300Corte SupremaCorte Suprema30030010474Eustorgio Sarria197014/12/1970Eustorgio Sarria_1970_14/12/197030010474ESTUDIOS DE DERECHO Elementos que caracterizan a las facultades extraordinarias. - La exigencia de títulos de idoneidad y la regulación del ejercicio de las profesiones: Son dos competencias legislativas establecidas por el artículo 39 de la Constitución. - Inexequibilidad de los artículos 16,17, 21, 22 y 23 del Decreto-ley 970 de 1970. El artículo 39, inciso primero, comprende dos competencias legislativas: una, exigir título de idoneidad, y otra, regular el ejer­cicio de las profesiones. a) En cuanto a la facultad constitucional de exigir títulos de idoneidad, esta conlleva la de definirlos, clasificarlos y señalarles su importancia y valor legal. En otras palabras: es la ley la que debe cumplir estas dos actividades, bien directamente, bien in­directamente a través de precisas autoriza­ciones extraordinarias del Congreso al Pre­sidente de la República. Ningún otro acto jurídico emanado del ejercicio del poder público puede realizar esta función que toca nada menos que con la libertad humana y los derechos que de ella se desprenden. b) Mas, una cosa es que el título profe­sional sea o represente la culminación de los estudios universitarios, y otra, bien dis­tinta, el valor legal de ese título y la habilitación que se le dé para el ejercicio de la respectiva profesión. Lo primero es cuestión académica, en armonía con los niveles cien­tíficos del caso: lo segundo es problema de orden legislativo que corresponde al órgano encargado de esta función. c) Tratándose de la abogacía, además, el artículo 40 de la Carta dispone que "sólo podrán ser inscritos como abogados los que tengan título profesional". Este precepto se acordó como reacción a normas de leyes an­teriores que permitían el ejercicio de la abo­gacía inclusive a quienes sólo hubieran ter­minado estudios de derecho; y sería fraude al mandato superior que so pretexto de am­plia interpretación se recayera en la misma situación que se quiso eliminar. Como se dijo, el artículo 39 de la Consti­tución también prevé la potestad legal para reglamentar el ejercicio de las profesiones. Del texto y del espíritu del precepto, por este extremo, se infiere que sólo se trata del ejercicio , lo cual supone ya la previa capa­cidad profesional en las personas, es decir que la actividad permitida a la ley, en este caso, tiene ese límite, sin que le sea posible adentrarse en la valoración de los sistemas técnicos puestos en práctica con anteriori­dad y que desembocan en la declaración expresa de la actitud científica, o sea en la calificación o habilitación del título corres­pondiente. La reglamentación del ejercicio profesio­nal persigue fines de seguridad social, de acatamiento de las previsiones morales y de preservación de la salud pública. Y respecto de la abogacía, debe encaminarse a hacer de ella un servicio que se traduzca en el acato indeficiente del orden jurídico, base insustituible del Estado. En el fondo, la facultad del artículo 39, inciso primero, encuentra justificación a través de los ar­tículos 16, que establece deberes sociales a cargo de los particulares y del Estado, y del 30 que consagra la preeminencia del in­terés público o de la comunidad frente al particular del individuo. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., catorce de diciembre de mil novecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria). I - PETICION 1970
Jorge Cardozo IsazaControl constitucionalidad de los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto extraordinario Nº 970 de 1970, "por el cual se promueve la Reforma de los estudios de Derecho".Identificadores30030010475true83390Versión original30010475Identificadores

Norma demandada:  Control constitucionalidad de los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto extraordinario Nº 970 de 1970, "por el cual se promueve la Reforma de los estudios de Derecho".


ESTUDIOS DE DERECHO

Elementos que caracterizan a las facultades extraordinarias. - La exigencia de títulos de idoneidad y la regulación del ejercicio de las profesiones: Son dos competencias legislativas establecidas por el artículo 39 de la Constitución. - Inexequibilidad de los artículos 16,17, 21, 22 y 23 del Decreto-ley 970 de 1970.

El artículo 39, inciso primero, comprende dos competencias legislativas: una, exigir título de idoneidad, y otra, regular el ejer­cicio de las profesiones.

a) En cuanto a la facultad constitucional de exigir títulos de idoneidad, esta conlleva la de definirlos, clasificarlos y señalarles su importancia y valor legal. En otras palabras: es la ley la que debe cumplir estas dos actividades, bien directamente, bien in­directamente a través de precisas autoriza­ciones extraordinarias del Congreso al Pre­sidente de la República. Ningún otro acto jurídico emanado del ejercicio del poder público puede realizar esta función que toca nada menos que con la libertad humana y los derechos que de ella se desprenden.

b) Mas, una cosa es que el título profe­sional sea o represente la culminación de los estudios universitarios, y otra, bien dis­tinta, el valor legal de ese título y la habilitación que se le dé para el ejercicio de la respectiva profesión. Lo primero es cuestión académica, en armonía con los niveles cien­tíficos del caso: lo segundo es problema de orden legislativo que corresponde al órgano encargado de esta función.

c) Tratándose de la abogacía, además, el artículo 40 de la Carta dispone que "sólo podrán ser inscritos como abogados los que tengan título profesional". Este precepto se acordó como reacción a normas de leyes an­teriores que permitían el ejercicio de la abo­gacía inclusive a quienes sólo hubieran ter­minado estudios de derecho; y sería fraude al mandato superior que so pretexto de am­plia interpretación se recayera en la misma situación que se quiso eliminar.

