías, cánones o beneficios provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que se adelanten en el área de su jurisdicción;

c) El 10% de la suma que le corresponde al Departamento por concepto de regalías, cánones o beneficios provenientes de la explotación de recursos no renova­bles que se adelanten en el área de su jurisdicción;

d) La suma recaudada por el concepto del Impuesto Predial prevista en el artículo 12 de esta ley;

e) Las partidas provenientes de las transferencias previstas en el artículo 14 de esta ley;

f) Las partidas o aportes que con destino a la Corporación se fijen o apropien en los presupuestos nacional, departamental y de los municipios de su jurisdicción así como en los presupuestos de las entidades descentralizadas a cualquier nivel;

g) Las sumas recaudadas por concepto de valorización de que trata el artículo 13 de esta ley;

h) Los auxilios o donaciones que reciba de personas jurídicas o naturales nacionales y extranjeras;

i) Las sumas que reciba por contratos de prestación de servicios;

j) Los derechos o tasas que pueda percibir por la prestación de servicios el producto de las rentas y las multas que imponga;

k) El producto o rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes;

l) Los recursos provenientes de crédito externo e interno;

m) Los bienes muebles e inmuebles que tenga al comenzar su funcionamiento y todos los que adquiera a cualquier título.

Artículo 12. Establécese con destino a la Corporación un impuesto especial anual sobre las propiedades inmuebles situadas dentro del territorio de su jurisdic­ción, equivalente al dos por mil (2 x 1.000) sobre el monto de los avalúos catastrales.

Parágrafo. Los Tesoreros Municipales cobrarán y recaudarán el impuesto a que se refiere este artículo simultáneamente con el Impuesto Predial en forma conjunta e inseparable, dentro de los plazos señalados por los municipios de su jurisdicción <sic> para el pago del predial. La mora en el pago de este impuesto especial causará el mismo interés que causa la mora en el pago del Impuesto Predial. El impuesto recaudadoserá mantenido en cuenta separada y entregado a la Corporación mensualmente por los tesoreros municipales en la fecha que ella señale.

La Corporación asesorará a los municipios en la actualización del catastro en el diseño de tarifas y en el diseño del recaudo del Impuesto Predial.

Los Tesoreros Municipales cobrarán en caso de mora e] impuesto especial y los intereses moratorios mediante jurisdicción coactiva. Los Tesoreros Municipales se abstendrán de expedir el certificado de paz y salvo del Impuesto Predial a los contribuyentes que se hallen en mora del pago del impuesto especial, destinado a la Corporación.

Artículo 13. La contribución de valorización de que trata la Ley 25 de 1921, y el Decreto Extraordinario número 1604 de 1966, es aplicable a todas las obras que ejecute la Corporación, previa declaración en tal sentido hecha por la Junta Directivaen sujeción a sus estatutos. Corresponderá a las autoridades de la Corporación establecer, decretar, distribuir, ejecutar, liquidar y recaudar las obras de valorización.

Artículo 14. Las partidas previstas en el artículo 12 de la Ley 56 de 1981, deberán ser transferidas a la Corporación por las entidades propietarias de plantas generadoras de energía en el área de la jurisdicción de la Corporación y su destinación se hará, en primer término y en forma especial para los objetivos previstos endicha norma, y en segundo lugar para el cumplimiento de los objetivos generales de la Corporación.

El valor de las ventas en bloque de energía se determinará en la forma prevista en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 56 de 1981.

Las transferencias de que trata el inciso primero se harán efectivas dentro de los tres (3) meses siguientes a cada liquidación mensual. Si no se cumpliere esta obligación se incurrirá, por las entidades deudoras, en los intereses moratorios señalados por las normas fiscales en favor de la Corporación.

La inversión obligatoria conforme al artículo 12 de la Ley 56 de 1981, en programas de electrificación rural, la efectuará la Corporación a través de la empresa que tenga a su cargo esta función en el Departamento del Magdalena, para lo cual se celebrarán los contratos respectivos.

Parágrafo 1o. Las sumas ya causadas y no invertidas pasarán a la Corporación dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley, y se le remitirán así mismo los programas elaborados para su inversión, para que continúen ejecutándose por la Corporación.

