Sentencia 1534 de 1987

300Corte SupremaCorte Suprema300300134421534Hernando G�mez Ot�lora198703/03/19871534_Hernando G�mez Ot�lora_1987_03/03/198730013442REVISION, REFORMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL. CODIGO ES UN CONJUNTO COHERENTE Y ARMONICO DE DISPOSICIONES SOBRE UNA MATERIA, QUE SE ORDENA EN UN SOLO CUERPO. ESTATUTO ES EL REGIMEN JURIDICO QUE GOBIERNA UNA DETERMINADA ACTIVIDAD O UN RAMO ESPECIALIZADO, EL CUAL PUEDE ESTAR INTEGRADO POR NORMAS DISTINTAS DE LEYES, DECRETOS U OTROS TEXTOS JURIDICOS, SIN QUE DEBAN NECESARIAMENTE ESTAR COMPRENDIDAS EN UN SOLO TEXTO. LA PROTECCION AL TRABAJO, LA AUTONOMIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Inexequibles las siguientes normas del Decreto n�mero 2400 de 1986: Los art�culos 1 a 72, inclusive, de los Cap�tulos I a VI; los art�culos 79 y 81 del cap�tulo VII; los art�culos 93 y 106 del cap�tulo VIII; el art�culo 112 literal K, del cap�tulo X; los art�culos 159 y 161 del cap�tulo XIII; los art�culos 176 a 181 del cap�tulo XV, los art�culos 184 y 185 del cap�tulo XVI, los art�culos 199 y 200 del cap�tulo XVIII, los art�culos 206,207, 208, 209, 212 y 213 del cap�tulo XIX. Declara exequibles las dem�s disposiciones. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 15. Referencia: Expediente n�mero 1534 1987

Norma demandada: �Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

REVISION, REFORMA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CARRERA JUDICIAL. CODIGO ES UN CONJUNTO COHERENTE Y ARMONICO DE DISPOSICIONES SOBRE UNA MATERIA, QUE SE ORDENA EN UN SOLO CUERPO. ESTATUTO ES EL REGIMEN JURIDICO QUE GOBIERNA UNA DETERMINADA ACTIVIDAD O UN RAMO ESPECIALIZADO, EL CUAL PUEDE ESTAR INTEGRADO POR NORMAS DISTINTAS DE LEYES, DECRETOS U OTROS TEXTOS JURIDICOS, SIN QUE DEBAN NECESARIAMENTE ESTAR COMPRENDIDAS EN UN SOLO TEXTO. LA PROTECCION AL TRABAJO, LA AUTONOMIA DE LA RAMA JURISDICCIONAL. FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Inexequibles las siguientes normas del Decreto n�mero 2400 de 1986: Los art�culos 1 a 72, inclusive, de los Cap�tulos I a VI; los art�culos 79 y 81 del cap�tulo VII; los art�culos 93 y 106 del cap�tulo VIII; el art�culo 112 literal K, del cap�tulo X; los art�culos 159 y 161 del cap�tulo XIII; los art�culos 176 a 181 del cap�tulo XV, los art�culos 184 y 185 del cap�tulo XVI, los art�culos 199 y 200 del cap�tulo XVIII, los art�culos 206,207, 208, 209, 212 y 213 del cap�tulo XIX.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto n�mero 2400 de 1986, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial".

El ciudadano Carlos Alberto Montoya G�mez, en ejercicio del derecho conferi�do por el art�culo 214 de la Constituci�n, ha demandado ante la Corte el texto �ntegro del Decreto-ley n�mero 2400 de 1986, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento la carrera judicial.

Cumplidos todos los tr�mites y requisitos contemplados por el Decreto n�mero 0432 de 1969, se procede a decidir de fondo.

El Decreto acusado, expedido en uso de las facultades extraordinarias conferidas al gobierno seg�n la Ley 52 de 1984, es de este tenor:

Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial

El Presidente de la Rep�blica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordina�rias que le confiere la Ley 52 de 1984, y o�do el concepto de la Comisi�n Asesora creada en el art�culo 3" de la mencionada Ley,

"Art�culo 1�. Todos los cargos de la rama jurisdiccional son de carrera v deben ser provistos por el sistema de m�rito contemplado en el presente Decreto, con excepci�n de los siguientes, los cuales son de libre designaci�n:

"Los empleos de libre designaci�n no son provistos por el sistema de m�rito pero en todo caso, la autoridad nominadora deber� exigir el cumplimiento de los requisi�tos m�nimos se�alados para su desempe�o.

"Art�culo 2o Para efectos del presente Decreto enti�ndese como funcionarios judiciales los magistrados y jueces de la Rep�blica. Las dem�s personas que ocupen cargos en la rama jurisdiccional tienen el car�cter de empleados.

"Art�culo 3�. El ingreso al servicio de la administraci�n de justicia se hace por nombramiento ordinario, para los cargos de libre designaci�n y por nombramiento en per�odo de prueba, en propiedad o en provisionalidad, para los de carrera.

"Art�culo 4�. Al proveer los empleos de libre designaci�n, la autoridad nominadora deber� tener en cuenta en todo caso, que las personas en quienes recaiga el nombramiento ordinario re�nan los requisitos exigidos para el ejercicio de los mismos. La confirmaci�n s�lo ser� exigida cuando se trate de proveer empleos de libre designaci�n o en el caso de nombramiento provisional de funcionario judicial en empleo de carrera.

"Art�culo 5�. El nombramiento en per�odo de prueba para quien ha de tener la calidad de empleado judicial �nicamente podr� recaer en persona seleccionada mediante el sistema de m�rito.

"Art�culo 6�. El nombramiento en per�odo de prueba no podr� ser inferior a dos meses ni superior a cuatro. Dentro de dicho per�odo, el empleado judicial deber� ser calificado mensualmente por la autoridad nominadora.

"Art�culo 7� No habr� per�odo de prueba para el funcionario judicial seleccio�nado por el sistema de m�rito.

"Art�culo 8� El empleado judicial que durante el per�odo de prueba no obtenga calificaci�n satisfactoria de conformidad con las disposiciones del presente Decreto, dseber� <sic> ser retirado del servicio.

"Art�culo 9�. Una vez superado satisfactoriamente el per�odo de prueba, el empleado judicial deber� ser nombrado en propiedad por la autoridad nominadora.

"Art�culo 10. El nombramiento en propiedad otorga tanto al funcionario como al empleado judicial el derecho a la inscripci�n en la carrera.

"Art�culo 11. La autoridad nominadora deber� enviar fotocopia aut�ntica del acto de nombramiento en propiedad a la Escuela Judicial, a fin de que �sta incluya al funcionario o empleado judicial en el escalaf�n.

"Art�culo 12. Si por cualquier circunstancia no es posible proveer un empleo de carrera con personal seleccionado por el sistema de m�rito, podr� proveerse mediante nombramiento provisional, cuando las necesidades del servicio lo exijan.

"Art�culo 13. La autoridad nominadora, so pena de incurrir en causal de mala conducta, antes de proveer el empleo mediante nombramiento provisional, deber� solicitar a la Escuela Judicial constancia de que no existe lista de elegibles vigente para el cargo vacante.

"Art�culo 14. Cuando se trate del nombramiento de un empleado judicial y la lista de elegibles no estuviere conformada o hubiere perdido su vigencia, la autoridad nominadora podr� proveer el empleo mediante nombramiento provisional, hasta la fecha en que la persona seleccionada de la lista que suministre la Escuela Judicial tome posesi�n del cargo, o en su defecto hasta el vencimiento del per�odo del nominador.

"Los funcionarios judiciales de per�odo fijo que no puedan ser seleccionados por el sistema de m�rito, para un empleo de carrera por los motivos expuestos en el inciso anterior, podr�n ser nombrados provisionalmente hasta el vencimiento del respectivo per�odo. Dicho nombramiento perder� vigencia una vez la Escuela Judicial suminis�tre la lista de elegibles, siempre que la persona seleccionada por el sistema de m�rito, haya tomado posesi�n del cargo.

"Art�culo 15. La carrera busca mediante la debida organizaci�n del personal al servicio de la administraci�n de justicia, que ella se administre en forma pronta y cumplida, como lo dispone la Constituci�n Nacional.

"Art�culo 16. La carrera tiene como finalidades inmediatas la selecci�n y capacitaci�n de los funcionarios y empleados al servicio de la administraci�n de justicia, la estabilidad en el empleo, los ascensos dentro de la organizaci�n judicial, mediante el sistema de evaluaci�n de m�ritos, conducta y eficiencia, el otorgamiento de est�mulos, la participaci�n de funcionarios v empleados en programas de bienestar social que les aseguren niveles decorosos de vida y el progreso, la seguridad y el sano esparcimiento de los mismos.

"Art�culo 17. El ingreso a la carrera se efectuar� siempre mediante concurso, para lo cual los aspirantes acreditar�n sus m�ritos y conocimientos a trav�s de ex�menes, comprobaci�n de t�tulos y experiencia, conforme a lo dispuesto en este Decreto y en los reglamentos que en desarrollo del mismo se expidan.

"Art�culo 18. La promoci�n en la carrera se podr� efectuar mediante concurso de ascenso, curso concurso, calificaci�n de servicios y experiencia por antig�edad en la administraci�n de justicia, seg�n la ponderaci�n que a estos factores se�ale la Escuela Judicial, conforme al escalaf�n de la carrera y de acuerdo con los reglamen�tos que al efecto se expidan.

"Art�culo 19. Con base en el sistema de m�rito establecido para la promoci�n del personal inscrito en la carrera, la Escuela Judicial elaborar� listas de elegibles para la provisi�n de los empleos vacantes.

"En el evento de que por cualquier circunstancia no pueda proveerse la respectiva vacante por el sistema de ascenso, deber� efectuarse concurso abierto, en el cual podr�n participar personas no vinculadas a la administraci�n de justicia.

"Art�culo 20. La direcci�n y administraci�n de la carrera compete a la Escuela Judicial y a su Consejo Superior, con la asesor�a y coordinaci�n del Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia.

"Art�culo 21. El empleado judicial ingresa a la carrera cuando inicia el per�odo de prueba y se considera inscrito en el respectivo escalaf�n, una vez se efect�e el nombramiento en propiedad por la autoridad nominadora.

"Art�culo 22. El funcionario judicial ingresa a la carrera cuando ha sido designado mediante nombramiento en propiedad, previa selecci�n por el sistema de m�rito.

"Art�culo 23. La selecci�n para el ingreso a la carrera judicial se har� siempre mediante concurso abierto. Los aspirantes que re�nan los requisitos m�nimos para concursar acreditar�n sus m�ritos y conocimientos a trav�s de medios que garanticen su idoneidad para el desempe�o del cargo. La selecci�n se har� con base exclusiva en el m�rito.

"a) Garantizar a la administraci�n de justicia la mejor selecci�n del personal a su servicio;

"b) Promover el ingreso al servicio y el ascenso a cargos de nivel superior, por el sistema de m�rito;

"c) Ofrecer igualdad de oportunidades a los aspirantes a ingresar al servicio de la administraci�n de justicia.

"Art�culo 26. El reclutamiento tiene por objeto convocar a quienes re�nan los requisitos para desempe�ar empleos en la administraci�n de justicia. El proceso de reclutamiento se inicia con el aviso de convocatoria de concurso. La Escuela Judicial deber� hacer la divulgaci�n de la convocatoria a trav�s de los medios de comunica�ci�n m�s id�neos.

"Art�culo 27. La convocatoria la har� la Escuela Judicial con no menos de treinta (30) d�as calendario de anticipaci�n a la fecha se�alada para la realizaci�n del concurso. Dicho t�rmino podr� prorrogarse hasta por otro tanto, a juicio de la Escuela Judicial, y s�lo por motivos que lo justifiquen.

"Art�culo 28. La iniciaci�n de las pruebas del concurso no podr�n efectuarse antes de treinta (30) d�as calendario, contados a partir de la fecha de la publicaci�n de la convocatoria.

"Art�culo 29. El proceso de convocatoria para todo concurso se efectuara en dos fases.

"h) La clase de pruebas o medios de selecci�n que van a aplicarse y el puntaje m�nimo requerido para su aprobaci�n;

"En la segunda fase, se informar� a los aspirantes que re�nan los requisitos m�nimos exigidos, su derecho a participar en el concurso y se les proporcionar� la informaci�n complementaria sobre la realizaci�n del mismo.

"Art�culo 30. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso, obliga tanto a la Escuela Judicial como a los convocados y su contenido en cuanto a denominaci�n del cargo, condiciones de trabajo, requisitos, documentos exigidos v caracter�sticas del concurso, no podr� cambiarse una vez iniciada la inscripci�n de los aspirantes. La modificaci�n del sitio o la fecha de recepci�n de inscripciones se comunicar� por los mismos medios con que se hizo la primera fase del proceso. De la modificaci�n del lugar y la fecha en que se llevar� a cabo el concurso deber� darse oportuno aviso directamente a los interesados.

"Art�culo 31. Los aspirantes que re�nan los requisitos m�nimos exigidos en la convocatoria deber�n inscribirse ante la Escuela Judicial. Los candidatos presentaran la documentaci�n requerida, debidamente autenticada y diligenciada. La inscrip�ci�n deber� hacerse a m�s tardar dentro de los quince (15) d�as calendario siguientes a la fecha de publicaci�n de la convocatoria.

"Art�culo 32. La Escuela Judicial revisar� la documentaci�n presentada por los aspirantes, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y elaborar� una lista de admitidos y rechazados al concurso, indicando en este �ltimo caso los motivos del rechazo. La lista y los documentos de los rechazados estar�n a disposici�n de �stos. A los admitidos se les avisar� sobre la fecha de su presentaci�n al concurso.

"Art�culo 33. Cualquier aspirante no admitido a concurso podr� solicitar, a m�s tardar dentro de los dos (2) d�as siguientes a la fecha en que se le comunique el rechazo, la reconsideraci�n motivada de dicha decisi�n ante la Divisi�n de Carrera de la Escuela Judicial, la cual decidir� dentro de los dos (2) d�as siguientes a la presentaci�n de la solicitud. Contra la decisi�n de la Divisi�n de Carrera de la Escuela Judicial no cabe recurso alguno.

"Art�culo 34. El concurso puede consistir en el an�lisis de antecedentes, la realizaci�n de pruebas escritas, orales o de ejecuci�n, en entrevistas, cursos de capacitaci�n, o, en general, en cualquier otro medio que permita apreciar las calidades de los aspirantes mediante la evaluaci�n de factores tales como sus conoci�mientos, aptitudes, formaci�n profesional y experiencia de trabajo. La modalidad y caracter�sticas de cada concurso ser�n establecidas por la Escuela Judicial. En ning�n caso podr� utilizarse, como �nica modalidad de concurso, la entrevista.

"Art�culo 35. La Escuela Judicial ser� responsable de la realizaci�n de los concursos, de acuerdo con las siguientes reglas:

"a) Los concursantes deber�n identificarse legalmente, para evitar suplantacio�nes;

"b) Se implantar� un control estricto de las pruebas, con el fin de evitar la p�rdida o divulgaci�n del respectivo material;

"c) Las pruebas deber�n contener instrucciones precisas y ser administradas correctamente.

"Art�culo 36. Seg�n el n�mero de candidatos inscritos, que acrediten las condiciones se�aladas, el concurso podr� realizarse por grupos de participantes. Para cada uno de los cuales deber� elaborarse la lista de elegibles, siempre que la convocatoria as� lo determine.

"Art�culo 37. Las pruebas objetivas ser�n elaboradas, aplicadas y calificadas por la unidad responsable del proceso de selecci�n de la Escuela Judicial, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuando se considere necesario.

"Las pruebas objetivas persiguen apreciar las aptitudes y conocimientos genera�les y espec�ficos requeridos para desempe�ar un empleo.

"Art�culo 38. Las pruebas de ensayo persiguen apreciarla capacidad o habilidad con que una persona aplica los conocimientos relacionados con las funciones propias del cargo.

"Estas pruebas ser�n elaboradas y calificadas por la Escuela Judicial, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil, cuando se considere necesario. La prueba deber� contener por lo menos cinco preguntas sobre aspectos b�sicos relacionados con las funciones propias del cargo, cada una de las cuales ser� calificada separadamente, por dos calificadores en forma independiente.

"Art�culo 39. El an�lisis de antecedentes consiste en el estudio comparativo del rendimiento y el comportamiento del candidato en otros cargos y de los t�tulos, estudio y experiencia debidamente acreditados que se relacionen espec�ficamente con las funciones del empleo por proveer y que excedan los requisitos m�nimos exigidos.

"Art�culo 40. La entrevista tiene por objeto apreciar la personalidad del candi�dato y su aptitud para el desempe�o del cargo que se vaya a proveer.

"Cuando en la entrevista se elimine a un aspirante, el jurado deber� dejar constancia clara e inequ�voca de las razones que lo llevaron a tomar esa decisi�n.

"Art�culo 41. La evaluaci�n final de los cursos de capacitaci�n que se progra�men como parte de un concurso podr� ser tenida en cuenta para la calificaci�n de los aspirantes y su valor ser� cuantificado de acuerdo con las normas que se hayan establecido para esta modalidad de concurso.

