300Corte SupremaCorte Suprema30030012488880Luis Carlos Sáchica, Ricardo Medina Moyano | Gustavo Gómez Velásquez.198206/05/1982880_Luis Carlos Sáchica, Ricardo Medina Moyano | Gustavo Gómez Velásquez._1982_06/05/198230012488LIMITACION DEL DERECHO DE TRABAJO EN LOS DOCENTES. REORGANIZACION DEL SISTEMA DE LA EDUCACION POST-SECUNDARIA Exequibles los artículos 95, el último inciso del artículo 103 y el penúltimo inciso del artículo 109 del Decreto 80 de 1980. Corte Suprema de Justicia Sala Plena 1982
Humberto Criales de la Rosa, Gelasio Cardona Serna | Alvaro Echeverri Uruburu.CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA Normas acusadas: Artículos 95, 103 y 109 del Decreto-ley número 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educación Post-Secundaria.Identificadores30030012489true85757Versión original30012489Identificadores

Norma demandada:  CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA Normas acusadas: Artículos 95, 103 y 109 del Decreto-ley número 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educación Post-Secundaria.


LIMITACION DEL DERECHO DE TRABAJO EN LOS DOCENTES. REORGANIZACION DEL SISTEMA DE LA EDUCACION POST-SECUNDARIA

Exequibles los artículos 95, el último inciso del artículo 103 y el penúltimo inciso del artículo 109 del Decreto 80 de 1980.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Ref.: Expediente número 880.

Normas acusadas: Artículos 95, 103 y 109 del Decreto-ley número 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educa­ción Post-Secundaria.

Actores: Humberto Criales de la Rosa, Gelasio Cardona Serna y Alvaro Echeverri Uruburu.

Magistrados ponentes: doctores Luis CarlosSáchica, Ricardo Medina Moyano y Gustavo Gómez Velásquez.

Sentencia número 16.

Aprobada: Acta número 35.

Bogotá, D. E., mayo 6 de 1982.

I

La acción

Los ciudadanos Humberto Criales de la Rosa, Gelasio Cardona Serna y Alvaro Echeverri Uru­buru, en ejercicio de la acción pública consa­grada en el artículo 214 de la Constitución Na­cional, piden a la Corte "declare inexequible el artículo 95 en su totalidad y los artículos 103 y 109 parcialmente del Decreto-ley 80 de 1980, 'por el cual se organiza el Sistema de Educación Post- Secundaria' ".

En obedecimiento de lo dispuesto por el cita­do artículo del Estatuto Fundamental y por el Decreto Autónomo número 432 de 1969, el Procu­rador General de la Nación ha contestado el traslado respectivo, solicitando por su parte a la Corte "declare que son exequibles los artículos del Decreto-ley 80 de 1980 a que se contrae la demanda de inconstitucionalidad".

II

Las normas impugnadas

La Corte Suprema transcribe a continuación, en forma integral, el texto de los artículos so­metidos al juicio constitucional de la misma, aña­diéndose para su cabal entendimiento, el acápite respectivo del decreto del cual forman parte y subrayándose en los artículos parcialmente im­pugnados, el contenido materia de tal impugna­ción.

"DECRETO NUMERO 80 DE 1980

"(enero 22)

"por el cual se organiza el Sistema de Educación Post-secundaria.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y de las que le confiere la Ley 8ª de 1979, oída la Comisión de que trata el artículo 3º de la mis­ma ley,

Decreta:

"Artículo 95. El docente de tiempo completo sólo podrá laborar en otras instituciones públi­cas o privadas de educación superior hasta un cincuenta por ciento (50%) adicional de horas semanales sobre el número de horas cátedra o lectivas que dicte en la institución a la cual se encuentra vinculado de tiempo completo, siem­pre que las horas adicionales no interfieran con el horario o el programa de trabajo que le haya sido fijado por la institución, como docente de tiempo completo.

"Artículo 103. Los docentes de tiempo comple­to y de tiempo parcial que incumplan sus debe­res serán objeto, de acuerdo con su gravedad, de las siguientes sanciones disciplinarias, sin per­juicio de la responsabilidad civil o penal que su acción pueda originar:

a) Amonestación privada;

b) Amonestación pública;

c) Multa que no exceda de la quinta parte del sueldo mensual;

d) Suspensión en el ejercicio del cargo hasta por un año calendario sin derecho a remunera­ción, y

e) Destitución.

La amonestación privada o pública la impon­drá el superior inmediato del docente, las mul­tas o suspensiones, el rector de la institución. La destitución será impuesta por la autoridad nominadora, previa solicitud del concepto al Con­sejo Académico.

El acto administrativo mediante el cual im­ponga (sic) una sanción mayor de seis (6) me­ses o de destitución será apelable ante el Con­sejo Superior.

La suspensión o destitución de un docente con­lleva la suspensión o la exclusión del escalafón o carrera docente respectivamente.

"Artículo 109. La pertenencia al escalafón con­fiere estabilidad al docente de tiempo completo y de tiempo parcial, así:

"La calidad de instructor o de Profesor Auxi­liar otorga estabilidad por períodos sucesivos de dos años calendario a partir del segundo año, cuando el docente podrá solicitar su inscripción en el escalafón.

"La calidad de Profesor Asistente otorga es­tabilidad por períodos sucesivos de tres años ca­lendario.

"La calidad de Profesor Asociado otorga es­tabilidad por períodos sucesivos de cuatro años calendario.

"La calidad de Profesor Titular otorga esta­bilidad por períodos sucesivos de cinco años ca­lendario.

"Si con antelación no inferior a un mes a la fecha de vencimiento del período respectivo, la institución no manifestare al docente su deci­sión de dar por terminada la relación laboral, és­ta continuará vigente por un nuevo período.

"Todo primer nombramiento de un docente de tiempo completo o de tiempo parcial será por tér­mino de un año, cumplido el cual podrá solicitar su ingreso al escalafón.

"Parágrafo. Este artículo se aplicará sin per­juicio de las situaciones jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho, mientras el do­cente permanezca al servicio de la institución a la que se encuentre vinculado en la fecha de ex­pedición del presente Decreto".

III

Normas constitucionales violadas

Consideran los actores que con el artículo 95 y los apartes de los artículos 103 y 109 trans­critos:

"Han sido violados los artículos 17 y 30 de nuestra Carta Política, lo mismo que el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

IV

Los fundamentos de la demanda

Sobre tres argumentos hacen descansar los ac­tores, la violación de la Constitución Política, por parte de las normas sometidas al juicio cons­titucional de la Corte. Estiman ciertamente que el artículo 95 del Decreto-ley número 80 de 1980 vulnera el artículo 17 de la Constitución por cuanto implica una limitación del derecho al trabajo tutelado por éste; que el aparte deman­dado del artículo 103 vulnera a su turno el ar­tículo 30 de la Constitución al atentar contra los derechos adquiridos; y que el aparte demandado del artículo 109 vulnera también "la estabilidad y por ende el derecho ya adquirido" derivado de su ingreso al escalafón, circunstancia que de­termina que la estabilidad "debe ser perma­nente".

a) Respecto del primer punto, afirman los ac­tores, luego de hacer algunos planteamientos so­bre la filosofía del trabajo frente a la produc­ción que:

"El artículo 95 del Decreto-ley 80 de 1980 al establecer que el docente de tiempo completo só­lo podrá laborar en otras instituciones hasta un cincuenta por ciento sobre el número de horas semanales o sobre las horas cátedra que dicte, está limitando el derecho al trabajo, limitando una obligación constitucional, y por ende no es­tá protegiendo esa libertad a obtener otras fuen­tes de trabajo, que le permita a su vez obtener mejores ingresos para bienestar personal y de la familia. Es un hecho cierto que en Colombia las gentes tratan de obtener empleo en diferentes empresas, debido a los bajos ingresos, de ahí que la propia ley laboral autorice la coexistencia de contratos de trabajo".

