300Corte SupremaCorte Suprema30030012845Luis Sarmiento Buitrago197015/04/1970Luis Sarmiento Buitrago_1970_15/04/197030012845REFORMA JUDICIAL Son exequibles los artículos 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y 18 del Decreto 900 de 1969. El Código judicial reglamenta la forma de hacer el reparto de los negocios entre los varios Magistrados o Jueces, y en especial los artículos 97 y 107 se refieren a los Jue­ces Superiores y de Circuito confiriéndoles la facultad de acordar entre sí las reglas del repartimiento. "Si hay discordancia en­tre ellos la dirime el respectivo Tribunal". Esa misma facultad es la que reglamenta el artículo 13 de la Ley 16 de 1968 en la parte acusada, asignando a los Tribunales la distribución de los negocios entre los va­rios jueces del circuito o municipales, cuan­do hay varios en el mismo territorio con igual competencia. En estos casos no se está distribuyendo competencia especial a los jueces y al dis­poner que "los asuntos de estricto derecho comercial y los asuntos de derecho de fa­milia, de competencia de los jueces de circuito, reciban un conocimiento especializa­do" tampoco se establece una jurisdicción especial; simplemente se está distribuyen­do el trabajo entre los jueces cuya compe­tencia ya determinó la ley, dentro del te­rritorio que les corresponde. La Corte acoge el concepto del Procura­dor General que dice: "Administrar justicia es una función general que se realiza por medio de actos y procedimientos que acom­pañan a los específicamente jurisdicciona­les: los nombramientos, las remociones, las licencias tienen carácter administrativo, pero esta modalidad administrativa es con­ducente al ejercicio de la jurisdicción. Ad­ministrar los servicios de la justicia en un Distrito es proveer a dar o a conseguir los medios necesarios para que el personal pue­da ejecutar las labores apropiadas a la rea­lización de los fines de la institución: ver que los juzgados tengan oficinas capaces, que se les provea de las necesarias dota­ciones, que los sueldos y prestaciones sean satisfechos, recomendar a los jueces la se­lección de sus subalternos y la vigilancia del trabajo de éstos, disponer cómo hayan de adiestrarse los empleados que inicien sus labores sin bastante experiencia, dar instrucciones sobre archivos, sobre cumpli­miento de aranceles, recomendar métodos modernos de trabajo, hacer reuniones regio­nales, establecer procedimientos para ob­tener la colaboración de la policía judicial, en fin, supervigilar y aconsejar y ocurrir con sus recomendaciones a solucionar las frecuentes dificultades que hasta hoy se han dejado a la imposible resolución del juez solitario, a quien en obsequio de una falsa independencia se le abandona sin di­rección ni consejo y sin ayuda". Las razones anteriores permiten a la Cor­te declarar que las normas acusadas no vio­lan los preceptos de la Carta que el deman­dante considera infringidos ni se viola nin­gún otro artículo constitucional. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., abril quince de mil novecientos setenta. Demanda: Inexequibilidad del artículo 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y del artículo 18 del Decreto Nº 900 de 1969. Demandante: Alejandro Lemoine C. (Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmien­to Buitrago). 1970
Alejandro Lemoine CControl constitucionalidad de los artículos 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y 18 del Decreto número 900 de 1969.Identificadores30030012846true86222Versión original30012846Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad de los artículos 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y 18 del Decreto número 900 de 1969.


REFORMA JUDICIAL

Son exequibles los artículos 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y 18 del

Decreto 900 de 1969.

El Código judicial reglamenta la forma de hacer el reparto de los negocios entre los varios Magistrados o Jueces, y en especial los artículos 97 y 107 se refieren a los Jue­ces Superiores y de Circuito confiriéndoles la facultad de acordar entre sí las reglas del repartimiento. "Si hay discordancia en­tre ellos la dirime el respectivo Tribunal".

Esa misma facultad es la que reglamenta el artículo 13 de la Ley 16 de 1968 en la parte acusada, asignando a los Tribunales la distribución de los negocios entre los va­rios jueces del circuito o municipales, cuan­do hay varios en el mismo territorio con igual competencia.

En estos casos no se está distribuyendo competencia especial a los jueces y al dis­poner que "los asuntos de estricto derecho comercial y los asuntos de derecho de fa­milia, de competencia de los jueces de circuito, reciban un conocimiento especializa­do" tampoco se establece una jurisdicción especial; simplemente se está distribuyen­do el trabajo entre los jueces cuya compe­tencia ya determinó la ley, dentro del te­rritorio que les corresponde.

