300Corte SupremaCorte Suprema30030012342Eustorgio Sarria197020/01/1970Eustorgio Sarria_1970_20/01/197030012342MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS FUNCIONES: Exequibilidad del Art. 13, Ord. d) del Decreto extraordinario 3161 de 1968. Res­pecto de la demanda contra los Arts. 1º y 2º, Ords. c), m), o) y q), del mismo Decreto, estése a lo resuelto en sentencia del 20 de octubre de 1969 . Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, enero veinte de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria). I - PETICION 1970
Joaquín Londoño OrtizControl constitucionalidad de los artículos 1º, 2º, ordinales c), m), o) y q), y 13, ordinal d), del Decreto ex-traordinario número 3161 (26 de diciembre), "por el cual se reorganiza el Ministerio de Minas y Petróleos".Identificadores30030012343true85626Versión original30012343Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad de los artículos 1º, 2º, ordinales c), m), o) y q), y 13, ordinal d), del Decreto ex-traordinario número 3161 (26 de diciembre), "por el cual se reorganiza el Ministerio de Minas y Petróleos".


MINISTERIO DE MINAS Y PETROLEOS

FUNCIONES:

Exequibilidad del Art. 13, Ord. d) del Decreto extraordinario 3161 de 1968. Res­pecto de la demanda contra los Arts. 1º y 2º, Ords. c), m), o) y q), del mismo Decreto, estése a lo resuelto en sentencia del 20 de octubre de 1969.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, enero veinte de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria).

I - PETICION

El ciudadano Joaquín Londoño Ortiz, Pre­sidente de la Asociación Colombiana de Mi­neros, por medio de apoderado, solicita de la Corte, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Consti­tución Política, la declaración de inexequibilidad de los artículos 1º, 2º, ordinales c), m), o) y q), y 13, ordinal d), del Decreto ex­traordinario número 3161 (26 de diciem­bre), "por el cual se reorganiza el Ministerio de Minas y Petróleos".

Reunidos los requisitos previstos en el artículo 16 del Decreto Nº 432 de 1969, la demanda fue admitida por providencia del 17 de octubre del mismo año.

II - DISPOSICIONES ACUSADAS

Decreto número 3161 de 1968

(Diciembre 26)

"Artículo 1º Corresponde al Ministro de Minas y Petróleos, previo acuerdo con el Presidente de la República, adoptar la po­lítica sobre exploración, explotación, transporte, refinación, beneficio, transformación, distribución y producción de minerales, de hidrocarburos y de sus derivados y, en gene­ral, sobre las actividades técnicas, económicas, jurídicas, industriales y comerciales re­lacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables.

"Artículo 2º El Ministerio de Minas y Pe­tróleos, además de las funciones que le corresponden de acuerdo con el Decreto 1050 de 1968 y con las disposiciones legales y reglamentarias en vigencia, ejercerá las si­guientes:

………………………………………………………………………………………….

c) Destinar cualquier área del dominio continental o insular de la República, de las aguas territoriales o de la plataforma submarina, a la realización de los trabajos mencionados en los literales anteriores y aportar a empresas comerciales e industria­les de la Nación o a sociedades de economía mixta, los yacimientos que se encuentren en tales zonas y que el Gobierno considere básicos para el desarrollo del país, o darlos en concesión o permiso cuando lo estime conveniente.

…………………………………………………………………………………………

"m) Conocer y tramitar las solicitudes y propuestas de permiso, aportes, arrendamientos, concesiones y licencias para la ex­ploración, explotación, refinación, transpor­te, procesamiento y distribución de mine­rales, de hidrocarburos y de sus derivados; expedir o celebrar los actos unilaterales o bilaterales que definan aquellas peticiones; y, en general, tomar las decisiones que otor­guen o nieguen a los particulares, a las en­tidades públicas o a las empresas de econo­mía mixta, derechos sobre los yacimientos mineros y petrolíferos de la Nación y sobre el posterior aprovechamiento de los recur­sos explotados;

………………………………………………………………………………………………

"o) Interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias relacionadas con el aprovechamiento inte­gral de los recursos naturales no renovables, lo mismo que las cláusulas contractuales y las estipulaciones de los actos administra­tivos que se refieran a tales materias;

……………………………………………………………………………………………..

"q) En general, ejercer directamente o a través de los organismos descentralizados adscritos al Ministerio, todas aquellas fun­ciones que, por su naturaleza, estén relacionadas con las diversas ramas de las in­dustrias mineras, petrolíferas y de transfor­mación, y ejecutar en todas sus modalidades la política adoptada sobre las materias a que se refiere el artículo 1º de este Decreto.

……………………………………………………………………………………………..

"Artículo 13. De la División de Minas. Corresponde a la División de Minas...

d) Controlar y fiscalizar la industria mi­nera en los ramos de exploración, explota­ción, beneficio, transformación y distribu­ción de productos minerales".

III - TEXTOS CONSTITUCIONALES QUE SE DICEN VIOLADOS Y RAZONES DE LA ACUSACION

Al respecto el actor, en síntesis, expone:

Se violaron, con las disposiciones acusa­das, los artículos 33, 55 y 76 -numerales 1º, 2º, 4º, 9º y 12- y 80 de la Constitución. Y agrega:

a) Hubo "extralimitación de las faculta­des extraordinarias de que fue revestido el Presidente de la República";

b) Hubo "violación de los artículos 32 y 80 de la Carta por establecerse una intervención del Estado y la fijación de una polí­tica de planeamiento, actividades que corresponden constitucionalmente a la rama legislativa del Poder Público";

c) Hubo "violación del artículo 76, nume­ral 2º de la Carta porque el Gobierno ha derogado o modificado disposiciones del Có­digo de Minas";

d) Hubo "violación de los artículos 55 76 y 141 al atribuirle al Ministerio de Minas atribuciones propias de las ramas legislati­va y jurisdiccional".

IV - CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Jefe del Ministerio Público, en concep­to de 25 de noviembre de 1969, se opone a las pretensiones del actor y concluye solici­tando la exequibilidad de las normas acusadas. En relación con el ordinal d) del artículo 13 del Decreto 3161, después de ci­tar y comentar la Ley 60 de 1967, afirma:

"Lo anterior demuestra que la interven­ción del Estado en los ramos de exploración, explotación, beneficio, transformación y dis­tribución de productos minerales es preexis­tente al Decreto 3161 de 1968 y que lo dis­puesto por éste en el artículo 13, literal d), es asignar a la División correspondiente del Ministerio de Minas y Petróleos la función de controlar y fiscalizar en esos aspectos la industria minera de acuerdo con las deter­minaciones de la Ley 60 de 1967 y su decre­to reglamentario".

V - CONSIDERACIONES

Primera

Para dictar el Decreto Nº 3161 de 1968, el Presidente de la República invoca las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 65 de 1967, hecho este que le otorga competencia a la Corte para conocer del negocio.

Segunda

Por sentencia de 20 de octubre de 1969, la Corte, Sala Plena, declaró la exequibili­dad de los artículos 1º y 2º, ordinales c), m), o) y q) del Decreto 3161 de 26 de di­ciembre de 1968, objeto de la presente de­manda, analizando los cargos de inconstitucionalidad que ahora se formulan. Por tanto, no cabe nuevo pronunciamiento so­bre el particular, debiéndose estar a lo re­suelto en dicho fallo.

Tercera

En relación con el ordinal d) del artículo 13 del mismo estatuto, se observa:

1. El control y fiscalización de la indus­tria minera no se los atribuye al Ministerio de Minas y Petróleos la mencionada dispo­sición legal objeto de acusación por parte del actor. Como se advirtió en la sentencia de 20 de octubre de 1969, el Decreto Nº 3161 no creó funciones a cargo del Ministerio, sino que se limitó a hacer una redistribu­ción de las ya existentes entre los diversos organismos y dependencias de ese Despacho.

2. Así, como lo anota el Procurador, la Ley 60 de 1967 contiene preceptos muy cla­ros sobre la materia, que el Decreto Nº 292 de 1968 desarrolla en ejercicio de la potes­tad reglamentaria a que alude el ordinal 3º del artículo 120 de la Constitución.

3. El artículo 12 de la Ley 60 de 1967 dis­pone que los beneficiarios de los yacimientos "quedarán sujetos a las normas regla­mentarias sobre transformación en el país de los minerales que exploten y sobre el abastecimiento adecuado de la demanda na­cional". Y es claro que esta obligación del minero o industrial implica para el Gobier­no la facultad legal de control y fiscaliza­ción de sus actividades, como medio idóneo para garantizar su cumplimiento.

4. Por lo expuesto no existe la violación constitucional invocada por el demandante, ni ninguna otra.

VI - CONCLUSIONES

1. Las disposiciones de los artículos 1º y 2º, ordinales c), m), o) y q) del Decreto ex­traordinario Nº 3161 no pueden ser objeto de nuevo pronunciamiento por parte de la Corte, y debe, en consecuencia, estarse a lo dispuesto en la sentencia de 20 de octubre de 1969.

2. El ordinal d) del artículo 13 del mismo Decreto es exequible.

VII - FALLO

De conformidad con las anteriores consi­deraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Constitución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve

1º. Respecto de los artículos 1º y 2º, ordi­nales c), m), o) y q) del Decreto extraordinario Nº 3161 de 26 de diciembre de 1968, estése a lo resuelto en sentencia de 20 de octubre de 1969.

2º. Es exequible el artículo 13, ordinal d) del mismo Decreto Nº 3161 de 26 de diciem­bre de 1968.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, transcríbase al Minis­terio de Minas y Petróleos y archívese el expediente.

J. Crótatas Londoño, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Juan Benavides Patrón, Er­nesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, Gustavo Fajardo Pinzón, Jor­ge Gavina Salazar, César Gómez Estrada, Ed­mundo Harker Puyana, Enrique López de la Pa­va, Luís Eduardo Mesa Velásquez, Simón Mon­tero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Guillermo Ospina Fernández, Carlos Peláez Trujillo, Julio Roncallo Acosta, Luis Sar­miento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hernán Toro Agudelo, Luis Carlos Zambrano.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.