300Corte SupremaCorte Suprema300300139061491Jaime Pinzón López.198611/12/19861491_Jaime Pinzón López._1986_11/12/198630013906CON LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO EN LA FUENTE SE CONFIGURA UNA TRASLACIÓN DE LA FUNCIÓN RECOLECTORA DE LOS TRIBUTOS QUE EJERCÍA EL ESTADO, PARA QUE SE HAGA POR SUS AGENTES O POR PARTICULARES HABILITADOS COMO TALES POR LA LEY RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL UNO POR CIENTO DEL VALOR PARA LA ENAJENACIÓN DE UN ACTIVO FIJO. RECURSOS TRIBUTARIOS Exequible art. 40 Ley 55 de 1985. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 109. Referencia: Expediente número 1491. 1986
Hernán A. González P,Norma Acusada: artículo 40 de la Ley 55 de 1985.Identificadores30030013907true87239Versión original30013907Identificadores

Norma demandada:  Norma Acusada: artículo 40 de la Ley 55 de 1985.


CON LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO EN LA FUENTE SE CONFIGURA UNA TRASLACIÓN DE LA FUNCIÓN RECOLECTORA DE LOS TRIBUTOS QUE EJERCÍA EL ESTADO, PARA QUE SE HAGA POR SUS AGENTES O POR PARTICULARES HABILITADOS COMO TALES POR LA LEY RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL UNO POR CIENTO DEL VALOR PARA LA ENAJENACIÓN DE UN ACTIVO FIJO. RECURSOS TRIBUTARIOS

Exequible art. 40 Ley 55 de 1985.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 109.

Referencia: Expediente número 1491.

Norma Acusada: artículo 40 de la Ley 55 de 1985.

Demandante: Hernán A. González P,

Magistrado Ponente: doctor Jaime Pinzón López.

Aprobada por Acta número 69.

Bogotá, D. E., diciembre once (11) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional el ciudadano, Hernán A. González P., presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 40 de la Ley 55 de 1985.

Una vez admitida la demanda se corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien ha emitido el concepto de rigor, en virtud de lo cual la Corte entra a ocuparse del fallo que corresponda.

I. NORMA ACUSADA

El texto del artículo 40 de la Ley 55 de 1985 es el siguiente:

Artículo 40. Los ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de la enajenación de activos fijos estarán sometidos a una retención en la fuente equivalente al uno (1%) por ciento del valor de la enajenación. Cuando la enajena­ción corresponda a la casa o apartamento de Imbibición del contribuyente, el porcentaje de retención se disminuirá en un diez (10%) por ciento por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación.

La retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien, ante el Notario en el caso de bienes raíces, o ante la Administración de Impuestos en los demás casos.

Los Notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o traspaso, sin que se acredite previamente la cancelación del impuesto retenido incurrirán en una multa equivalente al doble del valor que ha debido ser cancelado, la cual se impondrá por el respectivo Administrador de impuestos o su delegado, previa comprobación del hecho.

Contra la Resolución que impone la multa, procede únicamente el recurso de reposición ante el misino funcionario, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia

II. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Según el demandante el inciso primero del artículo acusado viola los artículos 43, 16, 20, 30 y 34 de la Carta; y, los incisos 3 y 4 el artículo 26 de la Constitución, acude por consiguiente a los argumentos que siguen:

a) El legislador, facultado para establecer los tributos indicando todos sus elementos cuando de la retención en la fuente se trata, elche, además, señalar a qué título tiene que efectuarse ese pago anticipado del impuesto. "Esto no lo dijoellegislador y al no decirlo, no estableció de manera precisa la relación jurídico-tributaria, es decir dejó en la incertidumbre uno de los elementos esenciales de loscuales depende la retención en la fuente";

b) El texto legal acusado no tiene en cuenta que el principio de la legalidad de los tributos reconoce la capacidad de contribución de los ciudadanos, principio no respetado por cuanto se tributa aunque en la enajenación del activo fijo la persona natural no incremente su patrimonio, recordando en su apoyo el sistema legal impositivo del parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 20 de 1979, relacionado con la ganancia ocasional;

c) El quebranto de los artículos 16 y 20 de la Carta, consiste, según el acusante, en que establece la retención solamente para los ingresos de las personas naturales que anejenan <sic> activos fijos y, no a otros contribuyentes, es dar un tratamientodiscriminatorio que ostensiblemente contradice el principio de igualdad incito en elsistema democrático colombiano;

d) La violación de los artículos 30 y 34 de la Constitución surje <sic> por el despojo inconstitucional y confiscatorio de la propiedad privada de los contribuyentes perso­nas naturales, recordando que "los impuestos que por su cuantía equivalen a expropiar sin sentencia judicial ni previa indemnización, los que confiscarán, los que atentarán contra laslibertades, los que no tuvieren en cuenta la capacidad o habilidadeconómica del contribuyente directo... serían inconstitucionales y la Corte deberíadeclararlos inexequibles" (sentencia del 3 de diciembre de 1937)";

e) Los incisos tercero y cuarto del artículo acusado, violan el artículo 26 de la Carta, el primero por establecer muí responsabilidad objetiva pues no tiene en cuenta, dice el acusante, la ley preexistente que establece la responsabilidad subjeti­va. El segundo, el inciso final del texto acusado, vulnera la Carta en su artículo 26 al conceder únicamente el recurso de reposición contra la resolución que impone lamulta al agente retenedor omisivo, olvidando, según al actor, que el artículo 50 delCódigo Contencioso Administrativo establece también el recurso de apelación contra los actos que ponen fin a las actuaciones administrativas, en oposición a la plenitud de Lis formas propias de cada juicio señaladas por el artículo citado dela Carta.

III. CONCEPTO DEL PROCURADOR

El Procurador repite el concepto que dentro del expediente radicado con el número 1382 había rendido el 18 de octubre de 1985, y solicita que se declare exequible el texto anisado, para lo cual se refiere a los conceptos del acusante y a los preceptos constitucionales que se dicten vulnerados así:

a) No comparte la tesis del actor referida a la previsión de la primera parte del artículo 40 en cuanto que éste constituya el hecho generador de un nuevo impuesto, si bien acepta que, evidentemente, es una nueva forma de pagar anticipadamente el de ganancia ocasional o rentalíquida,lo cual de ninguna manera puede considerarse inexequible habida cuenta que la forma de recaudo del impuesto es una delimitación reservada a la ley. Es más: de tratarsedeun nuevo impuesto -como .sostiene elacusante- tampoco resultaría contrario a los postulados de la Carta, en razón de su origen estrictamente legal.

h) La disposición cuestionada, dice el Procurador, no se ocupa de la retención por enajenación hecha por personas jurídicas, pero observa que la norma en estudio no hace discriminación alguna entre los sujetos respecto de los cuales se establece la retención: las personas naturales. El hecho de no referirse a las personas jurídicas no es susceptible de generar quebranto al principio de igualdad, pues, para el caso, este principio debe valorarse y calificarse respecto de sujetos tributarios iguales, en unas mismas condiciones fácticas. Otra cosa es que un precepto determinado, en relación con unos mismos sujetos, en igualdad de circunstancias, prevea un tratamiento diferente, concluye el Procurador.

c) Es verdad que la enajenación de un bien puede resultar gravosa y debe tenerse en cuenta, según términos del Procurador, que la garantía de la propiedad que ofrece el canon constitucional no incluye la exención de impuestos que se derivan de la enajenación, y tanto la tributación, como la forma de efectuarla obedecen al poderimpositivo del Estado. De ahí -sostiene- que toda enajenación de activos fijos sea susceptible de generar los impuestos correspondientes sin causar agravio al artículo 30 de la Carta; y sobre el aspecto de la acusación como confiscatoria, recordando la extensión y contenido de la mencionada prohibición constitucional, sostiene que, elsólo hecho de establecer el pago anticipado de un impuesto previsto en la ley, y elcual, de no llegar a causarse realmente, sería materia de la devolución, no encierraquebranto de la Carta por este aspecto;

e) Para terminar, se refiere a las acusaciones fundadas en las violaciones del artículo 26 de la Carta y manifiesta que no es cierto que el artículo demandado excluya el examen de la culpabilidad del notario que resulte sancionado. Por eso elrecurso de reposición consagrado en la norma, donde además dentro del trámite,puede demostrar que el hecho ocurrió sin dolo o culpa de su parte.

