Sentencia 949 de 1982

300Corte SupremaCorte Suprema30030012516949Ricardo Medina Moyano198224/06/1982949_Ricardo Medina Moyano_1982_24/06/198230012516MANEJO FINANCIERO DE LAS LAS <sic> INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACION SUPERIOR Exequible, por no ser contrario a la Constituci�n, el art�culo 134 del Decreto 80 de 1980 Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1982

Claudia Rodr�guez Qui�onesCONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA Norma acusada: Art�culo 134 del Decreto n�mero 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educaci�n Post-secundaria.Identificadores30030012517true85784Versi�n original30012517Identificadores

Norma demandada: �CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA Norma acusada: Art�culo 134 del Decreto n�mero 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educaci�n Post-secundaria.

MANEJO FINANCIERO DE LAS LAS <sic> INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACION SUPERIOR

Exequible, por no ser contrario a la Constituci�n, el art�culo 134 del Decreto 80 de 1980

Norma acusada: Art�culo 134 del Decreto n�mero 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educaci�n Post-secundaria.

La ciudadana Claudia Rodr�guez Qui�ones, "con base en el art�culo 215-1 de la Carta Po�l�tica y en ejercicio de la acci�n p�blica", pide a la Corte que "se declare la inexequibilidad del art�culo 134 del Decreto-ley n�mero 80 de 1980".

Habi�ndose pronunciado la Procuradur�a Ge�neral de la Naci�n respecto del mencionado libelo, corresponde a la Corte tomar la decisi�n pertinente.

Incluidos los ac�pites correspondientes, el texto del art�culo acusado es el siguiente:

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y de las que le confiere la Ley 8� de 1979, o�da la Comisi�n de que trata el art�culo 3� de la misma Ley,

Art�culo 134. El Gobierno Nacional podr� autorizar a las instituciones oficiales de educa�ci�n superior para participar en la constituci�n de empresas industriales y comerciales del Esta�do y sociedades de econom�a mixta, para un me�jor uso de sus recursos".

A este respecto la actora considera que la norma demandada, -vulnera las siguientes dis�posiciones:

"Primera: La Constituci�n Nacional, art�culo 120. Segunda: La Constituci�n Nacional en su art�culo 76, numerales 10 y 12".

Tambi�n considera la actora como norma vio�lada "la Ley 8� de 1979, en su art�culo 3�".

Considera la demandante que la autorizaci�n al Gobierno Nacional prevista en el art�culo 134, materia de la censura, ni se encuentra en el art�culo 120 de la Constituci�n, ni se encuentra tampoco comprendida en las facultades otorga�das al Presidente de la Rep�blica por la Ley 8� de 1979, para dictar el Decreto-ley 80 de 1980 y desarrolla as� su pensamiento:

"�.la Ley 8� de 1979 no la faculta para que reglamente en materia econ�mica, sino que sim�plemente por la naturaleza, caracter�sticas y componentes del sistema de educaci�n post-secundaria, para lograr una �ptima calidad acad�mica y una adecuada organizaci�n administra�tiva. Por lo tanto, lo anterior es una muestra evidente, clara y manifiesta del exceso de las funciones que le fueron conferidas al se�or Presidente por la Ley 8� de 1979 y, adem�s de esto, el se�or Presidente viola directamente la Constituci�n Nacional en sus art�culos 76, ordinal 12, y el 120, ya que entre sus atribucio�nes no le est� permitido la autorizaci�n de la participaci�n en la Constituci�n de empresas industriales y comerciales del Estado y socieda�des de econom�a mixta, ya que dicha potestad la tiene el Congreso de la Rep�blica. En ning�n momento, por lo tanto, puede entrar a autorizar la participaci�n en la constituci�n de los orga�nismos anteriormente mencionados" (Fl. 3).

