Sentencia de 1969

300Corte SupremaCorte Suprema30030012214Luis Sarmiento Buitrago196919/11/1969Luis Sarmiento Buitrago_1969_19/11/196930012214DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA JUNTAS O COMISIONES DESIGNADAS POR EL CONCEJO 1969

C�sar Castro Perdomoordinales 1�, 2� y 4� del art�culo 14 del Decreto Extraordinario n�mero 3133 de 1968Identificadores30030012215true85532Versi�n original30012215Identificadores

Norma demandada: �ordinales 1�, 2� y 4� del art�culo 14 del Decreto Extraordinario n�mero 3133 de 1968

Exequibilidad del numeral 1� del art�culo 14 del Decreto 3133 de 1968, en la parte acusada, en cuanto proh�be al Concejo Distrital de Bogot� crear juntas o comisiones de su seno para interferir la acci�n administrativa del Alcalde, pero no en cuanto pretenda impedir al mismo Concejo la creaci�n de juntas o comisiones de su seno o con extra�os para desarrollar sus funciones constitucionales o legales.

Inexequibilidad del numeral 2� del art�culo 14, en la parte acusada, en cuanto proh�be al Concejo Distrital de Bogot� "votar auxilios de cualquier clase" y exequible en cuanto la concesi�n de exenciones debe ser propuesta por el Alcalde.

Exequibilidad del numeral 4� del art�culo 14 del mismo Decreto 3133, en la parte acusada, que dice: "salvo por iniciativa del Alcalde".

La Corte reitera la interpretaci�n que en relaci�n al denominado "R�gimen Municipal Ordinario" del art�culo 199 de la Constituci�n ha dado en sentencias de fechas 4 de septiembre y 1� de octubre de 1969 en el sentido de que no excluye para el Distrito Especial de Bogot�, la vigencia de las normas constitucionales sobre organizaci�n fundamental de los distritos con las atribuciones a que se refieren los art�culos 196 y 197.

Aunque el actor limite la acusaci�n y por consiguiente la competencia de la Corte a la frase final "o que no hayan sido propuestas por el Alcalde" es imposible adelantar an�lisis alguno sin comprender el examen de la norma total. Est� prohibido al Concejo interferir la acci�n administrativa del Alcalde por medio de juntas o comisiones de su seno, salvo las autorizadas por el Decreto 3133 de 1968 o propuestas por el Alcalde.

Es l�gico que el Concejo no puede interferir la acci�n administrativa del Alcalde, porque la Constituci�n le se�ala a �ste una funci�n esencial, la de Jefe de la Administraci�n Municipal, o sea la de autoridad ejecutiva; y el Concejo tiene competencia se�alada en diversos textos para materias deferidas a su decisi�n. Lo que s� puede hacer el Concejo es ejercer su propia competencia, en su �rbita, obrando como administrador de los intereses municipales sin que esto pueda llamarse interferencia en la acci�n administrativa del Alcalde.

Hay que entender que la prohibici�n del art�culo concuerda con principios elementales de derecho p�blico: ninguna autoridad puede interferir a otra su acci�n, en su campo propio. Y al Concejo de Bogot� se le proh�be esa interferencia por medio de juntas o comisiones de su seno. Lo que es extra�o en el Decreto es que, sinembargo, da a entender que esa interferencia es posible, si el Alcalde presenta el respectivo proyecto, lo cual es absurdo, por decir lo menos.

Es necesario precisar que, no obstante que esta norma no acusada siga en vigencia, o sea eventualmente exequible, lo cierto es que el Concejo conserva su potestad para crear juntas y comisiones, de su seno o con extra�os, para desarrollar sus propias funciones constitucionales o legales, lo que no puede llamarse interferencia de la acci�n del Alcalde.

Corte Suprema de Justicia - Sala Plena - Bogot�, D. E., noviembre diez y nueve de mil novecientos sesenta y nueve.

Demanda:Inexequibilidad parcial de los ordinales 1�, 2� y 4� del art�culo 14 del Decreto Extraordinario n�mero 3133 de 1968 (diciembre 26) originario del Ministerio de Gobierno.

