Sentencia de 1979

300Corte SupremaCorte Suprema30030010811Luis Carlos S�chica.197910/10/1979Luis Carlos S�chica._1979_10/10/197930010811REMUNERACI�N, R�GIMEN PRESTACIONAL Y ADMINISTRACI�N DE PERSONAL EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Exequibilidad de las normas demandadas. Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. - Bogot�, D. E., 10 de octubre de 1979. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos S�chica . 1979

Alfonso Tamayo TamayoIdentificadores30030010812true83791Versi�n original30010812Identificadores

REMUNERACI�N, R�GIMEN PRESTACIONAL Y ADMINISTRACI�N DE PERSONAL EN EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. - Bogot�, D. E., 10 de octubre de 1979.

El ciudadano Alfonso Tamayo Tamayo, en <sic> en ejercicio de la acci�n p�blica establecida en el art�culo 214 de la Constituci�n, mediante es�crito presentado el 29 de mayo del a�o en curso, solicita de la Corte la declaraci�n de inexequibi�lidad de las siguientes disposiciones:

"por el cual se modifica el sistema especial de clasificaci�n y remuneraci�n correspondiente a las distintas categor�as de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposicio�nes.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5� de 1978,

"Art�culo 2�... Dichas asignaciones se modi�ficar�n de acuerdo con las convenciones colecti�vas a que se refiere el art�culo 3� del Decreto 1651 de 1977.

"Art�culo 5�... Las convenciones colectivas que el Instituto de Seguros Sociales celebre con los funcionarios de seguridad social para modi�ficar las asignaciones b�sicas de sus cargos, de�ber�n respetar tanto el sistema de clasificaci�n como las relaciones entre denominaci�n, clases y grados que establece este decreto.

"Las convenciones que celebre el Instituto de Seguros Sociales con los funcionarios de seguridad social, requerir�n para su validez la apro�baci�n del Gobierno Nacional.

"El Gobierno reglamentaren, el procedimiento para la suscripci�n de las convenciones a que se refiere el presente art�culo".

"por el cual se establece el r�gimen especial de prestaciones sociales de los funcionarios de se�guridad social que prestan sus servicios al Ins�tituto de Seguros Sociales.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 12 de 1977, y o�do el con�cepto de la Comisi�n Asesora constituida con arreglo a dicha ley.

"por el cual se determina el sistema especial de clasificaci�n y remuneraci�n correspondiente a las distintas categor�as de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposicio�nes.

"El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 12 de 1977, y o�do el concepto de la Comisi�n Asesora constituida con arreglo a dicha ley,

"Art�culo 34. De las convenciones colectivas sobre sueldos. Para el solo efecto de modificar las asignaciones b�sicas se�aladas para los cargos del Instituto, �ste podr� celebrar colec�tivamente convenciones con los sindicatos y aso�ciaciones gremiales que representen a sus fun�cionarios.

"El Gobierno reglamentar� el procedimiento para la suscripci�n de las convenciones a que se refiere el presente art�culo".

"por el cual se dictan normas sobre administra�ci�n de personal en el Instituto de Seguros So�ciales.

"Art�culo 3�...que les confiere el derecho a celebrar colectivamente con el Instituto conven�ciones para modificar las asignaciones b�sicas de sus cargos".

"Art�culo 133..., sin perjuicio de la facultad de solicitar el aumento de las asignaciones b�si�cas y de celebrar colectivamente con el Instituto las convenciones a que se refiere el art�culo 34 del Decreto 1652 de 1977". (Subraya la deman�da).

"Art�culo 135...que no se hallen referidas exclusivamente al aumento de asignaciones b�sicas".

A la citada demanda se le dio el tr�mite pre�visto en el Decreto 432 de 1969. El se�or Procu�rador General de la Naci�n opin� en el concepto n�mero 381 del 13 de julio pasado que "... so�bre el postulado principal de las normas acusa�das, se ha producido el fen�meno procesal de la cosa juzgada, pues ya la Corte ha proferido so�bre �l decisi�n. Por consiguiente, en esta oportu�nidad no hay lugar a concepto de fondo, ni a nuevo fallo de m�rito".

Hecha una revisi�n sobre los fallos proferidos por la Corte en este campo, se encontr�:

a) Decreto n�mero 1651 de 1977. Seg�n sen�tencia n�mero 52 del 17 de noviembre de 1977, la Corte en Sala Plena declar� exequibles los art�culos 1�, 3�, 134,135 y 136. En cuanto a los art�culos 23 a 24 y 133, la Corte no se ha pronunciado;

b) Decreto n�mero 1652 de 1977.Art�culo 34, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, no se ha pronunciado. En relaci�n con los art�culos 3�, 5�, 35 y 36 de este mismo Decreto, ver sen�tencia n�mero 51 del 17 de noviembre de 1977;

c) Decreto n�mero 1653 de 1977. Sobre los ar�t�culos 5 y 16, acusados, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, no ha tomado ninguna de�cisi�n. Referente a otros art�culos de este mismo Decreto, ver sentencia n�mero 53 del 17 de no- <sic> noviembre de 1977;

d) Decreto n�mero 1313 de 1978. Art�culo 5�, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, en sentencia n�mero 1 de febrero 1� de 1979, deci�di� "declarar exequibles el 1� y el 2� incisos del art�culo 5�... "En cuanto al art�culo 2� la Corte no se ha pronunciado.

El actor pretende replantear la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones que acu�sa fundado en que alega "razones de las cuales hasta el momento no se ha ocupado la honorable Corte Suprema de Justicia, distintas de las in�vocadas por otros ciudadanos en demandas an�teriores". En este aspecto la Corte tiene que rei�terar su jurisprudencia, en el sentido de que sus decisiones en materia de inexequibilidad tienen efecto definitivo, de cosa juzgada, y de que no puede, por tanto, volver sobre pronunciamien�tos, as� los motivos de la acusaci�n propuesta sean distintos a los formulados en otras ocasiones o no aparezcan expresamente analizados en sus providencias. De modo que, cuando la Corte de�clara exequible o inexequible una disposici�n, en el primer caso se estima integralmente saneada de cualquier tacha, y en el segundo no revive ni readquiere vigencia por ninguna raz�n. Es claro que ese efecto definitivo admite revisi�n en el caso de que se presente una inconstitucionalidad sobreviniente, por cambio posterior de las nor�mas constitucionales.

En consecuencia, la Corte se abstiene de con�siderar la acusaci�n contra los art�culos 3� y 135 del Decreto 1651 de 1977, as� como sobre los ar�t�culos 5� incisos 1�, 2� y 3�, respecto de cuya constitucionalidad se profirieron por la Corte los fallos detallados en los antecedentes.

En raz�n de lo anterior, el an�lisis de la Corte debe limitarse a la constitucionalidad de los ar�t�culos 5� y 16 parcialmente del Decreto 1653 de 1977, del art�culo 34 del Decreto 1652 del mismo a�o, de los art�culos 23, literal a); 24, literal c) y 133 del Decreto 1651, tambi�n de 1977 y del art�culo 2� del Decreto 1313 de 1978, parcial�mente.

"Art�culo 34. De las convenciones colectivas sobre sueldos. Para el solo efecto de modificar las asignaciones b�sicas se�aladas para los car�gos del Instituto, �ste podr� celebrar colec�tivamente convenciones con los sindicatos y asociaciones gremiales que representen a sus funcionarios.

"El Gobierno reglamentar� el procedimiento para la suscripci�n de las convenciones a que se refiere el presente art�culo.

"Art�culo 2�. Dichas asignaciones se modificar�n de acuerdo con las convenciones colectivas a que se refiere el art�culo 3� del Decreto 1651 de 1977".

De conformidad con el demandante, las dis�posiciones transcritas violan los art�culos 55, 76, numerales 1, 2 y 9, y 118-8.

El primer cargo que formula el actor es el de extralimitaci�n del Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por las Leyes 12 de 1977 y 5� de 1978, cuesti�n que fue examinada en lo pertinente por la Corte en los fallos de que se hizo menci�n en los antecedentes; los otras cargos se refieren a la imposibilidad de modificar el C�digo Sustantivo del Trabajo mediante el ejercicio de aquellas facultades y las del Congreso para "delegar" su competencia constitucional para fijar las escalas de remuneraci�n de los empleos y, de consiguien�te, la infracci�n del principio de separaci�n de funciones entre las Ramas del Poder P�blico.

El n�cleo de la cuesti�n planteada se puede sintetizar as�: en ning�n caso el Gobierno pod�a, con base en las facultades extraordinarias de que se trata, reconocer a los funcionarios de seguri�dad social del Instituto de Seguros Sociales capacidad de contrataci�n colectiva de sus sala�rios, pues dicha facultad ser�a inconstitucional, en tanto la competencia para fijar el r�gimen salarial de los servidores de los establecimientos p�blicos, y esa es la naturaleza que tiene dicho Instituto, es una competencia legislativa del Con�greso que, seg�n el demandante, no puede "de�legar"; a lo que se agregar�a que, siendo una competencia del Poder P�blico para fijar unilateralmente ese r�gimen como regulaci�n de de�recho p�blico, mal puede transformarse en el r�gimen contrario de contrataci�n bilateral de los salarios, t�pico de las relaciones laborales priva�das. Esto es, y de otro modo, que esa fijaci�n solo puede hacerse por ley y no por contrato.

1. Que no se trata de una "delegaci�n''; sim�plemente, el Congreso ha utilizado la autorizaci�n constitucional del numeral 12 del art�culo 76 par� revestir al Gobierno de una potestad que pertenece a aqu�l como legislador, en materia precisa y por tiempo determinado.

2. Que el Gobierno, como legislador extraordinario solo adquiri�, en virtud de las facultades dadas por las leyes en menci�n y dentro de la interpretaci�n restrictiva que de ellas debe hacerse, potestad para fijar unilateralmente ese r�gimen salarial, que es la competencia que tiene Congreso y, por tanto, con la que qued� habilitado el Gobierno.

3. De modo que, al autorizar la negociaci�n colectiva de salarios para los funcionarios de seguridad social en la forma como lo hizo el ar�t�culo 5� del Decreto 1313 de 1978, es decir, teniendo que ajustar los salarios que se conven�gan a los se�alados unilateralmente para los de�m�s servidores del Instituto citado, y debiendo someter la convenci�n a la aprobaci�n del Go�bierno, se adopt� un procedimiento complejo de fijaci�n (le salarios, pero no se transfiri� la com�petencia estatal del Poder P�blico para estable�cer dicho r�gimen, y por eso no hay violaci�n de la Constituci�n, por extralimitaci�n de las facultades extraordinarias de que se trata.

"...como las facultades de la Ley 5� art�cu�lo 1� ordinal 5�, se otorgan precisamente para revisar y modificar las reglas a las que deben sujetarse esas entidades en la aplicaci�n de las normas sobre asignaciones y prestaciones sociales de su personal, se observa que el art�culo 5�, in�ciso primero, no hace otra cosa que establecer precisamente una regla especial de aplicaci�n del sistema salarial de los funcionarios de segu�ridad social, refiri�ndola a las regulaciones ge�nerales vigentes sobre clasificaci�n de empleos y a las relaciones entre denominaci�n, clases y grados del sistema salarial que se establece.

"Se reitera que no hay violaci�n ni del art�cu�lo 118-8 ni del 55 de la Constituci�n, porque la regulaci�n del r�gimen salarial en los estableci�mientos p�blicos nacionales es competencia legis�lativa del Congreso que puede atribuirse al Go�bierno como legislador extraordinario, y que �ste no excedi� las facultades de la Ley por cuanto simplemente condiciona en los aspectos t�cnicos de clasificaci�n, denominaci�n, clases y grados, no en el aspecto econ�mico, el r�gimen salarial convencional de las funcionarios de se�guridad social al se�alado por la ley, sometiendo la capacidad de contrataci�n a esas limitaciones generales".

En consecuencia, la Corte Suprema de Justi�cia, -Sala Plena-, con base en el estudio de su Sala Constitucional y o�do el concepto del Procu�rador General de la Naci�n, DECLARA EXEQUIBLES los art�culos 59 y 16, en la parte acusada, del Decreto 1653 de 1977, el art�culo 34 del Decreto 1652 del mismo a�o, los art�culos 23, literal a); 24, literal c), y 133 del Decreto 1651, tambi�n de 1977, y el art�culo 2� del Decreto 1313 de 1978, en la parte acusada.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� Mar�a Esquerra Samper, Jer�nimo Arg�ez Castello, Jes�s Bernal Pinz�n, Falto Cal�der�n Botero, Dante Fiorillo Porras, Germ�n Giraldo Zuluaga, Gustavo G�mez Vel�squez, Jos� Eduardo Gnecco C., H�ctor G�mez Uribe, Juan Manuel Guti�rrez L., Juan Hern�ndez S�enz, Alvaro Luna G�mez, Humberto Murcia Ball�n, Miguel Lleras Pizarro, Alberto Ospina Botero, Luis Enrique Romero Soto, Hernando Rojas Ot�lora, Luis Carlos S�chica, Luis Sar�miento Buitrago, Pedro El�as Serrano Abad�a, Ricardo Uribe Holgu�n, Fernando Uribe Restrepo, Gonzalo Vargas Rubiano, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.