300Corte SupremaCorte Suprema30030011566Luis Sarmiento Buitrago197830/03/1978Luis Sarmiento Buitrago_1978_30/03/197830011566INEPTA DEMANDA. JUECES DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL. Como la parte fundamental de esta acción es descartar el sistema de la intervención de fun­cionarios administrativos en la gestión jurisdiccional de la instrucción criminal, lo que se regula en la mayoría de las normas acusadas y en otras no acusadas, la demanda resulta inepta para los fines buscados. - La Corte se declara inhibida para decidir de la constitucionalidad de las normas acusadas, por ineptitud de la demanda. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., marzo 30 de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago. Aprobada Acta número 10, marzo 30 de 1978. 1978
David Correa Burgosdeclarar la inexequibilidad de los artículos 10 (literal c y siguientes), 12 (parte) y 20 (parte) del Decreto-ley 2267 de 1969 (diciembre 31) 53, 54 (parte), 56 (parte), 59 (parte), 60 (inciso 2o), 61 (parte) y 311 (inciso 3o del Código de Procedimiento Penal, y, 13 del Decreto-ley 542 de 1977 (marzo 1o).Identificadores30030011567true84769Versión original30011567Identificadores

Norma demandada:  declarar la inexequibilidad de los artículos 10 (literal c y siguientes), 12 (parte) y 20 (parte) del Decreto-ley 2267 de 1969 (diciembre 31) 53, 54 (parte), 56 (parte), 59 (parte), 60 (inciso 2o), 61 (parte) y 311 (inciso 3o del Código de Procedimiento Penal, y, 13 del Decreto-ley 542 de 1977 (marzo 1o).


INEPTA DEMANDA. JUECES DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL.

Como la parte fundamental de esta acción es descartar el sistema de la intervención de fun­cionarios administrativos en la gestión jurisdiccional de la instrucción criminal, lo que se regula en la mayoría de las normas acusadas y en otras no acusadas, la demanda resulta inepta para los fines buscados. - La Corte se declara inhibida para decidir de la constitucionalidad de las normas acusadas, por ineptitud de la demanda.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., marzo 30 de 1978.

Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago.

Aprobada Acta número 10, marzo 30 de 1978.

El ciudadano David Correa Burgos, pide se declare la inexequibilidad de los artículos 10 (li­teral c y siguientes), 12 (parte) y 20 (parte) del Decreto-ley 2267 de 1969 (diciembre 31); 53, 54 (parte), 56 (parte), 59 (parte), 60 (inciso 2o), 61 (parte) y 311 (inciso 3o del Código de Pro­cedimiento Penal, y, 13 del Decreto-ley 542 de 1977 (marzo 1o).

El tenor de las disposiciones acusadas es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 2267 DE 1969

"(diciembre 31)

"por el cual se dictan normas sobre instrucción

penal.

"El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968, atendido el concepto de la Comisión Asesora que la misma establece,

"Decreta:

"Articulo 10. Son funciones del Director Sec­cional de Instrucción Criminal:

"………………………………………………………………………

"c) Señalar el Juez ambulante de Instrucción Criminal que corresponda para iniciar o proseguir la investigación de un delito de su compe­tencia, en virtud de solicitud hecha por el Juez del conocimiento, por un funcionario de instruc­ción o por el Ministerio Público y cuando así lo aconsejen la gravedad y características del deli­to cometido;

"d) Autorizar mediante resolución a los Jue­ces de Instrucción Criminal de su territorio para practicar diligencias penales fuera de su juris­dicción;

"e) Atender a la distribución de los sumarios y vigilar el cumplimiento de los turnos en la instrucción de los procesos penales en las ciu­dades donde haya varios Jueces de Instrucción;

"f) Reconocer y autorizar el pago de los viá­ticos y transportes a los Jueces de Instrucción y sus subalternos;

"g) Llevar el registro de todas las personas contra quienes exista orden de captura emanada de cualquier funcionario penal de su territorio y, con el concurso de la Policía Judicial, pro­veer la ejecución de tales órdenes.

