Sentencia de 1969

300Corte SupremaCorte Suprema30030012326Hern�n Toro Agudelo196921/08/1969Hern�n Toro Agudelo_1969_21/08/196930012326ESCALAFON NACIONAL DE MAESTROS DE ENSE�ANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA Inexequibilidad parcial del art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968 - I - 1. Conforme a los art�culos 62 y 76, numeral 10, de la Carta, el legislador puede crear carreras como la del profesorado. 2. Si el Presidente recibi� facultades para acordar autonom�a o descentralizar funciones, pod�a acordar un grado menor de autonom�a mediante la figura de la delegaci�n. 3. Tal delegaci�n estaba ya autorizada por normas anteriores. 4. El Alcalde de Bogot� es agente directo del Presidente, luego puede recibir delegaciones conforme al art�culo 135 de la Carta. - II - 1. Compatibilidad anterior entre sueldo y jubilaci�n en el ramo docente y supresi�n en lo nacional. 2. El Gobierno no recibi� facultades para alterar esa compatibilidad respecto a los maestros y profesores departamentales y municipales. 3. La Corte acoge en este particular el concepto del Procurador. Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Bogot�, D.E., agosto veintiuno de mil novecientos sesenta y nueve. (Magistrado Ponente: Doctor Hern�n Toro Agudelo). 1969

Norma demandada: �demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968

1. Conforme a los art�culos 62 y 76, numeral 10, de la Carta, el legislador puede crear carreras como la del profesorado.

2. Si el Presidente recibi� facultades para acordar autonom�a o descentralizar funciones, pod�a acordar un grado menor de autonom�a mediante la figura de la delegaci�n.

4. El Alcalde de Bogot� es agente directo del Presidente, luego puede recibir delegaciones conforme al art�culo 135 de la Carta.

1. Compatibilidad anterior entre sueldo y jubilaci�n en el ramo docente y supresi�n en lo nacional.

2. El Gobierno no recibi� facultades para alterar esa compatibilidad respecto a los maestros y profesores departamentales y municipales.

El ciudadano C�sar Castro Perdomo, en ejercicio de la acci�n p�blica que consagra el art�culo 214 de la Carta y con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto 432 de 1969, present� demanda contra los art�culos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 56 del Decreto Ley 3157 de 1968, en solicitud de que por la Corte se declaren inexequibles. Habi�ndose cumplido el tr�mite de rigor es oportunidad de decidir y a ello procede esta Corporaci�n, as�:

"Por el cual se reorganiza el Ministerio de Educaci�n Nacional y se estructura el sector educativo de la Naci�n.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967, y de las ordinarias que contempla la Ley 19 de 1958,

"ART�CULO 37. Con miras a lograr una mayor eficacia administrativa mediante la agilizaci�n de los tr�mites, el Gobierno delegar� parcial o totalmente la clasificaci�n en el Escalaf�n de Primaria y Secundaria en los Departamentos y en el Distrito Especial de Bogot�, en la medida en que lo juzgue conveniente seg�n la i eficacia de la organizaci�n administrativa de los mismos.

"ART�CULO 38. La clasificaci�n en el Escalaf�n comprende la inscripci�n, ascenso, suspensi�n y exclusi�n del Escalaf�n. El Gobierno Nacional determinar� por medio del Decreto en qu� casos la delegaci�n ser� total o parcial. Para los casos en que el Gobierno Nacional se reserve la clasificaci�n parcial o total, ello se ejercer� con la asesor�a de sendas juntas nacionales de Escalaf�n de Educaci�n Primaria y Secundaria que tendr�n el car�cter de asesoras y cuya composici�n y funciones determinar� el Gobierno Nacional.

"ART�CULO 39. En los casos en que se delegue la clasificaci�n en los Departamentos, los actos administrativos que en desarrollo de estas funciones se expidan, ser�n motivados y se dictar�n por los Gobernadores, con la firma del respectivo Secretario de Educaci�n o del funcionario que haga las veces.

"ART�CULO 40. Contra las providencias que dicten los funcionarios anteriormente citados, proceden por la v�a gubernativa los recursos establecidos en el Decreto Ley 2733 de 1959, con observancia del procedimiento all� establecido. Igualmente estos actos, ser�n demandables ante el Tribunal competente de lo Contencioso Administrativo.

"ART�CULO 41. Para el eficaz cumplimiento de estas funciones el Ministerio de Educaci�n dar� las instrucciones pertinentes y podr� prestar inicialmente asesor�a tanto jur�dica como t�cnica a los funcionarios que lo soliciten.

"ART�CULO 42. El Ministerio de Educaci�n Nacional seguir� conociendo de los negocios atinentes a la clasificaci�n de maestros en los Escalafones de Ense�anza Primaria y Secundaria que no se deleguen, as� como de las providencias sobre Escalaf�n que hayan dictado los Gobernadores, y que de acuerdo con la legislaci�n anterior se hallen en esta fecha para confirmaci�n de las Juntas Nacionales de Escalaf�n.

"ART�CULO 43. Establ�cense Juntas de Escalaf�n de Educaci�n Primaria y Secundaria en cada uno de los Departamentos.

"ART�CULO 44. Las Juntas a que se refiere el art�culo anterior ser�n solamente asesoras de los funcionarios encargados de tomar decisiones sobre Escalaf�n, y tendr�n como funci�n principal la de dar concepto previo en todos aquellos casos en que se trate de exclusi�n temporal o permanente del Escalaf�n.

"PAR�GRAFO 1�. Los conceptos que en el caso previsto emitan las Juntas, no ser�n obligatorios, pero cuando el Gobernador se aparte de ellos, deber� expresar en la providencia respectiva las razones por las cuales no fueron tenidos en cuenta.

