Sentencia 1274 de 1985

300Corte SupremaCorte Suprema300300135351274Manuel Gaona Cruz198524/01/19851274_Manuel Gaona Cruz_1985_24/01/198530013535DECRETO DE ESTADO DE SITIO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DEL ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCION. LA CONEXIDAD Y LAS CAUSALES SOBREVINIENTES EN ESTADO DE SITIO. OMISION POR PARTE DEL EJECUTIVO DE LA CONSULTA PREVIA DEL CONSEJO DE ESTADO, SOBRE LA EXTENSION CAUSAL DEL ESTADO DE SITIO. LOS PRINCIPIOS DEL "DEBIDO PROCESO" Y DEL "DERECHO DE DEFENSA" CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 26 DE LA CARTA RIGEN 'TARA TODO TIEMPO" Y POR ENDE DURANTE EL ESTADO DE SITIO. INTERMEDIARIOS HUMANITARIOS. Constitucional el Decreto Legislativo n�mero 2829 de 1984. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 1. Referencia: Proceso n�mero 1274 (179-E). 1985

Revisi�n de constitucionalidad del Decreto Legislativo de Estado de Sitio 2829 de noviembre 21 de 1984 (sobre competencia y procedimiento en delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n).Identificadores30030013536true88500Versi�n original30013536Identificadores

Norma demandada: �Revisi�n de constitucionalidad del Decreto Legislativo de Estado de Sitio 2829 de noviembre 21 de 1984 (sobre competencia y procedimiento en delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n).

DECRETO DE ESTADO DE SITIO CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES DEL ARTICULO 121 DE LA CONSTITUCION. LA CONEXIDAD Y LAS CAUSALES SOBREVINIENTES EN ESTADO DE SITIO. OMISION POR PARTE DEL EJECUTIVO DE LA CONSULTA PREVIA DEL CONSEJO DE ESTADO, SOBRE LA EXTENSION CAUSAL DEL ESTADO DE SITIO. LOS PRINCIPIOS DEL "DEBIDO PROCESO" Y DEL "DERECHO DE DEFENSA" CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 26 DE LA CARTA RIGEN 'TARA TODO TIEMPO" Y POR ENDE DURANTE EL ESTADO DE SITIO.

Revisi�n de constitucionalidad del Decreto Legislativo de Estado de Sitio 2829 de noviembre 21 de 1984 (sobre competencia y procedimiento en delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n).

Bogot�, D. E., enero veinticuatro (24) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

1. Diego de cumplidos por el Gobierno, por la Procuradur�a y por la Sala Constitucional de la Corte los t�rminos y tr�mites prescritos en la Constituci�n y en el Decreto 432 de 1969, proc�dese en Sala Plena a decidir sobre la constitucionalidad del decreto de la referencia.

"Por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento para la investigaci�n y fallo de los delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n, y conexos con �stos y se dictan otras disposiciones".

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica y en desarrollo del Decreto 1038 del 1� de mayo de 1984, y

Que por Decreto 1038 del P de mayo de 1984, se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que sobre el pa�s se ha desatado una ola de secuestros y extorsiones que han venido creciendo peligrosamente y cuyas manifestaciones se hacen cada vez m�s frecuentes, especialmente en aquellas zonas m�s seriamente afectadas por los problemas de orden p�blico, circunstancia que resulta agravante de las condiciones que determinaron la declaraci�n del estado de sitio;

Que por la Ley 2a de 1984, se crearon 200 cargos de jueces especializados con el prop�sito de que conocieran de esos delitos, jueces que hasta ahora no han podido operar por razones de orden presupuestal;

Que mientras comienzan a funcionar los juzgados especializados es indispensable tomar medidas que hagan eficaz la acci�n de la justicia contra las formas delictivas mencionadas,

Art�culo 11 Mientras comienzan a operar los juzgados especializados creados por la Ley 2� de 1984, los siguientes jueces de instrucci�n criminal radicados ser�n competentes para investigar y fallar, exclusivamente, los delitos de Secuestro Extorsivo y Extorsi�n previstos en los art�culos 268 y 355 del C�digo Penal, y los conexos con ellos, cometidos dentro del territorio del respectivo Distrito Judicial, con posterioridad a la expedici�n del presente decreto. Durante la etapa de la instrucci�n, estos jueces podr�n practicar diligencias en todo el territorio nacional;

Art�culo 2�. Los jueces de instrucci�n mencionados en el art�culo anterior repartir�n, en coordinaci�n con la respectiva Direcci�n Seccional de Instrucci�n Criminal, los sumarios actualmente a su cargo entre los dem�s juzgados de instrucci�n criminal del respectivo Distrito.