Terminan citando en abono de su tesis una sentencia de la Corte Suprema del 18 de julio de 1972, sobre "la obligación de trabajar como postulado constitucional."

b) Cuanto a lo segundo, los actores basamen­to su discurso afirmando que:

"Si el mismo Decreto (Art. 101) dispone que un derecho del docente ascender en el esca­lafón, es obvio que cuando el profesor ha obte­nido la inscripción en dicho escalafón, lo ha al­canzado por reunir los requisitos que estipulan las normas pertinentes, en consecuencia éste cons­tituye un derecho, obtenido con arreglo a las leyes, que conforma una situación jurídica con­creta o subjetiva, que no puede ser arrebatada Posteriormente como consecuencia de una san­ción, porque si se ha incumplido con los deberes se castigan con las sanciones disciplinarias, pero no puede a su vez tener una doble sanción por el mismo hecho; en primer lugar la suspensión por un año sin lugar a remuneración, o la destitu­ción (numerales d y e del artículo 103 que se acusa), a lo cual se agrega la suspensión o la exclusión del escalafón o carrera docente res­pectiva. Es decir, que no basta que el docente pierda el empleo y la remuneración por un año, sino que también, a pesar del derecho ya ad­quirido se le suspenda o excluya del escalafón, de donde es protuberante la violación del artículo 30 de nuestro estatuto de Ley de Leyes";

e) Y, respecto del cargo vinculado con la esta­bilidad del docente, vale decir, en punto a lo dis­puesto por el artículo 109 parcialmente acusado, observan los actores que:

"El escalafón en realidad no confiere esta­bilidad, en primer lugar porque ésta es apenas relativa, por períodos de dos, tres, cuatro, cinco años y queda al arbitrio de la institución que faltando un mes para terminar uno de esos ci­clos o períodos, dé por terminada la relación la­boral, esto en segundo lugar.

"Si un docente o profesor ha reunido los re­quisitos legales o reglamentarios para obtener el escalafón, éste le trae un derecho, la estabilidad, que debe ser permanente, siempre y cuando se conserven los requisitos o condiciones para que se mantenga dicho escalafón, por cuanto el es­calafón es el medio idóneo para la estabilidad, y ese ascenso, inscripción o escalafón conforman el derecho, el cual no puede ser extinguido por el transcurso del tiempo, y es un derecho ya adquirido, que no puede ser desconocido o vulnerado.

"La facultad que se da a las instituciones para dar por terminada la relación laboral con apelación a un mes de finalizar el respectivo periodo, viola de plano la estabilidad, y por ende derecho ya adquirido, cuando efectivamente existen los medios legales para dar por termi­nada la relación laboral cuando se incumple con alguno de los deberes, y es el mismo decreto en el artículo 103 que dispone qué sanciones son viables cuando no se ha cumplido con los debe­res consagrados en la ley o en el reglamento.

"En conclusión el artículo 109 viola el artículo 17 de la Constitución, al no garantizar el derecho al trabajo, en el sentido de la estabilidad, cuando se han reunido los requisitos para obtener el escalafón, y cuando no se ha dado causa para terminar la relación laboral, y el artículo 30 de la misma, cuando no se garantiza el derecho adquirido con el mismo escalafón".

Terminan los actores calificando como un "re­traso" laboral "la facultad caprichosa conferida a las instituciones de dar por terminada la rela­ción laboral cuando falte un mes para cumplirse uno de los períodos de estabilidad consagrados para el docente", después de lo cual enfatizan el hecho de que el artículo 109 viola el canon 23 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuyo texto transcriben.

V

El concepto de la Procuraduría

Como ya se observó, el Procurador General de la Nación, al descorrer el traslado ordenado por la Constitución, solicita a la Corte la declara­ción de exequibilidad de "los artículos del De­creto-ley número 80 de 1980 a que se contrae la demanda de inconstitucionalidad del proceso en referencia '

En el orden en que se han presentado los car­gos de inconstitucionalidad formulados por los actores, es dable exponer las consideraciones de la Procuraduría en la forma que se detallará a continuación, encaminadas por supuesto, a reba­tir dichos cargos.

a) En cuanto a la limitación impuesta a los docentes de tiempo completo, para trabajar en otras instituciones públicas o privadas de edu­cación superior, afirma la Procuraduría (P. 11):

"Respecto del primer punto, los demandantes sencillamente persiguen que no se ponga valla alguna a la capacidad laboral de los docentes; que los que están trabajando con la jornada má­xima, esto es, de tiempo completo, tengan plena libertad de hacerlo, en forma adicional a dicha vinculación de tiempo completo, sin limitación temporal: esto no solamente atenta contra la salud física y mental de los docentes (V. gr. el 'surmenage), sino que en cierta forma pretende que ellos puedan acaparar la noble tarea de la docencia y dejen por fuera a muchos profesores, a las nuevas inteligencias que día a día se están formando y requiere el país en el difícil campo de la enseñanza: así, pues, la medida a que aspiran los actores, persigue, además, que crezca el de­sempleo y subempleo, lo que sin duda alguna acrecienta el malestar económico que padece el país. Es larga y generosa la norma acusada, al permitir que quienes tienen empleo de tiempo completo en la docencia, puedan adicionalmente laborar hasta por un cincuenta por ciento más todavía. Siendo tan dura y difícil de cumplir una correcta labor docente por el pesado lapso de tiempo completo, casi imposible sería desarro­llarla por medio tiempo adicional, vale decir, por tiempo y medio completo, salvo que la tarea profesoral se desarrolle anormalmente, sin la competencia y responsabilidad debidas, porque esto, se repite, sería extenuante y entonces sí atentaría no solamente contra la obligación que el Estado tiene de proteger el trabajo (Art. 17 C.N.), sino que conduciría a una pésima presta­ción del servicio público de la educación y a agotar física y mentalmente al cuerpo docente".

Con el propósito de robustecer el punto de vista anterior, la Procuraduría cita algunos de los casos que a su juicio evidencian la "especial protección del Estado" al trabajo, afirmando:

"….son diversas las disposiciones legales que se han proferido para amparar la jornada máxi­ma laboral, el trabajo desplegado por determi­nadas personas como los menores, las mujeres embarazadas, el descanso diario, el descanso do­minical, etc., C.S.T., Decreto 995 de 1968, Ley 73 de 1966 y principalmente la reciente Ley 6ª de 1981, que modificó el artículo 161 del C.S.T. y dispuso que 'la duración máxima legal de la jor­nada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y de cuarenta y ocho (48) horas a la se­mana, salvo las siguientes excepciones: a) en las labores (sic) que sean especialmente insalu­bres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto; b) En los trabajos autorizados para menores de dieciséis (16) años, las labores no pueden exceder de seis (6) horas diarias' ".

b) La suspensión o destitución del escalafón del docente, como consecuencia de una medida disciplinaria de igual naturaleza, merece de la Procuraduría las siguientes observaciones (Fl. 13).