"PAR�GRAFO 2�. El Gobierno Nacional determinar� por Decreto, la constituci�n y funcionamiento de estas Juntas.

"ART�CULO 45. Los archivos de las actuales Juntas Nacionales de Escalaf�n ser�n conservados por el Ministerio de Educaci�n, quien tendr� a su cargo la expedici�n de las certificaciones correspondientes a los documentos que integren tales archivos.

"ART�CULO 56. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedici�n, y deroga todas las disposiciones que se�alan la organizaci�n y funciones del Ministerio de Educaci�n, y especialmente el Decreto 1637 de 1960, y el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955, el par�grafo del art�culo 2� de este �ltimo Decreto, el Decreto 199 de 1958 y el Decreto 2242 de 1951.

"Carlos Lleras Restrepo. El Ministro de Educaci�n Nacional, Octavio Arizmendi Posada".

2. La Ley 65 de 1967, invocada por el Gobierno como fuente de las facultades extraordinarias en que se apoyara para dictar el Decreto Ley 3157 de 1968, es del siguiente tenor;

Por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias para modificar la remuneraci�n y r�gimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administraci�n fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupu�stales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisi�n Constitucional Permanente en las C�maras Legislativas.

ART�CULO 1�. De conformidad con el numeral 12 del, art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la vigencia de esta ley, para los efectos siguientes:

a) Fijar tiempos m�nimos en cada grado de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional, y dictar las normas para modernizar el r�gimen de carrera de este personal;

b) Fijar los sueldos b�sicos, primas y bonificaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa Nacional;

c) Modificar el r�gimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a, soldados, grumetes, agentes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa Nacional;

e) Reorganizar la administraci�n fiscal con el objeto de capacitarla para evitar el fraude y cumplir en tiempo oportuno con sus funciones de liquidaci�n y recaudaci�n de los tributos y tasas nacionales, as� como para resolver con prontitud las reclamaciones de los contribuyentes; tambi�n para reorganizar la administraci�n de las aduanas, a fin de hacerla m�s expedita y eficiente;

f) Reorganizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Comisi�n Nacional del Servicio Civil, y se�alarles sus funciones, a objeto de que puedan prestar al Gobierno, en asocio de la Secretar�a de Organizaci�n e Inspecci�n de la Administraci�n P�blica, la cooperaci�n necesaria para el ejercicio de las facultades que contempla la presente Ley;

g) Modificar las normas que regulan la clasificaci�n de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el r�gimen de nombramiento y ascensos dentro de las diferentes categor�as, series y clases de empleos;

h) Fijar las escalas de remuneraci�n correspondientes a las distintas categor�as de empleos nacionales, as� como el r�gimen de prestaciones sociales;

i) Suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder P�blico, y en los institutos y empresas oficiales, y acordar autonom�a o descentralizar el funcionamiento de Oficinas de la Administraci�n que as� lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines;

j) Establecer las reglas generales a las cuales deben someterse los institutos y empresas oficiales en la creaci�n de empleos y en el se�alamiento de las asignaciones y prestaciones sociales de su personal y el r�gimen del servicio".

3. Los art�culos 37 a 45, ambos inclusive, del Decreto Ley 3157 de 1968, son objeto de acusaci�n en cuanto con ellos se viol� el art�culo 118, numeral 8� de la Constituci�n que a la letra dice: "Corresponde al Presidente de la Rep�blica, en relaci�n con el Congreso: 8�. Ejercer las facultades a que se refieren los art�culos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 y dictar los decretos con la fuerza legislativa que ellos contemplan".

En sentir del actor, el concepto de violaci�n radica en que el Presidente de la Rep�blica, al dictar decretos extraordinarios, debe hacerlo ci��ndose estrictamente a los t�rminos de las autorizaciones concedidas, y que las normas a que se refieren los art�culos acusados no encajan en el marco de las facultades de la Ley 65 de 1967, invocadas en el Decreto 3157 de 1968, pues ellas se refieren tan solo a la reforma de la estructura de la administraci�n a que alude el ordinal 9� del art�culo 76 de la Carta, mas no a lo previsto en el ordinal 10 del mismo art�culo 76, en relaci�n con el 62, normas que versan sobre condiciones para el desempe�o de cargos, o para adquirir pensiones o jubilaciones, particularmente en el ramo docente, y que nada tienen qu� ver con la organizaci�n o funcionamiento del servicio p�blico.

Estima el actor que las facultades de la Ley 65 de 1967 est�n circunscritas al ordinal 9� del art�culo 76, y que excluyeron toda competencia para proveer en materia de escalaf�n de maestros y profesores, que es asunto contemplado en el numeral 10 del mismo art�culo, en relaci�n con el 62.

Transcribe los art�culos de la Constituci�n que cita y tambi�n el art�culo 1� de la Ley 65 de 1967 para se�alar que en este �ltimo s�lo el literal g) pudiera dar pretexto al Presidente para dictar el Decreto 3157 de 1968, en la parte acusada, porque se refiere a la expedici�n de reglas sobre clasificaci�n de empleos y r�gimen de ascensos en las diversas categor�as, series y clases de empleos, pero que en opini�n del demandante s�lo puede aplicarse a la catrera administrativa, pero no en el escalaf�n nacional de ense�anza primaria y secundaria, que constituye un ramo especial. Aduce, al efecto, que las Leyes 43 de 1945 y 97 de 1945 crearon el Escalaf�n Nacional de ense�anza primaria y secundaria con el fin de organizar la carrera del profesorado, que contaba con juntas nacionales t�cnicas e independientes, de composici�n adecuada a los prop�sitos de la ley, y que con el Decreto 3157 se desfigura esa organizaci�n para caer en su manejo por los Gobernadores y Juntas Seccionales asesoras, todo lo cual es inconveniente en su concepto y en el de dirigentes de los educadores.

