300Corte SupremaCorte Suprema30030010201Luis Sarmiento Buitrago197408/08/1974Luis Sarmiento Buitrago_1974_08/08/197430010201ASIGNACIONES DEL PERSONAL DE PLANTELES NACIONALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL La educación es un servicio público. Exequibilidad del parágrafo del artículo 1º y el artículo 5º del Decreto 663 de 1974. Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. - Bo­gotá, D. E., agosto 8 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago ). 1974
Humberto Velásquez GalarzaDemanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el artículo 5º del Decreto 663 de 1974Identificadores30030010202true83113Versión original30010202Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1º y el artículo 5º del Decreto 663 de 1974


ASIGNACIONES DEL PERSONAL DE PLANTELES NACIONALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

La educación es un servicio público. Exequibilidad del parágrafo del artículo 1º y el artículo 5º del Decreto 663 de 1974.

Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena. - Bo­gotá, D. E., agosto 8 de 1974.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago).

El ciudadano Humberto Velásquez Galarza pide la declaratoria de inexequibilidad de las si­guientes disposiciones:

Textos acusados.

"DECRETO NUMERO 663 DE 1974

"(abril 10)

"por el cual se determinan las asignación es del personal de planteles nacionales dependientes del Ministerio de Educación Nacional y se dic­tan otras disposiciones.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades extraordinarias que le confiere la Ley 2ª de 1973, y oída la Junta Con­sultiva creada por la misma Ley,

Decreta:

"Artículo 1º…………………………………………………………………………..

"Parágrafo. Los profesores que sean llamados a ocupar cargos de Rector, Director o Prefecto devengarán durante el período que ejerzan esta actividad el porcentaje señalado en los literales anteriores. El período de ejercicio de esta acti­vidad será de un (1) año, prorrogable según la evaluación que se haga sobre su conducta, ca­pacidad e idoneidad. Cuando esta evaluación no fuere satisfactoria, el profesor regresará a su base docente y continuará percibiendo única­mente la asignación que le corresponde a su ca­tegoría en el Escalafón Nacional. La evaluación será adelantada en cualquier época, por un co­mité que para el efecto designará el Ministerio de Educación Nacional.

"Cuando un profesional con título universita­rio sea llamado a ocupar el cargo de Sector o Director de planteles nacionales de enseñanza media o normalista, tendrá una asignación men­sual fija equivalente a la concurrencia del suel­do básico señalado a la primera categoría del escalafón de enseñanza secundaria, y al treinta por ciento (30%) adicional".

"Artículo 5º. El personal que sea llamado a ocupar cargos de Inspectores Nacionales (super­visores) deberá acreditar como requisito indis­pensable el título de licenciado y su nombra­miento será para períodos de un año contados a partir del 1º de julio del año calendario, al tér­mino del cual el Ministerio de Educación hará la evaluación de su conducta, capacidad e ido­neidad para el ejercicio del cargo. Si la evalua­ción es satisfactoria continuará en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de nueva pose­sión y en caso contrario el Inspector regresará a su base docente y continuará percibiendo úni­camente la asignación que le corresponda a su categoría en el Escalafón Nacional

"Cuando por necesidad del servicio o con el fin de aprovechar su experiencia el Ministerio de Educación decida trasladar a un Inspector a un cargo de Rector o Director en planteles na­cionales, el Inspector podrá optar en devengar entre la asignación fija señalada al cargo de Inspector (Supervisor) o el sueldo correspon­diente a su categoría en el Escalafón Nacional y/o un cuarenta por ciento (40%) adicional mientras ocupa dicho empleo y durante el tiem­po en que lo ejerza".

Encuentra el actor que las normas transcritas infringen los artículos 30, 39, 55, 62, 76, ordina­les 1º, 10 y 12, 118 ordinal 8º, 120 ordinales 3º y 12 y 122 de la Constitución.

