Sentencia de 1976

300Corte SupremaCorte Suprema30030011512Jos� Gabriel de la Vega, �lvaro Luna G�mez197602/12/1976Jos� Gabriel de la Vega, �lvaro Luna G�mez_1976_02/12/197630011512ESTADO DE SITIO 1976

Control de constitucionalidad al Decreto No. 2195 de 1976, por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico.Identificadores30030011513true84646Versi�n original30011513Identificadores

Norma demandada: �Control de constitucionalidad al Decreto No. 2195 de 1976, por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico.

La extensi�n del derecho de polic�a bajo este r�gimen es una caracter�stica propia suya ya que existe una relaci�n de causa a efecto entre la medida adoptada y el deber de mantener el orden. - Derecho de defensa: Aun bajo este r�gimen debe garantizarse su ejercicio y, por consiguiente, el recorte de procedimientos previos conduce a la violaci�n del art�culo 26 de la Carta.

(Magistrados ponentes: doctores Jos� Gabriel de la Vega y �lvaro Luna G�mez).

"por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico:

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n, y en desarrollo del Decreto legislativo 2131 de 1976,

"Art�culo 1� Quienes reunidos perturben el pac�fico desarrollo de las actividades sociales, realicen reuniones p�blicas sin el cumplimiento de los Requisitos legales, obstaculicen el tr�nsito de personas o veh�culos en v�as p�blicas; ejecuten o coloquen escritos o dibujos ultrajantes en lugar p�blico o abierto al p�blico; inciten a quebrantar la ley o a desobedecer a la autoridad p�blica; desobedezcan orden leg�tima de autoridad p�blica; omitan sin justa causa prestar el auxilio que se les solicite; tengan sin causa justificada objetos utilizables para cometer, infracciones contra la vida o integridad de las personas, tales como hondas, caucheras, palos, piedras, sustancias qu�micas; o sin derecho exijan pagos en dinero o en especie para permitir el tr�nsito las personas o los bienes incurrir�n en arresto inconmutable hasta de ciento ochenta d�as.

"En la misma pena incurrir�n quienes usen m�scaras, mallas, antifaces u otros elementos destinados a ocultar la identidad, en la comisi�n de infracciones penales o de polic�a.

"Art�culo 2� A quienes promuevan, dirijas u organicen cualquiera de las actividades a que se refiere el art�culo anterior, se les aumentar� hasta en el doble la sanci�n all� prevista.

"Art�culo 3� Las sanciones establecidas en los art�culos precedentes ser�n impuestas mediante resoluci�n escrita y motivada, por los Comandantes de Estaci�n de la Polic�a Nacional, con grado no inferior al de Capit�n, quienes conocer�n a prevenci�n. En los lugares donde no existan dichos Comandantes ser�n competentes los alcaldes o los inspectores de polic�a, respectivamente.

'' Art�culo 4� Contra las resoluciones dictadas en desarrollo de este Decreto s�lo podr� interponerse el recurso de reposici�n. Cuando las circunstancias de orden p�blico lo permitan, el funcionario que impuso la sanci�n podr�, en cualquier tiempo, de oficio o a petici�n de parte, revocar la medida adoptada.

"Art�culo 5� Las sanciones, previstas en este Decreto se aplicar�n sin perjuicio de las que correspondan por la comisi�n de infracciones determinadas en el C�digo Penal.

"Art�culo 6� El presente Decreto rige desde su expedici�n y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

El Procurador General de la Naci�n opina que, cotejado el Decreto 2195 con las prescripciones constitucionales correspondientes, se encuentra que es constitucional. Y en abono de su parecer recalca que el Decreto 2195 reproduce en mucho el 541 de este a�o de 1976, declarado exequible por sentencia del 5 de mayo �ltimo.