"Art�culo 42. Para la elaboraci�n, aplicaci�n y evaluaci�n de las pruebas de ensayo y el an�lisis de antecedentes y entrevistas los jurados deber�n ser preferencial-mente miembros de academias, universidades p�blicas y organismos similares de alta trayectoria en su respectiva disciplina y su designaci�n se har� de conformidad con el reglamento que se expida.

"No podr� ser jurado el c�nyuge o pariente dentro del cuarto grado de consan�guinidad, segundo de afinidad o primero civil, de alguno de los aspirantes, o quien tenga con �ste manifiesta enemistad o amistad �ntima.

"Los jurados deber�n rendir un informe sobre la aplicaci�n de cada una de las pruebas, en el cual deber�n figurar los factores evaluados, el sistema empleado para valorarlos, la lista de las personas que hubieren aprobado o reprobado, con las respectivas calificaciones, la fecha del informe y la firma de los jurados.

"Art�culo 43. Con base en los resultados del concurso, la Escuela Judicial establecer� mediante resoluci�n una lista de elegibles, en la cual constar�:

"a) El n�mero y la fecha de la convocatoria, y la relaci�n de los empleos por proveer;

"b) El nombre de las personas que se inscribieron con indicaci�n de los empleos para los cuales concursaron,

"d) La relaci�n de los participantes que no aprobaron el concurso o no se presentaron a �l;

"e) La relaci�n de los participantes que aprobaron el concurso y que est�n inscritos en el escalaf�n de la carrera.

"Art�culo 44. La Escuela Judicial deber� realizar concursos de manera perma�nente con el fin de mantener listas de elegibles vigentes y suministrarlas a las correspondientes autoridades nominadoras cuando deban proveer vacantes.

"Art�culo 45. Constituida una lista de elegibles, cuya vigencia ser� de dos a�os, la unidad de la Escuela Judicial encargada de la selecci�n, comunicar� a cada uno de los participantes el resultado del concurso y publicar� copia de la correspondiente resoluci�n en un lugar visible de la misma dependencia. La lista de elegibles deber� ser publicada a m�s tardar dentro de los veinte (20) d�as siguientes a la pr�ctica de la �ltima prueba, previa aprobaci�n del Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Art�culo 46. Las quejas de los aspirantes sobre irregularidades en los concursos o en la elaboraci�n por los participantes de la lista de elegibles deber�n presentarse a m�s tardar dentro de los dos d�as h�biles siguientes a la fecha de publicaci�n de los resultados del concurso o de la publicaci�n de la lista. La queja deber� fundamentarse ante el Consejo Superior de la Escuela Judicial. El Consejo decidir� dentro de los diez d�as siguientes al recibo de la queja, sobre la validez total o parcial del concurso o de la conformaci�n de la respectiva lista.

"Art�culo 47. No podr� hacerse uso de la lista de elegibles mientras no se decida la queja sobre irregularidad en su elaboraci�n.

"Art�culo 48. En caso de declararse nulo el concurso, �ste deber� repetirse sin necesidad de una nueva convocatoria, entre los mismos participantes. Si la nulidad es parcial el concurso podr� rehacerse a partir del momento en que se present� la irregularidad.

"Art�culo 49. En los actos de creaci�n de las regionales de la Escuela Judicial y en los convenios con entidades p�blicas en materia de concursos, deber� se�alarse el funcionario encargado de las funciones de control y vigilancia del proceso de selecci�n establecidas en el presente cap�tulo.

"Art�culo 50. Durante la vigencia de las listas de elegibles, toda vacante definiti�va deber� proveerse con personas que figuren en ellas, siempre que se trate del cargo para el cual se concurs�. En todo caso, se seguir�n estrictamente las normas que consagran derechos preferenciales para efecto de promociones.

"Art�culo 51. Las vacantes transitorias ser�n provistas mediante encargo, con personas inscritas en el escalaf�n que desempe�en cargos inmediatamente inferiores, previo el lleno de los requisitos respectivos.

"Art�culo 52. Ser� causal de retiro de una lista de elegibles el fraude comproba�do en la realizaci�n del concurso, el error evidente en el proceso de selecci�n, o la no aceptaci�n del nombramiento sin que a juicio de la autoridad nominadora medie justa causa.

"Art�culo 53. Cuando se trate de empleados, la autoridad nominadora, una vez recibida la correspondiente lista de elegibles y seg�n el porcentaje m�nimo exigido para el efecto, deber� nombrar en per�odo de prueba a los aspirantes que hayan ocupado los cinco primeros puestos de la lista, la cual deber� actualizarse o renovarse a medida que sean designadas estas personas.

"Art�culo 54. Una vez la autoridad nominadora nombre y comunique el nombramiento en propiedad o en per�odo de prueba, el funcionario o empleado deber� manifestar su aceptaci�n dentro de los ocho (8) d�as siguientes y tomar posesi�n del cargo dentro de los treinta (30) d�as subsiguientes a la aceptaci�n. Dicho t�rmino podr� prorrogarse por otro tanto por justa causa debidamente acreditada.

"Art�culo 55. Tan pronto como el funcionario o empleado judicial tome posesi�n del empleo, la autoridad nominadora deber� dar aviso a la Escuela Judicial para la actualizaci�n de la correspondiente lista de elegibles.

"Art�culo 56. La persona escogida por concurso ser� nombrada en per�odo de prueba, cuando se trate de empleado judicial. El per�odo de prueba constituye la �ltima etapa del proceso de selecci�n y es elemento de comprobaci�n y complementaci�n del mismo, el cual tendr� una duraci�n no inferior a dos meses ni superior a cuatro.

"Art�culo 57. Cuando el concurso se declare desierto, la Escuela Judicial deber� proceder a una nueva convocatoria y selecci�n.

"Art�culo 58. En caso de insubsistencia del nombramiento de un empleado judicial en per�odo de prueba, �ste deber� ser retirado de la respectiva lista de elegibles y quedar� inhabilitado por el t�rmino de un a�o para participar en concursos para empleos de igual o superior categor�a del que desempe�aba.

"Art�culo 59. No habr� per�odo de prueba cuando se trate de ascenso de empleado judicial.

"Art�culo 60. Los nombramientos en propiedad de los funcionarios de la rama jurisdiccional se har�n por las corporaciones competentes, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial, entre quienes ocupen los cinco primeros puestos, las que ser�n elaboradas con base en los concursos realizados para el efecto.

"Art�culo 61. La elaboraci�n de listas para los cargos de masgistrados <sic> de tribunal, se har� teniendo en cuenta que quienes las integren, adem�s de llenar los requisitos constitucionales y legales, hayan desempe�ado cualquiera de los corres�pondientes cargos en el respectivo departamento o que sean oriundos de �l.

"Art�culo 62. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar� a la respectiva autoridad nominadora las listas de las personas seleccionadas, por riguroso orden de m�rito.

"Art�culo 63. Con la debida antelaci�n, cuando se trate de iniciaci�n de per�odo, el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar� a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los tribunales superiores de Distrito Judicial, los tribunales administrativos y superior de aduanas, las listas de personas que re�nan calidades y condiciones para ser designados magistrados o jueces.

"Con miras a la integraci�n de las salas de los tribunales, los candidatos a magistrados se clasificar�n por especialidades, en las distintas disciplinas del derecho.

"En las listas para la designaci�n de jueces, se clasificar�n los candidatos por categor�as y disciplinas jur�dicas. Igualmente el Consejo Superior de la Escuela Judicial podr� integrar listas para grupos de juzgados, clasificados �stos seg�n su ubicaci�n geogr�fica.

"Art�culo 64. Cuando se produzca una vacante, la respectiva autoridad nominadora solicitar� la lista de elegibles al Consejo Superior de la Escuela Judicial, la cual le deber� ser remitida al presidente de la Corporaci�n, quien la someter� a consideraci�n de la entidad en pleno.

"Art�culo 65. Los empleos de carrera de la Rama Jurisdiccional se proveen de la siguiente manera:

"a) Los de magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial y del Tribunal Superior de Aduanas, por la Corte Suprema de Justicia;

"Par�grafo 1. El Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar� con las listas de elegibles, un resumen de la hoja de vida de cada uno de los integrantes de las mismas.

"Par�grafo 2. La designaci�n de los funcionarios vinculados a la rama jurisdic�cional, por parte de las corporaciones judiciales se har� con la presencia de las dos terceras partes de sus miembros y con el voto favorable de la mitad m�s uno de los asistentes.

"Art�culo 66. Si la persona designada no acepta o no se posesiona dentro del t�rmino legal, la Corporaci�n Judicial correspondiente elegir� su reemplazo de la misma lista de elegibles.

"Cuando por cualquier raz�n se desintegrare la lista de elegibles, la autoridad nominadora solicitar� una nueva.

"Art�culo 67. El funcionario judicial inscrito en la carrera, al vencimiento del per�odo correspondiente, tendr� derecho a ser nuevamente designado mediante nombramiento en propiedad por la respectiva autoridad nominadora, siempre que dentro de dicho per�odo no haya tenido calificaciones de servicio insatisfactorias o recibido sanciones disciplinarias, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Par�grafo. Para dar efectividad a lo dispuesto en el presente art�culo, el presidente de la respectiva Corporaci�n Judicial deber� someter a consideraci�n de la entidad en pleno, el nombre de los funcionarios que se encuentren inscritos en carrera.

"Art�culo 68. Cuando se trate del ascenso de un funcionario judicial en el escalaf�n de la carrera, se tendr�n igualmente en cuenta las calificaciones de servicios obtenidas, los antecedentes disciplinarios y la antig�edad en el servicio, de conformi�dad con el reglamento que se expida.

"Art�culo 69. Establ�cese el siguiente escalaf�n para los funcionarios judiciales de carrera:

- "Magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas.

"Art�culo 70. Establ�cese el siguiente escalaf�n para los empleados judiciales de carrera en los juzgados y corporaciones judiciales.

- "Contador liquidador de Impuestos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado;

"Art�culo 71. En el escalaf�n de la carrera deber�n figurar los funcionarios y empleados judiciales inscritos en ella, los empleos que ocupan, la fecha de ingreso, los ascensos obtenidos, los traslados efectuados y los dem�s datos que permitan una completa informaci�n sobre la hoja de servicio de los mismos.

"Art�culo 72. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, de la misma categor�a, con funciones afines a las desempe�adas por aqu�l y para el cual se exijan requisitos m�nimos similares.

"Art�culo 73. Para dar adecuado desarrollo a la carrera, preparar el personal que requiere la administraci�n de justicia, mejorar los conocimientos de los funcionarios y empleados judiciales y facilitar su ascenso, el Consejo Superior de la Escuela Judicial establecer� programas de formaci�n, perfeccionamiento y adiestramiento, de acuerdo con las necesidades y el nivel de preparaci�n de los recursos humanos que la Rama Jurisdiccional demande.

"Art�culo 74. Es deber de la Escuela Judicial determinar las necesidades de formaci�n, perfeccionamiento y adiestramiento de los funcionarios y empleados judiciales y formular y ejecutar los programas espec�ficos.

"Art�culo 75. La Escuela Judicial desarrollar� los programas de capacitaci�n utilizando sistemas adecuados a la naturaleza de los cursos, el nivel de los participan�tes y los objetivos que se persiguen.

"Art�culo 76. La Escuela Judicial deber� ejecutar los programas de formaci�n, perfeccionamiento y adiestramiento directamente o, cuando ello no sea posible, contratarlos con entidades p�blicas o privadas, debidamente constituidas y con experiencia en las �reas respectivas.

"Art�culo 77. Los convenios que se celebren con entidades privadas requerir�n la previa aprobaci�n del Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Los convenios con organismos judiciales se sujetar�n al r�gimen de contrata�ci�n entre entidades p�blicas.

"Art�culo 78. La Escuela Judicial llevar� un inventario de los centros de capacitaci�n que funcionan en el pa�s, lo mismo que de los programas que realizan, la intensidad horaria de los mismos y las dem�s informaciones que se consideren conducentes para el desarrollo de los planes y programas de capacitaci�n en beneficio de los funcionarios y empleados judiciales.

"Art�culo 79. En el presupuesto de la rama jurisdiccional deber�n incluirse anualmente las partidas necesarias para financiar los programas de formaci�n, adiestramiento y perfeccionamiento de los funcionarios y empleados judiciales.

"Art�culo 80. La capacitaci�n de funcionarios y empleados judiciales tendr� los siguientes objetivos fundamentales:

"c) Incrementar sus conocimientos a efecto de poder participar en concursos que les permitan obtener la promoci�n en el servicio;

"e) Recibir formaci�n en las ciencias t�cnicas concernientes a la administra�ci�n de justicia.

"Par�grafo. Entre los objetivos de la capacitaci�n est�n el de lograr el mejora�miento de la administraci�n de justicia, contribuir a su tecnificaci�n, aumentar su eficiencia, promover la elevaci�n de la �tica profesional y acelerar el proceso de aprendizaje de sus servidores.

"Art�culo 81. Los funcionarios y empleados judiciales que aspiren a participar en los programas de capacitaci�n, ser�n seleccionados de acuerdo con la reglamenta�ci�n que para tal fin expida la Escuela Judicial, de conformidad con las directrices que se�ale el Consejo Superior.

"Art�culo 82. La asistencia a los programas de capacitaci�n y la aprobaci�n de los cursos por parte de los funcionarios y empicados judiciales, se apreciar�n de conformidad con las normas sobre carrera, sin que por s� solas otorguen derecho a la promoci�n en el empleo.

"Art�culo 83. Los funcionarios y empleados judiciales escogidos para seguir los cursos de capacitaci�n tienen la obligaci�n de asistir a ellos con regularidad, realizar las pr�cticas, rendir las pruebas y observar los reglamentos correspondientes. El incumplimiento de estas obligaciones constituye falta disciplinaria.

"Art�culo 84. Sin menoscabo de la funci�n atribuida a la Escuela Judicial en el presente cap�tulo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Escuela Superior de Administraci�n P�blica asesorar�n y coordinar�n la programaci�n y ejecuci�n de los planes de capacitaci�n.

"Art�culo 85. La formaci�n puede ser previa o posterior al ingreso del funciona�rio o empleado al servicio de la administraci�n de justicia.

"La formaci�n posterior al ingreso del funcionario o empleado a la administra�ci�n de justicia, corresponde a la preparaci�n que �l reciba desde el momento de su incorporaci�n hasta su retiro del servicio. A trav�s tic esta formaci�n el funcionario o empleado judicial se prepara para desempe�ar mejor su labor, ejercer funciones de superior jerarqu�a v lograr el desarrollo de su carrera.

"Art�culo 86. Para efectos del presente cap�tulo, enti�ndese por perfecciona�miento el proceso dirigido a preparar a los funcionarios y empleados judiciales en campos m�s amplios de la administraci�n de justicia, o sobre aspectos generales o espec�ficos de una determinada �rea.

"Son objetivos del perfeccionamiento, fortalecer la organizaci�n de la adminis�traci�n de justicia, contribuir al desarrollo de la carrera de los funcionarios y empleados judiciales y procurar el mejoramiento personal y profesional de los mismos.

"Art�culo 87. Para efectos del presente cap�tulo, enti�ndese por adiestramiento el proceso continuo y sistem�tico dirigido a la adquisici�n de conocimientos, el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas y el mejoramiento de las aptitudes que contribuyan directamente al cabal desempe�o de las funciones propias del cargo.

"Art�culo 88. La Escuela Judicial tendr� a su cargo el programa de orientaci�n de los funcionarios y empleados judiciales, que a partir de la vigencia del presente Decreto se vinculen a la rama jurisdiccional.

"Para el cumplimiento de dicho programa, las autoridades nominadoras de la Rama Jurisdiccional deber�n suministrar peri�dicamente a la Escuela Judicial la relaci�n de los funcionarios y empleados judiciales que vayan ingresando al servicio de la misma.

"Art�culo 89. El programa de orientaci�n est� encaminado a facilitar al funcio�nario o empleado judicial el buen desempe�o de sus funciones, para cuyo efecto la Escuela Judicial deber� explicarle la organizaci�n y el funcionamiento de la Rama Jurisdiccional, las funciones que le est�n adscritas, la ubicaci�n jer�rquica y f�sica del empleo que va a desempe�ar y hacerle entrega de los manuales ilustrativos correspon�dientes.

"Art�culo 90. Son objetivos del programa de orientaci�n explicar la importan�cia de la administraci�n de justicia, fomentar entre el personal que ingresa a dicha Rama el importante compromiso que se adquiere, con la sociedad y el Estado; relacionar al nuevo servidor con el resto del personal que se vincule por primera vez a la Rama e informar sobre las normas de personal, r�gimen salarial y �tica profesional pertinentes.

"Art�culo 91. Sin perjuicio de lo establecido en los art�culos anteriores, es obligaci�n de las distintas autoridades nominadoras dar al nuevo funcionario o empleado judicial las explicaciones e informes necesarios para la adecuada prestaci�n de sus funciones.

