300Corte SupremaCorte Suprema30030010551José, Gabriel de la Vega197022/01/1970José, Gabriel de la Vega_1970_22/01/197030010551CONSTITUCIONALIDAD DE LAS SUPERINTENDENCIAS Es exequible el artículo 4º del Decreto-ley 1050 de 1968 "por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la Administración Nacional". La Corte no encuentra oposición entre el artículo 135 de la Ley fundamental y el artículo 4º acusado, por el cual se definen las Superintendencias, como "organismos adscritos a un Ministerio", para que "cum­plan algunas de las funciones que corres­ponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y las que la ley les asigna". En efecto, la delegación de funciones del Presidente contemplada en el artículo cons­titucional citado comprende dos operacio­nes: 1ª la ley señala las funciones que el Presidente, de manera general o en casos especiales, puede delegar, funciones que se hallan enumeradas sin limitación taxativa en el artículo 120 de la Constitución y en los demás textos, constitucionales o lega­les, que lo complementan; y 2ª, la delega­ción, en armonía con la materia o materias señaladas en la ley, se perfecciona por me­dio de reglamento ejecutivo, o sea, "según lo disponga el Presidente". Ahora bien, ejercida la facultad de de­legar, cuando ello se hace en cabeza de alguno de los Ministros del Despacho, éste puede cumplirla directamente, o por medio de sus dependencias, entre las cuales se encuentran las Superintendencias de que trata el artículo 4º acusado, el cual, como se ve, en vez de violar el artículo 135 de la Carta puede, al contrario, contribuir a darle operancia. Ni se olvide, como sí lo recuerda el Pro­curador, que la natural vinculación de las Superintendencias contempladas en el ar­tículo 4 º acusado respecto de los Ministerios a los cuales se adscriban, resalta si se tiene en cuenta que los actos que ellas llegaren a dictar estarían sujetos, de acuerdo con las reglas generales sobre vía guberna­tiva, al recurso de apelación ante el res­pectivo Ministro, "quien, en esta forma, -anota el Procurador- actúa como inme­diato superior jerárquico del Superintendente". Es el Ministro quien, en definitiva, ha de dirigir, encauzar y ejercer, a través de una Superintendencia, y cuando así lo es­time conveniente, la delegación que le pue­da conferir el Presidente. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogotá, D. E., enero veintidós de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor José, Gabriel de la Vega). 1970
Miguel Orozco RamírezControl constitucionalidad el artículo 4º del Decreto-ley 1050 de 1968Identificadores30030010552true83497Versión original30010552Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad el artículo 4º del Decreto-ley 1050 de 1968


CONSTITUCIONALIDAD DE LAS SUPERINTENDENCIAS

Es exequible el artículo 4º del Decreto-ley 1050 de 1968 "por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la Administración Nacional".

La Corte no encuentra oposición entre el artículo 135 de la Ley fundamental y el artículo 4º acusado, por el cual se definen las Superintendencias, como "organismos adscritos a un Ministerio", para que "cum­plan algunas de las funciones que corres­ponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y las que la ley les asigna".

En efecto, la delegación de funciones del Presidente contemplada en el artículo cons­titucional citado comprende dos operacio­nes: 1ª la ley señala las funciones que el Presidente, de manera general o en casos especiales, puede delegar, funciones que se hallan enumeradas sin limitación taxativa en el artículo 120 de la Constitución y en los demás textos, constitucionales o lega­les, que lo complementan; y 2ª, la delega­ción, en armonía con la materia o materias señaladas en la ley, se perfecciona por me­dio de reglamento ejecutivo, o sea, "según lo disponga el Presidente".

Ahora bien, ejercida la facultad de de­legar, cuando ello se hace en cabeza de alguno de los Ministros del Despacho, éste puede cumplirla directamente, o por medio de sus dependencias, entre las cuales se encuentran las Superintendencias de que trata el artículo 4º acusado, el cual, como se ve, en vez de violar el artículo 135 de la Carta puede, al contrario, contribuir a darle operancia.

Ni se olvide, como sí lo recuerda el Pro­curador, que la natural vinculación de las Superintendencias contempladas en el ar­tículo 4º acusado respecto de los Ministerios a los cuales se adscriban, resalta si se tiene en cuenta que los actos que ellas llegaren a dictar estarían sujetos, de acuerdo con las reglas generales sobre vía guberna­tiva, al recurso de apelación ante el res­pectivo Ministro, "quien, en esta forma, -anota el Procurador- actúa como inme­diato superior jerárquico del Superintendente". Es el Ministro quien, en definitiva, ha de dirigir, encauzar y ejercer, a través de una Superintendencia, y cuando así lo es­time conveniente, la delegación que le pue­da conferir el Presidente.

Corte Suprema de Justicia.

- Sala Plena. -

Bogotá, D. E., enero veintidós de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor José, Gabriel de la Vega).

El ciudadano Miguel Orozco Ramírez, en ejercicio de la acción que concede el ar­tículo 214 de la Constitución y con el lle­no de las formalidades prescritas por el De­creto Orgánico 432 de 1969, pide que se de­clare inexequible el artículo 4º del Decreto-ley 1050 de 1968, demanda que ha sufrido la tramitación de rigor y debe fallarse.

TEXTO ACUSADO

Artículo 4º De las Superintendencias. Son organismos adscritos a un Ministerio que, dentro de la autonomía administrativa y financiera que les señale la ley, cumplan algunas de las funciones que corresponden al Presidente de la República como supre­ma autoridad administrativa y las que la ley les asigna".

