Norma demandada: Demanda de constitucionalidad contra el Decreto 2334 de 1971, "por el cual se regula el régimen de remuneraciones y prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones."
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Régimen de remuneraciones y prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de sus entidades descentralizadas. La Ley 7ª de 1970 no facultó al Ejecutivo para legislar en esta materia, por eso es inexequible el Decreto 2334 de 1971.
Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., 7 de septiembre de 1972.
(Magistrado Ponente: Doctor José Gabriel de la Vega).
El ciudadano José A. Pedraza Picón pide que se declare inexequible el Decreto 2334 de 1971, por haberse dictado fuera de las facultades extraordinarias concedidas al Gobierno en la Ley 7ª de 1970.
El Procurador General de la Nación hace la misma solicitud; y estima, concretamente, que dicho acto del Ejecutivo se dio cuando ya había expirado el término prescrito para expedirlo.
El decreto demandado
"DECRETO NUMERO 2334 DE 1971
"por el cual se regula el régimen de remuneraciones y prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones.
"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 7ª de 1970,
"Decreta:
"Capítulo I
"Disposiciones generales
"Artículo 1º Empleados públicos y trabajadores oficiales. Los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, se rigen por las normas determinadas en el presente Decreto, para efecto de remuneraciones y prestaciones sociales.
"Artículo 2º Empleado público. Para los efectos de este Decreto, es empleado público de las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, la persona natural a quien legalmente se le nombre para desempeñar un empleo previsto en la respectiva planta de personal y tome posesión del mismo.
"Artículo 3º Trabajador oficial. Para los efectos de este Decreto, es trabajador oficial, la persona natural que preste sus servicios en las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y cuya vinculación se opere mediante contrato de trabajo.
"Artículo 4º Por regla general, las personas que prestan sus servicios en los establecimientos públicos adscritos al Ministerio de Defensa Nacional son empleados públicos. No obstante lo anterior, en los estatutos de cada organismo, se precisarán las actividades que pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.
"Artículo 5º Por regla general, las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado, vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional son trabajadores oficiales. No obstante lo anterior, en los estatutos de dichas entidades se precisarán las funciones que deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos.
"Artículo 6º Trabajadores de las Sociedades de Economía Mixta. Los trabajadores que prestan sus servicios en las Sociedades de Economía Mixta, vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, se rigen por las normas especiales consagradas en el acto de su creación y por el Código Sustantivo del Trabajo, aunque el aporte del Estado sea superior al noventa por ciento (90%) de su patrimonio.
"Capítulo II
"Del Régimen de Asignaciones y Prestaciones Sociales.
"Artículo 7º Remuneración. El régimen de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios para el personal de empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, será el que determine por Acuerdo cada una de las Juntas Directivas de dichas entidades.
"En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios y prestaciones sociales, no se regirán por las normas establecidas para el personal al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.
"Artículo 8º Vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales a que se refiere este Decreto, tienen derecho a veinte (20) días corridos de vacaciones por cada año de servicio salvo lo que se disponga por disposiciones especiales para empleados o trabajadores que desarrollen actividades especialmente insalubres o peligrosas.
"Las vacaciones se conceden a solicitud del interesado o de oficio dentro del año siguiente al en que se causen.
"Artículo 9º Quienes tienen facultad para conceder vacaciones, pueden aplazarlas por necesidad del servicio, dejando constancia en la Hoja de Vida del empleado o trabajador.
"Si por razones del servicio se presenta interrupción justificada en el goce de vacaciones, el empleado o trabajador no pierde el derecho a disfrutarlas en su totalidad.
"Se prohíbe conceder permisos o licencias con cargo a vacaciones.
"Artículo 10. Solo pueden acumularse vacaciones hasta por dos (2) años, por necesidad del servicio y mediante Resolución, motivada. Cuando no se hiciere uso de vacaciones en la fecha señalada, sin previa autorización de aplazamiento, el derecho a disfrutarlas o a percibir la compensación correspondiente se pierde.
"Es prohibido compensar las vacaciones en dinero, pero el jefe del respectivo organismo puede autorizar que se paguen en dinero hasta las correspondientes a un (1) año, por necesidades del servicio.
