Sentencia de 1977

300Corte SupremaCorte Suprema30030012012Luis Sarmiento Buitrago197724/02/1977Luis Sarmiento Buitrago_1977_24/02/197730012012LIBERTAD DE ESCOGER PROFESIONES La Constituci�n Pol�tica dentro de los derechos civiles y las garant�as sociales consagra la libertad de escoger profesi�n u oficio, art�culo 39; pero autoriza al legislador para exigir t�tulo de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. A su vez, faculta a las autoridades, es decir, al Gobierno, para inspeccionar, tanto las profesiones como los oficios en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad p�blicas. Corresponde, entonces, al legislador ordinario o al extraordinario por medio de facultades expresas y suficientes, exi�gir t�tulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio "de las profesiones. Corte Suprema de Justicia, - Sala Plena - Bo�got�, D. E., 24 de febrero de 1977. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). (Aprobada Acta n�mero 7, febrero 24 de 1977). 1977

Gonzalo Vargas Rubianodemanda de inconstitucionlidad contra las siguientes disposiciones:decreto ley 2886 de 1968 articulos 37,38 literal a, b.Identificadores30030012013true85307Versi�n original30012013Identificadores

Norma demandada: �demanda de inconstitucionlidad contra las siguientes disposiciones:decreto ley 2886 de 1968 articulos 37,38 literal a, b.

La Constituci�n Pol�tica dentro de los derechos civiles y las garant�as sociales consagra la libertad de escoger profesi�n u oficio, art�culo 39; pero autoriza al legislador para exigir t�tulo de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. A su vez, faculta a las autoridades, es decir, al Gobierno, para inspeccionar, tanto las profesiones como los oficios en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad p�blicas. Corresponde, entonces, al legislador ordinario o al extraordinario por medio de facultades expresas y suficientes, exi�gir t�tulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio "de las profesiones.

Corte Suprema de Justicia, - Sala Plena - Bo�got�, D. E., 24 de febrero de 1977.

El ciudadano Gonzalo Vargas Rubiano pide a la Corte Suprema declare inexequibles las si�guientes disposiciones:

"por el cual se reorganiza la Direcci�n General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y se dictan otras disposiciones.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 66 de 1967,

"Art�culo 37. Los agentes de aduanas y los empleados de las agencias de aduanas, encar�gadas por �stas de diligenciar la importaci�n o exportaci�n de mercanc�as, deben acreditar me�diante examen practicado por la Escuela de Aduanas, sus conocimientos en la materia, de conformidad con la reglamentaci�n que al efecto expida el Gobierno.

"Art�culo 38. Adem�s de los requisitos esta�blecidos por las normas legales y los reglamentos, los agentes de aduanas en ejercicio y quie�nes soliciten licencia para ejercer esta actividad, deber�n acreditar ante la Direcci�n General de Aduanas:

"a) Que se encuentran debidamente inscritos en las C�maras de Comercio del lugar de su domicilio y en las de aquellas ciudades en donde mantengan oficinas o agencias.

"b) Que tienen registrados y llevan los libros de contabilidad que exige la ley para los co�merciantes.

"c) Que tienen oficinas propias para el des�pacho de sus negocios tanto en el lugar de su domicilio como en aquellos sitios en donde tengan sucursales o agencias o presten servicio al p��blico, acreditando adem�s que tales oficinas est�n destinadas exclusivamente a la actividad de agentes de aduana y de agentes o consigna�tarios de naves, veh�culos o aeronaves a que se refieren los art�culos 400 y 406 del C�digo de Aduanas.

"e) En caso de haber sido funcionarios de la Direcci�n General de Aduanas, no haber sido destituidos del cargo y no hallarse bajo las li�mitaciones de que trata el par�grafo del art�culo 9o del Decreto 2400 de 1968.

"Par�grafo. Si se trata de personas jur�dicas deben acreditarse la existencia de la sociedad con la copia debidamente registrada de la escritura de constituci�n y de sus reformas, nombre e identidad de los agentes, administradores o per�sonal dependiente que est� autorizado para ac�tuar en representaci�n del agente de aduanas.