El ciudadano C�sar Castro Perdomo, mayor y vecino de Bogot�, identificado con la c�dula de ciudadan�a n�mero 47.916 de esta ciudad, en uso de la acci�n consagrada en el art�culo 214 de la Constituci�n pide la declaratoria de inexequibilidad parcial de los ordinales 1�, 2� y 4� del art�culo 14 del Decreto Extraordinario n�mero 3133 de 1968 (diciembre 26) originario del Ministerio de Gobierno.

Por el cual se reforma la organizaci�n administrativa del Distrito Especial de Bogot�.

en uso de sus facultades legales y en especial de las extraordinarias que le confiere el art�culo 13 (sic) de la Ley 33 de 1968,

"ART�CULO 14. Adem�s de las prohibiciones y limitaciones establecidas en la ley para los Concejos Municipales, el Concejo Distrital tendr� las siguientes:

"1. Interferir la acci�n administrativa del Alcalde por medio de Juntas o Comisiones de su seno que no hayan sido expresamente autorizadas por este Decreto o que no hayan sido propuestas por el Alcalde:

"2. Votar auxilios de cualquier clase; aplicar los bienes y rentas distritales a objetos distintos del servicio p�blico; y concerder <sic>exenciones que no hayan sido propuestas por el Alcalde.

"4. Modificar la composici�n y las funciones de los Consejos T�cnicos de las Secretar�as de Educaci�n y de Salud P�blica y de los Departamentos Administrativos de Transito y Transporte y Bienestar Social, salvo por iniciativa del Alcalde".

La inexequibilidad parcial que demanda el actor se refiere a las partes mediante las cuales las normas transcritas quitan a los concejales distritales de la capital de la Rep�blica la iniciativa de presentar proyectos de acuerdo sobre "creaci�n de Juntas Administrativas y nombramientos de Comisiones, sobre auxilios exenciones y sobre modificaci�n de algunos Consejos T�cnicos Distritales".

Manifiesta que con las normas acusadas se han violado los art�culos 196 y 197 de la Carta.

"Mediante el Decreto Extraordinario objeto de esta acci�n, el Gobierno Nacional estableci� una serie de prohibiciones para el Cabildo y adscribi� exclusivamente al se�or Alcalde Mayor una competencia de iniciativa para ciertos asuntos que el Acto Legislativo N� 1 de 1968 autoriza ejercer a los concejales Distritales de Bogot�, y adem�s el Concejo constitucionalmente puede crear Juntas o Comisiones de su seno para asesorar a la Administraci�n Distrital, votar auxilios de cualquier clase, conceder exenciones y modificar la composici�n y las funciones de los Consejos T�cnicos de las Secretar�as de Educaci�n y de Salud P�blica y de los Departamentos Administrativos de Tr�nsito y Transporte y Bienestar Social, que seg�n el Decreto acusado se pretende excluir de la competencia de iniciativa de los concejales y el constituyente de 1968 tampoco ha autorizado la intervenci�n del Alcalde Mayor de Bogot� en aquella forma excluyente, ni aquellas prohibiciones est�n autorizadas en la Constituci�n Nacional. Es decir, que con el decreto demandado se cambia esa facultad discrecional de los concejales por una libertad de iniciativa para el Alcalde en perjuicio de los cabildantes y se impide que el Cabildo desempe�e a cabalidad sus facultades constitucionales".

Este funcionario concept�a que en general son exequibles las normas acusadas. Sintetiza as� su concepto:

"Por motivos repetidamente expuestos la Procuradur�a General ha conceptuado en el sentido de que al Distrito Especial de Bogot� no le son obligatoriamente aplicables ciertas normas de la Constituci�n y en particular algunas contenidas en los art�culos 196 y 197, en atenci�n a lo preceptuado por el art�culo 199 de la Carta, considerado como norma especial para la capital de la Rep�blica, tesis contraria a la acogida por el actor como fundamento de la demanda en estudio".

Pero advierte que a�n con base en los art�culos 196 y 197 son constitucionales las normas acusadas.