Art�culo 3�. La instrucci�n y fallo de los procesos a que se refiere el art�culo primero, se har� conforme al procedimiento establecido por los art�culos 14 y siguientes de la Ley 2� de 1984.

Art�culo 4�. Para el cumplimiento de sus funciones, cada uno de los juzgados escogidos contar�, adem�s del personal que en la actualidad tiene, con un t�cnico investigador y un agente especial, que ser�n funcionarios de la Polic�a Nacional y del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- comisionados al efecto por tales entidades y que depender�n para todos los fines relacionados con la investigaci�n del respectivo juez de instrucci�n criminal. El Servicio de Inteligencia Militar B-2 actuar� como cuerpo auxiliar de polic�a judicial en relaci�n con los delitos de que se ocupa el presente decreto.

Art�culo 5�. En los procesos de que trata el presente decreto, actuar�n como agentes del Ministerio P�blico ante los jueces de instrucci�n criminal, delegados especiales del Procurador General de la Naci�n o a falta de �stos, los fiscales del circuito en que se adelanten tales procesos.

Art�culo 6�. Los condenados en primera instancia por los delitos de secuestro y extorsi�n deber�n ser trasladados a la Isla Prisi�n Gorgona. Para tales efectos, el juez de primera instancia informar� a la Direcci�n General de Prisiones, a la cual deber� enviar copia autenticada de la sentencia, la fecha a partir de la cual se encuentre privado de su libertad el procesado y los datos biogr�ficos de �ste.

Art�culo 7�. El que con el prop�sito de obtener para s� o para otro u otros, un provecho econ�mico, act�e como intermediario entre los familiares, allegados o amigos de la persona secuestrada o extorsionada y los secuestradores o extorsionistas, para efectos de lograr la entrega de aqu�lla o los resultados de la extorsi�n, incurrir� en prisi�n de 3 a 8 a�os.

Art�culo 8�. El presente decreto rige a partir de ]a fecha de su expedici�n y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

El Decreto lleva las firmas del Presidente de la Rep�blica y de los trece ministros.

3o. Estando fijando en lista el negocio en la Secretar�a General de la Corte, el ciudadano H�ctor Rodr�guez Cruz present� memorial de impugnaci�n contra el art�culo 6� del Decreto Legislativo que se analiza, en el que se dispone que los condenados en primera instancia por los delitos de secuestro y extorsi�n deber�n ser trasladados a la Isla Prisi�n Gorgona, previo informe del juez a la Direcci�n General de Prisiones. Alega el impugnante que con tal precepto se infringi� el 26 de la Carta ya que ordenar aquella reclusi�n mientras no culmine el proceso viola el derecho de defensa. Invoca en apoyo de su argumento la sentencia de 5 de noviembre de 1979, con la que en lo pertinente se declar� inexequible por similar raz�n el Decreto Legislativo 2289 de ese a�o.

Hace comentarios cr�ticos a la sentencia de 5 de febrero de 1980, con ponencia del Magistrado Luis Carlos S�chica, en cuanto "no se puede demandar el decreto que declar� turbado el orden p�blico", y a las "motivaciones" del Decreto legislativo 1450 de 1984 trasladadas de la Ley 2a de 1984 sobre competencia de autoridades de polic�a, que fueron declaradas inexequibles, al procedimiento se�alado en ella para los delitos de extorsi�n y secuestro, al que califica de "terror�fico y de car�cter fascista" y a la "mezcolanza de filosof�as, y de pol�ticas criminales" que a su juicio se hizo en la mentada Ley.

En sentir del Jefe del Ministerio P�blico el Decreto que se examina debe ser declarado exequible, salvo en su art�culo 6� que pide declararlo inexequible.

1o. El Procurador encuentra que el decreto referido guarda conexidad con el 1038 de 1984 mediante el cual se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional, por cuanto en �ste se hac�a menci�n "a la acci�n de grupos armados y a los graves actos de terrorismo y asaltos a poblaciones, que trastornan gravemente el normal funcionamiento de las instituciones", as� como al hecho de que tales cosas suced�an "en desaf�o criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad p�blicas y en la econom�a nacional", para concluir en que "aunque las anteriores causales no citan expresamente los delitos de secuestro y extorsi�n, es indudable que �stos contribuyen directamente a fomentar el clima de inseguridad y alarma en que vive el pa�s, y son el producto de la actuaci�n de las bandas criminales a que se refiere el Decreto 1038 de 1984", lo cual se evidencia porque tales delitos requieren generalmente el concurso de varias personas y con el "boleteo", como factores preponderantes de la intranquilidad que produjo la declaratoria del Estado de Sitio.

