Sentencia de 1975

300Corte SupremaCorte Suprema30030011676GUILLERMO CHARRY197520/02/1975GUILLERMO CHARRY_1975_20/02/197530011676FACULTADES EXTRAORDINARIAS 1975

DIONISIO GOMEZ RODADOart�culos 113, 116 y parcialmente el 118, �ste solo en la parte que dice "la participaci�n del 25% que le corresponde...", del Decreto extraordinario 2349 de 1971Identificadores30030011677true84919Versi�n original30011677Identificadores

Norma demandada: �art�culos 113, 116 y parcialmente el 118, �ste solo en la parte que dice "la participaci�n del 25% que le corresponde...", del Decreto extraordinario 2349 de 1971

Inexequibilidad de los art�culos 113, 116 y 118 del Decreto extraordinario n�mero 2349 de 1971, el �ltimo en la parte que dice: "...la participaci�n del 25% que le corresponde..."

El ciudadano Dionisio G�mez Rodado, en ejercicio de la acci�n consagrada, por el art�culo 214 de la Constituci�n, ha pedido que se declaren inexequibles los art�culos 113, 116 y parcialmente el 118, �ste solo en la parte que dice "la participaci�n del 25% que le corresponde...", del Decreto extraordinario 2349 de 1971, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias contenidas en la Ley 7� de 1970.

1�) "113. Al denunciante que hubiere sido aceptado como tal por la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, se le reconocer� una participaci�n del 5% sobre el producto bruto de los tesoros o antig�edades en caso de que se recuperen".

2�) "116. De lo recuperado corresponder� como participaci�n a la Naci�n un 25% y al contratista, un 70%, todo calculado sobre el producto bruto".

3�) "118. Cuando a juicio de los peritos los objetos rescatados formen parte del patrimonio art�stico o hist�rico de la Naci�n, la participaci�n del 25% que le corresponde ser� pagada en especie. As� mismo, la Naci�n tendr� un derecho de preferencia dentro de los 120 d�as siguientes al rescate, para comprar aquellas partes art�sticas o hist�ricas que excedan a su porcentaje, al precio que hayan se�alado los peritos para fijar el monto de todas las participaciones" (sic).

Se se�alan como violados los art�culos 2, 55, 76-1-2 y 12, y 118-8 de la Constituci�n.

B�sicamente, el demandante sostiene que la ley de autorizaciones se refer�a a una organizaci�n de tipo estrictamente administrativo dentro del Ministerio de Defensa, en los aspectos reservados al Congreso, pero en modo alguno a la alteraci�n o regulaci�n de derechos particulares y del Estado como los que se relacionan con la participaci�n que a unos y otros corresponde por concepto de presas mar�timas, hallazgos y tesoros. Estos, dice, est�n reglamentados por el C�digo Civil, estatuto que no se pod�a alterar en desarrollo de las facultades extraordinarias. Al hacerlo, se violaron los textos precitados. Por su parte el Procurador General de la Naci�n, en el concepto de fondo, coincide esencialmente con la demanda y solicita la inexequibilidad de las normas cuestionadas por considerar, no que violan la Constituci�n en cuanto, hayan modificado re-gulaciones del C�digo Civil, sino en cuanto implica simplemente un exceso en el ejercicio de las facultades, apreciable en el hecho de haberse ocupado de materia no autorizada por la ley respectiva.

La Ley 7� de 1970, que otorg� las facultades en cuyo desarrollo se dict� el decreto al cual pertenecen los art�culos demandados, se�ala textualmente la materia de las mismas, del siguiente modo, en su art�culo 1�:

"b) Modificar las normas org�nicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, con atribuci�n para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;

"c) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional, y

"d) Modificar las remuneraciones as� como el r�gimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional".

Como puede observarse la materia de las facultades abarca puntos precisos: 1. La reorganizaci�n administrativa del Ministerio, incluyendo a las entidades descentralizadas a �l adscritas o vinculadas, lo cual supone, como lo dijo la Corte en sentencia de 10 de mayo de 1973, al examinar la demanda sobre el art�culo 129 de este mismo Decreto, atribuci�n suficiente para determinar una reestructuraci�n general de acuerdo con las conveniencias del servicio, y el se�alamiento de funciones b�sicas a los elementos de la nueva estructura. "La reorganizaci�n conlleva, pues, cambio total o parcial de la estructura y prescin- dencia de la organizaci�n anterior", se dijo en tal fallo; 2. La modificaci�n de las normas reguladoras de la carrera del personal al servicio del Ministerio, de las Fuerzas Militares y de la Polic�a Nacional, y 3. La modificaci�n del r�gimen salarial en los mismos sectores. Todos estos puntos tienen un eje central constituido por la reforma o reorganizaci�n del Ministerio de Defensa Nacional, en los aspectos que corresponden al Congreso dentro de la determinaci�n de la estructura de la Administraci�n Nacional, con arreglo al art�culo 76-9 de la Carta. Pero de ninguno de ellos resid�a ni expresa ni t�citamente, una facultad para que el Gobierno, en desarrollo de la ley transcrita, pueda crear ciertos derechos 'de particulares o del Estado, como los que resultan de las disposiciones acusadas. Una es la tarea de se�alar funciones generales a los �rganos de la Administraci�n, o especiales a los funcionarios p�blicos de la misma, y otra, muy distinta, la de reglamentar aquellos derechos, pues se trata de materias completamente diferentes al punto, de que cualquiera, que sea la estructura del organismo, los derechos ya establecidos del tipo de los que ahora se discuten, pueden mantenerse inalterados sin causar da�o alguno a tal estructura. En realidad el decreto en el punto demandado confundi� indebidamente el se�alamiento ' de funciones generales del Ministerio, que debe hacer el Congreso (76-9), y aun especiales, que debe hacer el Presidente (120-21), con la creaci�n o modificaci�n de ciertos derechos particulares, de modo que so pretexto de entregarle a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria la funci�n de conocer lo concerniente a las denuncias sobre presas mar�timas, procedi� a se�alar los porcentajes que a ella y al denunciante corresponden, sobre su valor, mezclando as� dos materias diferentes, la �ltima de las cuales carece de base en la ley de facultades.

No es, y en esto asiste la raz�n al Ministerio P�blico, que el vicio radique en haber producido modificaciones en unas normas del C�digo Civil, que para este caso son los art�culos 701, 710 y 711; porque, como lo ha dicho la Corte reiteradamente, si el ejercicio leg�timo de unas facultades extraordinarias, se desplaza sobre materia regulada parcial o totalmente por alg�n c�digo, las alteraciones que a �ste se produzcan, son consecuencia natural de la din�mica legislativa y no vicio de inexequibilidad. En el caso que se estudia, la violaci�n de la Carta resulta de haber regulado, con fundamento en facultades extraordinarias, una "materia no prevista en la ley que las contiene. De tal suerte, resultan quebrantados los art�culos 76-12,118-8 y 55 de la Constituci�n.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n, DECLARA: SON INEXEQUIBLES los art�culos 113,116 y 118 del Decreto extraordinario n�mero 2349 de 1971, el �ltimo en la parte que dice: "...la participaci�n del 25% que le corresponde...".

C�piese, publ�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, comun�quese al Gobierno y arch�vese el expediente.