Estima que el Presidente tampoco ten�a competencia constitucional para dictar el Decreto 3157, en la parte acusada, con base en las facultades del numeral 12 del art�culo 120 de la Carta, que lo autoriza para "reglamentar, dirigir e inspeccionar la instrucci�n p�blica nacional", puesto que en su ejercicio debe ajustarse a las leyes expedidas por el Congreso, citando una serie de las relativas al ramo de la educaci�n.

Finalmente, acusa los art�culos de que se trata en este aparte por violaci�n del art�culo 55 de la Carta, el cual ense�a que las tres ramas del poder p�blico tienen funciones separadas y deben colaborar en la realizaci�n de los fines del Estado, en el concepto de que siendo de competencia del Congreso regular los aspectos del servicio p�blico se�alados en el art�culo 62, conforme al numeral 10 del art�culo 76, entre los cuales se encuentra precisamente lo relativo al Escalaf�n de ense�anza primaria y secundaria, el Presidente de la Rep�blica se abrog� tal competencia, sin delegaci�n del Congreso y cuando exist�an dos leyes sobre la materia, o sean las n�meros 43 y 97 de 1945.

4. En lo que hace al art�culo 56 del Decreto Ley 3157 de 1968, la acusaci�n, seg�n el texto de toda la demanda, se refiere tan solo a la parte mediante la cual se deroga el art�culo 1� del Decreto Legislativo 2285 de 1955, adoptado como norma permanente a virtud de la Ley 141 de 1961, pues la totalidad de la argumentaci�n versa sobre ese �nico aspecto del art�culo 56 que se ha mencionado.

Estima el demandante que al derogarse el art�culo 1� del Decreto Legislativo 2285 de 1955 fue violado el art�culo 118, numeral 8� de la Constituci�n, porque la facultad de dictar decretos extraordinarios est� subordinada a las autorizaciones de la ley y a los t�rminos constitucionales respectivos, y la Ley 65 de 1967 s�lo las confiri� para reestructurar la administraci�n p�blica dentro de los lineamientos del numeral 9� del art�culo 76 y de ninguna manera para reglamentar otros aspectos, como el de la compatibilidad entre sueldo oficial y pensi�n jubilatoria, que encajan s�lo en el numeral 10 del art�culo 76 en relaci�n con el 62 de la Carta.

Concept�a el demandante que el art�culo 56 del Decreto Ley 3157 de 1968 viola el art�culo 30 de la Constituci�n, que protege los derechos adquiridos. Cita al efecto el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955, objeto de derogaci�n que dice: "Art�culo 1�. La limitaci�n establecida en el art�culo 7� del Decreto Ejecutivo N� 320 de 15 de febrero de 1949, no rige para los pensionados por tiempo cumplido de servicios en la Administraci�n P�blica, o en el ramo docente, que est�n desempe�ando los cargos de institutores o de profesores en establecimientos de educaci�n sostenidos con fondos p�blicos". Es de advertir que seg�n el art�culo 7� del Decreto 320 de 1949 eran compatibles el sueldo y la jubilaci�n, cuando en conjunto no excedieran de cuatrocientos pesos mensuales.

Opina el actor que al derogarse el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955, adoptado como norma permanente por la Ley 141 de 1961, y al existir en ese momento profesores que devengaban simult�neamente sueldo y pensi�n jubilatoria, se viola el art�culo 30 que protege los derechos adquiridos, como atr�s s� dijo, porque la compatibilidad es un derecho a favor de los profesores y de car�cter civil. Sentado el concepto de la compatibilidad, como derecho adquirido de car�cter civil, el demandante se refiere luego a las pensiones de jubilaci�n que califica como derechos civiles al tenor de sentencia de la Corte, de fecha 28 de febrero de 1946 (Gaceta Tomo 60, p�gs. 6 y siguientes), que no dice propiamente eso sino que "pueden las pensiones estar incluidas en el ramo administrativo, pero tal cosa no implica que ellas no confieran derechos privados a favor de los particulares beneficiados... las pensiones legalmente decretadas son prestaciones por servicios ya cumplidos. Como los sueldos, dan origen a cr�ditos contra la entidad a cuyo cargo se decreta la pensi�n".

El actor aduce luego el art�culo 122, sobre estado de emergencia, que proh�be al Gobierno, en caso de ser decretado, disminuir o desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, al parecer como argumento de analog�a contra el art�culo 56 acusado, pues por esto se desmejora la situaci�n de los trabajadores jubilados del ramo docente, sin facultad expresa para ello.

Finalmente, copia un concepto del H. Consejo de Estado, de 6 de abril de 1954, anterior a la expedici�n del Decreto 2285 de 1955, derogado por el art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968, seg�n el cual el ejercicio del profesorado en establecimientos p�blicos es una excepci�n legal a la prohibici�n del art�culo 64 de la Carta, que no permite, como regla general, devengar dos asignaciones del tesoro p�blico, y por lo mismo, en sentir del H. Consejo de Estado, los profesores pueden sin limitaci�n recibir sueldo y pensi�n jubilatoria.

1. Se�ala el Procurador que el Decreto 3157 de 1968 se dict� con invocaci�n no s�lo de las facultades extraordinarias de la Ley 65 de 1967 sino tambi�n de atribuciones constitucionales del Presidente de la Rep�blica y de las ordinarias de la Ley 19 de 1958.

Adem�s, estima que la determinaci�n de la estructura de la administraci�n, a que alude la Carta en los Art�culos 76, ordinales 9� y 10, en lo pertinente, y 132, inciso 1� y 135, son apenas uno de los varios aspectos que contempla la Ley 65 de 1967, literales d), e), f) e i) del art�culo 1�. Y que las restantes disposiciones de este �ltimo se refieren a otras materias, previstas en normas constitucionales distintas a las arriba citadas, por lo cual es claro que, contra lo afirmado por el actor, la Ley 65 de 1967 no circunscribe sus facultades al desarrollo de preceptos estrictamente relacionados con el numeral 9� del Art�culo 76, sino tambi�n con el 10 y otros.