En ningún caso las sumas que hayan invertido las entidades propietarias de plantas generadoras de energía, en exceso de los porcentajes previstos en el artículo 12 de la Ley 56 de 1981, efectuarán las transferencias ordenadas por este artículo a partir de la vigencia de la presente ley. Tampoco podrán ser afectadas las transferencias por las sumas que hayan sido invertidas con cargo a generación eléctrica futura.

Parágrafo 2º. Las sumas que la Corporación recaude de conformidad con lo establecido en este artículo deberán destinarse al menos en un 90% para su inversión.

Artículo 15. Declárese de utilidad pública e interés social la adquisición de toda clase de bienes que requiera la Corporación para el cumplimiento de las funciones que se le han asignado por esta ley, y facúltese a la Corporación para adelantar el procedimiento de expropiación de acuerdo con las leyes.

Artículo 16. La fiscalización de la Corporación se regirá por lo que determine la ley.

El Contralor General de la República prescribirá sistemas apropiados a la naturaleza de la Corporación, teniendo en cuenta su carácter de organismo autóno­mo y con patrimonio independiente, encargado de aplicar la técnica y los sistemas modernos de administración de empresas.

Artículo 17. La Corporación, como establecimiento público que es, gozará de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la Nación.

Artículo 18. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. E., a los... días del mes de... de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El Presidente del honorable Senado de la República, Pedro Martín LeyesHernández; el Presidente de la honorable Cámara de Representantes, César PérezGarcía; el Secretario General del honorable Senado de la República, CrispinVillazón de Armas; el Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Luis Lorduy Lorduy.

República de Colombia. Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Bogotá, D. E., 16 de marzo de 1988.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Luis Fernando Alarcón Mantilla; el Ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra Dussán; el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, María Mercedes Cuellar de Martínez».

III. RAZONES DE LA DEMANDA

Manifiesta el actor que el Proyecto de Ley número 202 de 1985, correspondien­te a la Ley 28 de 1988, fue presentado a las Cámaras Legislativas el día 3 de Diciembre de 1985, fecha en la cual el Presidente de la Cámara remitió el proyecto a la Comisión Tercera Constitucional Permanente, a 3a sección de tramitación de leyes y a la Imprenta Nacional para su publicación en los Anales del Congreso. Igualmente se repartió dicho proyecto al Representante Milciades Cantillo Costa, quien el mismo día entregó su ponencia en seis folios útiles para primer debate, y "al día siguiente de haberse dado curso al proyecto, o sea el día 4 de diciembre de 1985, apareció publicado en los Anales del Congreso número 207".

Por estas razones considera el demandante que "en el presente caso, se violó el numeral primero del artículo 81 de la Constitución Nacional, al haber sido publicado el proyecto que dio origen a la ley que se acusa de inconstitucional después de habérsele dado curso en la comisión respectiva, en la medida en que el precepto constitucional impone la obligación de que los proyectos se publiquen antes de que se les dé curso" además de haberse infringido también los artículos 9°, 11, 13 y 14 de la Ley 7ª de 1945 (reglamento del Congreso).

Finalmente expresa el impugnador que en el proceso de formación de la ley que acusa se atentó contra dos principios, a saber: "publicidad de los actos de los funcionarios del Estado" y "legitimidad de los actos de dichos funcionarios". El primero, por haberse publicado el proyecto de ley después de habérsele dado curso, y el segundo, por haberse presentado ponencia favorable el mismo día de reparto, ya que de acuerdo con lo establecido en el reglamento del Congreso, el trámite está diseñado para que los proyectos se estudien y no para que las ponencias se presenten simultáneamente con su reparto.

