Sentencia de 1976

300Corte SupremaCorte Suprema30030011549Guillermo. Gonz�lez Charry197609/12/1976Guillermo. Gonz�lez Charry_1976_09/12/1976300115491976

Control de constitucionalidad al Decreto Legislativo No. 2260 de 1976, por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico.Identificadores30030011550true84740Versi�n original30011550Identificadores

Norma demandada: �Control de constitucionalidad al Decreto Legislativo No. 2260 de 1976, por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico.

"Se ha enviado a la Corte, para, revisi�n constitucional, con arreglo al par�grafo .del art�culo 121 de la Constituci�n, al Decreto legislativo n�mero 2260 de 1976 cuyo texto es como, sigue:

"Por-el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico,

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional y en desarrollo del Decreto 2131 de 1976,

"Art�culo 1� Durante el estado de sitio, la Jurisdicci�n Penal Militar, adem�s de las infracciones cuyo conocimiento le est� atribuido por la ley, conocer� de las siguientes, cometidas a partir de la vigencia del presente Decreto, y entendidas en los t�rminos del C�digo Penal, a saber.

"a) Delitos contra el r�gimen constitucional y contra la seguridad interior del Estado;

"b) De la asociaci�n e instigaci�n para delinquir y de la apolog�a del delito.

"Para efectos del presente Decreto, la sanci�n de que trata el inciso segundo del art�culo 258 del C�digo Penal se aplicar� aunque quienes est�n en las circunstancias all� determinadas no tuvieren antecedentes penales o hicieran resistencia a la autoridad;

"c) De los delitos contra la salud y la integridad colectivas a que se refieren los art�culos 251 en lo concerniente al incendio de veh�culo automotor; 252 ,en lo concerniente a incendio de edificios p�blicos o destinados a la presta servicios p�blicos, sean o no de propiedad oficial; 255, 256, 258, 260 y 261 del C�digo Penal y de los delitos contemplados en los art�culos 22 de la Ley 4� de 1943 y 1� y 2� de la ley 21 de 1973;

"Art�culo 2� Adem�s de los delitos determinados en el art�culo 1� la Justicia Penal Militar conocer� del homicidio, cuando fuere imputado a miembros del Departamento Administrativo de Seguridad.

"Art�culo 3� Mientras subsista el estado de sitio, los delitos de competencia de la Justicia Penal Militar y los adscritos a ella mediante el presente Decreto se investigaran y fallaran por el procedimiento de los concejos de guerra verbales, salvo los delitos enumerados en el art�culo 590 del C�digo de Justicia Penal Militar que continuar�n investig�ndose y fall�ndose por el procedimiento especial all� previsto.

"Art�culo 4� No obstante lo dispuesto en el art�culo 1�, los procesos en curso por los delitos de de secuestro e incendio de veh�culos automotores cometidos a partir de la declaratoria actual estado de sitio, pasar�n a la Jurisdicci�n Penal Militar en el estado en que se encuentren.

"Tambi�n pasar�n a dicha jurisdicci�n, en el pitado en que se encuentren, los procesos correspondientes a los delitos de que trata el art�culo 2�, cualquiera hubiera sido la fecha de su iniciaci�n.

"Art�culo 5� Corresponde a los jueces de primera instancia, contemplados en los art�culos 330, 336 y 342 del C�digo de Justicia Penal. Militar, convocar los respectivos consejos de guerra verbales contra particulares y civiles.

"Art�culo 6� Los jueces de primera instancia castrense, en los procesos por los delitos cuyo conocimiento se les adscribi� en el art�culo 1�, tambi�n podr�n comisionar a los jueces de instrucci�n criminal para iniciar o proseguir las correspondientes investigaciones.

"Art�culo 7� El Gobierno podr� crear los cargos necesarios para el cumplimiento de este Decreto, hacer los traslados presupu�stales y abrir los cr�ditos a que ello diere lugar.