La Corte acoge el concepto del Procura­dor General que dice: "Administrar justicia es una función general que se realiza por medio de actos y procedimientos que acom­pañan a los específicamente jurisdicciona­les: los nombramientos, las remociones, las licencias tienen carácter administrativo, pero esta modalidad administrativa es con­ducente al ejercicio de la jurisdicción. Ad­ministrar los servicios de la justicia en un Distrito es proveer a dar o a conseguir los medios necesarios para que el personal pue­da ejecutar las labores apropiadas a la rea­lización de los fines de la institución: ver que los juzgados tengan oficinas capaces, que se les provea de las necesarias dota­ciones, que los sueldos y prestaciones sean satisfechos, recomendar a los jueces la se­lección de sus subalternos y la vigilancia del trabajo de éstos, disponer cómo hayan de adiestrarse los empleados que inicien sus labores sin bastante experiencia, dar instrucciones sobre archivos, sobre cumpli­miento de aranceles, recomendar métodos modernos de trabajo, hacer reuniones regio­nales, establecer procedimientos para ob­tener la colaboración de la policía judicial, en fin, supervigilar y aconsejar y ocurrir con sus recomendaciones a solucionar las frecuentes dificultades que hasta hoy se han dejado a la imposible resolución del juez solitario, a quien en obsequio de una falsa independencia se le abandona sin di­rección ni consejo y sin ayuda".

Las razones anteriores permiten a la Cor­te declarar que las normas acusadas no vio­lan los preceptos de la Carta que el deman­dante considera infringidos ni se viola nin­gún otro artículo constitucional.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., abril quince de mil novecientos setenta.

Demanda: Inexequibilidad del artículo 13, numerales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y del artículo 18 del Decreto Nº 900 de 1969.

Demandante: Alejandro Lemoine C.

(Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmien­to Buitrago).

El ciudadano Alejandro Lemoine C., ha presentado demanda de inexequibilidad de las siguientes disposiciones:

Ley 16 de 1968

(Marzo 28)

"por la cual se restablecen los Juzgados de Circuito, se dictan normas sobre competencia en materia penal, civil y laboral, se dan unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones".

"El Congreso de Colombia,

Decreta

"…………………………………………………………………………………….

"Artículo 13. Compete a los Tribunales en Sala de Acuerdo:

1º. Reglamentar, en los Circuitos en don­de haya más de dos jueces de circuito y en los municipios donde haya dos o más jue­ces Municipales, la distribución de los ne­gocios judiciales"

"……………………………………………………………………………………….

Administrar los servicios judiciales en el territorio de su jurisdicción, debiendo en consecuencia, tomar las medidas que con­sideren indispensables para hacer efectiva la administración de justicia;

"……………………………………………………………………………………………."

Decreto número 900 de 1969

(Mayo 31)

"por el cual se establece la división terri­torial judicial del país, se determinan los despachos judiciales con los funcionarios y empleados que les corresponden, se fija la fecha de iniciación de períodos de Magis­trados de Tribunal, Fiscales y Jueces, y se dictan normas para el tránsito de legislación.

"El Presidente de la República,

en ejercicio de las facultades extraordina­rias que le otorgó el artículo 20 de la Ley 16 de 1968 y atendido el concepto de la Co­misión Asesora establecida por el artículo 21 de la misma Ley,

Decreta

"………………………………………………………………………………………..

Artículo 18. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial... tomarán las providencias del caso para que los asuntos de estricto derecho comercial y los asuntos de derecho de familia, de competencia de los Juzgados de Circuito, reciban un conoci­miento especializado".

NORMAS QUE EL ACTOR CONSIDERA INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION.

El actor enuncia los motivos de viola­ción de la Carta, así:

"Las disposiciones acusadas violan osten­siblemente, directa o indirectamente las siguientes normas constitucionales según el concepto que en seguida se expresa:

"a) El artículo 55 en cuanto expresa: "El Congreso, el Gobierno, y los Jueces tienen funciones separadas..." por concepto de que los artículos acusados rompen la separación de las ramas del poder público.