"Artículo 11……………………………………………………………

"Artículo 12. Los Jueces de Instrucción Cri­minal serán radicados y ambulantes. Unos y otros tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial o en cabecera de Circuito. La radicación será consultada con el Consejo Na­cional por el Director Seccional.

"El Director Seccional podrá enviar a los am­bulantes y a los radicados en cabecera de Cir­cuito a cualquier Municipio dentro de su juris­dicción para iniciar o proseguir la investigación de un delito de su competencia.

"Artículo 13……………………………………………………………

"Artículo 20. Los Jueces de Instrucción Cri­minal tendrán competencia en el territorio de su Distrito, pero dentro de los sumarios que instru­yen podrán practicar diligencias fuera de aquel, mediante autorización del Director Seccional, cuando su urgencia e importancia para los fines del sumario que adelantan haga aconsejable tal determinación".

(De los artículos 12 y 20 lo acusado es única­mente la parte subrayada).

"DECRETO NUMERO 409 DE 1971

"(marzo 27)

"por el cual se introducen reformas al Código de Procedimiento Penal y se codifican todas sus normas.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias con­feridas por las Leyes 16 de 1968 y 16 de 1969, y atendido el

concepto de la Comisión Asesora que la primera prevé,

"Decreta:

"Código de Procedimiento Penal.

"………………………………………………………………………

"Artículo 53. Distribución de los Juzgados de Instrucción. Los Juzgados' de Instrucción Cri­minal serán distribuidos por el Gobierno Nacio­nal, consultando el (sic) Consejo Nacional de Instrucción Criminal, para cada período en los distintos distritos judiciales del país, de acuerdo con las necesidades de cada uno de éstos.

"Artículo 54. Jueces de Instrucción radicados y ambulantes. Los Jueces de Instrucción Crimi­nal serán radicados y ambulantes. Los primeros tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial o en cabecera de Circuito y los segundos en la cabecera de Distrito Judicial. La radicación será consultada con el Consejo Na­cional de Instrucción por el Director Seccional. "Sin embargo de lo dispuesto anteriormente, el Director Seccional, previa consulta al Consejo Nacional de Instrucción y con su aprobación, podrá fijar por el tiempo que sea necesario la sede de un juez radicado en cabecera de Cir­cuito en otro municipio de su jurisdicción.

"El Director Seccional podrá enviar a los ambulantes y a los radicados en cabecera de Circuito a cualquier municipio dentro del res­pectivo Distrito Judicial para iniciar o proseguir la investigación de un delito de su competencia. "El territorio de competencia del Juez ra­dicado puede comprender otros municipios diferentes del municipio sede, como también varios circuitos, a juicio del Consejo Nacional de Ins­trucción.

"Para los fines de la coordinación adminis­trativa, los Jueces de Instrucción Criminal deben rendir información escrita al Director Seccional acerca de sus labores, y éste a los respectivos Tri­bunales Superiores a la Dirección Nacional, en relación con las de la oficina a su cargo.

"Artículo 55……………………………………………………………

"Artículo 56. Instrucción por los Jueces Am­bulantes. Corresponde a los Jueces Ambulantes de Instrucción, la instrucción de cualquier pro­ceso por delito de competencia de los Jueces Superiores o de Circuito,pero sólo podrán ini­ciar y proseguir investigaciones por señalamiento del correspondiente Director Seccional de Ins­trucción Criminal, quien lo liará en virtud de solicitud formulada por el Juez del conocimien­to, por un funcionario de instrucción o por elMinisterio Publico y cuando así lo aconsejen la gravedad y características del delito cometido. "Con estos requisitos podrán instruir procesos por delitos de hurto y robo de ganado mayor o menor sin consideración a la cuantía,

"Artículo 57……………………………………………………………

"Artículo 58……………………………………………………………

"Artículo 59. Cambio de instructor. Cuando el Juez del conocimiento tenga queja fundada de que un Juez de Instrucción no está adelantando satisfactoriamente una investigación, podrá asumir directamente la instruccióno solicitar al Di­rector Seccional de aquél o asignar el sumario al Juez Municipal que corresponde.