"Aquí, sin más, los demandantes pretenden que para el personal docente no exista régimen disciplinario. Son, por el contrario, los forja­dores de la juventud colombiana, quienes con ejemplo constante de acatamiento a sus obliga­ciones y deberes deben combatir el relajamiento que de las costumbres campea en determinados frentes de la sociedad y la notoria falta de res­ponsabilidad y solidaridad que se nota en ella. Si no se aplicara valedera y oportunamente el medio correctivo que implica un régimen disciplinario, después habría que aplicar el más drás­tico del Código Penal. El personal docente que labora en el país no puede constituir bajo nin­gún aspecto un coto de excepción al poder dis­ciplinario del Estado; en Colombia todos los fun­cionarios, empleados y trabajadores oficiales están sujetos a los respectivos regímenes discipli­narios, desde el Presidente de la República, 'el primer empleado del Estado', hasta el último empleado o trabajador al servicio de la Nación o de una entidad oficial. Aparte de los principios genéricos pero trascendentales para la organiza­ción filosófico-política del Estado que se encuen­tran contenidos en los artículos 20 y 26 de la Constitución Nacional, la facultad o poder dis­ciplinario, el Derecho Disciplinario como una de las grandes ramas del Derecho sancionatorio, se encuentra expresamente incluido o está directa­mente establecido en la misma Constitución Po­lítica (V. gr. artículos 14:3-3 y 160)".

Y luego para terminar lo relativo a este car­go, agrega:

"La inscripción en el Escalafón Nacional Do­cente, no es ni puede ser una patente de viola­ción de las disposiciones legales. La estabilidad laboral se instituye en favor del empleado que cumple eficiente y normalmente sus obligaciones y deberes, que desarrolla su trabajo de confor­midad con las funciones y demás exigencias que la ley le asigna o impone y que obviamente el empleado debe acatar. Porque es apenas natural que si éste incurre en violación de sus obliga­ciones y deberes, esto es, en faltas contra el cum­plimiento de sus funciones, debe recibir consecuencialmente las sanciones previstas en el régimen disciplinario que lo cobija, o, lo que es lo mismo, se le aplicarán las sanciones establecidas con antelación a la falta cometida. Sobra decir, de igual modo, que para que un docente sea su­jeto de sanciones de suspensión o destitución, es preciso que la falta o faltas en que incurrió y que se le debieron comprobar, conforme al procedi­miento establecido en el régimen disciplinario correspondiente, sean de una gravedad evidente, ya que tales sanciones son las más graves o seve­ras, y en la dosimetría de las sanciones, éstas han de aplicarse en consonancia con la falta o faltas cometidas".

c) Finalmente por lo que hace al último artícu­lo impugnado, directamente vinculado con la estabilidad de los docentes, la Procuraduría al defender su constitucionalidad, como en los ca­sos anteriores, afirma en síntesis lo siguiente:

"...respecto del último punto de la demanda, debe recordarse que si el docente está vinculado a una entidad mediante contrato de trabajo, la ley le da a aquélla la facultad para que, con preaviso dado con anterioridad no menor de un mes, al vencimiento del término contractual co­rrespondiente, dé por terminada la relación labo­ral del caso, y si calla, el contrato se entiende prorrogado; es la prórroga automática del con­trato que reafirma su estabilidad, que no cons­tituye innovación alguna de la disposición acusa­da y que se halla establecida en diferentes campos de la legislación. En el caso presente donde sólo hay excepcionalmente contrato de trabajo, ningún texto constitucional se viola al establecer un principio de amplitud que de una parte ga­rantiza la estabilidad en el caso de silencio y, de otra la libertad de trabajo. Y está bien que así sea, puesto que de lo contrario quedaría atada la entidad o el docente a una situación que en determinados casos contraría su voluntad y ni la una ni el otro podrían ejercer la libertad o su libertad de contratación, aquélla para trabajar con quienes mejor le respondan a sus objetivos, y éste de no trabajar con quienes no quiere ni desea seguir vinculado".

Como remate y conclusión de todas las obser­vaciones anteriores la Procuraduría termina afir­mando:

"Como conclusión valedera para los cargos que se formulan en la demanda contra las disposi­ciones materia de la acción de inexequibilidad en referencia, es atinente expresar que, si con­forme lo establece el artículo 63 del Estatuto Constitucional, 'no habrá en Colombia ningún empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento' quien siendo empleado, funciona­rio o trabajador de una entidad oficial que presta el servicio público de educación quebrante 'sus funciones detalladas en ley o reglamento' es me­recedor de las sanciones previamente estable­cidas' ".

VI

Consideraciones de la Corte

A. Competencia de la Sala Constitucional.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal 4 del artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia por medio de su Sala Constitucional, es competente para conocer de la demanda intentada contra los artículos 95, 103 y 109 del Decreto-ley número 80 de 1980 ante la jurisdicción constitucional del Estado.

B. Temporalidad del decreto-ley acusado.

El Decreto-ley número 80 de 1980, del cual forman parte las disposiciones acusadas, fue ex­pedido el día 22 del mes de enero del citado año, tal como se vio en la transcripción hecha por la Corte al comienzo del presente fallo.

Y, como de otra parte, la Ley 8ª de 1979 fuen­te del decreto en cuestión, como que éste se dic­tó con base en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por me­dio de ella y por "el término de un año", fue promulgada el día 1º del mes de febrero de 1979, según inserción realizada en el Diario Oficial nú­mero 35191 de la misma fecha, síguese de ello, como ya lo ha observado la Corte en las oportunidades en que ha conocido de otras demandas contra el mismo decreto, que por lo que atañe a las condiciones de temporalidad exigidas en tales casos, el decreto acusado se ajusta a los cánones constitucionales respectivos.

C. Constitucionalidad de las normas acusadas.

En el análisis de los cargos de inconstitucionalidad, la Corte seguirá el orden lógico y nu­mérico en que tales cargos fueron formulados por los actores y que, por idénticas razones, es el mismo adoptado por la Procuraduría, según se ha visto en la exposición del concepto respec­tivo.

1. En cuanto a la prohibición impuesta a los educadores de tiempo completo para trabajar en otras instituciones públicas o privadas de edu­cación superior, más allá de un cincuenta por ciento adicional sobre el total de horas que dicte en tal condición, resulta indispensable hacer las siguientes observaciones:

a) Ante todo la norma pretende una eficiente labor docente, finalidad que se aviene con el contenido del artículo 41 de la Carta, según la cual, el Estado, debe procurar la mejor forma­ción intelectual, moral y física de los educandos. Por eso, como regla general, impide la disposi­ción impugnada que el servidor docente labore en otras instituciones si tal actividad entorpece el horario o el programa de trabajo fijado por la entidad donde se labora de tiempo completo;

b) Por excepción y casi como privilegio, el artículo acusado no sólo no consagra restricción alguna del ejercicio de la libertad, sino que otor­ga una ampliación de ose derecho para utilizar el tiempo de vacancia o de descanso en el mismo servicio, siempre que no produzca la interferen­cia anotada, dentro de un margen que prudencialmente consideró el legislador no afectaría la eficiencia en la actividad docente tanto en la de tiempo completo como en la adicional. Desde otro ángulo, el social, esta misma norma genera oportunidades de empleo, para otras personas, con lo cual el Estado cumple el mandato del artículo 17 de la Constitución y, en cierta forma, desarrolla lo preceptuado en su artículo 32;