"Art�culo 92. La calificaci�n de servicios de los funcionarios y empleados judiciales tendr� los siguientes fines:

"d) Promover su participaci�n en los programas de adiestramiento o perfeccionamiento que se realicen;

"f) Asegurar su participaci�n en los programas de bienestar social que se adopten.

"Art�culo 93. La Escuela Judicial elaborar� los modelos de formularios, deter�minar� la ponderaci�n de los factores e impartir� las instrucciones necesarias para la adecuada y oportuna calificaci�n de servicios, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"Art�culo 94. La calificaci�n de servicios compete a la autoridad nominadora del funcionario o empleado judicial, ya se encuentre �ste en per�odo de prueba o se halle inscrito en la carrera.

"Art�culo 95. Las autoridades nominadoras obligadas a calificar los servicios del personal que de ellas dependan, deber�n hacerlo dentro de los per�odos que se fijen al efecto.

"Art�culo 96. La calificaci�n de servicios del empleado judicial en per�odo de prueba comprender� tanto el rendimiento y la calidad de su trabajo, como su conducta y comportamiento.

"Art�culo 97. El empleado judicial en per�odo de prueba deber� ser calificado mensualmente.

"Contra dicha calificaci�n de servicios s�lo procede el recurso de reposici�n.

"Al interponer el recurso, el empleado judicial deber�, sustentar los motivos de su inconformidad, aportando las pruebas, as� sean sumarias, en relaci�n con cada uno de los cargos formulados.

"Art�culo 98. La revisi�n de la calificaci�n de servicios no podr� desmejorar la calificaci�n inicial y se anexar� a ella como parte esencial de la misma.

"Art�culo 99. Dos calificaciones insatisfactorias del empleado judicial en per�o�do de prueba dar�n lugar a su retiro del servicio, mediante declaratoria de insubsistencia motivada que har� la autoridad nominadora.

"Contra la declaratoria de insubsistencia, en este caso s�lo procede el recurso de reposici�n.

"Art�culo 100. El funcionario o el empleado judicial inscrito en la carrera, ser� calificado para efectos de determinar el rendimiento y la calidad de su trabajo. Si incurre en hechos constitutivos de falta disciplinaria deber� ser objeto de la correspondiente investigaci�n, de conformidad con las normas pertinentes.

"Art�culo 101. El funcionario o el empleado judicial inscrito en la carrera deber� ser calificado por lo menos una vez al a�o, pero el nominador podr� calificarlo cuando lo considere conveniente, en intervalos no menores de un mes.

"La calificaci�n de servicios se notificar� personalmente al interesado y si no est� conforme con ella, podr� solicitar su reconsideraci�n en un plazo no superior a dos d�as. El calificador deber� resolverla en un t�rmino no mayor a dos d�as, contados a partir del momento en que se solicite.

"Par�grafo. Cuando la calificaci�n corresponda a un juez colegiado, esta fun�ci�n la cumplir� la Sala Disciplinaria de la correspondiente Corporaci�n.

"Art�culo 102. Dos calificaciones insatisfactorias dentro del mismo a�o civil dar�n lugar a la suspensi�n del respectivo funcionario o empleado judicial del escalaf�n de la carrera, por el t�rmino de un a�o, dentro del cual no podr� ser ascendido ni participaren programas de capacitaci�n, ni gozar de los est�mulos que se establecen para el personal de carrera.

"Art�culo 103. Tres calificaciones de servicios insatisfactorias dentro del correspondiente a�o civil dar�n lugar a la declaratoria de insubsistencia motivada por parte de la autoridad nominadora.

"Art�culo 104. La declaratoria de insubsistencia implica la p�rdida del escalaf�n de la carrera, y, adem�s, el retiro del servicio; dicha declaratoria no dar� lugar a inhabilidad para el ejercicio de funciones p�blicas.

"Art�culo 105. Contra la declaratoria de insubsistencia cabe el recurso de reposici�n y, en subsidio, el de apelaci�n ante el superior jer�rquico de la autoridad nominadora, el cual se conceder� en el efecto suspensivo y deber� ser interpuesto dentro de los cinco d�as siguientes a la notificaci�n.

"Si el nominador deniega la apelaci�n, proceder� el recurso de queja, de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 377 y 378 del C�digo de Procedimiento Civil.

"El superior jer�rquico del nominador deber� resolver el recurso, a m�s tardar, dentro de los treinta d�as siguientes a su interposici�n.

"Para la decisi�n del recurso de apelaci�n, se aplicar� lo dispuesto en el par�grafo del art�culo 101 del presente Decreto, cuando corresponda a una Corpora�ci�n Judicial.

Art�culo 106. Fotocopia aut�ntica de las calificaciones de servicios de los empleados judiciales en per�odo de prueba o de los funcionarios y empleados judiciales inscritos en el escalaf�n de la carrera y de las declaratorias de insubsistencia en firme deber�n ser enviadas a la Escuela Judicial en forma inmediata.

Art�culo 107. Para efecto del presente cap�tulo, se entiende por a�o civil el comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre.

"Art�culo 108. No podr�n ser vinculados al servicio de la Rama Jurisdiccional, a ning�n t�tulo:

"a) Quienes se hallen en interdicci�n judicial. Los funcionarios que la decreten deber�n informar de �sta o de su rehabilitaci�n a la Escuela Judicial, para ser incluida en el respectivo registro;

"b) Quienes padezcan cualquier afecci�n f�sica o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempe�o del empleo;

"c) Quienes se encuentren en detenci�n preventiva, aunque gocen del benefi�cio de excarcelaci�n y quienes hayan sido llamados a juicio por un hecho punible y mientras se resuelve la situaci�n jur�dica;

"d) Quienes hayan sido condenados por delito doloso, pero s�lo por un tiempo igual al de la pena principal;

"e) Quienes se encuentren excluidos del ejercicio de la profesi�n de abogado, o hayan sido suspendidos por t�rmino superior a tres meses;

"f) Los funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio P�blico o de las direcciones de Instrucci�n Criminal, que por falta disciplinaria, hayan sido destituidos o suspendidos por segunda vez, o a quienes se haya impuesto por tres veces cualquier otro tipo de sanciones;

"g) Quienes por faltas graves hayan sido destituidos de cualquier otro empleo p�blico;

"h) Quienes habiendo sido funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccio�nal, del Ministerio P�blico o de las direcciones de Instrucci�n Criminal, hayan gestionado dentro del a�o siguiente a la fecha de su retiro, de manera directa o indirecta, a t�tulo personal o en representaci�n de terceros, asuntos que estuvieron a su cargo o en cuya tramitaci�n intervinieron.

"Par�grafo. El t�rmino de las inhabilidades a que se refieren los literales e), f) y g) ser� de tres a�os, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que disponga la destituci�n del funcionario o empleado o la exclusi�n o suspensi�n del ejercicio de la profesi�n de abogado o a partir de la expiraci�n del t�rmino de suspensi�n, o de la ejecutoria de la providencia de la �ltima sanci�n en el �ltimo evento del literal f) del presente art�culo.

Art�culo 109. No podr�n ser elegidos o nombrados funcionarios o empleados judiciales quienes sean c�nyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguini�dad, segundo de afinidad o primero civil de los funcionarios que intervienen en la elecci�n o nombramiento, o de los que han participado en la elecci�n o nombra�miento de quienes deben hacer la designaci�n.

"Art�culo 110. No podr�n ser elegidos o nombrados para una misma corpora�ci�n o despacho judicial, ni para empleos que dependan funcionalmente de una u otro, quienes sean entre s� c�nyuges o parientes dentro del cuarto grado de consangui�nidad, segundo de afinidad o primero civil.

"Art�culo 111. Adem�s del ejercicio de sus derechos ciudadanos, todo funcio�nario o empleado judicial tendr� derecho a ser informado acerca de la organizaci�n de la administraci�n de justicia y de las funciones del despacho o corporaci�n judicial a la cual sea vinculado y, en especial, a recibir las instrucciones sobre los deberes, responsabilidades, derechos y atribuciones que le incumben, su dependencia jer�r�quica y el conducto regular a que debe sujetarse; a recibir capacitaci�n adecuada para su mejoramiento en el desempe�o de las funciones propias de su cargo, y a la oportunidad de progresar en el servicio de la administraci�n de justicia; a la oportuna y justa evaluaci�n de sus servicios; a percibir puntualmente la remuneraci�n que le corresponda, as� como al reconocimiento de los gastos de transporte y vi�ticos ocasionados en el cumplimiento de las comisiones que se le confieran; a la asociaci�n con fines de apoyo mutuo, o de car�cter cultural o asistencial, cooperativo y otros similares; a disfrutar oportunamente del r�gimen prestacional establecido a su favor; a obtener permisos y licencias; seg�n las normas legales; a participar en los programas de bienestar social y gozar de est�mulos de car�cter moral y pecuniario; a la preven�ci�n de los riesgos en su trabajo; a hacer uso de los tr�mites establecidos para la defensa de sus propios intereses y para hacer efectivos sus derechos; a ser defendido por las autoridades competentes en caso de amenazas, violencias, v�as de hecho, injurias, difamaciones y ultrajes de que pueda ser v�ctima con ocasi�n del ejercicio de sus funciones; a solicitar traslado en cargos equivalentes al que desempe�a, y a todos los dem�s beneficios que se establezcan a su favor por ley o reglamento.

"a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constituci�n, las leyes y los reglamen�tos;

"d) Obedecer y respetar a sus superiores jer�rquicos; dar un tratamiento cort�s a sus compa�eros y a sus subordinados, y compartir sus tareas con esp�ritu de solidari�dad y unidad de prop�sito;

"e) Permanecer en el desempe�o de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo.

"f) Observar permanentemente en sus relaciones con el p�blico toda la consideraci�n y cortes�a debidas;

"g) Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que le ha sido otorgada y de ejecuci�n de las �rdenes que puedan impartir, sin que en ning�n caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe por la que corresponda a sus subordinados;

"h) Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, en raz�n de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aun despu�s de haber cesado en el empleo y sin perjuicio de la obligaci�n de denunciar cualquier hecho delictuoso;

"i) Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempe�o de las funciones que les han sido encomendadas;

"j) Responder por la conservaci�n de los documentos, �tiles, materiales, dine�ro, equipo, muebles y dem�s bienes confiados a su guarda o administraci�n, y rendir oportunamente cuenta de su utilizaci�n;

"k) Poner en conocimiento del Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia, por intermedio de la Divisi�n de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, los hechos que puedan perjudicar la administraci�n de justicia y las iniciativas que se estimen �tiles para el mejoramiento del servicio;

"Art�culo 113. Los funcionarios y empleados judiciales deben residir en la sede de su despacho, de la cual no podr�n ausentarse en los d�as y horas de trabajo, sino con permiso de su superior jer�rquico.

"Sin embargo, el respectivo superior podr� autorizar la residencia en lugar distinto de la sede, siempre que no se perjudique la prestaci�n del servicio y cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

"a) Que en la respectiva localidad no existan instituciones docentes para la educaci�n de sus hijos menores de dieciocho a�os;

"b) Que entre esa poblaci�n y la de residencia haya una distancia no mayor de cincuenta kil�metros y siempre que exista comunicaci�n directa y permanente entre las dos.

"Art�culo 114. La autorizaci�n para residir fuera de la sede no comprende en ning�n caso la variaci�n de los horarios de trabajo, salvo fuerza mayor ocaso fortuito.

"Art�culo 115. Son faltas contra la dignidad de la administraci�n de justicia, por parte del funcionario o empleado:

"a) Embriagarse p�blica y habitualmente; usar habitual e injustificadamente sustancias que produzcan dependencia f�sica o s�quica; asistir al despacho en estado de embriaguez o de intoxicaci�n producidas por el alcohol o por dichas sustancias; practicar habitualmente juegos prohibidos; abandonar injustificadamente el propio hogar; practicar p�blicamente actos er�ticos-sexuales; dedicarse, tanto en el servicio como en la vida social, a actividades que puedan afectar la confianza de la ciudada�n�a;

"b) Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra las instituciones o contra cualquier funcionario o empleado;

"c) Hacer en actuaci�n judicial o fuera de ella calificaciones ofensivas, ul�trajantes o calumniosas de las personas que intervienen en los procesos;

"d) Solicitar o fomentar publicidad de cualquier clase respecto de su persona o de sus actuaciones, sin perjuicio del derecho de rectificar informaciones o comenta�rios;

"e) Contraer obligaciones de manera directa o indirecta con alguna de las partes o sus apoderados o con cualquier otro interesado en asuntos que se hallen a su conocimiento o en los cuales deba intervenir;

"f) Solicitar o recibir d�divas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de lucro provenientes directa o indirectamente de alguna de las personas mencionadas en el literal anterior, o de funcionario o empleado de su dependencia;

"g) Influir directa o indirectamente en el nombramiento o elecci�n de funcio�narios o empleados;

"i) Ejercer actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma afecten su dignidad.

"Art�culo 116. Son faltas contra la eficacia de la administraci�n de justicia, por parte del funcionario o empleado:

"a) Omitir o retardar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o el trabajo que se�alen la ley o los reglamentos de la oficina, o dejar vencer sin justa causa los t�rminos sin la actuaci�n correspondiente;

"b) Abstenerse de cumplir o retardar injustificadamente la evacuaci�n de las comisiones que legalmente se le confieren;

"c) Omitir el reparto cuando sea obligatorio, o hacerlo o tolerar su ejecuci�n en forma irregular;

"d) Permitir que litigue en su despacho persona no autorizada para ello, o mostrar los expedientes o parte de los mismos sin la debida autorizaci�n;

"e) Dejar de asistir a los actos o diligenciamientos en que se requiera su presencia, o firmar las providencias sin haber participado en su discusi�n o pronun�ciamiento;

"f) Dejar de asistir a las audiencias o de practicar personalmente las pruebas, en los casos en que la ley lo ordene, o no dictar o dejar de notificar las providencias, cuando a ello hubiere lugar;

"g) Hacer constar en cualquier diligencia judicial hechos que no sucedieron, o dejar de relacionar los que ocurrieron;

"h) Dar un tratamiento de favor o de discriminaci�n a las personas que intervie�nen en los procesos, por raz�n de procedencia geogr�fica o social, filiaci�n pol�tica, credo religioso, raza, edad, sexo, amistad o simpat�a, o cualquier otra causa;

"i) Dejar de asistir injustificadamente a su oficina, o cerrarla sin motivo legal, o limitar indebidamente las horas de trabajo o de despacho p�blico;

"j) Ejercer influencias directas o indirectas sobre cualquier funcionario o em�pleado de la administraci�n de justicia, para que proceda en determinado sentido en los asuntos de que �ste conoce o ha de conocer o que tramite;

"k) No dar noticia a la autoridad competente de delitos y faltas disciplinarias de que tenga conocimiento, en raz�n del ejercicio de sus funciones;

"l) Realizar huelgas, paros, suspensi�n total o parcial de actividades o disminu�ci�n del ritmo de trabajo, o participar en tales actos;

"m) No suministrar oportunamente las informaciones que deba dar o suminis�trarlas con inexactitud o en forma incompleta;

"n) Tener a su servicio en forma estable o transitoria, para las labores de su despacho, personas distintas de los empleados de la propia oficina;

"�) Dejar de sancionar las faltas de los funcionarios o empleados judiciales, u obrar con lenidad en la aplicaci�n de las sanciones;

"o) Violar las normas sobre nombramiento, elecci�n o remoci�n de los funcio�narios o empleados, y las que regulan la designaci�n de auxiliares de la justicia;

"p) Contravenir las disposiciones sobre honorarios de los auxiliares de la justicia y sobre arancel;

"q) Residir, sin permiso fuera de la sede del despacho, o realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones, durante la jornada de trabajo;

"r) Desempe�ar cualquier otro empleo retribuido, salvo el profesorado hasta el l�mite de ocho horas semanales y siempre que no afecte la marcha regular del trabajo;

"s) Percibir m�s de una asignaci�n del Tesoro P�blico, salvo las excepciones legales;

"t) Gestionar profesionalmente negocios propios o ajenos, o prestar a t�tulo particular servicios de asesor�a o de asistencia en trabajos relacionados con las funciones propias de su empleo o cuyo conocimiento est� atribuido a otra autoridad;

"u) Desempe�ar alguno de los cargos de albacea curador dativo, auxiliar de la justicia o de director o fiscalizador de sociedades comerciales;

"v) Aceptar sin permiso del gobierno empleos, invitaciones, obsequios o pre�bendas provenientes de entidades nacionales o extranjeras, p�blicas o privadas.

"Art�culo 117. El r�gimen disciplinario tiene por objeto garantizar a la admi�nistraci�n de justicia una eficiente prestaci�n de los servicios, as� como la moralidad, responsabilidad y buena conducta de los funcionarios y empleados judiciales y a �stos los derechos y garant�as que les corresponden como tales.

"Art�culo 118. Los magistrados y los jueces de la Rep�blica no podr�n ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino en los casos y con las formalidades que determine la ley.

"Art�culo 119. El r�gimen disciplinario de los funcionarios judiciales conti�nuar� regul�ndose por las disposiciones pertinentes sobre la materia.