"b) El artículo 58 por cuanto éste expre­sa: "... Los Tribunales Superiores de Dis­trito Judicial y demás tribunales y juzga­dos que establezca la ley, administran jus­ticia"; por concepto de que los artículos acu­sados no implican para los Tribunales ad­ministrar justicia.

"c) El artículo 76, que expresa: "Corres­ponde al Congreso hacer las leyes en cuan­to atribuyen, a los Tribunales ejercer esta atribución, indirectamente.

"d) El artículo 158, inciso 3º (artículo 61 del Acto legislativo número 1 de 1945, en cuanto manda que... "la ley señalará la competencia de estos funcionarios (los Jue­ces, agrego) y el territorio de su jurisdic­ción,...", por el concepto de que se le da a los Tribunales facultad de distribuir com­petencias de los jueces de su jurisdicción.

"El artículo 164 que expresa: "La ley es­tablecerá y organizará la jurisdicción del trabajo y podrá crear Tribunales de comer­cio en cuanto atribuye esta facultad a los Tribunales Superiores".

CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Este funcionario pide que se declaren exequibles las disposiciones legales acusa­das porque el reparto o distribución de los negocios son cuestiones puramente mecá­nicas que no deben confundirse con la fa­cultad de atribuir competencias o estable­cer jurisdicciones especiales.

Al respecto dice:

"Las disposiciones acusadas no atribuyen a los Tribunales Superiores de Distrito funciones que la Constitución tenga reserva­das al legislador ni les imponen el desempeño de funciones ajenas a su carácter de entidades jurisdiccionales.

"La función de reglamentar la distribu­ción de los negocios judiciales en los Cir­cuitos y Municipios en donde haya dos o más Jueces y la de disponer que los asun­tos de estricto derecho comercial y los de derecho de familia reciban un conocimien­to especializado no deben confundirse con la facultad de atribuir competencia ni con la de establecer jurisdicciones especiales.

"La distribución racional de los negocios entre diversos jueces con igual competen­cia tiene por objeto resolver las dificultades que la pura mecánica del trabajo produce, como la experiencia lo enseña, cuando el trabajo judicial se deja al libre juego de los repartimientos: el azar que resulta de es­tos repartos hace que se acumulen en un juzgado negocios que requieren técnicas bien distintas o que se congestionen en manos de un juez agobiado de quehaceres la mayor parte de los negocios difíciles que re­quieren tal dedicación que entre tanto los que vayan ingresando por nuevos repartos tengan que mantenerse sin trámite. El tra­bajo judicial, como todo trabajo, requiere una técnica que lo haga más expedito y efi­ciente, la cual está reñida con el álea de distribuciones hechas a la suerte".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

a) El poder público se manifiesta a tra­vés de las Ramas que el artículo 55 de la Constitución determina así: La Legislati­va que elabora la ley para normar la acti­vidad de gobernantes y gobernados, por medio del derecho objetivo; la ejecutiva, que hace cumplir la ley, creando situaciones subjetivas; y la judicial, que adminis­tra justicia, o sea que aplica la ley a ca­sos particulares de contienda jurídica.

Cada una de estas ramas obra separada­mente, dentro de la órbita que la Carta le asigna, pues la intromisión indebida de unas en las funciones de las otras quiebra la armonía jurídica, y coloca al Estado en los linderos de la arbitrariedad.

Pero si teóricamente estas ramas del po­der público deben actuar separadamente, los fines de la comunidad política no se lo­gran sin una armónica colaboración, como la misma Constitución lo indica; la distri­bución y la redistribución de funciones y competencias que el Constituyente hace di­rectamente, o el legislador por medio de la ley, para el ejercicio del poder estatal so­bre la comunidad civil, señalan el campo de acción de esa colaboración.

No debe confundirse la distinción de fun­ciones con la separación de los poderes estatales; aquélla se refiere a la división del trabajo y al cumplimiento de las diversas cargas gubernamentales para el mejor de­sarrollo del servicio público; y ésta deter­mina la independencia en el ejercicio de esas funciones a través de las respectivas ra­mas.

El servicio de justicia, función de la ra­ma jurisdiccional, puede entenderse en un doble sentido; ya como la aplicación del derecho que en cada caso concreto se dis­cuta o como la organización judicial o sea el conjunto de personas y de cosas que se necesitan para la aplicación de la justicia. En ambos sentidos corresponde a la rama jurisdiccional el desarrollo de su propia función para el mejor cumplimiento de los fines que la Constitución le determina.

b) Los artículos 156, 157, y 158 de ésta indican qué entidades nombran los Magis­trados de Tribunales Superiores de Distri­to, los Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucción Criminal y Mu­nicipales y asignan esta función a la Corte Suprema de Justicia y a los Tribunales Su­periores de Distrito, respectivamente.

Aunque el nombramiento de los funcio­narios judiciales no es una función que en­caje estrictamente dentro del concepto de jurisdicción, o sea aplicar el derecho a los casos controvertidos, la Carta le asigna a la Rama Jurisdiccional el nombramiento de los funcionarios en toda la jerarquía de la misma, la confirmación de los nombra­mientos y las sanciones disciplinarias del caso.

c) El desarrollo del Estado moderno im­pone la división del trabajo en toda la administración pública y en particular en la justicia; si todos los jueces tienen la fa­cultad de administrarla, no todos la tienen para conocer indiscriminadamente de los múltiples y diversos negocios; si todos los jueces están investidos de jurisdicción, su ejercicio está sujeto a la reglamentación que la ley haga, esto es lo que se denomi­na competencia, la que puede referirse a las causas civiles, penales o contencioso-administrativas, que se sometan a la decisión del poder o a los límites en que esa compe­tencia le es atribuida.

Esta reglamentación que la ley hace por mandato del artículo 158 de la Constitución, obliga tanto a los jueces como a los par­ticulares, porque el juez no puede escoger los negocios según su voluntad, fuera de su competencia, ni aquéllos pueden elegir el juez de su causa.

La ley señala varias clases de jurisdic­ción, a saber: ordinaria, contencioso-administrativa, militar, fiscal, aduanera; y en la ordinaria separa la civil de la penal y de la laboral; y también determina la compe­tencia de los jueces y magistrados teniendo en cuenta los diversos factores inherentes como son: el objetivo, el territorial, el fun­cional, el subjetivo y el de conexión.

Pero cuando hay varios funcionarios com­petentes para conocer de un juicio, en el mismo territorio, que ejercen simultánea­mente sus funciones, es preciso dividir en­tre ellos el conjunto de procesos sujetos a su conocimiento para establecer un régi­men de equitativa igualdad en el trabajo de cada uno.

El Código Judicial reglamenta la forma de hacer el reparto de los negocios entre los varios magistrados o jueces, y en espe­cial los artículos 97 y 107 se refieren a los Jueces Superiores y de Circuito confirién­doles la facultad de acordar entre sí las reglas del repartimiento. "Si hay discordan­cia entre ellos la dirime el respectivo Tri­bunal".

Esa misma facultad es la que reglamen­ta el artículo 13 de la Ley 16 de 1968 en la parte acusada, asignando a los Tribunales la distribución de los negocios entre los varios Jueces del Circuito o Municipales, cuando hay varios en el mismo territorio con igual competencia.

En estos casos no se está distribuyendo competencia especial a los Jueces y al disponer que "los asuntos de estricto derecho comercial y los asuntos de derecho de familia, de competencia a los jueces de circuito, reciban un conocimiento especializado" tampoco se establece una jurisdicción específica; simplemente se está escogiendo el funcionario más calificado entre los Jueces cuya competencia ya determinó la ley.

Las razones anteriores permiten a la Corte declarar que las normas acusadas no violan los preceptos de la Carta que el demandante considera infringidos ni ningún otro.

En virtud de lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en SalaPlena, previo estudio de la SalaConstitucional, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve

Son EXEQUIBLES los artículos 13, nu­merales 1 y 3 de la Ley 16 de 1968 y 18 del Decreto número 900 de 1969.

Publíquese, cópiese, notifíquese, insértese en la GacetaJudicial, comuníquese al Ministerio de Justicia y archívese el expediente.

Guillermo Ospina Fernández, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hum­berto Barrera Domínguez, Juan Benavides Pa­trón, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel An­gel, Ildefonso Méndez, Conjuez Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, César Gómez Estrada, Edmundo Harker Puyana, Gonzalo Vargas Rubiano, Conjuez Enrique López de la Pava, Luis Enrique Romero Soto, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Álvaro Lu­na Gómez, Luis Carlos Pérez, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sa­rria, Ignacio Reyes Posada, Conjuez José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.