c) "Constituye evidencia que la analizada dis­posición tiende a proteger la salud de los servi­dores docentes cobijados por ella, pues al per­mitirles el desempeño de una labor de tiempo completo y un cincuenta por ciento adicional, se les evita los trastornos que sobrevendrían segura­mente con el ejercicio de una actividad más in­tensa;

d) Conviene destacar que la Constitución, en este punto y en materias afines, autoriza un mar­cado intervencionismo del Estado, sin alcanzar las zonas del "totalitarismo" por invasión arbi­traria de la órbita personal de los miembros de la comunidad. Cuando el trabajo dependiente se aparta de todo control estatal, en su duración, condiciones de ejercicio, remuneración, etc., los perjuicios suelen aparecer del lado del trabaja­dor. El afán de lucro, por parte del empleador, y la necesidad, el imprudente apego a una actividad o el interés por mayores rendimientos, por parte del operario, son factores que desembocan en fatales excesos. A la larga se desmejora la calidad de la labor ejecutada, se desgasta la ap­titud psico-física, se obstaculiza la recuperación, se desintegra la unidad familiar y se termina por hacer odiosa la tarea. De ahí que el Estado no pueda ser indiferente cuando se trata de fijar saludables y plausibles regulaciones orientadas a mantener el trabajo dependiente dentro de mol­des adecuados y sensatos. La reglamentación a que alude el artículo 39 de la Constitución, al­canza logros como los atendidos por el artículo 95 del Decreto número 80 de 1980;

e) De sobra se conoce la tendencia contempo­ránea de reducir las jornadas diarias y sema­nales de trabajo. Seguramente esta benéfica orientación no se da para permitir la explota­ción del trabajador con horarios adicionales, excesivos e ilimitados, cumplidos en actividades similares y en empresas o instituciones de idén­tica naturaleza a aquellas en donde se realiza el trabajo regular u ordinario.

La reprobación aparece, entonces, mal diri­gida, pues se centra en las normas que prohíben estas abusivas sobrecargas laborales, asumidas con aparente libertad, en vez de proyectarse ha­cia sus verdaderas causas, vale decir, la insufi­ciencia del salario y la atención de obligaciones que no deberían correr por cuenta del esfuerzo particular del trabajador".

De otro lado, la privacidad, que no se logra nunca con la censurable aceptación de extenuan­tes jornadas de trabajo, no debe prevalecer, en forma indiscriminada e invariable, sobre inte­reses superiores, así, entre otros, los de velar por la salud y seguridad del trabajador, procurar el perfeccionamiento de su obra, establecer la justa distribución de oportunidades entre toda la po­blación apta para el trabajo.

II. Respecto de la disposición según la cual "la suspensión o destitución de un docente con­lleva la suspensión del escalafón o carrera do­cente respectivamente", contenida en el artículo 103, del Decreto-ley número 80 de 1980 encuentra igualmente la Corte que ella no contraría lo dispuesto por la Constitución Nacional concretamente lo preceptuado en su artículo 26.

No hay violación del debido proceso, en la imposición de sanciones, ni tampoco se patentiza quebranto del non bis in ídem.

En cuanto a esta doble conclusión, se anota:

a) En relación con la primera cuestión, debe decirse que ni la suspensión o destitución del cargo, ni la suspensión o exclusión, respectivamente, del escalafón y de la carrera docentes, son determinaciones que se cumplan de manera automática o fulminante. Dentro de la preceptiva del Decreto 2277 de 1979, el artículo 55 señala un debido proceso, sin que sea dable estimar que su alcance se proyecta, únicamente, sobre el escalafón, pues la verdad es que comprende, por igual, a éste y a la carrera docente, dos inescindibles aspectos de la misma cuestión.

Así como se acepta que, producida la suspensión o exclusión del escalafón y de la carrera docentes, el sancionado no puede continuar en el desempeño de su cargo, también debe admitirse que, producida la suspensión o destitución respecto de un empleo, surge como obligada consecuencia la suspensión o exclusión del escalafón y de la carrera docentes.

El artículo 8º del Decreto 2277 de 1979, dice:

"Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos. La inscripción en dicho Escalafón habilita al educador para ejercer los cargos en la Carrera Docente"; y, el artícu­lo 26, señala: "La Carrera Docente es el régi­men legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la es­tabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesionalización, actualización y capacitación permanente, establece el número de grados del Escalafón Docente y re­gula las condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la pro­moción a los cargos directivos de carácter do­cente". De donde afectándose, por motivo sufi­cientemente grave y debidamente comprobado, el derecho a permanecer en el cargo docente, resul­ta natural su repercusión en el escalafón y en la carrera docentes. Si para aquél faltan las condi­ciones esenciales que aseguran la permanencia o estabilidad, no subsisten para éstos, ya que su perturbación permitiría el desempeño de una po­sición en el ramo de la enseñanza. Sería tanto como suspender o excluir a un educador de su cargo y, al mismo tiempo, mantener su aptitud para reclamar su ejercicio.

Por eso el Decreto, en la disposición acusada, fija este criterio, el cual no se presenta como ilógico o desatinado.

Ahora bien, en el caso de acudirse al procedi­miento señalado en el artículo 2277 de 1979, o en el evento de acogerse el que se establezca "por reglamento ejecutivo", como lo ordena el artículo 104 del Decreto 80 de 1980, en ambas hipótesis se debe cumplir un debido proceso, má­xime cuando estos dos citados ordenamientos en­fatizan en garantizar, mediante el trámite de ley, el derecho de defensa.

De resalto aparece que el procedimiento pro­pio a las sanciones del artículo 103, cubre total­mente la actividad estatal dirigida a este fin, no siendo ajeno al mismo ni la suspensión o desti­tución del cargo, ni la suspensión o exclusión del escalafón y de la carrera docentes. Como ade­lante se anotará, no implica vicio de inconstitucionalidad el que ese trámite no se realice en forma separada, para cada una de esas sancio­nes, pues lo pertinente es su unificación, cum­pliéndose así con el mandato del artículo 26 de la Carta.

b) La Carta no determina un repertorio de sanciones para las contravenciones o los delitos. De ahí, que obviamente, silencie clasificaciones y posibilidades de aplicación unitaria o conjun­ta de aquéllas. Así como es posible encontrar una sanción principal y única, es dable observar el concurso de principales y accesorias, o la impo­sición exclusiva de estas últimas. Con esto no se está acordando una doble sanción con la misma conducta punible, sino adecuando la represión y la naturaleza del comportamiento. Abundan en nuestra legislación sobre delitos y contravencio­nes, ejemplos al respecto, sin que tenga éxito una crítica de inconstitucionalidad por este mo­tivo.

Cuando el artículo analizado señala que la suspensión o destitución del cargo comporta la suspensión o exclusión del escalafón y de la ca­rrera docentes, apenas armoniza consecuencias o, en el" peor de los casos, acentúa la sanción. No es, pues, una diversa forma de penar, en ámbitos diferentes, sino la ejecución de un rigor repre­sivo, dentro de la misma órbita de juzgamiento, que ha atendido a la unidad del procedimiento, ya que constituiría extravagante exigencia ade­lantar un trámite para dispensar la primera de las sanciones, y seguir otro, con posibilidad de reclamar la cosa juzgada, para determinar la se­gunda de ellas. Que se diga que son sanciones principales concurrentes o que una de ellas es principal y la otra accesoria, no constituye va­riación conceptual que derive hacia la inconstitucionalidad de la norma.

