Sentencia de 1970

300Corte SupremaCorte Suprema30030010583Hern�n Toro Agudelo197017/08/1970Hern�n Toro Agudelo_1970_17/08/197030010583ESTADO DE SITIO LIMITACION AL DERECHO DE REUNION Es exequible el Decreto legislativo 1131 de 1970. "Como lo expresara la Corte en sentencia de 12 de junio de 1945, aunque el art�culo 46 de la Constituci�n no es de los que limi�tan expresamente la garant�a respectiva, o sea el derecho de reuni�n, a tiempo de paz, sin embargo en �pocas de perturbaci�n del orden p�blico sufre necesarias restricciones, las cuales se derivan no s�lo de su natura�leza, esto es del peligro evidente de que gentes congregadas puedan as� adquirir ca�pacidad para producir o agravar tales per�turbaciones, que por ende debe evitarse, sino tambi�n de los deberes del Presidente de la Rep�blica en caso de alteraci�n de la norma�lidad, ya causada o presumible por motivos graves. En otras palabras, si en tiempo de paz, como se vio en el aparte precedente, el de�recho de reuni�n se encuentra sujeto a re�gulaciones de car�cter policivo, preventivas o represivas de hechos que atenten a la se�guridad o al orden p�blico, con mayor raz�n en �pocas de perturbaci�n de �ste puede tal derecho no s�lo restringirse sino negarse transitoriamente, conforme al art�culo 121 de la Carta, a fin de precaver o impedir que su ejercicio aumente las causas de intran�quilidad. As�, resulta evidente que las medi�das a estudio son de las que por encontrarse esencialmente dirigidas al mantenimiento del orden p�blico, en su sentido externo, material y policivo, encajan dentro de los precisos l�mites de las atribuciones que al efecto confiere al Presidente el art�culo 121 de la Constituci�n, y que adem�s guardan nexo causal con los motivos invocados por el Gobierno al decretar el estado de sitio". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogot�, D. E., agosto diecisiete de mil no�vecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Hern�n Toro Agudelo). 1970

"Como lo expresara la Corte en sentencia de 12 de junio de 1945, aunque el art�culo 46 de la Constituci�n no es de los que limi�tan expresamente la garant�a respectiva, o sea el derecho de reuni�n, a tiempo de paz, sin embargo en �pocas de perturbaci�n del orden p�blico sufre necesarias restricciones, las cuales se derivan no s�lo de su natura�leza, esto es del peligro evidente de que gentes congregadas puedan as� adquirir ca�pacidad para producir o agravar tales per�turbaciones, que por ende debe evitarse, sino tambi�n de los deberes del Presidente de la Rep�blica en caso de alteraci�n de la norma�lidad, ya causada o presumible por motivos graves.

En otras palabras, si en tiempo de paz, como se vio en el aparte precedente, el de�recho de reuni�n se encuentra sujeto a re�gulaciones de car�cter policivo, preventivas o represivas de hechos que atenten a la se�guridad o al orden p�blico, con mayor raz�n en �pocas de perturbaci�n de �ste puede tal derecho no s�lo restringirse sino negarse transitoriamente, conforme al art�culo 121 de la Carta, a fin de precaver o impedir que su ejercicio aumente las causas de intran�quilidad. As�, resulta evidente que las medi�das a estudio son de las que por encontrarse esencialmente dirigidas al mantenimiento del orden p�blico, en su sentido externo, material y policivo, encajan dentro de los precisos l�mites de las atribuciones que al efecto confiere al Presidente el art�culo 121 de la Constituci�n, y que adem�s guardan nexo causal con los motivos invocados por el Gobierno al decretar el estado de sitio".

Para decidir sobre su exequibilidad, con�forme al par�grafo del art�culo 121 de la Constituci�n, la Presidencia de la Rep�blica remiti� a la Corte copia del Decreto legislativo n�mero 1131 de 19 de julio de 1970, dictado por el Gobierno en ejercicio de las facultades que tiene a virtud de la declara�ci�n de estado de sitio, hecha mediante De�creto n�mero 1128 de la misma fecha.

El texto del Decreto legislativo n�mero 1131 de 1970, el cual fue firmado por el Presidente de la Rep�blica y la totalidad de los ministros actuales, es el siguiente:

por el cual se dictan medidas relacionadas con la conservaci�n del orden p�blico y su restablecimiento.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades que le concede el art�culo 121 de la Constituci�n Nacional y considerando que por Decreto 1128 de 19 de julio de 1970 fue declarado turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el pa�s,

Art�culo 1� Mientras subsista turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional, quedan prohibidas las reuniones de car�cter pol�tico; las manifestaciones p�blicas; las concentraciones de car�cter religioso, estudiantil o laboral; los actos c�vicos y los espect�culos p�blicos, que puedan originar situaciones que afecten o entraben el normal desarrollo de las actividades ciudadanas.

Art�culo 2� El presente Decreto rige desde la fecha de su expedici�n y suspende todas las disposiciones legales que le sean contrarias.

(Fdo. CARLOS LLERAS RESTREPO. Car�los Augusto Noriega, Ministro de Gobierno. Alfonso L�pez Michelsen, Ministro de Rela�ciones Exteriores. Fernando Hinestrosa, Mi�nistro de Justicia y de Educaci�n (encarga�do). Abd�n Espinosa Valderrama, Ministro de Hacienda y Cr�dito P�blico. General Ge�rardo Ayerbe Chaux, Ministro de Defensa Nacional. Armando Samper Gnecco, Minis�tro de Agricultura. John Agudelo R�os, Mi�nistro de Trabajo y Seguridad Social. Anto�nio Ord��ez Plaja, Ministro de Salud P�bli�ca. Hernando G�mez Ot�lora, Ministro de Desarrollo econ�mico. Carlos Gustavo Arrieta, Ministro de Minas y Petr�leos. Antonio D�az Garc�a, Ministro de Comunicaciones. Bernardo Garc�s C�rdoba, Ministro de Obras P�blicas".

En cumplimiento de lo previsto para el caso en el art�culo 214 de la Carta, y conforme al art�culo 14 del Decreto 432 de 1969, el negocio se fij� en lista por tres d�as, sin que el Procurador General de la Naci�n o ciudadano alguno hayan defendido o im�pugnado la constitucionalidad del decreto en referencia.

1) Entre los motivos aducidos por el Go�bierno para decretar el estado de sitio seg�n el Decreto 1128 de 19 de julio de 1970, se invocan la existencia actual de un clima de grave perturbaci�n, reconocido por el Con�sejo de Estado, que de no ser remediado de inmediato puede conducir a des�rdenes irre�parables; el deber del Gobierno de prevenir dichos des�rdenes y conservar el orden p�bli�co; y la necesidad de garantizar el funcio�namiento de las instituciones y el acata�miento a las decisiones de las autoridades leg�timas.

Al tenor de estas motivaciones, que indi�can la conexidad que debe existir entre las mismas y las medidas adoptadas en ejerci�cio de las facultades del art�culo 121 de la Constituci�n, para cumplir la finalidad del precepto, que en el caso es la conservaci�n y restablecimiento del orden, habr� de ha�cerse el examen del Decreto legislativo 1131 de 1970.

2) El art�culo 46 de la Constituci�n ense��a que "Toda parte del pueblo puede reu�nirse o congregarse pac�ficamente. La auto�ridad podr� disolver toda reuni�n que dege�nere en asonada o tumulto, o que obstruya las v�as p�blicas".

Se consagra as� el derecho de reuni�n, pe�ro siempre que su desarrollo sea pac�fico, por lo cual, a�n en tiempo de paz reclama regulaciones preventivas de car�cter policivo, precisamente para asegurar que su ejercicio no acarree des�rdenes u obstruya las v�as. De ah� que tambi�n la misma Car�ta proh�ba terminantemente el porte de ar�mas en reuniones pol�ticas o de corporacio�nes p�blicas (art�culo 48), y someta al derecho com�n los actos contrarios al orden p�blico que se ejecuten con ocasi�n o pre�texto de un culto (Art. 53).

De otra parte, tambi�n en tiempo de paz es deber gen�rico primordial del Presidente de la Rep�blica "conservar en todo el terri�torio el orden p�blico y restablecerlo donde fuere, turbado" (art�culo 120. numeral 7�).

3) Como lo expresara la Corte en senten�cia de 12 de junio de 1945, aunque el art�cu�lo 46 de la Constituci�n no es de los que limitan expresamente la garant�a respectiva, o sea el derecho de reuni�n, a tiempo de paz, sin embargo en �pocas de perturbaci�n del orden p�blico sufre necesarias restric�ciones, las cuales se derivan no s�lo de su naturaleza, esto es del peligro evidente de que gentes congregadas puedan as� adquirir capacidad para producir o agravar tales per�turbaciones. que por ende debe evitarse, sino tambi�n de los deberes del Presidente de la Rep�blica en caso de alteraci�n de la normalidad, ya causada o presumible por mo�tivos graves.

En otras palabras, si en tiempo de paz, como se vio en el aparte precedente, el dere�cho de reuni�n se encuentra sujeto a regu�laciones de car�cter policivo, preventivas o represivas de hechos que atenten a la segu�ridad o al orden p�blico, con mayor raz�n en �pocas de perturbaci�n de �ste puede tal derecho no s�lo restringirse sino negarse transitoriamente, conforme al art�culo 121 de la Carta, a fin de precaver o impedir que su ejercicio aumente las causas de intran�quilidad. As�, resulta evidente que las me�didas a estudio son de las que por encon�trarse esencialmente dirigidas al manteni�miento del orden p�blico, en su sentido externo, material y policivo, encajan dentro de los precisos l�mites de las atribuciones que al efecto confiere al Presidente el ar�t�culo 121 de la Constituci�n, y que adem�s guardan nexo causal con los motivos invo�cados por el Gobierno al decretar el estado de sitio.

4) El Decreto legislativo 1131 de 1970 es sustancialmente id�ntico al Decreto legisla�tivo 596 de 21 de abril del mismo a�o, dicta�do a ra�z de la declaraci�n de estado de sitio en tal fecha, que tuvo corta duraci�n; y oportunamente, seg�n providencia del 21 de mayo de 1970, la Corte declar� su total exequibilidad, pues encontr� que sus prohibi�ciones son usuales en los casos de alteraci�n de la tranquilidad p�blica, y por tanto con�formes a las previsiones y finalidades del art�culo 121, sin que con ellas se quebrante ning�n otro precepto constitucional. De ah� que en el presente caso la Corte, reiterando ese criterio, haya de tomar igual determi�naci�n.

En m�rito de lo expuesto, la Corte Supre�ma de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los art�culos 121 y 214 de la Constituci�n Pol�tica,

Es exequible en todas sus partes el Decre�to legislativo n�mero 1131 de 19 de julio de 1970.

Publ�quese, c�piese, notif�quese e ins�r�tese en la Gaceta Judicial. Comun�quese a quien corresponda y arch�vese el expediente.

Guillermo Ospina Fern�ndez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humber�to Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Edmundo Harker Puyana, J. Cr�tatas Londo�o C., Alvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Luis Carlos P�rez, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hern�n Toro Agudelo Jos� Mar�a Velasco Guerrero.