Sentencia 756 (101E). de 1979

300Corte SupremaCorte Suprema30030011368756 (101E).doctor Luis Carlos S�chica197910/10/1979756 (101E)._doctor Luis Carlos S�chica_1979_10/10/197930011368CESE DE ACTIVIDADES EN EL MINISTERIO DE HACIENDA Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogot�, D. E., octubre 10 de 1979. Aprobado por Acta n�mero 36 de octubre 10 de 1979. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos S�chica . 1979

REF.: Decreto legislativo n�mero 2063 de 1979. Expediente n�mero 756 (101-E). Cese de actividades en el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno, dentro del t�rmino se�alado en el art�culo 121 de la Constituci�n, ha sometido a la revisi�n de constitucionalidad prescrita en di�cha norma el siguiente Decreto:

"En uso de la facultad que le otorga el art�cu�lo 121 de la Constituci�n Nacional y en desarrollo del Decreto 2131 de 1976, y

"1� Que desde el d�a lunes 13 de agosto del a�o en curso se han presentado en algunas dependencias nacionales y regionales del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, ceses colectivos de actividades, as� como reuniones tumultuarias que han entrabado e impedido la prestaci�n de los diversos servicios que competen al Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico;

"2� Que como consecuencia de tales hechos en varias ciudades, los pagadores dependientes del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico no es�t�n ejerciendo sus funciones con el consecuente perjuicio para los empleados p�blicos, que no obs�tante estar laborando no han recibido la corres�pondiente remuneraci�n;

"Art�culo 1�. Mientras subsistan los hechos a que se refieren los considerandos del presente Decreto, en las ciudades y municipios donde los pagadores dependientes del Ministerio de Hacien�da y Cr�dito P�blico no ejerzan sus funciones, el Banco de la Rep�blica pagar� las n�minas y cuentas por, servicios prestados a la Administraci�n Central, a la Rama Jurisdiccional, a la Contralor�a General de la Rep�blica y a la Procuradur�a General de la Naci�n.

"Par�grafo: En los lugares donde el Banco de la Rep�blica no tenga dependencias, los pagos ser�n efectuados por la Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Minero.

"Art�culo 2�. El Gobierno Nacional reembolsar� al Banco de la Rep�blica y a la Caja de Cr�dito Agrario, Industrial y Minero, los fondos correspondientes a los pagos que efect�en con base en el presente Decreto.

"Art�culo 3�. El Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico determinar� por resoluci�n los re�quisitos que deban cumplirse para desarrollar lo dispuesto en el presente Decreto.

"Art�culo 4�. Para los efectos del presente Decreto, el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico dar� a conocer las fechas de terminaci�n de las actividades anormales a que �l mismo se re�fiere.

"Art�culo 5�. El presente Decreto rige a par�tir de la fecha de su expedici�n y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Para efectos de las intervenciones previstas en el mismo art�culo se�alado, el asunto, referido se fij� en lista por tres d�as, mediante auto de 28 de agosto pasado, y vencido dicho, t�rmino se envi� el expediente al Procurador General de la Naci�n para que rindiera el concepto de rigor, en el cual opin� que el Decreto transcrito deb�a declararse exequible.

La copia del Decreto 2063 de 1979 recibida en la Corte aparece con la firma del Presidente de la Rep�blica y de todos los Ministros del Des�pacho.

"El cese colectivo en el trabajo, con ocasi�n de un conflicto laboral y previo el cumplimiento de los requisitos y el agotamiento de las etapas legales, es apenas el normal ejercicio del derecho de huelga garantizado en el art�culo 18 de la Constituci�n, cuando esa cesaci�n es efectuada por quienes laboran en empresas que no son de servicio p�blico.

Por el contrario, cuando se trata de trabajadores de entidades que prestan servicios p�blicos, o servicios administrativos, o ejercen otras funciones p�blicas, la cesaci�n en el trabajo es un paro, una actuaci�n de hecho, pues en aquellos no est� garantizado el derecho de huelga, como lo declara tambi�n el art�culo 18 citado".