Dice el Procurador que el artículo 26 de la Carta faculta a la ley para señalar las normas del debido proceso, que la locución 'tribunal competente' es general, y que la circunstancia de ser el mismo funcionario que impone la multa el que deba decidir la reposición no la considera el Despacho como argumento válido de la inconstitucionalidad que se aduce, pues, la oportunidad de defensa se da, independiente delfuncionario encargado de atenderla.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

Por ser el texto acusado parte de una ley, es la Corte competente para decidir sobre la petición de inexequibilidad.

2. La Ley 55 de 1985

El legislador dictó normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado y adoptó otras determinaciones por medio de ella. El artículo acusado se encuentra dentro del Capítulo III, que trata de los "Ingresos Tributarios", por lo cual corresponde a la materia frente a la enajenación de activos fijos realizada por persona natural, con un impuestos del uno (1%) por ciento del monto de la enajenación, pero disminuido en un diez (10%) por ciento por cada año transcurrido entre la adquisi­ción y la disposición si se trata del bien destinado a la propia habitación del contribuyente trata de la oportunidad del pago de esa retención, ante quien se efectúa y ante quien se acredita, como acto previo de la enajenación, y de las consecuencias de su omisión responsabiliza a los notarios y a los funcionarios de la administración de Impuestos, con una multa frente a la cual se establecen sus medios impugnativos contra el acto administrativo sancionatorio.

3. Estudio de las acusaciones

a) Inciso 1º del artículo 40 de la Ley 55 de 1985.

La potestad de decretar impuestos es característica esencial de la Soberanía del Estado sin que exista en la Constitución precepto que limite o condicione esa facultad del legislador, en cuanto los sujetos de la obligación tributaria, o en cuanto a los bienes, rentas, hechos u operaciones gravables, salvo lo que pueda inferirse en cuanto a los bienes y rentas de los departamentos y municipios, según el artículo 183 de la Constitución.

Cosa diversa es que por motivos de conveniencia, de estímulo a una actividad económica, por razones fiscales o aún por dificultades para la tasación o recaudo, los cuales competen exclusivamente al legislador y no al control constitucional, el Estado se abstenga de gravar determinados bienes o ingresos, o expresamente los exencione, no obstante pertenecer a categorías definidas y susceptibles de imposición, pues el legislador no esta sometido a mandato constitucional imperativo ni a limitaciones constitucionales en esa materia. Según el artículo 43 de la Constitución, el legislador tiene potestad de crear, modificar o extinguir el impuesto y de señalar las condiciones subjetivas y objetivas de gravabilidad, así como lo relativo a su recaudo.

Empero, las contribuciones como prestaciones monetarias o de cosas valorables en dinero que percibe el Estado conforme a la ley, tienen carácter obligatorio y se determinan de modo unilateral y en proporción a las necesidades públicas por satisfacer, con la distinciónentre impuestos y tasas.

"El monto del tributo no se determina en el artículo 40 por cuanto corresponde a la suma retenida si no está obligado a presentar declaración de renta y complementarios, y para quien si lo está, lo que resulte al aplicar a sus rentas y patrimonio el sistema de determinación impositiva en vigencia, del cual al final resultará gravada o no y donde se le reconocerá lo retenido como un anticipo de sus impuestos o se retornará el excedente. En ello no existe quebranto constitucional.

La retención del impuesto en la fuente es un método de recaudo para evitar la evasión fiscal, obtener cancelación anticipada, o por motivos de conveniencia, de carácter técnico-político, con el cual se configura una traslación de la función recolectora de los tributos que ejercía el Estado para que se haga por sus agentes o por particulares habilitados como tales por la ley y que tiene relación con el sistema legal de colección de la tributación en el momento de la causación del hecho generador, lo cual facilita al contribuyente el cumplimiento de su obligación y al Estado, financia­ción mediante los tributos de cuya ejecución debe ocuparse el ente administrativo.

En el inciso primero (1º) del artículo en estudio el legislador precisó la retención en la fuente en la cifra del uno (1%) del valor de la enajenación del activo fijo; determinación para la cual el Congreso puede establecer una disminución del porcentaje de retención o inclusive, puede hacerlo desaparecer como sucede en todas las enajenaciones de activos destinados a vivienda del contribuyente después de diez años de adquirida, por cuanto puede retinen los tributos o suprimirlos y aún decretar según el inciso 2º del artículo 79, a iniciativa del Gobierno, las exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

b) Del inciso segundo.

Regula la oportunidad del pago de la retención y establece el agente retenedor. Nuestro sistema legal regulador de la enajenación de la propiedad distingue entre el título generador de la obligación de transmitir y el modo por el cual se paga y ello segúnlasdiversas clases de bienes sobre los que recae la declaración de voluntad contal fin.

La parte complementaria del inciso se refiere a las enajenaciones cuyo título: traslaticio no sea solemne por exigencia legal, los cuales otorgándose o no ante, notario, tendrán desde ahora impositivamente la necesidad de cubrir antes el pago del monto de la retención.

Como corresponde, la suma así cancelada, ante el notario en un evento y ante el funcionario de la administración de impuestos en los restantes, la previsión del inciso se ajusta con el sistema de su captación en la fuente al indicar la ley el agente, retenedor, en lo cual no encuentra la Corte violación constitucional.

c) Del inciso tercero

Consagra la sanción al cumplimiento de los agentes retenedores que autoricen los títulos traslaticios, no obstante la imprecisión jurídica expresada con la locución utilizada de 'autoricen traspaso' sin la certificación de la cancelación del impuesto retenido, dado que ni los notarios, ni los funcionarios de la Administración deImpuestos, autorizan tradiciones, puesto que los primeros autorizan una escrituracomo pública y los segundos sólo captan los recursos del Estado.

El legislador está obligado por el artículo 26 de la Constitución para indicar en la norma la sanción al particular que la quebranta. Así las cosas, la multa referida por el texto acusado como tal no viola este artículo, ni en cuanto es una sanción, los artículos 29, 30 y 34 de la carta, ni el 26 en cuanto ordena a la ley punitiva disponer el hecho, la pena, el juez competente para imponerla y el procedimiento para hacerlo, lo cual el inciso cabalmente ordena,

d) Del inciso final del artículo 40 de la Ley 55 de 1985

Prevé a favor del sancionado recurrir mediante la interposición del recurso de reposición contra el acto administrativo sancionatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación. La violación de orden legal alegada por el actor, basada en el desconocimiento parcial y particular del Decreto-ley número 01 de 1984, es inane, por cuanto en el control constitucional se confronta la ley con su superior quees la Constitución Política, y no con otras normas de idéntico rango.

La garantía del derecho de defensa, del cual la posibilidad de impugnar las decisiones a través de recursos es un aspecto de ella, es regulada, por el legislador sin sujeción a un determinado ordenamiento procesal, y no existe, por ende violación constitucional en la parte legal acusada.

V. DECISIÓN

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 40 de la Ley 55 de 1985, que dice:

"Artículo 40. Los ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de la enajenación de activos fijos estarán sometidos a una retención en la fuente equivalente, al uno (1%) por ciento del valor de la enajenación del contribuyente, el porcentaje de retención se disminuirá en un diez (10%) por ciento por cada año transcurrido entre la fecha de la adquisición y la de la enajenación.

La retención aquí prevista deberá cancelarse previamente a la enajenación del bien, ante el Notario en el caso de bienes raíces, o ante la Administración de Impuestos en los demás casos.

Los notarios y demás funcionarios que autoricen escrituras o traspaso, sin que se acredite previamente la cancelación del impuesto retenido incurrirán en una multa equivalente al doble del valor que ha debido ser cancelado, la cual se impondrá por el respectivo Administrador de Impuestos o su delegado, previa comprobación del hecho.

Contra la Resolución que impone la multa, procede únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia".

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Gui­llermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Ángel, JorgeEnrique Gutiérrez Anzola, Conjuez.; Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jacobo Pérez Escobar,Jaime Pinzón López, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria General