Sentencia 67 de 1986

300Corte SupremaCorte Suprema3003001185967Fabio Mor�n D�az198604/09/198667_Fabio Mor�n D�az_1986_04/09/198630011859CONTROL Y VIGILANCIA DE VIVIENDA, HECHA POR AUTOCONSTRUCCION: SUPERINTENDENCIA BANCA RIA. COSA JUZGADA. La Corte remite a sentencia del 26 de febrero de 1981. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 67. 1986

Alberto Pe�a ParraH60Acci�n de inexequibilidad contra el inciso 2" del art�culo 17 del Decreto-ley n�mero 2610 de 1079. Superintendencia Bancada: Control y vigilancia de vivienda realizados por autoconstrucci�n.Identificadores30030011860true85116Versi�n original30011860Identificadores

Norma demandada: �Acci�n de inexequibilidad contra el inciso 2" del art�culo 17 del Decreto-ley n�mero 2610 de 1079. Superintendencia Bancada: Control y vigilancia de vivienda realizados por autoconstrucci�n.

CONTROL Y VIGILANCIA DE VIVIENDA, HECHA POR AUTOCONSTRUCCION: SUPERINTENDENCIA BANCA RIA. COSA JUZGADA.

Acci�n de inexequibilidad contra el inciso 2" del art�culo 17 del Decreto-ley n�mero 2610 de 1079. Superintendencia Bancada: Control y vigilancia de vivienda realizados por autoconstrucci�n.

Bogot�, D. E., septiembre cuatro (4) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

El ciudadano Alberto Pe�a Parra present� a esta Corporaci�n demanda de inexequibilidad contra el inciso 2o del art�culo 17 del Decreto-ley n�mero 2610 de 1979, expedido en virtud de las facultades concedidas por la Ley 61 de 1978. Agotada la ritualidad procesal constitucional se procede a resolver el asunto.

"Art�culo 17. Los planes o programas de vivienda realizados por el sistema de autoconstrucci�n no est�n exceptuados del control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria pero ser�n objeto de reglamentaci�n especial por parte de dicha entidad".

"Esta norma atribuye al Congreso la funci�n de darle facultades al Presidente, pro tempore, para que legisle sobre materias espec�ficas. Desde luego que, si lo faculta pro tempore, el facultado no puede extralimitar la temporalidad.

"El gobierno, por medio del inciso que se demanda, deleg� en la Superintendencia Bancaria la regulaci�n de la autoconstrucci�n de vivienda para que la ejerciera sin l�mite de tiempo alguno, pues no otra cosa significa la expresi�n 'pero ser�n objeto de reglamentaci�n especial por parte de dicha entidad'. Que as� lo interpret� la entidad delegatoria, lo prueba el hecho de que la Resoluci�n 3811 que llev� a cabo la 'reglamentaci�n especial', se dict� el 16 de julio de 1981, cuando, en virtud de la ley que otorg� las facultades extraordinarias, s�lo podr�a dictarse hasta el 9 de enero de 1980.

"Al autoprolongarse indefinidamente en el tiempo la oportunidad de regular el sistema de autoconstrucci�n, el gobierno viol� este ordinal que ordena ejercer las facultades concedidas en virtud del art�culo 76-12 de la Carta, con las precisas delimitaciones implantadas por el legislativo; si va m�s all� de esas delimitaciones no las ejerce debidamente y, en consecuencia, viola el mencionado ordinal. Este es el criterio expresado por la Corte en su ausencia de julio 17/80.

"Este art�culo faculta al Presidente para delegar sus funciones en los Ministros, los jefes de Departamentos Administrativos y los Gobernadores y no puede, por lo tanto, delegarlas en otra entidad. El hecho de que hubiera delegado las facultades extraordinariamente recibidas en la Superintendencia Bancaria, transgrede el art�culo citado.

"Por otra parte, la delegaci�n de las facultades extraordinarias en otra entidad traspasa los linderos dentro de los cuales el legislativo las concede, los que en base al ordinal II del art�culo 76 de la Carta, nadie puede colegir que sean delegables, porque �ste no da pie alguno para ello, ni, tampoco, en base a la Ley 10 de 1978 que las autoriza, se puede colegir que sean delegadles.

"Varias veces la Corte ha indicado que las facultades extraordinarias no son diferibles en el tiempo ni son delegables. En sentencia de abril 10 de 1980, sobre la acci�n de inexequibilidad del Decreto n�mero 1897 de 1979 expres�:

"Estas facultades, lo ha sostenido la Corte ininterrumpidamente, son de ejercicio directo del gobierno, en dos sentidos: No las puede delegar ni tampoco diferir o posponer su ejercicio para tiempo posterior al t�rmino se�alado para su ejercicio pues su pr�rroga es inconstitucional".

El Procurador General de la Naci�n solicit� a esta Corporaci�n la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada bas�ndose en los siguientes aspectos:

1. Que sobre la presunta violaci�n del art�culo 76-12 de la Constituci�n por la norma acusada, la Corte Suprema de Justicia ya se pronunci� en sentencia de febrero 26 de 1981 con ponencia del Magistrado Carlos Medell�n Forero.

2. Que en tal oportunidad la sentencia antes aludida declar� la exequibilidad de

la norma acusada al no encontrar violaci�n de "derechos adquiridos, ni de; otras normas constitucionales" (Subraya el Procurador).

3. Que tal declaratoria de exequibilidad se produjo sobre los art�culos 1� a 9� inclusive y 10 a 20 inclusive, del estatuto cuya inconstitucionalidad se acusa.

4. Que si bien es cierto los art�culos antes mencionados fueron atacados por violaci�n del art�culo 76-12 de la Carta, en el proceso 829; no comprendi� el ataque el art�culo 118-8 de la Constituci�n. Sin embargo, el pronunciamiento anterior de la Corte sobre la violaci�n del art�culo 76-12 de la Constituci�n cobija (por guardar relaci�n directa) al art�culo 118 de la Constituci�n.

5. Que por ello s�lo es posible el estudio sobre el art�culo 135 de la Constituci�n Nacional en relaci�n con el art�culo 17, parcial mente acusado.

6. Que siendo las Superintendencias de creaci�n legal, que no constitucional, como "organismos adscritos a un ministerio", con el fin de que cumplan "algunas de las funciones que corresponden al Presidente de la Rep�blica como Suprema Autoridad Administrativa y las que la ley les asigne", conforme lo ense�a el art�culo del * * Decreto n�mero 1050 de I968, resulta indudable que el Presidente de la rep�blica bien podr�a entregarles, por ley, alguna de las funciones que le son propias, ya que no es posible exig�rsele el cumplimiento de todas ellas, siendo necesaria la cooperaci�n de otros agentes de la Administraci�n P�blica Nacional.

7. Que en el presente asunto, ha de tenerse en cuenta que la norma acusada; Decreto-ley, deleg� en la Superintendencia Bancaria, organismo de creaci�n legal, la funci�n de reglamentar especialmente los planes o programas de vivienda por el sistema de autoconstrucci�n, y que la Superintendencia cumpli� con la delegaci�n entregada, expidiendo para el efecto, la Resoluci�n 3811 de 1981. Se recalca en el. hecho de que la facultad extraordinaria contemplada en el literal d) del art�culo 10 de la Ley 61 de 1978 era para adoptar los mecanismos de vigilancia y control de las empresas que se dedicaran, entreoir�s actividades, a la construcci�n de vivienda y eso fue lo que el legislador extraordinario hizo al expedir la norma acusada parcialmente.

8. Que en torno al art�culo acusado el Ejecutivo s� cumpli� con las facultades conferidas por el legislador ya que fij� el control y vigilancia de esos planes y programas de vivienda en la Superintendencia Bancaria, al tiempo que le entreg� la reglamentaci�n de tales planes y programas.

Corresponde a esta Corporaci�n, de acuerdo con el art�culo 214 de la Constituci�n, el estudio de inexequibilidad de los decretos dictados por el Presidente de la Republica, en desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el Congreso, acuerdo con el art�culo 76-12 de la Carta.

EI Decreto acusado (2610 de 1979) fue dictado en desarrollo de la Ley 61 de 1978, por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades extraordinarias, por esta raz�n, le asiste competencia a esta Corporaci�n para pronunciarse al respecto.

"Para decidir sobre la materia objeto de estudio es necesario hacer dos precisiones:

La Corte en relaci�n con la materia que nos ocupa ha producido varios pronunciamientos, as�:

Declar� exequible la Ley 61 de diciembre 15 de 1978 (con excepci�n de los art�culos 4�, 5�, 6�, 7� y el literal b) del art�culo 10, por la cual se reviste al Presidente de la Rep�blica de facultades pro tempore, mediante sentencia de agosto 14 de 1979 G.J CLX, p. III). Por sentencia de agosto 14 de 1979 se orden� estarse a lo resuelto en sentencia de la misma fecha.

'"Ahora bien, establecida la constitucionalidad de la Ley de facultades, se tiene que el Decreto n�mero 2610 de 1979 fue objeto de demandas de inexequibilidad: primero, su art�culo 10" fue acusado por violaci�n del art�culo 76-12 de la Carta, pronunci�ndose la Corte mediante sentencia de febrero 20 de I98I, que declar� exequible el art�culo antes mencionado. Segundo, fueron acusados los art�culos 1� al 9� inclusive y 10 a 20, inclusive, del Decreto objeto de este proceso, y se resolvi� por sentencia de febrero 26 de I981 (G.J. CXLIV p�g. 39), as�: declarase exequible el Decreto n�mero 2610 de 1979en sus art�culos l"a 9", inclusive; en cuanto al art�culo 10 del mismo Decreto, est�se a lo dispuesto en sentencia de fecha 20 de febrero de 1981.

En relaci�n con esta demanda las normas constitucionales consideradas infringidas fueron los art�culos 55, 76, 1, 12, 13 y 14, 206; 121 inciso 3� y 43 de la Constituci�n.

"En cuanto a la prohibici�n anotada, se tiene que el Decreto n�mero 2610 de 1979 se ci�� a ella, por cuanto su confrontaci�n con la Ley 66 de 1968 que ven�a rigiendo las actividades de urbanizaci�n, construcci�n y cr�dito para la adquisici�n de viviendas, y determinaba su inspecci�n y vigilancia, a la cual el Decreto acusado reform�, indica ese hecho. En efecto: en parte alguna del decreto sub judice no se encuentra imposici�n ni aumento de grav�menes, contribuciones o tasas. Aumenta s� la cuant�a de algunas multas ya fijadas por la Ley 66, como sanci�n para quienes incumplieran sus dictados, asunto normal en esta clase de disposiciones y, desde luego, concepto jur�dico muy diferente al de tasa, gravamen o contribuci�n. La conversi�n de multa en arresto, y en la misma proporci�n, punto que se destaca en la demanda, estaba tambi�n ordenada por la Ley 66 en su art�culo 29. Ni se ha descubierto tampoco violaci�n de derechos adquiridos, ni de otras normas constitucionales. Por manera que el Decreto acusado, adem�s de especificar y aclarara conceptos y mecanismos provenientes de la Ley 66 de 1968, adopta medidas para cumplir el objetivo que la Ley de facultades le indic� al Gobierno, a saber: que su vigilancia sobre las empresas dedicadas a negocios que tienen que ver con el desarrollo urbano fuera m�s efectiva, y m�s estricto el control sobre sus actos. Es natural que esas determinaciones debieran tomarse a juicio del Gobierno, como directo responsable de tan exigente funci�n, tal como lo hizo seg�n su propia experiencia sobre las necesidades econ�micas y sociales del pa�s en dicha materia, de conformidad con las facultades extraordinarias de que fuera investido por el legislador mediante la Ley 61 de 1978, declarada exequible por la Corte Suprema de justicia en fallo de fecha 14 de agosto de 1979. excepto sus art�culos 4�, 5�, 6�, 7� y parte del literal b) del 10 con los cuales no tiene ninguna relaci�n el Decreto n�mero 2610 de 1979 objeto del presente proceso.

"Quinta. En el auto admisorio de la demanda se dispuso verificar la Constituci�n d�nde la Comisi�n Parlamentaria dispuesta por la Ley 61 de 1978 en su art�culo 9�, con el car�cter de consultiva para el estudio del Decreto extraordinario acusado. Los informes remitidos a la Corte por los Secretarios de las Comisiones Terceras del. Senado y la C�mara de Representantes indican haberse cumplido tal exigencia, y el Decreto n�mero 2610 objeto de la acusaci�n, hace constar en su encabezamiento que fue o�do el concepto de la Comisi�n Parlamentaria, circunstancia suficiente para prestar m�ritos sobre su veracidad.

"Sexta. El art�culo 10 del Decreto acusado ya hab�a sido objeto de la demanda por parte del ciudadano Mario Alario M�ndez, (expediente n�mero 826), y la Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional emiti� fallo de exequibilidad con fecha 20 de febrero del presente a�o, con ponencia del Magistrado doctor Jorge V�lez Garc�a. En tal oportunidad la Corte dijo: los Decretos-ley emanados de las facultades extraordinarias pueden afectar indistinta mente a cualquier clase de legislaci�n preexistente, as� se trate de leyes comunes o de c�digos. No es necesario que en las* facultades se haya determinado la clase de legislaci�n que el Presidente puede afectar cuando las ejerza". Y, adem�s, determin�: 'El juicio de valor acerca de cu�les deban ser las medidas necesarias no puede ser hecho por el legislador, sino que es deferido al Ejecutivo. Este es el que dentro del lapso temporal de la Ley de Facultades, y para ' alcanzar los prop�sitos que �sta persigue, queda autorizado para adoptar las met� idas que �l mismo considere necesarias conforme con la discrecionalidad que, para evaluar esa necesidad, le otorga el Congreso".

"Se tiene entonces, que al haber sido objeto de decisi�n jurisdiccional de la Corte el art�culo 10 del Decreto n�mero 2610 de 1979, se produce en cuanto a �l el caso de la cosa juzgada, en raz�n de lo cual ha de quedar excluido de la consideraci�n de la Corte en el asunto sub judia:, as� como de su decisi�n correspondiente, en la que habr� de ordenarse estar a lo ya resuelto sobre la norma en referencia.

Con base en las consideraciones anteriores la Corte Suprema de Justicia - Sala Constitucional-, o�do el Procurador General de la Naci�n.

"Es EXEQUIBLE. El Decreto n�mero 2610 de 1979 en sus art�culos 1� a 9� inclusive y 10 a 20 inclusive. En cuanto al art�culo 10 del mismo Decreto, est�se a lo sentencia de fecha 20 de febrero del presente a�o radicaci�n n�mero 829.

"Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese �en corresponda y arch�vese el expediente" (Sentencia de 26 de febrero de 1981, Magistrado ponente Carlos Medell�n Forero; GJ. CXLIV, pags. 46 y 47).

En la demanda instaurada contra el art�culo 17, inciso 2� del Decreto n�mero 7610 de 1979, se acusa por ser violatorio del art�culo 76-12, 118-8 y 135 de la Constituci�n.

De lo anterior, se puede observar con claridad que la norma acusada ya fue confrontada con el art�culo 76-12 de la Carta; si bien es cierto, no hay un pronunciamiento expreso en relaci�n con el art�culo 118-8, ha de entenderse que la Corte en su oportunidad al decir, que el decreto acusado en sus art�culos antes mencionados, no rebasa las facultades otorgadas por la Ley 61 de 1978, estaba resolviendo indirectamente sobre la norma del 118-8 de la Carta, ya que este art�culo se�ala como una de las atribuciones del Presidente en relaci�n con el Congreso, ejercer las facultades dictando los decretos a que haya lugar.

Entonces se concluye que la acusaci�n formulada por violaciones de los art�culos 76-12 y 118-8, ya fueron resultasen la sentencia antes transcrita. De ah� que han de quedar excluidos del estudio de la Corte, y por tanto, se ordena estarse a lo resuelto en sentencia de febrero 26 de 1981, aprobada por Acta n�mero 17 de la misma fecha. As� mismo, ha de entenderse que la Corte ya abord� el estudio de la norma acusada frente a las dem�s normas de la Constituci�n, incluyendo el art�culo 135 de la Carta y por ello, tambi�n debe estarse a lo resuelto en sentencia del 26 de febrero de 1981.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el se�or Procurador General de la Naci�n,

C�piese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.