La Procuradur�a, al descorrer el traslado co�rrespondiente, concept�a que la decisi�n de la Corte en el presente juicio de constitucionalidad debe ser: " a) O que se encuentra inhibida para dictar fallo de m�rito, por carecer de compe�tencia; o, en subsidio: b) Que es exequible el art�culo 134 del Decreto n�mero 080 de 22 de enero de 1980".

A fin de sustentar los pedimentos anteriores, la Procuradur�a razona de la siguiente mane�ra:

"Las 194 disposiciones del Estatuto de Edu�caci�n Post-secundaria no son normas todas pro�pias de un Decreto-ley, teniendo en mente la ley de facultades; si bien la gran mayor�a de tales disposiciones son desarrollo de ella y, como ta�les, leyes en sentido material, el Estatuto men�cionado (o Decreto 80 de 1980) contiene adem�s normas propias de un Reglamento Constitucio�nal o Decreto Aut�nomo y algunas de tipo reglamentario ordinario. Precisamente de este �ltimo tipo es el art�culo 134 acusado de inconstitucionalidad en el proceso en referencia, pues�to que �l est� desarrollando la facultad que el legislador extraordinario le confiri� mediante el transcrito art�culo 29 del Decreto-ley 1050 de julio 5 de 1968. En efecto, esta disposici�n dice que los establecimientos p�blicos no podr�n constituir sociedades entre s� o con otras personas, excepto cuando est�n 'autorizados por De�creto del Gobierno'; seg�n el art�culo 50 del Decreto-ley 80 de 1980, las instituciones oficiales de educaci�n superior o post-secundaria son establecimientos p�blicos... para completar la deducci�n precedente, es menester tener en cuenta lo que expresa el ep�grafe o encabezamiento del Decreto-ley n�mero 80 de 22 de enero de 1980, el cual dice: 'El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las que le confiere la Ley 8� de 1979'... Al decirse all� 'facultades constitucionales', obviamente quedan involucradas las facultades reglamentarias -que son de rango constitucional- y con mayor raz�n las facultades legales, como aquellas de que trata el art�culo 29 del Decreto n�mero 1050 de 1968".

De lo anterior deduce la Procuradur�a que lo ocurrido en el presente caso es que el Gobierno Nacional se encuentra doblemente facultado para la creaci�n de personas jur�dicas descentralizadas distintas de los establecimientos p�blico o para autorizar a los establecimientos p�blicos nacionales de educaci�n post-secundaria "para participar en la constituci�n de empresas y sociedades", por el art�culo demandado y por el art�culo 29 del Decreto-ley n�mero 1050 1968.

"�.la disposici�n acusada no contrar�a ning�n precepto legal (ley material) y por extensi�n no es inconstitucional indirectamente; tampoco directamente vulnera o quebranta precepto alguno de la Carta Pol�tica. En consecuencia, si se considera que la disposici�n demandada es integrante de una ley material (de un decreto ley), no est� transgrediendo la Constituci�n Nacional; pero si se la tiene como una norma reglamentaria ordinaria, la honorable Corte Suprema carece de competencia para pronunciarse en el fondo del asunto debatido y por ende debe proferir fallo inhibitorio".

En diversas oportunidades, como puede verse en las sentencias de marzo 20 de 1948, junio 12 de 1969 y octubre 24 de 1969, la Corte ha encontrado que en casos como el presente, en que, dentro de un Decreto-ley, se ejercen por el Ejecutivo otras facultades, la competencia se encuentra determinada por el aspecto formal o externo del Decreto, entendido �ste como un todo. As�, por ejemplo, en la sentencia del 12 de junio citada en segundo lugar, con ponencia del doctor Hern�n Toro Agudelo (Gaceta Judicial, Tomo CXXXVU, n�mero 2338 -1969) afirm� la Corte -Sala Constitucional- lo siguiente:

"Es obvio que en un decreto dictado con fun�damento en las facultades extraordinarias o es�peciales bien puede el Gobierno incluir preceptos que no hubieran requerido de las mismas, por ser de naturaleza reglamentaria o ejercicio de potestades que se derivan directamente de la Carta. Pero la atribuci�n de competencias, entre la Corte y el Consejo de Estado, en lo que ha�ce a la decisi�n sobre el tipo de decretos que se viene considerando, est� fijada en la Carta por un elemento externo o formal como no podr�a ser de otra manera, o sea, la fuente inmediata de los poderes que invoque el Gobierno al expe�dirlos, invocaci�n que en el caso de los decretos dictados con base en las facultades extraordina�rias o especiales, debe ser expresa, y que gene�ralmente consta en el pre�mbulo. El que los preceptos de la parte dispositiva se acomoden o no a las atribuciones que se hicieren valer, o en general, a la normaci�n constitucional, es precisamente la cuesti�n de fondo.

"La Constituci�n no distribuye la competen�cia entre la Corte y el Consejo de Estado por art�culos o incisos, seg�n unos y otros se expidan con base en facultades extraordinarias o espe�ciales, o con fundamento en otras diversas, sino que la da completa para el examen y decisi�n correspondiente respecto a los decretos, como un todo, seg�n la naturaleza de las atribuciones invocadas. Puede ser un criterio mec�nico, pero es el fijado en la Carta y tambi�n el �nico viable para alcanzar oportunas decisiones.

"De otra parte, ya en sentencia de 20 de mar�zo de 1948, esta Corporaci�n hab�a dicho: 'La Corte es competente para conocer de las deman�das de inexequibilidad de decretos expedidos en uso de facultades extraordinarias, aunque ellos engloben cuestiones de mero reglamento. Tales decretos vinculan irrevocablemente al Ejecutivo, el cual no puede modificarlos una vez vencidas las facultades extraordinarias, ni enmendarlos, ni derogarlos. Tienen los caracteres y los efectos de una ley. Cuando el Gobierno, en desarrollo de tales facultades, expide alg�n decreto extraordi�nario, en el fondo, al proceder por autorizaci�n expresa del Congreso, ejerce consecuencialmente un acto pol�tico y no de mera administraci�n' " (Gaceta Judicial, T. 64, p�g. 641.).

Entendido pues el Decreto-ley como un todo en el cual el Ejecutivo desarrolla en forma uni�taria una materia para cuyo ejercicio hab�a sido facultado por el Parlamento, no encuentra la Corte razones v�lidas para separarse de la ame�ritada posici�n jurisprudencial.

Por lo dem�s y como se ver� adelante, el ar�t�culo 134 acusado, por su contenido y los pro�p�sitos a que apunta, constituye materia propia de las facultades otorgadas por el Parlamento al Ejecutivo.

En varias ocasiones, pero singularmente en la sentencia del 13 de mayo de 1980, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional--, con ponencia del Magistrado Carlos Medell�n, al decidir sobre la constitucionalidad de la mentada ley de facultades, precis� n�tidamente el alcance de las atribuciones trasladadas por el Congreso al Presidente, mediante la misma ley, expresan�do al efecto que:

"Se consideran sumariamente los linderos del objeto determinado por la Ley 8� de 1979, y los l�mites de su objetivo, as�: a) Definir la natura�leza del Sistema de Educaci�n Post-secundaria tanto p�blica como privada; b) Diversificar el aprendizaje de carreras t�cnicas, de acuerdo con una planificaci�n de las necesidades profe�sionales del pa�s; c) Establecer requisitos y procedimientos para la creaci�n y funciona�miento de instituciones p�blicas y privadas, en concordancia con los planes sectoriales de desarrollo, y con criterios de descentralizaci�n y democratizaci�n; d) Reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las dem�s universidades e instituciones oficiales de nivel post-secundario, con precisi�n de sus estatutos y de los contenidos b�sicos de estos en materia acad�mica, adminis�trativa y financiera. A lo anterior se agrega otro objeto institucionalmente diferente: las normas sobre Escalaf�n Nacional que se deben expedir y lo que ha de hacerse mientras ello ocurre. Y se define, adem�s, qu� se entiende por 'Institu�ciones Oficiales del Sistema de Educaci�n Post- secundaria'