"Artículo 60. Nombramiento. Los Jueces de Instrucción Criminal serán nombrados por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial en Sala Plena para un período de dos años. Con tal fin la Sala Penal de cada Tribunal pasará a la Sala Plena lista de candidatos.

"Hecha la elección; el Presidente de la Sala Penal del Tribunal informará de ella al Direc­tor Seccional de Instrucción Criminal respectivo para que éste haga la distribución de los Jueces : de Instrucción designados, conforme al artículo 54 de este Código.

"Articulo 61. Competencia territorial del Juez de Instrucción. Los Jueces de Instrucción Cri­minal tendrán competencia en el territorio de su Distrito, pero dentro de los sumarios que ins­truyen podrán practicar diligencias fuera de aquél,mediante autorización del Director Sec­cional, cuando su urgencia e importancia para los fines del sumario que adelantan haga acon­sejable tal determinación.

"Artículo 311. Reserva del sumario. El suma­rio es reservado; en su instrucción no podrán intervenir sino el funcionario de instrucción, el juez de la causa y sus secretarios, el respectivo Agente del Ministerio Público, el procesado y su apoderado, el representante de la parte civil, y los peritos en cuanto lo necesiten para su dictamen.

"La reserva del sumario se levantará cuando se ordene el archivo del expediente a consecuen­cia del segundo sobreseimiento temporal o por las situaciones contempladas en los artículos 473 y 496.

"El Ministerio Público podrá conocer del con­tenido de los sumarios para los fines de la vigi­lancia judicial que le corresponde.

"Igualmente, los Directores de Instrucción Criminal podrán inspeccionar los sumarios que adelanten los Jueces de Instrucción, los de Ins­trucción Penal Aduanera, y aquellos respecto delos cuales exista solicitud de comisión, cuando el cumplimiento de sus funciones administrativas y de coordinación del funcionamiento de los juz­gados de instrucción criminal y penal aduanera así lo exigiere y para esos solos efectos".

(De estos artículos del Código lo acusado es únicamente lo subrayado).

"DECRETO NUMERO 542 DE 1977

"(marzo 10)

"por el cual se fija la remuneración para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdic­cional y del Ministerio Público, y se dictan otras disposiciones.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere la Ley 60 de 1976,

"Decreta

"Artículo 13. Para todos los efectos de este Decreto las Direcciones Nacional y Seccional de Instrucción Criminal se entienden comprendidas en la Rama Jurisdiccional".

Al respecto el Procurador General observa:

"El artículo 53 del Código de Procedimiento Penal es reproducción textual de la parte pri­mera del artículo 11 del Decreto 2267 de 1969, que dice:

"Artículo 11. Los Juzgados de Instrucción Criminal serán distribuidos por el Gobierno Na­cional, consultando el (sic) Consejo Nacional de Instrucción Criminal, para cada período en los distintos Distritos Judiciales del país, de acuer­do con las necesidades de cada uno de éstos...

"Y el inciso primero del artículo 56 del citado Código reproduce textualmente dentro de un precepto más extenso, el artículo 15 del mismo Decreto 2267, que establece:

"Artículo 15. Corresponde a los Jueces de Instrucción ambulantes la instrucción de cual­quier proceso por delitos de competencia de los Jueces Superiores y de Circuito, pero solo po­drán iniciar y proseguir investigaciones por se­ñalamiento del correspondiente Director Seccio­nal de Instrucción Criminal.

"………………………………………………………………………

"Entonces, si se pretende que la Corte declare inejecutable por inconstitucional la norma nue­va, por vicios de fondo, la acusación es incom­pleta si no comprende también la disposición sustituida o subrogada que preceptuaba lo mis­mo, porque de lo contrario en nada se guardaría la integridad de la Constitución.