Por llevar el decreto "la firma de todos los ministros", se ajusta a los requisitos formales del inciso segundo del art�culo 121.

2. Despu�s de hacer una sucinta sistematizaci�n de las normas del decreto, en relaci�n con el procedimiento (arts. 1�, 2�, 3�, 4� y 5�), con el lugar de reclusi�n (art. 6�), con las de naturaleza sustantiva (art. 7�) y la relativa a la vigencia (art. 8�), concluye en que todos sus preceptos, salvo el 6�, son exequibles, aunque sobre esta afirmaci�n no da una sola raz�n.

En cambio, expone varias de inexequibilidad del art�culo 6�. Hace relaci�n de las sentencias de 14 de agosto de 1975, de 26 de febrero de 1979 y de 5 de noviembre de 1979, a las cuales se hab�a referido el informe del se�or Secretario de la Sala Constitucional, para con apoyo en ellas pedir la declaratoria de inexequibilidad de aqu�l porque "la inmediaci�n del procesado con el juez y su apoderado, sigue teniendo m�xima importancia para la defensa del mismo... puesto que de otro modo, el procesado recluido en una isla apartada y sin medios de comunicaci�n frecuentes, perder�a inclusive el derecho de pedir consejos y de tomar decisiones, quedando su defensa a la sola discreci�n de su defensor".

"La reclusi�n de los procesados en la Isla Prisi�n de Gorgona, no ha tenido el resultado pretendido de frenar el desarrollo de la delincuencia, porque lo que incide en la criminalidad no es la mayor o menor posibilidad de evasi�n de los presos, sino las condiciones sociales, pol�ticas y econ�micas del pa�s, que cuando son precarias, incitan a la violencia y al irrespeto agresivo de los derechos ajenos..." Agrega que el aislamiento es "inhumano y contraproducente para el logro de la resocializaci�n y rehabilitaci�n del delincuente, por lo que resulta a�n m�s cruel e inadecuado, cuando se aplica a simples procesados, cuya inocencia debe presumirse hasta el fallo definitivo".

1. El Decreto Legislativo 2829 que se examina fue puesto en vigor por el Gobierno con fundamento en las facultades del articulo 121 de la Constituci�n y con invocaci�n del Decreto Legislativo 1038 de 1984 por el cual se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio el territorio nacional. Aqu�l ha sido adem�s refrendado por el Presidente de la Rep�blica y los trece ministros.

El mismo decreto dispone en su art�culo 8� que "rige a partir de la fecha de su expedici�n", con lo cual queda en claro que ninguna de sus disposiciones se aplicar� con efecto retroactivo ni con car�cter retrospectivo, sino para situaciones o hechos futuros. Obviamente, como ya lo ha sostenido en forma reiterada la Corporaci�n, aquella vigencia se entiende sin perjuicio del ce�imiento del Presidente de la Rep�blica al deber constitucional de publicarlo en el Diario Oficial a la mayor brevedad, a fin de que se d� cumplimiento al mandato del art�culo 120-2 de la Carta que le impone a la Suprema Autoridad Administrativa Nacional la funci�n de "promulgar las leyes..." y por ende los decretos que las sustituyan o suspendan. Podr�a pensarse que lo dispuesto en el art�culo 6� del Decreto sobre traslado de condenados en primera instancia por secuestro y extorsi�n a la Isla Prisi�n Gorgona, tornar�a parcialmente inexequbile la parte que aqu� se examina del art�culo 8� del mismo sobre la vigencia inmediata a partir de la fecha de su expedici�n, en contraposici�n con las previsiones constitucionales de los art�culos 23, 26 y 28 de la Carta. Sin embargo, tal cosa no se da porque la Corporaci�n declarar� inexequible el referido art�culo 6�.

Conforme a la parte final del mismo art�culo 8�, col�gese claramente que el decreto no tiene vocaci�n de permanencia ya que apenas "suspende", sin derogar, "las disposiciones que le sean contrarias".

2. Como consecuencia de todo lo anterior, el Decreto 2829 de 1984 cumple con las exigencias formales se�aladas para su v�lida vigencia constitucional en el art�culo 121 de la Carta, y en particular se adecuan entonces a �sta por dicho aspecto su encabezamiento y el articulo 8�.