IV. CONCEPTO FISCAL

Ante el impedimento del Procurador General de la Nación, aceptado por la Sala Constitucional en auto de 10 de agosto de 1988, el Viceprocurador General de la Nación rindió la vista fiscal en oficio número 1371 de septiembre 21 de 1988, la que concluye solicitando a la Corte declare "que es inconstitucional la Ley 28 de 1986 (sic)", por las siguientes razones:

Que la Constitución Nacional en el artículo 81 solamente exige que los proyectos de ley se publiquen antes de darle curso en la Comisión respectiva "esto es, antes de someterse a discusión y debate (que es la forma normal de trabajo de las Cámaras), oportunidad esta en la que los miembros de las Comisiones Constitucio­nales Permanentes y de las Cámaras Congresionales (sesiones plenarias) pueden manifestar sus opiniones y posturas. Fundamentalmente, antes de las deliberaciones que deben preceder a la toma de todas las decisiones. No exige, que deba presentarse antes de la elaboración de la ponencia, lo cual no excluye la posibilidad de que se publique simultáneamente el proyecto y la ponencia para primer debate, como lo hizo el legislador al tramitar la ley en cuestión. Lo importante, es que se realice la publicación antes de someter a debate o deliberación de la comisión el proyecto de ley".

Que el reglamento del Congreso no tiene la fuerza que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido a las denominadas "leyes cuasi-constitucionales".

-Que el proyecto de ley fue publicado el 4 de diciembre de 1985, lo mismo que la ponencia para primer debate y sólo con posterioridad, en diciembre 10, se sometió a debate y aprobación en la Comisión Tercera Constitucional permanente, cumpliéndose así el requisito exigido por el artículo 81-1 de la Carta Política.

-Que el término que se da al ponente para que rinda ponencia "es un plazo prudencial máximo dentro del cual el ponente debe elaborar o presentar su ponencia. Pero queda a juicio del ponente determinar si utiliza todo o parte de dicho término". Que en el caso de estudio el Representante Milciades Cantillo Costa, presentó ponencia para primer debate dentro del término concedido para ello, en consecuencia "no se observa la inconstitucionalidad invocada por el actor", quedando también desechada la posible inconstitucionalidad por violación del reglamento del Con­greso.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Competencia

Es competente esta Corporación para pronunciarse de modo definitivo sobre la presente demanda, por ser la norma acusada una ley de la República.

Como el cargo de inconstitucionalidad que formula el actor contra la Ley 28 de 1988, se relaciona con vicio en su formación, por no haberse publicado el proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva, procede la Corte a verificar el trámite dado tanto en el Senado como en la Cámara a tal proyecto, de acuerdo con los documentos remitidos a esta Corporación por las Secretarías Generales de dichas Corporaciones.

1. El Proyecto de Ley número 202 de 1985, fue presentado, conjuntamente con la exposición de motivos, a la Cámara de Representantes por el doctor Gustavo Castro Guerrero, Ministro de Desarrollo Económico y el doctor Miguel Pinedo Vidal, Representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena, el día 3 de diciembre de 1985.

2. En esa misma fecha el Secretario General de la Cámara remitió el proyecto a la Presidencia de la Corporación para su reparto.

3. El Presidente de la Cámara, basado en el informe secretarial, repartió el proyecto a la Comisión Tercera Constitucional Permanente y lo remitió a la sección de tramitación de leyes para las anotaciones de rigor, ordenando a la vez el envío del mismo a la Imprenta Nacional para la publicación en los Anales del Congreso.

4. El mismo día (3 de diciembre de 1985) se recibió el proyecto en la Secretaría General de la Comisión Tercera de la Cámara y el Secretario lo pasó a la Presidencia para su reparto. Efectuado este le correspondió al Representante Milciades Cantillo Costa, a quien se le señaló un término de tres (3) días para que rindiera ponencia para primer debate.

5. El Representante Cantillo Costa, presentó la ponencia respectiva el mismo día en que recibió el proyecto, es decir, el 3 de diciembre de 1985.

6. El Proyecto de Ley número 202 de 1985 se publicó junto con la exposición de motivos en los Anales del Congreso número 207 de 4 de diciembre de 1985, páginas 9 y 10.

7. En sesión del día 10 de diciembre de 1985 y según consta en Acta número 028 de 1985, dicho proyecto de ley fue aprobado con algunas modificaciones, en primer debate, mediante votación secreta por 20 balotas blancas contra cero negras. Igualmente, se designó ponente para segundo debate al mismo Representante Cantillo Costa, con tres (3) días de término.