Al acto en estudio precedi� declaraci�n de estado de sitio en la Rep�blica por el Decreto 2131 de 1976, reconocido como constitucional por la Corte en sentencia fechada el 4 de noviembre de 1976. El Gobierno ten�a, pues, potestad legislativa para dictar el que hoy se revisa. Su expedici�n se hizo colegiadamente por el Presidente de la Rep�blica y todos los Ministros, como lo acrediten, sus firmas, seg�n aparece de copia y autenticada. Las disposiciones respectivas s�lo rigen durante el estado de sitio y no derogan normas anteriores sino las suspenden por dicho lapso. Los requisitos de validez que van enumerados se ajustan objetivamente al art�culo 121 de la Constituci�n.

Puntualizada la satisfacci�n de tales exigencias, cumple, averiguar el contenido en s� de las disposiciones constitutivas del Decreto 2195, su naturaleza y el fin que persiguen.

Los art�culos 1�, 2� y 5� describen, por un lado, una serie de conductas que -basta leerlos- son turbadoras, por definici�n, de la tranquilidad general y, por otra parte, imponen, a sus autores determinadas sanciones, sin perjuicio de las que correspondan por las determinadas en el C�digo Penal. As� circunscritas como violaciones del sosiego p�blico, su naturaleza resulta ser t�picamente policiva, hasta el extremo de que casi todas coinciden con otras ya establecidas en el C�digo Nacional de Polic�a (Decreto 1355 de 1970 y textos concordantes, como lo muestran, por ejemplo, los art�culos 98, 99, 102, 104, 105, etc., de la mencionada codificaci�n y los art�culos 14, 15, 16, 17, 18, 21; 60, etc., del Decreto 522 de 1971, que tambi�n forma parte del C�digo Nacional de Polic�a). Y los preceptos del Decreto 2195 a que ahora se hace referencia consagran correctivos que pueden ser m�s severos que los de ordinario aplicables a los mismos hechos. Es una extensi�n del poder de polic�a que el derecho de la materia y su constante pr�ctica indican como caracter�stica del estado de sitio. La capacidad legislativa del Gobierno durante �ste permite adoptarla, de acuerdo con el art�culo 121 citado. Hay relaci�n de causa a efecto entre medidas enderezadas a evitar o reprimir turbaciones del orden y el deber de mantenerlo que incumbe al Gobierno Nacional, principalmente en estado de sitio (art�culo 120-7 C. N.). Los art�culos 1�, 2� y 5� son conducentes a la preservaci�n de la normalidad, y por ende constitucionales.

No ocurre lo mismo en relaci�n con las prescripciones de los art�culos 3� y 4� porque ellos adoptan determinaciones claramente contrarias al 26 de la Constituci�n. En efecto, el 3� dispone que las sanciones estableadas por los art�culos 1� y 2� del Decreto 2195 de 18 de octubre de 1976 ser�n impuestas por los Comandantes de Estaci�n de la Polic�a Nacional, con grado no inferior al de Capit�n, mediante resoluci�n escrita y motivada, o por los alcaldes y los inspectores de polic�a, en los lugares donde no existan dichos Comandantes, sin que tales funcionarios est�n obligados a cumplir ninguna clase de procedimientos.

El art�culo 4� se limita a conceder un recurso de reposici�n contra las resoluciones sancionatorias adoptadas de manera tan irregular. Como todo proceso debe conducir a las decisiones, ello significa que debe ser previo a las determinaciones de ese orden que tomen los funcionarios. Tal es el mandato del art�culo 26 de la Carta en cuanto dispone que nadie podr� ser juzgado sino observando la plenitud de las formas propias de cada juicio. Y como el art�culo 6� del Decret� 1195 "suspende las disposiciones que le sean contrarias", es l�gico concluir que las normas procesales han quedado suspendidas, en cuanto se refiere a las sanciones establecidas por el Decreto 2195, porque sus art�culos 3� y 4� ni se remiten a tales procedimientos, ni consagran uno especial.

Y este art�culo 6� en cuanto dispone que el decreto rige desde su expedici�n, se conforma, al estatuto fundamental y a reiterada jurisprudencia de la Corte sobre vigencia de las leyes. (Y entre otras sentencia de 3 VII/76).