2. Un grupo de las normas acusadas (art�culos 37, 38 en parte, 39 y 40), relativas a la delegaci�n en los Departamentos y el Distrito Especial de Bogot�, de la clasificaci�n y otros aspectos del Escalaf�n de Ense�anza Primaria y Secundaria, simplemente se dirigen a descentralizar o mejor desconcentrar esas funciones, lo cual se acomoda al art�culo 135 de la carta, sobre delegaci�n mediante previo se�alamiento de la ley; y como en estos art�culos no se efect�a directamente dicha delegaci�n, sino que se autoriza al Gobierno para hacerla, el decreto ley, dictado en uso de facultades extraordinarias, suple as� la autorizaci�n del legislador que el art�culo 135 exige. Y aunque la redacci�n de la ley, en esta materia, es poco afortunada, si en el literal i) del art�culo 1� se autoriz� al Presidente para descentralizar el funcionamiento de oficinas de la administraci�n, una de las formas de descentralizaci�n es la desconcentraci�n que se cumple por delegaciones en los jefes superiores, como son los Gobernadores. Se desarrolla as�, en sentir del Procurador, no s�lo la ley de autorizaciones, sino el art�culo 135 de la Carta, al autorizarse de modo general la delegaci�n, y m�s tarde vendr�n los decretos ordinarios que la concreten.

3. Un segundo grupo de los art�culos objetos de la demanda estar�a integrado por el art�culo 38, en cuanto tiene previsiones para el caso de no efectuar delegaciones sobre escalaf�n; y por los art�culos 43 y 44, que crean Juntas departamentales, como asesoras de los Gobernadores, en caso de que se disponga la delegaci�n. Todas estas normas se refieren a la estructura de la administraci�n y encuentran su fundamento en el literal i) del art�culo 1� de la Ley 65 de 1967.

4. Los art�culos 41, 42 y 45, que proveen sobre instrucciones y asesor�a del Ministerio de Educaci�n en materias de Escalaf�n, sobre negocios no delegados y otros en curso, y sobre conservaci�n de archivos, son simplemente reglamentarios o de tr�nsito de legislaci�n, para lograr la cumplida ejecuci�n de la ley, luego encuentran apoyo en el numeral 3� del art�culo 120 de la Carta, o en los art�culos 132 y 135, sobre distribuci�n de negocios entre los Ministerios y delegaci�n de funciones.

En consecuencia de lo expuesto por el Procurador, y sintetizado en los numerales anteriores, �ste concluye que no hubo violaci�n de los art�culos 55 y 118, numeral 8� de la Constituci�n.

5. Respecto a la acusaci�n contra el art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968, limitada a la parte en que este deroga el Decreto 2285 de 1955 que establece una compatibilidad ilimitada entre jubilaciones y sueldos de institutores o profesores de la educaci�n p�blica, tanto nacionales como departamentales y municipales, observa el Procurador que en cuanto a empleados nacionales esa compatibilidad desapareci� a virtud del art�culo 29 del Decreto Ley 2400 de 1968, seg�n la nueva versi�n del mismo dada por el art�culo 1� del Decreto Ley 3074 de 1968, lo que se ajusta al art�culo 64 de la Constituci�n.

Pero el art�culo 56, acusado, deroga el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955, que ya s�lo reg�a para empleados departamentales y municipales, para lo que ciertamente no ten�a facultades en la Ley 65 de 1967, pues las pertinentes a estas materias estaban limitadas a los empleados nacionales, por lo cual el Procurador concluye, despu�s de expresar otras razones, que el art�culo 56 en la parte objeto de acusaci�n, debe ser declarado inexequible.

El art�culo 1� de la Ley 65 de 1967, atr�s copiado, con menci�n expresa del numeral 12 del art�culo 76 de la Carta, revisti� de facultades extraordinarias al Presidente de la Rep�blica, por el t�rmino de un a�o desde su vigencia, para los efectos en dicha norma se�alados.

Al expedir el Decreto 3157 de 1968, el Gobierno lo encabez� con el siguiente pre�mbulo: "El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967, y de las ordinarias que contempla la Ley 19 de 1958, Decreta...". Es decir, invoc� el Presidente atribuciones constitucionales propias, sin indicarlas, pero que pudieron ser las de los numerales 3� y 12 del Art�culo 120, sobre potestad reglamentaria y facultad para inspeccionar, dirigir y reglamentar la instrucci�n p�blica; las ordinarias de la Ley 19 de 1958, que versa sobre reorganizaci�n de la administraci�n p�blica, descentralizaci�n administrativa y delegaci�n de funciones, entre otros, quiz�s aqu� por lo referente a estas �ltimas; y en todo caso cit� expresamente, como fuente de las atribuciones que se ejerc�an, las facultades extraordinarias de la Ley 65 de 1967.

Por lo expuesto en el pre�mbulo, el Decreto 3157 de 1968 contiene, entre otras normas aparentemente reglamentarias, o derivadas de facultades ordinarias sobre descentralizaci�n o concretamente sobre delegaci�n de funciones autorizadas por leyes anteriores, como la 19 de 1958; pero contiene tambi�n preceptos derivados presuntamente por el Gobierno del ejercicio de las facultades extraordinarias de la Ley 65 de 1967, por �l invocadas en forma expresa, que as� comunican su naturaleza a las dem�s.

En estas condiciones el Decreto 3157 tiene el car�cter de decreto ley o extraordinario y cada uno de sus preceptos fuerza de ley, conforme a los art�culos 76, numeral 12 y 118, numeral 8� de la Carta.

Y por ende, para efectos de competencia, es de los que menciona el art�culo 214 como materia de conocimiento privativo por la Corte, como �sta lo ha sostenido en ocasiones anteriores.

En efecto, en sentencia de 12 de junio de 1969, sobre Junta Monetaria, esta Corporaci�n dijo lo siguiente:

"Es obvio que en un Decreto dictado con fundamento en facultades extraordinarias o especiales bien puede el Gobierno incluir preceptos que no hubieran requerido de las mismas, por ser de naturaleza reglamentaria o ejercicio de potestades que se derivan directamente de la Carta. Pero la atribuci�n de competencias entre la Corte y el Consejo de Estado, en lo que hace a la decisi�n sobre el tipo de Decreto que se viene considerando, est� fijada en la Carta por un elemento externo o formal, como no podr�a ser de otra manera, o sea la fuente inmediata de los poderes que invoque el Gobierno al expedirlos, invocaci�n que en el caso, de los decretos dictados con base en facultades extraordinarias o especiales debe ser expresa, y que generalmente consta en el pre�mbulo.

El que los preceptos de la parte dispositiva se acomoden o no a las atribuciones que se hicieron valer, o en general a la normaci�n constitucional, es precisamente la cuesti�n de fondo.

"La Constituci�n no distribuye la competencia entre la Corte y el Consejo de Estado por art�culos o incisos, seg�n unos y otros se expidan con base en facultades extraordinarias o especiales, o con fundamento en otras diversas, sino que la da completa para el examen y decisi�n correspondiente respecto a los decretos como un todo, seg�n la naturaleza de las atribuciones invocadas. Puede ser un criterio mec�nico, pero es el fijado en la Carta y tambi�n el �nico viable para alcanzar oportunas decisiones.

"De otra parte, ya en sentencia de 20 de marzo de 1948, esta Corporaci�n hab�a dicho: 'La Corte es competente para conocer de las demandas de inexequibilidad de decretos expedidos en uso de facultades extraordinarias, aunque ellos engloben cuestiones de mero reglamento. Tales decretos vinculan irrevocablemente al Ejecutivo, el cual no puede modificarlos una vez vencidas las facultades extraordinarias, ni enmendarlos ni derogarlos. Tienen los caracteres y los efectos de una ley. Cuando el Gobierno, en desarrollo de tales facultades, expide alg�n decreto extraordinario en el fondo, al proceder por autorizaci�n expresa del Congreso, ejerce consecuencialmente un acto pol�tico y no de mera administraci�n". (Gaceta, T. 64, p�g. 641).

1. El art�culo 62 de la Constituci�n otorga a la ley competencia general, no limitada a la esfera nacional, en orden a determinar las calidades y antecedentes necesarios para el desempe�o de cargos y las condiciones de ascenso dentro de los mismos; adem�s, el art�culo 76, numeral 10, permite al legislador "regular los otros aspectos del servicio p�blico, tales como...", con un enunciado que no es taxativo, luego cabe cualquier normaci�n adicional, si la competencia no es de otra rama del poder. De ah� que el legislador haya podido crear la carrera del profesorado de ense�anza primaria y secundaria, que es una especie del m�s amplio g�nero comprendido en la disposici�n �ltimamente citada como "carrera administrativa", mediante estatutos como las Leyes 43 y 97 de 1945, que contienen regulaciones sustantivas y procedimentales sobre el llamado Escalaf�n, con previsiones relativas a la clasificaci�n del profesorado por categor�as, condiciones de ingreso y ascenso y otros pormenores.

2. Mediante la Ley 65 de 1967, art�culo 1�, el Presidente de la Rep�blica fue investido de facultades extraordinarias, conforme al numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n, entre otras finalidades para las contempladas en los literales g) e i), a saber:

"g) Modificar las normas que regulan la clasificaci�n de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el r�gimen de nombramientos y ascensos dentro de las diferentes categor�as, series y clases de empleos".

"i) ...acordar autonom�a o descentralizar el funcionamiento de la administraci�n que as� lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines".

De la simple lectura del literal g) resulta evidente que no hay en su texto limitaciones expresas, que circunscriban sus facultades al r�gimen general de la llamada carrera administrativa, con exclusi�n de estatutos como el de profesores de ense�anza primaria y secundaria, y los esfuerzos del actor por demostrar que esas limitaciones son t�citas, carecen de apoyo en los antecedentes de la ley tanto como en su tenor, que impiden semejante deducci�n. Por lo mismo, sin exceder las facultades pod�a el Presidente ocuparse en reformar lo referente al Escalaf�n de Ense�anza primaria y secundaria, en sus diversos aspectos sutantivos <sic> y procedimentales; conforme al literal i) estaba tambi�n en capacidad a�n de dar autonom�a o descentralizar la prestaci�n de los servicios nacionales relativos a ese escalaf�n, por ejemplo las decisiones sobre ingreso, exclusi�n, clasificaciones o ascensos.

Si el Presidente recibi� facultades para lo m�s, esto es acordar autonom�a o descentralizar las funciones mencionadas sobre Escalaf�n de primaria y secundaria, es obvio que pod�a disponer lo menos, o sea simplemente, delegar, en las condiciones por �l fijadas, el ejercicio de dichas funciones, con capacidad para reasumirlas en cualquier momento, todo ello al tenor del art�culo 135 de la Carta.

Esta �ltima disposici�n indica que las funciones que puedan delegarse deber�n estar fijadas en la ley. Como la n�mero 65 de 1967 dio facultades al Presidente de la Rep�blica para que en uso de ellas pudiera acordar autonom�a o descentralizar ciertos servicios o funciones, seg�n el razonamiento que antecede se sigue que pod�a aqu�l, en leg�timo ejercicio de las mismas, autorizar un grado menor de autonom�a, un traslado de dichas funciones mediante la figura de la delegaci�n, para el m�s oportuno y mejor cumplimiento del servicio, que es lo que se hace, por v�a de disposici�n general a la que deber�n seguir los decretos ejecutivos que la desarrollen, mediante el art�culo 37 del Decreto 3157 de 1968.

