300Corte SupremaCorte Suprema30030010575Eustorgio Sarria197017/08/1970Eustorgio Sarria_1970_17/08/197030010575ESTADO DE SITIO INTERVENTORES OFICIALES EN EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO Es constitucional el Decreto legislativo 1130 de 1970. 1. El artículo 1º del Decreto 1130 ordena el control y vigilancia de las empresas de servicio público por interventores especia­les que el Gobierno nombra. 2. La organización racional de los servi­cios públicos es una de las condiciones básicas para el mantenimiento del orden. Y en épocas de zozobra su vigilancia y control por los gobernantes se hace indispensable para obstar fallas en su prestación normal y oportuna, sin detrimento de los intereses de la comunidad. 3. A falta de una definición legal para el caso de "servicio público" o de "empresas de servicio público", se debe estar a las opi­niones doctrinales y jurisprudenciales, y a los preceptos del derecho positivo relaciona­dos con la materia. Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesi­dad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. (Consúltese la sentencia de la Corte, Sala Plena, de 2 de junio de 1969). Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Có­digo Sustantivo del Trabajo. - 4. Así, en Colombia existen tres catego­rías de "empresas de servicio público", con distinta organización pero con idéntica fi­nalidad, a saber: a) Empresas oficiales, que son propiedad, o de la Nación o de los Departamentos, o de los Municipios, o del Distrito Especial de Bogotá. b) Empresas particulares, que son propie­dad privada. c) Empresas de economía mixta, cuyo pa­trimonio corresponde a personas de derecho público y a personas de derecho privado. Pertenecen a la Primera categoría, entre otras, los Ferrocarriles Nacionales, la Em­presa Colombiana de Petróleos, las Empre­sas de Alumbrado y Energía Eléctrica, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, las Empresas de Teléfonos. A la segunda categoría, entre otras, las Empresas de transporte, urbano, por carre­teras, fluvial, marítimo y aéreo. Y a la tercera categoría, algunas Empre­sas dedicadas al fomento industrial, del cré­dito y de la vivienda. 5. En consecuencia, lo dispuesto en el ar­tículo 1º del Decreto 1130 armoniza con el ejercicio legal de los poderes propios del es­tado de sitio, y comprende a todas las "em­presas de servicio público", o sea las oficia­les, las particulares y las de economía mixta, entendiéndose por "servicio público", toda actividad igual o semejante a la definida. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., diecisiete de agosto de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria). I - EL CONTROL CONSTITUCIONAL 1970
Control constitucionalidad del decreto legislativo 1130 de 1970.Identificadores30030010576true83521Versión original30010576Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad del decreto legislativo 1130 de 1970.


ESTADO DE SITIO

INTERVENTORES OFICIALES EN EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO

Es constitucional el Decreto legislativo 1130 de 1970.

1. El artículo 1º del Decreto 1130 ordena el control y vigilancia de las empresas de servicio público por interventores especia­les que el Gobierno nombra.

2. La organización racional de los servi­cios públicos es una de las condiciones básicas para el mantenimiento del orden. Y en épocas de zozobra su vigilancia y control por los gobernantes se hace indispensable para obstar fallas en su prestación normal y oportuna, sin detrimento de los intereses de la comunidad.

3. A falta de una definición legal para el caso de "servicio público" o de "empresas de servicio público", se debe estar a las opi­niones doctrinales y jurisprudenciales, y a los preceptos del derecho positivo relaciona­dos con la materia. Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesi­dad de carácter general, en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. (Consúltese la sentencia de la Corte, Sala Plena, de 2 de junio de 1969). Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Có­digo Sustantivo del Trabajo. - 4. Así, en Colombia existen tres catego­rías de "empresas de servicio público", con distinta organización pero con idéntica fi­nalidad, a saber:

a) Empresas oficiales, que son propiedad, o de la Nación o de los Departamentos, o de los Municipios, o del Distrito Especial de Bogotá.

b) Empresas particulares, que son propie­dad privada.

c) Empresas de economía mixta, cuyo pa­trimonio corresponde a personas de derecho público y a personas de derecho privado.

Pertenecen a la Primera categoría, entre otras, los Ferrocarriles Nacionales, la Em­presa Colombiana de Petróleos, las Empre­sas de Alumbrado y Energía Eléctrica, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, las Empresas de Teléfonos.

A la segunda categoría, entre otras, las Empresas de transporte, urbano, por carre­teras, fluvial, marítimo y aéreo.

Y a la tercera categoría, algunas Empre­sas dedicadas al fomento industrial, del cré­dito y de la vivienda.

5. En consecuencia, lo dispuesto en el ar­tículo 1º del Decreto 1130 armoniza con el ejercicio legal de los poderes propios del es­tado de sitio, y comprende a todas las "em­presas de servicio público", o sea las oficia­les, las particulares y las de economía mixta, entendiéndose por "servicio público", toda actividad igual o semejante a la definida.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena.

Bogotá, D. E., diecisiete de agosto de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria).

I - EL CONTROL CONSTITUCIONAL

1. La Presidencia de la República, con fecha 23 de julio del año en curso, remitió a la Corte copia del Decreto legislativo Nº 1130 de 19 de los mismos, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución.

2. Recibida la copia, por auto de veinti­séis del mes pasado se dispuso: "Para el fin indicado en el artículo 14 del Decreto Nº 432 de 1969, fíjese en lista, por el término de tres (3) días, en la Secretaría General de la Corte, este negocio relativo a la revisión de constitucionalidad del Decreto le­gislativo Nº 1130 "Por el cual se dictan me­didas relacionadas con la conservación del orden público y su restablecimiento". (In­terventores en empresas de servicios públi­cos).

3. Dentro de este término intervino el Pro­curador General de la Nación.

II - TEXTO DEL DECRETO

Decreto Nº 1130 de 1970

(Julio 19)

Por el cual se dictan medidas relaciona­das con la conservación del orden público y su restablecimiento.

El Presidente de la República de Colom­bia, en ejercicio de las facultades que le con­cede el artículo 121 de la Constitución Na­cional y considerando que por Decreto 1128 de 19 de julio de 1970 fue declarado tur­bado el orden público y en estado de sitio todo el país,

Decreta

Artículo 1º. Mientras subsista el estado de sitio, el Gobierno Nacional, constituido en este caso por el Presidente de la República y los Ministros de Gobierno y Defensa Na­cional podrá designar, cuando lo considere necesario, interventores especiales en las empresas de servicios públicos, a fin de ase­gurar la oportuna y normal prestación de tales servicios.

Artículo 2º. Los interventores de que trata el artículo anterior, tendrán las funciones de vigilancia y control de la empresa de que se trata, y darán cuenta a las autoridades competentes de las actividades delictivas que realice cualquier individuo del personal directivo, o del de empleados o trabajado­res.

Artículo 3º. Los Gobernadores, por dele­gación del Presidente de la República, mediante Decretos que llevarán la firma de los respectivos Secretarios de Gobierno, podrán ejercer las funciones de que tratan los ar­tículos anteriores en relación con servicios públicos que se presten en el territorio de su jurisdicción.

Artículo 4º. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Bogotá, D. E., a 19 de julio de 1970".

Aparece firmado por el Presidente y todos los Ministros.

III - CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

Dice el Procurador:

"I. El Decreto de la referencia invoca las facultades del artículo 121 de la Carta, con el antecedente de que mediante el Decreto extraordinario 1128 de la misma fecha se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional.

"II. En su artículo 1º el Decreto 1130 prevé la designación por parte del Gobierno Nacional de interventores especiales en las empresas de servicios públicos, cuando lo considere necesario para asegurar la oportuna y normal prestación de tales servicios, y en el 2º dispone que los interventores tendrán funciones de vigilancia y control y que darán cuenta a las autoridades de las actividades delictivas que realice cualquier individuo del personal directivo o del de em­pleados o trabajadores. Por el artículo 4º se suspenden las disposiciones contrarias y se expresa que el decreto rige desde su expedición.

"III. El artículo 3º del mismo decreto establece:

"Los Gobernadores, por delegación del Presidente de la República, mediante decretos que llevarán la firma de los respectivos Secretarios de Gobierno, podrán ejercer las funciones de que tratan los artículos ante­riores en relación con servicios públicos que se presten en el territorio de su jurisdicción".

"En relación con este precepto debo observar:

"1. Es dudoso que los poderes extraordinarios inherentes a la declaratoria del estado de sitio sean susceptibles de delegación, por cuanto la característica especial de esas facultades -conferidas al Gobierno, constituido para el caso no en la forma común de que habla el artículo 57 de la Carta sino por el Presidente de la República y por todos los Ministros-, los requisitos previos exigidos para su ejercicio, como los dictá­menes de los mismos Ministros y del Con­sejo de Estado, y sobre todo la circunstancia de que la delegación exime de respon­sabilidad al Presidente (artículo 135 en su inciso 2º), hacen pensar en la imposibili­dad de que el Gobierno, mediante el proce­dimiento previsto en el mismo artículo, traslade a cada Gobernador con su Secretario de Gobierno, poderes que de modo tan ex­cepcional y con tan extraordinarias pre­cauciones se le confieren... "El Presidente de la República y sus Mi­nistros deben responder por el uso que ha­yan hecho de las facultades extraordina­rias, según lo prescribe el artículo 121 en el inciso que precede a su parágrafo, y eso ex­cluye la delegación que admite la Carta en el artículo 135 toda vez que en esta figura queda eximido de responsabilidad el delegante y así podría suceder que declarado el estado de sitio el gobierno se librara de toda responsabilidad delegando sus poderes de excepción bien fuera en los Ministros o, como en el caso contemplado, en funciona­rios de orden inferior. "Concurre a esta conclusión el hecho de que las facultades extraordinarias no son dadas al Presidente sino al Gobierno en ple­no y que para éste no se ha establecido la institución de la delegación sino tan sólo para las funciones meramente presidenciales.

"Sería muy paradójico, tal vez absurdo, i que lo atribuido por la Constitución, al Pre­sidente con todos sus Ministros, pudieran ellos traspasarlo, a un Gobernador con uno solo de sus secretarios: quiso el Constituyente que actos tan trascendentales como la suspensión de la vigencia de leyes estu­vieren reservados al Presidente con todos los Ministros, ni siquiera al Presidente con alguno o algunos de ellos, para que así la responsable del Gobierno pleno tutelara el recto ejercicio de una función privativa, en tiempo de normalidad, de la rama legislativa del poder público.

"2. Admitiendo, en hipótesis la tesis con­traria, o sea que las facultades de estado de sitio fueren delegables, por aplicación del artículo 135 de la Constitución, sería pre­ciso, de acuerdo con este canon, que una ley determinara la materia de la delegación y que una providencia administrativa efectua­ra el traspaso de las facultades.

"Es jurídicamente posible, al menos no se ve razón para que no lo sea, que en el mismo ordenamiento se consignen aquellos dos actos si se trata de un Decreto con fuer­za legislativa como el que se examina.

"Pero en este Decreto es difícil encontrar definidos y conceptualmente separados los dos actos que integran el proceso constitu­cional de la delegación: sólo el artículo 3º se refiere a ésta y ni siquiera en su expre­sión gramatical se halla la debida delimitación.

"Si no obstante su redacción falta de téc­nica, el precepto se entendiera como el acto con fuerza de ley que autorizara la delega­ción y señalara la función delegable, podría estimarse constitucional, pero entonces para que el Presidente de la República efectúe la delegación será necesario un nuevo acto, éste de carácter administrativo, o sea un decreto ejecutivo.

"Y si se entiende que por el acto exami­nado el Presidente ha realizado ya la delegación, su inconstitucionalidad resultará os­tensible por violación del precitado artículo 135 de la Carta, desde luego que faltaría el presupuesto constituido por el acto le­gislativo de autorización".

IV - ANTECEDENTES

1. Como antecedente inmediato del Decre­to legislativo Nº 1130, aparece el Decreto Nº 1128 de 19 de julio de 1970.

2. No se acompañó el mensaje del Go­bierno al Consejo de Estado ni el concepto de esta entidad.

V - CONSIDERACIONES

Primera.

La normación jurídica del estado de sitio está contenida en el artículo 121 de la Cons­titución Política. Abarca cinco etapas:

a) Declaración de turbación del orden público y en estado de sitio toda la Repú­blica o parte de ella;

b) Exposición motivada del Presidente al Congreso sobre las razones que determina­ron la declaración;

c) Adopción, por decreto, de las medidas enderezadas al restablecimiento del orden;

d) Control constitucional por la Corte Su­prema de Justicia de los decretos legislativos;

e) Levantamiento del estado de sitio tan pronto como haya cesado la guerra exte­rior o terminado la conmoción interior.

Segunda

1-. La declaración de perturbación del or­den público y el estado de sitio no traen como consecuencia la suspensión de la Cons­titución y leyes, en general. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros, únicamente puede suspender las leyes incompatibles con el estado de sitio y tomar aquellas otras medidas legislativas necesarias para el restablecimiento del or­den público político. No se extinguen las garantías constitucionales, aunque algunas de ellas sufran limitaciones, ya que sería absurdo que la defensa del orden jurídico que entraña la Constitución sólo pudiera cumplirse mediante su proscripción.

2. Entonces, lo que se debe buscar es la adopción de medidas destinadas a restable­cer el orden; la conducencia de los decretos legislativos para superar la crisis política. Por esta razón, tales medidas son transito­rias, e incumbe a la Corte Suprema, como lo ordenan los artículos 121 y 214 de la Cons­titución, decidir privativamente, si por su contenido y trascendencia, sirven a los fi­nes indicados.

3. Esta es la doctrina vigente de la Cor­te sobre el particular. Al respecto se pueden consultar las decisiones de 23 y 30 de oc­tubre, y 6 de noviembre de 1969, y 21 de mayo de 1970.

Tercera

1. Las facultades legislativas propias del estado de sitio y a las cuales se refiere el artículo 121 de la Constitución, son indele­gables. Las funciones que el Presidente pue­de delegar en los Ministros, Jefes de Depar­tamentos y Gobernadores, conforme al ar­tículo 135, son las propias de su calidad de suprema autoridad administrativa, como al­gunas de las comprendidas en el artículo 120. Esta delegación le exonera de la res­ponsabilidad consiguiente, la cual se radica en la persona del delegatario.

2. En el caso de estado de sitio, el artículo 121 prevé una responsabilidad especial del Presidente y los Ministros, adicional a la ad­ministrativa que emana de los actos y he­chos inherentes a la actividad contemplada en los artículos 119, 120 y concordantes.

Cuarta

Además, el proceso de la delegación de funciones a que se refiere el artículo 135, se integra con dos actos: uno de carácter legislativo, o sea la ley por medio de la cual se determinan las funciones que el Presi­dente puede delegar; y otro, administrativo, que perfecciona la delegación.

Quinta

1. El artículo 1º del Decreto 1130 ordena el control y vigilancia de las empresas de servicio público por interventores especiales que el Gobierno nombra.

2. La organización racional de los servi­cios públicos es una de las condiciones básicas para el mantenimiento del orden. Y en épocas de zozobra su vigilancia y control por los gobernantes se hace indispensable para obstar fallas en su prestación normal y oportuna, sin detrimento de los intereses de la comunidad.

3. A falta de una definición legal para el caso de "servicio público" o de "empresa de servicio público", se debe estar a las opi­niones doctrinales y jurisprudenciales, y a los preceptos del derecho positivo relacio­nados con la materia. Para la doctrina y la jurisprudencia, servicio público es toda ac­tividad encaminada a satisfacer una nece­sidad de carácter general, en forma conti­nua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien sea que su pres­tación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios o administradores dele­gados, o a cargo de simples personas priva­das. (Consúltese la sentencia de la Corte, Sala Plena, de 2 de junio de 1969). Noción de igual contenido trae el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.

4. Así, en Colombia existen tres catego­rías de "empresas de servicio público", con distinta organización pero con idéntica fi­nalidad, a saber:

a) Empresas oficiales, que son propiedad, o de la Nación o de los Departamentos, o de los Municipios, o del Distrito Especial de Bogotá;

b) Empresas particulares, que son pro­piedad privada;

c) Empresas de economía mixta, cuyo pa­trimonio corresponde a personas de derecho público y a personas de derecho privado.

Pertenecen a la primera categoría, entre otras, los Ferrocarriles Nacionales, la Em­presa Colombiana de Petróleos, las Empre­sas de Alumbrado y Energía Eléctrica, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, las Empresas de Teléfonos.

A la segunda categoría, entre otras, las empresas de transporte urbano, por carreteras, fluvial, marítimo y aéreo.

Y a la tercera categoría, algunas Empre­sas dedicadas al fomento industrial, del crédito y de la vivienda.

5. En consecuencia, lo dispuesto en el ar­tículo 1º del Decreto 1130 armoniza con el ejercicio legal de los poderes propios del es­tado de sitio, y comprende a todas las "em­presas de servicio público", o sea las oficia­les, las particulares y las de economía mixta, entendiéndose por "servicio público", toda actividad igual o semejante a la definida.

Sexta

1. El artículo 2º del Decreto 1139 contie­ne dos preceptos: el primero ratifica la facultad de control y vigilancia de las empre­sas de servicio público implícita en el artículo 1º, por parte de los interventores; el segundo, ordena dar "cuenta a las autori­dades competentes de las actividades delic­tivas que realice cualquier individuo del personal directivo, o del de empleados y tra­bajadores".

2. Esta norma es inobjetable desde el pun­to de vista constitucional, y comprobada la falta del directivo o trabajador, es proce­dente provocar la iniciación de la investigación penal y la inmediata suspensión del presunto responsable.

Séptima

Respecto del artículo 3º del Decreto 1130, objetado por el Procurador, la Corte observa:

a) El Presidente de la República, no ha delegado poderes propios del estado de sitio, que le corresponden, en los gobernadores;

b) La decisión respecto de su uso, o sea la creación de interventores especiales y sus funciones de control y vigilancia de las em­presas de servicio público, está tomada en el artículo primero del citado estatuto;

c) En el artículo 3º, se limita a encomen­dar a los gobernadores su ejecución, siguien­do las pautas constitucionales y legales so­bre desconcentración del poder, a través de sus agentes regionales.

Por lo expuesto, el artículo 3º del Decreto 1130 es exequible.

Octava

El artículo 4º es, igualmente, exequible.

VI - DECISION

Con fundamento en las anteriores consi­deraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Cons­titucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los artículos 121 y 214 de la Constitución,

Resuelve

Es constitucional el Decreto legislativo Nº 1130 de 19 de julio de 1970 "por el cual se dictan medidas relacionadas con la conser­vación del orden público y su restablecimiento". (Designación de interventores es­peciales en las empresas de servicio público).

Comuníquese al Gobierno y cúmplase.

Guillermo Ospina Fernández, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda Valencia, Hum­berto Barrera Domínguez, Juan Benavides Pa­trón, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel An­gel, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, Edmundo Harker Puyana, J. Córtatas <sic> Londoño C., Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Alfonso Peláez Ocampo, Luis Carlos Pérez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sar­miento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hernán Toro Agudelo, José María Velasco Guerrero.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.