Que se estime demasiado severa la medida es cuestión que no alcanza a contaminar la norma como contraria a las disposiciones de la Carta. En lo que sí podría advertirse cierto compromiso de sus textos y espíritu, es en cuanto a la dura­ción perpetua de tal exclusión. La sanción debe considerarse como susceptible de rehabilitación.

III. En cuanto al texto del artículo 109 del Decreto-ley 80 de 1980, también materia de la impugnación, es preciso reconocer que no se en­cuentra en contradicción con texto alguno de la Carta Fundamental. Con él ciertamente, no se vulnera la estabilidad del trabajador, pues se entiende que dicha norma se refiere a los casos en que la relación laboral del docente, se cum­ple contractualmente y por períodos de tiempo previamente convenidos.

Por el contrario, debe observarse que lo que pretende la norma es ampliar y precisar tales períodos, de acuerdo con el mayor o menor grado que el educador tenga dentro del Escalafón Docente, determinándose así, que el Profesor Asistente tendrá estabilidad por tres años, el Aso­ciado por cuatro y el Titular por cinco, procu­rándose, por lo demás, limitar una viciada prác­tica según la cual siempre se contrata con los docentes por períodos de un año.

En este sentido, lo expresado en su concepto por la Procuraduría General de la Nación, con­sulta claramente el alcance de la norma impug­nada, cuando dice:

"Si el docente está vinculado a una entidad mediante contrato de trabajo, la ley le da a aquélla la facultad para que, con preaviso dado con anterioridad no menor de un mes, al venci­miento del término contractual correspondiente, dé por terminada la relación laboral del caso, y si calla, el contrato se entiende prorrogado, es la prórroga automática del contrato, que reafirma su estabilidad, que no constituye innovación alguna de la disposición acusada y que se halla establecida en diferentes campos de la legisla­ción. En el caso presente donde sólo hay excep­cionalmente contrato de trabajo, ningún texto constitucional se viola al establecer un principio de amplitud que de una parte garantiza la es­tabilidad en caso de silencio y de otra la libertad de trabajo".

No siendo por lo tanto esta norma contraria a la Constitución, deberá declararse su exequibilidad.

IV. Como ya se ha visto, los actores plantean en su demanda la violación por parte de las nor­mas impugnadas, del artículo 23 de la "Declara­ción Universal de los Derechos Humanos" pro­mulgada por las Naciones Unidas en 1948.

Toda vez que en el presente caso el artículo de la mencionada Declaración corresponde, inclu­sive con menor amplitud a lo dispuesto por el Constituyente colombiano en el artículo 17 de la Carta vigente, al tenor del cual "el trabajo es una obligación social y gozará de la especial pro­tección del Estado", no es pertinente en este caso aludir a la incidencia que, dentro del control de la Constitución puedan tener las declaraciones multilaterales de Derechos Humanos. Empero, suscitado el problema por la demanda, resulta oportuno precisar los hechos siguientes:

a) Los actores invocan la Declaración Univer­sal de Derechos del Hombre, la cual, si bien fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de di­ciembre de 1948, sin embargo no ha sido nunca objeto de ratificación por el Estado Colombiano de acuerdo con los mecanismos constitucionales respectivos;

b) A partir de tal año y dentro de la lucha permanente por los Derechos del Hombre, se han realizado numerosas y en algunos aspectos más amplias declaraciones de derechos. Entre éstas vale la pena citar: La Declaración Ameri­cana de Derechos del Hombre, realizada por la IX Conferencia Interamericana de Bogotá de 1948 y la Convención Europea para la proyec­ción de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950 y complementada ulteriormente por di­versos protocolos adicionales;

c) Tienen, sin embargo, especial incidencia pa­ra el derecho positivo colombiano, por haber sido debidamente ratificados según el procedimiento establecido en la Constitución. El Pacto Interna­cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul­turales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 (XXI) del 16 de diciembre de 1966, el cual fue suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y aprobado por el Congreso a través de la Ley 74 de 1968; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y aprobada así mismo por el Congreso Colombiano, mediante la Ley número 16 del 30 de diciembre de 1972.

VII

Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de las faculta­des que le confiere el artículo 214 de la Consti­tución Nacional y, escuchada la Procuraduría General de la Nación,

Resuelve:

Primero, declarase exequible, por no ser violatorio de la Constitución Nacional, el artículo 95 del Decreto-ley número 80 de 1980, cuyo texto es el siguiente:

"El docente de tiempo completo sólo podrá laborar en otras instituciones públicas o privadas de educación superior hasta un cincuenta por ciento (50%) adicional de horas semanales so­bre el número de horas cátedra o lectivas que dicte en la institución a la cual se encuentra vinculado de tiempo completo, siempre que las horas adicionales no interfieran con el horario o el programa de trabajo que le haya sido fijado por la institución como docente de tiempo com­pleto".

Segundo, declarase exequible, por no ser violatorio de la Constitución Nacional, el último in­ciso del artículo 103 del citado Decreto, cuyo texto es el siguiente:

"La suspensión o destitución de un docente conlleva la suspensión o exclusión del escalafón o carrera docente respectivamente".

Tercero, declarase exequible, por no ser violatorio de la Constitución Nacional, el penúltimo inciso del artículo 109 del mismo Decreto, cuyo texto es el siguiente:

"Si con antelación no inferior a un mes a la fecha de vencimiento del período respectivo, la institución no manifestare al docente su decisión de dar por terminada la relación laboral, ésta continuará vigente por un nuevo período".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y ar­chívese el expediente.

César Ayerbe Chaux

Vicepresidente

Jerónimo Argáez Castello, Nemesio Camocho Rodríguez, Conjuez; Fabio Calderón Botero, Manuel Enrique Daza Alvarez, José María Es- guerra Samper, con salvamento de voto; Dante Luis Fiorillo Forras, Manuel Gaona Cruz, con salvamento de voto; José Eduardo Gnecco C., Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Mario Latorre Rueda, Conjuez; Alvaro Luna Gómez, con salvamento de voto; Humberto Murcia Bailen, Ricardo Me­dina Moyano, con salvamento de voto; Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis Enrique Romero Soto, con salvamento de voto; Pedro Elías Serrano Abadía, Luis Carlos Sáchica, Jorge Salcedo Segura, con salvamento de voto; Darío Velásquez Gaviria, Fernando Uribe Restrepo, salvó el voto.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario General.

Salvamento de voto

Los suscritos Magistrados nos permitimos res­petuosamente manifestar nuestro disentimiento con la decisión mayoritaria tomada en el pre­sente proceso, en cuanto por ella la Corte ha resuelto declarar exequibles los artículos 5 y 103, este último en su parte final, de la Ley número 80 de 1980.

Tal disentimiento no abarca la decisión de exequibilidad tomada con respecto al artículo 109 del mismo Decreto, con la cual nos encontra­mos de acuerdo.

Con el propósito de fundamentar dicho Salva­mento de Voto, nos permitimos hacer las consi­deraciones que se expresan a continuación:

I. En cuanto a la prohibición impuesta a los educadores de tiempo completo para trabajar en otras instituciones públicas o privadas de edu­cación superior, más allá de un cincuenta por ciento adicional sobre el total de horas que dicte en tal condición, resulta indispensable hacer las siguientes observaciones:

a) A partir de la reforma constitucional de 1936, inspirada en los grandes principios socia­les que barrieron el mundo y se constitucionalizaron a partir de la primera post-guerra uni­versal, el trabajo se consagró en Colombia como una "obligación social". La profundidad y trans­parencia de tal norma, ha llevado siempre a la Corte a manifestar sin equívoco alguno que toda norma que restrinja dicha obligación ocasiona un vicio de inexequibilidad.