Como se dijo, el artículo 39 de la Consti­tución también prevé la potestad legal para reglamentar el ejercicio de las profesiones.

Del texto y del espíritu del precepto, por este extremo, se infiere que sólo se trata del ejercicio, lo cual supone ya la previa capa­cidad profesional en las personas, es decir que la actividad permitida a la ley, en este caso, tiene ese límite, sin que le sea posible adentrarse en la valoración de los sistemas técnicos puestos en práctica con anteriori­dad y que desembocan en la declaración expresa de la actitud científica, o sea en la calificación o habilitación del título corres­pondiente.

La reglamentación del ejercicio profesio­nal persigue fines de seguridad social, de acatamiento de las previsiones morales y de preservación de la salud pública. Y respecto de la abogacía, debe encaminarse a hacer de ella un servicio que se traduzca en el acato indeficiente del orden jurídico, base insustituible del Estado. En el fondo, la facultad del artículo 39, inciso primero, encuentra justificación a través de los ar­tículos 16, que establece deberes sociales a cargo de los particulares y del Estado, y del 30 que consagra la preeminencia del in­terés público o de la comunidad frente al particular del individuo.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogotá, D. E., catorce de diciembre de mil novecientos setenta.

(Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa­rria).

I - PETICION

El ciudadano Jorge Cardozo Isaza, solicita de la Corte, en ejercicio de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Consti­tución, se declare la inexequibilidad de los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto ex­traordinario Nº 970 de 1970, "por el cual se promueve la Reforma de los estudios de Derecho".

II - DISPOSICIONES ACUSADAS

El texto de las disposiciones acusadas es el siguiente:

Decreto Nº 970 de 1970

(Junio 18)

Por el cual se promueve la Reforma de los estudios de Derecho.

El Presidente de la República de Colom­bia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968 y atendido el concepto de la Comisión Ase­sora establecida en ella,

Decreta

…………………………………………………………………………………………

Artículo 16. Terminada la carrera de De­recho, aprobados los cursos reglamentarios y satisfechos los requisitos establecidos por la respectiva entidad docente, se discernirá el título profesional de abogado.

Artículo 17. En todos los casos en que la Constitución o la Ley exijan la calidad de abogado titulado para el desempeño de una función pública o para el ejercicio de la pro­fesión, tal requisito se considerará satisfe­cho, sin reservas, con el título de abogado.

Artículo 21. Quienes inicien estudios de derecho con posterioridad a la vigencia de esta ordenación, recibirán el título de abo­gado luego de cursar y aprobar todas las materias del respectivo plan de estudios, y el grado de doctor, una vez que, concluida la carrera, aprueben exámenes de aptitud académica y científica o prosigan cursos de especialización e investigación, y presenten tesis, de conformidad con las pautas que trace el Reglamento.

Artículo 22. Quienes actualmente adelan­tan estudios de derecho, recibirán el título de abogado a la terminación de éstos. Para obtener el grado de doctor, podrán, a su elección, acogerse al régimen de exámenes preparatorios, tesis y examen de grado, has­ta ahora vigente, u optar por el sistema de tesis precedida de exámenes o de cursos, es­tablecido en el artículo anterior.

Artículo 23. Quienes al entrar en vigencia esta ordenación hayan concluido estudios de derecho, recibirán el título de abogado, cuando demuestren que con posterioridad a la conclusión de la carrera, durante tres de los cinco últimos años, o sin solución de con­tinuidad en los dos últimos, han desempe­ñado funciones judiciales o del ministerio público o actividades predominantemente jurídicas en cargos públicos o privados, y han observado conducta irreprochable.

Para obtener el grado de doctor, podrán, a su elección, acogerse al régimen de exáme­nes preparatorios, tesis y examen de grado, hasta ahora vigente, u optar por el sistema de tesis precedida de exámenes o de cursos establecidos en el artículo 21.

III - TEXTOS CONSTITUCIONALES QUE SE DICEN VIOLADOS Y RAZONES DE LA ACUSACION

1. El actor señala como infringidos los artículos 17, 30, 76 numeral 12 y 118 nume­ral 8º de la Constitución.

2. Respecto de las razones de la violación, expone textualmente:

"a) En líneas generales puede decirse que derecho adquirido es todo "bien jurídico creado por un hecho capaz de producirlo según la ley entonces vigente, y que, de acuerdo con los preceptos de la misma ley entró en el patrimonio del titular".

"Es evidente que los actuales profesiona­les del derecho han adquirido un bien jurídico que consiste en el título de idoneidad de que habla el artículo 39 de la Constitu­ción Nacional, y que debe ser respetado ese derecho en primer término por el Estado, siempre que tales profesionales de la aboga­cía cumplan estrictamente con los preceptos que regulan el ejercicio de su profesión.