8. En sesión plenaria del día 11 de diciembre de 1985, se aprobó el texto del Proyecto de Ley número 202 de 1985, en la misma forma en que fue aprobado por la Comisión, mediante votación secreta con el siguiente resultado: ciento nueve (109)balotas blancas contra una (1) negra. Actuaron como escrutadores los representantes Francisco José Jattín y Julio Enrique Olaya Rincón.

9. El día 11 de diciembre de 198 5, mediante oficio número 404 el Presidente de la Cámara remitió al Presidente del Senado el proyecto de ley citado, para quecontinuara su curso legal en esa Corporación.

10. En el Senado de la República se le asignó el número 227 de 1985 y fue repartido a la Comisión Tercera Constitucional Permanente.

11. Dentro de la documentación enviada por las Cámaras no figura a qué Senador se repartió el proyecto, sin embargo aparecen dos ponencias para primer
debate, la una, presentada el día 12 de diciembre de 1985 por el Senador Alfonso López Cossio, y la otra presentada el 4 de septiembre de 1986 por el Senador Héctor Quintero Arredondo que fue la considerada por la Comisión.

12. Dicho proyecto de ley fue discutido y aprobado en la Comisión Tercera del Senado el día 12 de diciembre de 1986 con ponencia del Senador Quintero Arredon­do, y se designó al mismo Senador para segundo debate, con cinco (5) días de término.

13. En la plenaria de 21 de julio se aprobó la Proposición número 14 presentada por el Senador ponente, en el sentido de que debía devolverse el Proyecto de Ley número 227 de 3985, a la Comisión "para que se le hagan las declaraciones o modificaciones convenientes a fin de hacerlo viable en la plenaria de la Corporación", pues la publicación que apareció en los Anales del Congreso número 92 de 1986, estaba incompleta.

14. La ponencia para segundo debate apareció publicada nuevamente en los Anales del Congreso número 48 de 1987 y fue aprobada en la Plenaria del 15 de diciembre de 1987.

15. El 16 de marzo de 1988 fue sancionada la ley por el Presidente de la República y se publicó en el Diario Oficial número 38258 de la misma fecha.

Como se puede observar, se cumplieron todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Carta para la formación de la ley. En efecto, se publicó el proyecto de ley en los Anales del Congreso, se efectuaron los debates y se aprobó en cada una de las Comisiones de las Cámaras tanto como en las Plenarias de las mismas y se sancionó la ley por el Gobierno, como también se efectuó su publicación en el Diario Oficial.

No obstante lo anterior, afirma el demandante que se incumplió lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 81 de la Constitución Nacional, por cuanto el mencionado proyecto de ley se publicó "después" de habérsele dado curso en la Comisión respectiva, a lo cual es preciso anotar lo siguiente:

"Los Anales del Congreso, como es sabido, son el "órgano de publicidad" del Senado y la Cámara, en el cual se deben publicar los diferentes actos que ordenan la Constitución y la ley. El artículo 81 de la Carta en su numeral Io establece que ningún proyecto será ley sin"haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la Comisión respectiva", lo que significa que todo proyecto de ley que se presente al Congreso debe publicarse en dicho periódico, con el fin general de que puedan los ciudadanos conocerlos y el muy particular de que los Congresistas los examinen para que, cuando tengan lugar las deliberaciones, puedan discutirlos,presentar modificaciones o rechazarlos. Al efecto, se ha dicho: 'La finalidad de esta disposición es que todos los Congresistas se enteren de los proyectos de ley presenta­dos a la consideración de las Cámaras. Con esto se persigue evitar que se puedan aprobar leyes tramitadas, cuando así conviene a algunos, casi clandestinamente' (Derecho Constitucional Colombiano, Jacobo Pérez Escobar, Cuarta Edición, pági­na 405). En consecuencia, estima la Corte que dicha publicación debe realizarse antes de que se lleve a cabo el primer debate en la Comisión correspondiente, pues es esa la oportunidad en la cual los Senadores y Representantes van a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley que se ha llevado a su consideración".