1. El Decreto 2829 contiene los siguientes cuatro considerandos espec�ficos: que por Decreto 1038 de 1984 se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional; que sobre el pa�s se ha desatado y acrecentado peligrosamente una ola de secuestros y extorsiones, con mayor frecuencia y especialmente en las zonas m�s afectadas por los problemas de orden p�blico, lo cual resulta "agravante" de las condiciones que determinaron el estado de sitio; "que por la Ley 2a de 1984 se crearon 200 cargos de jueces especializados con el prop�sito de que conocieran de esos delitos, jueces que hasta ahora no han podido operar por razones de orden presupuestal", y que mientras comienzan a funcionar los juzgados especializados es indispensable tomar medidas que hagan eficaz la acci�n de la justicia contra las formas delictivas mencionadas.

Las motivaciones que preceden denotan claros rasgos de causales "sobrevinientes" invocadas por el Gobierno con respecto a las inicialmente expresadas como justificativas del estado de sitio declarado en todo el pa�s. No obstante, la propia Corporaci�n ya tiene admitido que la omisi�n por parte del ejecutivo, como en este caso, de la consulta previa al Consejo de Estado sobre la extensi�n causal del estado de sitio, dar�a lugar a inexequibilidad solo en dos casos: cuando aqu�l se extiende de una parte del territorio a otra m�s amplia o al resto, sea por las mismas o por otras razones, o cuando las nuevas causales se�aladas no son agravantes y concurrentes y concomitantes respecto de las anteriores descritas por el Gobierno.

Habr�a entonces lugar a declarar inexequibles los decretos legislativos de estado de sitio cuyas razones sobrevinientes invocadas sean sustitutivas de las que inicialmente dieron motivo para declarar el estado de excepci�n, porque frente a la Carta se exige que dichas causales sobrevinientes deben ser "agravantes" y "concomitantes" con respecto a las anteriores (fallo de octubre 10 de 1979, Proceso n�mero 755-100-E), y "concurrentes y conexas" con las que dieron motivo inicial a dicho estado (fallo de agosto 2 de 1984, Proceso n�mero 1223-176-E, Sentencia n�mero 75), y no absolutamente nuevas; pero no cuando �stas tengan aquellos caracteres, como en el caso que se examina.

Obviamente, reit�rase, dentro del mismo cuerpo de reflexi�n que aqu� se hace, que al juez de constitucionalidad no le ata�e verificar si las causales sobrevinientes aducidas por el Gobierno son ciertas o correspondientes a los hechos relacionados, ya que �ste es funci�n de control pol�tico que apunta a la actuaci�n del gobernante y no al acto y que debe ejercer el Congreso y no la Corte, sino que a �sta solo le compete verificar si existe conexidad entre las causales invocadas en el decreto originario y las normas que lo desarrollen, de una parte, y de la otra, entre aqu�llas y las sobrevinientes en cuanto a su agravaci�n, concomitancia y concurrencia.

Por lo tanto, para la Corporaci�n no son admisibles los argumentos de la Procuradur�a tendientes a evaluar los hechos mismos y no las formas normadas de su invocaci�n, evaluaci�n con la que se busca justificar su conveniencia y no su conexidad, como la de que "aunque las anteriores causales no citen expresamente los delitos de secuestro y extorsi�n, es indudable que �stos contribuyen directamente a fomentar el clima de inseguridad y alarma en el que vive el pa�s, y son el producto de la actuaci�n de las bandas criminales a las que se refieren el Decreto 1038 de 1984". Baste anotar a este �ltimo respecto que ni siquiera el propio Gobierno subentendi� el agravante y por lo tanto tuvo que expresar en sus nuevos considerandos como causal sobreviviente la ocurrencia frecuente de aquellos delitos.

2. Halla la Corporaci�n que las razones indicadas en el Decreto 2829 de 1984 que se juzga son concurrentes, concomitantes y agravantes y en tal medida conexas respecto de las iniciales se�aladas en el Decreto matriz 1038 de 1984 con que se declar� el estado de sitio nacional, y por lo mismo exequibles.

