300Corte SupremaCorte Suprema300300138092037 (317E).198930/11/19892037 (317E).__1989_30/11/198930013809ESTADO DE SITIO Resumen. Cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal juzgue conveniente en orden a garantizar una pronta y cumplida Administración de Justicia, podrá asignar el conocimiento de un determinado proceso a otro juez de orden público del mismo Distrito Judicial. Constitucional el Decreto 2150 de 1989. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 105. Referencia: Proceso número 2037 (317-E). 1989
por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.Identificadores30030013810true87139Versión original30013810Identificadores

Norma demandada:  por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.


ESTADO DE SITIO

Resumen. Cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal juzgue conveniente en orden a garantizar una pronta y cumplida Administración de Justicia, podrá asignar el conocimiento de un determinado proceso a otro juez de orden público del mismo Distrito Judicial.

Constitucional el Decreto 2150 de 1989.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 105.

Referencia: Proceso número 2037 (317-E).

Revisión Constitucional del Decreto número 2150 de 1989, "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público".

Aprobada según Acta número 51.

Bogotá, D. E., 30 de noviembre de 1989.

I. ANTECEDENTES

El Decreto legislativo 2150 de 20 de septiembre de 1989, "por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público", fue remitido por el Secretario General de la Presidencia de la República el día 21 de septiembre de 1989 y recibido en la misma fecha en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para su revisión constitucional, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 121 C. N. Pasado y recibido en la Sala Constitucional, el 25 del mismo mes y año ésta ordenó al día siguiente, su fijación en lista por el término de 3 días para efectos de la intervención ciudadana, prevista en el artículo 214 ibídem, el cual venció en silencio, según certificación del Secretario General de la Corte. Se remitió entonces al señor Procurador General de la Nación, quien rindió concepto mediante oficio de fecha 18 de octubre.

II. TEXTO DEL DECRETO

Se inserta a continuación copia del Decretosub examine:

"DECRETO NUMERO 2150 DE 1989

"(septiembre 20)

"por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en des-arrollo del Decreto 1038 de 1984, y

"CONSIDERANDO:

"Que mediante Decreto número 1038 de 1984, se declaró turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional;

"Que en el Decreto 1038 de 1984 se expresaron como causas para declarar turbado el orden público la acción de grupos armados en contra de las instituciones legítimamente constituidas, la comisión de actos terroristas en diferentes regiones del país y la acción delincuencial de organizaciones relacionadas con el narcotráfico;

"Que para combatir las causas generadoras de la turbación del orden público, se instituyó la Jurisdicción de Orden Público, y se le asignaron las competencias señaladas en los Decretos Legislativos 180, 181 y 474 de 1988;

"Que se hace necesario rodear de las mayores garantías el eficaz cumplimiento de las labores investigativas de los delitos cuyo conocimiento le ha sido asignado a la Jurisdicción de Orden Público, para lo cual constituye un elemento de primordial importancia facultar al Director Nacional de Instrucción Criminal para asignar el conocimiento de los procesos al Juez de Orden Público que se estime razonablemente debe asumir el conocimiento del asunto,

"DECRETA:

"Artículo 1° Mientras subsista turbado el orden público y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, los Jueces de Orden Público realizarán diligencias de investigación previo reparto.

"No obstante, cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal lo juzgue conveniente en orden a garantizar una pronta y cumplida Administración de Justicia, podrá asignar el conocimiento de un determinado procesó a otro Juez de Orden Público del mismo Distrito Judicial.

"Artículo 2° El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

"Publíquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 28 de septiembre de 1989.

"VIRGILIO BARCO.

"El Ministro de Gobierno,

Orlando Vásquez Velásquez.

"El Ministro de Relaciones Exteriores,

Julio Londoño Paredes.

"La Ministra de Justicia,

Mónica de Greiff Lindo.

"El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Luis Fernando Alarcón Mantilla.

"El Ministro de Defensa Nacional,

GeneralOscar Botero Restrepo.

"El Ministro de Agricultura, Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Minas y Energía,

Gabriel Rosas Vega.

"La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,

María Teresa Forero de Saade.

"El Ministro de Desarrollo Económico,

Carlos Arturo Marulanda.

"El Ministro de Educación Nacional, Encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Salud,

Manuel Francisco Becerra Barney.

"El Ministro de Comunicaciones,

Carlos Lemos Simmonds.

"La Ministra de Obras Públicas y Transporte,

Luz Priscila Ceballos Ordóñez;".

III. CONCEPTO FISCAL

Solicita el señor Procurador que la Corte declare exequible el Decreto 2150 de 1989, por considerar que cumple los requisitos formales, guarda conexidad con el Decreto 1038 de 1984 que declaró el estado de sitio y porque sus disposiciones no contrarían la Carta Fundamental.

IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1.Competencia.

La Corte es competente para decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, al tenor del parágrafo dei artículo 121 del Estatuto Superior.

2.Requisitos formales.

El Decreto cumple los requisitos formales exigidos por la Carta Política, pues está firmado por el Presidente de la República y todos sus ministros; se limita asuspender las normas que le sean contrarias (artículo 2°) y expresamente limita su vigencia mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional (artículo 1°).