El proyecto de ley a que se ha hecho referencia fue publicado en los Anales del Congreso número 207 de 4 de diciembre de 1985, un día después de su presentación y fue discutido y aprobado en primer debate por la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en la sesión del día 10 de diciembre de 1985, cumpliéndose así el requisito exigido por el artículo 81-1 de la Constitución.

Ahora bien, expresa el actor que también se violó el Reglamento del Congreso (Ley 7 de 1945), en sus artículos 9º, 11, 13 y 14, respecto a lo cual se debe anotar que además de no haberse infringido tales mandatos, pues, "como quedó demostrado el proyecto de ley se publicó en los Anales del Congreso un día después de su presentación y el ponente presentó su estudio dentro del término que se le señaló e igualmente dicha ponencia fue publicada en los Anales, no todas las violaciones a las normas de los Reglamentos Internos de las Cámaras acarrean vicio de inconstitucionalidad, ya que, como lo ha sostenido esta Corporación en varias oportunidades, hay lugar a declarar la inexequibilidad de una ley por vicios en su formación cuando no se han cumplido los requisitos internos de las Cámaras, sólo en aquellos casos en que la Constitución Nacional remite expresamente a ellos para determinar el procedimien­to legislativo. Valga traer a colación la sentencia de 14 de agosto de 1979 en la cual con ponencia del doctor Luis Carlos Sáchica se afirmó:

"... también debe ser declarada inconstitucional la ley cuando en su elaboración no se acaten aquellos preceptos de las leyes que sirven de reglamento interno de las Cámaras Legislativas, en los aspectos en que expresamente la propia Constitución defiere la determinación del procedimiento a tales reglamentos. Es el caso, por ejemplo, de lo que disponen los dos siguientes incisos del artículo 81: 'el primero, y el segundo debate de cualquier proyecto deberán verificarse en días distintos, salvo las excepciones que previamente haya señalado el reglamento'. Los proyectos de ley que no hayan sido acumulados en la forma que ordena el reglamento, no podrán discutirse ni votarse conjunta o simultáneamente.

"De consiguiente, cuando la violación en el trámite del proyecto de ley incide en disposiciones del reglamento que no son aquéllas a las cuales la Constitución hace la remisión expresa de que se trata, no hay infracción constitucional".

En sentencia de 18 de septiembre de 1984 (Magistrado ponente doctor Manuel Gaona Cruz), se reiteró dicha jurisprudencia en los siguientes términos:

"La remisión al reglamento del Congreso hecha por la Carta Política, para efectos de constitucionalidad, obviamente debe entenderse dentro del contexto general de las normas de ésta, y únicamente en cuanto a los trámites por ella consagrados...".

"Es preciso enfatizar por los demás el cuidado que ha tenido el constituyente en destacar las normas de naturaleza procesal legislativas consagradas por la Carta, no las de los Reglamentos u otras de similar naturaleza; para advertir que el quebrantamien­to que puede dar origen a la inconstitucionalidad de las leyes desde el punto de vista procesal, no puede ser otro que el de las normas de trámite consagradas en la propia Carta. Lo demás, toca simplemente con el control de legalidad, que no es de la incumbencia de la Corte".

Aquí cabe destacar que el trámite de designación de un ponente y presentación del informe de éste es legal y sólo es constitucional el del debate respectivo.

"Para finalizar considera la Corte que no es necesario referirse a la violación del principio de publicidad alegado por el demandante, pues tal cargo quedó desechado al establecerse que el proyecto de ley fue publicado en los Anales del Congreso, tal como lo ordena el artículo 81-1 de la Carta Política. Y en cuanto a la afirmación del actor en el sentido de que el proyecto citado no se estudió por haber presentado elponente su informe el mismo día de reparto, cree la Corporación que tal hecho notiene la significación que se le atribuye, pues al ponente se le fija un término dentrodel cual debe rendir su ponencia, y sólo a él compete decidir si utiliza todo el plazo ono, ya que ello depende de sus conocimientos, dominio del tema, capacidad, tiempo, etc.".