Sin embargo, en relaci�n con la tercera motivaci�n sobreviniente, conforme a la cual se expresa que "por la Ley 2� de 1984, se crearon 200 cargos de jueces especializados con el prop�sito de que conocieran de esos delitos, jueces que hasta ahora no han podido operar por razones de orden presupuestal", deja en claro la Corte en cuanto a la mera conexidad formal sobreviniente y concurrente exigida, que aquel enunciado no puede ser admitido como si el propio Estado invocara su inoperancia como causal de alteraci�n del orden p�blico, ni puede dar pie a pensar que cada vez que exista penuria o d�ficit presupuestal, fiscal o financiero que impida hacer operante una instituci�n o una ley, haya que legislar por la v�a excepcional dei art�culo 121, entre otras cosas porque para estos casos los remedios institucionales est�n claramente trazados en disposiciones y por v�as diferentes en la Constituci�n; sentado lo cual, se declarar� tambi�n exequible dicho aparte.

Ya tiene definido la Corporaci�n que los principios del "debido proceso" y del "derecho de defensa" consagrados en el art�culo 26 de la Carta rigen "para todo tiempo" y por ende durante el estado de sitio (v. gr. fallo de mayo 17 de 1984, Proceso n�mero 1174-155-E). Por lo tanto ordenar mediante el art�culo 6� del Decreto Legislativo 2829 el traslado, previa orden judicial, por parte de la Direcci�n General de Prisiones, de los condenados en primera instancia por los delitos de secuestro y extorsi�n a la Isla Prisi�n de Gorgona, es contrario al art�culo 26 de la Constituci�n en cuanto restringe y condiciona aquellos principios respecto de los procesados que solo han sido condenados en primera instancia pero cuyo juicio sigue en curso, pues resulta evidente que por razones geogr�ficas y f�sicas de ostensible conocimiento, los procesados recluidos en aquel lugar quedan pr�cticamente incomunicados de su apoderado y �ste no puede asistirlos en su defensa de manera id�nea, y que adem�s las diligencias procesales se trastornan por el aislamiento forzoso del procesado frente a su juez, en desmedro de aqu�l.

La Corte por similares razones, mediante sentencia de 5 de noviembre de 1979 modific� la jurisprudencia del fallo de 26 de febrero del mismo a�o y declar� inexequible el Decreto Legislativo 2289 de 1979, cuya principal disposici�n, el art�culo 1�, era de contenido y redacci�n casi id�nticos a los del 6� que se examina, en el que se dispon�a:

"Art�culo 1� La Direcci�n General de Prisiones tambi�n podr� enviar a la Isla Prisi�n de Gorgona los sindicados de delitos de homicidio agravado de competencia de la Justicia Penal Militar, cuando contra ellos se dicte sentencia condenatoria de primera instancia, con el solo requisito de que as� lo solicite el juez de conocimiento".

En el art�culo 1� se dispone un cambio de competencia, aunque no de jurisdicci�n, conforme al cual los jueces de instrucci�n criminal all� se�alados y radicados ser�n competentes para investigar y fallar exclusivamente de los delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n a que se refieren los art�culos 268 y 335 del C�digo Penal, y los conexos con ellos, incluido el del art�culo 7� del mismo Decreto, y que se cometan con posterioridad a la expedici�n de dicho decreto. Obviamente, la aludida competencia exclusiva asignada a dichos funcionarios significa apenas que ellos quedan relevados de cualquiera otra atribuci�n, mas no permite afirmar que respecto de esos delitos no exista segunda instancia. En el art�culo 2� se prev� el mecanismo de reparto de los otros negocios que anteriormente eran de cargo de estos jueces. En el 3� se instituye como procedimiento para la instrucci�n y el fallo de tales procesos el de los art�culos 14 y siguientes de la Ley 2� de 1984. O sea que conforme a los tres preceptos hasta aqu� relacionados se da cumplimiento a las exigencias constitucionales de los art�culos 26 y 28 sobre el debido juez, el debido proceso, el se�alamiento previo y claro de delito y de la pena y la competencia para instruir, juzgar y fallar.

En el art�culo 4� se precisa que para el cumplimiento de las funciones asignadas, cada juzgado escogido contar�, fuera del personal con que actualmente dispone, con personal auxiliar comisionado por la Polic�a Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad destinado a colaborar en la investigaci�n y como polic�a judicial. En el 5� se determina qu� funcionarios del Ministerio P�blico actuar�n como agentes de la entidad ante aquellos jueces, y en el 7� se tipifica una nueva modalidad delictiva respecto de los mentados delitos y se se�ala la pena. Pone de resalto la Corte en relaci�n con este art�culo 7� que los "intermediarios humanitarios", cuyo prop�sito sea el de poner a salvo la integridad o la vida del extorsionado o del secuestrado, como por ejemplo el padre respecto de su hijo, no pueden ser tomados como destinatarios de dicha disposici�n. Los �ltimos tres art�culos referidos se ajustan tambi�n a las previsiones y mandatos de los art�culos 23, 26, 28, 55, 58, 61 y 143 de la Carta.