3.Conexidad.

El Decreto 1038 de 1984 señaló como una de las causas para declarar turbado el orden público "la comisión de actos terroristas". Para hacer frente a esta grave causa de perturbación se instituyó la jurisdicción de orden público, que el Decreto 2150 de 1989 tiende a rodear de mayores garantías para el eficaz cumplimiento de sus funciones. Luego media la necesaria conexidad entre las causas que motivaron la declaratoria de estado de sitio y lo dispuesto en el decreto que se revisa.

4.Análisis sustantivo o material del Decreto.

Conviene para los efectos de este fallo tener en cuenta que los jueces de orden público fueron creados por el artículo 4° del Decreto Legislativo 1631 de 1987, entre otras cosas "parainvestigar (subraya la Corte) y fallar las conductas punibles de que trata el artículo 1°, es decir las conductas punibles previstas en el Código Penal, cuando su acción aparezca encaminada a perseguir o intimidar a cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas, partidistas o no". Este Decreto fue declarado exequible mediante fallo de octubre 15 de 1987 (Magistrado ponente, Jesús Vallejo M.).

En el mismo sentido, el Decreto Legislativo 474 de 1988 declarado constitucional por Sentencia número 44 de abril 28 de 1988 (Magistrado ponente, Jairo E. Duque P.), en sus artículos 1°, y 2° dispone:

"Los jueces de orden público serán competentes parainvestigar (subraya la Corte) y fallar las conductas punibles de que trata el artículo 2°". Este enumera el constreñimiento ilegal, la tortura, el homicidio, las lesiones personales, el secuestro y el secuestro extorsivo que se cometan contra determinadas personas, tales como magistrados, jueces, altos dignatarios de la rama ejecutiva, miembros de corporaciones de elección popular, líderes políticos, cívicos y sindicales, así como periodistas y profesores universitarios. Esta norma, que guarda paralelismo con el artículo 1° del Decreto 1631 de 1987, también fue declarada exequible por esta Corporación en su Sentencia número 22 de marzo 3 de 1988 (Magistrado ponente, Jairo E. Duque P.), (además, Cfr. Decretos 2490 de 1988, artículo 9° y 180 de 1988).

Con base en los precedentes citados se concluye que los jueces de orden público sí pueden realizar diligencias de investigación, dentro de la órbita de su competencia, por lo cual resulta ajustado a la Carta el artículo 1° inciso 1° del Decreto 2150, conforme a la cual, "los jueces de orden público realizarán diligencias de investigación previo reparto".

Cabe ahora estudiar la constitucionalidad del inciso segundo del artículo inicial del Decreto 2150 de 1989, que dispone : "No obstante, cuando el Director Nacional de Instrucción Criminal lo juzgue conveniente en orden a garantizar una pronta y cumplida Administración de Justicia, podrá asignar el conocimiento de un determinado proceso a otro Juez de Orden Público del mismo Distrito Judicial". Comparte la Corte el criterio del señor Procurador en el sentido de que tal facultad "no quebranta los artículos 28 y 26 de la Carta, pues con tal facultad no se ven afectados los principios de predeterminación del delito ni debido proceso, se trata de asignación de competencia, de un proceso en particular, en materia investigativa, a jueces competentes dentro de la misma jurisdicción". Advierte sin embargo, esta Corporación, que la facultad no es "discrecional", como la califica el colaborador fiscal, pues tiene un objeto muy preciso, que el propio inciso define en estos términos: "en orden a garantizar una pronta y cumplida Administración de Justicia", por manera que si el cambio del juez del reparto se hiciese con otros móviles, se incurriría en un acto ilegal, judicialmente revisable, que haría responsable al funcionario que en él incurriese. Se hace esta salvedad en aras de la protección debida a los derechos individuales y garantías sociales de los investigados. Empero, la eventualidad de un abuso de ese género es un riesgo de hecho que no afecta la constitucionalidad de una norma inspirada en sanos propósitos.

A lo anterior se agrega que con la facultad conferida por el inciso 2°sub examine al Director de Instrucción Criminal, no se desconoce el factor funcional pues el reparto que éste puede alterar con los fines a que se ha hecho alusión no es atributivo de competencia ya que simplemente se trata de un mecanismo de distribución equitativa del trabajo entre jueces de un mismo nivel.

Por otro aspecto, se advierte que dicha facultad tampoco quebranta la división territorial para propósitos judiciales, pues según lo prevé la misma norma, el cambio del Juez de Orden Público sólo puede efectuarse dentrodel mismo Distrito Judicial (subraya la Corte).

Por las anteriores razones estima la Corte que el Decreto 2150 de 1989 es constitucional y así habrá de declararlo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Pro-curador General de la Nación,

RESUELVE:

Es CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo número 2150 de septiembre 20 de 1989.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Se deja constancia de que esta Sentencia fue aprobada legalmente y se dio observancia al Decreto 1894 de 1989.

Fabio Morón Díaz

Presidente. Blanca

Trujillo de Sanjuán

Secretaria General.