"Art�culo 120. Sin menoscabo de la funci�n atribuida en el presente Decreto a la Procuradur�a General de la Naci�n en materia de r�gimen disciplinario, los empleados judiciales estar�n sometidos al control disciplinario interno que, en cabeza de las correspondientes autoridades nominadoras, se establece en los siguien�tes art�culos.

"Art�culo 121. La acci�n disciplinaria podr� iniciarse de oficio, por informa�ci�n del funcionario o empleado judicial, o por queja presentada por cualquier persona en el ejercicio del derecho de petici�n.

"Art�culo 122. Toda falta disciplinaria cometida por un empleado judicial origina acci�n disciplinaria, cuyo ejercicio es obligatorio, aunque se haya iniciado acci�n penal o el infractor se encuentre desvinculado del servicio.

"Art�culo 123. La responsabilidad emanada de la acci�n disciplinaria iniciada contra un empleado judicial es independiente de la responsabilidad civil o penal que dicha acci�n pueda originar.

"Art�culo 124. Ning�n empleado judicial podr� ser sancionado por un hecho que no haya sido definido previamente por la Constituci�n o la ley como falta disciplinaria, ni sometida a sanci�n de esta naturaleza que no est� consagrada en disposici�n legal anterior a la comisi�n de la falta que se sanciona.

"Art�culo 125. La acci�n disciplinaria caduca en cinco a�os, contados a partir del �ltimo acto constitutivo de la falta, t�rmino dentro del cual deber� igualmente imponerse la sanci�n.

"Art�culo 126. No podr� abrirse investigaci�n disciplinaria para establecer la responsabilidad de un empleado judicial por hechos o actos respecto de los cuales ya hab�a sido investigado.

"Art�culo 127. En toda investigaci�n disciplinaria, el empleado judicial inves�tigado tendr� derecho a conocer el informe y las pruebas que se alleguen a la misma; a ser o�do en descargos; a que se practiquen las pruebas que solicite siempre que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, y a ser representado por un apoderado, si as� lo desea.

"Art�culo 128. Cuando la falta haya sido cometida por un empleado judicial que se encuentre retirado del servicio, la investigaci�n deber� iniciarse o proseguirse, seg�n el caso, siempre que la acci�n disciplinaria no haya caducado.

"Art�culo 129. Podr�n ordenarse diligencias preliminares que tengan por obje�to comprobar la existencia de los hechos o actos que puedan llegar a constituir falta -disciplinaria y determinar los posibles responsables.

"Art�culo 130. La investigaci�n disciplinaria tendr� las siguientes etapas:

"Art�culo 131. La investigaci�n disciplinaria podr� ser adelantada por la autori�dad nominadora del empleado judicial o por un funcionario o empleado delegado por ella, evento en el cual el investigador deber� ser de igual o superior categor�a al investigado.

"No obstante lo anterior, cuando la autoridad nominadora tenga conocimiento directo de faltas cometidas por un empleado judicial que puedan implicar la aplicaci�n de las sanciones de amonestaci�n escrita o de censura, podr� solicitarle inmedia�tamente que presente descargos verbales o escritos y, previo el an�lisis de los mismos, imponerle la sanci�n correspondiente.

"En el caso de descargos verbales, se levantar� un acta que deber� ser suscrita por la autoridad nominadora, el investigado y la persona que la elabora.

"Art�culo 132. La investigaci�n disciplinaria se considerar� iniciada desde el momento mismo en que el nominador del empleado judicial o su delegado dicte el auto de apertura de la misma.

"Art�culo 133. La investigaci�n disciplinaria no podr� exceder en ning�n caso de sesenta d�as h�biles, t�rmino que podr� suspenderse por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.

"Art�culo 134. Una vez iniciada la investigaci�n disciplinaria, deber� darse aviso de ese hecho a la Procuradur�a General de la Naci�n y al empleado investigado.

"Art�culo 135. Cuando la investigaci�n se inicie por queja o informaci�n, el investigador deber� solicitar al quejoso o informador la ratificaci�n de la queja o de la informaci�n, bajo la gravedad de juramento. La imposibilidad de cumplir con esta exigencia, sea cual fuere el motivo, no impide la continuaci�n de la investigaci�n.

"Art�culo 136. Iniciada la investigaci�n, el nominador podr� suspender provisionalmente al empleado investigado, hasta por el t�rmino de sesenta d�as h�biles, si el hecho se considera constitutivo de falta disciplinaria grave.

"En todo caso, la investigaci�n-disciplinaria debe culminar dentro del t�rmino de la suspensi�n.

"La providencia que ordena la suspensi�n provisional ser� motivada, tendr� vigencia inmediata y contra ella no procede recurso alguno.

"Art�culo 137. Cuando el nominador tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de faltas disciplinarias cometidas por un empleado contra el cual se est� adelantando una investigaci�n, �sta se acumular� a la nueva investiga�ci�n, si ello fuere posible.

"Art�culo 138. En la investigaci�n disciplinaria ser�n admisibles como medios de prueba los reconocidos por la ley.

"Art�culo 139. Las pruebas se valorar�n seg�n las reglas de la sana cr�tica.

"Art�culo 140. Cuando en el desarrollo de la investigaci�n se establezca que un empleado pudo incurrir en falta disciplinaria, el investigador formular� a �ste los cargos correspondientes.

"b) Una relaci�n de las pruebas practicadas o allegadas que demuestren la existencia de tales hechos;

"d) El t�rmino dentro del cual el investigado deber� presentar sus descargos y solicitar o allegar pruebas el cual no podr� ser inferior a un d�a, ni superior a ocho, contados a partir de la fecha de recibo del pliego de cargos.

"Art�culo 142. El pliego de cargos se entregar� personalmente al investigado, en su lugar de trabajo, quien deber� firmar una copia del mismo como constancia de recibo.

"En caso de que el investigado se niegue a firmar, el comisionado para la entrega del pliego dejar� constancia de tal hecho en la copia del mismo y har� firmar a un testigo.

"Si el empleado se encuentra desvinculado de la entidad o suspendido del empleo que desempe�a, se solicitar� su presentaci�n ante el investigador para hacerle entrega del pliego de cargos, mediante telegrama dirigido a la direcci�n que aparezca registrada en su hoja de vida o a la que se conozca por cualquier medio, dejando constancia de ello en el expediente.

"Si transcurridos cinco d�as h�biles, contados a partir de la fecha de env�o del telegrama, el investigado no se presentare a notificarse de los cargos, se le designar� de oficio un apoderado, quien deber� presentar los descargos, y con �l se continuar� la investigaci�n hasta su culminaci�n.

"Para efectos de la designaci�n del apoderado de oficio el investigador recurrir� a la lista de auxiliares de la justicia.

"Art�culo 143. El empleado investigado deber� hacer sus descargos ante el funcionario investigador.

"Art�culo 144. Si dentro del t�rmino que se le haya se�alado, el investigado no presenta los descargos, se le designar� apoderado de oficio, en la forma establecida en el inciso final del art�culo 142 y se le fijar� a �ste un nuevo t�rmino para la presentaci�n de los descargos.

"Art�culo 145. El investigador deber� practicar las pruebas que el investigado solicite al hacer sus descargos, cuando ellas sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, dentro de un plazo m�ximo de ocho d�as, contados a partir de la fecha de recibo de los respectivos descargos.

"Art�culo 146. Si el investigador encontrare que en el desarrollo de la investiga�ci�n disciplinaria se ha incurrido en alguna irregularidad, proceder� a subsanarla antes del cierre de la misma, si ello fuere posible; de lo contrario, se reiniciar� la investigaci�n en la etapa en que se hubiere producido la irregularidad.

"Art�culo 147. Cuando el investigador, dentro del t�rmino establecido en el presente Decreto, considere que la investigaci�n se encuentra perfeccionada, proce�der� al cierre de la misma y, si hubiere actuado como delegado, rendir� un informe a la autoridad nominadora, en el cual deber� hacer una relaci�n sucinta de los hechos que hayan dado lugar a ella, y de los descargos del investigado, el an�lisis de las pruebas en las cuales se funde la responsabilidad o la inocencia del investigado, las normas infringidas y la recomendaci�n sobre la sanci�n disciplinaria que debe aplicarse, si fuere el caso, o la solicitud de archivo del expediente.

"Art�culo 148. Cuando la autoridad nominadora encuentre que el hecho investigado no ha existido, o que la ley no lo considera como falta disciplinaria, o que el funcionario acusado no lo cometi� o que hay lugar a exoneraci�n de responsabilidad, proceder� a archivar el expediente.

"Art�culo 149. Las faltas disciplinarias se calificar�n como leves o graves, en atenci�n a su naturaleza y efectos, las modalidades y circunstancias del hecho y los antecedentes personales y profesionales del infractor.

"Art�culo 150. Las sanciones disciplinarias que podr�n aplicarse a los empleados judiciales son las siguientes:

"d) Suspensi�n en el ejercicio del cargo, hasta por treinta d�as, sin derecho a remuneraci�n;

"Art�culo 151. Las faltas leves se sancionar�n con amonestaci�n escrita, sin anotaci�n en la hoja de vida, con censura, con anotaci�n en la hoja de vida, o con multa que no exceda de la quinta parte de la remuneraci�n mensual.

"El concurso de faltas, la falta grave o la reincidencia en faltas leves dar�n lugar a la aplicaci�n de las sanciones de suspensi�n en el ejercicio del cargo hasta por treinta d�as sin derecho a remuneraci�n, o de destituci�n.

"Para efectos de reincidencia, se tendr�n en cuenta las faltas cometidas por el empleado dentro de los doce meses inmediatamente anteriores a la comisi�n de la falta que se juzga.

"Cuatro sanciones disciplinarias que hayan sido impuestas al empleado judicial, por hechos constitutivos de faltas leves, dentro de los dos a�os anteriores, dar�n lugar en caso de una nueva sanci�n disciplinaria, por lo menos, a la sanci�n de suspensi�n por treinta d�as, sin derecho a remuneraci�n.

"La imposici�n de dos sanciones disciplinarias de suspensi�n en el ejercicio del cargo, dentro de los dos a�os inmediatamente anteriores, dar� lugar a la sanci�n de destituci�n en el evento de que incurra el empleado judicial en una nueva falta disciplinaria.

"Art�culo 152. La autoridad nominadora del empleado investigado proceder� a calificar la falta, conforme a los criterios se�alados en este Decreto, y a determinar la sanci�n que deba imponerse.

"En todo caso, las sanciones disciplinarias deber�n ser impuestas mediante providencia motivada.

"Art�culo 153. El empleado judicial suspendido provisionalmente ser� reinte�grado a su empleo y tendr� derecho al reconocimiento y pago de la remuneraci�n dejada de percibir durante el per�odo de suspensi�n, cuando la investigaci�n termine por archivo del expediente, por expiraci�n del t�rmino de suspensi�n provisional sin que hubiere terminado la investigaci�n, o cuando la sanci�n impuesta fuere de amonestaci�n o censura.

"Cuando la sanci�n impuesta fuere de multa, �sta se descontar� de la remunera�ci�n que el empleado deba percibir durante el t�rmino de la suspensi�n. El empleado sancionado con suspensi�n por un t�rmino inferior al de la suspensi�n provisional, tendr� derecho al reconocimiento y pago de la remuneraci�n correspondiente al per�odo que exceda el tiempo se�alado en la sanci�n.

"Art�culo 154. Cuando el t�rmino de la sanci�n de suspensi�n fuere igual o superior al de la suspensi�n provisional, en la providencia mediante la cual se imponga dicha sanci�n, se ordenar� computar el tiempo de la suspensi�n.

"Art�culo 155. Lo dispuesto en el art�culo anterior no ser� aplicable al emplea�do investigado que se haya reintegrado con anterioridad a la fecha de imposici�n de la sanci�n y a quien se hubiere cancelado los salarios dejados de percibir durante el t�rmino de la suspensi�n provisional.

"Art�culo 156. En la misma providencia en la cual se imponga la sanci�n de destituci�n, la autoridad nominadora se�alar� el t�rmino de inhabilidad para el desempe�o de funciones p�blicas del sancionado, que ser� de tres a�os.

"Art�culo 157. Contra las providencias que impongan sanci�n u ordenen el archivo del expediente, procede el recurso de reposici�n v, en subsidio, el de apelaci�n, que podr�n interponer el Procurador Delegado para la Vigilancia judicial o su delegado, el sancionado o el quejoso, dentro de los cinco d�as h�biles siguientes a su notificaci�n. El recurso de apelaci�n se surtir� ante el superior jer�rquico del nominador y se conceder� en el efecto suspensivo.

"El superior deber� decidir dentro de los treinta d�as siguientes al recibo del expediente, so pena de incurrir en causal de mala conducta.

"La providencia que imponga sanci�n u ordene el archivo del expediente deber� notificarse personalmente al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial o a su delegado.

"Par�grafo. Contra las decisiones de las salas disciplinarias de las corporaciones judiciales que resuelvan estos recursos, no cabe recurso alguno.

"Art�culo 158. La resoluci�n del recurso no puede hacer m�s gravosa la situa�ci�n del recurrente, a menos que haya sido interpuesto por el correspondiente funcionario de la Procuradur�a General de la Naci�n.

"Art�culo 159. Copia aut�ntica de las providencias mediante las cuales se impongan sanciones disciplinarias deber� remitirse a la Escuela Judicial y a la Procuradur�a General de la Naci�n a fin de que sea archivada en la respectiva hoja de vida del empleado, salvo cuando se imponga sanci�n de amonestaci�n escrita.

"Art�culo 160. Cuando en el curso de la investigaci�n disciplinaria se establez�ca que los hechos objeto de la misma pudieren llegar a constituir delitos perseguibles de oficio, el investigador deber� ponerlos en conocimiento de la autoridad penal competente, remiti�ndole los documentos probatorios que correspondan.

"Art�culo 161. La Escuela Judicial y sus dependencias regionales o seccionales deber�n llevar un libro especial de control disciplinario, en el cual se radicar�n, en el orden de su presentaci�n, las quejas que se formulen contra los empleados judiciales.

"El libro de que trata el inciso anterior deber� contener, por lo menos, la siguiente informaci�n: nombre del informante o del quejoso, nombre del empleado o empleados judiciales contra los cuales se formula la queja, fecha de presentaci�n de la misma, naturaleza de los hechos, tr�mite dado a la queja, resultado de la investigaci�n y determinaci�n tomada.

"Art�culo 162. La autoridad nominadora del empleado investigado deber� dar aviso oportuno a la Divisi�n de Registro y Control de la Procuradur�a General de la Naci�n, sobre la iniciaci�n de la acci�n disciplinaria e informar sobre los resultados de la misma.

"Art�culo 163. Contra la providencia que imponga sanci�n de destituci�n, se podr� interponer recurso de revisi�n ante el Tribunal Disciplinario, dentro de los quince d�as siguientes a la ejecutoria de la misma, en los casos que a continuaci�n se se�alan:

"1�. Cuando se demuestre que es falso el testimonio, la peritaci�n, el documen�to o cualquier otra prueba en que se apoye la providencia.

"2�. Cuando despu�s de dictada la providencia aparezcan hechos nuevos o se presenten pruebas no conocidas al tiempo de proferirla, que determinen una decisi�n contraria a la recurrida.

"Art�culo 164. El recurso de revisi�n se propondr� por el destituido o por la Procuradur�a General de la Naci�n, en memorial dirigido al Tribunal Disciplinario, en el cual se determinar� el caso cuya revisi�n se demanda, los despachos judiciales que hubieren dictado la providencia, la falta o faltas disciplinarias que lo hubieren motivado, y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la solicitud. Con el memorial se acompa�ar�n las pruebas de los hechos fundamentales.

"Art�culo 165. Recibido por el Tribunal Disciplinario el expediente, se abrir� a pruebas por un t�rmino de diez d�as, mediante auto que se notificar� personalmente al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y al sancionado.

"Art�culo 166. Vencido el t�rmino probatorio, el magistrado sustanciador, previo informe del secretario, ordenar� correr traslado al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y al sancionado por el t�rmino de diez d�as a cada uno, para que presenten sus alegatos por escrito. Concluido este t�rmino, el Tribunal Disciplinario, dentro de los treinta d�as siguientes, desatar� el recurso. Si el Tribunal invalida la providencia recurrida, dictar� la que en su reemplazo corresponda.

"Si la revisi�n fuere negada, se devolver� el expediente al despacho que corresponda dejando en el Tribunal Disciplinario copia del fallo.

"Art�culo 167. Si el fallo del Tribunal Disciplinario fuera absolutorio, el empleado ser� restituido en su cargo, con derecho a cobrar los sueldos dejados de percibir durante el tiempo que hubiere durado la desvinculaci�n por raz�n de la providencia recurrida y no se entender� que ha existido soluci�n de continuidad.

"Art�culo 168. El reemplazo del empleado destituido s�lo podr� hacerse en propiedad, de conformidad con las normas de carrera establecidas en el presente Decreto, cuando precluya el t�rmino para interponer el recurso de revisi�n o cuando �ste se resuelva en contra del empleado.