De acuerdo con lo expresado, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo el examen de la Constitucional, con audiencia del Procurador General de la Naci�n, y en ejercicio de la atribuci�n segunda del art�culo 214 y del par�grafo del art�culo 121 de la Constituci�n,

DECLARAR CONSTITUCIONAL el Decreto Legislativo n�mero 2829 de 21 de noviembre de 1984 "por el cual se dictan disposiciones sobre competencia y procedimiento para la investigaci�n y fallo de los delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n, y conexos con �stos, y se dictan otras disposiciones", salvo en su art�culo 6� que se declara INEXEQUIBLE.

C�piese, comun�quese y publ�quese, inf�rmese al Gobierno y al Congreso de la Rep�blica, ins�rtese en la Gaceta judicial y arch�vese el expediente.

Alfonso Reyes Echand�a, Presidente, salvo el voto; Manuel Gaona Cruz, Luis Enrique Aldana Rozo, con salvamento de voto; Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Fabio Calder�n Botero, lsmael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, Jos� E. GneccoCorrea, H�ctor G�mez Uribe, salvo voto; Fanny Gonz�lez Franco, con salvamento de voto; Gustavo G�mez Vel�squez, salvedad de voto; Juan Hern�ndez S�enz, con salvamento de voto; Alvaro Luna G�mez, Carlos Medell�n, Ricardo Medina Moyano, con salvamento de voto; HoracioMontoya Gil, Humberto Murcia Ball�n, con salvamento de voto; Alberto Ospina Botero, AlfonsoPati�o Rosselli, con salvamento parcial, Pedro El�as Serrano Abad�a, Hernando Tapias Rocha, con salvamento de voto; Fernando Uribe Restrepo, con salvamento de voto; Dar�o Vel�squez Gaviria.

1. Nos apartamos de la mayoritaria determinaci�n de la Corte sobre exequibilidad del Decreto Legislativo 2829 de 1984 (con excepci�n de su art. 6�) por cuanto consideramos que ha debido proferirse fallo de inexequibilidad total.

2. Raz�n fundamental de nuestra posici�n es la de que no existe conexidad alguna entre los motivos enunciados por el Gobierno como fundamentos de la declaraci�n del estado de sitio, en todo el territorio nacional y aquellos ahora mencionados para emitir este decreto, pues los primeros apuntan a la existencia de grupos armados y de ciertas formas delictivas supuestamente alteradas de la paz p�blica, a tiempo que el segundo se refiere aparentemente a la proliferaci�n de los concretos delitos de secuestro extorsivo y extorsi�n, bien diveros de los anotados en aquel decreto que declar� el estado de sitio; y decimos que aparentemente porque la real motivaci�n del decreto cuestionado es la de que el Gobierno no dispone de fondos para dar cumplimiento al mandato legal que ofrece la soluci�n normativa al problema del incremento de aquellos delitos.

3. En efecto desde 1983 fue presentado por el Gobierno al Parlamento un proyecto de ley entre cuyas propuestas estaba la creaci�n de varios centenares de jueces especializados para instruir y fallar los delitos de secuestro, extorsi�n y terrorismo con el argumento oficial de su proliferaci�n. Y en las ponencias favorables a esta propuesta en Senado y C�mara se expres� con claridad que tal medida era necesaria, como lo estimaba el Gobierno para afrontar el reto de esas peligrosas formas de criminalidad; por tal raz�n, finalmente se aprob� y pas� a convertirse en el cap�tulo II de la Ley 2�' de 1984, que prev� la creaci�n de 200 cargos de jueces especializados y de 200 fiscales para instruir y fallar aquellos delitos.

4. Si, pues, el hecho que ahora menciona el Decreto 2829 de 1984 para justificar el instrumento del estado de sitio orientado a resolver el reto social que representan tales formas delictivas (destinaci�n provisional de jueces ordinarios de instrucci�n a cumplir funciones especiales de instrucci�n y fallo en relaci�n con aquellos delitos) ya hab�a sido tenido en cuenta por Gobierno y Congreso y resuelto con el mecanismo legal pertinente, ha de concluirse que la motivaci�n real de su expedici�n no es la criminalidad referida a los delitos de secuestro y extorsi�n, sino la falta de recursos oficiales para poner en marcha el mandato de la Ley 2� de 1984, pese a que su art�culo 75 autoriza al Gobierno para hacer los traslados presupuestales y apropiar las partidas que fueren necesarias al cumplimieto de dicha ley; y como tal motivaci�n distinta y totalmente desconectada con las primigenias exig�a nueva declaraci�n de estado de sitio y concepto previo del Consejo de Estado y ello no se hizo, ha de concluirse que as� se viol� la perentoria exigencia del art�culo 121 de la Constituci�n Nacional.