En particular refiri�ndose a cada una de las normas acusadas parcialmente dice:

"Es inadmisible que de la norma general del ordinal lo. del art�culo 197 o de la atribuci�n para determinar la estructura de la administraci�n municipal y las funciones de las diferentes dependencias (ordinal 3� ibd.) pueda deducirse autorizaci�n para los Concejos de crear Juntas o Comisiones de su seno que impliquen limitaciones o interferencias de las funciones de los Alcaldes en su calidad de Jefes de la Administraci�n Municipal que la propia Constituci�n les reconoce. En la intenci�n del constituyente no pudo estar el permitir que mediante acuerdo o aun simples resoluciones o proposiciones pudieran introducirse en la Administraci�n Municipal factores de conflicto o de desorden en su funcionamiento, en contra de los principios de arm�nica colaboraci�n de todos sus �rganos, que se presume deben informar aquellos actos y que efectivamente dominan las normas de superior jerarqu�a, como las constitucionales y legales.

"De otra parte, el votar los gastos -y los auxilios tienen este car�cter- es atribuci�n que los Concejos deben ejercer en conformidad con la Ley seg�n lo establece la propia Constituci�n en el numeral 2� del citado art�culo 197. Entonces, con base en esta norma superior, la misma ley puede exigir requisitos para ordenar cualquier gasto, limitar o aun prohibir ciertas disposiciones de fondos de propiedad de las entidades municipales.

"An�logas observaciones pueden formularse respecto de la pretendida atribuci�n constitucional a los Concejos para conceder exenciones, que tambi�n afectan patrimonialmente a los distritos, y municipios".

"Las leyes y en su caso los decretos leyes que organizan o modifican la organizaci�n administrativa del Distrito Especial de Bogot� tienen su fundamento y origen en el art�culo 199 de la Constituci�n, no en sus art�culos 196 y 197, los cuales no tienen incidencia alguna en el r�gimen que se adopte para la Capital de la Rep�blica.

"Este Despacho insiste por ahora en su interpretaci�n del art�culo 199 de la Constituci�n, que en relaci�n con la norma acusada del art�culo 14 del Decreto 3133 de 1968 (ordinal 4�) lleva a concluir que esta encuentra fundamento en aquella, por cuanto la ley y en este caso el Gobierno legislador puede reformar la organizaci�n administrativa del Distrito Especial de Bogot� por ese aspecto no contemplado en la propia Constituci�n".

Primera. La Corte reitera la interpretaci�n que en relaci�n al denominado "R�gimen Municipal Ordinario" del art�culo 199 de la Constituci�n ha dado en sentencias de fechas 4 de septiembre y 1� de octubre de 1969 en el sentido de que no excluye para el Distrito Especial de Bogot�, la vigencia de las normas constitucionales sobre organizaci�n fundamental de los Distritos con las atribuciones a que se refieren los art�culos 196 y 197.

Segunda.Acusaci�n contra el numeral 1� del art�culo 14. Aunque el actor limita la acusaci�n y por consiguiente la competencia de la Corte a la frase final "o que no hayan sido propuestas por el Alcalde" es imposible adelantar an�lisis alguno sin comprender el examen de la norma total. Est� prohibido al Concejo interferir la acci�n administrativa del Alcalde por medio de Juntas o Comisiones d� su seno, salvo las autorizadas por el Decreto 3133 de 1968 o propuestas por el Alcalde.

Hay que entender que la prohibici�n del art�culo concuerda con principios elementales de derecho p�blico: ninguna autoridad puede interferir a otra su acci�n, en su campo propio. Y al Concejo de Bogot� se le proh�be esa interferencia por medio de juntas o comisiones de su seno. Lo que es extra�o en el decreto es que, sin embargo, da a entender que esa interferencia es posible, si el Alcalde presenta el respectivo proyecto, lo cual es absurdo, por decir lo menos.