"Art�culo 8� Este Decreto rige desde su expedici�n y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

El decreto transcrito viene firmado por el Presidente de la Rep�blica y todos los Ministros del Despacho y autenticado por el Secretario General del Consejo de Ministros y el Subsecretario General de la Presidencia de la Rep�blica, y tiene como antecedente el n�mero 2131 de 1976, por medio del cual se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional, que recibi� sentencia de exequibilidad de la Corte, fechada el 4 de noviembre de 1976.

Dentro del t�rmino del traslado para intervenci�n ciudadana, la hicieron los se�ores Tarcisio Roldan Palacio, Humberto Cr�ales de la Rosa, �lvaro Echeverr Uruburu y Rafael Su�rez Pineda. Los tres primeros impugnaron todo el decreto y el �ltimo s�lo el art�culo 4� del mismo.

Consideran violados los art�culos 26, 2�, 55, 58, 120-3, 121 y 170 de la Constituci�n y aducen como razones principales qu� el Gobierno, al traspasar el conocimiento de ciertos delitos de la justicia ordinaria a la Penal Militar, quebrant� las reglas sobre separaci�n de las Ramas del Poder; las del debido proceso en cuanto a cambi� los jueces y procedimientos se�alados para delitos cometidos por civiles; sobrepas� las atribuciones, que para manejar el estado de sitio se fijan al Gobierno e hizo retroactivas las normas del juzgamiento, especialmente por lo dispuesto en el art�culo 4�.

El Procurador General conceptu� que el decreto, con excepci�n del art�culo 4�-2 es igual en su contenido a otros del mismo g�nero dictados en estado de sitio y que fueron declaradas exequibles por la Corte, por lo cual el que ahora se estudia debe correr razonablemente la misma suerte. En cuanto, al art�culo 4�-2 estima que, por ser retroactivo, viola el debido proceso con sagrado en el art�culo 26 de la Constituci�n.

1� Es jurisprudencia de la Corte, como lo afirma el Procurador General, que en ejercicio de las facultades especiales que la Constituci�n otorga al Presidente de la Rep�blica dentro del estado de sitio, puede asignarse a la Justicia Penal Militar el conocimiento de delitos que en tiempos normales se encuentran adscritos, a la justicia ordinaria, si tal medida se estima necesaria para el dominio de la subversi�n, y, en todo caso, para el restablecimiento del orden. En este sentido pueden mencionarse, como m�s recientes, los fallos de 10 de julio de 1975; 31 de julio y 11 de diciembre del mismo a�o, por medio de los cuales fueron declarados exequibles los Decretos legislativos n�meros 1142 y 2407 del a�o citado. Pero con anterioridad la Corte hab�a tomado posici�n id�ntica, como puede verse en el fallo de 10 de agosto de 1948 y en el de 30 de octubre de 1969, donde se lee:

"Los Tribunales Militares son tambi�n creaci�n de la Carta, como la Rama Jurisdiccional (art�culo 170 C. N.), y han sido organizados y reglamentados en ley previa. Por lo tanto, coexistiendo con los jueces ordinarios, el simple tr�nsito de competencia de �stos a aqu�llos para juzgar de ciertos delitos en tiempos de estado de sitio, y la aplicaci�n de los procedimientos propios de la justicia castrense, no implica de por s� el traslado de tal competencia a Tribunales adhoc o extraordinarios ni tampoco, el sometimiento de los sindicados a normas procesales formalmente nuevas en el tiempo, pues est�n consignadas en ley preexistente".

"2� Ha sido tambi�n jurisprudencia de la Corte que la escogencia y determinaci�n de los medios: que se estimen id�neos para el restablecimiento del orden es privativo del Gobierno en desarrollo, no s�lo del precepto 121 de la Carta, sino del deber que en todo tiempo le se�ala el art�culo 120-7 de la misma. A la Corte, corresponde, cuando deba examinar la legitimidad constitucional de los decretos, respectivos, establecer si son conducentes a tal finalidad y guardar conexi�n con las razones determinantes de la declaratoria de turbaci�n del orden p�blico. Mientras en el cambio de jurisdicci�n y en el tr�nsito de procedi�mientos, cuando se trata de casos como el que se examina, no se violen las reglas del debido pro�ceso, el Gobierno se mantiene dentro de sus atri�buciones y no hay transgresi�n de los art�culos 26, 61, 55 y 170 de la Carta, ni de otro alguno.