Las causas de la violación pueden reducirse a tres:

Exceso en el ejercicio de las facultades, usur­pación de funciones e infracciones procedimentales, hipotéticamente, en la expedición de las normas acusadas.

Sus razones se sintetizan así:

A. Exceso en el ejercicio de las facultades: la ley pertinente, que es la 2ª de 1973, autorizó al Presidente de la República para "revisar la or­ganización administrativa nacional", concreta­mente para "modificar el sistema de clasifica­ción y remuneración de las distintas categorías de empleados de los Ministerios" (art. 1º, nu­meral 3º, inciso 1º). Estas facultades no per­miten expedir las normas acusadas.

Al respecto dice:

"El postular que los empleos de Rectores, Di­rectores y Prefectos solo se ejercerán por un (1) año y el establecer la evaluación del desempeño de las mismas a cargo de un comité, son medi­das que rebasan el marco de las autorizaciones extraordinarias, pues no pueden considerarse ni como clasificatorias (agrupación de empleos) ni como remuneratorias (fijación de asignaciones). Son típicas medidas de reglamentación de una profesión y de régimen disciplinario para legis­lar sobre lo cual no estaba expresamente auto­rizado el Gobierno".

"Igual afirmación cabe formular respecto del artículo 5º que contiene otra medida, la de li­mitar a un (1) año el ejercicio del cargo de Ins­pector v la de someterlo igualmente a evaluación, que no puede entenderse incluida dentro de las facultades de que el Presidente podrá hacer uso".

En esta forma se violan los artículos 76-12 y 118-8 de la Carta.

B. Usurpación de funciones: Porque

"Así las cosas, el Ejecutivo, sin estar auto­rizado, introdujo en el Decreto acusado varia­ciones fundamentales a la legislación vigente so­bre la carrera del profesorado cuya reglamenta­ción compete al Congreso según los artículos 39 y 76, numeral 10 constitucionales; estableció va­riaciones fundamentales en la fijación de cali­dades para el desempeño de los empleos de Rec­tor, Prefecto y Director de colegio al autorizar que otros profesionales quedaban habilitados pa­ra ser llamados, a pesar de que tal función co­rresponde al Congreso según las normas citadas y según el artículo 62 ibídem.

"Igualmente violó el artículo 76, numeral 1º cuando ejerció la atribución conferida al Con­greso para "interpretar, reformar y derogar las leyes preexistentes".

"Al despojar a los Rectores, Directores y Pre­fectos de la estabilidad que en el desempeño de sus cargos les atribuía la legislación vigente, el Gobierno ha violado el artículo 30 de la Consti­tución, pues tales funcionarios tienen ya un de­recho laboral adquirido sobre su ascenso por méritos a una jerarquía superior, y tal derecho ha debido ser respetado por el Ejecutivo que por el contrario no solo no conservó dicha esta­bilidad sino que introdujo el descenso jerárquico que viene a contrariar inequívocamente este pre­cepto constitucional".

Se violan así los artículos 30, 39, 62, 76-1 y 10.

C. Infracción procedimental: en la hipótesis de que la expedición de las normas acusadas no sea de competencia del Congreso, sino propia del Ejecutivo, también hay violación de la Carta porque éste no puede dictar normas de su com­petencia con investidura de decretos extraordi­narios, es decir, de leyes, debiendo hacer uso de decretos reglamentarios o autónomos.

Y agrega:

"Repugna a la técnica jurídica que el Presi­dente invoque facultades extraordinarias para ejercer sus propias funciones. Es claro que la Corte está obligada, como suprema instancia ju­rídica de la Nación, a imponer y hacer respetar las formalidades externas que surgen de los tex­tos constitucionales, pues si ella no lo hace, ¿quién entonces será el llamado a hacerlo ".

Se infringen los artículos 55, 120, 3º, 12 y 122.

El Procurador General se opone a la declara­toria de inexequibilidad pedida.

Consideraciones:

A. Exceso en el ejercicio de las facultades.

Primera.

La ley invocada por el Presidente de la Re­pública (2ª de 1973), dice en su artículo 1º:

"Revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la vigencia de la pre­sente ley, para revisar la organización adminis­trativa nacional y en ejercicio de ella podrá:

"1º…………………………………………………………………………………………

"2º…………………………………………………………………………………………

"3º Modificar el sistema, de clasificación y remuneración de las distintas categorías de em­pleados de los Ministerios, Departamentos Admi­nistrativos, Superintendencias y Establecimientos Públicos".

Por el aspecto de temporalidad el Decreto 663 de 1974, (abril 10), del que hacen parte las normas acusadas, está debidamente expedido por haber entrado a regir la ley de facultades el 13 de abril de 1973, fecha de su promulgación 11). 0. 33828, abril 13 de 1973).

Segunda.

Los artículos 62 y 76-10 de la Carta dan al Congreso la competencia para determinar "las calidades y antecedentes necesarios para el de­sempeño de ciertos empleos, en los casos no pre­vistos por la Constitución" y regular los otros aspectos del servicio público.

Esta competencia puede ser trasladada al Ejecutivo por medio de facultades extraordinarias, como al efecto lo ha sido por la ley mencionado en la forma más amplia, pero sin lesionar la precisión requerida en la Carta; se trata de revisar la organización administrativa nacional, lo que implica poder modificar la legislación preexis­tente y crear normas nuevas, función pertinente a la órbita legislativa del Poder Público.

Tercera.

La instrucción o educación pública es un ser­vicio público porque se encamina, a la satisfac­ción permanente de una necesidad de carácter general; su regulación en lo que se refiere a las calidades y acceso al servicio, compete al Con­greso, según las normas constitucionales citadas antes.

Mediante esta, facultad de fijar las calidades y antecedentes para el desempeño de los cargos públicos y de dictar las normas correspondien­tes a la Carrera Administrativa, el legislador ha creado la carrera del profesorado de enseñanza primaria y secundaria, contenida en numerosas disposiciones que varían según las exigencias del servicio y que constituyen el llamado Escalafón de Maestros y Profesores, con previsiones rela­tivas al ingreso, clasificación por categorías, re­muneración, estabilidad, ascenso y retiro con las debidas prestaciones sociales.

Sea que las funciones atinentes a los cargos ele Rector, Director, Prefecto o Inspector tengan el carácter de docentes o sean puramente, adminis­trativos, dada su naturaleza el señalamiento de las calidades, antecedentes, requisitos, duración en el cargo, remuneración dentro de determina­da escala y el régimen prestacional, compete al legislador, quien por consiguiente, puede modifi­car el escalafón en sus diversos aspectos sustan­tivos o accesorias, sin límite alguno o exigir nue­vas calidades a los empicados administrativos.

La modificación de una ley por otra no im­plica violación de la Constitución, aunque se ha­ga por la vía de, las facultades extraordinarias (76-1º).

En esta forma no hay violación de los artícu­los 76-12 y 118.

B. Usurpación de funciones.

Las impugnaciones formuladas por el actor en este capítulo tienen también relación con el ex­ceso en el uso de las facultades, al afirmar que el Ejecutivo, sin estar autorizado, introdujo varia­ciones fundamentales a la legislación vigente so­bre la carrera del profesorado, cuya reglamen­tación compete al Congreso, modificando las calidades para el desempeño de los cargos de Rector, Director, Prefecto e Inspector y permi­tir que otros profesionales con grado universi­tario puedan desempeñar tales cargos y que al despojar a tales empleados de la estabilidad que les da el escalafón, se vulnera el artículo 30 de la Carta al desconocer "derechos laborales ad­quiridos".

La facultad de modificar el sistema de clasi­ficación de los empleados que confiere la ley, conlleva expresamente la posibilidad de hacer las variaciones anotadas por el actor. Esta ma­nera de reformar la clasificación del profesora­do es atribución del legislador realizable direc­tamente o por medio de facultades extraordina­rias.

En cuanto a "los derechos laborales adquiri­dos" a que se refiere la demanda, las normas acusadas regulan situaciones jurídicas objetivas e impersonales, que por tanto el legislador pue­de modificar según las conveniencias sociales.

No hay violación de los artículos 30 y 55 de la Carta.

C. Infracción procedimental.

Plantea también el actor la hipótesis de que la modificación del escalafón de maestros y la regulación de los cargos de Rector, Prefecto e Inspector no sea función del legislador, sino me­ramente facultad reglamentaria o autónoma del Presidente para deducir que las normas acusa­das pueden no haber sido expedidas por la ra­ma constitucionalmente competente.

Suscita así el actor la delimitación del ámbito legislativo y administrativo de los artículos 41 y 120-12 de la Constitución, que la jurispruden­cia ha precisado.

Pero en el caso actual se trata de una regula­ción simplemente administrativa que permite la clasificación de empleos docentes lo que se atri­buye, al legislador por el ordinal 9º del artículo 76.

No hay violación de los artículos 55, 76-1º 10 y 120-12 de la Carta.

D. Finalmente aduce el actor.

"Sea el Presidente, o sea el Congreso el com­petente, uno y otro deben acatar el principio ge­neral de respeto a los derechos sociales de los trabajadores consagrados en leyes anteriores, que está postulado en el artículo 122 de la Constitu­ción Política y que, interpretado armónicamente con el 17 ibídem, permite sostener la tesis de que los avances laborales son irreversibles y ad­quieren la calidad de derecho adquirido para sus beneficiarios".

Ante todo debe observarse que, como ya se dijo, las normas acusadas no hacen relación a derechos adquiridos y que por lo mismo la vincu­lación que de ellos se hace al artículo 122 de la Carta es improcedente.

En el estado de emergencia económica o social que regula el artículo 122 de la Carta, debida­mente declarado, puede el Presidente de la Re­pública, con la firma de todos los Ministros "dic­tar decretos con fuerza de ley destinados exclu­sivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión ele sus efectos. Tales decretos sola­mente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que determine el estado de emergencia". Adquiere así constitucionalmente el Jefe de la Rama Eje­cutiva la función legislativa del poder para con­jurar la crisis económica.

El legislador de emergencia tiene, pues, doble límite en su acción, a saber: los decretos le­gislativos deben tender a conjurar la anómala situación económica y no puede desmejorar los derechos sociales que leyes anteriores hayan con­sagrado a los trabajadores.

Estos límites impuestos al legislador de emer­gencia no cobijan al legislador ordinario que tie­ne plena libertad para regular la seguridad so­cial de los trabajadores tanto oficiales como pri­vados.

Lo dicho del legislador ordinario es aplicable al extraordinario, con facultades legales.

No sobra advertir que el artículo 122 de la Carta solo opera en estado de emergencia econó­mica, debidamente declarado, situación jurídica que no tiene referencia al caso que se analiza.

La Corte no encuentra que se hayan infrin­gido las disposiciones constitucionales citadas por el actor, ni ninguna otra del estatuto supre­mo.

Por las consideraciones anteriores la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Son exequibles el parágrafo del artículo 1º y el artículo 5º del Decreto 663 de 1974.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y ar­chívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Presidente.

Mario Alario D' Filippo, Juan Benavides Pa­trón, Humberto Barrera Domínguez, Alejandro Córdoba Medina, Aurelio Camacho Rueda, José Gabriel de la Vega, Ernesto Escallón Vargas, Miguel Angel García B., José María Esguerra Samper, Guillermo González Charry, Jorge Gaviria Salazar, Germán Giralda Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Alvaro Luna Gómez, Hum­berto Murcia; Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Luis Carlos Pérez, Alfonso Peláez Ocam­po, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago y José Mario, Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario.