300Corte SupremaCorte Suprema300300141331413Jairo E. Duque Pérez.198631/03/19861413_Jairo E. Duque Pérez._1986_31/03/198630014133SUSPENSION DE LOS TERMINOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO, POR LA DESTRUCCION TOTAL DE SUS OFICINAS JUDICIALES, ASI COMO LA DESAPARICION DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, COMO CONSECUENCIA DE LA TRAGEDIA DEL DESHIELO DEL NEVADO DEL RUIZ. EMERGENCIA ECONOMICA. Constitucional el Decreto número 3517 de 1985. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 12. 1986
Por envío de la Secretaría General de la Presidencia de la República del Decreto número 3517 de 1985, en comunicación de fecha 29 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, procede la Corte Suprema de justicia a adelantar su examen según la atribución que le otorga el artículo 122 de la ConstituciónIdentificadores30030014134true87707Versión original30014134Identificadores

Norma demandada:  Por envío de la Secretaría General de la Presidencia de la República del Decreto número 3517 de 1985, en comunicación de fecha 29 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, procede la Corte Suprema de justicia a adelantar su examen según la atribución que le otorga el artículo 122 de la Constitución


SUSPENSION DE LOS TERMINOS JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE ARMERO, POR LA DESTRUCCION TOTAL DE SUS OFICINAS JUDICIALES, ASI COMO LA DESAPARICION DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, COMO CONSECUENCIA DE LA TRAGEDIA DEL DESHIELO DEL NEVADO DEL RUIZ. EMERGENCIA ECONOMICA.

Constitucional el Decreto número 3517 de 1985.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 12.

Referencia: Expediente número 1413 (197-E). Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 3517 de noviembre 29 de 1985 "por el cual se suspenden unos términos judiciales".

Magistrado ponente: doctor Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada según acta número 31 de marzo diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

I. ANTECEDENTES

Por envío de la Secretaría General de la Presidencia de la República del Decreto número 3517 de 1985, en comunicación de fecha 29 de noviembre de 1985 y al día siguiente de su expedición, procede la Corte Suprema de justicia a adelantar su examen según la atribución que le otorga el artículo 122 de la Constitución, previa la consideración de los siguientes hechos:

1. El Decreto número 3405 de 1985, declaró el estado de emergencia económica y social y estableció para su vigencia un término de treinta y cinco (35) días contados a partir del 25 de noviembre de 1985.

2. El Decreto número 3 de 1985, fue expedido el 29 de noviembre de 1985, dentro del período fijado por el Decreto anteriormente citado.

3. Las circunstancias que dieron origen a la anterior declaratoria, tuvieron por causa la catastrófica erupción del Nevado del Ruiz que produjo el arrasamiento y destrucción total del área urbana del municipio de Armero y con ella la de los despachos judiciales, archivos, expedientes en trámite y aún la vida de sus funcionarios y empleados.

De esta manera no se remite a duda que la suspensión de los términos judiciales guarda estrecha y única relación con los hechos originariamente contemplados en el acto por el cual se declaró la Emergencia Económica y Social.

4. Finalmente, el Decreto en examen aparece firmado por el Presidente y todos sus ministros.

II. TEXTO DEL. DECRETO

El Decreto que se revisa es del siguiente tenor:

"DECRETO NUMERO 3517 DE 1985

(noviembre 29)

"Por el cual se suspenden unos términos judiciales.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto número 3405 de 1985, y

"CONSIDERANDO:

"Que como consecuencia de la calamidad pública ocurrida con motivo de la actividad volcánica del cráter Arenas y del deshielo del Nevado del Ruiz, hecho que tuvo lugar en la noche del 13 de noviembre de 1985, el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia, por Decreto número 3405 de 1985, con base en el artículo 122 de la Constitución Nacional;

"Que la calamidad mencionada produjo como resultado la destrucción completa de los despachos judiciales del municipio de Armero, lo mismo que de sus archivos y expedientes en trámite y la desaparición de funcionarios y empleados;

"Que es necesario adoptar las providencias que conduzcan a garantizar los derechos de todas las partes vinculadas a las respectivas actuaciones judiciales y a asegurar el imperio de una cumplida administración de justicia;

"DECRETA:

"Artículo 1° Para todos los efectos constitucionales y legales, considéranse suspendidos, desde el 14 de noviembre de 1985, los términos procesales (legales y judiciales) que estuvieren corriendo en las actuaciones en curso en los siguientes Juzgados con sede en Armero:

"1. Juzgado Civil del Circuito.

"2. Juzgado Primero Penal del Circuito.

"3. Juzgado Segundo Penal del Circuito.

"4. Juzgado Primero Penal Municipal.

"5. Juzgado Segundo Penal Municipal.

"6. Juzgado Primero Civil Municipal.

"7. Juzgado Segundo Civil Municipal.

"8. Juzgado 28 de Instrucción Criminal.

"Artículo 2° La suspensión de que trata el artículo anterior durará hasta el día en que los correspondientes Despachos judiciales puedan abrirse nuevamente al público.

"Artículo 3° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. "Publíquese y cúmplase,

"Dado en Bogotá, D. E., a 29 de noviembre de 1985.

BELISARIO BETANCUR

El Ministro de Gobierno, Jaime Castro; el Ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Ramírez Ocampo; el Ministro de Justicia, Enrique Parejo González; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hugo Palacios Mejía; el Ministro de Defensa Nacional, General Miguel Vega Uribe; el Ministro de Agricultura, Roberto Mejía Caicedo; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Carrillo Rojas; el Ministro de Salud, Rafael de Zubiría Gómez; el Ministro de Desarrollo Económico, Gustavo Castro Guerrero; el Ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar; el Ministro de Educación Nacional, Liliam Suárez Melo; el Ministro de Comunicaciones, Noemí Sanín Posada; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Segovia Salas".

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Por encontrar que el Decreto en revisión constitucional se ajusta a los requisitos formales antes indicados, y guarda a la vez conexidad con los hechos en que se estribó la declaración de emergencia económica, la Agencia cabeza del Ministerio Público solicita que se declare CONSTITUCIONAL ya que los artículos que lo integran "no sólo no infringen disposición alguna de la Constitución Nacional sino que son indispensables para garantizar el debido proceso consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional, puesto que aseguran la observancia de los términos judiciales, indispensables para el ejercicio del derecho de defensa y la oportunidad de la administración de justicia, aplazando su efectividad hasta cuando los juzgados destruidos por la calamidad puedan iniciar nuevamente sus labores".

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Ya quedó consignado en precedentes párrafos, que el Decreto materia de confrontación constitucional fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las especiales y excepcionales facultades del artículo 122 de la Constitución Nacional, previa declaratoria del estado de Emergencia Económica y dentro del término fijado en este Decreto.

La Corte en reciente decisión, declaró CONSTITUCIONAL el mencionado Decreto.

Los graves hechos que originaron la declaración de la Emergencia y sus secuelas son de público conocimiento; igualmente lo son los motivos que le dan fundamento a la norma que se revisa que guarda con aquél un indiscutible nexo causal: era de incuestionable necesidad proveer la suspensión de los términos procesales (legales y judiciales) en todos los negocios que cursaban en los despachos judiciales del extinguido municipio de Armero a partir del 14 de noviembre del año retro-próximo, fecha del acaecimiento del fenómeno telúrico mencionado. De esta manera el "legislador extraordinario" tuteló el debido proceso y la preservación de las facultades procesales de las partes de aquéllas actuaciones que habrían resultado gravemente afectadas si las medidas en estudio, no hubiesen sido adoptadas prontamente.

La competencia de la Corte para conocer del presente Decreto y decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, está consagrada por el artículo 214 de la Constitución Nacional y en especial por el 122 ibidem.

Acorde con los precedentes considerandos, el Decreto número 3517 de 1985, se ajusta a las normas constitucionales ya que:

a) Lleva la firma del Presidente y de todos los ministros del despacho;

b) Se expidió dentro del término de la emergencia;

c) Expresa la fecha a partir de la cual principia su vigencia, es decir, desde la fecha de su publicación; y, como ya se anotó, guarda estrecha e inmediata relación con los hechos que motivaron la declaración de emergencia económica según la enunciación que de ellos se hace en los considerandos del Decreto número 3405 de 1985.

Considerando pues en su conjunto el Decreto que es objeto de la presente confrontación constitucional, se halla que está destinado a conjurar los efectos que la catástrofe precitada ocasionó en los procesos y actuaciones judiciales que se adelantaban en los juzgados del municipio de Armero (Tolima) el 14 de noviembre de 1985.

Con respecto al artículo 2° del Decreto, observa la Corte la indeterminación de la suspensión de los términos por no haber fijado un día cierto y determinado hasta el cual se hubiese extendido esa medida, como se hizo en los demás decretos que ordenaron suspensión de términos en la Corte y Consejo de Estado.

Como la "condición" a la que fue supeditado dicho "día" ya se cumplió, la anotada irregularidad carece de trascendencia a los efectos de la presente revisión constitucional.

V. DECISIÓN

Por lo antes expuesto la Corte Suprema de Justicia, -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y de acuerdo con el concepto del Procurador General de la Nación DECLARA CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 3 517 de 1985 "por el cual se suspenden unos términos judiciales".

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Luis Enrique Aldana Rozo, Vicepresidente; Hernando Baquero Borda, Magistrado; Rafael Baquero Herrera, Magistrado; José A. Bonivento Fernández, Magistrado; Nemesio Camacho Rodríguez, Magistrado; Jorge Carreño Luengas, Magistrado; Guillermo Dávila Muñoz, Magistrado; Manuel E. Daza Alvarez, Magistrado; Jairo E. Duque Pérez, Magistrado; Guillermo Duque Ruiz, Magistrado; Germán de Gamboa y Villate, Magistrado; Hernando Gómez Otálora, Magistrado; Héctor Gómez Uribe, Magistrado; Gustavo Gómez Velásquez, Magistrado; Juan Hernández Sáenz, Magistrado; Héctor Marín Naranjo, Magistrado; Lisandro Martínez Zúñiga, Magistrado; Fabio Morón Díaz, Magistrado; Alberto Ospina Botero, Magistrado; Jaime Pinzón López, Magistrado; Edgar Saavedra Rojas, Magistrado; Hernando Tapias Rocha, Magistrado; Jorge Iván Palacio Palacio, Magistrado; Germán Valdés Sánchez, Magistrado.

Inés Galvís de Benavides

Secretaria General