Sentencia 2307 de 1991

300Corte SupremaCorte Suprema300300139982307Fabio Mor�n D�az199119/09/19912307_Fabio Mor�n D�az_1991_19/09/199130013998PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Intervenci�n Econ�mica. Conserva esta funci�n de la Constitucional de 1886. La cesant�a es �na acreencia privilegiada, protegida por normas de rango constitucional. Exequible el art�culo 3o. de la ley 41 de 1975. Corte Suprema de Justicia. Sala Plena.- Santaf� de Bogot�, D.C septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y uno (1991). Magistrado Ponente: Doctor Fabio Mor�n D�az. Radicaci�n No. 2307. Acta No. 40. Sentencia No. 111. 1991

Gerardo Guevara | Hernando Pinz�n Avilaarticulo 3o. de la Ley 41 de 1975Identificadores30030013999true87398Versi�n original30013999Identificadores

Intervenci�n Econ�mica. Conserva esta funci�n de la Constitucional de 1886. La cesant�a es �na acreencia privilegiada, protegida por normas de rango constitucional.

Santaf� de Bogot�, D.C septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y uno (1991).

"Por medio de la cual se dictan medidas relacionadas con el Fondo Nacional: del Ahorro Cesant�as-".

Ante esta Corporaci�n los ciudadanos Gerardo Humberto Guevara Puentes y Hernando Pinz�n Avila en ejercicio de la acci�n p�blica que establec�a el articulo 214 de la Constituci�n de 1886, presentaron escritos de demanda en el que piden se declare que el articulo 3o. de la Ley 41 de 1975 es inexequible.

Se admiti� lademanda y se orden� el trasladocorrespondiente alDespachodelse�or Procurador Generalde la Naci�n paraefectosde recib�su concepto fiscal;una vezemitido �ste y cumplidos como seencuentran,todos los tr�mites previstos por el Decreto 432de1969,procede la Cortea pronunciar su fallo.

"Por la cual se modifica el Decreto-Ley 1253 de 1975 y se dictan otras disposiciones.

"Articulo 3o. El art�culo 33 del Decreto 3118 de 26 de diciembre de 1968 quedar�as�: El Fondo Nacional del Ahorro liquidar� y abonar� en cuenta intereses del 12 por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre d� cada a�o figuren a favor de cada empleado publico o trabajador oficial, inclusive sobre 4a parte de cesant�as que se encuentren en poder de r establecimientos p�blicos o empresas industriales o comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el articulo 47 del Decreto 3118 de 1968".

Para los actores, la disposici�n acusada viola lo dispuesto por el art�culo 120 numeral 14 d� la Constituci�n Nacional de 1886.

1o. Los actores acusan la inconstitucionalidad del art�culo 3o. de la Ley 41 de 1975, por la presunta violaci�n al numeral 14 del articulo 120 de la Carta Fundamental; ya que en su opini�n la materia de que se ocupa la norma acusada es de competencia exclusiva del Presidente de la Rep�blica y no puede ser objeto de regulaci�n por parte del Congreso.

Sostienen que la reforma Constitucional de 1968 delimit� con precisi�n en el numeral 14 del articulo 120 de la Carta, las competencias propias del Presidente de la Rep�blica en lo que se relaciona a la expedici�n de actos jur�dicos en ejercicio de atribuciones constitucionales que en adelante le son propias y privativas, como es la facultad de intervenir en las actividades de las personas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del Ahorro Privado. En su opini�n la norma acusada se dirige a regular una materia que le est� vedada por mandato constitucional expreso al Congreso de la Rep�blica. Por otra parte los actores insisten en se�alar que las cesant�as son un derecho patrimonial que tiene la forma de ahorro de los trabajadores, lo que hace indiscutibleque el Presidente de la Rep�blica sea el competente para intervenir en la manera c�mo ese ahorro se maneje, aprovecha o invierte.

Los actores transcriben buena parte de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 16 de agosto de 1972, en la que esta Corporaci�n examina detenidamente el contenidonormativodel citado numeral del art�culo 120 de la Constituci�n.

El Se�or Procurador General de la Naci�n, rindi� el concepto fiscal de su competencia y en �l solicita a la Corte que declare que el art�culo 3�; de la Ley 41 de 1975 es exequible.

En primer t�rmino advierte el Ministerio P�blico que el cargo formulado por los actores pertenece a una de las cuestiones m�s debatidas por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, que se remonta hasta el momento mismo de su entrada en vigencia. En este sentido observa que los planteamientos que se han formulado sobre la cuesti�n de fondo que se debate en este proceso, han sido de la m�s variada �ndole, enfrentando la jurisprudencia en diversos sentidos.

Estima el Despacho Fiscal que la atribuci�n constitucional de que trata el articulo 120-14 de la Constituci�n Nacional debe ser estudiada �nicamente en cuanto hace a la competencia del Legislador para ocuparse de la materias relativas al manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado; mucho m�s si se tiene en cuenta que �ste es el punto que interesa al asunto que se resuelve.

En su opini�n, considera el Departamento Fiscal que la existencia de la facultad presidencial consagrada en el citado numeral del articulo 120 de la Carta, "� no enerva la acci�n del Congreso en las materias relativas a los fondos provenientes del ahorro privado con respeto a su manejo, aprovechamiento o inversi�n, si no que simplemente otorga al Ejecutivo una herramienta eficaz en el manejo de ciertos factores que afectan de forma determinante el desenvolvimiento econ�mico del pa�s, tanto en el �mbito interno como en el concierto internacional, permitiendo ejercer un contrato �gil, oportuno y certero frente a las circunstancias hist�ricas y a las complicadas coyunturas.

Considera el Ministerio P�blico que el Congreso conserva intacta su competencia para intervenir no s�lo en los fondos provenientes del ahorroPrivado,sino en todas las facetas de la actividad econ�mica nacional. Puestoque el articulo 76 inciso primero delaConstituci�n le entrega lacompetenciapara expedir las leyes. De otra parte observa que el Congreso no s�lo puede, sino que debe intervenir con fines sociales en la econom�a enprocuradel desarrollo integral, el mejoramiento arm�nico de la comunidad l� justicia social, todo de conformidad con el articulo 32 de la Carta.

Transcribe apartes de la sentencia de esta Corporaci�n de septiembre 21 de 1989 y de junio 9 de 1987, en las que la Corte advierte que learticulo 120-14 de la Carta no excluye ni suprime las competencias legislativas delCongresoen dicha materia.

Concluye su concepto se�alando que una vez establecido que el Legislador puede ocuparse "...de los aspectos relativos al manejo, aprovechamiento o inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado se desestima el sustento de la argumentaci�n de los actores y se elimina el estudio sobre el car�cter de ahorro que puedan tener las cesant�as y los Intereses de la misma materia que regula la norma acusada, puesto que a�n llegando a la conclusi�n de que las cesant�as constituyan ahorro, esta Inferencia carece de idoneidad para determinar la violaci�n constitucional invocada".

En atenci�n a que lo acusado forma parte de una Ley de la Rep�blica y atendiendo lo dispuesto por el articulo 214 de la Carta de 1886 derogada, en concordancia con el Decreto 432 de 1969, esta Corporaci�n era competente para conocer y decidir sobre la demanda de la referencia. Ahora, bajo el imperio de la Carta de 1991, tal competencia fue prorrogada por virtud del articulo transitorio No. 24 en relaci�n con las acciones de Inconstitucionalidad instauradas antes del 1o. de junio del presente, como ocurre con el asunto que se resuelve.

Examinada la norma acusada en esta oportunidad encuentra la corte que el articulo 3o. de la Ley 41 de 1975, se contrae a establecer como obligaci�n del Fondo del Ahorro el deber de liquidar y abonar en cuenta a favor de los empleados p�blicos o de los trabajadores oficiales, el monto de los intereses qu� resulte de aplicar la tasa anual del doce por ciento (12%) sobre las cesant�as que figuren en favor de aqu�llos.

Como lo ha advertido esta Corporaci�n en diversas oportunidades debe tenerse en cuenta que la cesant�a causada representa para el trabajador un derecho patrimonial legitimo constituido, que queda bajo el amparo y la garant�a del articulo 30 de la Carta de 1886 y del art�culo 58 de la Carta de 1991, y en este sentido se ha establecido, comoseadv�rti� m�s arriba, que la ley posterior no puede desconocerlo ni disminuirlo en forma alguna; empero la ley s� puede modificar las bases para su reconocimiento, liquidacion, pago medios de fananciasion, manejos y garantias, pero s�lo para el futuro. No sobra advert�r que la cesant�a es un bien patrimonial que mantiene en todo caso su condici�n dederechosocial y de recurso econ�mico especial, afectado a satisfacer espec�ficas nec�sidades de los trabajadores y muy precisas finalidades de justicia social distributiva en el sistema jur�dico que se erige dentro del Estado Social de Derecho.

Por tanto, la cesant�a no puede ser vista s�lo como simple ahorro privado, ni quedar comprendida dentro del �mbito jur�dico que regulaba elarticulo 120 numeral 14 de la Carta de 1886, como lo afirmaron los actores.

Es oportuno advertir que este numeral no fue reproducido en la normatividad permanente como atribuci�n propia del Presidente de la Rep�blica en la Carta de 1991, y que cuando �ste ejerce "la inspecci�n, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversi�n de recursos captados del p�blico" debe hacerlo de acuerdo con la ley (art. 189 numeral 24), lo mismo que cuando ejerce "la intervenci�n en las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi�n de recursos provenientes del ahorro de terceros" tambi�n debe hacerlo "de acuerdo con la Ley" (art 189. numeral 25). Sin embargo, en el art�culo 50 transitorio, se maneja la facultad presidencial cuando establece que:

"Mientras se dictan las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para regular la actividad financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi�n d� los recursos captados del p�blico, el Presidente de la Rep�blica ejercer� como atribuci�n constitucional propia la intervenci�n en estas actividades".

La Corte considera, finalmente, que no existe raz�n a los actores cuando encuentran que existe violaci�n del numeral14delarticulo 120 dela Constituci�n anterior, y reproducido en las disposiciones transitorias en el articulo50,como ya se anot�.Enefecto, tal facultadpresidencial, quese ejerc�a y puede ejercerse, bajo la figura de los llamadosdecretos oreglamentos aut�nomos que se dictan sin autorizaci�n legalprevia, comouna competencia directa, s�lo permite la intervenci�n en lasactividades delas personas naturales o Jur�dicas que tengan por objeto laintermediaci�nfinanciera.

Dicha intervencion se limita, por razon de la materia, como lo ha dicho la jurisprudencia,a las actividades "de los llamados intermediariosfinancierosen el mercado de capitales, como cajas y secciones de ahorro,compa��asde seguros de vida, de capitalizaci�n, de inversiones y dem�s entidades especializadas en la funci�n de canalizar el ahorro privado nacional hacia la formaci�n de capitales". (Sentencia del Consejo de Estado de junio 14 de 1974, de la Secci�n Primera, que acogi� la sentencia de la Sala plena de 25 de agosto de 1976). Es decir, la facultad interventora delPr�sidentede la Rep�blica recae sobre la actividad profesional de tales p�rsonas naturales o jur�dicas que tienen "por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado" y no sobre el proceso econ�mico que permite la formaci�n de dicho ahorro y menos sobre el ahorro privado en s� mismo. Esto �ltimo corresponde a una actuaci�n propia del Legislador, que la Carta de 1991 determina y precisa en forma indubitable.

En efecto, la intervenci�n presidencial del derogado numeral 14 del art�uIo 120 era distinta a la que ejerce el Congreso en la normasub-examine,que est� respaldada no s�lo por las disposiciones de la anterior Constituci�n y por la jurisprudencia correspondiente, que se alaban la competencia legislativa claramente, sino que tambi�n esta materia qued� consagrada especialmente en la Carta de 1991, en los ya transcritos numerales 24 y 25 del art�culo 189, y en los art�culos 334, 335 y en el literal d) del numeral 19 del art�culo 150, en todos los cuales los t�rminos son muy precisos al establecer que la regulaci�n de esta intervenci�n del Ejecutivo debe hacerse "de acuerdo con la ley" (art. 189), "por mandato de l� ley (art 334), "conforme a la ley" (art. 335).Es pertinente transcribir las dos �ltimas normas que tambi�n son muy claras sobre su alcance y contenido. Dicen asi:

"Articulo 335.- Las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,aprovechamiento e inversi�n de los recursos de captaci�n a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del articulo 150 son de inter�s p�blico y s�lopuedenser ejercidas previa autorizaci�n del Estado, conforme a la ley. la cual regular� la forma de intervenci�n del Gobierno en estas materias y promover� la democratizaci�n del cr�dito".