En consecuencia, los art�culos 3� y 4� ser�n declarados inexequibles, por violar el art�culo 26 de la Carta.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la competencia que le atribuyen, el p�rrafo del art�culo 121 y el precepto 214 de la Constituci�n, previo estudio de la Sala Constitucional, y o�do el Procurador General de la Naci�n.

Son CONSTITUCIONALES Los art�culos 1�, 2� y 5� y del Decreto 2195 de 18 de octubre de 1976, "por el cual se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden p�blico"; y son INEXEQUIBLES los art�culos 3� y 4� del mencionado Decreto.

Publ�quese, c�piese, comun�quese al Gobierno por conducto del Secretario General de la Presidencia de la Rep�blica, insertase en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Discrepamos con respecto de la parte resolutiva de la sentencia precedente, en lo que precedente, en lo que hace a los art�culos 3� y 4� del Decreto 2195, y a sus motivos, por lo siguiente:

1. Dichos textos deben interpretarse en conjunto con sus anteriores, enfoc�ndolos a la luz de la Constituci�n: todos organizan el tr�mite indispensable para imponer las medidas previstas en el mismo ordenamiento, tr�mite que se distingue por reducir t�rminos cuya brevedad es caracter�stica del derecho policial, de constante empleo, en forma m�s acentuada, y a efectos de mantener el orden, durante el estado de sitio. Pese a lo cual los art�culos 3� y 4� respetan los cauces fundamentales que prescribe el art�culo 26 de la Carta para todo juzgamiento: ley pre-existente a los actos que se imputen, contemplados, en el Decreto 2195 (art�culos 1�, 4� y 5�); .autoridades competentes (art�culo 3�) y plenitud de formas (art�culos 3� y 4� ). La brevedad de un proceso policivo, en estado de sitio, siempre que se observen los postulados esenciales del referido art�culo 26, como en el caso del Decreto 2195, no excluye las enumeradas garant�as constitucionales de juzgamiento. Los art�culos que se comentan respetan el 26 de la compilaci�n superior.

2. Esa regla del C�digo Institucional reclama sin disputa que el infractor sea o�do, esto es, que se escuchen y ponderen sus explicaciones o descargos, lo cual tiene lugar por primera vez durante el per�odo de indagaci�n previo al acto resolutivo que le da remate. Y tal resoluci�n ha de ser motivada. De esta manera, cuando estudie m�s a espacio sus causas determinantes -antes de hallarse en firme- o sea, previamente, al inculpado ser� dable rebatir�as y, si, fuere el caso; allegar pruebas en contrario (sumarias tambi�n, desde luego), con los argumentos que estime demostrativos de su inocencia, al trav�s del usual recurso de reposici�n. Si �ste apareciere justificado, proceder�a un auto revocatorio, como consecuencia del ejercicio de un t�pico derecho de defensa, el cual, en el caso que se estudia, adquiere extraordinaria extensi�n, como se observa adelante.

3. Brevedad de t�rminos y rapidez de resoluci�n son inherentes a todo juicio policivo. La Carta no exige que las actuaciones, sobre todo administrativas, ni siquiera las judiciales; hayan de revestir siempre sucesivas formalidades y padecer lentos pasos. Hay en el �mbito jur�dico general repulsa contra morosos h�bitos susceptibles a veces de causar trastornos e impunidad, nada conciliables con el estado de sitio ni con la pura justicia.

4. N�tese, en fin, que �l art�culo 4� contrariamente a lo que se afirma, es de largueza excepcional: proporciona a favor de quienes hayan podido ser sancionados, en cualquier tiempo, " de oficio � a petici�n de parte", medios para que se logre "revocar la medida adoptada". El Decreto 2195 atiende los derechos individuales de posibles autores de desmanes y permite que se les oiga no una sino, varias veces, y aun a cualquier otra persona, esto es, a terceros con inter�s en defenderlos. No cabe mayor amplitud. La hemos tenido en cuenta al votar como exequibles los art�culos 3� y 4�.