DISPOSICION VIOLADA Y RAZONES

El autor sustenta su demanda, en resu­men, de la manera siguiente:

"La inexequibilidad del artículo 4º del Decreto 1050 de 1968 es clara al determi­nar que las Superintendencias son organis­mos que cumplan algunas de las funciones que corresponden al Presidente de la Re­pública como suprema autoridad adminis­trativa, por cuanto la norma transcrita in­cluye dentro de las funciones de los orga­nismos citados, funciones que correspon­den al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, según lo dispuesto en el artículo 120 de la Cons­titución Nacional y que sólo pueden ser delegadas por éste en los funcionarios re­lacionados en el artículo 135 de la Carta y no en entidades como las que determina la norma acusada".

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA

El Jefe del Ministerio Público recalca que la creación de entidades administrativas, adscritas y dependientes de la Presidencia de la República o de los Ministerios, facili­ta en mucho las labores de la administra­ción pública, sin que por ello se incurra en violación del artículo 135 de la Carta sobre delegación de funciones por el Presidente a los Ministros y Jefes de Departamentos Administrativos, como funcionarios supe­riores de la Administración, y a los Gober­nadores, como Agentes del Gobierno.

Y agrega el Procurador:

"La norma acusada, en síntesis, no de­lega en las Superintendencias funciones que corresponden al Presidente de la Re­pública como suprema autoridad adminis­trativa. Solamente define a tales entidades como partes integrantes de los Ministerios, destinadas a cumplir funciones que corres­ponden al Presidente de la República en la calidad mencionada, pero que el Presidente puede delegar en los organismos primarios del Estado de acuerdo con el artículo 135 de la Carta. Por lo tanto, la delegación re­caerá en cada caso en el respectivo Minis­terio, el cual cumplirá las funciones com­prendidas en la delegación a través de sus diferentes divisiones, secciones, grupos o en­tidades adscritas".

CONSIDERACIONES

La Corte no encuentra oposición entre el artículo 135 de la ley fundamental y el artículo 4º acusado, por el cual se definen las Superintendencias, como "organismos adscritos a un Ministerio", para que "cum­plan algunas de las funciones que corres­ponden al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y las que la ley les asigna".

En efecto, la delegación de funciones del Presidente contemplada en el artículo cons­titucional citado comprende dos operacio­nes: 1ª. La ley señala las funciones que el Presidente, de manera general o en casos especiales, puede delegar, funciones que se hallan enumeradas sin limitación taxativa en el artículo 120 de la Constitución y en los demás textos, constitucionales o lega­les, que lo complementan; y 2ª La delega­ción, en armonía con la materia o materias señaladas en la ley, se perfecciona por me­dio de reglamento ejecutivo, o sea, "según lo disponga el Presidente".

Ahora bien, ejercida la facultad de de­legar, cuando ello se hace en cabeza de alguno de los Ministros del Despacho, éste puede cumplirla directamente, o por medio de sus dependencias, entre las cuales se en­cuentran las Superintendencias de que tra­ta el artículo 4º acusado, el cual, como se ve, en vez de violar el artículo 135 de la Carta puede, al contrario, contribuir a dar­le operancia.

Ni se olvide, como sí lo recuerda el Pro­curador, que la natural vinculación de las Superintendencias contempladas en el ar­tículo 4º acusado respecto de los Ministe­rios a los cuales se adscriban; resalta si se tiene en cuenta que los actos que ellas lle­garen a dictar estarían sujetos, de acuerdo con las reglas generales sobre vía guberna­tiva, al recurso de apelación ante el res­pectivo Ministro, "quien, en esta forma, anota el Procurador, actúa como inmediato superior jerárquico del Superintendente". Es el Ministro quien, en definitiva, ha de di­rigir, encauzar y ejercer, a través de una Superintendencia, y cuando así lo estime conveniente, la delegación que le pueda conferir el Presidente.

Por último, y ello relieva que el artículo 4º acusado es constitucional, hay que te­ner presente que dicha disposición fue dic­tada oportunamente, en concordancia con precisas facultades extraordinarias confe­ridas al Presidente por la Ley 65 de 1967, y que es propio de la ley, y por ende, de un decreto-ley, "determinar la estructura de la administración nacional", de acuerdo con el numeral 9º del artículo 76 de la Constitu­ción. Por medio del artículo acusado no se hace sino establecer e indicar un organis­mo integrante de "la estructura de la ad­ministración nacional", con lo cual se atien­de estrictamente a la letra y al espíritu de la disposición constitucional citada. El ar­tículo 4º únicamente determina un elemen­to constitutivo de la "estructura de la ad­ministración nacional", cuya efectiva ins­titución y competencia quedan dependien­tes de reglamentación ulterior.

Por ningún aspecto se halla vicio de inconstitucionalidad en el asunto que se resuelve.

RESOLUCION

Con arreglo a lo expuesto, la Corte Su­prema de Justicia en pleno, en ejercicio de la competencia que le atribuye el artículo 214 de la Constitución, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procura­dor General de la Nación,

Resuelve

Es exequible el artículo 4º del Decreto-ley 1050 del 5 de julio de 1968, "por el cual se dictan normas generales para la reorgani­zación y el funcionamiento de la Adminis­tración Nacional".

Publíquese, notifíquese, cópiese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económi­co, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

J. Crótatas Londoño, José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Samuel Barrientos Restrepo, Juan Benavides Patrón, Er­nesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, Jo­sé Gabriel de la Vega, Gustavo Fajardo Pinzón, Jorge Gaviria Salazar, César Gómez Estrada, Ed­mundo Harker Puyana, Enrique López de la Pa­va, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Simón Mon­tero Torres, Antonio Moreno Mosquera, Efrén Osejo Peña, Guillermo Ospina Fernández, Carlos Peláez Trujillo, Julio Roncallo Acosta, Luis Sar­miento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hernán Toro Agudelo, Luis Carlos Zambrano.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General