En este orden de ideas estima la Corte que en la expedición de la Ley 28 de 1988 -materia de impugnación- se cumplieron los requisitos o formalidades exigidos por la Constitución en su artículo 81, por que será declarada exequible por este aspecto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Viceprocurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 28 de 1988 "por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y de la Sierra Nevada de Santa Marta, Corpamag, y se dictan otras disposiciones", en cuanto a que se cumplieron los requisitos constitucionales para su formación.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gace­ta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Hernán Guillermo AldanaDuque, Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Hugo Palacios Mejía, Conjuez (con aclaración); Gustavo Gómez Velásquez, Pedro LafontPianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero (con salvamento de voto), Jaime Giraldo Ángel, Jorge Iván Palacio Palacio, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Ramón Zúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario.

ACLARACIÓN DE VOTO

"Comparto la orientación general y la decisión de la ponencia; debo aclarar mi voto, sin embargo, en cuanto ella reitera el pensamiento de la Corte en el sentido de que la violación de los reglamentos de las Cámaras sólo acarrea vicios de inconstitucionalidad cuando la Constitución remite expresamente a ellos para determinar el procedimiento legislativo.

En 1979 sostuvo ante la honorable Corte que la violación de las leyes que contienen los reglamentos del Congreso también acarrea vicio de inconstitucionalidad cuando la Constitución remite implícitamente a ellos para determinar el procedi­miento legislativo, haciendo efectiva la libertad de opinión y de voto de los congresistas. Tal ocurre, especialmente, con aquellos artículos del reglamento de las Cámaras que ordenan votar en secreto ciertos proyectos de ley; si esas normas no se acatan, los artículos 105 y 106 de la Constitución pierden toda significación práctica. La guarda de estos artículos exige conformidad entre los procedimientos legislativos y las normas del reglamento de las Cámaras que tienen relación directa y necesaria con aquéllos.

Con todo respeto, sigo considerando que el planteamiento que hice en 1979 es válido, y por eso me siento obligado a presentar esta aclaración".

Hugo Palacios Mejía

Conjuez

SALVAMENTO DE VOTO

Con todo respeto expongo las razones de mi disentimiento:

Primera

A título de introducción, conviene poner de presente que en la tramitación inicial dada a la Ley 28 de 1988, aconteció lo siguiente:

a) El Proyecto de Ley número 202 de 1985 fue presentado en la Cámara de Representantes el 3 de diciembre de 1985;

b) El mismo día el Presidente de dicha Corporación lo envió a la Comisión Tercera Constitucional y también dispuso su remisión a la Imprenta Nacional para la publicación en los Anales del Congreso;

c) En la misma fecha, se recibió en la Comisión Tercera y se repartió el proyecto al representante Milciades Cantillo, a quien se le concedió un término de tres (3) días
para que rindiera ponencia para primer debate;

d) El mismo día, el Representante Cantillo presentó su ponencia;

e) El Proyecto de Ley número 202 de 1985 se publicó el 4 de diciembre de 1985, o sea, con posterioridad a la ponencia presentada por el citado representante.

Segunda

"El impulso que se le imprimió al Proyecto de Ley número 202 de 1985, en la etapa inicial, vale decir, de la presentación en la Cámara hasta la elaboración y presentación de la ponencia para primer debate, ocurrió en un mismo día y con antelación a su publicación en los Anales del Congreso. Esta celeridad es algo excepcional y se realizó con menosprecio del numeral 1o del artículo 81 de la Constitución Nacional que exige, como requisito previo, para 'darle curso' en la respectiva Comisión, que se hubiere publicado.

Tercera

La publicidad del proyecto de ley va orientada a que los Congresistas y los ciudadanos, antes de iniciar el respectivo trámite, se enteren del proyecto y de la exposición de motivos. Y esto sólo se cumple adecuada y constitucionalmente, antes de que el ponente de la Comisión respectiva presente su ponencia. Si se publica el proyecto con posterioridad a la presentación de la ponencia, se tiene entonces que yase le ha dado 'curso' al proyecto en la Comisión, y por ende, se ha infringido el numeral 1° del artículo 81 de la Carta. Y como esto último fue lo que aconteciórespecto del Proyecto número 202 de 1985, que a la postre se convirtió en la Ley 28 de 1988, esta es inconstitucional".

Fecha, ut supra.

Alberto Ospina Botero