"Tal es el caso de la demanda examinada, en cuanto acusa los artículos 53 y 56 del Código de Procedimiento Penal pero no los artículos 11 y 15 del Decreto extraordinario 2267 de 1969.

"2. De otra parte el citado artículo 56 del Código fue subrogado a su vez por el artículo 11 de la Ley 22 de 1977, que reproduce el inciso primero de aquél, con la única modificación de cambiar la frase: 'Iniciar y proseguir investiga­ciones', por esta: 'Iniciar e instruir, lo mismo que proseguir investigaciones', y no reproduce el inciso segundo del artículo 56 sustituido.

"De manera que esta norma nueva también ha debido ser objeto de la pretensión de inexequibilidad.

"En sentir de este Despacho, la demanda ado­lece "de ineptitud sustancial por los dos aspectos estudiados".

Consideraciones:

La Corte encuentra aceptables las razones ex­puestas por el Procurador General, para llegar a una decisión inhibitoria.

Al efecto, el Decreto 2267 de 1969 no fue derogado en su totalidad, ni expresa ni tácita­mente por el Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971).

Por lo tanto se tiene:

El artículo 53 del Código de Procedimiento Penal es reproducción de la parte primera del artículo 11 del Decreto 2267 de 1969; en la hi­pótesis de declararse inexequible aquella norma, subsistiría esta que no ha sido acusada.

Cosa igual acontece con el artículo 56 del Có­digo de Procedimiento Penal, que reproduce en parte el 15 del Decreto 2267, si aquel fuere inexequible, subsiste este que tampoco ha sido acusado.

Más aún el literal c) del artículo 10 del De­creto 2267 reproducido por el artículo 56 del Có­digo de Procedimiento Penal, ambos acusados, ha sido sustituido por el artículo 11 de la Ley 22 de 1977, norma está vigente que no ha sido acusada.

Como la parte fundamental de esta acción es descartar el sistema de la intervención de fun­cionarios administrativos en la gestión jurisdic­cional de la instrucción criminal, lo que se re­gula en la mayoría de las normas acusadas y en otras no acusadas, la demanda resulta inepta para los fines buscados; ya que, además de lo anotado antes, la Ley 22 de 1977 en su artículo 11, reitera lo dispuesto en el artículo 56, acu­sado, sujetando la investigación al señalamiento de funcionarios que haga el Director Seccional de Instrucción Criminal. Esta ley fue expedida con anterioridad o, la fecha de la presentación de la demanda.

Vigente esta norma, es inane la decisión de inexequibilidad que pueda tomarse respecto de las impugnadas.

Por las anteriores consideraciones la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo es­tudio de la Sala Constitucional y oído el Pro­curador General de la Nación,

Resuelve:

Declararse inhibida para decidir de la constitucionalidad de las normas acusadas por inep­titud de la demanda.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y ar­chívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente;

Jeróni­mo Argáez Castello,

Jesús Bernal Pinzón,

Fabio Calderón Botero,

Héctor Gómez Uribe,

Fernan­do Uribe Restrepo,

Germán Giraldo Zuluaga,

José Eduardo Gnecco C.,

Alfonso Suárez de Castro, Conjuez;

Juan Hernández Sáenz,

Juan Manuel Gutiérrez L.,

Gustavo Gómez Velásquez,

Luis Enrique Romero Soto,

Alvaro Luna Gómez,

Alfonso Pérez Palacio, Conjuez;

Dante Luis Fiorillo Porras,

Humberto Murcia Ballén,

Is­mael Coral Guerrero,

Hernando Tapias Rocha,

Pedro Elías Serrano Abadía,

Ricardo Uribe Holguín,

Alberto Ospina Botero,

José María Velasco Guerrero.

Horacio Gaitán Tovar

Secretario General.