"Articulo 150.- Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

"19. Dictar las normas generales, y se�alar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:

"d) regular las actividades financiera, bursatil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversion de los recursos captados al publico".

Igualmente es oportuno se�alar sobre esta materia lo dispueston en articulo 49 transitorio, de la Carta de 1991 que dice asi:

"En la primera legislatura posterior a la entrada en vigencia de esta Constituci�n, el Gobierno presentar� al Congreso los proyectos de ley de que tratan los art�culos 150 numeral 19 literal d. 189 numeral 24 y 335, relacionados con las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversion de recursos captados del p�blico.

"Si al t�rmino de las dos legislaturas ordinarias siguientes, este �ltimo no los expide, el Presidente de la Rep�blica pondr� en vigencia los proyectad mediante decretos con fuerza de ley".

Ahora bien, en el Decreto 3118 de 1968 de diciembre 26 "por el cual crea el Fondo Nacional del Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesant�a de empleados p�blicos y trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones", declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de agosto 1o. de 1969 y expedido con base en las facultades extraordinarias, conferidas por la Ley 65 de 1967, ya preve�a lo siguiente:

"Articulo 33. Intereses en favor de los trabajadores. El Fondo Nacional del Ahorro liquidar� y abonar� en cuenta intereses del nueve por ciento anual sobre las cantidades que el 31 de diciembre de cada a�o figuren a favor de cada empleado p�blico o trabajador oficial inclusive sobre la parte de cesant�a que se encuentre en poder de establecimientos p�blicos o empresas industriales y comerciales del Estado que gocen del plazo previsto en el art�culo 47".

En el citado fallo del H. Corte Suprema de Justicia se hacen las, siguientes precisiones:

"3. El decreto 3118 de 1968 contiene una serie de disposiciones sobre liquidaci�n y pago de cesant�as" que estructuran un sistema legal en los campos social y jur�dico, as�:

"a) El auxilio de cesant�a se liquidar� hasta el 31 de diciembre de 1968 con ap�icaci�n de las normas vigentes el d�a 26 de los citados mes y a�o.

"c) A partir del 1� de enero de 1969, cada a�o calendario, se liquidar�n las cesant�as que anualmente se causen, a favor de sus trabajadores o empleados, por Los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, establecimientos p�blicos y empresas comerciales o industriales del Estado.

"d) Esta liquidaci�n anual asi practicada tendr� car�cter definitivo, o sea no revisable.

"e) En caso de retiro del empleado o trabajador, el respectivo organismo liqu�dara la cesant�a que le corresponda por el tiempo servido en el a�o de retiro.

"f) Las liquidaciones a que se refiere el aparte c), se har�n con base en el salario promedio mensual devengado por el empleado o trabajador en los tres �ltimos meses de cada a�o.

del 9% anual sobre las cantidades que en 31 de diciembre de cada a�o figuren a favor de cada empleado p�blico o trabajador oficial.

"i) El Fondo entregar� a cada trabajador una libreta con menci�n de la entidad en donde preste sus servicios y del saldo a sufavor en la fecha antes indicada.

j) Durante el tiempo de servicio el empleado p�blico o trabajador oficial podr� solicitar entrega de la totalidad, o parte de los dineros acreditados a su favor en el Fondo Nacional de Ahorro, o podr� autorizar al Fondo entregas en favor de terceras personas o del propio Fondo, pero �nicamente para los fines de compra, construcci�n, mejora o liberaci�n de grav�menes hipotecarios de vivienda.

"k) En caso de retiro del servicio y siempre que no medien causas legales de p�rdida del auxilio de cesant�a, el empleado p�blico o trabajador oficial podr� solicitar al Fondo entrega del saldo neto a su favor. Y �ste deber� pagarle dicho saldo dentro del t�rmino de 10 dias h�biles, contados a partir de la presentaci�n en debida forma de la solicitud. En caso de mora el Fondo reconocer� inter�s del 2% mensual.