Tal delegaci�n para dirigir y coordinar servicios nacionales ha sido tambi�n especialmente prevista, como necesaria para su mayor agilidad, mediante el inciso segundo del art�culo 181 de la Carta, originario de la reforma de 1968, en cuanto se�ala que "El Gobernador, como agente del gobierno, dirigir� y coodinar� <sic>, adem�s, en el Departamento, los servicios nacionales en las condiciones de la delegaci�n que le confiera el Presidente de la Rep�blica".

3. De otra parte, la delegaci�n contemplada en los art�culos del Decreto 3157 de 1968, objeto de acusaci�n, estaba ya expresamente autorizada en estatutos con fuerza de ley, que se encuentran vigentes, y que fueron invocados en el pre�mbulo del mismo, como la Ley 19 de 1958, en uso de cuyas facultades se dict� el Decreto Ley 2703 de 1959, sobre delegaci�n de funciones de los gobernadores, entre las cuales se encuentra la de "clasificaci�n de maestros en el Escalaf�n" (literal i) del art�culo 1�, concretamente delegada por el art�culo 4� y reglamentada, en cuanto a que su ejercicio se cumplir� conforme a las disposiciones del Ministerio de Educaci�n, por el art�culo 13, aqu�l y �ste del mismo Decreto Ley.

En otras palabras, sin encesidad <sic> de apelar a las facultades extraordinarias de la Ley 65 de 1967, las normas sobre delegaci�n relativas al Escalaf�n, contempladas en los art�culos 37 a 45, ambos inclusive, del Decreto Ley 3157 de 1968, pueden tener su origen en los preceptos citados en el p�rrafo anterior, y en parte son desarrollos t�picamente reglamentarios de los mismos, que quiz�s fueron recogidos por simple cuesti�n de orden en este �ltimo estatuto.

En efecto, el art�culo 37 es simplemente enunciativo de la facultad que el Presidente se reserva de delegar en los Departamentos y en el Distrito Especial de Bogot� la clasificaci�n en el Escalaf�n, precepto sustancial o b�sico entre los demandados, pues los dem�s son simple desarrollo del mismo, que encuentra su leg�timo origen en las autorizaciones de los literales g) e i) del art�culo 1� de la Ley 65 de 1967, tanto como en la Ley 19 de 1958 y espec�ficamente en el Decreto Ley 2703 de 1959, seg�n lo atr�s expuesto.

El art�culo 38 define el concepto de clasificaci�n, prev� que las delegaciones concretas se har�n por decretos posteriores, en forma total o parcial y que, en caso de no disponerse, la funci�n seguir� a cargo directo del Gobierno. Este art�culo es consecuencia del anterior, a�n en la parte en que crea Juntas asesoras seccionales para el ejercicio de las funciones delegadas, que conforme al art�culo 135 de la Carta deben cumplirse en las condiciones que se�ale el Presidente.

Lo mismo puede predicarse del art�culo 39, pues se limita a precisar los anteriores en el sentido de que los delegatorios son los gobernadores y el alcalde del Distrito Especial de Bogot�, cuyas providencias deben ser motivadas y refrendadas por el secretario del ramo.

El art�culo 40, de su parte, se remite, en materia de recursos por la v�a gubernativa, al Decreto Ley 2733 de 1959 y a afirmar que las providencias del caso son demandables ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, como corresponde a los actos de las autoridades departamentales, aunque el asunto sea de car�cter nacional, si se trata del ejercicio de funciones delegadas (Decreto Ley 528 de 1964, art�culo 32, literal h).

El art�culo 41, como otros del Decreto, es t�picamente reglamentario, al expresar que el Ministerio de Educaci�n dar� instrucciones y asesor�a, si en este �ltimo caso se le solicita, para el cumplimiento de las funciones delegadas. Id�ntica afirmaci�n cabe respecto al art�culo 42, que se limita a reservar al Ministerio las clasificaciones si no hubiere delegaci�n, como es obvio, y a prever normas para la transici�n de sistemas, si se dispusiere.

Mediante el art�culo 43 se crean Juntas seccionales con el car�cter de asesoras de los funcionarios delegatarios y el art�culo 44 les se�ala su funci�n primordial, al tiempo que autoriza al gobierno para disponer lo dem�s concerniente a composici�n y otras funciones. Se trata tambi�n de reproducci�n de normas ya existentes, en parte, y de reglamentaci�n de las condiciones en las cuales ha de cumplirse la delegaci�n que se confiera conforme al art�culo 135 de la Carta.

Y el art�culo 45, sobre conservaci�n de archivos, es igualmente de naturaleza estrictamente reglamentaria.

4. Queda por examinar una innovaci�n del Decreto parcialmente acusado, y es la de que la delegaci�n prevista puede extenderse al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogot�, que no es de los funcionarios expresamente mencionados en el art�culo 135 de la Carta, como capaces de recibir las delegaciones all� autorizadas pues s�lo se refiere a los ministros, jefes de departamentos administrativos y gobernadores.

La verdad es que por su origen y por el tratamiento que se le ha dado en la reforma constitucional de 1968, el Distrito Especial de Bogot�, est� parcialmente asimilado a la categor�a de departamento y el Alcalde Mayor es agente directo del Presidente de la Rep�blica, por lo cual podr�a recibir delegaciones de �ste, en condiciones id�nticas a las de los gobernadores.

En efecto, el constituyente de 1945 al autorizar, por medio de la norma que lleva hoy el n�mero 199 de la codificaci�n, que se creara y organizara el Distrito Especial de Bogot�, sin sujeci�n al r�gimen municipal ordinario, quiso ante todo consagrar la existencia constitucional de un Municipio o Distrito de caracter�sticas especiales, el de Bogot�, capital de la Rep�blica que, sin segregarse del Departamento de Cundinamarca, ni constituir por ende uno nuevo, tuviere autonom�a e independencia respecto al mismo. Por ello el legislador fue autorizado para crearlo y delimitarlo directamente, sin intervenci�n alguna del Departamento de Cundinamarca, y para fijar tambi�n exclusivamente la participaci�n que en las rentas departamentales causadas en Bogot� correspondiera al Distrito.

El tratamiento constitucional del Distrito Especial de Bogot�, como ente de categor�a jur�dica similar en muchos aspectos a un departamento, se acentu� n�tidamente en la reforma de 1968. As�, el Alcalde es nombrado por el Presidente de la Rep�blica, de quien es por ello agente directo, a la manera de los gobernadores, y no por el Gobernador de Cundinamarca, tal como se infiere del art�culo 109. En cuanto a participaciones en las rentas nacionales, el Distrito Especial se encuentra en pie de igualdad con los departamentos, conforme el art�culo 182. Finalmente, el par�grafo del art�culo 189, al referirse a ciertos proyectos de acuerdo del Concejo de Bogot�, vincula sus materias a las atribuciones conferidas a las asambleas mediante el art�culo 187.

En estas condiciones, y especialmente por la de que el Alcalde de Bogot�, es agente directo del Presidente de la Rep�blica, al mismo nivel que los gobernadores, no se encuentra �bice para que pueda ser, en aquella calidad, delegatario del Presidente para el ejercicio de ciertas funciones, conforme al art�culo 135.

1. Objeto especial de la demanda es la solicitud de que se declare inexequible el art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968, pero s�lo en la parte en que deroga d art�culo 1� del Decreto Legislativo 2285 de 1955, que tiene fuerza permanente a virtud de la Ley 141 de 1960, aspecto al cual est� as� limitada la competencia de la Corte.

Como excepci�n de las autorizadas por el art�culo 64 de la Carta, que proh�be a una misma persona recibir m�s de una asignaci�n del Tesoro P�blico, salvo lo que para casos especiales permita la ley, el art�culo 33 de la Ley 6� de 1945 hizo compatibles las pensiones de jubilaci�n y los sueldos, hasta por doscientos pesos en conjunto, l�mite que se elev� a cuatrocientos por el art�culo 7� del Decreto 320 de 1949.

Por el art�culo 1� del Decreto Legislativo 2285 de 1955, que, se repite, tiene fuerza como ley permanente seg�n la n�mero 141 de 1960, se elimin� todo l�mite en el caso espec�fico de institutores o profesores quienes, por lo mismo, desde entonces pod�an percibir un sueldo como tales y su pensi�n jubilatoria en su integridad. En efecto, dicha disposici�n dice as�: "La limitaci�n establecida en el art�culo 7� del Decreto Ejecutivo n�mero 320 de 15 de febrero de 1949 no rige para los pensionados por tiempo cumplido de servicios en la Administraci�n P�blica, o en el ramo docente, que est�n desempe�ando cargos de institutores, o profesores en establecimientos de educaci�n sostenidos con fondos oficiales". Y debe tenerse en cuenta que por su texto y esp�ritu, esta norma permisiva se refiere a todos los empleados p�blicos del ramo docente, nacionales, departamentales o municipales que, por lo mismo, pod�an as� devengar simult�neamente su sueldo como profesores y su pensi�n como jubilados.

Respecto a otros empleados, para quienes si se quer�a mantener un tope m�ximo entre sueldo y jubilaci�n, �ste fue elevado posteriormente al Decreto 320 de 1949, primero hasta mil doscientos pesos por el art�culo 1� del Decreto 1713 de 1960, y luego hasta mil seiscientos pesos por el art�culo 6� de la Ley 1� de 1963. Pero el Decreto Ley 2400 de 1968, en su art�culo 29, sustituido poco despu�s por el art�culo 1� del Decreto Ley 3074 de 1968, para los empleados nacionales, inclusive los del ramo docente, dispuso su retiro forzoso al momento en que reunieran las condiciones para tener derecho a la pensi�n jubilatoria, salvo excepciones taxativas para altos cargos, lo que significa que desaparece la posibilidad de coexistencia, as� sea limitada por una cuant�a m�xima, de asignaciones simult�neas por aquellos dos conceptos de sueldo y pensi�n en la esfera nacional, y resultaron t�citamente derogadas las normas que la admit�an hasta ciertos topes, como el art�culo 9� del Decreto Ley 2285 de 1968, y tambi�n el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955, en cuanto este �ltimo fuera aplicable a los empleados del ramo docente nacional, pero no en cuanto a empleados departamentales y municipales.

2. El art�culo 56 del Decreto 3157 de 1968, objeto de acusaci�n y examen en este aparte, derog� totalmente el art�culo 1� del tantas veces citado Decreto Legislativo 2285 de 1955, al momento en que �ste, seg�n lo expuesto atr�s, s�lo ten�a vigencia respecto a la compatibilidad entre sueldos de empleados departamentales o municipales del ramo docente y pensiones jubilatorias de los mismos. En otros t�rminos, se produjo una modificaci�n en la situaci�n jur�dica de los empleados al servicio de departamentos y municipios.

El Decreto 3157 de 1968 se dict� invocando las facultades extraordinarias que para reorganizar la administraci�n p�blica y otras finalidades otorg� la Ley 65 de 1967, y entre sus autorizaciones la �nica que puede guardar cierta relaci�n con el asunto de que se trata ser�a la del literal i) del art�culo 1� que versa sobre las relativas a "Fijar las escalas de remuneraci�n correspondientes a las distintas categor�as de empleos nacionales, as� como el r�gimen de prestaciones sociales". En otros t�rminos, resulta patente que si a virtud de esta facultad espec�fica pudiera el Gobierno dictar normas sobre incompatibilidad, absoluta, relativa o limitada entre sueldos y jubilaciones, como prestaci�n social, estaba circunscrita expresamente a la �rbita de los empleados nacionales, es decir, respecto a quienes tienen con la Naci�n relaciones legales o reglamentarias para la prestaci�n de servicios p�blicos a cargo de la misma, designados por funcionarios o entidades nacionales y que reciben de su tesoro la asignaci�n correspondiente.

Por lo mismo, al derogarse en su integridad el art�culo 1� del Decreto Legislativo 2285 de 1955, ya modificado t�citamente por las normas atr�s mencionadas que hicieron incompatibles sueldos y pensiones de jubilaci�n en la esfera de los empleados nacionales, y que por ende continuaba en vigencia para los empleados departamentales y municipales del ramo docente, el art�culo 56 del Decreto Ley 3157 de 1968 extralimit� las facultades de la Ley 65 de 1967, en que dice fundarse, pues vino a proveer sobre empleados departamentales y municipales, materia que no fue objeto de encargo al legislador extraordinario, y es por lo mismo inexequible por violaci�n del art�culo 118, ordinal 8� en relaci�n con el 12 del art�culo 76, ambos de la Constituci�n.

3. En un todo de acuerdo con el concepto del Procurador General de la Naci�n, conviene reproducir apartes del mismo que dan gran claridad sobre el problema, a saber:

"Al derogar simple y llanamente aquella disposici�n del Decreto de 1955, el Gobierno legislador de 1968 result� estatuyendo respecto de empleados de los departamentos y municipios, pues el efecto de esa derogatoria es el de prohibir para ellos la coexistencia de las asignaciones de sueldo y pensi�n y a�n la de las condiciones de empleado en ejercicio y jubilado... Ciertamente, el �nico efecto de aquella norma se produce en relaci�n con empleados cuyo status de derecho administrativo no fue establecido por ley sino por ordenanzas o acuerdos, que no son designados por el Gobierno sino por los gobernadores o los alcaldes y cuyas asignaciones son pagadas por los departamentos o los municipios, aun cuando en parte o en ciertas ocasiones pueda esto hacerse con situados fiscales efectuados por la Naci�n en favor de las entidades regionales y locales. Es a esta clase de empleados p�blicos a quienes se les proh�be continuar si�ndolo si quieren recibir pensi�n; de otro lado, se agrega un nuevo requisito para acceder al servicio p�blico departamental o municipal: el de no haber adquirido el derecho a jubilaci�n.

"Ha de concluirse entonces que para dictar normas de esa �ndole en relaci�n con las administraciones departamentales y municipales o con sus empleados no puede hallarse fundamento en las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 65 de 1967.

"No var�a esta conclusi�n porque respecto de algunos empleados, por ejemplo los maestros departamentales de educaci�n primaria, existan pensiones de jubilaci�n a cargo de la Naci�n seg�n lo prevenido por la Ley 114 de 1913, para cuyo pago puede esa entidad exigir los requisitos que a bien tenga.

"En efecto, el pago de esa asignaci�n por parte de la Naci�n no convierte en empleado nacional al empleado departamental que la recibe, quien contin�a dependiendo del respectivo departamento, quien no entra por ese hecho en relaci�n de servicio con la entidad nacional y posiblemente nunca antes estuvo relacionado con �sta en esa forma.

"De modo que la reglamentaci�n de esa prestaci�n social para exigir mayores requisitos puede hacerla en todo tiempo la ley, pero no el Gobierno legislador con base en facultades extraordinarias de la �ndole y el alcance de las dadas en la Ley 65 de 1967.

"Y si aquella pensi�n especial no es una verdadera prestaci�n social sino una gracia, como lo afirma el actor acogiendo alguna doctrina del Ministerio de Educaci�n, entonces con mayor raz�n quedar�a por fuera de las previsiones de la citada ley de facultades.

"Considero, pues, fundado el cargo por violaci�n del art�culo 76 de la Constituci�n en su ordinal 12".

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

Declarar exequibles los art�culos treinta y siete (37), treinta y ocho (38), treinta y nueve (39), cuarenta (40), cuarenta y uno (41), cuarenta y dos (42), cuarenta y tres (43), cuarenta y cuatro (44) y cuarenta y cinco (45), del Decreto Ley n�mero 3157 de 1968 (diciembre 26), e inexequible el art�culo cincuenta y seis (56) del mismo Decreto Ley, pero s�lo en la parte objeto de acusaci�n, que dice: "... y el art�culo 1� del Decreto 2285 de 1955...".

Publ�quese, notif�quese, c�piese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente. Transcr�base al Se�or Ministro de Educaci�n Nacional.

J. Cr�tatas Londo�o C: - Jos� E. Arboleda Valencia - Humberto Barrera D. - Samuel Barrientos Restrepo - Juan Benavides Patr�n - Flavio Cabrera Duss�n - Ernesto Cediel Angel - Jos� Gabriel de la Vega - Gustavo Fajardo Pinz�n - Jorge Gaviria Solazar - C�sar G�mez Estrada - Edmundo Harker Puyana - Enrique L�pez de la Pava - Luis E. Mesa Vel�squez Sim�n Montero Torres - Antonio Moreno Mosquera - Efr�n Osejo Pe�a - Guillermo Ospina Fern�ndez - Carlos Pel�ez Trujillo - Julio Roncallo Acosta - Luis Sarmiento Buitrago - Eustorgio Sarria - Hern�n Toro Agudelo - Luis Carlos Zambrano.