Sentencia 2034 (314E) de 1989

300Corte SupremaCorte Suprema300300136592034 (314E)198916/11/19892034 (314E)__1989_16/11/198930013659ESTADO DE SITIO Resumen. La diligencia a practicar por los mencionados jueces penales militares queda sometida en cada caso al cumplimiento de las formalidades previstas de manera general por el C�digo de Procedimiento. Constitucional el Decreto 2103 de 1989. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 100. Referencia: Expediente n�mero 2034 (314-E). 1989

Resumen. La diligencia a practicar por los mencionados jueces penales militares queda sometida en cada caso al cumplimiento de las formalidades previstas de manera general por el C�digo de Procedimiento.

Revisi�n constitucional del Decreto n�mero 2103 de septiembre 14 de 1989, "por el cual se modifica el Decreto 1863 de 1989".

El se�or Secretario General de la Presidencia de la Rep�blica remiti� a esta Corporaci�n copia del Decreto 2103 del 14 de septiembre de 1989, "por el cual se modifica el Decreto Legislativo 1863 de 19891'. Mediante oficio del 15 de septiembre de este a�o, y dentro del t�rmino se�alado por el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional el citado acto fue enviado para su revisi�n a la Corte Suprema de Justicia, por cuanto fue dictado en ejercicio de las facultades que corresponden al Presidente de la Rep�blica en virtud de la declaraci�n del r�gimen de Estado de Sitio dispuesta por el Decreto 1038 de 1984.

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia decidir sobre la constitucionalidad de este Decreto, cumplidos los tr�mites establecidos para este procedimiento de control jurisdiccional.

Se anexa a continuaci�n el texto del Decreto objeto de revisi�n autom�tica en esta oportunidad:

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

"Que mediante Decreto n�mero 1038 de 1984, se declar� turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio todo el territorio nacional;

"Que la declaratoria de Estado de Sitio obedeci�, entre otras razones, a la acci�n persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotr�fico, que vienen perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desaf�o criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad p�blicas y' en la econom�a nacional;

"Que, as� mismo, la declaratoria de turbaci�n del orden p�blico se fundament� en el hecho de que han venido operando reiteradamente grupos armados que atentan contra el r�gimen constitucional, y en la ocurrencia de actos terroristas en diferentes regiones del pa�s;

"Que mediante Decreto Legislativo 1863 de 1989, se facult� a los Jueces Penales Militares para practicar registros en los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran las personas participantes en la comisi�n de un delito o los objetos relacionados con el mismo;

"Que es necesario aclarar esta disposici�n en el sentido de determinar que la mencionada facultad se ejercer� s�lo con respecto a los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas u objetos relacionados con los delitos que originaron la declaratoria del actual Estado de Sitio,

"Art�culo 1� Mientras subsista turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, el art�culo 1� del Decreto Legislativo 1863 de 1989, quedar� as�:

'Art�culo 1� Mientras subsista turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio todo el territorio nacional, los jueces penales militares podr�n practicar registros en los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran las personas que hayan participado en la comisi�n de los delitos de narcotr�fico y conexos, o en los tipificados en el Decreto Legislativo 180 de 1988 y normas que lo complementan o adicionan, o en los tipificados en el T�tulo II del Libro Segundo del C�digo Penal, o los objetos relaccionados directa o indirectamente con los mismos'.

"Art�culo 2� El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n y suspende las normas que le sean contrarias.

La Sala Constitucional de esta Corporaci�n orden� la fijaci�n del asunto en lista en la Secretar�a General por el t�rmino de tres (3) d�as, tal como lo prev� el art�culo 214 de la Constituci�n Nacional; una vez transcurrido el t�rmino se�alado no se conoci� escrito alguno de intervenci�n ciudadana en relaci�n con la norma que se revisa.

El Despacho del se�or Procurador General de la Naci�n formul� el concepto fiscal que le corresponde dentro del t�rmino previsto; en �l se pronunci� en favor de la constitucionalidad del Decreto que se examina y solicit� en consecuencia que el Decreto 2103 de 1989 sea declarado constitucional en todas sus partes.

a) Por el aspecto de los requisitos formales se�alados por la Carta, el concepto fiscal no encuentra objeci�n alguna, ya que la norma en revisi�n "... fue expedida en desarrollo del Decreto 1038 de 1984 en virtud del cual se declar� turbado el orden p�blico en todo el territorio nacional, y aparece firmado por el Presidente de la Rep�blica y todos los Ministros del Despacho ejecutivo".

b) Por lo que hace al aspecto de la conexidad el se�or Procurador manifiesta que cuando en pasada oportunidad su Despacho emiti� concepto fiscal acerca del Decreto 1863 modificado por el Decreto que ahora se examina, tuvo oportunidad de afirmar lo siguiente:

"Como raz�n �nica de la necesidad del decreto se expresa en los considerandos que, 'para garantizar la pronta y cumplida administraci�n de justicia, se hace necesario autorizar a los jueces de la Justicia Penal Militar, para adelantar diligencias que no est�n comprendidas dentro de la funci�n de juzgamiento'.