"Los empleados y trabajadores que salgan en uso de vacaciones, tienen derecho al pago anticipado de ellas.
"Cuando un empleado público o trabajador oficial quede retirado del servicio sin haber hecho uso de vacaciones causadas, tiene derecho al pago de ellas en dinero y se tomará como base de la compensación el último salario devengado. Tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio.
"El derecho a reclamar vacaciones prescribe en tres (3) años.
"Si el empleado público o trabajador oficial, quedare retirado del servicio por causas distintas de mala conducta y le faltaren quince (15) días o menos para cumplir un (1) año de servicio, tiene derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones, como si se tratara de un (1) año completo de servicio.
"En estos casos, la liquidación y pago correspondientes se efectuarán con base en el último salario devengado y tal reconocimiento no implica continuidad en el servicio por el tiempo de las vacaciones que se compensen en dinero.
"Artículo 11. Prima de Navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, tendrán derecho a una prima de navidad equivalente a un mes de la asignación correspondiente en 30 de noviembre de cada año, y será pagada en la primera quincena del mes de diciembre; cuando el trabajo fuere a destajo, se tomará como base para la liquidación de la Prima de Navidad el promedio de los salarios devengados en los once (11) primeros meses del año o de todo el tiempo si fuere menor.
"Parágrafo. Cuando el empleado o trabajador no haya servido el año completo, tiene derecho al reconocimiento de la Prima de Navidad, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio, y con base en el último salario devengado.
"Artículo 12. Asistencia Médica. Los empleados públicos y trabajadores oficiales en servicio, tienen derecho a que por la respectiva entidad donde trabajen se les preste asistencia médica, quirúrgica, odontológica, servicios hospitalarios y farmacéuticos para ellos, sus esposas e hijos legítimos menores, mediante contratos celebrados con el Hospital Militar, la Caja Nacional de Previsión Social, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de sus clínicas u organismos de sanidad.
"Parágrafo. La asistencia médica para la esposa y los hijos menores de que trata el presente artículo, no se prestará cuando exista otra entidad de derecho público o privado que tenga la obligación de suministrar dichos servicios a tales personas.
"Artículo 13. Auxilio por enfermedad. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad, los empleados públicos y trabajadores oficiales, tienen derecho a que la respectiva entidad les pague el sueldo o salario completo hasta por ciento ochenta (180) días.
"La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio, pero cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador será retirado del servicio y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que este Decreto determina.
"Parágrafo. Cuando la enfermedad se prolongare por más de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador tendrá derecho a asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, hasta doce (12) meses más, pero sin derecho a remuneración alguna después de los ciento ochenta (180) días de incapacidad.
"Artículo 14. Auxilio por maternidad. La empleada o trabajadora en estado de embarazo, tiene derecho a una licencia de ocho (8) semanas pagadera por la respectiva entidad en la época del parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
"Si la interesada percibe salario variable, se toma en cuenta el promedio de lo devengado en el último año de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor.
"Artículo 15. La empleada o trabajadora que en el curso del embarazo sufra aborto, tiene derecho a una licencia remunerada de dos (2) a cuatro (4) semanas, conforme a prescripción médica.
"Artículo 16. Prohibición de despido. Durante el embarazo y los tres (3) meses posteriores al parto o aborto, solo podrá efectuarse el retiro por justa causa comprobada y mediante respectiva autorización del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
"Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o aborto, cuando ha tenido lugar dentro de los períodos señalados en el inciso anterior, sin las formalidades que él mismo establece. En este caso, la empleada o trabajadora tiene derecho a que la entidad donde trabaja le pague una indemnización equivalente al salario de sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones prestacionales a que hubiere lugar de acuerdo con su situación legal o contractual y, además, al pago de ocho (8) semanas de descanso remunerado, si no lo ha tomado.
"Artículo 17. Indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En caso de incapacidad permanente parcial, de un empleado público o trabajador oficial, por enfermedad profesional o accidente de trabajo, que no dé lugar a pensión de invalidez, la respectiva entidad de previsión le pagará una indemnización proporcional al daño sufrido de conformidad con las Tablas del Código Sustantivo del Trabajo.