Así, por ejemplo, con ponencia del Magistra­do José Gabriel de la Vega manifestó la Corte en fallo del 18 de julio de 1973, que:

"La obligación de trabajar como postulado constitucional, se impone al legislador. La ley, expresión jurídica subordinada a la Constitu­ción, no puede contrariar ni disminuir la ampli­tud de ese mandato, sólo la Constitución misma está en capacidad de introducirle excepciones. Si una disposición legal restringe de cualquier ma­nera la obligación del trabajo -consagrada en la Carta-, la contradice e infringe, ocasionando un vicio de inexequibilidad. Por ello -a efecto de inquirir si son compatibles entre sí- proce­de comparar la segunda parte del artículo 44 del Código Sustantivo del Trabajo con el artículo 17 de la Carta; el cual, como se ha visto, esta­blece una obligación en términos genéricos: Hay en principio, obligación de trabajar a cargo de todas las personas en posibilidad de hacerlo, y el estatuto constitucional no consigna excepcio­nes a esta regla ni faculta a la ley para fijarlas". (Jurisprudencia Constitucional, 1969 a 1977. Jai­me Betancur Cuartas. Tomo I, pág. 106. Edicio­nes Librería El Profesional. Bogotá).

Esta inequívoca afirmación doctrinaria, que por supuesto, la Corte ha prohijado sistemáti­camente, resultaría de suyo suficiente para con­cluir que la norma acusada vulnera claramente el artículo 17 de la Constitución, debiendo de contera declararse su inexequibilidad;

b) Conviene señalar empero, que la consagra­ción de la prohibición anterior, a un estamento laboral determinado: los educadores cuya im­portancia dentro de las tareas y propósitos del Estado es ocioso mencionar, es así mismo, incom­patible con la igualdad de las personas ante la Constitución y las leyes.

Es bien sabido que esta igualdad, tanto la ju­risprudencia como la doctrina la han hecho deri­var tradicionalmente del artículo 16 del Estatuto Fundamental, en cuanto que, de la normatividad del mismo se desprende que las autoridades de la República se encuentran instituidas para proteger sin discriminación alguna, a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes.

Ya la Corte, con ponencia del Magistrado Eustorgio Sarria, en providencia del 14 de junio de 1969, dijo al respecto:

"El artículo 16 de la Constitución define la razón del poder público y las metas de su ejer­cicio. Es una concreción afortunada de lo que es o debe ser el Estado Moderno, hondamente preocupado por crear la seguridad social. Sus fundamentos democráticos indican que la protec­ción y garantía deben darse a todos por igual, sin posible discriminación, ni menos del soste­nimiento común de las cargas fiscales". (Ob. cit. pág. 71);

c) Pero es más, el Gobierno al legislar median­te el artículo 95 acusado en la forma en que se comenta, no está haciendo otra cosa que invadir arbitrariamente la órbita personal de los miem­bros de la comunidad, disponiendo lo que éstos pueden hacer, y lo que no pueden hacer durante sus horas de vacancia o de descanso, y, por supuesto el Estado no puede, sin bordear peligro­samente las fronteras del totalitarismo, determinar lo que los miembros de la comunidad pue­den hacer en su tiempo libre.

También sobre este trascendental y delicado tema, se ha pronunciado nítidamente la juris­prudencia. En efecto, en fallo del 7 de diciem­bre de 1973, el Tribunal Disciplinario, con po­nencia del Profesor Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, al precisar el sentido del artículo 80 del Decreto número 250 de 1970 el cual también dis­ciplinaba aspectos relacionados con la docencia, similares a los que son materia del presente juicio de constitucionalidad, en tal caso de los miem­bros del Orden Judicial, hizo entre otras las si­guientes consideraciones:

"Desde el momento mismo en que el trabaja­dor oficial, en este caso el Magistrado o el Juez, haya rendido su jornada habitual de ocho horas, al Estado no tiene por qué preocuparle en qué menester, oficio, entretención o forma de vida pueda aquél gastar su tiempo en las horas no laborables. La prohibición que limita el ejercicio de la docencia a ocho horas semanales tiene que referirse necesariamente a ocho horas deducidas de las laborales y no de las que no lo son, pues ello habría de constituir una arbitrariedad. El funcionario una vez cumplida su obligación para con el Estado, es libre de realizar en sus horas de vacancia o de descanso la actividad que a bien tenga aunque se supone que un Magistrado o Juez no las ocupará sino en actividades lícitas y honestas como es de presumir... El Estado no tiene derecho de disponer de las horas de des­canso o de vacancia de los funcionarios de la justicia ya que ellos están en libertad completa de dedicarlas a cualquier menester; pero si ese menester es la enseñanza del Derecho, resulta que no sólo no es reprobable esa conducta sino encomiable en grado sumo, si, por otra parte, el mismo funcionario ha dejado cumplidos sus compromisos con el Estado en la función jurisdiccional satisfactoriamente, y sin que se haya afectado la buena marcha del trabajo". (Procuraduría General de la Nación, Sección de Impresos y Publicaciones. Sentencias proferidas por el honorable Tribunal Disciplinario, registrada en la Sección de Registro y Control de Personal de la Rama Jurisdiccional en el año de 1973 Bogotá, diciembre de 1973. Pág. 149);

d) Las respetables razones que da la Procuraduría en defensa de la constitucionalidad de la norma glosada, están enfocadas desde el punto de vista de su conveniencia, ya para el educador, ya para la docencia en general. En tal orden de ideas resulta pertinente señalar lo siguiente: De una parte, manifestar que un docente en tales condiciones se puede ver aquejado de "surmenage", conduciría a todo género de arbitrarias limitaciones por parte del Estado, debiéndose prohibir con el mismo criterio por ejemplo, el estudio nocturno de empleados y trabajadores.

Por otra parte, so capa de velar por un derecho, no es dable el desconocimiento de otro de mayor envergadura. So pretexto de velar por la salud de los asociados, no se puede prohibir a éstos toda actividad de promoción social, de perfeccionamiento y en general de realización individual. Quienes se han ocupado de la defensa de los derechos del hombre, han sido de antiguo especialmente cuidadosos en excluir este tipo de posibilidades. Así por ejemplo la IX enmienda del "Bill of Rights" de la Constitución de los Estados Unidos de América, dispone que:

"La inclusión de ciertos derechos en la Constitución no se interpretará en el sentido de denegar o restringir otros derechos que se haya reservado el pueblo".

El artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada en París en 1948, expresa:

"Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o reali­zar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración".

También el artículo 29 sobre normas de inter­pretación de la Convención Americana sobre De­rechos Humanos (San José, Costa Rica, 22 de noviembre de 1969), aprobada por Colombia me­diante la Ley 16 de 1974, afirma al respecto que:

"Ninguna disposición de la presente conven­ción puede ser interpretada en el sentido de:

a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Con­vención o limitarlos en mayor medida que la pre­vista en ella".

