300Corte SupremaCorte Suprema30030010786Eustorgio Sarria197014/10/1970Eustorgio Sarria_1970_14/10/197030010786ESTATUTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS Exequibilidad del artículo 14, ordinal 1º del Decreto-ley 1265 de 1970. Cuarta. La facultad legal del secretario, y el consiguiente deber, de autorizar con su firma los actos a que se refiere el precepto acusado, no entraña un poder de decisión, el cual se mantiene en el juez, quien es el único que tiene la jurisdicción y la compe­tencia respectivas. La función del secretario está limitada a dar testimonio del acto del superior, único acto capaz de crear, produ­cir efectos jurídicos. Además, la falla del secretario puede en­mendarse con la asistencia de un ad-hoc , o con su reemplazo. Quinta. 1. Los artículos 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160 y 161, señalados por el actor como infringidos, hacen parte del Título XV de la Constitución, "De la Administración de Justicia". 2. La disposición del artículo 58, inciso tercero, de la Carta, define la actividad co­mo "un servicio público de cargo de la Na­ción", y las disposiciones del Título XV, reglamentan los órganos de esta rama del poder, con el contenido que describe el Pro­curador. 3. Como actos propios de la administra­ción de justicia, están, en primer término, los jurisdiccionales , y luego los administra­tivos . Los fallos o sentencias, son de la primera calidad; mas, los que cumplen los se­cretarios de los respectivos órganos, en rela­ción con la autorización, son de carácter administrativo. 4. En estas condiciones, no ve la Corte cómo la norma acusada pueda violar los preceptos de la Carta indicados por el actor. O, en otros términos, cómo la "autorización" o "refrendación" de los actos juris­diccionales puedan determinar el valor y los efectos jurídicos de éstos, con menoscabo del poder constitucional de los magistrados y jueces de la República. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., octubre catorce de mil no­vecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria). I - PETICION 1970
Hermán Gans AbelloControl constitucionalidad del ordinal 1º del artículo 14 del Decreto extraordinario Nº 1265 de 28 de julio de 1970, "por el cual se expide el estatuto orgánico de la administración de justicia".Identificadores30030010787true83767Versión original30010787Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad del ordinal 1º del artículo 14 del Decreto extraordinario Nº 1265 de 28 de julio de 1970, "por el cual se expide el estatuto orgánico de la administración de justicia".


ESTATUTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ATRIBUCIONES DE LOS SECRETARIOS

Exequibilidad del artículo 14, ordinal 1º del Decreto-ley 1265 de 1970.

Cuarta. La facultad legal del secretario, y el consiguiente deber, de autorizar con su firma los actos a que se refiere el precepto acusado, no entraña un poder de decisión, el cual se mantiene en el juez, quien es el único que tiene la jurisdicción y la compe­tencia respectivas. La función del secretario está limitada a dar testimonio del acto del superior, único acto capaz de crear, produ­cir efectos jurídicos.

Además, la falla del secretario puede en­mendarse con la asistencia de un ad-hoc, o con su reemplazo.

Quinta. 1. Los artículos 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160 y 161, señalados por el actor como infringidos, hacen parte del Título XV de la Constitución, "De la Administración de Justicia".

2. La disposición del artículo 58, inciso tercero, de la Carta, define la actividad co­mo "un servicio público de cargo de la Na­ción", y las disposiciones del Título XV, reglamentan los órganos de esta rama del poder, con el contenido que describe el Pro­curador.

3. Como actos propios de la administra­ción de justicia, están, en primer término, los jurisdiccionales, y luego los administra­tivos. Los fallos o sentencias, son de la primera calidad; mas, los que cumplen los se­cretarios de los respectivos órganos, en rela­ción con la autorización, son de carácter administrativo.

4. En estas condiciones, no ve la Corte cómo la norma acusada pueda violar los preceptos de la Carta indicados por el actor. O, en otros términos, cómo la "autorización" o "refrendación" de los actos juris­diccionales puedan determinar el valor y los efectos jurídicos de éstos, con menoscabo del poder constitucional de los magistrados y jueces de la República.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., octubre catorce de mil no­vecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria).

I - PETICION

EÍ ciudadano Hermán Gans Abello, soli­cita de la Corte, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Constitución, se declare la inexequibilidad del ordinal 1º del artículo 14 del Decreto extraordinario Nº 1265 de 28 de julio de 1970, "por el cual se expide el estatuto or­gánico de la administración de justicia".

II - DISPOSICIONES ACUSADAS

El texto de las disposiciones acusadas es el siguiente:

"Decreto 1265 de 1970

(Julio 28)

"por el cual se expide el estatuto orgánico de la administración de justicia.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordina­rias que le confirió la Ley 4ª de 1969, y oído el concepto de la Comisión Asesora prevista en ella,

Decreta

Libro I

Organización Judicial

……………………………………………………………………………………………….

"Art. 14. Son funciones del Secretario: 1. Autorizar con su firma todas las providencias del proceso y las actas de las au­diencias y diligencias, los certificados que se expidan y los despachos y oficios que se libren".

III - TEXTOS CONSTITUCIONALES QUE SE DICEN VIOLADOS Y RAZONES DE LA ACUSACION

1. El actor señala como infringidos los artículos 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156 157, 158,160 y 161.

2. Respecto de las razones de la violación expone:

"Las disposiciones de la Constitución Po­lítica de la República de Colombia señaladas antes están diciendo que la Corte Suprema, el Consejo de Estado y los Tribunales Supe­riores de Distrito Judicial son, como entida­des, superiores y por ende los Magistrados y Consejeros que las forman. Asimismo en lo que se refiere a los jueces. Opuesto a lo anteriormente expresado está el artículo 161 que se refiere al personal subalterno en los organismos jurisdiccionales, de lo Contencioso-Administrativo, etc., el cual, es lógico, en forma subordinada deberá ayudar en sus funciones a Magistrados y Jueces.

"Mas sucede que el precepto cuya inexe­quibilidad solicito da como primera función a los secretarios la de autorizar lo que ha­gan sus superiores, término, a mi parecer, impropio o, cuando menos, equívoco.

"Autorizar significa dar facultad para hacer una cosa, legalizar, aprobar, confir­mar, engrandecer y ninguna de estas cosas son propias ni debidas de un subalterno con respecto a sus superiores.

"El vocablo usado, no importa en cuál de sus acepciones, da la idea de que la voluntad del Superior nada vale si el secretario se niega a aprobarla y que las providencias de aquél deben recibir el visto bueno de éste para tener eficacia, lo cual podría traer gra­ves problemas en el caso de que un secreta­rio se negara a firmar un auto o sentencia de una Sala de Decisión o de un juez.

"Es costumbre inmemorial y legal que los secretarios firmen los proveídos de Magistra­dos y jueces y Consejeros, pero esa firma no debe estamparse como autorización sino co­mo una función obligatoria, ya que se pre­sume que el Superior sabe más que el infe­rior y no es éste, en consecuencia, quien puede dar certeza de legalidad de lo hecho por el Magistrado o juez, a quien le debe obedecimiento".

IV - CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

1. El Jefe del Ministerio Público, en vista de 22 de septiembre de 1970, se opone a las pretensiones del actor y concluye:

"Me permito conceptuar que es exequible el artículo 14 del Decreto-ley 1265 de 1970, en su numeral 1 acusado".

2. Al referirse a los cargos de la demanda, dice:

a) "No encuentra este despacho relación alguna entre la norma acusada, que señala una función del secretario en las oficinas judiciales, y los textos constitucionales in­vocados por el actor, así: el artículo 147, que deja a la ley la determinación del número de Magistrados de la Corte Suprema y de sus salas, así como los negocios de que cono­cen éstas y la Corte en pleno; el 148, según el cual el Presidente de la Corte será elegido cada año por la misma corporación; el 151, que señala las atribuciones especiales de la entidad; el 152, que ordena a la ley dividir el territorio nacional en distritos judiciales, cada uno con un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones determinará la misma ley; el 154, norma análoga a la an­terior y referente a los tribunales adminis­trativos, uno en cada departamento; el 155, requisitos y calidades para ser Magistrado de Tribunal Superior; el 156, modo de elec­ción de los mismos funcionarios; el 157 y el 158, requisitos, calidades y modo de elección de los jueces; el 161, según el cual el perso­nal subalterno en los organismos jurisdic­cionales, en lo Contencioso-Administrativo y en el Ministerio Público se designará con­forme a las leyes; finalmente, tampoco se descubre la conexión con ninguno de los pre­ceptos del artículo 160.

b) "La expresión 'autorizar un documen­to' o un acta o una providencia, tiene un sentido claro tanto idiomáticamente como en el campo de la ciencia de la legislación.

"Idiomáticamente, el tenor literal (Art. 27 C. C.), autorizar un documento tiene un significado similar a autenticarlo o sea a ha­cerlo de autor cierto; aún semánticamente autorizar es como señalar con certeza el au­tor cuando se trata de documentos o provi­dencias, toda vez que la parte sustancial de la palabra es 'autor'.

"De las cinco acepciones que tiene la pa­labra 'autorizar' en el Diccionario de la Real Academia Española, tres concuerdan con el significado que el legislador colombiano le ha dado en la norma objeto de acusación:

2. Dar fe el escribano o Notario en un documento. Lo que se dice del escribano bien puede extenderse a cualquier otro funcio­nario que realice un acto de naturaleza igual o semejante al que él ejecuta, es decir un acto de atestiguación de que los autores en realidad han concurrido a expresar su voluntad en la forma que el documento expresa.

3. Confirmar, comprobar una cosa con autoridad, texto o sentencia de algún autor. En esta acepción se comprende muy bien la esencia de lo que hace un secretario con una providencia, cual es comprobar con la autoridad que le da la ley la sentencia que el juez profiere.

4. Aprobar o abonar. Abonar es, según el mismo Diccionario, dar por cierta una cosa; pues bien, el secretario da por cierta la prelación de la respectiva providencia".

V - CONSIDERACIONES

Primera

El Decreto 1265 de 1970 fue dictado in­vocando las facultades extraordinarias que al Presidente de la República le confirió la Ley 4ª de 1969.

En consecuencia, conforme al artículo 214 de la Constitución, la Corte tiene competencia para conocer de la demanda de inexe­quibilidad.

2. El artículo 76, ordinal 12, de la Cons­titución, en armonía con el ordinal 8º del artículo 118, prevé el caso de que el Presi­dente de la República asuma transitoriamente el ejercicio de la función legislativa dictando decretos extraordinarios. La ley de facultades debe señalar con precisión la materia objeto de las mismas y el tiempo de ejercicio. Y el Presidente debe ceñir éste a esos dos términos, pues, en caso contrario, se configura, o un exceso o una desviación de poder, con la consecuencia de hacer inexequible la norma respectiva.

De acuerdo con el contenido del ordinal 12 del artículo 76 -ha dicho la Corte- dos elementos caracterizan las facultades: la temporalidad y la precisión. El primero hace referencia a un lapso cierto; el segun­do a una materia determinada. El Presidente de la República -agrega- debe obrar dentro de estos límites, en el entendimien­to de que, a más de ellos, están o existen os que la misma Constitución señala al Con­greso, al cual sustituye en el ejercicio de la función legislativa (Corte Plena, senten­cia de 8 de mayo, 11 de agosto y 30 de sep­tiembre de 1969).

3. Los decretos que el Gobierno profiere en ejercicio de las facultades extraordinarias, que en armonía con el artículo 76, or­dinal 12, le otorga el Congreso, tienen el valor de leyes comunes u ordinarias: son de carácter permanente; por medio de ellos se pueden modificar, abrogar o sustituir las leyes anteriores. Sólo requieren para su vali­dez la firma del Presidente de la República y la del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo del ramo.

Segunda

1. El artículo 1º de la Ley 4ª de 1969, dis­pone:

"Art. 1º Revístese al Presidente de la Re­pública de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la vigencia de esta Ley, para previa una revi­sión hecha por una comisión de expertos en la materia, de la cual formarán parte cuatro senadores y cuatro representantes, designa­dos paritariamente entre sus miembros por la Comisión Primera Constitucional de ca­da Cámara, revise el Código Judicial y el proyecto sustitutivo que se halla a la con­sideración del Congreso Nacional, y expida y ponga en vigencia el Código de Procedi­miento Civil".

2. Esta norma, declarada exequible por la Corte en sentencia de 27 de abril del año en curso, reúne los requisitos constitucio­nales anotados en la consideración anterior, y, en consecuencia, es base suficiente para proferir la disposición legal impugnada.

Tercera

El artículo 14, ordinal 1º, del Decreto Nº 1265 de 1970, subroga el artículo 121, 2º, del Código Judicial en vigor. Por tanto, se trata de una norma propia de la materia a que se refiere la Ley 4ª de 1969, o sea el Código de Procedimiento Civil.

Cuarta

La facultad legal del secretario, y el con­siguiente deber, de autorizar con su firma los actos a que se refiere el precepto acu­sado, no entraña un poder de decisión, el cual se mantiene en el juez, quien es el único que tiene la jurisdicción y la compe­tencia respectivas. La función del secretario está limitada a dar testimonio del acto del superior, único acto capaz de crear, produ­cir efectos jurídicos.

Además, la falla del secretario puede en­mendarse con la asistencia de uno ad-hoc, o con su reemplazo.

Quinta

1. Los artículos 147, 148, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160 y 161, señalados por el actor como infringidos, hacen parte del Título XV de la Constitución, "De la Admi­nistración de Justicia".

2. La disposición del artículo 58, inciso tercero, de la Carta, define la actividad co­mo "un servicio público de cargo de la Na­ción", y las disposiciones del Título XV, reglamentan los órganos de esta rama del poder, con el contenido que describe el Pro­curador.

3. Como actos propios de la administra­ción de justicia, están, en primer término, los jurisdiccionales, y luego los administra­tivos. Los fallos o sentencias, son de la pri­mera calidad; mas, los que cumplen los secretarios de los respectivos órganos, en re­lación con la autorización, son de carácter administrativo.

4. En estas condiciones, no ve la Corte có­mo la norma acusada puede violar los preceptos de la Carta indicados por el actor. O, en otros términos, cómo la "autorización" o "refrendación" de los actos jurisdicciona­les puedan determinar el valor y los efectos jurídicos de éstos, con menoscabo del poder constitucional de los magistrados y jueces de la República.

VI - CONCLUSION

Esta no es otra que la exequibilidad de la norma acusada, la cual no viola los preceptos constitucionales señalados por el ac­tor, ni ningún otro.

VII - FALLO

De conformidad con las anteriores consi­deraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competen­cia que le otorga el artículo 214 de la Cons­titución Política y oído el Procurador Gene­ral de la Nación,

Resuelve

Es exequible el artículo 14, ordinal 1º, del Decreto extraordinario Nº 1265 de 28 de ju­lio de 1970.

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, transcríbase al Mi­nisterio de Justicia y archívese el expediente.

Hernán Toro Agudelo, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Ba­rrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Ernes­to Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Ricardo Uribe Holguín, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, Alfonso Peláez Ocampo, Alejandro Córdoba Medina, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Bui­trago, Eustorgio Sarria, Tito Octavio Hernández, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.