"Esta indemnización en ningún caso será inferior a un mes, ni superior a veintitrés (23) y no se pagará si la lesión o perturbación fue provocada deliberadamente o por falta grave o intencional de la víctima, o por violación expresa de los reglamentos de trabajo.
"Artículo 18. Cesantía. El empleado público o trabajador oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago del auxilio de cesantía por el tiempo servido a la entidad, equivalente a un mes de la última asignación devengada, por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. Cuando el trabajo sea a destajo, se tomará como base para la liquidación de la cesantía el promedio de los salarios devengados en los últimos doce (12) meses, o de todo el tiempo si fuere inferior a un (1) año.
"Artículo 19. Anticipo de cesantía. A los empleados públicos y trabajadores oficiales, se les podrá otorgar el anticipo de cesantía por el tiempo de servicio que acrediten en la fecha de la respectiva solicitud, previa comprobación de que su valor será invertido en la adquisición de lote o vivienda, o en la construcción, ampliación, reparación o liberación de ésta.
"Artículo 20. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral, no inferior a un setenta y cinco por ciento (75%), da derecho a una pensión pagadera por la respectiva entidad con base en la última asignación mensual devengada, mientras la invalidez subsista, así:
a) El cincuenta por ciento (50%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del setenta y cinco por ciento (75%);
b) Del setenta y cinco por ciento (75%), cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del setenta y cinco por ciento (75%) y no alcanza al noventa y cinco por ciento (95%);
c) El cien por ciento (100%), cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al noventa y cinco por ciento (95%).
"Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización.
"Artículo 21. El empleado o trabajador, que se invalide, tiene derecho a que se le procure rehabilitación.
"Artículo 22. La calificación de la invalidez se hará por las autoridades médicas del respectivo organismo que preste asistencia médica al empleado o trabajador. En caso de inconformidad por parte del empleado o trabajador, o de la entidad respectiva, la calificación la hará el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
"Artículo 23. La entidad que pague la pensión de invalidez, podrá ordenar en cualquier tiempo control médico del inválido con el fin de disminuir o suspender la pensión, cuando la enfermedad o las lesiones se hayan modificado favorablemente, o para aumentarla en casos de agravación.
"No se devengará la pensión mientras dure la mora injustificada del inválido en someterse al control médico.
"Artículo 24. Pensión de jubilación. El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es varón o cincuenta (50) si es mujer, tiene derecho a que por la respectiva entidad se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de las asignaciones devengadas durante el último año de servicio.
"No quedan sujetas a esta regla general, las personas que trabajan en actividades que por naturaleza justifiquen excepción y que la ley determine expresamente.
"Parágrafo 1º Para calcular el tiempo de servicio que da derecho a pensión de jubilación, solo se computarán como jornadas completas de trabajo las cuatro horas o más. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo empleo o tarea no llegan a este límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y dividiéndolas por 4; el resultado que así se obtenga se tomará como el de día laboral y se adicionará con los de descanso remunerados y de vacaciones, conforme a la ley.
"Parágrafo 2º Los empleados y trabajadores que para el 26 de diciembre de 1968, hubieren cumplido 18 años continuos o discontinuos de servicio en las entidades determinadas en este Decreto y en otras entidades de derecho público, tendrán derecho a la pensión de jubilación de que trata el presente artículo, al cumplir veinte (20) años de servicio y cincuenta años (50) de edad.
"Parágrafo 3º Los empleados y trabajadores de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, que al entrar en vigencia el presente Decreto llevaren quince (15) o más años de servicios continuos, servidos al Ministerio de Defensa Nacional o a los organismos adscritos o vinculados al mismo, no requerirán para devengar la pensión de jubilación, edad alguna y se pensionarán al cumplir veinte (20) años de servicios continuos.
"Parágrafo 4º Los empleados públicos y trabajadores oficiales a que se refiere el presente Decreto, que actualmente se hallen retirados del servicio, con veinte (20) años de labor continua o discontinua, tendrán derecho cuando cumplan cincuenta (50) años de edad, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que rijan en el momento de cumplir los citados 50 años de edad.
"Artículo 25. La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo.