En relaci�n con la s�ntesis anterior, conviene precisar, sin embargo, que dentro de las diversas facultades contenidas en el ordinal 3 del art�culo 1� de la citada Ley, se consagra independiente�mente, entre otras, la de dictar "las normas a que estar�n sujetas para su manejo financiero", la Universidad Nacional y las dem�s Universida�des e Instituciones oficiales de nivel post- secundario, y encuentra la Corte que el Gobier�no se ajust� a tales facultades, como que el art�culo acusado no hace otra cosa que determi�nar un aspecto relativo precisamente al manejo financiero de las Instituciones Oficiales de Edu�caci�n Superior.

"Ciertamente, la autorizaci�n del Gobierno Nacional a tales instituciones para participar en la constituci�n, ora de empresas industriales y comerciales del Estado, bien de sociedades de econom�a mixta, apunta, precisamente, seg�n las voces del art�culo acusado, a lograr una utiliza�ci�n mejor de sus recursos econ�micos, lo cual alude a su turno clara y directamente, a inver�siones propias del manejo financiero de aqu�llas, manejo financiero que, por lo dem�s, com�prende de ordinario el empleo y administraci�n de las rentas y recursos en general, de una Ins�tituci�n, vale decir, todo lo relativo a la activi�dad econ�mica derivada de los ingresos y gastos de la misma.

Por otra parte, es bueno advertir que el as�pecto financiero de la norma constitucionalmen�te cuestionada, se acent�a a�n m�s si se toma en consideraci�n que seg�n el ya citado ordinal 3� del art�culo 1� de la Ley de facultades, las normas sobre tal manejo financiero de las Uni�versidades e Instituciones oficiales de nivel post�secundario, debe hacerse 'dentro de claros pa�r�metros de planificaci�n' ".

Se ve a las claras, por lo tanto, que no existi� en el aspecto estudiado, por parte del Ejecutivo, extralimitaci�n de las facultades otorgadas por el Congreso. No encuentra, por lo tanto la Corte, que se haya violado el art�culo 76, ni ninguna otra cl�usula de la Constituci�n Nacional.

A m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y escuchada la Procuradur�a General de la Naci�n,

�Declarase exequible, por no ser violatorio de la Constituci�n Nacional, el art�culo 134 del Decreto-ley n�mero 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema de educaci�n post-secundaria, cuyo texto es el siguiente:

"El Gobierno Nacional podr� autorizar a las Instituciones oficiales de educaci�n superior para participar en la constituci�n de empresas industriales y comerciales del Estado y socie�dades de econom�a mixta, para un mejor uso de sus recursos"�.

C�piese, notif�quese, comun�quese a quien co�rresponda, ins�rtese en la Gaceta Judicial y ar�ch�vese el expediente.

Luis Carlos S�chica (Presidente), Jer�nimo Arg�ez Castello, C�sar Ayerbe Chaux, Fabio Calder�n Botero, Manuel E. Daza Alvarez, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Forras, Manuel Gaona Cruz, Jos� Eduardo Gnecco Correa, Germ�n Giraldo Zuluaga, H�c�tor G�mez Uribe, Gustavo G�mez Vel�squez (con permiso), Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Alvaro Tafur Galvis (Conjuez), Ricardo Medina Moyana, Humberto Murcia Ballen (en uso de licencia), Alberto Ospina Botero, Alfon�so Reyes Echand�a, Luis E. Romero Soto, Jorge Salcedo Segura, Pedro E. Serrano Abad�a, Fer�nando Uribe Restrepo, Dar�o Vel�squez Gaviria.