"Art�culo 169. Corresponde a la Procuradur�a General de la Naci�n supervigilar la conducta oficial de los empleados judiciales.

"Art�culo 170. La Procuradur�a General de la Naci�n podr� en cualquier momento y mediante resoluci�n motivada iniciar o asumir la investigaci�n discipli�naria contra un empleado judicial.

"En este �ltimo caso, el investigador deber� suspender las diligencias que estuviere adelantando y ponerlas a disposici�n de la Procuradur�a.

"Si vencido el t�rmino de que trata el art�culo 172 de este Decreto, la Procura�dur�a no concluye la investigaci�n, el nominador respectivo o su delegado deber� reasumirla y la Procuradur�a deber� entregar de inmediato el correspondiente expe�diente y no podr� asumirla nuevamente,

"Art�culo 171. Cuando la Procuradur�a General de la Naci�n inicie o asuma una investigaci�n disciplinaria contra un empleado judicial, la autoridad nominadora podr� ordenar la suspensi�n provisional de �ste, informando de ello a la Procuradur�a.

"La suspensi�n provisional deber� ordenarse por el nominador del empleado investigado a solicitud de la Procuradur�a General de la Naci�n.

"Art�culo 172. Las investigaciones disciplinarias que adelante la Procuradur�a contra empleados judiciales no podr�n exceder el t�rmino de sesenta d�as h�biles contados a partir de su iniciaci�n.

"El incumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior es causal de mala conducta.

"Art�culo 173. Si como consecuencia de la investigaci�n disciplinaria adelan�tada por la Procuradur�a General de la Naci�n, se solicita a la autoridad nominadora imponer sanci�n o archivar el expediente, contra la decisi�n que adopte la autoridad nominadora o su delegado proceder�n los recursos contemplados en el art�culo 157 del presente Decreto.

"Art�culo 174. Para los efectos previstos en este Decreto se considerar� superior jer�rquico de la autoridad nominadora del empleo judicial, la sala disciplinaria de la respectiva corporaci�n judicial. Para estudiar el recurso se designar� como ponente un magistrado de la sala, de la misma especialidad de la autoridad nominadora.

"En aquellos casos en que la autoridad nominadora no tenga superior jer�rqui�co, desatar� el recurso la sala a la cual pertenezca el empleado judicial.

"Art�culo 175. Con excepci�n de lo estatuido en el presente Decreto, el procedimiento disciplinario que adelante la Procuradur�a General de la Naci�n contra funcionarios y empleados judiciales seguir� regul�ndose por las disposiciones vigentes.

"Art�culo 176. Corresponde a la Escuela Judicial, la organizaci�n del sistema de informaci�n de los funcionarios y empleados judiciales, sin menoscab� de la funci�n que, en ese campo, le da la ley al Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"Cuando las necesidades as� lo exijan, el Ministerio de Justicia, de acuerdo con la pol�tica sobre inform�tica que establezca, podr� contratar a trav�s de la Escuela Judicial, con el Departamento Administrativo del Servicio Civil, el DANE u otras entidades p�blicas o privadas especializadas en la materia, la organizaci�n y presta�ci�n del sistema de informaci�n para la Rama Jurisdiccional.

"Art�culo 177. La Escuela Judicial deber� llevar estad�sticas continuas sobre los servidores judiciales, las cuales servir�n de base para la elaboraci�n de diagn�sticos que permitan definir pol�ticas y desarrollar programas destinados a una mejor utiliza�ci�n de los recursos humanos al servicio de la Rama Jurisdiccional; formar, capacitar y seleccionar el personal, de acuerdo con las necesidades reales de la administraci�n de justicia; determinar las caracter�sticas de aquellos servidores que demandan los diferentes servicios, su cantidad, clase y distribuci�n.

"Art�culo 178. Todas las autoridades y corporaciones judiciales, debidamente orientadas por la Escuela Judicial, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil, est�n obligadas a participar en la elaboraci�n de dichas estad�sticas, de acuerdo con el reglamento que se expida.

"Art�culo 179. A todo funcionario o empleado judicial deber� llev�rsele en la Escuela Judicial un registro individual debidamente actualizado.

"Todas las autoridades judiciales est�n obligadas a proveer los documentos que con ese objeto, se les soliciten, dentro de los plazos y condiciones que se estipulen. La demora o incumplimiento injustificados dar� lugar a la aplicaci�n de sanciones de car�cter disciplinario.

"Art�culo 180. Los datos de car�cter personal ser�n reservados y solamente podr�n ser manejados y consultados por las autoridades responsables. Los datos de car�cter administrativo prestar�n m�rito p�blico.

"El extrav�o, adulteraci�n, violaci�n de la reserva o negligencia en el manejo de los registros de personal constituye falta grave.

"Art�culo 181. El censo nacional de personal al servicio de la administraci�n de justicia estar� a cargo de la Escuela Judicial, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil, y en su desarrollo, deber�n colaborar todas las autoridades y corporaciones judiciales.

"Dicho censo deber� mantenerse actualizado y servir� de base para el estudio de los recursos humanos requeridos en la administraci�n de justicia, para la proyecci�n de la reglamentaci�n y aplicaci�n de las diferentes t�cnicas del sistema de administra�ci�n de personal de la Rama Jurisdiccional.

"Art�culo 182. Los funcionarios y empleados judiciales que se distingan por sus m�ritos en la prestaci�n de sus servicios a la administraci�n de justicia se har�n acreedores a los est�mulos y distinciones que se determinan en el presente Decreto y en las dem�s disposiciones sobre la materia.

"Los est�mulos y distinciones tienen por objeto destacar las aptitudes, m�ritos y virtudes de los funcionarios y empleados judiciales.

"Art�culo 184. El otorgamiento de becas, la participaci�n en cursos especiales y las publicaciones y condecoraciones ser�n autorizadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"Cuando se establezcan otros est�mulos o distinciones, en el acto de su conce�si�n se determinar�n las modalidades de su otorgamiento.

"Art�culo 185. Podr�n otorgarse a los funcionarios y empleados judiciales comisiones de estudios dentro o fuera del pa�s, remuneradas o no, hasta por el t�rmino de un a�o, prorrogable por otro tanto, de conformidad con el reglamento que se expida.

"Estas comisiones ser�n otorgadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial.

"La autoridad nominadora del funcionario o empleado judicial deber� conceder la respectiva licencia por el t�rmino de duraci�n de la comisi�n.

"Art�culo 186. Durante el tiempo que el funcionario � empleado judicial se encuentre en comisi�n, se produce vacancia transitoria del cargo que desempe�a, el cual podr� ser provisto de conformidad con las normas del presente Decreto.

"Art�culo 187. La calificaci�n de servicios de los funcionarios y empleados judiciales se tendr� en cuenta para efectos de la concesi�n de est�mulos y condecora�ciones contemplados en el presente cap�tulo, seg�n el reglamento que se expida.

"Art�culo 188. El Gobierno Nacional establecer� a favor de los funcionarios y empleados judiciales y de sus familiares programas de bienestar social relativos a vivienda, educaci�n, cultura, salud, recreaci�n y dem�s programas que permitan elevar su nivel de vida y propender a su mejoramiento social y cultural.

"El Gobierno Nacional har� extensivos a los funcionarios y empleados judicia�les y a sus familiares los programas de bienestar social que ejecuten las entidades p�blicas especializadas en la materia, de conformidad con las condiciones y procedi�mientos que se establezcan.

"Art�culo 189. Los programas de bienestar social de que trata este cap�tulo no podr�n tener por objeto crear, incrementar o duplicar salarios o prestaciones sociales que la ley, no haya establecido, ni otorgar beneficios en dinero o en especie.

"Art�culo 190. Los programas de bienestar social se adelantar�n con las siguien�tes entidades: Prosocial, Coldeportes, Colcultura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y otros organismos oficiales de seguridad y previsi�n social.

"Art�culo 191. El Ministerio de justicia, a trav�s de la Divisi�n de Asistencia a la Rama Jurisdiccional, promover� con los organismos oficiales que dispongan de centros vacacionales, clubes sociales, deportivos y recreativos, la utilizaci�n de dichos servicios por parte de los funcionarios y empleados judiciales.

"Art�culo 192. Las entidades deportivas del Estado facilitar�n a los funcionarios y empleados judiciales el uso de sus centros deportivos para los fines previstos en este cap�tulo.

"Art�culo 193. El Ministerio de Justicia, a trav�s de la Divisi�n de Asistencia � la Rama Jurisdiccional, coordinar� con las entidades especializadas la realizaci�n de programas educativos destinados a los hijos de los funcionarios y empleados judiciales.

"Art�culo 194. La Direcci�n de Bienestar Social del Departamento Adminis�trativo del Servicio Civil asesorar� y coordinar� los programas que, en cumplimiento de lo dispuesto en este cap�tulo, desarrollen el Ministerio de Justicia y las dem�s entidades p�blicas de que trata el art�culo 190 de este Decreto.

"Art�culo 195. El art�culo sexto del Decreto n�mero 1373 de 1986 quedar� as�:

"g) El Director de la Escuela Superior de Administraci�n P�blica o su dele�gado;

"h) El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educaci�n Superior o su delegado;

"i) Un representante de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional elegido en la forma que determine el reglamento;

"j) Un representante de los empleados de la Rama jurisdiccional elegido en asamblea general de delegados de los diferentes distritos judiciales.

"El Director de la Escuela Judicial tendr� voz pero no voto en las sesiones del Consejo.

"Par�grafo. Actuar� como Secretario del Consejo Superior de la Escuela Judi�cial el Jefe de la Divisi�n Acad�mica de la misma.

"Las decisiones del Consejo deber�n adoptarse por la mitad m�s uno de sus miembros. Para que el Consejo pueda deliberar se requerir� de la asistencia de la mitad m�s uno de sus integrantes.

"El Consejo Superior se reunir� por derecho propio, en sesiones ordinarias, una vez al mes y, en sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por su presidente o a petici�n de cuatro de sus miembros.

"Los miembros del Consejo Superior de la Escuela judicial percibir�n honora�rios por su asistencia a las reuniones, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

"Art�culo 196. El art�culo octavo del Decreto n�mero 1373 de 1986 quedar� as�:

"Para ser Director de la Escuela Judicial se requiere tener t�tulo profesional en ciencias jur�dicas y experiencia administrativa y docente no inferior a tres a�os. La experiencia administrativa deber� referirse al desempe�o de funciones afines o similares a las asignadas al Director de la Escuela Judicial.

"Art�culo 197. Los funcionarios y empleados del Ministerio P�blico y de la Procuradur�a General de la Naci�n que a la fecha de la vigencia del presente Decreto desempe�en empleos de carrera, podr�n solicitar su inscripci�n en la misma, en un t�rmino no superior a un a�o, de conformidad con las normas que posteriormente se expidan.

"Art�culo 198. La elecci�n de funcionarios y empleados judiciales se har� por la entidad nominadora mediante votaci�n p�blica, y no se admitir� la modalidad de voto en blanco.

"El incumplimiento de lo preceptuado anteriormente constituir� falta discipli�naria.

"Art�culo 199. En los juzgados ubicados en cabecera de Distrito Judicial, los jueces, de com�n acuerdo, podr�n reducir el horario de atenci�n al p�blico, hasta por dos horas diarias, sin disminuir la jornada laboral establecida en las normas pertinentes.

"Art�culo 200. Los directores seccionales de Instrucci�n Criminal podr�n dis�poner la rotaci�n de los juzgados de Instrucci�n Criminal, y el cambio de juzgados radicados en ambulantes, consultando las necesidades del servicio previamente establecidas.

"Los jueces en cuyos despachos, por virtud de la rotaci�n, se incremente la planta de personal, deber�n proveer los nuevos cargos con empleados pertenecientes al juzgado cuya n�mina se redujo como consecuencia de dicha determinaci�n.

"Art�culo 201. El ingreso a la carrera de los empleados judiciales que, a la fecha de la vigencia del presente Decreto, ocupen empleos de carrera en la Corte Suprema de justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Disciplinario, los tribunales superiores de distrito judicial, los tribunales administrativos, la jurisdicci�n penal aduanera, la Direcci�n Nacional de Instrucci�n Criminal y las direcciones seccionales de Instruc�ci�n Criminal, se har� previa evaluaci�n de sus m�ritos, conocimientos, experien�cia, conducta y eficiencia.

"En cuanto a los empleados judiciales de los dem�s juzgados, se estar� a lo dispuesto en los Decretos n�meros 2464 de 1985 y 1190 de 1986.

"Art�culo 202. Con la solicitud de inscripci�n en la carrera judicial, los em�pleados a que se refiere el art�culo anterior deber�n presentar:

"a) Los documentos que acrediten los requisitos m�nimos necesarios para el ejercicio del cargo que desempe�an;

"b) Certificado de buena conducta y eficiencia, que deber� expedir la respectiva autoridad nominadora o su delegado dentro de los cinco d�as siguientes a la fecha en que reciba la solicitud;

"d) Certificado sobre antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuradur�a General de la Naci�n.

"Art�culo 203. El certificado de buena conducta y eficiencia ser� expedido bajo la gravedad del juramento, teniendo en cuenta el comportamiento general y el rendimiento del empleado en el desempe�o del cargo y deber� ser motivado. Si el certificado fuere desfavorable al empleado, �ste podr� solicitar su revisi�n, dentro de los cinco d�as suguientes <sic> a la expedici�n del mismo, ante el Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia.

"El nominador incurrir� en causal de mala conducta en el evento de que la certificaci�n expedida no corresponda a la verdad, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. As� mismo, el Ministerio P�blico podr� impugnar en cualquier momento los certificados de que trata este art�culo.

"Art�culo 204. Para el ingreso a la carrera judicial los empleados deber�n reunir los siguientes requisitos:

"Par�grafo 1. Los empleados de que trata el art�culo 201 del presente Decreto, que no re�nan los requisitos exigidos en este art�culo, les ser�n aplicables las siguientes equivalencias:

"Un a�o de educaci�n superior por dos a�os de experiencia relacionada y viceversa.

"Un a�o de educaci�n media por un a�o de experiencia relacionada y viceversa.

"Un a�o de educaci�n b�sica por un (1) a�o de experiencia relacionada y viceversa. Esta �ltima equivalencia ser� aplicable a los cargos de que trata el art�culo 4� del Decreto n�mero 1190 de 1986.

"Par�grafo 2. Se entender� por educaci�n superior la adelantada en ciencias jur�dicas, sociales o econ�micas, en instituciones debidamente reconocidas.

"Art�culo 205. Para efectos de la experiencia relacionada se tendr�n en cuenta los servicios prestados en las fiscal�as.

"Art�culo 206. Para el ingreso en la carrera judicial, los actuales jueces de la Rep�blica podr�n solicitar su inscripci�n para lo cual deber�n acreditar:

"b) Experiencia no inferior a cuatro a�os en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio P�blico;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuradur�a General de la Naci�n, y

"Art�culo 207. Los actuales Magistrados de los Tribunales Superiores de Distri�to Judicial, de Distrito Penal Aduanero y de los tribunales administrativos podr�n solicitar su inscripci�n en la carrera judicial, para lo cual deber�n acreditar:

"b) Experiencia en la Rama Jurisdiccional o en el Ministerio P�blico no inferior a ocho (8) a�os;

"c) Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuradur�a General de la Naci�n;

"Art�culo 208. La solicitud de inscripci�n en la carrera judicial deber� presentarse ante el Ministerio de Justicia, Divisi�n de Asistencia a la Rama Jurisdiccional, o remitirla por correo certificado, a m�s tardar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia del presente Decreto acompa�ando a �sta los documentos corres�pondientes.

"Art�culo 209. El Ministerio de Justicia decidir�, mediante resoluci�n motiva�da si acepta o niega la inscripci�n en la carrera. Contra esta resoluci�n, que se notificar� en la forma establecida en el C�digo Contencioso Administrativo, s�lo procede el recurso de reposici�n, el cual deber� interponerse dentro del t�rmino que el mismo c�digo se�ala.

"El Ministerio podr� tomar en cuenta para su decisi�n los informes que le suministren tanto las entidades p�blicas como las asociaciones de abogados. En el evento de que contra el funcionario o empleado judicial se est� adelantando alguna investigaci�n disciplinaria, el tr�mite de inscripci�n en la carrera podr� aplazarse hasta cuando la investigaci�n culmine.

"En ning�n caso podr� ser inscrito en la carrera el funcionario judicial que haya sido destituido o suspendido por una vez por treinta d�as o m�s, o por dos veces que sumadas sean iguales o superiores a treinta d�as, o sancionado tres o m�s veces cualquiera que sea la naturaleza de la sanci�n.

"Art�culo 210. En ning�n caso podr� ser inscrito en la carrera el empleado judicial que haya sido destituido, o suspendido por una vez por treinta o m�s d�as, o por dos veces que sumadas sean iguales o superiores a treinta d�as; o sancionado tres veces, cualquiera que sea la naturaleza de la sanci�n, salvo el caso contemplado en el art�culo 103 del Decreto n�mero 250 de 1970.