De otra parte, as� mismo, es necesario recordar a este prop�sito otros preceptos constitucio�nales as�:

a) El art�culo 20 en el cual se establece que los funcionarios p�blicos, al igual que los particulares, son responsables por violaci�n de la Constituci�n y de la ley, pero adem�s por extralimitaci�n de funciones u omisi�n en el ejercicio de �stas, y

b) El art�culo 65 del mismo estatuto, cuya prescripci�n es la de que "ning�n funcionario entrar� a ejercer su cargo sin prestar juramento de sostener y defender la Constituci�n y de cumplir con los deberes que le incumben".

En el presente caso, es necesario considerar especialmente los siguientes aspectos:

1. Que en la parte motiva del Decreto que se revista no se invoca la persistencia de los hechos perturbatorios que justificaron la implantaci�n del estado de sitio hecha por el Decreto 2131 de 1976, sino que alude a circunstancias distintas y sobrevinientes que han consistido en "ceses colectivos de actividades" y reuniones tumultua�rias que han dificultado e impedido la prestaci�n de los servicios a cargo del Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, desde el pasado 13 de agosto, y tambi�n a que los pagadores depen�dientes de dicho Ministerio, como consecuencia de aquellos hechos, no est�n ejerciendo sus funciones, causando con ello perjuicios a los dem�s funcionarios p�blicos.

A este prop�sito, es necesario precisar la juris�prudencia de la Corte, en cuanto ha admitido que el Presidente pueda ejercitar las facultades del art�culo 121 por o con ocasi�n de hechos perturbatorios sobrevinientes y concomitantes, esto es, posteriores y distintos a los invocados para justificar la implantaci�n del estado de sitio, con las siguientes consideraciones: no hay violaci�n del art�culo citado, en raz�n de que ocurrieran y ya no subsistan los hechos que produjeron la perturbaci�n, si persisten sus efectos perturbatorios, si la comunidad a�n est� afectada por la conmoci�n resultante de aqu�llos, si la sensaci�n de p�rdida de la seguridad, el �nimo de zozobra, el clima de intranquilidad creado se mantiene, y a ello se agrega el acaecimiento de hechos nue�vos que agravan o reiteran la ruptura Continuada del orden p�blico. Carece de sentido y, adem�s, no lo prescribe as� la Constituci�n exigir que el Gobierno deba cumplir, otra vez; los requisitos previos al establecimiento del estado de sitio, in�vocando los nuevos hechos, para justificar as� la nueva normatividad, de modo que exista entre �sta y aqu�llos una conexidad espec�fica.

2. Es pertinente recordar que la Corte en sen�tencia del 11 de marzo de 1976, en relaci�n con un decreto de contenido similar, al que se revisa, dijo:

"4� La normaci�n jur�dica del estado de sitio est� contenida en el citado art�culo 121 de la Constituci�n Pol�tica. Conforme con ella, el Pre�sidente de la Rep�blica, con la firma de todos los ministros, puede y debe suspender las leyes incompatibles con tal situaci�n, y a la vez, dic�tar medidas conducentes a la preservaci�n o re�cuperaci�n del orden p�blico. Entre ellas est�n las medidas que eliminan interferencias tempo�rales del ejercicio de la libertad en sus diferentes aspectos, derivadas, de modo principal, de la cesaci�n imprevista de los servicios p�blicos.

"5� La suspensi�n de las leyes fiscales que obligan a la obtenci�n del certificado de paz y salvo con el tesoro nacional y al pago oportuno de los impuestos de papel sellado y timbre, he�chos necesarios para la realizaci�n o validez de ciertos actos administrativos y civiles, y su mu�danza por otras leyes de car�cter transitorio, son medidas acordes con el estado excepcional de si�tio que rige; conducentes a la preservaci�n y restablecimiento del orden p�blico, que sufre quebranto con la s�bita interrupci�n de un ser�vicio de igual calidad, de cargo de la adminis�traci�n, y que, como es ostensible, interfiere el l�cito ejercicio de la libertad individual en as�pectos importantes como la actividad contractual y la locomoci�n.

"6� En consecuencia, el Decreto legislativo n�mero 370 de 1976, que se revisa se ci�e a los mandatos del art�culo 121 de la Constituci�n, y as� debe declararse".

3. El contenido normativo del Decreto que se est� analizando se reduce a disponer que, mien�tras subsistan aquellas circunstancias, en los municipios donde los referidos pagadores no cum�plan sus funciones, las n�minas y cuentas por servicios prestados a la Administraci�n Central, a la Rama Jurisdiccional, a la Contralor�a Ge�neral de la Rep�blica y a la Procuradur�a Gene�ral de la Naci�n, los respectivos pagos ser�n efectuados por el Banco de la Rep�blica o por la Caja Agraria, donde no haya dependencia del banco, pagos que el Gobierno reembolsar�. Dis�pone, adem�s, en los art�culos 3� y 4� que el Ministerio de Hacienda establecer� los requisitos que deban cumplirse para los efectos del Decreto en revisi�n, y que el mismo Ministerio dar� a conocer la fecha en que se termine la aplicaci�n de esta regulaci�n extraordinaria, pues, como lo declara el art�culo 1�, estas medidas son de apli�caci�n transitoria.

Adem�s, ha de tenerse presente que los fen�menos perturbatorios del orden p�blico var�an con los tiempos. Anteriormente, las mayores ame�nazas proven�an de los gobernados alzados en armas contra las instituciones, o de las activi�dades sediciosas y las ocasionales asonadas de los mismos gobernados. La complejidad de la vida social actual, los avances de la tecnolog�a y los Prodigios de la comunicaci�n masiva, han gene�rado modalidades de afectaci�n del orden p�blico m�s refinadas y dif�ciles de combatir como, por dar los ejemplos m�s notorios, el terrorismo y el secuestro de aeronaves o de personas, con fina�lidades o intenci�n pol�tica.

Pero el m�s grave y directo ataque al orden P�blico puede provenir hoy de los propios ser�vidores del Estado que paralizan sus servicios o ponen en jaque su poder, o intentan una "des�trucci�n del Estado", desde el interior del mis�mo, mediante paros que privan a los usuarios de los servicios p�blicos de elementos esenciales para el desarrollo de la vida normal en comu�nidad o al Estado del ejercicio regular de sus funciones. Este tipo de actuaciones son flagrantemente contrarias a las obligaciones constitucionales de los empleados p�blicos consistentes en que no pueden abstenerse de ejercer sus funciones, sin justificaci�n, o sea, que est�n forzados a mantener en actividad los servicios a su cargo, como resulta de los art�culos 18 y 20 del Estatuto Fundamental, y configuran violaci�n del juramento de cumplir la Constituci�n y la ley, promesa que los liga m�s estrechamente que a los ciudadanos particulares, en raz�n de estar investidos de funci�n p�blica y de ser agentes del Estado, cuya finalidad est� postulada en el art�culo 16 como la de proteger a las personas en su vida, honra y bienes y en el cumplimiento de los deberes sociales del propio Estado y los particulares.

Por estas consideraciones, la Corte encuentra que los motivos enunciados en el Decreto 2063 tienen conexi�n inmediata con el orden p�blico, ya que este concepto y su realizaci�n efectiva suponen la necesaria continuidad en la prestaci�n de los servicios p�blicos estatales y el ejercicio regular de sus competencias, cuya suspensi�n acarrea alteraci�n de la normalidad, por lo cual estima que las medidas contenidas en aquel Decreto, en tanto tiendan a subsanar y eludir algunos de los efectos de los referidos hechos perturbatorios, se ajustan con todo rigor, a las facultades que al Gobierno otorga el art�culo 121.

4. No se puede tampoco aseverar que el con�tenido normativo del Decreto en revisi�n, no tie�ne conexidad con la situaci�n de hecho que plantea en su parte motiva, porque las medidas que adopta tienden no s�lo, como ya se dijo, a eludir y subsanar los efectos del paro sino que, bien miradas, buscan asegurar a los gobernados el ejercicio de derechos sustanciales no s�lo de orden patrimonial.

5. De otra parte, la Corte entiende que s�lo mediante la suspensi�n de las leyes ordinarias sobre la materia y la adopci�n de las transitorias que se han analizado, era posible conjurar los efectos de los hechos anormales referidos, pues, con sus facultades comunes, y dentro de la legalidad de tiempos de paz, no habr�a podido adoptarlas.

No es posible sostener que el Presidente puede, con sus competencias ordinarias, suspender el cumplimiento de obligaciones o variar los procedimientos administrativos, originados unas y otros en disposiciones legales, pues las facultades ordinarias de aqu�l no alcanzan para suspender la vigencia de las leyes respectivas.

6. De otra parte, la Corte estima necesario reafirmar que las medidas mediante las cuales desarrolla el Presidente su potestad para restablecer el orden pueden ser tanto las directamente encaminadas a combatir y erradicar las causas que dieron origen a la perturbaci�n, como las indirectas que hacen relaci�n a sus efectos, igual�mente eficaces para dicho fin, tendientes a con�jurar la extensi�n de la perturbaci�n o endere�zadas a disminuir o a impedir los efectos de la misma, como pueden ser las consistentes en el aplazamiento de obligaciones legales o del cum�plimiento de requisitos fiscales o el empleo de procedimientos y organismos para desenvolver las funciones administrativas del Estado, diferentes a los que se�alan las leyes para tiempos ordinarios.

7. As� mismo, la Corte debe declarar que no encuentra inconstitucionalidad alguna en actos del Gobierno que no implican usurpaci�n de competencias de otras ramas del poder ni atropello de los derechos y libertades establecidos en la Constituci�n sino que, por el contrario, aseguran su ejercicio, y que han sido adoptadas ante la imposibilidad de cumplir las leyes de tiempos de normalidad, en raz�n precisamente de que los encargados de su aplicaci�n se abstienen de cumplir las funciones respectivas y, adem�s, en raz�n de que no se dispone de medios legales ordinarios id�neos.

La Corte, no encuentra, pues, que el Decreto 2063 de 1979 viole ning�n precepto constitucional y, por eso, con base en el estudio de su Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n, DECLARA EXEQUIBLE dicha norma.

C�piese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� Mar�a Esguerra Samper, Jer�nimo Arg�ez Castello, Jes�s Bernal Pinz�n, Fabio Calder�n Botero, Dante Fiorillo Porras, Germ�n Giraldo Zuluaga, Gustavo G�mez Vel�squez, Jos� Eduardo Gnecco C., H�ctor G�mez Uribe, Juan Manuel Guti�rrez L., Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Humberto Murcia Ball�n, Miguel Lleras Pizarro, Alberto Ospina Botero, Luis Enrique Romero Soto, Hernando Rojas Ot�lora, Luis Carlos S�chica, Luis Sarmiento Buitrago, Pedro El�as Serrano Abad�a, Ricardo Uribe Holgu�n, Fernando Uribe Restrepo, Gonzalo Vargas Rubiano, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.

Para explicar mi discrepancia con la decisi�n mayoritaria me basta reproducir las consideraciones del proyecto derrotado no sin agregar que conmueve dolorosamente mi esp�ritu la comprobaci�n de c�mo el h�bito ha transformado la mentalidad del pueblo entero, encabezado por gobernantes y magistrados, hasta el extremo de olvidar los m�s elementales cauces del derecho com�n, apropiadamente concebidos para remediar los tropiezos de la vida cotidiana en cualquier sociedad libre y cristiana.

Ciertos l�mites constitucionales para el ejercicio de las facultades conferidas por el art�culo 121 de la Constituci�n.

No es necesario reproducir aqu� las repetidas doctrinas consignadas en muchas sentencias de esta Corte acerca de la vigencia total de la Constituci�n, en todo tiempo; el se�alamiento de las normas que por expresa disposici�n del mismo estatuto puede el Gobierno determinar que rijan en condiciones diferentes a las que prevalecen en tiempo de paz o que dejen de regir, porque tales doctrinas son suficientemente conocidas. Seg�n el art�culo 121 las facultades del Gobierno se limitan a la suspensi�n de las leyes que sean incompatibles con el estado de sitio, es decir, a aquellas por cuya aplicaci�n aparezca un obst�culo que dificulte o impida el restablecimiento del orden. Debe haber una relaci�n necesaria en�tre el decreto legislativo y el obst�culo que pre�tende removerse. O sea que el obst�culo sea con�secuencia de la aplicaci�n de la ley.

En primer lugar, independientemente de al�guna doctrina incidentalmente acogida por la Corte, acerca de hechos sobrevinientes a los que motivaron la declaraci�n de estado de sitio, debe pensarse que el l�mite natural de actuaci�n del Gobierno es que �l mismo se se�ala en los considerandos del decreto por el que se reconoce perturbado de sitio todo el territorio o parte de �l. A eliminar las causas de los hechos se�alados en aquellos considerandos es a lo que deben dirigirse todos los actos extraordinarios del Gobierno durante la vigencia de ese estatuto de vigencia "temporal".

El Decreto que ahora se examina recuerda que es dictado en desarrollo del n�mero 2131 de 1976 y en �l pueden leerse los siguientes con�siderandos:

"Que la Constituci�n ordena al Estado prote�ger la vida humana y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales suyos y de los particula�res.

"Que la protecci�n a la vida supone el cuidado de la salud y que dentro de los deberes sociales del Estado se incluye el de prestar el servicio p�blico correspondiente.

"Que es deber primordial del Gobierno preservar la seguridad colectiva y restablecer el orden cuando estuviere quebrantado, mediante el empleo de los medios previstos en la Carta para mantener la vigencia de las instituciones que ella misma consagra.

"Que desde hace m�s de un mes existe en el Instituto Colombiano de Seguros Sociales un pa�ro inconstitucional que afecta sus servicios m�dicos, param�dicos y complementarios.

"Que por solidaridad, el paro se ha extendido a otras entidades oficiales pertenecientes al Sis�tema Nacional de Salud, con todo lo cual no s�lo se ha perjudicado a los trabajadores afiliados a dicho instituto sino a la parte m�s desvalida y numerosa de la poblaci�n, que s�lo puede recu�rrir a los centros hospitalarios de asistencia p��blica.

"Que dentro de los fines del paro est� el de coaccionar a las autoridades para que, por las v�as de hecho, se abstengan de aplicar disposi�ciones legales, delito contemplado en el art�culo 184 del C�digo Penal.

"Que, adem�s, junto con los hechos anteriores han ocurrido otros, como frecuentes asesinatos, secuestros, colocaci�n de explosivos e incendios, caracter�sticos de pr�cticas terroristas dirigidas a producir efectos pol�ticos que desvertebren el r�gimen republicano vigente, hechos que aten�an contra derechos ciudadanos reconocidos por la Constituci�n y por las leyes y que son esenciales para el funcionamiento y preservaci�n del orden democr�tico, propio del estado de derecho".

Seg�n la sentencia del 11 de marzo de 1979 una huelga de los empleados de las dependencias de la Administraci�n de Hacienda P�blica hace imposible el cumplimiento de ciertos deberes a cargo de los gobernados, como el uso de papel sellado, el de estampillas de timbre nacional y la obtenci�n y utilizaci�n de pasaportes para salir del pa�s, y por tal raz�n advierte que los actos para cuyo cumplimiento se fijen aquellos debe�res deben ser cumplidos sin los dichos documen�tos mientras dure la huelga y que este aplaza�miento de las obligaciones a cargo de los contri�buyentes es acto dirigido a remover las causas de perturbaci�n del orden p�blico y hacer posible la suspensi�n del estado de sitio.

�Cabe preguntarse si la huelga de los emplea�dos de la Administraci�n P�blica ocurriera en tiempo de paz carecer�a el Gobierno de faculta�des para facilitar el normal funcionamiento de la vida de los negocios y los viajes al exterior, como lo expresan los considerandos del Decreto que se revisa

�En caso de una huelga como la descrita u otras similares, decretadas y efectivamente ejer�citadas en tiempo de paz tendr�a el Gobierno que decretar el estado de sitio para remover las dificultades resultantes del paro de los servicios

Es claro que respecto de los huelguistas existen disposiciones especiales que deber�n aplicarse si la suspensi�n del trabajo es en el servicio p�blico, pero ello no resuelve las dificultades que sufren sus usuarios y es natural deber del Gobierno, en la medida de sus posibilidades, aliviar las consecuencias de la huelga.

�Cualquier gobierno estar� obligado a exigir el cumplimiento de los deberes establecidos por las leyes cuando actos o hechos de fuerza mayor se lo impiden Aun en la m�s grave materia como es la penal la fuerza mayor es exonerativa de responsabilidad. Este mismo principio puede aplicarse a todos los casos en donde la fuerza mayor hace imposible el cumplimiento de cualesquiera obligaciones. Sin adentrarse en penetrantes exploraciones sobre el alcance de la fuerza mayor, bastar�a indicar que seg�n el sentido com�n, resultar�a monstruoso que se liquidaran intereses de recargo por mora en el pago de impuestos si no hay quien los reciba, o que se impusieran sanciones por suscribir documentos sin las estampillas de timbre, cu�ndo no hay quien las expenda. Del mismo modo que no puede condenarse al homicida que priva de la vida a quien injustamente lo ataca.

Estos min�sculos ejemplos ense�an que, en todo tiempo, el Gobierno est� en capacidad de promulgar estatutos ordinarios por los que se atestig�e la existencia de hechos que hagan imposible el funcionamiento normal de los servicios p�blicos, y que en consecuencia exoneren provisionalmente a los gobernados del cumplimiento de algunas obligaciones que el Estado est� en la imposibilidad de exigir dentro de las oportunidades legales ordinarias y se indique c�mo deben cumplirse tales obligaciones cuando los hechos inhibitorios desaparezcan.

Como lo ve la Corte, ser�a peligroso aceptar que se acuda a las facultades extraordinarias del estado de sitio para resolver cualquier dificultad propia de la vida ordinaria de las sociedades en evoluci�n, como lo son todas, en lugar de utilizar los instrumentos que est�n a su alcance en todo momento, de acuerdo con las normas del derecho com�n.

Las reflexiones precedentes ense�an que en cuanto hace al fondo del decreto, no hay duda de que es necesario aplazar el cumplimiento de ciertas obligaciones por imposibilidad de los gobernados para cumplirlas en una oportunidad y que el Gobierno puede se�alar otra oportunidad para que la ley quede satisfactoriamente cumplida. As�, no habr� desmedro del derecho ni tampoco como consecuencia de la huelga. Agravamiento de la situaci�n de los usuarios de los servicios p�blicos.

Lo anterior significa que la medida es inexequible en cuanto se adopt� con invocaci�n del art�culo 121 de la Constituci�n, aunque puede adoptarse por los medios ordinarios.

Salvamento de voto de los Magistrados Juan Hern�ndez S�enz y Juan Manuel Guti�rrez Lacouture.

Nadie ignora que el Estado es una instituci�n humana cuyo fin primordial es regular por normas jur�dicas la conducta de las gentes y, ade�m�s, en el caso colombiano, conseguir, a trav�s de las autoridades, la protecci�n para todos los residentes en la vida, honra y bienes y el cumplimiento de los deberes sociales tanto del mismo Estado como de los particulares, tal como lo ense�a el art�culo 16 de nuestra Constituci�n.

La observancia permanente de la ley por parte de gobernantes y gobernados es entonces condi�ci�n indispensable para que el Estado cumpla su finalidad institucional, y para que se man�utenga imperturbable el orden p�blico dentro de sus cl�sicas facetas de seguridad, tranquilidad y salubridad colectivas. Y toca a la autoridad, personificada para el caso en el Presidente de la Rep�blica, mantener el orden p�blico y restablecerlo cuando fuere perturbado, tal como lo consagra dentro de las atribuciones ordinarias del Presidente, como suprema autoridad administrativa, el art�culo 120, ordinal 7�, de la Constituci�n.

El cabal cumplimiento de las leyes de toda �ndole no puede ser entonces en ning�n evento fuente de perturbaci�n colectiva sino, al contrario, factor primordial de sosiego ciudadano dentro de una sociedad civilizada.

Pero si se da el caso de que el orden general se perturba por la rebeld�a contra la ley de algunos gobernados o de algunos funcionarios subalternos, debe acudirse en primer t�rmino a las facultades ordinarias de que est� investido el Presidente para conjurar la situaci�n anormal. Y s�lo cuando la magnitud y la gravedad de los hechos que en concreto perturben el sosiego, muestren la insuficiencia de aquellas facultades ordinarias para restablecerlo, ser� dable ejercer los poderes extraordinarios que la Constituci�n le confiere al Presidente, con la �nica mira de que el orden regrese, y como remedio extremo, transitorio y ocasional para preservar la incolumidad institu�cional del Estado, a trav�s de la realizaci�n de sus finalidades supremas en un ambiente de paz colectiva y de imperio pleno de la legalidad per�manente o com�n.

Ning�n prop�sito distinto del enunciado jus�tifica la existencia del art�culo 121 dentro de nuestra Carta Fundamental. Y es en su propio texto donde se estatuye que el ejercicio de ese m�s amplio poder presidencial est� delimitado por los hechos que motivaron la declaraci�n del estado de sitio, y que alcanza apenas a la sus�pensi�n de las leyes que sean incompatibles con el dicho estado, o sea que no hagan propicio el regreso a la normatividad ordinaria. Pero ja�m�s la inobservancia m�s o menos generalizada de una ley ser� m�vil constitucionalmente orto�doxo para suspender su imperio, m�xime cuando su vigencia o cumplimiento no resulta contraria o incompatible con el estado de sitio.

Al analizar, a la luz de los principios anterio�res, el Decreto legislativo materia de la presente revisi�n constitucional por la Corte, aparece que en su parte considerativa no se alude siquiera a alguno de los m�viles que tuyo el Presidente de la Rep�blica para declarar en estado de sitio todo el territorio nacional, mediante el Decreto legislativo n�mero 2131 de 1976. O sea, que no se ha obrado "dentro de esos precisos l�mites", co�mo lo exige perentoriamente el art�culo 121 de la Constituci�n, y se ha desconocido entonces este mandato ineludible del constituyente. En tales circunstancias, ni siquiera puede hablarse de co�nexidad entr� las causas que entonces se invo�caron y las que se alegan ahora en el Decreto.

De otra parte, basta leer el articulado del De�creto legislativo n�mero 2063 de 1979, objeto del examen, para convencerse de que ninguna de sus normas busca ponerle remedio al paro de actividades por parte de funcionarios del Minis�terio de Hacienda y Cr�dito P�blico, que invoca el Decreto como raz�n de sus provisiones, sino que, apenas, tiende a establecer un sistema de emergencia para el pago de las n�minas nacio�nales mientras aquel paro subsista.

Tampoco encajan pues, por este aspecto, las provisiones del Decreto 2063 dentro del r�gimen estricto del art�culo 121 de la Carta, puesto que no tienden a conjurar la actitud ilegal de algunos funcionarios subalternos de la administraci�n, que el Decreto supone gravemente perturbadora del orden p�blico, sino apenas precaver uno de los efectos de esa actitud, la paralizaci�n del pa�go de sueldos a los servidores nacionales, por lo dem�s f�cilmente subsanable dentro del �mbito de la normatividad ordinaria.

La inobservancia de la ley jam�s puede ser tolerada por la autoridad y, menos a�n, regula�do el desorden que implica, mediante la dispensa de su cumplimiento por las gentes o por los pro�pios funcionarios p�blicos que se rebelan contra ella y faltan a sus deberes por ende.

Dentro de la legislaci�n ordinaria, o de nor�malidad institucional, la administraci�n cuenta con medios suficientes en el C�digo Sustantivo del Trabajo para reprimir el paro de actividades en el Ministerio de Hacienda. Y cuenta, en otros estatutos, con los bastantes para neutralizar los efectos de ese hecho ilegal, en lo que ata�e al pago de las n�minas nacionales.

En efecto, nada impide al Ministro de Hacien�da y Cr�dito P�blico disponer que el pago de tales n�minas lo haga el Banco de la Rep�blica con cargo a los cupos de cr�dito que la Naci�n tiene con el Banco, y que otorgue pagar�s a cargo del tesoro p�blico por los valores correspondien�tes. Ni nada impide que, en subsidio de lo ante�rior, utilice la facultad que le concede la Ley 19 de 1977 para obtener cr�ditos internos en otras entidades bancarias del pa�s y destinarlos al pago de los sueldos, a trav�s de estas entidades, por causa del obvio d�ficit de tesorer�a que ocasiona el paro antes mencionado.

Si no era indispensable, como queda visto, el empleo de los poderes extraordinarios que confiere el art�culo 121 de la Constituci�n para reprimir y neutralizar la situaci�n laboral exis�tente en el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, resulta n�tido que el Decreto legislativo n�mero 2063 infringe tambi�n por este aspecto el dicho texto de nuestro Estatuto Fundamental.

Ha debido entonces declararse inexequible el aludido Decreto, en guarda a nuestra Constituci�n, para evitar as� que alg�n d�a, y gracias a una interpretaci�n demasiado generosa y amplia de su art�culo 121, la Carta pueda quedar limitada a ese texto �nico y reducido de esta manera, por obra de la ex�gesis, el r�gimen del estado de derecho a una simple remembranza hist�rica y s�mbolo de que el tiempo pasado fue mejor.

Estas son las razones de nuestra discrepancia absoluta con el fallo que antecede.