"Aparte lo relativo a establecimientos p�blicos y empresas municipales, de que se ocupa especialmente la atribuci�n 4� del mismo art�culo 197, la estructura de la administraci�n municipal, cuya fijaci�n compete al Concejo lo comprende todo: desde las dependencias del cabildo hasta las Secretar�as del Alcalde, las secciones, departamentos, comisiones y juntas que se requieran para la administraci�n local. Esta estructura general, esas dependencias especiales, no las ha precisado la Constituci�n, ni �sta ha dicho que corresponda a la ley hacerlo; por el contrario, expresamente, es materia encomendada a los Concejos.

"Si esto es as�, como no puede ser de otra manera, por acuerdo es potestativo de los cabildos se�alar cu�ntas y cu�les secretar�as tendr� el despacho del Alcalde; cu�ntas y cu�les dependencias estar�n bajo la direcci�n inmediata del Alcalde o de esos Secretarios; cu�ntas y cu�les formar�n algo similar a lo que existe en el nivel nacional como departamentos administrativos, dadas su naturaleza y finalidades t�cnicas; en fin, cu�ntas comisiones o juntas, asesoras o con facultades decisorias delegadas por el mismo Concejo, sin perjuicio de las que constitucional o legalmente correspondan al Alcalde, habr� en cada Distrito, y cu�l ser� su composici�n. Y tambi�n a virtud de atribuci�n expresa de la Carta, corresponde a los Concejos determinar las funciones generales propias de cada secretar�a, dependencia, departamento administrativo, comisi�n o junta, una vez que decida crearlas.

"No es impertinente insistir en que la ley podr� reglamentar el ejercicio de estas funciones, o dar la iniciativa a los Alcaldes en los proyectos de acuerdo respectivos; puede trazar determinadas pautas generales para la confrontaci�n b�sica de esa estructura, por ejemplo autorizando la creaci�n de contralor�as municipales, seg�n el monto de los presupuestos, o la existencia de secretar�as especializadas en hacienda, obras p�blicas, educaci�n o salud p�blica, o de departamentos de car�cter t�cnico para asuntos como los impuestos, la valorizaci�n, el tr�nsito, la asistencia p�blica, la planeaci�n, etc., etc., seg�n tambi�n los presupuestos, los habitantes u otros factores. Igualmente, puede la ley autorizar a los concejos para que deleguen algunas de sus funciones en determinadas comisiones o juntas, respecto de asuntos especiales, sobre ciertas pautas, o prohibir o limitar en alguna forma tales delegaciones. Y tampoco es impertinente reiterar que so pretexto de reglamentaci�n le est� prohibido al legislador sustituir o suplantar a los concejos, determinando �l mismo, de modo directo, cu�l es la estructura administrativa de estos o aquellos municipios, y menos el de uno singularmente considerado, creando con fuerza de ley secretar�as, dependencias y juntas y fijando su composici�n. Ni mucho menos puede, tom�ndose una atribuci�n que no es suya sino de los cabildos, se�alarles funciones espec�ficas a esos organismos o llegar hasta el extremo de arrebatar las competencias constitucionales de decisi�n de los concejos, para trasladarlas, sin intervenci�n suya, a funcionarios del Distrito, o a comisiones o juntas integradas por �stos, por particulares y eventualmente por miembros del cabildo sin capacidad decisoria, dada su participaci�n minoritaria".

Como la acusaci�n versa �nicamente sobre la frase final relativa a iniciativa del Alcalde, basta decir que dejando a salvo la facultad del Concejo para crear sus propias comisiones o juntas, habr�a que entender que la iniciativa dada al Alcalde es para estas especiales que contempla el numeral 1�, algo extra�o en su redacci�n. Y es claro que puede recibir esa iniciativa conforme al art�culo 189; hay que entender que la facultad general conferida al legislador en ese asunto no est� limitada por el par�grafo del mismo art�culo, pues este es tan solo una especie de anticipo del constituyente, que de una vez quiso que en esos asuntos el Alcalde tuviera iniciativa, sin perjuicio de que m�s tarde el legislador le diera otras facultades.

Hay que aclarar tambi�n que la prohibici�n del numeral 1� del art�culo 14 no puede entenderse en relaci�n con las juntas administradoras locales de que trata el inciso final del art�culo 196 de la Carta, porque se trata de atribuci�n propia del Concejo, para delegaci�n de funciones suyas que por definici�n no interfieren las del Alcalde.

Tercera. Acusaci�n contra el numeral 2� del art�culo 14. Se acusa la prohibici�n de "votar auxilios de cualquier clase" y "conceder exenciones que no hayan sido propuestas por el Alcalde".

Del texto se desprende que la prohibici�n de votar auxilios es absoluta porque la frase final sobre propuesta del Alcalde, s�lo rige en lo referente a exenciones.

Auxilio es toda ayuda, y para el caso entrega de fondos p�blicos para determinadas actividades ejercidas por particulares que se miran como de inter�s p�blico o social.

El art�culo 78 de la Constituci�n proh�be al Congreso, numeral 5�, "decretar a favor de ninguna persona o entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones ni otra erogaci�n que no est� destinada a satisfacer cr�ditos o derechos reconocidos con arreglo a ley preexistente, salvo lo dispuesto en el art�culo 76, inciso 18", (que corresponde al 20 ib.); o sea sobre fomento de empresas �tiles o ben�ficas dignas de est�mulo o apoyo, con estricta sujeci�n a los planes y programas correspondientes. La ley determina los planes y programas y las actividades que se reputan ben�ficas.

Siempre se ha entendido que este principio rige tambi�n la disposici�n de fondos p�blicos para otras entidades, esto es, que en principio s�lo puede aplicarse a la atenci�n de los servicios p�blicos de cargo de cada una de ellas y que la entrega de auxilios o ayudas debe estar supeditada a ciertas normaciones de la ley, como la definci�n <sic> de las empresas o entidades que por desarrollar prop�sitos ben�ficos, sociales, culturales, de asistencia u otros similares, de aprovechamiento para la comunidad, sean dignos de tales ayudas.

As� el art�culo 171, numeral 5� de la Ley 4� de 1913, proh�be a los concejos municipales: "aplicar los bienes o rentas municipales a objetos distintos del servicio p�blico" pero, sin embargo, leyes posteriores han autorizado directa o indirectamente los llamados auxilios, por ejemplo, para fomento de servicios p�blicos o de actividades de beneficencia, de asistencia social, de educaci�n, de deportes, etc.

La posibilidad constitucional de otorgar auxilios o ayudas para obras o actividades dignas de est�mulo y apoyo como los culturales o sociales, qued� firmemente asentada en la Reforma de 1968, no s�lo en cuanto al Congreso seg�n las normas citadas (art. 76, numeral 20 y 78, numeral 5�) sino respecto de asambleas y concejos, aunque siempre seg�n las prescripciones de la ley.

En efecto, conforme al art�culo 187, numeral 2�, se autoriza a las asambleas para formular los planes de desarrollo econ�mico y social; y el) 3�, espec�ficamente las faculta para fomentar las actividades y empresas convenientes al desarrollo cultural, social y econ�mico del departamento, "y que no corresponda a la Naci�n o a los Municipios".

De este art�culo se infiere que si hay obras, empresas o actividades de desarrollo cultural, social y econ�mico, cuyo fomento puede corresponder a los municipios, fomento que por aspectos sustanciales, seg�n la tradici�n legislativa que de facultades similares ha dado el Congreso, consiste en ayudas o auxilios de tipo monetario, o en servicios o en facilidades.

Pero adem�s, el inciso 2� del art�culo 189 se refiere a que "la ley determinar� lo relativo a los planes y programas de desarrollo econ�mico y social y de obras p�blicas de los municipios", y es evidente, seg�n las consideraciones anteriores, que entre esos planes y programas debe estar el fomento de actividades y empresas dignas de est�mulo y apoyo en consideraci�n a sus fines de utilidad p�blica o social, todo ello conforme a las normas, calificaciones y limitaciones que pueda se�alar la ley.

Resulta claro as� que no existe prohibici�n constitucional a los concejos, como administradores del municipio, entidades encargadas de votar los gastos locales, y por ende de aprobar los planes y programas de desarrollo econ�mico y social, para votar auxilios o ayudas para actividades dignas de los mismos, todo seg�n la normaci�n superior de la ley. Esta, pues, no puede prohibirlos en forma absoluta; lo que puede es, se repite, limitarlos, por ejemplo por su cuant�a o naturaleza, por sus finalidades, por la calidad de las entidades o personas que hayan de recibirlos, por la exigencia del control fiscal en sus inversiones y de garant�as adecuadas, en fin, por la determinaci�n de que no se otorguen sino para ciertas finalidades y enmarcados siempre dentro de los planes o programas generales de desarrollo, elaborados y adoptados tambi�n seg�n las prescripciones de la ley.

Y otra cosa que puede hacer la ley es exigir qu� la iniciativa en esa materia corresponda exclusivamente al Alcalde, porque el citado inciso 2� del art�culo 189 de la Carta autoriza al legislador para "otorgar exclusivamente al Alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre determinadas materias".

Pero en el caso concreto de Bogot�, esa reserva existe ya, dada desde la propia Constituci�n, seg�n el par�grafo del art�culo 189, que da iniciativa al Alcalde para las materias a que se refieren los ordinales 2� y 7� del art�culo 187, entre otras para los planes y programas de desarrollo econ�mico y social, al presupuesto y a todo acuerdo que decrete inversiones o participaciones de los fondos distritales, cesiones de bienes y rentas del mismo, etc., en lo cual quedan comprendidos los auxilios o ayudas que puedan asumir la forma de entrega de fondos por v�a de participaci�n o cesi�n de bienes o rentas.

Como la prohibici�n de votar auxilios, objeto de acusaci�n, es absoluta y no simplemente condicionada a la iniciativa del Alcalde, conforme a lo expuesto, resulta inexequible; pero se deja en claro que la norma constitucional aludida, que reserva al Alcalde la iniciativa en materia de gastos, sigue l�gicamente en vigencia y as�, aunque aceptada la inexequibilidad, es lo cierto que el Concejo en esas materias debe someterse a las prescripciones actuales o futuras que se�ale la ley, por aspectos tales como los mencionados en el p�rrafo anterior, y especialmente sujeto a la iniciativa del Alcalde, que en este particular la tiene recibida de la Carta.

Y en cuanto a la �ltima parte del numeral acusado, o sea en la que se da al Alcalde iniciativa para conceder exenciones, el inciso 2� del art�culo 189 de la Constituci�n, en su parte final, faculta a la ley para otorgar a los alcaldes iniciativa en determinadas materas; y bien puede ser una de ellas lo relativo a disponer exenciones sobre impuestos o tasas, por lo cual la norma, en la parte acusada, es exequible. Y cabe advertir que el hecho de que el par�grafo del mismo art�culo 189 haya establecido que la iniciativa en determinadas materias corresponde en Bogot� al Alcalde, no es norma limitativa de la facultad general antes mencionada, pues tal par�grafo es solo anticipo que el constituyente fij� en ese asunto y que, se repite, no limita en modo alguno la autorizaci�n general para otorgar la iniciativa aludida al Alcalde en otros asuntos.

Cuarta.Acusaci�n contra el numeral 4� del art�culo 14. La acusaci�n se limita a la parte final que dice: "salvo por iniciativa del Alcalde".

El art�culo 197, en la atribuci�n 3� faculta a los Concejos para "determinar la estructura de la administraci�n municipal, las funciones de las diferentes dependencias", etc.

Sobre la interpretaci�n de este numeral, la Corte en sentencia de fecha 4 de septiembre, antes citada, dijo:

"c) Respecto a los concejos, que carec�an de atribuci�n constitucional para la creaci�n, supresi�n, fusi�n de empleos, la fijaci�n de funciones y asignaciones, pero que, como se dijo la han recibido de la ley, que por lo mismo puede ser derogada o modificada por otra, el numeral 3� del art�culo 197 seg�n la versi�n de la reforma constitucional de 1968, les da directamente la facultad de 'Determinar la estructura de la administraci�n municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneraci�n correspondientes a las distintas categor�as de empleos'. Pero los alcaldes, de su parte, no recibieron en la Carta facultades similares o paralelas a las del Presidente y el gobernador en lo relativo a la creaci�n fusi�n y supresi�n de empleos, determinaci�n de funciones de cada uno de ellos, y fijaci�n de asignaciones espec�ficas.