"U En caso de retiro, la libreta o tarjeta que contenga la cuenta del trabajador, constituye titulo ejecutivo para exigir judicialmente el pago saldo a su favor.

"a La escueta enunciaci�n de un r�gimen legal como �ste, afianza el criterio y brinda certeza de que el leg�timo derecho de la cesant�a causadase respeta en toda su amplitud. Y no s�lo esto: se toman adem�s medidaspara protegerla de futuros riesgos inherentes al desarrollo fiscal y economico del pa�s.

"5. Y esta argumentaci�n tiene validez jur�dica ya se considerala cesant�a como un salario diferido o como una prestaci�n social

"6. Por tanto el decreto acusado no viola el art�culo 30 de laConstituci�n como lo pretende el actor, ni los dem�s preceptos que cita". (M.P. Doctor Eustorgio Sarria).

Como no med�an razones distintas de las se�aladas por la Corte en el citado fallo y que hagan variar la jurisprudencia de esta Corporaci�nsobreel mismo punto, en esta oportunidad debedeclararsela exequibilidad dela norma acusada ya que se advierte que se trata literalmente de la misma hip�tesis jur�dica, con la �nica modificaci�n de que el inter�s autorizado deja de ser el 9% para pasar al 12%. En efecto, en aquella oportunidad esta Corporaci�n se�al� que el r�gimen de las prestaciones sociales comprende el de los medios de su financiaci�n, para que sus fines puedan cumplirse y para que el legitimo derecho a la cesant�a causada se respete y pueda realizarse en toda su amplitud; se trata, como se dijo en aquella oportunidad, de una medida adecuada para proteger el auxilio de la cesant�a de los futuros riesgos inherentes al desarrollo fiscal y econ�mico del pa�s.Adicha conclusi�n se llega s� se considera que la cesant�a es un salario diferido o una prestaci�n social, y tampoco se descarta el argumento de que se le tenga como un ahorro, ya que como se ha analizado anteriormente, ello no la incluye dentro de la facultad presidencial del numeral 14 del articulo 120, ya que �sta tiene que ver con "las actividades de personas naturales o jur�dicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado".

Como se ha visto, la norma acusada encuentra fundamento en el articulo 32 de la Carta de 1886. ya que se trata de intervenir y ordenarun especial recurso econ�mico, afectado por la ley dentro de una pol�tica de ingresos y salarios con fines de desarrollo econ�mico y de justicia social que atienden a las necesidades de las clases trabajadorasenparticular. Estos principios son consagrados igualmente en la Carta de1991,especialmente.en sus art�culos 25. 53 y 334.

En este sentido, la ley busca asegurar que los medios de financiaci�ndelauxiliode cesant�a est�n sometidos a precisas normas de rango especial, dentro del �mbito de nuestra econom�a, garantizando que conserve su fundamento social en cuanto prestaci�n que surge de la relaci�nlaboral.Se trata pues de establecer un instrumento financiero especialmente protegido con el fin de obtener y conservar los recursos monetarios indispensables para el pago oportuno y adecuado del auxilio de cesant�a.

De otra parte, es necesario tener en cuenta que esta Corporaci�n en susentenciade junio 9 de 1987, tal como lo precis� el concepto del Ministerio P�blico, fij� su interpretaci�n en lo que hace a las relaciones entre la ley y los decretos reglamentarios aut�nomos que puede expedir el Presidente de la Rep�blica en desarrollo de las atribuciones que le confer�a el numeral 14 del art�culo 120 de la Carta anterior, que como ya se dijo, no apareceno reproducidoen la Carta de 1991, como norma permanente, pero si se refiere a esta materia el art�culo transitorio n�mero 50, que mantiene la facultad del Presidente para ejercer como atribuci�n constitucional propia, laintervenci�n en la actividad financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversi�n de los recursos captados del p�blico, mientras se dictan las normas generales a las cuales deb� sujetarse el Gobierno para regular tales actividades.

"La regulaci�n que por via general establezca el Congreso de la Rep�blica, y encaminada a lograr el fortalecimiento de la estructura financiera nacional. No conduce, dado el �mbito material que debe cubrir a injerencia alguna en las actividades propias de las personas que manejan e invierten el ahorro privado.