"Todos los profesionales que hemos cum­plido con los preceptos que reglamentan el del idioma quiere decir plan de estudios que comprende la totalidad de la enseñanza que debe darse, de las pruebas que han de exi­girse y de los requisitos universitarios que obligan a quienes aspiran a que una uni­versidad debidamente facultada para ello les certifique (título) su idoneidad. El buen uso del idioma, la tradición universitaria, la lógica cultural consagran el antedicho con­tenido del vocablo pénsum, que sin ser cas­tellano está incorporado al hábito de habla de las personas cultas que se comunican en aquel idioma. No sería de recibo, de acuerdo con tal uso y con dicha tradición, y con el buen juicio, excluir del pénsum, por ejem­plo, las pruebas finales llamadas prepara­torias, como tampoco excluir del contenido de esa palabra las regulaciones académicas acerca de los distintos certificados o títulos que correspondan a los diversos planes de estudios.

"Es oportuno anotar, además, que no es fundado afirmar, como lo hace el actor, que la Ley 16 no confiere facultades "para crear títulos de idoneidad diferentes a los contemplados en la Constitución", porque ésta se limita a exigir título profesional para ser inscrito como abogado o la calidad de abo­gado titulado para ejercer la abogacía y desempeñar ciertos empleos, sin hacer pre­cisiones sobre las características de los títu­los y de los requisitos exigibles, ni reducir aquéllos a uno solo o a determinada cate­goría.

"No encuentro, pues, extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias, ni de consiguiente, violación del artículo 76 numeral 12, en relación con el 118, ordinal 8º de la Constitución".

V - CONSIDERACIONES

Primera

1. Para dictar el Decreto Nº 970 de 1970, el Presidente de la República invoca las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968.

Por tanto, conforme al artículo 214 de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la demanda de inexequibilidad propuesta.

2. El artículo 76, ordinal 12, de la Cons­titución, en armonía con el artículo 118, ordinal 8º, prevé el caso de que el Presidente de la República asuma transitoriamente el ejercicio de la función legislativa dictando decretos extraordinarios.

La ley de facultades debe señalar con precisión la materia objeto de las mismas y el tiempo de ejercicio. Y el Presidente de­be ceñir éste a esos dos términos, pues, en caso contrario, se configura un exceso en dicho ejercicio, con la consecuencia forzosa de hacer inexequible la norma respectiva.

3. De acuerdo con el ordinal 12 del ar­tículo 76 -ha dicho la Corte- dos elemen­tos caracterizan las facultades: la tempora­lidad y la precisión. El primero hace referencia a un lapso cierto; el segundo a una materia determinada. El Presidente de la República -agrega- debe obrar dentro de estos límites, en el entendimiento de que, además de ellos, están o existen los que la misma Constitución señala al Congreso, al cual sustituye en el ejercicio de la función legislativa (Sala Plena, Sentencias de 8 de mayo y 11 de agosto de 1969 y posteriores).

4. Los decretos que el Presidente profiere en ejercicio de las facultades extraordinarias, que en armonía, con el artículo 76, or­dinal 12, le otorga al Congreso, tienen el valor de leyes comunes u ordinarias: son de carácter permanente; por medio de ellos se pueden modificar, abrogar o sustituir las leyes anteriores. Y requieren para su validez la firma del Presidente de la República y la del Ministro o Jefe del Departamento Admi­nistrativo del ramo.

Segunda

1. Según el régimen constitucional colom­biano, que configura Estado de derecho mo­derno, la libertad de trabajo se desarrolla en tres campos delimitados, pero armónicos y complementarios, a saber:

a) El de la interdependencia humana sig­nada por la obligación social del trabajo y su especial protección por el Estado (ar­tículo 17);

b) El de la libertad individual, de la cual emana el derecho a escoger profesión u oficio, con las limitaciones que establezca la ley (artículo 39);

c) El de la intervención estatal, por man­dato de la ley, para dar pleno empleo al trabajador (artículo 32).

2. El artículo 39 de la Constitución, en sus dos primeros incisos, dispone:

"Artículo 39. (A. L. de 1936, Art. 15): To­da persona es libre de escoger profesión u oficio. La Ley puede exigir títulos de idonei­dad y reglamentar el ejercicio de las profe­siones.

"Las autoridades inspeccionarán las pro­fesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas".

En sentencia de 5 de agosto del año en curso, al respecto, la Corte dijo:

Los incisos primero y segundo adoptan tres normas fundamentales sobre la materia, que son derrota para el legislador y el encargado de valorar, interpretar y aplicar la Ley:

a) Libertad de escoger profesión u oficio;

b) Facultad del legislador de exigir, por medio de ley, títulos de idoneidad y de reglamentar el ejercicio de las profesiones;

c) Deber de las autoridades de inspeccio­nar, además de las profesiones, los oficios, en lo que respecta con la moral, la seguri­dad y la salubridad públicas, adoptando los reglamentos adecuados a ese fin.

La reglamentación y la idoneidad de los títulos miran a las profesiones; los oficios son objeto, únicamente, de inspección; y ambas constituyen una limitación al principio general de la libertad.

La reglamentación de las profesiones constituye un imperativo de la seguridad social y una garantía de los derechos hu­manos. Con este criterio se ha legislado en todos los países: "Para el ejercicio de algu­nas profesiones las instituciones de los estados civilizados exigen la prueba de idonei­dad por medio de títulos universitarios o académicos (subraya la Corte). Tales son las de abogado, médico, cirujano, dentista, farmaceuta y comadrón".

La reglamentación se refiere a las profe­siones de tipo universitario o académico que exigen estudios regulares, controlados, que culminan con el respectivo título de idonei­dad.

3. Esta doctrina la mantiene en vigor la Corte, y la adiciona así:

El artículo 39, inciso primero, comprende dos competencias legislativas: una, exigir títulos de idoneidad, y otra, regular el ejer­cicio de las profesiones.

a) En cuanto a la facultad constitucional de exigir títulos de idoneidad, ésta conlleva la de definirlos, clasificarlos y señalarles su importancia y valor legal. En otras pala­bras: es la Ley la que debe cumplir estas dos actividades, bien directamente, bien in­directamente a través de precisas autoriza­ciones extraordinarias del Congreso al Pre­sidente de la República. Ningún otro acto jurídico emanado del ejercicio del poder pú­blico puede realizar esta función que toca nada menos que con la libertad humana y los derechos que de ella se desprenden.

b) Más, una cosa es que el título profe­sional sea o represente la culminación de los estudios universitarios, y otra, bien dis­tinta, el valor legal de ese título y la habilitación que se le dé para el ejercicio de la respectiva profesión. Lo primero es cuestión académica, en armonía con los niveles cien­tíficos del caso; lo segundo es problema de orden legislativo que corresponde al órgano encargado de esta función.

c) Tratándose de la abogacía, además, el artículo 40 de la Carta dispone que "sólo po­drán ser inscritos como abogados los que tengan título profesional". Este precepto se acordó como reacción a normas de leyes an­teriores que permitían el ejercicio de la abo­gacía inclusive a quienes sólo hubieran ter­minado estudios de derecho; y sería fraude al mandato superior que so pretexto de am­plia interpretación se recayera en la misma situación que se quiso eliminar.

Tercera

1. Como se dijo, el artículo 39 de la Cons­titución también prevé la potestad legal para reglamentar el ejercicio de las profe­siones.

2. Del texto y del espíritu del precepto, por este extremo, se infiere que sólo se trata del ejercicio, lo cual supone ya la previa ejercicio de la abogacía somos acreedores a que se nos ampare y proteja no sólo el tí­tulo de idoneidad que nos fue exigido en su oportunidad, sino también las condicio­nes generales que en su momento determi­naron un nivel académico para obtenerlo.

"Al consagrar el artículo 23 del Decreto 970 la posibilidad de que pueda ser obtenido el título de abogado por quienes hayan con­cluido estudios de derecho sin el lleno de los requisitos académicos que los demás pro­fesionales de la abogacía tuvimos que cum­plir en un momento determinado, se nos Coloca en situación que vulnera ese derecho adquirido que se traduce en el título de idoneidad exigido por la misma ley, me­diante el cumplimiento de tales requisitos, pues se permite a quienes no cumplieron con ellos con antelación a la promulgación de la ley demandada, quedar en igualdad académica con quienes sí cumplieron, lo cual, en el mercado general del trabajo de­merita apreciablemente las calidades de quienes antes de ser promulgado el decreto habían obtenido su título de idoneidad.

"Lo mismo puede decirse de las demás disposiciones demandadas.

"b) No protege el Estado el trabajo cuan­do equipara a un mismo nivel dentro del ejercicio de una profesión a quienes han ob­tenido el título de idoneidad con el lleno de los requisitos que dentro de la misma ley demandada el Estado considera como sufi­cientes para obtener un más alto nivel, con quienes, también en la misma ley, señala con igual aptitud pero con inferiores requi­sitos para obtenerla".

"Y además no protege el trabajo el Esta­do cuando, no dice en la ley si quienes obtuvimos el título de idoneidad con antela­ción a la promulgación de la ley pasamos a ser doctores en derecho por haber obte­nido dicho título con el lleno de los mismos requisitos exigidos por ella para obtener ese título o si por el contrario continuamos sien­do abogados a pesar de haber cumplido con tales requisitos, equiparándosenos en esa forma a quienes simplemente terminen estu­dios de derecho y a quienes habiéndolos ter­minado hubiesen desempeñado funciones judiciales o del ministerio público o activi­dades predominantemente jurídicas en car­gos públicos o privados.

"Posiblemente debe interpretarse la ley en el sentido de que quienes obtuvimos el título de abogados continuamos siendo abo­gados simplemente, pues de lo contrario no podríamos ejercer la profesión, por prohibi­ción expresa del artículo 40 de la Constitu­ción Nacional, el cual no contempla el caso de los doctores en derecho.

"Y si tal es, al parecer, la única interpre­tación que admite la ley, es muy claro que se nos está igualando en el ejercicio profe­sional con quienes sólo tendrán necesidad de cumplir muchos menos requisitos que los llenados por quienes hasta ahora hemos sido inscritos como abogados titulados, lo cual, ciertamente, no constituye una pro­tección al trabajo y antes bien es una situa­ción que vulnera los derechos adquiridos que se desprenden de la obtención de un título de idoneidad que en la nueva ley se equipara por los requisitos que en ella se establecen al de doctor, pero que en la prác­tica resulta no serlo.

"c) Finalmente cabe anotar que posible­mente se violaron los artículos 76 numeral: 12 y 118 numeral 8º de la Carta, si se tiene en cuenta que las facultades conferidas al Presidente sólo lo fueron para modificar el "pénsum" de los estudios de derecho pero no para crear títulos de idoneidad diferentes a los que la misma Constitución contempla.

IV - CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

1. El Jefe del Ministerio Público, en vista de 12 de agosto de 1970, se opone a las pre­tensiones del actor y concluye:

"Con base en las motivaciones que prece­den, termino conceptuando que son exequi­bles los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del De­creto-ley 970 de 1970, objeto de la demanda en estudio".

2. En relación con los cargos de la deman­da, expone:

"El artículo 39 de la Constitución autori­za a la ley para exigir títulos de idoneidad y reglamentar el ejercicio de las profesiones.

"La Carta no determina los requisitos previos de la obtención de los títulos profesionales, ni el número y la clase de éstos en cada una de las carreras o profesiones; deja, pues, a la ley, la reglamentación de toda la materia.

"Por su parte, la Ley 16 de 1968 confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para dictar un estatuto sobre ejercicio profesional de la abogacía y para promover la reforma del actual pénsum de los estudios del Derecho (numerales 7º y 8º del artículo 20).

"El Decreto-ley parcialmente acusado se expidió dentro del término de las facultades señalado en el artículo 20 de la Ley 16, in­ciso 1º.

"Las normas impugnadas de ese Decreto prevén dos títulos para quienes se dedican a la carrera del Derecho y establecen los requisitos previos para cada uno: el primero, con la denominación de "título profesional de abogado" (artículo 16), y el segundo con la de "doctor en Derecho" (artículo 21, se­gunda parte).

"Es requisito común a ambos -y sufi­ciente para obtener el título de abogado- haber aprobado los cursos reglamentarios, o sea el correspondiente plan de estudios, y, si fuere el caso, cumplir los demás esta­blecidos por la respectiva entidad docente. Para alcanzar el grado de doctor en Derecho se requiere, además, aprobar exámenes de aptitud académica y científica o proseguir cursos de especialización e investigación, y en todo caso presentar tesis.

"Como normas de transición se estable­cen las siguientes:

"a) Quienes a la vigencia del Decreto adelanten estudios de Derecho, recibirán el título de abogado a la terminación de éstos y para obtener el grado de doctor podrán, a su elección, acogerse al régimen de exáme­nes preparatorios, tesis y examen de grado hasta ahora vigente, u optar por el sistema de tesis precedida de exámenes o de cursos (artículo 22);

"b) Quienes a la vigencia del Decreto ha­yan concluido estudios de Derecho, recibirán el título de abogados cuando demues­tren que después de concluir la carrera han desempeñado funciones judiciales o del mi­nisterio público o actividades predominan­temente jurídicas en cargos públicos o pri­vados durante tres de los últimos cinco años, o sin solución de continuidad en los dos últimos y han observado conducta irre­prochable; para obtener el grado de doctor podrán optar por el régimen anteriormente vigente o por el de tesis precedida de exámenes o de cursos (artículo 23).

Finalmente, el artículo 17 dispone que la calidad de abogado titulado exigida en ciertos casos por la Constitución o la Ley es requisito que se considerará satisfecho con el título de abogado, es decir, con el primero de los dos establecidos por el mismo Decreto 970.

"Como puede observarse, tales preceptos encuentran suficiente fundamento en las facultades extraordinarias de que trata la Ley 16 de 1968 en los numerales 7º y 8º de su artículo 20, porque el Decreto 970 des­pués de dar normas generales sobre la ense­ñanza del Derecho y los correspondientes planes de estudio, o pénsum, lógicamente debía establecer como lo hizo, los títulos o grados que, como necesaria culminación de los respectivos planes de estudio y mediante el lleno de los requisitos que se señalaran, habrán de conferirse a fin de habilitar a los interesados para el ejercicio puramente pro­fesional como abogados y para el de fun­ciones públicas que requieren versación en las ciencias jurídicas, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la Ley. El ejercicio de la facultad para "dictar un estatuto sobre ejercicio profesional de la abogacía" bien puede comprender normas sobre títulos o excluirlas; las excluirá cuan­do hay establecido un sólo título de aboga­do, porque entonces el ejercicio de la pro­fesión se estatuye sobre el supuesto de que el profesional posee ese único título que se confiere; deberá incluir normas sobre títu­los, como lo hace el Decreto acusado, cuan­do los planes de estudio (pénsum) existen­tes o los que se establezcan incluyen distin­tos niveles académicos en la formación de profesionales del Derecho, toda vez que la pluralidad de títulos exige por lo menos de­finir con cuál de los obtenibles se tendrá derecho a la inscripción de que trata el ar­tículo 40 de la Carta, sino es que, además, se establece que con el título de un nivel se podrá actuar ante determinadas compe­tencias y con el de otro ante las restantes o ante todas.

"Otro tanto ocurre con el ejercicio de la facultad de "promover la reforma del actual pénsum de los estudios del Derecho": pén­sum es un vocablo que en el uso general capacidad profesional en las personas, es de­cir que la actividad permitida a la ley, en este caso, tiene ese límite, sin que le sea posible adentrarse en la valoración de los sistemas técnicos puestos en práctica con anterioridad y que desembocan en la decla­ración expresa de la actitud científica, o sea en la calificación o habilitación del tí­tulo correspondiente.

3. La reglamentación del ejercicio pro­fesional persigue fines de seguridad so­cial, de acatamiento de las previsiones morales y de preservación de la salud pública. Y respecto de la abogacía, de­be encaminarse a hacer de ella un servi­cio que se traduzca en el acato indeficiente del orden jurídico, base insustituible del Estado. En el fondo, la facultad del artículo 39, inciso primero, encuentra justificación a través de los artículos 16, que establece de­beres sociales a cargo de los particulares y del Estado, y del 30 que consagra la pree­minencia del interés público o de la comunidad frente al particular del individuo.

4. Se trata, pues, de una restricción a la libertad personal, y por tanto, ella debe ser expresamente consagrada y definida por la ley. No se puede deducir de un mandato general.

Cuarta

La autorización del ordinal 7º del artícu­lo 20 de la Ley 16 de 1968, está concebida en los siguientes términos: "Dictar un esta­tuto sobre ejercicio profesional (subraya la Corte) de la abogacía, faltas de ética, sancio­nes y procedimientos, y para crear o señalar las entidades competentes para imponerlos".

Es claro el mandato y su ámbito de acción preciso e inconfundible: regular el ejercicio de una profesión, bajo el supuesto de que exista, para ello, el título de idoneidad res­pectivo, del cual no se ocupa esta Ley. Lo cumplió el Gobierno al expedir el Decreto extraordinario Nº 320 de 3 de marzo de 1970, cuyo preámbulo dice: "Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio (subraya la Corte) de la abogacía.

No aparece del ordinal 7º del artículo 20 de la Ley 16 de 1968 facultad distinta a la de regular dicho ejercicio profesional, y por ello no cabe extender sus precisas autoriza­ciones a la supuesta de crear una o varias categorías de abogados y sus correspondien­tes títulos.

Quinta

1. Tampoco del ordinal 8º del citado ar­tículo puede derivarse facultad alguna para establecer esas nuevas categorías y títulos. En efecto, sus precisas disposiciones exclu­yen cualquier materia distinta a la que trae su texto, que es el siguiente: "Promover la reforma del actual pénsum de los estudios de Derecho con el objeto (subraya la Corte) de auspiciar la formación especializada de jueces, fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público, o crear una escuela es­pecial de formación y adiestramiento tanto para dichos funcionarios como para el personal subalterno, o determinar las entidades que deban hacerlo, vinculando la especialización obtenida por los jueces con los sis­temas de ingreso a la Carrera Judicial: fun­dar y organizar escuelas e institutos de investigación criminal para la formación y preparación de investigadores, detectives, oficiales, agentes de policía judicial; perso­nal penitenciario y demás auxiliares cien­tíficos y técnicos de la justicia penal".

2. Los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 cons­tituyen una unidad jurídica; y comprenden una materia extraña a la indicada en el preámbulo del Decreto Nº 970 de 1970, del cual hacen parte; o sea la promoción de "la reforma de los estudios de Derecho". Y tampoco encajan dentro de las autorizacio­nes para "dictar un estatuto sobre ejercicio profesional de la abogacía".

En esta forma, aparece un rebasamiento de dichas autorizaciones, y más propiamen­te, una desviación de poder.

Sexta

En resumen, los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto Nº 970 de 1970, en su conjunto, reglamentan la validez y habilitación legal del título profesional de abogado.

Por tanto, se han violado los artículos 76, ordinal 12, y 118, ordinal 8º de la Constitución.

Séptima

En estas condiciones, no es procedente adelantar en el estudio de los demás cargos de la demanda, o sea la violación de los ar­tículos 17 y 30 de la Carta. Lo expuesto es suficiente para la decisión de inexequibilidad impetrada.

VI - CONCLUSION

Esta no es otra que la inexequibilidad de las normas acusadas, y así habrá de declararlo la Corte.

VII - FALLO

De conformidad con las anteriores consi­deraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Cons­titucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 214 de la Consti­tución Política y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve

Son inexequibles los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto extraordinario Nº 970 de 18 de junio de 1970, "por el cual se pro­mueve la reforma de los estudios de Derecho".

Publíquese, notifíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Judicial, transcríbase al Minis­terio de Justicia y archívese el expediente.

Guillermo Ospina Fernández, Mario Alario Di Filippo, José Enrique Arboleda V., Humberto Ba­rrera D., Ernesto Blanco Cabrera, Juan Benavides Patrón, Ernesto Cediel Angel, José Gabriel de la Vega, José María Esguerra Samper, Miguel Angel García, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, Alejandro Córdoba Medina, Jo­sé Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Al­fonso Peláez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo A., Luis Sarmiento B., Eustorgio Sarria, Hernán Vélez Londoño, José María Velasco G.

Heriberto Caycedo Méndez, Secretario General.