"3� No puede alegarse v�lidamente violaci�n de los principios del debido proceso por el solo he�cho del traslado de la competencia de los jueces ordinarios a los especiales militares y del consi�guiente cambio de procedimientos, porque dentro de estos �ltimos, los; de la Justicia Penal Mili�tar, tambi�n se encuentra garantizado el dere�cho de defensa mediante sus tr�mites propios compatibles con el procedimiento especial. Tam�bi�n sobre este particular ha dicho la Corte, que si las necesidades del orden publico demanda aquel cambio y � juicio del Gobierno, si al reali�zarlo no se derogan leyes sino que solo se sus�penden temporalmente por incompatibles con el estado de sitio, y si, como acaba de apuntarse, tienen relaci�n con las causas de la perturbaci�n, la medida debe tenerse, por constitucional.

"4� Confrontando los principios anteriores con las disposiciones que se contienen en los art�culos 1�, 2�, 3�, 4�, 5� y 6� del decreto en estudio, se concluye que no violan ning�n precepto de la Constituci�n, pues se limitan a determinar un cambio de competencia para el conocimiento y decisi�n de delitos contemplados por leyes ante�riores y a se�alar los procedimientos correspondientes. Se trata, adem�s, de medidas tempora�les, no solo porque as� resulta de su propia naturaleza consignada en el texto 121 de la Carta, sino porque de modo expreso lo determina el art�culo 1� del decreto.

"5� Respect� al inciso segundo del art�culo 4� especialmente censurado por Rafael Su�rez Pineda y que desde luego, tambi�n lo fuera por los impugnadores qu� consideran viciado de inconstitucionalidad todo el decreto, debe aceptarse, si bien parcialmente, la tacha por las razones que pasan a exponerse;

Es verdad que el legislador puede, en cual�quier momento cambiar las normas sobre juris�dicci�n y competencia o las concernientes a la sustanciaci�n y ritualidad de los procesos as� como tambi�n lo es que las nuevas reglas entren a regir de inmediato.

D� esta manera lo establece expresamente el art�culo 6� del C�digo de Procedimiento Penal y resulta tambi�n de lo dispuesto por la Ley 153 de 1887 por lo que puede decirse que esas varia�ciones en nada vulneran los principios consagra�dos en la Carta Pol�tica en especial los conteni�dos en el art�culo 26 de la misma.

Pero si bien es cierto que el Congreso no est� sujeto a l�mites ni condiciones al introducir reformas en la competencia y ritualidad de los procesos, no puede decirse lo mismo del Presidencia de la Rep�blica cuando obra dentro de las circunstancias del art�culo 121 de la Constituci�n porque todas las disposiciones que tome en virtud de las facultades que tal norma le concede est�n precisamente condicionadas al restablecimiento del orden p�blico.

Y no se ve qu� relaci�n con dicha finalidad puedan tener procesos iniciados con anterioridad no s�lo al decreto que declar� turbado el orden p�blico sino aun a las causas que perturbaron la tranquilidad nacional.

Porque si bien es cierto que la norma en examen comprende, los hechos que determinaron dicha turbaci�n o qu� tuvieron directa relaci�n con ella no es menos verdad que tambi�n abarca otros cometidos en �pocas anteriores y que nada tuvieron que ver con esa situaci�n.

Y no vale restringir la interpretaci�n de esa norma para que comprenda s�lo los homicidios cometidos por los Agentes del Departamento Administrativo de Seguridad despu�s de la declaratoria del estado de sitio, pues ella es clara en su amplitud, y, de acuerdo con una elemental regla de interpretaci�n, donde el legislador no distingue, no le es posible al int�rprete distinguir.

Empero, si bien- es violatorio del art�culo 121 de la Carta cambiar la competencia respecto a los procesos seguidos contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad iniciados con anterioridad a la declaratoria del estado de sitio, no lo es, en cambi�; respecto a los que se hubieren comenzado con posterioridad a est� respecto a los cuales el Gobierno puede tomar la determinaci�n de atribuirlos a una jurisdicci�n distinta a la que los ven�a adelantando.

De ah� que la declaratoria de inconstitucionalidad debe limitase a la parte final del inciso segundo del art�culo cuarto, esto es, a la frase "cualquiera hubiere sido la fecha de su iniciaci�n"

Ninguna objeci�n merece el art�culo 7� que se limita a dotar al Gobierno de medios para realizar lo dispuesto en el decret� mediante la creaci�n de los empleos exclusivamente administrativos que fueren necesarios y para la apertura de cr�ditos y traslados presupu�stales necesarios los cuales obviamente, deber�n someterse en cada caso a la Constituci�n.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y o�do el concepto del se�or Procurador General de la Naci�n, DECLARA EXEQUIBLE el Decreto legislativo n�mero 2260 de 24 de octubre de 1970, con excepci�n de la parte final del inciso 2� del art�culo 4� de la que se declara INEXEQUIBLE, que dice: "cualquiera hubiere sido la fecha de su iniciaci�n".

Nos apartamos de la consideraci�n y decisi�n atinentes a la parte final del inciso 2� del art�culo 4� del decreto en examen y que dice: "cualquiera hubiere sido da fecha de su iniciaci�n" cuya declaratoria de inexequibilidad recibi� la mayor�a de la Sala; las razones son las siguientes:

1� Porque como lo dice la ponencia mayoritaria, en parte no objetada y tradicionalmente admitida por la Corte, la escogencia de los medios con que deba conjurarse el estado de perturbaci�n corresponde exclusivamente al Gobierno de acuerdo con los art�culos 120-7 y 121 de la Carta, y no a la Corte Suprema. Si en este caso aqu�l consider� necesario cambiar de jueces y de procedimientos para acelerar el tr�mite y decisi�n de negocios por hechos que dieron origen a la perturbaci�n, la medida es constitucionalmente inobjetable.

2� Porque es tambi�n jurisprudencia tradicional de la Corte que las leves referentes, al juzgamiento, es decir, las que determinan el juez y el procedimiento, son de aplicaci�n inmediata. As� lo dispone expresamente la Ley 153 de 1887. Si el Congreso puede tomar esta clase de medidas en tiempo de paz, tambi�n puede hacerlo sin quebrantar ning�n precepto el Gobierno Nacional cuando dicta decretos legislativos en estado de sitio. Esto fue precisamente lo que hizo con la disposici�n final del segundo inciso el art�culo 4�, de manera que ella no ofrece vicio de inconstitucionalidad, y por lo mismo consideramos que es exequible

El Gobierno Nacional, en ejercicio de las fa�cultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional, y como consecuencia de la declaratoria de turbaci�n del orden p�blico y del estado de sitio de toda la Rep�blica hecha mediante el Decreto 2131 de 1976, dict� el De�creto legislativo 2260 el 24 de octubre de 1976, por el cual dispuso trasladar a la Justicia Penal Militar parte de la competencia que el C�digo de Procedimiento Penal le atribuye a los jueces ordinarios para el conocimiento de algunos delitos comunes cometidos por civiles.

Ese ordenamiento es violatorio del art�culo 170 de la Carta porque las Cortes Marciales o Tribu�nales Militares fueron creados para conocer �ni�camente "de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relaci�n con el mismo servicio". Como ese texto no condiciona su vigencia a determinado tiempo, sino que se refie�re en t�rminos absolutos tanto a los de normali�dad jur�dica, como a los de estado de sitio, resulta forzoso llegar a la conclusi�n de que a los consejos de guerra verbales no se les puede atri�buir la competencia que el art�culo 58 de la Cons�tituci�n le asigna a los jueces ordinarios.

En el salvamento de voto relacionado con la sentencia que declar� la exequibilidad del De�creto legislativo 2193 de 18 de octubre de 1976 se hizo un extenso estudio sobre tal asunto, por cuyo motivo se dan por reproducidos los razonamien�tos que en ese documento se expusieron.