Sentencia de 1970

300Corte SupremaCorte Suprema30030010352Luis Sarmiento Buitrago197017/08/1970Luis Sarmiento Buitrago_1970_17/08/197030010352PERIODOS DE MAGISTRADOS DE TRIBUNAL SUPERIOR, DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS CORRESPONDIENTES FISCALES Es exequible el art�culo 7� del Decreto ley 900 de 1969, en la parte acusada. "Si el constituyente de 1945 se�al� el pe�r�odo de los Magistrados de la Corte Suprema, de los Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y Mu�nicipales (art�culos 60 y 61) y a�n de los Tribunales Administrativos (art�culo 43) sin se�alar la fecha de iniciaci�n de tales pe�r�odos, y si ratific� en el art�culo 64 la ga�rant�a de estabilidad al afirmar que los Magistrados y los Jueces no podr�n ser sus�pendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que de�termine la ley, debe deducirse que la pre�termisi�n, voluntaria o involuntaria, en el se�alamiento de per�odo de Magistrados de Tribunal, corresponde subsanarla al Legis�lador para que esa garant�a de estabilidad tambi�n los cobije. Declarada la permanencia en los cargos para los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso, en los t�rminos de la Re�forma Plebiscitaria/y subsistente el per�odo constitucional para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, con excepci�n de los Magistrados de Tribunal Superior que omi�ti� el mismo Constituyente, la ley debe pro�teger la permanencia en los cargos de estos funcionarios para garantizar la independen�cia en el cumplimiento de sus funciones. Y si la ley puede fijar el per�odo de los Magistrados de Tribunal con mayor raz�n la iniciaci�n del mismo porque no se en�tiende un per�odo sin fecha en que deba co�menzar. Si puede se�alar lo principal que es el per�odo, con mayor raz�n lo accesorio que es la iniciaci�n". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. Bogot�, D. E., agosto diecisite <sic> de mil no�vecientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmien�to Buitrago). 1970

Norma demandada: �Control constitucionalidad Del art�culo 7� del Decreto n�mero 900 de 1969 (mayo 31).

PERIODOS DE MAGISTRADOS DE TRIBUNAL SUPERIOR, DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO Y DE LOS CORRESPONDIENTES FISCALES

Es exequible el art�culo 7� del Decreto ley 900 de 1969, en la parte acusada.

"Si el constituyente de 1945 se�al� el pe�r�odo de los Magistrados de la Corte Suprema, de los Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y Mu�nicipales (art�culos 60 y 61) y a�n de los Tribunales Administrativos (art�culo 43) sin se�alar la fecha de iniciaci�n de tales pe�r�odos, y si ratific� en el art�culo 64 la ga�rant�a de estabilidad al afirmar que los Magistrados y los Jueces no podr�n ser sus�pendidos en el ejercicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que de�termine la ley, debe deducirse que la pre�termisi�n, voluntaria o involuntaria, en el se�alamiento de per�odo de Magistrados de Tribunal, corresponde subsanarla al Legis�lador para que esa garant�a de estabilidad tambi�n los cobije.

Declarada la permanencia en los cargos para los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado mientras observen buena conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso, en los t�rminos de la Re�forma Plebiscitaria/y subsistente el per�odo constitucional para los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, con excepci�n de los Magistrados de Tribunal Superior que omi�ti� el mismo Constituyente, la ley debe pro�teger la permanencia en los cargos de estos funcionarios para garantizar la independen�cia en el cumplimiento de sus funciones.

Y si la ley puede fijar el per�odo de los Magistrados de Tribunal con mayor raz�n la iniciaci�n del mismo porque no se en�tiende un per�odo sin fecha en que deba co�menzar. Si puede se�alar lo principal que es el per�odo, con mayor raz�n lo accesorio que es la iniciaci�n".

El ciudadano Agust�n G�mez Torres, en ejercicio de la acci�n que consagra el art�cu�lo 214 de la Constituci�n Pol�tica, pide a la Corte Suprema de Justicia declarar inexequible el art�culo 7� del Decreto n�mero 900 de 1969 (mayo 31).

"Por el cual se establece la Divisi�n Terri�torial Judicial del pa�s, se determinan los Despachos Judiciales con los funcionarios y empleados que les corresponden, se fija fe�cha de iniciaci�n de per�odos de Magistrados de Tribunal, Fiscales y Jueces, y se dictan normas para el tr�nsito de legislaci�n.

El Presidente de la Rep�blica de Colom�bia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorg� el art�culo 20 de la Ley 16 de 1968 y atendiendo el concepto de la Comisi�n Asesora establecida por el ar�t�culo 21 de la misma ley,

Art�culo 7�. Los per�odos de los Magistra�dos de Tribunal Superior de Distrito Judicial, de Tribunal Administrativo y de los correspondientes Fiscales, comenzar�n a cantarse a partir del d�a 1� de agosto de 1969; y los per�odos de los Jueces Superio�res, de sus correspondientes Fiscales y de los Jueces de Menores, de Circuito y Mu�nicipales comenzar�n a correr el d�a 1� de septiembre del mismo a�o".

El actor, aunque inicialmente encamina su demanda contra la totalidad del texto transcrito, la limita en la siguiente forma:

"A todo lo anterior conviene agregar, aun cuando no es objeto de esta demanda, que tampoco el Legislador facult� al Ejecutivo para establecer los per�odos de los Jueces Superiores, de sus correspondientes Fiscales y de los Jueces de Menores, de Circuito y Municipales, los cuales est�n establecidos por medio de la Ley 28 (sic) de 1958".

Por consiguiente la demanda se contrae a la parte que dice: "Los per�odos de los Ma�gistrados de Tribunal Superior, de Tribunal Administrativo y de los correspondientes Fiscales, comenzar�n a contarse a partir del d�a 1� de agosto de 1969...".

B) NORMAS CONSTITUCIONALES QUE EL ACTOR CONSIDERA INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

"La norma constitucional transcrita aun�que figure como Disposici�n transitoria, sin embargo se encuentra vigente, porque en primer lugar, el Constituyente no le puso tope final a su vigencia y en segundo lugar porque no ha sido derogada expresamente por �l".

"El art�culo 7� del Decreto 900 de 1969 quebranta la disposici�n constitucional en comento ya que el Presidente de la Rep�bli�ca modific� la fecha de iniciaci�n de los pe�r�odos de los Magistrados los cuales estaban establecidos por el Constituyente. Para ello precisaba de una previa enmienda consti�tucional al tenor de lo dispuesto en el ar�t�culo 218 de la Carta. No puede el Ejecutivo modificar una norma de car�cter fundamen�tal por medio de un Decreto-ley pues rom�pe la jerarqu�a del ordenamiento jur�dico".

"... por medio del art�culo 7� del Decreto 900 de 1969 el Presidente de la Rep�blica traspas� las pautas o l�mites que se le es�tablecieron por medio de la ley de faculta�des. En efecto, por medio del art�culo 20 de dicha ley no se autoriz� al Ejecutivo pa�ra modificar el per�odo de los Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, de Tribunal Administrativo y de los correspondientes Fiscales".

"... como el se�or Presidente de la Rep��blica no estaba facultado por el �rgano Le�gislativo para establecer las fechas de ini�ciaci�n de los per�odos de los Magistrados de Tribunal Superior de Distrito Judicial, de Tribunal Administrativo y de los corres�pondientes Fiscales, y lo hizo por medio del art�culo 7� del Decreto 900 de 1969, en for�ma indiscutible aparece que invadi� el cam�po propio del Legislador y por lo mismo quebrant� el art�culo 55 de nuestra Carta fundamental".

En relaci�n a cada una de las normas de la Constituci�n citadas antes, se expresa as� este funcionario:

1) "El inciso 1� del art�culo A. empieza expresando que, como en seguida lo indica, se�ala las fechas iniciales 'de los pr�ximos per�odos' de funcionarios y corporaciones lo que permite entender que se refiere �nica�mente, para cada funcionario o entidad de los que menciona, al primer per�odo o sea al inmediatamente siguiente a la fecha de vi�gencia del mismo Acto legislativo, interpretaci�n que parece confirmarse por haberse incluido en las Disposiciones Transitorias de esa Reforma Constitucional".

"Surtido el efecto obligatorio del se�ala�miento de fecha realizado por la Constituci�n, qued� la ley en posibilidad de fijar otra en cualquier tiempo para per�odos sub�siguientes, pues se produjo un desplaza�miento de competencia en tal sentido, que s�lo termina cuando la propia Constituci�n as� lo disponga".