"B�sicamente el Decreto autoriza a los jueces penales militares para practicar 'registros' en los sitios donde existan 'indicios' de la existencia de personas sindicadas dedelitos, o de los objetos relacionados directa o indirectamente con su comisi�n.

'A�n cuando no lo dice en forma expresa, el Decreto suspende sustancialmente el art�culo 368 del C�digo de Procedimiento Penal, que dispone �Cuando haya serios motivos para presumir que un bien inmueble o nave o aeronave se encuentre alguna persona contra quien obra orden de captura o que habiendo sido v�ctima de un delito deba ser rescatada, o las armas, instrumentos o efectos con que se haya cometido la infracci�n o que provengan de su ejecuci�n, el funcionario de instrucci�n ordenar�, en auto motivado, el correspondienteallanamiento y registro. El auto a que se refiere el inciso anterior no requiere notificaci�n�.

'En todos los decretos dictados en desarrollo del Decreto 1038 de 1984 se han mencionado espec�ficas formas de delincuencia como generadoras de la situaci�n de perturbaci�n del orden p�blico. Esas modalidades delincuenciales se refieren principalmente al tr�fico de estupefacientes y los delitos conexos al mismo, porte ilegal de armas, terrorismo, pertenencia a grupos de autodefensa o justicia privada o bandas de sicarios, entre otros. Nunca se ha mencionado como causa desestabilizadora la delincuencia general, ni los males cr�nicos de la administraci�n de justicia ordinaria.

'Desde este punto de vista la referencia gen�rica a la comisi�n dedelitos que se hace en el Decreto, no permitir�a establecer una conexidad entre los motivos que originaron la declaratoria del Estado de Sitio, y la materia regulada en la norma que se revisa. Probablemente el Gobierno quiso referirse en el Decreto a los delitos de cuyo tratamiento se ha ocupado en toda la legislaci�n de emergencia (narcotr�fico, terrorismo, etc.); sin embargo ese planteamiento no qued� plasmado en el Decreto. En la medida en que la honorable Corte no puede entrar a se�alar l�mites, necesarios pero no fijados en el texto de la disposici�n, no le queda a juicio de la Procuradur�a alternativa distinta a la de la declaratoria de INEXEQUIBILIDAD de la norma revisada' ".

En relaci�n con la constitucionalidad del Decreto 2103 de 1989, por el aspecto de la conexidad exigida, el concepto del se�or Procurador General agrega que:

"En los considerandos del Decreto 2103 de 14 de septiembre de 1989 se aclara la norma anterior, precisando que la facultad s�lo se ejercer� con respecto a los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas u objetos relacionados con los delitos que originaron la Declaratoria del actual Estado de Sitio. Establece claramente la conexidad entre la facultad otorgada a los jueces penales militares y los hechos que dieron origen al Estado de Excepci�n, desapareciendo la eventual causa de INEXEQUIBILIDAD".

En cuanto al an�lisis de la constitucionalidad de las disposiciones que integran el decreto en revisi�n, el Despacho Fiscal manifiesta que la competencia para practicar registros en los casos donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas que hayan participado en la comisi�n de delitos de narcotr�fico y conexos, o en los que se trate de delitos tipificados en el Decreto Legislativo 180 de 1988 y en el T�tulo II del Libro Segundo del C�digo Penal y normas que los complementan o adicionan, as� como sobre los objetos relacionados directa o indirectamente con los mismos delitos, est� referida a funciones de Polic�a Judicial que se encargan por el legislador extraordinario a funcionarios de la justicia militar.

Observa que las competencias del juez penal militar de que trata la norma en revisi�n quedan contra�das a funciones de polic�a judicial sin que con ellas se pueda recibir indagatoria, resolver situaciones jur�dicas sobre la libertad del imputado o emitir pronunciamientos sobre la tipicidad o la culpabilidad de la conducta.

Estima el se�or Procurador que con esta disposici�n se busca actuar con la rapidez y la agilidad necesarias que exige el deber de afrontar un tipo espec�fico de delincuencia que no puede ser perseguida con los mecanimos ordinarios. En su opini�n, el Decreto 2103 de 1989 tiene todos los elementos normativos constitucionales que le permiten ostentar autonom�a e independencia y por tanto ser juzgado en su constitucionalidad.