"Artículo 26. Pensión de retiro por vejez. El empleado público o trabajador oficial que sea retirado del servicio, por haber cumplido la edad de sesenta y cinco (65) años y no reúna los requisitos necesarios para tener derecho a pensión de jubilación o invalidez, tendrá derecho a una pensión de retiro por vejez, pagadera por la respectiva entidad, equivalente al veinte por ciento de su última asignación devengada y un dos por ciento (2%) más por cada año de servicio, siempre que carezca de recursos para su congrua subsistencia. Esta pensión podrá ser inferior al mínimo legal.
"Artículo 27. El monto de la pensión de jubilación, de invalidez o de retiro por vejez, no podrá ser superior a veintidós (22) veces el más elevado de los salarios mínimos vigentes en el país, ni inferior a una vez, este salario, salvo lo dispuesto en el artículo anterior.
"Artículo 28. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia de ellas.
"Parágrafo. Los pensionados por invalidez, jubilación o retiro por vejez, no pueden ser empleados públicos ni trabajadores del ramo de Defensa, salvo las excepciones que establezca la ley.
"Artículo 29. Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez de los empleados públicos y trabajadores oficiales, son compatibles con la cesantía.
"Artículo 30. Beneficiarios. En caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, las prestaciones a que haya lugar, se pagarán a los beneficiarios que a continuación se determinan, así:
"1. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o trabajador, en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por la ley civil.
"2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, la prestación corresponderá íntegramente a los hijos legítimos.
"3. Si no hubiere hijos legítimos, la porción de éstos corresponde a los hijos naturales en concurrencia con el cónyuge sobreviviente.
"4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el monto de la prestación se dividirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales y la otra mitad para los hijos naturales.
"5. A falta de padres legítimos o naturales, llevarán toda la prestación los hijos naturales.
"6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial en el establecido, la prestación se pagará a los hermanos menores de edad previa comprobación de que dependían de él para su subsistencia.
"Artículo 31. Seguro por muerte. En caso de muerte de un empleado público o trabajador oficial en servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en el artículo anterior, tienen derecho a que por la respectiva entidad se les pague una compensación equivalente a doce (12) meses de la última asignación devengada por el causante; si la muerte ocurriere por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la compensación será de veinticuatro (24) meses del último salario devengado.
"Además los beneficiarios tendrán derecho a, pago de la cesantía que le hubiere correspondido al causante.
"Artículo 32. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial, con derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios en el orden y proporción señalados en el artículo 30, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad, la pensión que le hubiere correspondido durante cinco (5) años, sin perjuicio de las prestaciones anteriores.
"Artículo 33. Prestaciones para pensionados. A los pensionados por invalidez, jubilación y retiro por vejez, se les prestará por la entidad que les pague la pensión, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica, odontológica y hospitalaria.
"Artículo 34. Los empleados públicos y trabajadores oficiales, así como los pensionados por invalidez, jubilación, retiro por vejez, contribuirán con el cinco por ciento (5%), como cotización de su sueldo y pensión respectivamente, para cubrir los gastos de asistencia médica a que tienen derecho.
"Artículo 35. Auxilio funerario. A la muerte de un empleado público o trabajador oficial, habrá derecho al reconocimiento y pago por la entidad donde trabaja el empleado o trabajador fallecido, de los gastos funerarios que serán fijadas por las respectivas Juntas Directivas de las entidades descentralizadas, con aprobación del Gobierno.
"A la muerte de un pensionado, habrá derecho al reconocimiento y pago por la respectiva entidad de los gastos funerarios equivalentes a dos mensualidades de la pensión sin que el total sobrepase de $ 3.000.00.
"El pago se hará a quien compruebe haber hecho los gastos funerarios.
"Artículo 36. Sustitución de pensión. Fallecido un empleado público o trabajador oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los cinco (5) años subsiguientes, lo mismo que la asistencia médica a que se refiere el artículo 12 de este Decreto.
"Capítulo III
"Disposiciones varias
"Artículo 37. El subsidio familiar de los empleados públicos y trabajadores oficiales, será equivalente a $ 50.00 mensuales por cada hijo sin que el total pueda exceder de $ 200.00 mensuales para cada empleado o trabajador.