2) "... mediante los Decretos 900, 901 y 902 del 31 de mayo de 1969, rehizo la divi�si�n territorial judicial, con supresi�n de despachos judiciales y creaci�n de otros, dict� normas para la designaci�n de fun�cionarios y empleados y modific� parcialmente y adicion� las anteriores sobre carrera judicial, adem�s, tom� medidas sobre tr�nsito de legislaci�n y ejecuci�n y funcionamiento de la nueva organizaci�n judicial, consecuencia y complemento obligado de las reformas introducidas".

"Como una de tales medidas puede ser considerada la consignada en la norma acusada, en cuanto se�al� fecha para la iniciaci�n de los per�odos de Magistrados de Tribunales y de los correspondientes Fiscales (art�culo 7� del precitado Decreto 900 de 1969), consecuencia necesaria de la finalizaci�n de los per�odos prolongados y de la correlativa cesaci�n de la interinidad".

3) "Tampoco se infringi�, en consecuen�cia, el art�culo 55 de la misma Constituci�n, porque la expedici�n de normas como la acusada no es privativa del Congreso y a su adopci�n por el Ejecutivo precedi� el re�quisito de la ley de facultades extraordina�rias. As�, el Presidente de la Rep�blica ad�quiri� para el caso la competencia constitu�cional propia prevista en el citado art�culo 118 y no invadi� la correspondiente al �r�gano legislativo del Estado ni entre los dos hubo confusi�n de funciones".

Primera. El art�culo 160 de la Constituci�n consagra la estabilidad en los cargos de la rama jurisdiccional y la seguridad de que sus sueldos no pueden ser suprimidos ni disminuidos; estas dos garant�as son la mejor protecci�n para la independencia en el ejercicio de sus funciones y para la eficiencia en la prestaci�n de este servicio p�blico.

Segunda. Limitada esta demanda a la fi�jaci�n legal de iniciaci�n de los per�odos de Magistrados de Tribunales Superiores de Distrito, de Tribunales Administrativos y de los correspondientes Fiscales, lo que direc�tamente ata�e a la estabilidad que la Cons�tituci�n concede a estos funcionarios en sus cargos, es preciso buscar en los anteceden�tes lo que el Constituyente ha determinado para cada uno de los casos en estudio.

El art�culo 155 de la Constituci�n de 1886 dispuso que "Son comunes a los Magistra�dos de los Tribunales Superiores las dispo�siciones del art�culo 147". Este art�culo es�tablec�a: "El empleo de Magistrado de la Corte Suprema ser� vitalicio, a menos que ocurra el caso de destituci�n por mala con�ducta".

El car�cter vitalicio de los Magistrados de la Corte y de los Tribunales Superiores fue determinado por el Acto reformatorio N� 1 de 1905, cuyo art�culo 1� estatuy�: "El per�odo de los Magistrados de la Corte Su�prema de Justicia ser� de cinco a�os y de cuatro el de los Magistrados de los Tribu�nales Superiores de Distrito Judicial".

Y el art�culo 2� del mismo Acto es de este tenor: "El primer per�odo de los Magistra�dos de la Corte Suprema de Justicia empe�zar� a correr el d�a 1� de mayo del presente a�o, y el de los Magistrados de los Tribuna�les Superiores de Distrito el 1� de junio del mismo a�o".

Posteriormente el Acto legislativo N� 3 de 1910 en su art�culo 36 reiter� lo estatuido en el art�culo 1� del Acto reformatorio de 1905, pero modific� la fecha de iniciaci�n del per�odo de los Magistrados de Tribunal Superior unific�ndola con la de los Magis�trados de la Corte Suprema; en las Dispo�siciones Transitorias el art�culo A) dijo:

"Las fechas iniciales de los pr�ximos pe�r�odos de las Corporaciones y funcionarios de que trata la Constituci�n y el presente Acto reformatorio de ella ser�n las siguientes:

Finalmente el Acto legislativo N� 1 de 1945 en su art�culo 49 estableci�: "El per�odo de los Magistrados de la Corte Supre�ma de Justicia ser� de cinco a�os, y podr�n ser reelegidos indefinidamente".

Y el art�culo g) de las "Disposiciones Transitorias" del mismo Acto legislativo de�rog� expresamente unos art�culos de la Constituci�n, sustituy� otros o reform� los que fueran contrarios a tal Acto.

Como el art�culo 49 de este Acto legisla�tivo expresamente sustituy� el 36 del Cons�tituyente de 1910, que correspond�a al 143 de la Carta, es l�gico deducir que los Ma�gistrados de Tribunal Superior quedaron sin per�odo constitucional y en consecuencia, la fijaci�n de dicho per�odo, y el de su ini�ciaci�n corresponden a la ley, como una regulaci�n del servicio y una garant�a de estabilidad en el cargo, sin perjuicio de que sea la misma Constituci�n la que haga tal cosa.

A lo anterior se agrega que el Constitu�yente de 1905 se limit� a fijar la iniciaci�n de: "El primer per�odo de los Magistrados de Tribunales el 1� de junio del mismo a�o"; y el de 1910 expresamente se�al� en las "Disposiciones Transitorias" como iniciaci�n del pr�ximo per�odo de los mismos Magistra�dos el 1� de mayo de 1911.

Si el Constituyente de 1945 se�al� el pe�r�odo de los Magistrados de la Corte Suprema, de los Jueces Superiores, de Circuito, de Menores, de Instrucci�n Criminal y Muni�cipales (art�culos 60 y 61) y a�n de los Tri�bunales Administrativos (art�culo 43) sin se�alar la fecha de tales per�odos, y si ra�tific� en el art�culo 64 la garant�a de esta�bilidad al afirmar que los Magistrados y los Jueces no podr�n ser suspendidos en el ejer�cicio de sus destinos sino en los casos y con las formalidades que determine la ley, debe deducirse que la pretermisi�n, volun�taria o involuntaria, en el se�alamiento de per�odo de Magistrados de Tribunal, corres�ponde subsanarla al Legislador para que esa garant�a de estabilidad tambi�n los co�bije.

Declarada la permanencia en los cargos para los Magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado mientras observen buen� conducta y no hayan llegado a edad de retiro forzoso, en los t�rminos de la Re�forma Plebiscitaria, y subsistente el per�o�do constitucional para los funcionarios de la rama jurisdiccional, con excepci�n de los Magistrados de Tribunal Superior que omi�ti� el mismo Constituyente, la ley debe pro�teger la permanencia en los cargos de estos funcionarios para garantizar la independen�cia en el cumplimiento de sus funciones.

Y si la ley puede fijar el per�odo de los Magistrados de Tribunal con mayor raz�n la iniciaci�n del mismo porque no se en�tiende un per�odo sin fecha en que deba comenzar. Si puede se�alar lo principal que es el per�odo, con mayor raz�n lo accesorio que es la iniciaci�n.

Consecuente con este criterio el Decreto legislativo 275 de 1954 dijo que el per�odo de Magistrado de Tribunales Superiores se�r�a de cuatro a�os que empezar�a a contarse el primero de febrero del mismo a�o.

Posteriormente la Ley 21 de 1958 se�al� el mismo per�odo de 4 a�os para tales funcionarios y se�al� como fecha de iniciaci�n el primero de mayo.

La Ley 10 de 1967 aplaz� la designaci�n en propiedad de los funcionarios judiciales y del Ministerio P�blico para el per�odo' subsiguiente, creando una interinidad ampliada luego con las facultades de la Ley' 16 de 1968 por medio del Decreto 456 del mismo a�o, hasta el t�rmino de las mismas; facultades o hasta que entrase en vigencia la nueva organizaci�n judicial.

El Decreto 900 de 1969 termin� tal inte�rinidad con el se�alamiento de fecha de iniciaci�n de los per�odos se�alados por la ley para los Magistrados de los Tribunales Superiores y por la Constituci�n para los otros funcionarios judiciales.

El art�culo 42 del Acto legislativo N� 3 de 1910 dispuso: "La ley establecer� la jurisdicci�n Contencioso-Administrativa".

Con fundamento en esta autorizaci�n fue expedida la Ley 130 de 1913 "sobre la ju�risdicci�n de lo Contencioso-Administrativo". El per�odo de estos Magistrados fue de tres a�os contados desde el 1� de marzo si�guiente a su elecci�n. (Art�culos 26 y 112 Ib.).

A su vez la Ley 167 de 1941 (C�digo de lo Contencioso-Administrativo) en su art�culo 15 estableci�: "Los Magistrados de los Tribunales Administrativos ser�n tres (3) elegidos por el Consejo de Estado para un per�odo de dos a�os que empieza el primero de septiembre".

Estos Tribunales, por tanto, fueron en un principio de creaci�n legal y solamente el art�culo 43 del Acto legislativo N� 1 de 1945 los invisti� de categor�a constitucio�nal. La norma citada dijo que el per�odo de tales Magistrados ser�a de dos a�os, pero no se�al� fecha para su iniciaci�n, quedando vigente el se�alamiento legal del primero de septiembre.

La Ley 21 de 1958 modific� la fecha de iniciaci�n de estos per�odos, cambi�ndola por el 1� de mayo de 1959 (art�culo 4�).

El Constituyente de 1968 al referirse a estos Tribunales (art�culo 49 A. L. N� 1 de 1968) dijo: "Las calidades, las asignaciones y el per�odo de sus miembros ser�n los se��alados para Magistrados de Tribunales Su�periores".

Sobra al respecto otro comentario para concluir que los Magistrados de Tribunal Administrativo tienen un per�odo unificado con el de los Magistrados de Tribunal Superior, lo que precisamente consagr� el ar�t�culo 1� del Decreto 900 de 1969.

La Constituci�n de 1886 y el Acto legis�lativo N� 1 de 1945 se refieren especialmen�te a los Fiscales de Tribunal Superior, la primera para crearlos y el segundo para fi�jar el per�odo de duraci�n de cuatro a�os; pero en ninguna parte se determina la fe�cha de iniciaci�n de tales per�odos.

En cambio la ley, desde la 149 de 1888 so�bre R�gimen Pol�tico y Municipal se�al� el per�odo de estos funcionarios en tres a�os que empez� el 1� de marzo de 1887 (art�cu�lo 314); luego la 4� de 1913, se�al� un pe�r�odo de dos a�os y fij� para su iniciaci�n el 1� de julio de 1913 (art�culo 277).

Finalmente la 105 de 1931 "sobre organi�zaci�n judicial" ratific� lo anterior, disponiendo que todo lo relativo a nombramiento, per�odo, licencias y modo de reemplazar a los Agentes del Ministerio P�blico se rige por el C�digo de R�gimen Pol�tico y Muni�cipal (art�culo 162).

Se concluye, por consiguiente, que al se��alar la Constituci�n la duraci�n del per�odo de estos funcionarios, sin determinar la fecha de iniciaci�n, defiri� a la ley este se�alamiento como siempre lo ven�a ha�ciendo; y que lo estatuido al respecto por el art�culo 1� del Decreto 900 de 1969 no viola ning�n precepto constitucional, ya que la ley puede ser modificada por la ley.

En desarrollo del Acto legislativo N� 3 de 1910 que orden� establecer la jurisdic�ci�n de lo Contencioso-Administrativo, se expidi� la Ley 130 de 1913, cuyo art�culo 44 dispuso que las funciones del Agente del Ministerio P�blico se ejercen "ante los Tri�bunales Administrativos Seccionales por el respectivo Fiscal del Tribunal del Distrito Judicial".

Esta normaci�n reiterada por el Decreto legislativo N� 136 de 1932 y posteriormente por la Ley 167 de 1941 que organiz� la ju�risdicci�n Contencioso-Administrativa (ar�t�culo 20).

El Decreto extraordinario 2898 de 1953 con fuerza de ley por la n�mero 141 de 1961 cre� Fiscales propios para los Tribunales Administrativos, con per�odos de dos a�os pero sin determinar fecha de iniciaci�n de los mismos.

El Decreto 1727 de 1964 cre� Fiscales Es�peciales para los Tribunales Administrativos de Medell�n, Cali y Manizales; y el 2508 de 1968 cre� una nueva Fiscal�a para el Tribu�nal de Bogot�, pero estos decretos tambi�n guardaron silencio en cuanto a iniciaci�n de per�odos.

Bien puede entonces la ley fijar no sola�mente el per�odo de estos Fiscales, sino la iniciaci�n del mismo para acomodar su ejer�cicio a una nueva organizaci�n jurisdiccio�nal.

Los Magistrados de Tribunales Superio�res no tienen per�odo constitucional y por tanto la ley puede y debe fijarlo y se�alar su iniciaci�n.

Los Magistrados de los Tribunales Admi�nistrativos tienen constitucionalmente el mismo per�odo que la ley fija para los Ma�gistrados de los Tribunales Superiores y tambi�n quedan sujetos a la fijaci�n legal de iniciaci�n. (Art�culo 154 C. N.).

Los Fiscales de Tribunales Superiores tie�nen un per�odo constitucional de cuatro a�os (art�culo 144), pero la ley fija la ini�ciaci�n del mismo.

Los Fiscales de Tribunales Administrativos quedan sujetos en cuanto al per�odo y a su iniciaci�n, a lo que disponga la ley (art�cu�lo 146 inciso 2�).

La Ley 16 de 1968 concedi�, entre otras, las siguientes facultades al Gobierno:

2) "Crear o suprimir Tribunales de Dis�trito Judicial con sus respectivos Fiscales; aumentar o disminuir el n�mero de Ma�gistrados...".

4) "Introducir las reformas necesarias a las disposiciones vigentes a la carrera judicial... para regular la estabilidad en el em�pleo...".

9) "Adoptar todas las medidas conducen�tes a la ejecuci�n y funcionamiento de la nueva organizaci�n judicial.

"En todo caso tal ejecuci�n no se pon�dr� en marcha sino despu�s de haber hecho la nueva distribuci�n territorial judicial que ordena la presente ley".

10) "Ampliar el plazo de interinidad ac�tualmente establecido para Magistrados, Jueces y Fiscales por la Ley 10 de 1967 si ello se hiciere necesario para el funcionamiento racional y ordenado de la nueva or�ganizaci�n judicial".

Con fundamento en estas facultades el Gobierno estableci� la nueva divisi�n territorial judicial del pa�s y determin� los funcionarios correspondientes a cada despacho, se�alando, la fecha de iniciaci�n de los per�odos respectivos seg�n el orden l�gico en que deb�a entrar a funcionar la re�forma y la nueva organizaci�n judicial, co�mo tambi�n la fecha en que deb�an aplicar�se las competencias en los distintos despa�chos judiciales.

Establecida la posibilidad constitucional de se�alar las fechas de iniciaci�n de los per�odos de los funcionarios a que se limita esta demanda y terminada la interinidad por disposici�n igualmente legal, s�lo que�daba dar la estabilidad en los empleos a fin de desarrollar el mandato de la misma ley de facultades y en acatamiento al precep�to constitucional.

La nueva organizaci�n judicial disminuy� el n�mero de Tribunales Superiores y cre� nuevas plazas de Magistrados en algunos de los restantes, con lo cual el n�mero de Fiscales tambi�n se modific�; para implan�tar "el funcionamiento racional y ordenado de la nueva organizaci�n judicial" fue pre�ciso modificar la iniciaci�n de los per�odos.

No hubo por consiguiente violaci�n de los art�culos 76 numeral 12 ni 118 nume�ral 8� de la Carta.

Tampoco podr�a aducirse que se lesion� el art�culo 30 de la Constituci�n en cuanto a posibles derechos adquiridos d� los fun�cionarios ya nombrados, porque la interinidad creada por la ley suprime la estabilidad en el cargo y conlleva la facultad de ser removido el funcionario cuando el superior lo considere conveniente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y, o�do el concepto del Procurador General de la Naci�n,

Es exequible el art�culo 7� del Decreto n�mero 900 de 1969, en la parte acusada.

Publ�quese, c�piese, notif�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial, transcr�base al Mi�nisterio de Justicia y arch�vese el expediente.

Guillermo Ospina Fern�ndez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humber�to Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Patr�n, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel Angel, Edmundo Harker Puyana, Jos� Gabriel de la Ve�ga, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a Barbosa, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Alfonso Pel�ez Ocampo, Gon�zalo Vargas Rubiano (conjuez), Alvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Luis Carlos P�rez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sa�rria, Hern�n Toro Agudelo, Jos� Mar�a Velasco , Guerrero.