II. Respecto a la disposición según la cual "la suspensión o destitución de un docente conlleva la suspensión del Escalafón o carrera docente respectivamente" contenida en el artículo 103 del Decreto-ley número 80 de 1980, encontramos igualmente, que ella contraría lo dispuesto por la Constitución Nacional, concretamente las nor­mas contenidas en el artículo 26 de la misma. Para llegar a dicha conclusión, estimamos sufi­cientes las razones que se exponen a continuación:

a) En primer término es preciso señalar la naturaleza del Escalafón y su relación con el ejercicio de la Carrera Docente. Al respecto bas­ta con tener en cuenta las disposiciones en tal sentido, del propio legislador.

El Decreto 2277 de septiembre 24 de 1979, "por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente", dispone en su artícu­lo 8º:

"Se entiende por Escalafón Docente el sistema de clasificación de los educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos.

"La inscripción en dicho Escalafón habilita al educador para ejercer los cargos en la Carrera Docente".

Y en su artículo 26 define lo que se entiende por Carrera Docente, expresando:

"La carrera docente es el régimen legal que ampara el ejercicio de la profesión docente en el sector oficial, garantiza la estabilidad de dichos educadores en el empleo, les otorga el derecho a la profesionalización, actualización y capacita­ción permanente, establece el número de grados del escalafón docente y regula las condiciones de inscripción, ascenso y permanencia dentro del mismo, así como la promoción a los cargos direc­tivos de carácter docente".

Se trata por lo tanto, de un sistema de dere­chos y garantías para el personal docente, del cual este no puede ser suspendido ni excluido sino en los casos previstos en el mismo decreto, -artículos 48 y siguientes-, con observancia del procedimiento allí determinado, -artículo 55-, adelantado por las autoridades en él es­tablecidas -artículo 49-; y mediante "provi­dencia de la autoridad nominadora";

b) En los términos del artículo 103, materia de la impugnación, la suspensión o la exclusión del Escalafón Docente procede automáticamente.

Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución al disponer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente, y obser­vando la plenitud de las formas propia de cada juicio", comprende el ámbito integral del pro­cedimiento penal, incluido tanto aquél que puede llevar a la imposición de una pena criminal en cualesquiera de las ramas especiales del Dere­cho Penal, como también, el que puede concluir con la imposición de una pena de carácter dis­ciplinario.

El citado artículo 26 de la Constitución Na­cional no es otra cosa que la cristalización de aquellos principios que en la lucha secular con­tra el absolutismo vinieron a culminar especí­ficamente en el siglo XIX y que le dan al pro­ceso penal su connotación particular de orden político-jurídico.

Si el Estado tiene el deber de garantizar la justicia, el objetivo del proceso penal no puede ser otro que el logro de una sentencia justa, cuyo fundamento sea la verdad dentro de la aspira­ción jurídica de que el culpable sea castigado y absuelto el inocente. Y, en tal orden de ideas, siempre se ha entendido que el artículo 26 de la Constitución comprende, por una parte el dere­cho del procesado a no ser condenado sin haber sido oído y vencido en juicio; por otra, el dere­cho del mismo a que se cumplan las ritualidades propias del proceso que corresponda, en cada ca­so concreto; y finalmente, a gozar de la libertad de defensa que le permita demostrar su inocen­cia, y hacer valer sus derechos conforme a la ley.

Y, no existe la menor duda de que en el caso sub examine, el educador suspendido o excluido del escalafón no gozaría de ninguno de los dere­chos que se acaban de exponer, en relación con la suspensión o exclusión del Escalafón Docente, que en el contexto del artículo acusado se con­templa simplemente como una especie de pena accesoria a la suspensión o destitución, según ya se dijo, o como una consecuencia automática de las mismas.

No es inoportuno tener en cuenta que, si bien dentro del ámbito del Derecho Punitivo, las san­ciones impuestas como consecuencia de la comi­sión de un delito, no excluyen la aplicación de las sanciones disciplinarias respectivas, natural­mente previo el proceso correspondiente: en el presente caso se trataría no de la concurrencia de una sanción penal y una disciplinaria, sino de la concurrencia de dos sanciones disciplina­rias, con lo cual, a la postre se impondrían en ra­zón del mismo hecho, dos sanciones de idéntica o similar naturaleza, violándose de contera el principio non bis in eadem.

Entendida la Constitución del Estado, como la expresión jurídica de un sistema de valores a los que se busca otorgar un alcance tanto jurídi­co, como histérico-político, indudablemente uno de los valores esenciales dentro del ámbito de los derechos y garantías fundamentales del hom­bre, es el que se expresa a través del artículo 26 de la Constitución Nacional que se comenta, y con el cual se encuentra en contradicción el texto del artículo 103 materia de la impugnación.

Manuel Gaona Cruz, Luis Enrique Romero Soto, Alvaro Luna Gómez, José María Esguerra Samper, Ricardo Medina Moyano.

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

Con el debido respeto me aparto de la decisión tomada por la mayoría de la honorable Corte, en cuanto declara exequible el último inciso del artículo 103 del Decreto-ley 80 de 1980, por el cual se organiza el Sistema de Educación Post- Secundaria. Comparto en este punto el criterio de los Magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz, según el cual tal norma es inexequible.

Me aparto empero -junto con la mayoría de la Corte- de la opinión de los citados magistra­dos en relación con el artículo 95 del mencio­nado decreto, sobre limitación de la jornada de trabajo de los docentes de tiempo completo y considero oportuno, frente a los inusitados plan­teamientos de la ponencia original en esa mate­ria, formular las siguientes consideraciones ele­mentales sobre un tema de tanta trascendencia en el Derecho Laboral.

1º. Los antecedentes.

La reducción forzosa u obligatoria de la dura­ción del trabajo (jornada máxima) fue, desde hace más de un siglo, una de las reivindicaciones más vehementes y firmes de los trabajadores y ha constituido así mismo su más preciada con­quista. El movimiento obrero en tal sentido se inició a comienzos del siglo XIX en los países europeos, en donde el liberalismo manchesteriano y la naciente industrialización habían impuesto jornadas laborales de hasta 16 horas. En Francia, la llamada reivindicación de los tres ochos (tra­bajo, sueño y vida social o recreación) surge en 1840, y se convierte en el principal de los recla­mos del 1º de mayo desde 1890. León XIII, en la histórica Encíclica Rerum Novarum (1891) -carta magna de los obreros-, observa que el trabajo muy prolongado "hace que se embote el alma y sucumba al mismo tiempo el cuerpo a la fatiga" (degradación del hombre, Pío XI). "Dé­bese pues -observa el Pontífice- procurar que el trabajo de cada día no se extienda a más ho­ras de las que permiten las fuerzas" (número 24).

No es sorprendente, por tanto, que en el mo­mento de la creación de la Organización Inter­nacional del Trabajo, OIT, la jornada de ocho horas se situase en la primera línea de los obje­tivos que le eran propios. El preámbulo de la parte XIII del Tratado de Versalles, que fue el acto constitutivo de esta organización -que hoy dirige la política social en el mundo-, citaba "la fijación de una duración máxima de la jor­nada y la semana de trabajo" entre las medidas urgentes destinadas a mejorar la condición de los trabajadores, y los principios generales que el artículo 427 del Tratado consideró de impor­tancia particular y urgente, comprendían "la adopción de la jornada de ocho horas y de la semana de cuarenta y ocho como objetivo a al­canzar allí donde aún no se haya logrado".

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha adoptado desde 1919 hasta nuestros días catorce (14) convenios internacionales y diez (10) recomendaciones sobre la duración del tra­bajo -entre las cuales se destaca la recomenda­ción número 116 de 1962-, sin contar con los instrumentos sobre cuestiones relacionadas, como el descanso semanal o las disposiciones sobre la duración del trabajo contenidas en instrumentos que tratan de otros aspectos específicos de las condiciones laborales (Cfr. Nicolás Valticos, De­recho Internacional del Trabajo).

2º. La legislación colombiana.

Como se presume bien sabido, en nuestra legis­lación se dispone que "la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la se­mana", salvo algunas excepciones taxativas en­tre las cuales se encuentra una jornada máxima de seis horas diarias para los menores de 16 años (C.S.T., Art. 161). De otra parte, el trabajo su­plementario o de horas extras sólo se permite, bajo un estricto control especial de la Inspección del Trabajo, hasta por un máximo de doce (12) horas semanales (D. 13 de 1967, art. 1º). La ley establece, demás, como es apenas obvio, limita­ciones especiales para la jornada de tripulacio­nes aéreas y de radiocomunicaciones (D. 2058 de 1951). El país espera ansioso una limitación efec­tiva a la jornada de trabajo de los conductores de servicio público.

Todo trabajador tiene, además, derecho a des­cansos "obligatorios", en domingos y festivos, en los cuales el trabajo solamente se permite por ley en determinadas condiciones y mediante el reconocimiento de descansos compensatorios ine­ludibles. Y con el pago de sobre-remuneraciones. Finalmente, consagra nuestra ley laboral el derecho a vacaciones anuales (cortas por cierto), no compensables en dinero durante la duración del contrato, y sólo parcialmente acumulables, por excepción.

Sobra advertir que, según la ley y la jurispru­dencia, se trata de derechos irrenunciables por parte del trabajador -el cual no tiene libertad de renunciar a ellos- por estar consagrados en normas que hacen parte del orden público jurí­dico, por potísimas razones de orden social.

Siempre se ha considerado por todos los estu­diosos del problema -juristas, sociólogos, eco­nomistas y políticos- que tales normas, lejos de contrariar el principio constitucional que le otor­ga especial protección al trabajo, constituyen su desarrollo inequívoco y una de sus principales aplicaciones, directa y práctica.

3º. La teología de estas normas.

No cabe duda de que reducir la duración del trabajo realizado bajo continuada subordinación o dependencia -el que cumple la gran mayoría de nuestros trabajadores-, es la única manera de garantizar "tiempo libre" -libre por antonomasia- con todo lo que ello significa para la calidad de la vida y para el ejercicio de una auténtica libertad, vital y socialmente humana. El derecho a un indispensable descanso y a un ocio racional, supone necesariamente la reduc­ción obligatoria del tiempo destinado al trabajo esclavizante (nec-ocio), como lo es el que se rea­liza en condiciones de ineludible dependencia. La realización de la persona humana, en lo indi­vidual y en lo social -piénsese sino en la fami­lia-, requiere de ese tiempo libre, que la ley debe preservar a toda costa, en consecuencia.

La protección especial al trabajo que ordena nuestra Constitución (Art. 17), implica y supone directamente la necesidad de controlar la du­ración del trabajo dependiente. Ello por eviden­tes y simples razones laborales, tales como la de­fensa del rendimiento, de la productividad, de calidad de los productos, y como protección bási­ca contra el riesgo del excesivo desgaste del tra­bajador, y para prevenir accidentes laborales. Aparte de las ventajas que señalan los econo­mistas: que la reducción en la duración del tra­bajo presenta la ventaja de crear empleos com­plementarios, y a menudo estimula las inversiones y los esfuerzos de racionalización de la pro­ducción y de organización del trabajo (Consti­tución Nacional, Art. 32).

El principio tuitivo, esencia del derecho labo­ral, indica la absoluta necesidad de proteger al trabajador contra sí mismo, contra su estado de aguda necesidad, contra su ambición o su codi­cia. Lo que ha hecho desaconsejable, entre otras cosas, sistemas de tan aparente justificación co­mo lo es la remuneración "por incentivos". No en balde se ha dicho, como verdad lapidaria, que en las relaciones entre el débil y el poderoso, la libertad es la que oprime y la ley la que libera.

La Carta establece la obligación de trabajar, que es una obligación natural, y los límites a la jornada laboral son límites necesarios de tal obli­gación. Es cierto que también puede entenderse que la Constitución consagra la libertad de tra­bajo, como facultad jurídica. Pero es evidente que en la práctica -en los hechos sociales- no existe la libertad para trabajar o no, al menos para la inmensa mayoría de los colombianos, quienes tienen que hacerlo para subsistir, en condiciones que generalmente les son impuestas.

Finalmente esta intervención del Estado en la duración de la jornada -elemental y básica aún en los países más "liberales" y menos tota­litarios- se impone además en el campo docente, aparte de las razones generales, por mandato expreso de la Carta "en orden a procurar. .. la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos" (Art. 41). Constituye, adicional­mente, la reglamentación lícita prevista del ejer­cicio de una profesión (Art. 39).

En estos términos aclaro mi voto en relación con el artículo 95 del Decreto.

Fernando Uribe Restrepo.

Fecha ut supra.

Salvamento de voto

En relación con el artículo 95 del Decreto 80 de 1980, uno de los acusados, se expusieron dos tesis, la del fallo, según la cual la prohibi­ción impuesta a los trabajadores de la edu­cación de tiempo completo para laborar en otras instituciones públicas o privadas de edu­cación superior es un desarrollo del principio consagrado en el artículo 41 de la Constitución, según el cual el Estado debe procurar el mejo­ramiento moral, intelectual y físico de los edu­candos, para cuyo logro se hace necesario limitar la actividad docente. Y la de un respetable grupo de Magistrados disidentes, según los cua­les el referido artículo 95 contraría el artículo 17 de la Constitución.

Frente a las dos tesis el suscrito Magistrado comparte la primera. Empero, estima que no por su espíritu general y la finalidad buscada por el legislador, sino por la forma impropia como fue redactado, el artículo 95 acusado ado­lece de defectos que lo tornan parcialmente inconstitucional.

Cuando el artículo 95 toma como punto de referencia para limitar el trabajo adicional de los docentes el número de horas cátedra que dicte en la institución a la cual se encuentra vinculado de tiempo completo, el legislador colo­ca eventualmente a los docentes en la imposi­bilidad de trabajar así sea una hora extra, lo cual sí es inconstitucional. Ciertamente la acti­vidad de un docente no se limita a la cátedra, pues su trabajo implica la preparación de la clase, la corrección de pruebas y fundamentalmente la investigación. Supóngase entonces un docente contratado para una importante inves­tigación que únicamente dicte una hora semanal de cátedra. Pues bien, tal docente según la norma analizada solamente podría trabajar en otras instituciones media hora. El anterior ejem­plo aclara perfectamente mi pensamiento en el sentido de que al haber tomado el artículo 95 no las horas de trabajo docente general, sino horas de cátedra, vulnera el derecho de los tra­bajadores intelectuales a laborar. Por tanto, ratifico mi posición en el sentido de que el ar­tículo es constitucional, menos la frase "sobre el número de horas cátedra o lectivas que dice en", por cuanto esa frase limita tremendamente el derecho de los docentes a su legítimo derecho a trabajar, consagrado en la Constitución.

Jorge Salcedo Segura.

Fecha la del fallo.