"Estas actividades ni se limitan ni se restringen, ni mucho menos se orientan o se encauzan con el establecimiento y la creaci�n de organismos administrativos de derecho p�blico que respalden los cr�ditos, los d�bitos y ' en general las obligaciones de estas instituciones financieras, las que pueden ser intervenidas por el Ejecutivo con base en el numeral 14 del art. 120 de la Carta.

"En este orden de ideas, 'actividad' es la facultad de obrar, operar y de realizar tareas propias y, ademas, en su plural, nos indica el conjunto de operaciones o tareas tambi�n 'propias' de la entidad; lo que no quiere decir que la persona que obre, o realice actos y gestiones, -manejo, aprovechamiento e inversi�n del ahorro privado-, se sustraiga al poder y vigor de las leyes, o que s�lo pueda ejecutar aquellas actividades que le son propias y nada m�s, o s�lo estar sometidas a los decretos que intervienen esas mismas actividades.

"Existe un �mbito material y objetivo del alcance del numeral 14 del articulo 120 de la Carta, pues ni todas las actividades de las personas aprovechan, manejen o inviertan fondos provenientes del ahorro privado constituyen el exclusivo campo de aplicaci�n de esta norma de la Constitucion, ni el desarrollo de �sta puede abarcarlas a todas materialmente, inclusive a las que no les son propias a estas personas.

"Mucho menos puede imaginarse que las personas que tengan como objeto las mismas actividades sujetas a la intervenci�n presidencial, deben su existencia y la posibilidad legal del cumplimiento de las mismas, o de cuales quiera otra, s�lo a las normas de intervenci�n especial que se dictad, en ejercicio de esta especial atribuci�n del jefe supremo de la administraci�n tal como se desprende de las argumentaciones de la demanda.

"Pero hay m�s, porque el art. 120, numeral 14 de la Carta, defiera al Presidente de la Rep�blica, como suprema autoridad administrativa, la atribuci�n constitucional de intervenir en las actividades de las personas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversi�n de los fondos provenientes del ahorro privado, no se puede pensar ni admitir que la voluntad del constituyente llegase hasta el extremo de excluirlas del vigor� y de la fuerza de las leyes a las que en todo momento deben sometimiento, colectivo, incluso a las que prev� la intervenci�n general de la econom�a de acuerdo con el art�culo 32 de la Carta; tal idea ser�a absurda y a ese extremo llegar�a la argumentaci�n del actor de aceptarse su fundamentaci�n, por lo que se descarta.

Tampoco cabe restricci�n, en el preciso punto que se estudia, a la facultad legislativa en raz�n de las atribuciones constitucionales del Ejecutivo que se�alan, puesto que �ste las conserva plenamente pero s�lo sobre las actividades propias que indica con claridad el numeral 14 del art�culo 120 de la Constituci�n, que son precisamente las actividades profesionales de �las personas que manejan el ahorro privado. (M.P. Doctor Fabio Mor�n Diaz).

Adem�s, esta posici�n jurisprudencial ha sido reiterada por esta Corporaci�n en providencias que se�alan, que en materia tandelicada,m�sbienhabr�a que concluir que se trata de normascomplementarias oconcordantes que regulan las competencias del Congreso y al Ejecutivo y que aparecen recogidas en los art�culos constitucionales que se hancitadoy especialmente enelnumeral 25 del articulo 189 de la Carta de 1991, cuando dice que corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa"ejercer laintervenci�n en las actividades financiera, burs�til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamientoeinversi�n de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley".

En m�rito deloexpuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y o�do el conceptodelse�orprocuradorGeneral de la Naci�n.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Pablo Julio Corrales, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Ricardo Calvete Rangel, Jorge Carre�o Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Eduardo Garc�a Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Ernesto Jim�nez D�az, Pedro Lafont Pianetta, H�ctor Mar�n /Varanjo, Rafael M�ndez Arango, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, D�dimo P�ez Velandia, Jorge �v�n Palacio Palacio, Sim�n Rodr�guez Rodr�guez, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime San�n Greiffenstein, Hugo Suesc�n Pujols, Juan Manuel Torres Fresneda, Jorge Enrique Valencia Mart�nez, Ram�n Zu��ga Valverde.