SALVAMENTO DE VOTO

De los Magistrados Guillermo Ospina Fer­nández, Ernesto Cediel Angel, Mario Alario Di Filippo, Germán Giraldo Zuluaga, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Enrique Ro­mero Soto, José María Velasco Guerrero, José Eduardo Gnecco C., Juan Benavides Patrón, José Gabriel de la Vega.

Por las razones que aquí se exponen los suscritos Magistrados disienten respetuosa­mente del fallo de la Corte, por el cual se declaran inexequibles los artículos 16, 17, 21, 22 y 23 del Decreto-ley 970 de 1970.

1. A términos del artículo 120, numeral 13 de la Constitución corresponde al Presidente de la República, como suprema auto­ridad administrativa, dirigir, reglamentar e inspeccionar la instrucción .pública nacio­nal. Es, pues del resorte privativo de la Ra­ma Ejecutiva, y para ello no requiere auto­rización legal alguna, reglamentar la edu­cación que impartan los planteles públicos y privados, en todos los niveles y grados, y así señalar los programas de estudio que se deban desarrollar, fijar su intensidad, esta­blecer los exámenes y pruebas que hayan de rendir los educandos y los requisitos de los títulos o certificaciones académicas destina­dos a acreditar el cumplimiento de las regla­mentaciones oficiales, como los de bachiller, normalista, médico, jurisperito, así como también puede el Gobierno clasificar los tí­tulos de esta índole en categorías diversas dentro de cada rama o cada nivel académico, estableciendo v. gr., el bachiller en ciencias, el de bachiller en humanidades, el de maes­tro, el de doctor, etc. Desde luego, se insiste, en el bien entendido de que el cumplimiento de estas actividades se circunscriba a la es­fera educacional señalada por la Carta.

2. Tiénese, por tanto, que los citados ar­tículos 16, 21, 22 y 23 del Decreto 970 de 1970 se hubieran limitado a ordenar la ex­pedición de un título o certificado académico, cualquiera que fuese su denomina­ción, una vez terminados y aprobados los cursos reglamentarios de la carrera del De­recho, tales disposiciones encontrarían su fundamento en la propia Constitución y no necesitarían apuntalar su validez en ino­cuas autorizaciones legislativas. Mas ello no es así, porque como bien lo nota el fallo de la Corte, los preceptos antes relacionados, en conjunción con el artículo 17 del mismo Decreto, forman una sola proposición jurí­dica y se enderezan, no ya exclusivamente a reglamentar la expedición de un título académico, sino a dotar a éste de virtuali­dad habilitante para el desempeño de cier­tas funciones públicas y para el ejercicio profesional de la abogacía, aspecto éste que no encuentra asidero en la atribución pre­sidencial otorgada por el artículo 120 de la Constitución, como tampoco la encontraría en la autorización contenida en el ordinal 8º del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, que se refiere a la promoción de la reforma del actual pénsum de los estudios de derecho, con el objeto de auspiciar la formación espe­cializada de los jueces ,y funcionarios del Ministerio Público. Dicha autorización cla­ramente no comprende la facultad de crear títulos habilitantes para el desempeño de los aludidos cargos ni para el ejercicio de la abogacía.

3. Así despejadas las dudas que pudieran suscitarse y que efectivamente surgieron y fueron ampliamente examinadas en la dis­cusión del fallo acerca de si las normas acu­sadas podían basarse o no en el precepto constitucional o en la autorización legal úl­timamente mencionados, es el caso de con­frontar dichas normas con los artículos 39 y 62 de la Carta, y con la autorización al Gobierno contenida en el ordinal 7º del ar­tículo 20 de la citada Ley 16.

El primero de dichos textos constitucio­nales, que corresponde al 15 del Acto legislativo de 1936, posterior en el tiempo al numeral 13 del artículo 120 ibídem, a vuelta de reiterar la libertad individual en la escogencia de profesión u oficio, faculta a la ley para "exigir títulos de idoneidad y regla­mentar el ejercicio de las profesiones".

Sin entrar en el examen de los anteceden­tes de estos preceptos supralegales, basta observar que su claro tenor literal indica que la facultad del Gobierno para regla­mentar la educación no conlleva la de dotar a los títulos académicos de validez para el ejercicio de las profesiones respectivas, ya que esta atribución está reservada al legis­lador, probablemente, según lo insinúa el fallo, porque el constituyente juzgó mejor protegidos por dicho legislador la libertad al trabajo y el interés general vinculado a ciertas actividades profesionales.

Bien puede ocurrir entonces, según lo re­gistra nuestra historia, que el legislador esté de acuerdo con la formación impartida bajo la dirección, reglamentación y vigilancia del Gobierno y que así acepte como idóneos para el ejercicio profesional los títulos aca­démicos respectivos. Pero, también puede suceder que aquél no se conforme con dicha formación y que así exija, como también ha ocurrido entre nosotros, a más del título universitario, otros requisitos adicionales, v. gr. el de acreditar ciertas prácticas: el internado hospitalario y la medicatura ru­ral, o el desempeño de la judicatura muni­cipal. En fin, tampoco escapa a la atribu­ción legislativa el decidir, según lo hacen las disposiciones declaradas inexequibles, que la terminación y aprobación de los cur­sos universitarios en cierta carrera o profe­sión constituyen título habilitante para el ejercicio de la misma, en toda su plenitud o en algunos de sus niveles.

4. El fallo de la Corte ofrece una interpre­tación del citado artículo 39 de la Constitu­ción, conforme a la cual las facultades que éste le confiere al legislador para exigir tí­tulos de idoneidad y para reglamentar el ejercicio de las profesiones se referirían a dos actividades completamente distintas y no involucradas entre sí, cuando lo evidente es que la sola exigencia de títulos de idonei­dad ya implica de suyo una reglamentación del ejercicio profesional, puesto que equiva­le, de una parte, a autorizar dicho ejercicio a quienes tengan esos títulos y, de otra, a excluir a quienes carezcan de ellos. Además, es claro que una reglamentación integral del ejercicio de una profesión íntimamente vinculada al interés general, como lo es la abogacía que cumple la función social de colaborar en la preservación del orden jurí­dico y en la recta y cumplida administra­ción de justicia, necesariamente debe com­prender los requisitos de idoneidad cientí­fica, técnica y moral de los profesionales. De suerte que si el comentado texto constitu­cional pone énfasis particular en la exigen­cia de títulos de idoneidad, ello obedece úni­camente al propósito de dejar en claro que el legislador, en aras del interés público, puede llegar en su reglamentación del ejer­cicio de las profesiones hasta empunto de restringir la libertad individual al trabajo, excluyendo de aquéllas a quienes carezcan de los títulos habilitantes que él estime ne­cesarios.

5. Identifica también el fallo de la Corte, quizás por haber limitado su perspectiva a la situación existente al tiempo de dictarse las normas acusadas, los grados o títulos académicos reconocidos por el Gobierno con los que puede exigir la ley para autorizar el ejercicio de las respectivas profesiones. Así expresa: "Del texto y del espíritu del precepto, por este extremo, se infiere que se trata del ejercicio, lo cual supone ya la previa capacidad profesional en las perso­nas, es decir que la actividad permitida a la ley, en este caso, tiene ese límite, sin que le sea posible adentrarse en la valoración de los sistemas técnicos puestos en práctica con anterioridad y que desembocan en la declaración expresa de la aptitud científi­ca, o sea en la calificación o habilitación del título correspondiente".

Salta a la vista que esta interpretación restringe la potestad legislativa en la mate­ria, comoquiera que la subordina de un todo a la calificación por parte del Gobierno acerca de si la educación impartida bajo su dirección es adecuada a los requerimientos sociales tocantes con el ejercicio de las acti­vidades profesionales. Esta concepción que los suscritos no comparten hace írrita la fa­cultad constitucional conferida al legisla­dor, y, además, pugna con la participación que éste también tiene, según lo ha decla­rado la Corte, para intervenir en la educa­ción pública, trazando directrices o derro­teros generales "en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cul­tura y la mejor formación intelectual, mo­ral y física de los educandos" (Const. Art 41).

6. En suma: por las razones hasta aquí expuestas, estiman los suscritos Magistrados que la facultad atribuida al legislador para reglamentar el ejercicio de las profe­siones implica la determinación de los títu­los habilitantes para el efecto; que el énfa­sis del artículo 39 de la Constitución a este respecto sólo obedece a la gravedad que, frente a la libertad individual al trabajo, apareja una reglamentación legislativa que excluya a quienes carezcan de comprobada idoneidad; que dicha facultad de exigencia no está subordinada a los grados o títulos que otorguen los planteles docentes, en for­ma tal que la calificación de ellos por el Gobierno obligue al legislador, y que, den­tro de la preceptiva del numeral 12 del ar­tículo 76 de la Constitución, éste último puede ejercer directamente la atribución del artículo 39 ibídem o autorizar a aquél para que lo haga en su lugar.

7. El Congreso, al autorizar al Gobierno, mediante el ordinal 7º del artículo 20 de la Ley 16 de 1968 para "dictar un estatuto sobre el ejercicio profesional de la abogacía", señaló con toda precisión la materia objeto de la actividad legislativa autorizada, a lo que se agrega que la facultad así atri­buida al Ejecutivo todavía está en vigencia por no haber expirado el plazo señalado por dicha Ley, lo que conduce a que no sea de recibo la idea de que la cuestionada auto­rización se hubiera agotado con la expedi­ción del Decreto 320 de 1970. Por consi­guiente, los artículos 16, 21, 22 y 23, así como también el 17, en cuanto éste reza: "En todos los casos en que la Constitución o la ley exijan la calidad de abogado titu­lado... para el ejercicio de la profesión, tal requisito se considerará satisfecho, sin re­servas, con el título de abogado", no entra­ña desviación de poder por parte del Go­bierno.

8. Por el contrario, consideran los suscri­tos que el citado artículo 17 sí es inexequible en cuanto habilita el título de abogado que crean los artículos 16, 21, 22 y 23 para el desempeño de funciones públicas. A tér­minos del artículo 62 de la Carta, ésta es otra atribución propia del legislador: "La ley determinará…las calidades y antece­dentes necesarios para el desempeño de cier­tos empleos, en los casos no previstos por la Constitución". Y es evidente que las au­toridades invocadas por el Gobierno no com­prenden esta materia.