"Art�culo 30. Las personas naturales y jur�dicas que tienen expedida y vigente la licencia de agentes de aduana continuar� disfrutando de ella, pero al momento de renovar las fianzas actualmente constituidas, deber�n acreditar por los art�culos anteriores"

Afirma el actor que estas normas violan los art�culos 39, 55 y 76, primer inciso y numeral 12" as�: el 39 porque "dentro de la divisi�n del trabajo constitucional corresponde al Congreso, por medio de leyes, exigir t�tulo de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las pro�fesiones"; y el 55 porque el Ejecutivo ha invadido un campo que no le corresponde, pues carece de facultades expresas para reglamentar la profesi�n de agentes de aduanas. No aduce raz�n alguna en cuanto al 76, primer inciso y numeral 12.

Agrega el actor que "siendo inconstitucionales los art�culos censurados del Decreto-ley 2886 de 1968 resulta inconstitucional la totalidad del de�creto reglamentario del art�culo 37, o sea el Decreto 2515 de 1975, noviembre 24, cuya exis�tencia jur�dica depende de las normas sustanciales que reglamenta" y aunque advierte que el control constitucional de los decretos reglamen�tarios corresponde al Consejo de Estado, solicita que "para fines de econom�a procesal y para que no quede la menor duda sobre el desaparecimiento simult�neo del escenario jur�dico tanto del decreto ley como del decreto reglamentario, en la parte motiva de la misma sentencia que haya de finalizar este litigio de inexequibilidad, s� haga alguna manifestaci�n al respecto.

El Procurador General acoge las razones del actor y pide se declaren inexequibles los articu�les acusados, por ser contrarios a lo previsto en los art�culos 39, 55, 76-12 y 118-8 de la Constituci�n.

1a El Presidente de la Rep�blica para expedir el Decreto-ley 2886 de 1968 invoca las facultades extraordinarias que le confiere la Leu 65 de 1967, la que, en la parte pertinente reza:

"por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias para modificar la remuneraci�n y r�gimen de prestaciones de la Fuerzas Militares, se provee al fortalecimiento de la administraci�n fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisi�n Constitucional Permanente en las C�maras Legislativas.

"Art�culo 1o De conformidad con el numeral 12 del art�culo 76 de la Constituci�n Nacional, rev�stese al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias por el t�rmino de un a�o, contado a partir de la vigencia de esta ley, para los efectos siguientes:

"a) Fijar tiempos m�nimos en cada grado de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional y dictar las normas para modernizar el r�gimen de carrera de este personal;

"b) Fijar los sueldos b�sicos, primas y bonificaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional, soldados, grumetes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa Nacional;

"c) Modificar el r�gimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Polic�a, soldados, grumetes y personal civil al servicio de ramo de la Defensa Nacional;

"e) Reorganizar la administraci�n fiscal con el objeto de capacitarla para evitar el fraude y cumplir en tiempo oportuno con sus funciones de liquidaci�n y recaudaci�n de los tributos y tasas nacionales, as� como para resolver con prontitud las reclamaciones de los contribuyentes, tambi�n para reorganizar la administraci�n de las Aduanas a fin de hacerla m�s expedita y eficiente;

"f) Reorganizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil y la Comisi�n Nacional del Servicio Civil y se�alarles sus funciones, a objeto de que puedan prestar al Gobierno, en asocio de la Secretar�a de Organizaci�n e Inspecci�n de la Administraci�n P�blica, la cooperaci�n necesaria para el ejercicio de las facultades que contemplan la presente ley;

"g) Modificar las normas que regulan la clasificaci�n de los empleos, las condiciones que deben llenarse para poder ejercerlos, los cursos de adiestramiento y el r�gimen de nombramiento y ascensos dentro de las diferentes categor�as, series y clase de empleos;

"h) Fijar las escalas de remuneraci�n co�rrespondientes a distintas categor�as de empleos nacionales, as� como el r�gimen de prestaciones sociales;

"i) Suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder P��blico, y en los institutos y empresas oficiales y acordar autonom�a o descentralizar el funciona�miento de oficinas de la administraci�n que as� lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines;

"j) Establecer las reglas generales a las cua�les deben someterse los institutos y empresas oficiales en la creaci�n de empleos y en el se��alamiento de las asignaciones y prestaciones so�ciales de su personal y el r�gimen del servicio".

"De los diez literales de facultades asignadas al legislador extraordinario en el art�culo 1o de la Ley 65 de 1967, el Gobierno hubo de funda�mentarse al expedir las disposiciones impugna�das necesaria y �nicamente en lo establecido en la parte final del literal e), seg�n el cual que�daba revestido para 'reorganizar la adminis�traci�n de las aduanas a fin de hacerla m�s expedita y eficiente'. Pues las delegaciones res�tantes se refer�an a materias diferentes de las desarrolladas por el Decreto 2886 de 1968; r�gimen prestacional de las Fuerzas Militares (li�terales a), b) y c); reorganizaci�n de las de�pendencias de la Presidencia de la Rep�blica (literal d); reorganizaci�n de la administraci�n fiscal (parte restante del literal e); reorganiza�ci�n del Departamento Administrativo del Ser�vicio Civil (literal f); modificaci�n del r�gimen normativo de clasificaci�n de empleos (literal g); sus escalas de remuneraci�n (literal h); creaci�n, supresi�n y fusi�n de empleos en la Rama Eje�cutiva (literal i) ; y creaci�n de empleos y se��alamiento de asignaciones y prestaciones de entidades oficiales".

"La ley de facultades por este aspecto solo se contrajo de manera precisa y expresa a dele�gar en el Gobierno la funci�n de reorganizar la administraci�n de aduanas con la finalidad es�pec�fica de hacerla m�s expedita y eficiente, mas no, como lo interpret� el legislador extraordina�rio, para reglamentar una profesi�n".

2a La Constituci�n Pol�tica dentro de los dere�chos civiles y las garant�as sociales consagra la libertad de escoger profesi�n a oficio, art�culo 39, pero autoriza al legislador para exigir t�tulo de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones. A su vez, faculta a las autoridades, es decir, al Gobierno, para inspeccionar, tanto las profesiones como los oficios en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad p��blicas.

Las profesiones requieren un conjunto de co�nocimientos cuyo desarrollo tiene como campo de acci�n la sociedad; no son simplemente una actividad privada que se desenvuelva dentro del inter�s particular del profesional sino una actividad de orden social; en esto radica el dere�cho del Estado de reglamentar su ejercicio para proteger preferencialmente los intereses de los asociados; es, pues, un imperativo de la seguri�dad colectiva, funci�n que el Constituyente atri�buye al legislador.

Corresponde entonces al legislador ordinario exigir t�tulos de idoneidad y reglamentar el ejer�cicio de una profesi�n como es la de Agente de Aduanas o al extraordinario por medio de fa�cultades expresas y suficientes, en los t�rminos del numeral 12 del art�culo 76 de la Carta. Las facultades concedidas en la Ley 65 de 1967, no permiten al Presidente de la Rep�blica exigir esos t�tulos de idoneidad como lo hace en el art�culo 37 acusado, mucho menos concederse fa�cultades para reglamentar tal actividad. Hay exceso en el uso de las facultades invocadas.

3a Los art�culos 38 y 39, acusados, se�alan requisitos a los Agentes de Aduanas en ejerci�cio o a quienes soliciten licencia o necesiten re�novarla, para poder ejercer esa actividad los que deben acreditar ante la Direcci�n General de Aduanas.

La reglamentaci�n de una profesi�n, como se dice en los considerandos anteriores, es funci�n que la Caria atribuye al legislador, sea directa�mente o al Gobierno investido de facultades pre�cisas y pro tempore.

En el caso presente, la facultad contenida en el literal e) del art�culo 1o transcrito, "para reorganizar la administraci�n de las aduanas a fin de hacerla m�s expedita y eficiente" no comprende el se�alamiento de requisitos a los particulares, que no hacen parte de la adminis�traci�n, para desarrollar una actividad que pue�den escoger libremente y que solo el legislador, como s� anota, puede reglamentar directamente o por medio de facultades expresas.

El encabezamiento del citado literal e) limita con precisi�n la facultad: "reorganizar la ad�ministraci�n fiscal"; los particulares no hacen parte de ese organismo ejecutivo, y por tanto, las referidas normas acusadas exceden las facultades invocadas con, violaci�n del art�culo 118-8 de la Constituci�n.

4a La Corte Suprema carece de competencia; para conocer acerca de la constitucionalidad del Decreto 2515 de 1975, reglamentario del 2886. De 1968, m�s a�n para emitir concepto acerca de la legalidad del mismo, como pide el actor.

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Cons�titucional y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Cupiese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gacela Judicial y arch�vese el expediente.

1. La decisi�n mayoritaria de la Corte, por medio de la cual, adem�s del art�culo 37, declara inexequibles los art�culos 38 y 39 del Decreto con fuerza de ley n�mero 2886 de 1968, nos induce a salvar voto respecto de ella, con fundamento en estas consideraciones:

a) Inicialmente, la Sala Constitucional, por unanimidad, propuso la exequibilidad de los art�culos 38 y 39 del citado estatuto. Y en este sentido se present� a la consideraci�n de la Sala Plena la ponencia respectiva, la cual no fue acep�tada por la mayor�a de sus miembros;

b) Tal conducta, que nosotros respetamos pero no compartimos, determin� la modificaci�n del proyecto primitivo de sentencia, exhibiendo el argumento de que en los citados preceptos se contempla un aspecto de la reglamentaci�n de una profesi�n, la de agente de aduanas; actividad para la cual no estaba expresamente au�torizado el Gobierno, conforme a la interpreta�ci�n limitada que se hace de la ley de facultades n�mero 65 de 1967.

2. El ordinal e) del art�culo 1o de la Ley 65 de 1967, textualmente faculta al Presidente de la Rep�blica "para reorganizar la administra�ci�n fiscal con el objeto de capacitarla para evitar el fraude... y... tambi�n para reorga�nizar la administraci�n de /as aduanas a fin de hacerla m�s expedita y eficiente".

Entendemos que para el cabal cumplimiento de esta finalidad es indispensable adoptar normas como las contempladas en los art�culos 38 y 39 del Decreto 2886 de 1968, puesto que no es posible alcanzar una eficiencia en el recaudo del impuesto de aduanas y en los servicios que estas entidades administrativas prestan, si los agentes que ante ellas act�an y con ellas cooperan en el prop�sito de obtener una misma finalidad, no cumplen con los requisitos que la ley objetada se�ala. Y no vale el argumento de que tales agentes de aduanas no hacen parte de la administraci�n, ya que si en verdad son personas particulares, su actividad est� �ntimamente vinculada con la actividad oficial, hasta el extremo de que �sta no se puede desarrollar sin su contingente. Por eso cuando se autoriza para reorganizar las aduanas, con los fines previstos, no puede prescindirse, y ser�a un error hacerlo, de la participaci�n obligada o necesaria de esos agentes as� se les califique de simples personas de derecho privado.

3. De otra parte, los requisitos se�alados en los art�culos 38 y 39, est�n consagrados en esencia, en otros estatutos, como el C�digo de Aduanas (art�culos 11, 400, etc.). Por tanto, se trata de una ratificaci�n o reiteraci�n legal, que en nada quebranta los textos constitucionales ni menos el ordinal 8o del art�culo 118 como se expresa en la sentencia mayoritaria.

4. Finalmente, observamos que a la expresi�n "reorganizar la Administraci�n", se le debe dar un desarrollo racional, acorde con las necesidade4s actuales de gobierno, y sobre todo teniendo en cuenta que "las preciosas facultades extraordinarias" de que trata el ordinal 12 del art�culo 76 de la Constituci�n, como lo ha sostenido la Corte, significan un traslado de la competencia legislativa del Congreso al Presidente de la Re�p�blica, y que por tanto, �ste debe desarrollar a plenitud el pensamiento del legislador o sea proyectar a trav�s de los decretos extraordina�rios lo que el mismo Congreso habr�a hecho en armon�a con los fines que �l de antemano se�ala en la ley que contiene las facultades.