Como el Decreto 2103 de 1989 fue dictado por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades previstas en la Constituci�n Nacional para la vigencia del r�gimen de Estado de Sitio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia el control autom�tico de su constitucionalidad conforme a lo previsto por el par�grafo del art�culo 121 y por la atribuci�n segunda del art�culo 214 de la Carta Fundamental.

La Corte encuentra que por el aspecto de los requisitos formales establecidos por la Constituci�n Nacional el Decreto que se examina no es objeto de reparo alguno, pues, fue expedido por el Presidente de la Rep�blica lleva su firma y la de todos los Ministros del Despacho y su vigencia es s�lo transitoria ya que rige s�lo "mientras subsista turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio todo el territorio nacional", y porque "suspende las normas que le sean contrarias".

3.La conexidad de las normas objeto de revisi�n y las causas de perturbaci�n del orden p�blico.

Procede la Corte en este caso a determinar si existe la conexidad debida entre la norma que se examina y los motivos que permitieron la declaratoria del r�gimen del Estado de Sitio.

Ciertamente, el Decreto 1038 de 1984 objeto de la oportuna revisi�n de su constitucionalidad, establece que una de las causas por las que declar� turbado el orden p�blico es la acci�n persistente de grupos antisociales y terroristas relacionados con el narcotr�fico que viene perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desaf�o criminal a la sociedad colombiana con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad p�blica y en la econom�a nacional; adem�s, el Gobierno Nacional en ejercicio de las competencias atribu�das por el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica declar� turbado el orden p�blico y en Estado de Sitio todo el territorio de la Rep�blica, teniendo como fundamento "la ocurrencia de frecuentes atentados contra el r�gimen constitucional y contra la seguridad p�blica determinantes de perturbaci�n del orden p�blico y alarma en los habitantes".

Ahora bien, dentro de las motivaciones que se�ala el Decreto 2103 de 1989 para fundamentar la medida de excepci�n adoptada y que se revisa en esta oportunidad; se expresa que mediante el Decreto Legislativo 1863 de 1989 se facult� a los Jueces Penales Militares para practicar registros en los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas participantes en la comisi�n de un delito o los objetos relacionados con el mismo, y que se hace necesario alclarar esta disposici�n en el sentido de determinar que la mencionada facultad se ejercer� s�lo con respecto a los sitios donde se presuma o existan indicios de que se encuentran personas u objetos relacionados con los delitos que originaron la declaratoria del actual estado de sitio.

Efectivamente, el citado Decreto 1863 de 1989 establec�a la citada competencia sin distinguir las conductas delictivas a las que estaba referido y sin precisar si se trataba de aquellas que alteran el orden p�blico, haci�ndola extensiva a toda clase de delitos, aun aquellos que no tuviesen relaci�n con la conmoci�n interior que se trata de superar. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena de octubre 3 de 1989 y mediante sentencia n�mero 75 resolvi� declarar inconstitucional el Decreto Legislativo 1863 de este a�o en atenci�n a que como se advierte en la parte motiva de dicha providencia:

"Si bien es cierto que, como lo considera el decreto en su parte motiva, es un buen fin procurar 'la pronta y cumplida administraci�n de justicia', tambi�n lo es que la necesaria trabaz�n que se da siempre entre los fen�menos que se producen en la sociedad no autoriza para entenderlos como conexos o como comprometidos en una relaci�n de causalidad, la cual debe surgir clara de los hechos mismos. El estado de sitio lo ha dicho la Corte, no est� institu�do para complementar, mejorar o perfeccionar la legislaci�n positiva, sin m�s y de por s�, lo cual sigue correspondiendo al Congreso, ni para obtener toda clase de fines, por loables que ellos sean, sino todo ello para el muy definido prop�sito de combatir las causas de la conmoci�n interior y lograr el restablecimiento del orden p�blico".

En cuanto hace al an�lisis de la conexidad que debe existir entre las medidas adoptadas por el Decreto que se examina y los motivos que permitieron la declaratoria del Estado de Sitio, esta Corporaci�n estima que la atribuci�n de competencias en materia de polic�a judicial, relacionadas con la pr�ctica de registros en determinados lugares, ordenada por los jueces penales militares cuando se presuma o se tenga por cierto de que existan indicios de que se encuentran las personas que hayan participado en la comisi�n de los delitos de narcotr�fico y conexos o en los tipificados en el Decreto Legislativo 180 de 1988 y en el T�tulo II del Libro Segundo del C�digo Penal, lo mismo que los objetos relacionados directa o indirectamente con aquellos delitos, es una previsi�n encaminada a procurar el restablecimiento del orden p�blico alterado precisamente por la persistente acci�n de grupos antisociales relacionados con el narcotr�fico y con la operaci�n de bandas y grupos arriados que atentan contra el r�gimen constitucional, y por la ocurrencia de actos terroristas en diferentes regiones del pa�s.

Es �sta una medida que se dirige a precaver por el aspecto del ejercicio de las funciones de polic�a judicial y de instrucci�n procesal, las eventuales actuaciones encaminadas a eludir la acci�n de la justicia que persigue los mencionados delitos. Esto hace que la relaci�n que se exige de estas normas sea de causalidad directa e inmediata con los motivos reconocidos como generadores de la perturbaci�n y que se establezca la conexidad que exige la jurisprudencia de la Corte en estas materias.

La norma objeto de examen en esta oportunidad es en esencia, una disposici�n que se contrae, expresamente, a establecer en forma transitoria, un instrumento de car�cter procesal que habilita a los jueces penales militares para practicar una diligencia relacionada con la investigaci�n y la instrucci�n, enderezado a prestar a los jueces competentes la colaboraci�n que en estas materias es necesaria y que est� autorizada constitucionalmente en el art�culo 55 de la Carta.

Como lo advierte el se�or Procurador General de la Naci�n, la norma que se examina descarta de manera expresa la posibilidad de cualquier otra actuaci�n de los mencionados jueces penales militares, relacionada con actuaciones de juzgamiento, quedando reducidos los mencionados funcionarios para estos casos a ser meros colaboradores de la instrucci�n penal, como sin duda fluye del principio de la colaboraci�n arm�nica de las distintas Ramas del Poder P�blico.

Es lo cierto que, como lo considera el decreto que se examina, el fin que informa esta medida es el de procurar la pronta y cumplida administraci�n de justicia en relaci�n con el muy definido prop�sito de combatir las causas de conmoci�n interior y lograr el efectivo restablecimiento del orden p�blico, y a juicio de la, Corte, el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las competencias de que queda revestido durante la vigencia del r�gimen de Estado de Sitio, bien puede, por virtud de la legislaci�n de excepci�n., se�alar a los funcionarios que deban cumplir y practicar diligencias que hacen parte de las funciones de polic�a judicial, tal como en su caso lo se�alan los art�culos 321 y 334 del C�digo de Procedimiento Penal.

Adem�s de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2� del art�culo 119 de la Constituci�n Nacional corresponde al Presidente de la. Rep�blica, aun en Estado de Sitio, la facultad constitucional de velar porque en toda la Rep�blica se administre pronta y cumplida justicia y de prestar a los funcionarios judiciales, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias. En este sentido es claro el prop�sito de permitirle a los jueces competentes contar con el resultado de la diligencia adelantada por el funcionario que practica el registro, en ejercicio de atribuciones de polic�a judicial, para que, con criterios de rapidez y agilidad, la misi�n a aquellos encomendada se cumpla pronta y eficazmente. No hay duda que, como se ha dicho antes, el respaldo constitucional de la norma que se examina se encuentra no s�lo en el citado numeral 2� del art�culo 119 sino, tambi�n en la colaboraci�n prescrita en el art�culo 55 de la Carta.

Cabe advertir, adem�s, que la diligencia a practicar por los mencionados jueces penales militares queda sometida en cada caso al cumplimiento de las formalidades previstas de manera general por el C�digo de Procedimiento Penal para la mencionada actuaci�n, sin que pueda entenderse �sta como discrecional o arbitraria, pues debe estar precedida, como lo ordena la misma norma que se examina, de elementos probatorios que permitan presumir o estimar, con base en los indicios recogidos, que se dan los supuestos normativos previstos, como son los de que existen las personas o los objetos relacionados directa o indirectamente con los delitos de narcotr�fico y conexos y los de terrorismo (Decreto Legislativo 180/88 y normas que lo complementan y adicionan), y los que atentan contra el r�gimen constitucional se�alados en el T�tulo Segundo del Libro Segundo del C�digo Penal.

Por �ltimo, a pesar de que la norma bajo revisi�n se presenta como aclaratoria del Decreto 1863 de 1989, que fue declarado inconstitucional y por ende no subsiste, estima la. Corte que �sta es, desde el punto de vista formal y material, una norma nueva y aut�noma de car�cter extraordinario y transitorio y por lo mismo es objeto del examen de constitucionalidad autom�tico que cumple esta Corporaci�n seg�n lo dispuesto por los art�culos 214 y 121 de la Constituci�n Nacional.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el se�or Procurador General de la Naci�n,

Declarar CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo n�mero 2103 de 14 de septiembre de 1989, "por el cual se modifica el Decreto Legislativo 1863 de 1989".

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Se deja constancia de que esta sentencia fue aprobada legalmente y se dio observancia al Decreto 1894 de 1989.