"Las entidades que paguen el subsidio familiar, pueden afiliar a su personal a las Cajas de Compensación Familiar y en tal evento la entidad no reconocerá directamente el subsidio de que trata el presente artículo.
"Parágrafo. Para tener derecho al subsidio familiar, se requiere que el empleado o trabajador, no devengue como asignación mensual más de $ 2.000.00.
"Artículo 38. Deducciones y retenciones. Los habilitados, Cajeros y Pagadores, no pueden deducir suma alguna de los sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial, o sin orden escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas de previsión social, de obligaciones a favor de organismos del ramo de Defensa, de Cooperativas o de sanciones disciplinarias conforme a los reglamentos.
"No se puede cumplir la deducción ordenada por el empleado o trabajador cuando afecte el salario mínimo legal o la parte inembargable del salario.
"Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias de que trata el artículo'411 del Código Civil y de las demás obligaciones para la protección de la mujer o de los hijos que establece la ley. En los demás casos, sólo es embargable la quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo legal.
"Artículo 39. Las acciones que emanen de les derechos consagrados en este Decreto, prescribirán en tres (3) años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador o empleado, ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual.
"Artículo 40. Las demandas que se ventilen ante las jurisdicciones de lo Contencioso Administrativo o Laboral, por conflictos relacionados con la aplicación de este Decreto, serán notificadas personalmente a los Gerentes o Directores de las entidades encargadas de pagar las prestaciones sociales que en este Decreto se señalan, quienes podrán constituir apoderado, sin perjuicio de las funciones que en estos casos corresponden a los Agentes del Ministerio Público.
"Artículo 41. Régimen disciplinario. El régimen disciplinario para los empleados públicos y trabajadores oficiales de que trata este Decreto, será determinado mediante Acuerdo de las Juntas Directivas aprobadas por el Gobierno.
"Artículo 42. Por la naturaleza de las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y para los fines que estas desarrollan en relación con el servicio público de la seguridad nacional, sus empleados y trabajadores no pertenecen a la carrera administrativa ni podrán sindicalizarse; no obstante lo cual, en el escogimiento de los candidatos para integrar dicho personal, prevalece el sistema de selección por méritos, aptitudes e integridad moral.
"Artículo 43. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias".
Tenor de la Ley 7ª de 1970
"LEY 7ª DE 1970
"(diciembre 4)
"por la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, pro témpore, para organizar el Ministerio de Defensa Nacional y las entidades adscritas o vinculadas a éste, modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y las remuneraciones y prestaciones sociales de dicho personal.
"El Congreso de Colombia,
"Decreta:
"Artículo 1º De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año contado desde la vigencia de esta ley, para los siguientes efectos:
a) Reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional;
b) Modificar las normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, con atribución para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;
c) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; y
d) Modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
"Artículo 2º Autorízase al Gobierno para abrir los créditos y efectuar los traslados presupuéstales necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
"Artículo 3º Esta ley rige desde su sanción.
"Dada en Bogotá, D. E., a 25 de noviembre de 1970.
"……………………………………………………………………………………………
"República de Colombia. Gobierno Nacional.
"Bogotá, D. E., 4 de diciembre de 1970.
"Misael Pastrana Borrero.
"Publíquese y ejecútese.
"El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Patiño Rosselli. El Ministro de Defensa Nacional, Mayor General Hernando Cunea Cubides.
"(Diario Oficial número 33213)".
Consideraciones
Ante todo, cumple averiguar si el Decreto acusado guarda debida correspondencia con las autorizaciones otorgadas por el Congreso, y, de camino, cuál es la naturaleza de los asuntos contemplados en él.
Las facultades aludidas, a términos del artículo 1º de la Ley 7ª, se concedieron para lo siguiente:
"a) Reorganizar el Ministerio de Defensa Nacional;
"b) Modificar las normas orgánicas de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa, con atribución para suprimir, fusionar o crear organismos de esta naturaleza;
"c) Modificar las normas que regulan la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; y
"d) Modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional".
El Decreto 2334 no contiene preceptos relativos al Ministerio de Defensa Nacional ni busca como objeto esencial, modificar normas orgánicas de entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio mencionado, normas que al legislador compete expedir y que, en su reemplazo, solo puede dictar el Gobierno mediante autorizaciones legislativas de carácter extraordinario, expresas y especiales (Arts. 76-10 y 76-12 C. N.). El Decreto en estudio tampoco determina reglas sobre "la carrera del personal al servicio del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional".
Como las materias enunciadas en las autorizaciones distinguidas con los ordinales a), b) y c) del artículo 1º ya transcrito, no coinciden con los puntos tratados en el Decreto 2334, se impone confrontarlo, por exclusión, con el ordinal d) del mismo precepto legal, concebido, vale repetirlo, así:
"d) Modificar las remuneraciones, así como el régimen de las mismas y el de las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional".
El Decreto 2334 concierne a "empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional", en orden, principalmente, a fijarles prestaciones sociales, asunto que la Carta reserva a la competencia del Congreso, y que el Gobierno sólo es capaz de regular mediante facultades extraordinarias otorgadas pro témpore y de manera que los decretos respectivos se ciñan a aquéllas (Arts. 76-9, 76-12). Todas las disposiciones del decreto se enlazan en tal manera, que no es dable separar las unas de otras sin desvirtuar el propósito que las informa. Esto sentado, falta analizar el punto especial de la subordinación de la providencia cuestionada a sus autorizaciones legislativas.
Mientras la ley de autorizaciones extraordinarias habla "del personal del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional", el acto impugnado no trata, en general, sino de prestaciones sociales, o de casos derivados de la regulación de éstas, en lo que mira a "los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional". No es lo mismo, salta a los ojos, hacer parte del personal del Ministerio de Defensa, o de las Fuerzas Militares, o de la Policía Nacional, que formar en el tren de empleados o trabajadores de las empresas descentralizadas dependientes del Ministerio de Defensa. Son cosas distintas que, por sí mismas, no excitan confusión. Resulta evidente, pues, que cuando la ley se ocupa del primer grupo de servidores no se refiere al segundo sector, que es el contemplado en el Decreto 2334. Esta falta de concordancia entre la Ley 7ª y el acto materia de la demanda, hace que éste sobrepase los límites señalados al Gobierno por el legislador.
La observación precedente se halla corroborada por el Decreto 2334, cuyo artículo 7ª estatuye que "los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas, para efectos de remuneración, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios y prestaciones sociales, no se regirán por las normas establecidas para el personal al servicio del Ministerio de Defensa Nacional". Como se ve, el decreto en examen advierte que las prestaciones sociales del personal del Ministerio de Defensa y las correspondientes a los trabajadores de las entidades descentralizadas de dicho Ministerio, no se rigen por disposiciones comunes. La Corte ha tenido en cuenta la necesidad de establecer la misma separación que el decreto atiende, y por ello estima que la facultad extraordinaria dada por el legislador relativamente a un orden de trabajadores, específicamente considerados, no debe extenderse a otros de distinta clase, los cuales, por lo demás, la ley de facultades ni siquiera menciona.
Poner en cotejo, como se deja hecho, la Ley 7ª con el Decreto 2334, obliga a concluir que una y otro atañen a empleados y trabajadores diferentes entre sí. Por tanto, el Gobierno, al dictar el Decreto tantas veces citado, no ejerció de modo cabal las facultades que realmente le concedió la Ley 7ª de 1970, y las extendió a sujetos no comprendidos en ellas, violando así el numeral 8º del artículo 118 de la Carta, relacionado con el 76-12 de la misma. El Decreto analizado es, de consiguiente, inexequible.
Observación
Vista la conclusión que acaba de consignarse, no es necesario estudiar otro cargo de inexequibilidad, también formulado en este negocio, relativo a ejercicio extemporáneo de las potestades otorgadas por la Ley 7ª.
Resolución
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución,
Resuelve:
Es inexequible el Decreto 2334 de 1971, "por el cual se regula el régimen de remuneraciones y prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y se dictan otras disposiciones".
Cópiese, publíquese, comuníquese a los Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, insértese en la "Gaceta Judicial" y archívese el expediente.
Juan Benavides Patrón, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Guillermo González Charry, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Bailen, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero.
Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.