"Art�culo 211. La Procuradur�a General de la Naci�n, a trav�s de la Divisi�n de Registro y Control, expedir� el certificado de antecedentes disciplinario, en un plazo m�ximo de veinte d�as h�biles, a partir de la fecha de recibo de la solicitud. El certificado deber� referirse a los �ltimos cinco a�os. En caso de que el funcionario o empleado judicial haya sido sancionado disciplinariamente, deber� anexar al certifi�cado copia autenticada de la respectiva providencia. Si hubiere una investigaci�n en curso, �sta circunstancia y los hechos que la han originado se har�n constar en el certificado.

"Si el certificado fuere expedido dentro del t�rmino fijado en este art�culo, el peticionario deber� presentar constancia de que lo solicit� en tiempo.

"Art�culo 212. Mientras el Ministerio de justicia decide sobre la solicitud de inscripci�n en la carrera, el empleado judicial gozar� de estabilidad en el cargo que desempe�a pero s�lo hasta el vencimiento del per�odo judicial del nominador y no podr� ser removido en ese tiempo sino por causas legales y mediante el procedimiento se�alado en el presente Decreto.

"Igualmente se hace extensivo este derecho en los casos en que el empleado no re�na los requisitos exigidos o no haya efectuado la solicitud de ingreso a la carrera dentro del tiempo se�alado en este estatuto.

"Art�culo 213. El empleado que se encuentre en la situaci�n prevista en el inciso segundo del art�culo anterior que posteriormente re�na los requisitos estableci�dos en el art�culo 204 de este Decreto, tendr� derecho a solicitar su inscripci�n en la carrera judicial, previo cumplimiento de los requisitos sobre concursos consagrados en el presente Decreto.

"Art�culo 214. El funcionario judicial que no hiciere la solicitud de inscripci�n en la carrera, de conformidad con las disposiciones transitorias establecidas en este Decreto, podr� posteriormente ingresar a ella, previo el cumplimiento de las condi�ciones sobre concursos se�aladas en el presente estatuto.

"Art�culo 215. El funcionario o empleado judicial inscrito en la carrera gozar� de estabilidad y tendr� derecho a ser promovido a cargos de superior categor�a, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y no podr� ser removido sino por causas legales y mediante los procedimientos establecidos en el mismo.

"Art�culo 216. La Procuradur�a Delegada para la Vigilancia Judicial, directa�mente o por medio de las procuradur�as regionales o de las oficinas seccionales, velar� por el estricto cumplimiento de las disposiciones contempladas en el presente cap�tulo.

"Art�culo 217. Los funcionarios que incumplan las obligaciones que consagra el presente cap�tulo incurrir�n en causal de mala conducta sancionable de acuerdo con las normas legales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

"Art�culo 218. Los empleos de los despachos judiciales creados por el Decreto n�mero 3822 de 1985, no son de carrera judicial.

"Art�culo 219. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su promulgaci�n, modifica en lo pertinente el Decreto extraordinario n�mero 250 de 1970, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

"El Ministro de Justicia, Enrique Parejo Gonz�lez, El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, Ericina Mendoza Saladen".

Aunque se trata de un escrito confuso, la mayor parte de cuyos argumentos versan sobre la inconveniencia del estatuto objeto de acci�n, se puede concluir que los principales cargos formulados en la demanda son los siguientes:

1. Violaci�n de los art�culos 17 y 39 de la Constituci�n Nacional por haber establecido requisitos excesivos para desempe�ar cargos cobijados por la carrera judicial, la cual, seg�n el pensamiento del demandante vulnera la libertad de trabajo.

2. Violaci�n del art�culo 142 de la Constituci�n, a cuyo tenor los funcionarios del Ministerio P�blico tendr�n la misma categor�a, remuneraci�n, privilegios y prestaciones de los magistrados y jueces ante quienes ejercen sus cargos, toda vez que el Decreto acusado excluy� de su r�gimen a aquellos empleados.

3. Exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas, por cuanto �stas se refer�an a la revisi�n, reforma y funcionamiento del estatuto de la carrera judicial, en tanto que el Decreto acusado (art�culos 93, 176 y 181) estableci� asesor�as con el Departamento Administrativo del Servicio Civil.

4. Violaci�n de la Constituci�n no dice en cu�les de sus normas por haber creado y establecido la Escuela Judicial sin especificar si se trata de establecimiento p�blico o de otro tipo de entidad administrativa.

5. Violaci�n del art�culo 76, ordinal 9�de la Constituci�n, "pues solamente por ley se puede reformar la estructura de la administraci�n y crear escuelas como entes p�blicos o entidades p�blicas". A trav�s de la Ley 52 de 1984 no se otorg� al Presidente facultad alguna para ello.

6. Extralimitaci�n de las facultades extraordinarias en cuanto se dictaron varios decretos para desarrollarlas, en vez de un solo estatuto ordenado y coherente.

7. Violaci�n del art�culo 118, numeral 8o de la Carta por haber otorgado competencias al Tribunal Disciplinario (art�culos 163 a 168), "lo que atenta contra el r�gimen estatuido y competitivo (sic) de ese alto Tribunal (...), pues esas facultades no se las otorg� el Congreso al Presidente, ni las preve�a el Decreto n�mero 250 de 1970, pues ah� (sic) al Tribunal Disciplinario solamente se le atribuye la competencia para investigar disciplinariamente a ciertos funcionarios de alto rango (art. 108 Decreto n�mero 250 de 1970)".

8. Exceso en el uso de las facultades extraordinarias por haberse establecido que el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar� a los tribunales la lista de los seleccionados para la carrera (Cap�tulo V Decreto n�mero 2400/86, art�culos 62 y ss.), "limitando la libre facultad de las corporaciones para elegir sus jueces, los que se convierten en vitalicios e inclusive se establece que si el rendimiento no es bueno este Consejo de por s� inconstitucional erado (sic), puede excluir al funcionario de las listas, lo que lo convierte impl�citamente en un nuevo nominador de jueces".

9. Extralimitaci�n de las facultades otorgadas por haber adicionado el presu�puesto nacional para la Rama Jurisdiccional.

El se�or Procurador General de la Naci�n, mediante oficio 1094 de noviembre 7 de 1986, expresa:

1. Los t�rminos "revisar, reformar y poner en funcionamiento", con los cuales fueron otorgadas las facultades extraordinarias no equivalen a hacer un nuevo estatuto de la carrera judicial, puesto que la revisi�n y reforma no implica necesaria�mente la derogaci�n de todas las normas anteriores, sino apenas de aqu�llas incompa�tibles con las nuevas.

2. La ley de facultades no dispuso que �stas se desarrollaran en un decreto �nico.

3. No es cierto que el estatuto de la carrera judicial se haya expedido en varios decretos, sino que las reformas sustanciales de la carrera est�n comprendidas en el Decreto n�mero 2400 de 1986.

4. Solamente algunos art�culos del Decreto demandado "se ajustan al concepto de violaci�n sustentado por el demandante".

5. La asesor�a de una entidad estatal especializada en el manejo de la carrera de los empleados p�blicos, como lo es el Departamento Administrativo de Servicio Civil, adem�s de conveniente, no es ajena sino que desarrolla las facultades extraordinarias, pues representa un medio para poner en funcionamiento la carrera.

6. Todo lo pertinente a la Escuela Judicial concierne a la carrera y, por tanto, los art�culos que a ella se refieren, as� como los relativos al Consejo Superior de la Escuela Judicial como organismo directamente relacionado con la carrera judicial, no exceden las facultades conferidas.

7. El r�gimen disciplinario hace parte de toda carrera y, por tal raz�n, consagrar nuevos tr�mites procesales y competencias (art�culos 163 a 168 del Decreto), no propasa las precisas facultades conferidas por la Ley 52 de 1984.

8. Citando jurisprudencia de la Corte (sentencias del 4 de abril de 1974 y 13 de Noviembre de 1975) afirma que la ley s� pod�a asignar funciones al Tribunal Disciplinario.

9. El art�culo 79 del Decreto n�mero 2400 de 1986, al ordenar que en el Presupuesto de la Rama Jurisdiccional se incluyan las partidas necesarias para la capacitaci�n del personal judicial, no lo adiciona, como pretende el actor, sino simplemente establece unas indicaciones para su adecuada distribuci�n, lo que no es ajeno a la autorizaci�n de "poner en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial".

10. El Decreto fue expedido dentro del tiempo se�alado por la ley de facultades.

11. Sobre la posible violaci�n de los art�culos 17 y 39 de la Constituci�n expresa:

"El actor plantea la infracci�n de los art�culos 17 y 39 de la Carta, haciendo comentarios sobre los requisitos exigidos por el Decreto n�mero 2400 de 1986 a los empleados judiciales y poniendo algunos ejemplos, pero sin determinar cu�l es la disposici�n del Decreto acusado que viola dichas normas superiores. Aunque puede deducirse que el art�culo en cuesti�n es el 204 del Decreto demandado, el Despacho considera que la Corte no puede pronunciarse sobre el particular, por cuanto el numeral 3o del art�culo 16 del Decreto n�mero 432 de 1969 se�ala que la demanda debe contener las razones' de violaci�n, las cuales deben l�gicamente referirse a una norma en particular y no a la totalidad del Decreto, ya que el art�culo 214 de la Constituci�n prev� la acci�n de inexequibilidad por acusaci�n ciudadana y no como una atribuci�n oficiosa de la Corte".

12. No acoge el concepto del demandante en cuanto a violaci�n de la Carta, por no incluir a los funcionarios del Ministerio P�blico.

"El Despacho no comparte la opini�n del actor en el sentido de que las citadas disposiciones infringen los art�culos 142 y 162 de la Carta, por no incluir al Ministerio P�blico, ya que el art�culo 2o del Decreto acusado, al ocuparse exclusiva�mente de los funcionarios y empleados judiciales, en nada se opone al mandato del art�culo 142 de la Constituci�n que consagra la igualdad en categor�as, remuneracio�nes y privilegios entre los funcionarios de la Rama Jurisdiccional y los del Ministerio P�blico y el art�culo 197 del mismo Decreto, no desconoce al personal del Ministerio P�blico, porque remite la reglamentaci�n de la correspondiente carrera a una normatividad posterior, lo cual, como ya se expres� al analizarse las facultades, no estaba prohibido por la Ley 52 de 1984. Por otra parte, el art�culo 205 del Decreto n�mero 2400, en lugar de ignorar al Ministerio P�blico, reitera su importancia, al tener en cuenta el servicio prestado en las fiscal�as, como experiencia para el ejercicio de cargos en la Rama Jurisdiccional. Finalmente, respecto del art�culo 162 superior, el actor no explica porqu� raz�n los citados art�culos lo violan, ni el Despacho encuentra ninguna raz�n de infracci�n ya que dicha norma otorga a la ley la atribuci�n de establecer la carrera judicial y para reglamentar 'los sistemas de concurso para la selecci�n de los candidatos que hayan de desempe�ar los cargos judiciales y los del Ministerio P�blico, las jubilaciones', etc., lo cual no se opone a que la carrera judicial y del Ministerio P�blico sean previstas en diferentes decretos".

13. Dice el Agente del Ministerio P�blico que, en su opini�n, es procedente la decisi�n inhibitoria en cuanto a los cargos formulados contra los art�culos 62 y siguientes del Decreto n�mero 2400 de 1986, por no determinar exactamente cu�les son los textos acusados.

El Procurador solicita que se declaren exequibles los art�culos 73, 79, 93, 100, 119, 163 a 168, 175, 176a 181 y 219 del Decreto n�mero 2400 de 1986, "pero s�lo en cuanto a facultades se refieren (sic)".

Pide igualmente que se declaren exequibles los art�culos 2o, 197 y 205 del mismo Decreto y que respecto de los dem�s art�culos se inhiba la Corte de pronunciarse.

Por raz�n de la naturaleza del Decreto acusado, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para fallar en forma definitiva sobre su constitucionalidad, seg�n lo dispone el art�culo 214 de la Carta.

El Decreto n�mero 2400 de 1986 fue objeto de varias demandas, una de las cuales -la que ha dado origen al presente proceso- versa sobre la totalidad de sus disposiciones.

La demanda fue presentada el d�a 22 de septiembre de 1986 y admitida mediante auto de fecha 3 de octubre del mismo a�o, cuando el Decreto acusado se encontraba en plena vigencia.

Repartido el expediente, se elabor� la respectiva ponencia que fue registrada el 2 de diciembre de 1986 y adoptada por la Sala Constitucional el 3 de diciembre.

El 13 de enero de 1987, en ejercicio de las mismas facultades extraordinarias con apoyo en las cuales se hab�a dictado el Decreto n�mero 2400 de 1986 (Ley 52 de 1984), el Gobierno Nacional expidi� el Decreto n�mero 052 de 1987, que derog� expresamente el 2400 de 1986, salvo sus art�culos 67, 188 a 194, 201, 206 y 207, exceptuados en el art�culo 142 del nuevo Estatuto, el cual dispuso, adem�s, que regir�a a partir de su publicaci�n en el "Diario Oficial", ocurrida en la misma fecha.

Se encuentra entonces, que al momento de ser derogado el Decreto n�mero 2400 de 1986, la Corte ya hab�a asumido el conocimiento sobre su constitucionali�dad y gozaba, por tanto, de la plena competencia para fallar al respecto, sin que de ella pudiera ser despojada por la actuaci�n posterior del Ejecutivo ni del Legislador ordinario.

En efecto, seg�n el claro texto del art�culo 214 de la Constituci�n, corresponde a la Corte decidir definitivamente sobre la exequibilidad de todas las leyes y de los decretos leyes que all� se indican "cuando fueren acusados ante ella de inconstitucio�nalidad por cualquier ciudadano". De tal modo que si, habi�ndose incoado y admitido la demanda durante la vigencia de la norma, se sucede la derogatoria de ella antes del fallo, rio puede la Corte Suprema de Justicia dejar de pronunciarse, toda vez que en su cabeza se ha radicado ya la competencia.

Siendo ello as�, entrar� la Corte a decidir sobre la demanda que dio lugar al presente juicio de constitucionalidad.

Como lo expresa el se�or Procurador en su concepto, el Gobierno Nacional ejerci� las facultades dentro del t�rmino de dos a�os previsto por el art�culo 1� de la Ley 52 de 1984 y, por tanto, en ese aspecto se cumplieron a cabalidad las prescripcio�nes constitucionales.

Un an�lisis de la demanda permite concluir que ella versa sobre la totalidad de las normas integrantes del Decreto, si bien los cargos sustentados por el demandante aluden a algunos de sus art�culos y en ocasiones no precisan en forma exacta las razones de la acusaci�n.

No obstante lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto en el art�culo 29 del Decreto n�mero 432 de 1969, procede la Corte a confrontar todas las disposiciones acusadas con la totalidad de los preceptos de la Constituci�n, a fin de pronunciarse definitivamente sobre si aqu�llas son o no constitucionales.

Se examina ante todo la materia propia de las facultades extraordinarias. Fueron ellas conferidas al Presidente de la Rep�blica por la Ley 52 de 1984, cuyo art�culo 1� dice textualmente:

"Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica

"Art�culo 1�. De conformidad con el ordinal 12 del art�culo 76 de la Constitu�ci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por el t�rmino de dos (2) a�os para:

"3�. Revisar, reformar y poner en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial.

"El ataque fundamental contra la integridad del Decreto n�mero 2400 de 1986 consiste en afirmar que las facultades se otorgaron al Presidente de la Rep�blica para que revisara, reformara y pusiera en funcionamiento el estatuto de la Carrera Judicial y que ello ha debido hacerse a trav�s de un solo cuerpo normativo, pero que el Gobierno extralimit� esas autorizaciones al dictar varios decretos, uno de los cuales es el demandado.

"Arguye el actor que en esta ocasi�n se dan id�nticos motivos a los que se tuvieron en cuenta por la Corte para declarar la inexequibilidad de los Decretos n�meros 1853 de 1985 y 056 de 1986, por medio de los cuales el Gobierno hab�a desarrollado parcialmente las facultades extraordinarias que le concedi� la misma Ley 52 de 1984 para expedir un C�digo de Procedimiento Penal.

"Empero, esta Corporaci�n no encuentra que puedan asimilarse los dos tipos de facultades, los cuales presentan ostensibles diferencias. En el caso que se invoca como precedente por el demandante, se hac�a expresa referencia a la expedici�n de un c�digo, al paso que en materia de carrera judicial, la atribuci�n otorgada al Ejecutivo incluy� tanto la posibilidad de 'revisar' y 'reformar' un estatuto, como la de 'ponerlo en funcionamiento', todo lo cual puede requerir, dada su misma amplitud y diversidad, la expedici�n de varios actos.

