Sentencia 1005 de 1983

300Corte SupremaCorte Suprema300300101221005Luis Carlos S�chica198317/03/19831005_Luis Carlos S�chica_1983_17/03/198330010122REMUNERACION DE ACUERDO CON EL RANGO MILITAR OBTENIDO Inexequible el art�culo 91, enciso 1� parcialmente y par�grafo 1� letra b); y 92 del Decreto n�mero 612 de 1977. Corte suprema de justicia Sala plena Sentencia n�mero 29. 1983

Adolfo S�nchez Sandovalart�culo 91, inciso 1� (parcialmente) y par�grafo 1� letra b) y 92 del Decreto n�mero 612 de 1977.Identificadores30030010123true83033Versi�n original30010123Identificadores

Norma demandada: �art�culo 91, inciso 1� (parcialmente) y par�grafo 1� letra b) y 92 del Decreto n�mero 612 de 1977.

Inexequible el art�culo 91, enciso 1� parcialmente y par�grafo 1� letra b); y 92 del Decreto n�mero 612 de 1977.

Expediente n�mero 1005 art�culo 91, inciso 1� (parcialmente) y par�grafo 1� letra b); y 92 del Decreto n�mero 612 de 1977.

Bogot�, D,E., diecisiete (17) de marzo de mil novecientos ochenta y tres (1983).

El ciudadano Adolfo S�nchez Sandoval pide que la corte declare inconstitucionales las siguientes disposiciones:

"Remuneraciones especiales�..Las primas y subsidios que les correspondan como militares, con excepci�n de la prima de disponibilidad de que trata el art�culo 80 de este decreto, se liquidaran y pagaran sobre el suelo b�sico del grado y ser�n a cargo del Ministerio de Defensa�."

El par�grafo primero literal b) del art�culo 91 del decreto numero 612 de 1977, que dice:

b) El suelo del respectivo cargo en cuant�a que sumada con las primas anteriores, igual las asignaciones establecidas en las disposiciones vigentes sobre la materia, de tal manera que las primas, bonificaciones y sueldos no sobrepasen las asignaciones correspondientes a los cargos que desempe�an�."

Articulo 92. Prestaciones sociales en situaciones especiales. Las especiales: Las prestaciones sociales de los oficiales y suboficiales que se encuentran en cualquiera de las situaciones especiales a que se refiere el art�culo 85 y 91 de este Decreto, ser�n las correspondientes al grado respectivo y se liquidaran y pagaran sobre la base de los haberes que devengar�an si se encontraran de guarnici�n en la cuidad de Bogot�".

El actor considera violados los art�culos 16, 17, 45, 160, 169, 214, y 215 de la constituci�n.

El primer cargo se concreta en que la ley 60 de 1976 no otorgo facultades al gobierno para recortar "las prestaciones a que tienen derecho las personas que prestan sus servicios a la justicia penal militar y su ministerio p�blico, sean estos oficiales o suboficiales, o al personal t�cnico que tenga remuneraciones especiales, como m�dicos, odont�logos, ingenieros, arquitectos, abogados, etc.�

"Entonces el gobierno sin estar autorizado para ello, extralimito sus funciones, pues tanto a oficiales como a suboficiales que tengan remuneraci�n especiales por ser profesionales, se les castiga con la disminuci�n de sus sueldos b�sicos y fijos no oscilantes, sigui�ndose con esto que el Decreto numero 612 de 1977, es violador de c�nones superiores de derecho, como es la propia Ley 60 de 1976 que no lo autorizo para disminuir la remuneraci�n de estos servidores p�blicos.

Por la misma raz�n, aquellos presuntos prestacionales desconocen la protecci�n que la constituci�n acuerda al trabajo.

Hay violaci�n del art�culo 60 de la constituci�n, por la misma causa, en tanto se desconoce la prohibici�n de disminuir los suelos de magistrados y jueces durante el ejercicio de sus cargos y a la vez del art�culo 169, cuando los profesionales de que se trata est�n investidos de calidad militar, en raz�n de la cual no pueden ser privados de sus grados, honores y pensiones sino en los casos y del modo que determine la ley.

Alega, adem�s, el demandante que se infringe el principio de que "a trabajo igual salario igual" pues los magistrados y fiscales de la justicia penal militar no devengan las mismas asignaciones mensuales que los funcionarios equivalentes de la justicia ordinaria, como lo ha reconocido el tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, juicio numero 79, 2302 (folio 30), seg�n cita que concluye con los siguientes apartes:

"significa lo precedente anotado que con la expedici�n del decreto numero 612 de 1977, el gobierno quebranta abiertamente el art�culo 17 de la constituci�n nacional, el cual prev�, el trabajo es una obligaci�n social y gozara de la especial protecci�n del estado, pues si los principios laborales existentes en todo los �rdenes y ramas del poder p�blico, son los de que las remuneraciones que se perciben por ejercer en empleo p�blico determinado con funciones o atribuciones especiales y con una remuneraci�n tambi�n determinada, es el factor que sirve de elemento para liquidar las prestaciones sociales, no se puede concebir ni aceptar jur�dicamente, sin quebrantar el articulo 17 comentado que solo para los se�ores oficiales o suboficiales de las FF.MM. que han desempe�ado cargos en la rama judicial o en el ministerio p�blico, se les haga esta discriminaci�n odiosa, coloc�ndolos en una situaci�n de desventaja, de inequidad frente a los dem�s servidores p�blicos y en el fondo, desprotegidos por el Estado en sus relaciones de trabajo y espec�ficamente en cuanto ata�e a la contra prestaci�n de sus servicios cu�les son el salario, la asignaci�n de retiro y sus prestaciones sociales a los que pueda tener derecho.

"Si esto es as�, y se encuentra el choque del Decreto n�mero 612 de I977, en cuanto regula situaciones como las aqu� planteadas, es imperioso consecuencialmente inaplicar las referidas normas, como lo ordena el art�culo 215 de la misma Constituci�n y disponer en su lugar que lo aqu� reclamado se haga prescindiendo d� la aplicaci�n de las normas que sirvieron para denegar lo pretendido gubernativamente y en su lugar disponer que se tenga en cuenta para los efectos de liquidar. Tanto la asignaci�n de retiro, como las prestaciones sociales a que tiene derecho el actores v salarios correspondientes a su cargo de Fiscal del Tribunal Superior Militar, �ltimo cargo desempe�ado, dando as� la aplicaci�n del art�culo 1� de! Decreto n�mero 2029 de 1969, el cual consulta la equidad y el derecho.

De esta forma se accede a declarar la excepci�n de inconstitucionalidad formulada por el demandante..."

Por su parte, el Procurador General de la Naci�n emiti� el concepto n�mero, 604 del 1� de diciembre de 1982, en el cual sostiene:

"1. El control de constitucionalidad supone una jerarqu�a normativa, de la cual se deriva que las normas demandadas se confrontan con la Carta Fundamental y como en el presente asunto, con la ley de facultades extraordinarias, mas no con normas de igual jerarqu�a, como lo sugiere el actor, al argumentar que se violan normas de car�cter legal, por ejemplo el Decreto n�mero 2029 de 1969, por lo tanto tales consideraciones resultan improcedentes, y por ende descartables; Y�

2. Se�ala el demandante como infringido el art�culo 16 constitucional nacional, por extralimitaci�n del ejecutivo en el ejercicio de las facultades extraordinarias cuando ha debido invocar al art�culo 118-8 de la constituci�n nacional"

b) Transcribe el art�culo 82 del decreto numero 2337 de 1971, sobre "remuneraciones especiales" en las fuerzas militares, y afirma:

"El Gobierno Nacional con base en las facultades que le confiri� el Congreso, por medio de la Ley 60 de 1976, para se�alar los sueldos, bonificaciones, modificar las normas de la carrera de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, dict� el Decreto n�mero 612 de 1977, cuyos art�culos 91 y 92 (ambos subjudice), son esencialmente similares a las disposiciones atr�s transcritas, como quiera que mantiene el mismo sistema de liquidaci�n y pago de sueldos y prestaciones del personal de las Fuerzas Militares, con base en el sueldo b�sico del grado. De lo cual se infiere que el Presidente de la Rep�blica al dictar tales preceptos, obr� dentro de los l�mites materiales y temporales que le fij� la ley de facultades extraordinarias"

c) De otra parte; el actor considera que las normas impugnadas violan los art�culos 17, 160 y 169 de la Carta Pol�tica; sin embargo, y de conformidad con lo expuesto, no se encuentra que tales preceptos transgredan estos c�nones constitucionales, pues ellos se�alan:

1. Un enunciado de pol�tica constitucional, una orientaci�n al Legislador (Ver sentencia de abril 4 de 1972), mas no consagran, ni de ellos se derivan, principios como el de que a trabajo igual salario igual o sistema alguno de liquidaci�n y pago de sueldos y prestaciones sociales;

2. La prohibici�n de suprimir o disminuir los sueldos de los Magistrados y Jueces que est�n ejerciendo sus cargos, situaci�n que no se presenta en este asunto, y

3. Proh�be privar a los militares de sus grados, honores y pensiones, salvo los casos que determine la ley".

La Corte es competente para conocer de esta demanda, porque se refiere a, disposiciones que hacen parte de un decreto dictado en ejercicio de las facultades que al gobierno otorg� la Ley 60 de 1976 para, en lo pertinente, "... modificar las normas de carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares... y persona) civil del servicio del Ministerio de Defensa". El Decreto 612 de que se trata, fue dictado el 15 de marzo de 1977, dentro del t�rmino de tres meses que se�al� la Ley 60 en menci�n, por lo cual no caben reparos de inconstitucionalidad en este aspecto.

Las regulaciones demandadas, es lo primero que hay que hacer notar, aunque se refieren a oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares en servicio activo colocados en situaciones especiales y, entre ellas, en la prestaci�n de servicios en la justicia (Penal Militar y en su Ministerio P�blico, no tocan con sus prestaciones por concepto de, dichos servicios, sino con las que la ley les asigna en su calidad de militares y, por tanto, en relaci�n espec�fica con la carrera militar. De ah� que no quepa, como lo pretende el demandante asimilar su situaci�n salarial y prestaciones con el r�gimen de los funcionarios civiles que prestan servicios equivalentes en la rama jurisdiccional o en el ministerio publico.

De donde, es lo l�gico, les son aplicables las disposiciones especiales del Estatuto de su carrera y no las del orden judicial ni las del Ministerio P�blico. Y es, por eso que la base para liquidar las prestaciones de que se trata es el sueldo que corresponde al grado militar obtenido y no al del cargo que se desempe�a.

Por tanto, carecen de fundamento los cargos por violaci�n de los art�culos 160 y 169 de la Constituci�n.

Tampoco puede afirmarse que el gobierno excediera las facultades de la Ley 60 de 1976 porque, precisamente, se refer�an a las normas de la carrera militar y, en concreto, al se�alamiento de sueldos, bonificaciones, etc., sin que pudiera incorporar disposiciones extra�as a ese r�gimen, originarias de otras carreras.

17 De lo anterior se desprende que, as� mismo, no hay violaci�n de los art�culos 16 y 17, en cuanto las disposiciones acusadas signifiquen detrimento de los derechos prestacionales del personal de que se trata ni desprotecci�n del trabajo porque se repite, tales preceptos se limitaron a se�alar al dicho personal los mismos derechos que a los dem�s miembros de la carrera militar de igual graduaci�n.

De otra parte, no es procedente el cargo de violaci�n de la Ley 153 de 1887 carece de toda raz�n alegar violaci�n de los art�culos 214 y 215. Adem�s, no se sustent� la violaci�n del art�culo 45 constitucional.

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena con base en estudi� de su Sala Constitucional y o�do el Procurador General de la Naci�n.

Declarar constitucionales la segunda parte del inciso primero del art�culo 91 del. Decreto n�mero 612 de 1977 as� como la letra b) del par�grafo primero del mismo art�culo, y el art�culo 92 de dicho estatuto.

C�piese, publ�quese, comun�quese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.