"3. En consecuencia, corresponde a los concejos la facultad constitucional, de que no puede privarlos la ley pero que esta puede reglamentar en su ejercicio, de determinar la estructura, es decir la distribuci�n, orden y organizaci�n general de la administraci�n del municipio; podr�n en consecuencia crear las distintas dependencias administrativas, sus divisiones o secciones, por ejemplo: atribuirles las respectivas funciones generales que han de cumplir para el servicio p�blico; finalmente, podr�n tambi�n se�alar diferentes categor�as de empleos y las correlativas remuneraciones.

"Como la Constituci�n nada dispuso en materia de creaci�n, fusi�n y supresi�n de empleos, ni de fijaci�n de funciones especiales de cada uno de ellos y de sus remuneraciones espec�ficas, podr� la ley atribuir, la competencia respectiva a los mismos concejos, como hoy ocurre generalmente, conforme a la regla 8�, del art�culo 197 en cuanto indica que a los concejos corresponde "ejercer las dem�s funciones que la ley les se�ale", o trasladarla al alcalde que es Jefe de la administraci�n municipal, seg�n el art�culo 201, y que ejercer� sus funciones 'conforme a las normas que la ley le se�ale'.

"Pero por lo mismo, es obvio que si la ley tiene dada tal competencia en la actualidad a todos los concejos, en general, pod�a perfectamente otra ley, y m�s concretamente un decreto con fuerza legislativa, como el 3133 de 1968, otorgarla directamente al Alcalde de Bogot�, sin que con ello se quebrante precepto constitucional alguno".

La Constituci�n no ha se�alado que esta atribuci�n del Concejo deba ejercerse solo a iniciativa suya. Por el contrario, de modo general, en el art�culo 189 autoriza a la ley para "otorgar exclusivamente al Alcalde la inciativa <sic> de los proyectos de acuerdo sobre determinadas materias" y aunque en el par�grafo solo haya dado tal iniciativa expresamente al Alcalde de Bogot� para otros asuntos, esa norma no limita aquella autorizaci�n principal, seg�n se dijo atr�s. Puede, por lo mismo, la ley, en materia de determinaci�n o modificaciones a la estructura de la administraci�n, y en el se�alamiento de funciones, atribuir la iniciativa al Alcalde. Es pues, exequible la norma acusada.

Por las razones anteriores, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

Primero. Es exequible el numeral 1� del art�culo 14 del Decreto n�mero 3133 de 1968, en la parte acusada, en cuanto proh�be al Concejo Distrital de Bogot� crear juntas o comisiones de su seno para interferir la acci�n administrativa del Alcalde, pero no en cuanto pretenda impedir al mismo Concejo la creaci�n de juntas o comisiones de su seno o con extra�os para desarrollar sus funciones constitucionales o legales.

Segundo. Es inexequible el numeral 2� del art�culo 14, en la parte acusada, en cuanto proh�be al Concejo Distrital de Bogot� "votar auxilios de cualquier clase" y exequible en cuanto la concesi�n de exenciones debe ser propuesta por el Alcalde.

Tercero. Es exequible el numeral 4� del art�culo 14 del mismo Decreto 3133, en la parte acusada, que dice: "salvo por iniciativa del Alcalde".

Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese al Ministro de Gobierno y arch�vese al expediente.

J. Cr�tatas Londo�o C., Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Dom�nguez, Samuel Barrientos Restrepo, Juan Benavides Patr�n, Flavio Cabrera Duss�n, Ernesto Cediel Angel, Jos� Gabriel de la Vega, Gustavo Fajardo Pinz�n, Jorge Gaviria Salazar, C�sar G�mez Estrada, Edmundo Harker Puyana, Enrique L�pez de la Pava, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Sim�n Montero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efr�n Osejo Pe�a, Guillermo Ospina Fern�ndez, Carlos Pel�ez Trujillo, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Gerardo Cabrera Moreno, Conjuez - Luis Carlos Zambrano.