"N�tese, adem�s, c�mo en el asunto que ahora estudia la Corte, el legislador ordinario para nada habl� de expedir un C�digo sobre carrera judicial, sino de la revisi�n y reforma de un estatuto sobre ella. Es claro que tales conceptos (c�digo y estatuto) no son sin�nimos ni equivalentes, pues mientras el C�digo, seg�n criterio que ha venido sentando la jurisprudencia constitucional, es un conjunto coherente y arm�nico de disposiciones sobre una materia, que se ordena en un solo cuerpo, el estatuto es el r�gimen jur�dico que gobierna una determinada actividad o un ramo especializado, el cual puede estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jur�dicos, sin que deban necesariamente estar compendiadas en un solo texto. Lo esencial es que todas ellas, aunque sean de distinta jerarqu�a, guarden entre s� homogeneidad, no en su pertenencia a un mismo C�digo, sino en su referencia o relaci�n con el �rea de que se trata. As� pues, el concepto de 'estatuto' es bastante m�s amplio que el de C�digo y, por ende, no se deben confundir como evidentemen�te lo hace la demanda.

"En este orden de ideas, no es de recibo aplicar al Decreto n�mero 2400 de 1986 la doctrina expuesta por la Corte en los fallos a que alude la demanda, raz�n por la cual este cargo de inconstitucionalidad no est� llamado a prosperar.

"Afirma tambi�n el demandante que todas aqu�llas normas acusadas en las cuales se exigen requisitos m�nimos para ingresar a la carrera judicial por parte de quienes desempe�an cargos en la Rama Jurisdiccional, son contrarias al orden constitucional en cuanto atentan contra la especial protecci�n que, seg�n el art�culo 17 de la Carta, merece el trabajo.

"No lo considera as� la Corte, puesto que la protecci�n del trabajo no radica en la inexistencia de condiciones y aptitudes para obtener las garant�as laborales que otorga la carrera en el ejercicio de los empleos, como la estabilidad y los ascensos. Es l�gico que todo empleador, y m�s a�n el Estado, en guarda de la eficiencia de los servicios a su cargo, exija ciertos niveles de preparaci�n, conocimientos o capacida�des adecuadas a las distintas funciones que los empleados deben cumplir.

"Pero, adem�s, no puede existir carrera alguna, ni administrativa ni judicial, que pueda prescindir de la determinaci�n de requisitos para las distintas escalas que la integran, pues solamente a trav�s de ellos se puede asegurar objetivamente y con la debida certeza, tanto para las entidades como para los empleados, cu�l ser� la forma de ascender sobre la base de unas exigencias m�nimas para lograrlo.

"Por tanto, si se confirieron facultades extraordinarias al Ejecutivo para poner en funcionamiento la carrera judicial y para revisar y reformar las disposiciones de su estatuto, es claro que se hallaba autorizado para se�alar condiciones y requisitos para ingreso a la misma en los diversos cargos de la Rama Jurisdiccional.

"En consecuencia, ni se excedieron las facultades extraordinarias al fijarse los requisitos m�nimos de los empleos, los cuales constituyen factor esencial de la carrera, ni se atent� contra la debida protecci�n estatal que la Constituci�n exige para el trabajo.

"El art�culo 1� del Decreto n�mero 2400 de 1986 establece que todos los cargos de la Rama Jurisdiccional, salvo las excepciones qu� all� mismo se enuncian 'deben ser provistos por el sistema de m�rito contemplado en el presente Decreto'.

"A lo largo de todo el estatuto se desarrolla lo que se entiende por tal sistema de m�rito y se precept�a cu�l ha de ser su funcionamiento, as� como los �rganos a los cuales se conf�a.

"Por ejemplo, el art�culo 19 subraya que con base en el sistema de m�rito previsto para la promoci�n del personal inscrito en la carrera, la Escuela Judicial elaborar� listas de elegibles para la provisi�n de los empleos vacantes.

"El art�culo 44 expresa que la Escuela Judicial deber� realizar concursos de manera permanente con el fin de mantener listas de elegibles vigentes y suministrarlas a las correspondientes autoridades nominadoras cuando deban proveer vacantes.

"El art�culo 50 se�ala que durante la vigencia de las listas de elegibles (dos a�os, al tenor del art�culo 45), toda vacante definitiva deber� proveerse con personas que figuren en ella, siempre que se trate del cargo para el cual se concurs�.

"El art�culo 53 dice que cuando se trate de empleados, la autoridad nominadora deber� nombrar en per�odo de prueba a los aspirantes que hayan ocupado los cinco primeros puestos de la lista, la cual deber� actualizarse o renovarse a medida que sean designadas estas personas.

"El art�culo 60 dispone que los nombramientos en propiedad de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional se har�n por las corporaciones competentes, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial, entre quienes ocupen los cinco (5) primeros puestos, las que ser�n elaboradas con base en los concursos realizados para el efecto.

"El art�culo 61 expresa que la elaboraci�n de listas para los cargos de Magistrado de Tribunal, se har�n teniendo en cuenta que quienes las integren, adem�s de llenar los requisitos constitucionales y legales, hayan desempe�ado cualquiera de los correspondientes cargos en el respectivo departamento o que sean oriundos de �l.

"El art�culo 62 ordena al Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar a la respectiva autoridad nominadora las listas de las personas seleccionadas, por riguroso orden de m�rito.

"Con la debida antelaci�n, cuando se trate de iniciaci�n de per�odo, el Consejo Superior de la Escuela Judicial enviar� a la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los Tribunales Administrati�vos y Superior de Aduanas, las listas de personas que re�nan calidades y condiciones para ser designados magistrados o jueces.

"Con miras a la integraci�n de las salas de los tribunales, los candidatos a magistrados se clasificar�n por especialidades, en las distintas disciplinas del derecho.

"Cuando se produzca una vacante, la respectiva autoridad nominadora solicita�r� la lista de elegibles al Consejo Superior de la Escuela Judicial, la cual le deber� ser remitida al presidente de la Corporaci�n, quien la someter� a consideraci�n de la entidad en pleno.

"Los art�culos 23 a 59 del Decreto establecen el proceso de selecci�n para el ingreso a la carrera judicial, cuya direcci�n y administraci�n corre a cargo de la Escuela Judicial y su Consejo Superior (art�culo 20), as� como para la elaboraci�n de las listas de elegibles que luego se enviar�n, seg�n lo ya dicho, a las autoridades nominadoras.

"El art�culo 93 a�ade que la Escuela Judicial elaborar� los modelos de formula�rios, determinar� la ponderaci�n de los factores e impartir� las instrucciones necesa�rias para la adecuada y oportuna calificaci�n de servicios, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil.

"En general, todas las normas de los Cap�tulos I, II, III, IV y V est�n orientadas a configurar el sistema de carrera judicial sobre la base de concursos que habr�n de adelantarse a cargo y bajo la direcci�n de la Escuela Judicial y establecen que los nombramientos y elecciones tanto de empleados como de funcionarios, se har�n de listas elaboradas por el Consejo Superior de la Escuela Judicial seg�n los principios del sistema de m�rito fijados en el mismo Decreto. El cap�tulo VI se�ala el escalaf�n aplicable a los funcionarios judiciales de carrera, al paso que el Cap�tulo XV contempla el sistema de informaci�n de personal, tambi�n a cargo de la Escuela Judicial, entidad �sta que, seg�n expresa el art�culo 177, deber� llevar estad�sticas continuas sobre los servidores judiciales, las cuales servir�n de base para la elabora�ci�n de diagn�sticos que permitan definir pol�ticas y desarrollar programas destinados a una mejor utilizaci�n de los recursos humanos al servicio de la Rama Jurisdiccio�nal. Dice el 178 que todas las autoridades y corporaciones judiciales, debidamente orientadas por la Escuela Judicial, con la asesor�a del Departamento Administrativo del Servicio Civil, est�n obligadas a participar en la elaboraci�n de dichas estad�sticas. Y agrega el 179 que 'a todo funcionario o empleado judicial deber� llev�rsele en la Escuela Judicial un registro individual debidamente actualizado' y que todas las autoridades judiciales est�n obligadas a proveer los documentos que con ese objeto 'se les soliciten dentro de los plazos y condiciones que se estipulen', bajo apremio de sanciones disciplinarias. Si bien no se expresa cu�l sea la entidad competente en estas materias, parece concluirse que ellas estar�an a cargo de la Escuela Judicial, ya que es a dicha entidad a la que se conf�a la direcci�n y manejo de la informaci�n sobre personal.

"El art�culo 112, literal k), del Decreto n�mero 2400, se�ala como deber de los funcionarios y empleados judiciales, el de poner en conocimiento del Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia, por intermedio de la Divisi�n de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, los hechos que puedan perjudicar la administraci�n de justicia y las iniciativas que.se estimen �tiles para el mejora�miento del servicio.

"Las normas a las que se acaba de hacer referencia y aqu�llas que las complementan, tienen por elemento com�n el de establecer limitaciones al libre ejercicio de la autonom�a nominadora y al manejo del personal perteneciente a la Rama Jurisdic�cional del poder p�blico. En todas ellas, invariablemente, aparece la Escuela Judicial como el organismo a cuyas listas, en unos casos, directrices, pautas y orientaciones, en otros deben someterse las autoridades y corporaciones judiciales, bajo el apremio de sanciones disciplinarias.

"Interpretadas en su conjunto, las disposiciones enunciadas representan la estructuraci�n de la carrera judicial bajo la direcci�n y administraci�n de la Escuela, cuyas funciones, seg�n esos preceptos, van mucho m�s all� de las puramente formativas del personal que preste sus servicios a la Rama Jurisdiccional. Considera la Corte que son, m�s bien, funciones de nominaci�n, direcci�n, manejo y calificaci�n de dicho personal, e inclusive de injerencia en las actividades administrativas y nominadoras de las corporaciones y autoridades judiciales.

"La Escuela Judicial fue creada por el art�culo 46 del Decreto n�mero 250 de 1970, con el fin de capacitar en forma especializada a los funcionarios y empleados, bajo la orientaci�n del Consejo Superior de la Administraci�n de Justicia. Sin determinar cu�l era su naturaleza, all� mismo se dijo que la organizaci�n y funciona�miento se dispondr�an 'por decreto reglamentario'.

"Mediante Decreto n�mero 1373 de abril 12 de 1986, expedido con apoyo en las ya mencionadas facultades extraordinarias de la Ley 52 de 1984, se organiz� la Escuela Judicial 'Rodrigo Lara Bonilla', como una Direcci�n General del Ministerio de Justicia.

"De lo anterior se deduce que es equivocada la afirmaci�n del demandante en el sentido de que la Escuela Judicial haya sido creada por el Decreto n�mero 2400 de 1986, raz�n por la cual carece de todo fundamento una posible inconstitucionalidad de ese decreto por modificar sin facultades la estructura de la administraci�n nacional (art. 76, ordinal 9�, C. N.).

"En cambio, s� encuentra la Corte que es fundada la inquietud del actor en cuanto a la infracci�n de las normas constitucionales sobre separaci�n de funciones y autonom�a de una de las ramas del poder p�blico, teniendo en cuenta las ampl�simas atribuciones que el Decreto n�mero 2400 de 1986 confiere a la Escuela Judicial y la dependencia que respecto de ella establecen varios de los art�culos ya citados.

"En efecto, dispone el art�culo 55 de la Constituci�n, que el Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas, aunque colaboran arm�nicamente en la realizaci�n de los fines del Estado.

"Esa estructura tiene por objeto primordial el de impedir la concentraci�n de poderes o facultades, estableciendo, a la manera como lo expon�a el Bar�n de Montesquieu, un sistema de controles y equilibrios ('Checks and balances'), que necesariamente implica diferenciaci�n y autonom�a funcional para garant�a de los gobernados.

"Bien es cierto que la evoluci�n de las ideas jur�dicas y pol�ticas, as� como los enormes desaf�os a los que debe responder el Estado contempor�neo, en especial en los aspectos econ�micos y sociales, han dejado atr�s la teor�a extrema de la divisi�n de poderes, y, poco a poco, se ha ido reemplazando ese concepto absoluto por el moderado, que implica un arm�nico equilibrio y mutuo apoyo entre quienes ejercen el poder p�blico para alcanzar los objetivos del bien com�n. Tal es la concepci�n plasmada en la Carta pol�tica colombiana, que se refleja no solamente en la ya se�alada expresi�n del art�culo 55, sino que se desprende de su contexto general.

"No obstante lo anterior, la necesaria autonom�a entre las ramas del poder, sigue constituyendo preciosa garant�a democr�tica que no resulta anulada por la colabora�ci�n arm�nica y que, en cambio, aparece conculcada cuando una rama del poder p�blico depende de otra para el ejercicio de sus funciones.

"Tal es el caso de las aludidas disposiciones del Decreto n�mero 2400 de 1986, todas las cuales, por consagrar verdaderas imposiciones de la Escuela Judicial (Orga�nismo dependiente del Ejecutivo) sobre las autoridades y corporaciones jurisdiccio�nales, desconocen de manera flagrante el principio de independencia y autonom�a entre las ramas del poder y violan, por tanto, el art�culo 55 constitucional.

"Considera la Corte que la norma del art�culo 162 de la Constituci�n, que obliga a la ley a establecer la carrera judicial y que le ordena reglamentar los sistemas de concurso para la selecci�n de los candidatos que hayan de desempe�ar los cargos judiciales, no conlleva autorizaci�n para que el legislador deje dicha carrera y los sistemas de concurso en manos de una oficina o repartici�n subalterna de la Rama Administrativa, ni para plasmar excepciones al mandato del art�culo 55, ya que ellas tan solo caben por la v�a de reforma constitucional, mas no por medio de leyes.

"La autonom�a de las autoridades o corporaciones nominadoras est� tutelada, adem�s del mencionado precepto, en los art�culos 156 y 158 de la Constituci�n.

"Dice el primero que los magistrados de los tribunales 'ser�n elegidos por la Corte Suprema de Justicia de entre los ciudadanos que re�nan las condiciones del art�culo anterior (155)' (Se subraya). Manifiesta el segundo que los jueces 'ser�n elegidos para per�odos de dos a�os por el Tribunal Superior del respectivo distrito', sin agregar nada sobre posibles ternas o listas provenientes de �rganos distintos.

"Por tanto, tambi�n esas normas resultan violadas por los art�culos que se comentan.

"Por otra parte, en cuanto a los cargos respecto de los cuales, la Constituci�n enuncia los requisitos indispensables para su desempe�o, como sucede con los Magistrados de Tribunales Superiores (art. 155 C.N.), los jueces superiores, de circuito, de menores, especializados y de Instrucci�n Criminal, (art. 157 C.N.) y los Municipales (art. 158 C. N.), no puede la ley cambiar las exigencias constitucionales, como ser�a por ejemplo el tiempo de experiencia se�alado para desempe�ar estos cargos, pues cualquier modificaci�n de los enunciados preceptos debe producirse por Acto Legislativo expedido por el Congreso con las formalidades previstas en el art�culo 218 de la Constituci�n.

"La �nica facultad que, en lo tocante con los expresados cargos, deja el Constituyente al legislador es la de indicar la forma en que se acreditan las calidades exigidas para desempe�arlos (art. 159 C.N.).

"Existe, pues, en numerosas disposiciones del Decreto n�mero 2400 de 1986, un triple motivo de quebranto para el orden constitucional: la ruptura del equilibrio entre las ramas del poder p�blico, el constre�imiento de los nominadores en cuanto se los obliga a sujetarse a listas previamente elaboradas para proceder a nombramien�tos y elecciones, y la modificaci�n de requisitos previstos en la Carta para el desempe�o de ciertos cargos, lesionando de contera el derecho de los ciudadanos que cumpli�ndolos, estar�an en condiciones de acceder a la funci�n p�blica jurisdiccio�nal. Si ello es as�, la Corte declarar� inexequibles todas aquellas disposiciones del Decreto que, en una u otra forma, atenten contra los enunciados principios.

Dice el art�culo 79 del Decreto n�mero 2400 de 1986 que en el Presupuesto de la Rama Jurisdiccional deber�n incluirse anualmente las partidas necesarias para financiar los programas de formaci�n, adiestramiento y perfeccionamiento de los funcionarios y empleados judiciales.

En criterio de la Corte, esta norma implica una obligaci�n permanente estable�cida en cabeza del Congreso y el Gobierno, respectivamente, al elaborar el proyecto y aprobar cada a�o la ley de Presupuesto.

Por tanto se est� modificando la ley Org�nica de Presupuesto (art�culo 76, ord. 3�, y 210 C.N.), lo cual puede hacer el legislador, tanto el ordinario como el extraordinario, pero en el caso de este �ltimo siempre y cuando haya sido expresa�mente facultado para ello, puesto que las facultades extraordinarias como deben ser precisas, conforme a la Carta, son de interpretaci�n restrictiva seg�n ha sostenido la Corte en numerosos fallos.

Es evidente que, en el asunto objeto del presente proceso, tal autorizaci�n legislativa no exist�a. Verdad que la Ley 52 de 1984 dispuso en el art�culo 4o: "Para dar cumplimiento a lo ordenado en esta ley, fac�ltase al Gobierno Nacional para realizar los traslados presupu�stales indispensables y para abrir cr�ditos y contracr�ditos".

El lenguaje de la norma transcrita, frecuente en leyes de facultades que deman�dan gastos adicionales, se interpreta como referente a la vigencia en curso (1984) pero en modo alguno como autorizaci�n legal para modificar, ni adicionar la ley normativa del Presupuesto.

De lo anterior se deduce que el citado art�culo 79 infringe el ordenamiento constitucional por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias (art�culos 55 y 118, ordinal 8� C.N.) y por ello ser� declarado inexequible.

"En los juzgados ubicados en cabecera de Distrito Judicial, los jueces de com�n acuerdo, podr�n reducir el horario de atenci�n al p�blico, hasta por dos horas diarias, sin disminuir la jornada laboral establecida en las normas pertinentes".

"Los directores seccionales de Instrucci�n Criminal podr�n disponer la rotaci�n de los juzgados de Instrucci�n Criminal, y el cambio de juzgados radicados en ambulantes, consultando las necesidades del servicio previamente establecidas.

Estas dos normas, independientemente de las consideraciones que en torno a su conveniencia o inconveniencia puedan hacerse -asunto que no compete a la Corte-, representan incursiones del legislador extraordinario en materias completamente ajenas a las previstas en la ley de facultades, pues en nada se relaciona la carrera judicial ni su funcionamiento con la reducci�n en el horario de atenci�n al p�blico, ni con la rotaci�n de juzgados de Instrucci�n Criminal.

En consecuencia, las mencionadas disposiciones ser�n declaradas inexequibles por violaci�n de los art�culos 55 y 118, ordinal 8� de la Constituci�n Pol�tica.

"Establ�cese el siguiente escalaf�n para los funcionarios judiciales de carrera:

- Magistrado de Tribunal Superior de Distrito judicial, Contencioso-Administrativo y Superior de Aduanas.

Todo escalaf�n, por su misma naturaleza y por los objetivos que persigue, implica necesariamente grados o niveles, unos superiores a los otros. De modo que, tal como lo prev� el precepto transcrito, el Magistrado de Tribunal Superior tiene mayor jerarqu�a dentro del escalaf�n establecido, que el Juez Superior de Distrito Judicial y �ste lo tiene respecto del Juez Superior de Aduanas, quien a su vez goza de mejor nivel que el Juez de Menores, y as� sucesivamente.

Considera la Corte que la norma acusada introduce una jerarquizaci�n que no encuentra apoyo en disposiciones constitucionales y que, por el contrario, resulta diferente de la contemplada en el art�culo 157 del Estatuto Fundamental.

En efecto, seg�n dicha previsi�n superior, tienen el mismo nivel o categor�a los jueces superiores, los de circuito, los de menores, los jueces especializados y los jueces de Instrucci�n Criminal. M�s a�n,, despu�s de mencionarlos y antes de referirse a los dem�s para consagrar por v�a enunciativa la disposici�n sobre requisi�tos, el Constituyente utiliz� las expresiones "de igual o superior categor�a a los indicados" (subraya la Corte), con lo cual los dej� cobijados por la misma preeminen�cia o importancia.

Desde luego, el art�culo acusado, cuando menos en lo referente a los niveles 2� a 9o, introdujo categor�as que contrar�an abiertamente el tenor del mandato constitucional.

Fuera de eso, la norma legal que se estudia, excluy� del escalaf�n a los jueces especializados, a los cuales menciona expresamente el art�culo 157 de la Constitu�ci�n, como pertenecientes a la misma jerarqu�a referida. Esta omici�n <sic> vicia de inconstitucionalidad el indicado precepto.

El art�culo 161 del Decreto demandado pone en cabeza de la Escuela Judicial, que como ya se dijo es dependencia de la Rama Ejecutiva, una funci�n que, a juicio de la Corte, rompe el equilibrio arm�nico previsto por el art�culo 55 de la Constitu�ci�n y viola tambi�n sus art�culos 142 y 143, en cuanto atribuye a un organismo administrativo funciones propias de la Rama Jurisdiccional del Ministerio P�blico. Dice as� el art�culo que se comenta:

La Escuela Judicial y sus dependencias regionales o seccionales deber�n llevar un libro especial de control disciplinario, en el cual se radicar�n, en el orden de su presentaci�n, las quejas que se formulen contra los empleados judiciales.

Estima esta Corporaci�n que no puede la ley atribuir el control disciplinario de los funcionarios y empleados judiciales a un organismo perteneciente a la Rama Ejecutiva, sin grave lesi�n de los preceptos constitucionales enunciados, por cuanto ello implica invasi�n de los terrenos que la propia Carta ha demarcado como propios del Ministerio P�blico y de aqu�llos que, seg�n la autonom�a ya expuesta, correspon�den a la Rama Jurisdiccional respecto de sus subalternos.

Por otra parte, la disposici�n legal que se ha transcrito infringe directamente el art�culo 160, inciso 2� de la Carta, a cuyo tenor los magistrados y los jueces estar�n sujetos a sanciones disciplinarias impuestas por el respectivo superior (subraya la Corte), en la forma que determine la ley. De lo cual se concluye que el legislador extraordinario rebas� su �rbita de competencia, al atribuir a organismos diferentes la posibilidad de recibir quejas, tramitar investigaciones y ejercer control disciplinario sobre estos funcionarios.

Con fundamento en las razones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de su Sala Constitucional y conocido el concepto del Procurador General de la Naci�n,

1� Decl�ranse inexequibles las siguientes normas del Decreto n�mero 2400 de 1986:

Los art�culos Io a 72, inclusive, de los Cap�tulos I a VI; los art�culos 79 y 81 del Cap�tulo VII; los art�culos 93 y 106 del Cap�tulo VIII; el art�culo 112 literal k), del Cap�tulo X; los art�culos 159 y 161 del Cap�tulo XIII; los art�culos 176 a 181 del Cap�tulo XV; los art�culos 184 y 185 del Cap�tulo XVI; los art�culos 199 y 200 del Cap�tulo XVIII; y los art�culos 206, 207, 208, 209, 212 y 213 del Cap�tulo XIX.

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gace�ta Judicial y arch�vese el expediente.

Juan Hern�ndez S�enz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, (Con salvamento de voto), Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Nemesio Camacho Rodr�guez, Jorge Carre�o Luengas, Guillermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque P�rez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando G�mez Ot�lora, H�ctor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo (Con salvamento de voto), Lisan-dro Mart�nez Z��iga, Faino Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero (Con salvamento de voto), Jorge Iv�n Palacio Palacio, Jacobo P�rez Escobar, (Con salvamento de voto), Rafael Romero Sierra, (Con salvamento de voto), Edgar Saavedra Rojas, Jes�s Vallejo Mej�a"..

Nuestro disentimiento se concreta al hecho de haberse pronunciado la Corte, mediante decisi�n de fondo, sobre normas derogadas o no vigentes al momento de la decisi�n, pues consideramos que en tal evento el pronunciamiento a tomar debi� ser meramente formal o inhibitorio.

1�. De manera constante y reiterada, por m�s de cincuenta a�os, ha sostenido la Corte que el fallo de inexequibilidad tiene el importante y singular efecto de dejar insubsistente la norma declarada como contraria a la Constituci�n, o en otros t�rminos, la decisi�n de inexequibilidad no es otra cosa que la declaraci�n jurisdiccional de que la ley acusada, por vulnerar o ser incompatible con la Constituci�n, no puede ejecutarse en lo sucesivo, pues de inmediato se produce su retiro del ordena�miento jur�dico.

2�. Seg�n el planteamiento precedente, la acci�n de inexequibilidad supone el cotejo de la Constituci�n con una norma vigente al momento de decidir la Corte, pues fuera de que los efectos del fallo en esta materia se proyectan sobre el futuro y no sobre pasado, de no existir norma vigente al momento del fallo no habr�a objeto sobre qu� decidir, porque no resulta ser l�gico que se ordene retirar de la normatividad lo que no existen lo que con antelaci�n fue, retirado o hab�a desaparecido.

Precisamente, la Corte, en fallo de 26 de abril de 1979, cuando abord� el tema de la acci�n de inexequibilidad de normas derogadas afirm� lo siguiente:

"En consecuencia, el objeto fundamental buscado con este control y, por tanto, de la acci�n de inexequibilidad, no es otro que hacer inaplicable la regla jur�dica inconstitucional.

"Por lo mismo, la confrontaci�n normativa en qu� consiste este control s�lo es posible entre normas vigentes, una constitucional y otra legislativa. Y, no es l�gico, pues carece de objeto, y no puede haber acci�n sin inter�s jur�dico actual que la justifique, el que la Corte se pronuncie sobre validez de una norma derogada.

"Carecer�a de efecto un fallo te�rico, de alcances puramente morales o docen�tes, extra-jur�dicos, declarativos de la inconstitucionalidad de una disposici�n ya inexistente, inaplicable de suyo por estar derogada.

"De otra parte, cabe preguntarse si una tal declaraci�n destruir�a la seguridad jur�dica que la Corte ha protegido con sus decisiones inhibitorias.

"En Colombia, la ley se presume constitucional e intangibles los efectos de su aplicaci�n, como derechos bien adquiridos, mientras la Corte no la juzgue inconstitucional. Por eso, sus sentencias en este campo s�lo puede tener efectos futuros, que no son sino la inaplicabilidad de la norma inexequible, como sanci�n jur�dica del indebido ejercicio de la competencia constitucional del Gobierno o del Congreso, pero dejando a salvo las situaciones jur�dicas consolidadas bajo la vigencia de aqu�lla, en defensa de la seguridad jur�dica y de la buena fe de los gobernados.

"La funci�n de la Corte como guardiana de la Constituci�n es espec�fica y exclusivamente judicial, aunque con implicaciones pol�ticas, y no puede transformarse en la de un poder moral, directivo, que la Constituci�n no le atribuye. La excepci�n del estado de sitio, como lo dijo la Corte en fallo de octubre 20 de 1977, obedeci� a razones distintas.

"�nicamente con esta interpretaci�n se logra deslindar la inexequibilidad de fen�menos como la derogatoria y la declaraci�n de nulidad a los cuales se la ha querido asimilar.

"Hay que agregar que la acci�n de inconstitucionalidad es una garant�a efectiva, la garant�a de las garant�as, un poder correctivo y conservador de la Constituci�n y no una simple facultad moderadora del ejercicio de las dem�s competencias. De lo que se trata en el juicio de validez constitucional es de contener dentro de sus competen�cias al Ejecutivo y al Legislativo, prescindiendo de los actos que las desbordan, no por amonestaciones orientadoras sino con decisiones con efecto inmediato y no mera�mente declarativas de principios, de modo que la norma constitucional violada recobre o tenga la plenitud de su eficacia.

"El juez constitucional representa la voluntad del constituyente, sobrepuesta a la de los �rganos que deben darle aplicaci�n y desarrollo.

"De lo cual se desprende que la acci�n de inexequibilidad caduca o precluye respecto de las normas derogadas, pues pierde su raz�n de ser, su naturaleza de garant�a, al perder actualidad la posible lesi�n sufrida por el orden jur�dico que aqu�llos transgredieron. Los efectos de la derogaci�n eliminan dicha acci�n por innecesaria a los fines que le asigna la Constituci�n que es la de mantener su integridad".

M�s adelante la Corte, en fallo de octubre 4/84, insistiendo en su posici�n y procurando hacer mayor claridad y precisi�n, sent� las reflexiones siguientes:

"Segundo. Con sus especiales caracter�sticas, que lo distinguen a otros modelos, el proceso de constitucionalidad de una norma legal tiene en �sta su espec�fico objeto.

Sobre �l recae la correspondiente decisi�n judicial, y es �l tambi�n uno de los elementos de la cosa juzgada, porque �sta se produce precisamente cuando se da la repetici�n del mismo objeto (eadem res) luego de haber sido materia de juicio y fallo anteriores, sobre su constitucionalidad.

"Consecuencia directa de la sentencia que declara la exequibilidad de una disposici�n legal, como resultado de su fidelidad a los preceptos constitucionales, es la permanencia de aqu�lla en la normatividad, para que produzca o siga produciendo todos sus efectos jur�dicos. Contrario sensu, la inexequibilidad de la norma objeto del juicio conduce inexorablemente a su retiro inmediato del ordenamiento jur�dico, sus efectos cesan ipso jure, su entidad legal desaparece autom�ticamente, aunque como muchas veces se ha explicado, tales resultados ocurren ex nunc.

"Apenas elemental resulta, entonces, el presupuesto procesal de la existencia del objeto del juicio, esto es, que exista la norma sobre cuya constitucionalidad �ste versar�, y que habr� de recibir los efectos del fallo, para desaparecer o para subsistir, seg�n el caso. Mal podr�a ser retirada de la ordenaci�n legal una disposici�n que ya no forma parte de ella. Mal se podr�a decidir la extinci�n de una norma inexistente. Tal ser�a el caso de la declaratoria de inexequibilidad de un precepto legal desapareci�do como consecuencia de derogaci�n o figura de semejantes efectos. En ese sentido d�cese que no hay objeto del proceso, ni del fallo, por lo tanto. De ah� la inevitable inhibici�n de la entidad sentenciadora, la cual no es otra cosa que su abstenci�n para decidir acerca de la constitucionalidad de un objeto que ya no puede ser ni constitu�cional ni inconstitucional sencillamente porque no existe. En gracia del llamado magisterio moral podr�a pensarse en un simple dictamen sobre si la norma, en su momento, tuvo o no esa virtud, pero jam�s en providencia que le permitiera seguir ejecut�ndose o dejar de ejecutarse, ya que ello significar�a un resultado imposible, f�sica y jur�dicamente imposible por la inexistencia actual del objeto. Lo que el art�culo 214 de la Carta ordena no es s�lo que la Corte declare si la momia sujeta a su jurisdicci�n se ajusta o no a la preceptiva constitucional, sino que, adem�s, resuelva su exequibilidad o su inexequibilidad y esto no puede ocurrir cuando no hay objeto para hacerlo.

"Es este un antiguo criterio de la Corte en el que se han apoyado numerosas decisiones de inhibici�n por el mismo motivo. Los casos en que pudiera pensarse que la Corporaci�n ha introducido excepciones, por el contrario confirman su tradicional posici�n jurisprudencial al respecto. Tales ser�an:

"a) Las decisiones sobre exequibilidad de normas contenidas en decretos legislativos, porque han ocurrido s�lo cuando �stas han adquirido permanencia en virtud de ley que as� lo determina. Hay, pues, objeto actual en esas decisiones;

"b) Los fallos sobre preceptos de leyes o de c�digos cuya vigencia haya sido aplazada por el legislador, porque esta circunstancia temporal no significa que aqu�llas no existan como entidades legales. De ah� su condici�n de objeto actual para el pronunciamiento de la Corte;

"c) Las sentencias sobre normas transitoriamente suspendidas por decretos legislativos de estado de sitio, por la misma raz�n;

"d) Las decisiones relativas a proyectos de ley, ya que si bien �stos a�n no tienen naturaleza ni fuerza legal, es la propia Carta la que establece su juzgamiento por la Corte, como excepci�n expresamente determinada;

"e) Los fallos sobre normas derogadas o subrogadas que habiendo sido materia de anterior inhibici�n por tal raz�n, revivan, ya que este hecho las determina como objetos de decisi�n, precisamente en cuanto vuelven a ser".

3�. Ahora bien, como se dijo ab initio, para que la Corte pueda decidir de fondo la acci�n de inexequibilidad contra una norma, �sta debe estar vigente al momento de producirse el fallo. Por consiguiente, si con antelaci�n a la decisi�n por la Corte la norma ha sido derogada, como ya no existe sobre qu� decidir, o sea, ya no es posible retirar del derecho positivo lo que ciertamente ya est� retirado, la decisi�n que corresponde tomar en esta hip�tesis, que es lo que acontece con la gran mayor�a de los art�culos del Decreto n�mero 2400 de 1986, es la inhibitoria.

El criterio que se acaba de exponer tambi�n lo ha sostenido la Corte de vieja data, como quiera que en fallo de 3 de noviembre de 1950, reiterado posteriormente en m�ltiples decisiones, ha afirmado, respecto de la acci�n de inexequibilidad, que "si al tiempo de fallar no est�n en vigor la ley o el Decreto acusados, el orden constitucional si bien temporalmente quebrantado, se ha restablecido autom�ticamente, ya que el acto violatorio no tendr� fuerza ni eficacia en el porvenir, y en tal evento, no persistiendo el menoscabo a la Norma Suprema, el fallo de la Corte no vendr�a a restablecer el Imperio de la Carta y no se cumplir�a as� la misi�n que �sta le se�ala. Podr�a decirse que cualquier decisi�n en tales condiciones no se dirig�a a demostrar que el acto acusado es o no inconstitucional, sino que fue o no fue inconstitucional, lo cual... no se ajustar�a al objeto que en s� tiene la acci�n de inexequibilidad".

4�. De conformidad con los planteamientos precedentes, no compartimos la decisi�n tomada por la Corte en el espec�fico de haber decidido de fondo respecto de normas derogadas o que no estaban vigentes al momento de pronunciarse el fallo.

Alberto Ospina Botero, Rafael Baquero Herrera, Jacobo P�rez Escobar, H�ctor Mar�n Naranjo, Rafael Romero Sierra.