Alfonso Reyes Echand�a, Luis Enrique Aldana Rozo, Gustavo G�mez Vel�squez, Fanny Gonz�lez Franco, Juan Hern�ndez S�enz.

Manifestamos nuestro consenso respecto de la decisi�n de constitucionalidad tomada mayoritariamente por la Corporaci�n en punto al Decreto de Estado de Sitio de la referencia. Empero, expresamos respetuosamente nuestro desacuerdo en lo tocante a la declaraci�n de inexequibilidad del art�culo 6� del mentado Decreto, art�culo que tambi�n consideramos ajustado a la Constituci�n por las razones que a continuaci�n se exponen.

Primero. La Corporaci�n en orden a fundamentar la dicha declaraci�n de inexequibilidad, se apoya en lo dispuesto por la misma en sentencia de 5 de noviembre de 1979, en la cual "declar� inexequible el Decreto Legislativo 2289 de 1979, cuya principal disposici�n, el art�culo 1�, era de contenido y redacci�n casi id�nticos a los del 6� que se examina" y agrega:

"Ya tiene definido la Corporaci�n que los principios del 'debido proceso' y del 'derecho de defensa' consagrados en el art�culo 26 de la Carta rigen 'para todo tiempo' y por ende durante el estado de sitio (v. gr. fallo de mayo 17 de 1984, Proceso n�mero 1174 155 E). Por lo tanto ordenar mediante el art�culo 6� del Decreto Legislativo 2829 el traslado, previa orden judicial, por parte de la Direcci�n General de Prisiones, de los condenados en primera instancia por los delitos de secuestro y extorsi�n a la Isla Prisi�n de Gorgona, es contrario al art�culo 26 de la Constituci�n en cuanto restringe y condiciona aquellos principios respecto de los procesados que solo han sido condenados en primera instancia, pero cuyo juicio sigue su curso, pues resulta evidente que porrazones geogr�ficas y f ricas de ostensible conocimiento, los procesados recluidos en aquel lugar quedan pr�cticamente incomunicados de su apoderado (sic) y �ste no puede asistirlos en su defensa de manera id�nea, y que adem�s las diligencias procesales se trastornan por el aislamiento forzoso del procesado frente a su juez, en desmedro de aqu�l" (las subrayas son nuestras).

Segundo. No encontramos, como no lo ha encontrado la Corte en repetidas oportunidades, que el traslado a la Isla Prisi�n de Gorgona de procesados condenados en primera instancia, comporte por s� solo, en forma aprior�stica una violaci�n del derecho de defensa consagrado especialmente en el art�culo 26 de la Carta Fundamental.

Importa se�alar, en lo ata�edero a la estructura interna de la Isla Prisi�n de Gorgona, que seg�n el art�culo quinto del Decreto n�mero 0485 de 1960 por el cual se determina el r�gimen de la misma:

"En la Isla Prisi�n de Gorgona habr� un Juez de Instrucci�n Criminal, que ejercer�, adem�s las funciones de juez de Polic�a".

"En el sitio que determine el Gobierno funcionar�, como dependencia de la Direcci�n General de Prisiones, una oficina que tendr� por objeto el aprovisionamiento de la prisi�n y el transporte y comunicaci�n entre la misma y el continente.

El Jefe de dicha Oficina ser� empleado de manejo y se sujetar� a las normas que le fueren se�aladas por la autoridad competente.

Cabe observar que esta oficina fue oportunamente organizada por el Ministerio en la ciudad de Buenaventura, donde ha funcionado normalmente.

Por lo dem�s y tambi�n como consecuencia de las disposiciones legales pertinentes, en la Isla Prisi�n funciona una Oficina de Telecom (Empresa Nacional de Telecomunicaciones).

Todo lo anterior, sin mencionar otros aspectos como la comunicaci�n permanente del continente con la Isla Prisi�n a trav�s de la ciudad caucana de Guapi, demuestra no por ostensible conocimiento, sino de conformidad con disposiciones pertenecientes al orden normativo del pa�s, que muy lejos de existir incomunicaci�n con dicha prisi�n, no resultar�a exagerado afirmar que las comunicaciones con la misma son m�s permanentes y efectivas que las que existen con c�rceles, incluso cercanas a la capital de la Rep�blica. No debe olvidarse por otra parte que el hacinamiento cr�nico de las dem�s c�rceles del pa�s e inexistente en la Isla Prisi�n, tambi�n influye decisivamente en dificultar las comunicaciones de los propios jueces con los sindicados o procesados correspondientes.

Tercero. Dentro del ordenamiento jur�dico y f�ctico del territorio nacional, no es dable afirmar aprior�sticamente que la permanencia de un sindicado o procesado en una determinada o indeterminada parte del mismo, pueda comportar por ese mero hecho una violaci�n de sus derechos de defensa. Tal cosa ser�a necesario demostrarla en cada caso concreto, dentro de cada proceso; y en tal evento de llegar a demostrarse, declarar la nulidad del proceso por ausencia de una defensa efectiva, seg�n doctrina tradicional de la Sala Penal de la Corte. En el presente caso no existen pruebas que demuestren la supuesta incomunicaci�n de los internos de la Isla Prisi�n, y por eso fue necesario recurrir, aun con olvido de las disposiciones citadas al `ostensible conocimiento' tambi�n ya citado.

Cuarto. Tampoco debe olvidarse que la asistencia legal de los procesados por parte de los defensores en la segunda instancia, cuando ya se ha formado el sumario y se ha calificado, no tiene las mismas exigencias que en la primera instancia.

Quinto. La Constituci�n Colombiana no contiene normas de orden estrictamente penitenciario, defiri�ndose por lo tanto a la ley las determinaciones correspondientes. As� por ejemplo el Decreto 0485 ya citado dispone en su art�culo 2� que:

"Para el env�o de un reo a la Isla Prisi�n de Gorgona es indispensable que la sentencia se halle ejecutoriada".

Y por supuesto, en raz�n de lo expresado, nada impide constitucionalmente que esta �ltima norma sea modificada por otra de similar categor�a o suspendida por una dictada con base en las facultades que tiene el Ejecutivo seg�n el art�culo 121 de la Carta Fundamental.

Sexto. Obs�rvese adem�s que de conformidad con la Constituci�n, con el C�digo de Procedimiento Penal, y con el C�digo Penal, entre otras normas, la Procuradur�a General de la Naci�n debe intervenir en todo lo relacionado con la marcha de los establecimientos de detenci�n, penas y medidas de seguridad, lo cual constituye un elemento m�s de importancia incuestionable para velar porque en casos como el que se estudia, sea debidamente tutelado el derecho de defensa de los penalmente procesados.

S�ptimo. No se olvide tampoco que el orden p�blico carcelario, parte esencial del orden p�blico general, en todas las circunstancias de la sociedad, pero particularmente en situaciones de alteraci�n o anormalidad, requiere para su conservaci�n que, desde luego, respetando los derechos esenciales del hombre, el Ejecutivo se encuentre provisto de instrumentos que le permitan conservarlo adecuadamente, inclusive con frecuencia, en defensa de los mismos procesados o condenados.

Octavo. Finalmente obs�rvese tambi�n que la Corte Suprema, en sentencias del 14 de agosto de 1975 (G. J. T. CLII, n�meros 2393, 2394. P�g. 134) y del 26 de febrero de 1979 (G. J. T. CLX. N�meros 2401, P�g. 50 y ss. ), declar� compatibles con los preceptos de la Carta Fundamental, normas similares a la que ahora se examina. Importa observar que en la �ltima de tales sentencias dijo por ejemplo la Corporaci�n:

"Tampoco encuentra la Corte inconstitucionalidad alguna en normas que autorizan o imponen el traslado a un establecimiento carcelario de mayor seguridad de aquellos condenados por delitos graves cuya eventual fuga de establecimientos carcelarios menos seguros redunda en grave perjuicio social, a condici�n, se repite, de que los delitos por los cuales sean condenados tengan relaci�n con los motivos de perturbaci�n del orden p�blico, en raz�n del car�cter sustitutivo, transitorio y restrictivo de las normas dictadas durante el estado de sitio".

H�ctor G�mez Uribe, Alfonso Patino Rosselli, Humberto Murcia Ball�n, Fernando Uribe Restrepo, Hernando Tapias Rocha, Ricardo Medina Moyano.