Sentencia de 1970

300Corte SupremaCorte Suprema30030010060Jos� Gabriel de la Vega197014/05/1970Jos� Gabriel de la Vega_1970_14/05/197030010060ESTADO DE SITIO Exequibilidad del Decreto legislativo 596 de 1970. Prohibici�n de reuniones de car�cter pol�tico, manifestaciones p�blicas, concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales, paros c�vicos y espect�culos p�bli�cos que puedan originar situaciones que afecten o entraben el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. - Conexidad entre las providencias que decrete el Gobierno y las necesidades del orden p�blico turbado. Lo que determina la validez constitucio�nal de los decretos referidos es la relaci�n entre las materias que contengan y la tur�baci�n del orden. Ese cancel encierra la ca�pacidad gubernamental, en punto a decre�tos legislativos dados en estado de sitio. Cuando as� se ordene con m�rito de ley tendr� respaldo constitucional siempre que guarde relaci�n con la tranquilidad p�blica, sea para mantenerla o prevenir su altera�ci�n, sea para restablecerla, y siempre, des�de luego, que no se contrar�en textos de la Carta que deban regir aun en estado de si�tio. El estudio de constitucionalidad que se conf�a a la Corte debe atenerse por lo com�n, previamente y de manera principal, al examen objetivo de la vinculaci�n que exista entre las providencias decretadas por el Gobierno y las necesidades del orden p��blico turbado. Las medidas que adopta el Decreto 596 consisten en prohibiciones usuales en los casos de alteraci�n de la tranquilidad gene�ral y tienen car�cter preventivo: prohibicio�nes en todo el territorio de las reuniones de car�cter pol�tico, de las manifestaciones p��blicas en general, de las concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales, de los paros c�vicos y espect�culos p�blicos que puedan originar situaciones capaces de en�trabar el normal desarrollo de las activida�des ciudadanas. Como los actos enumerados pueden aparecer incompatibles con el estado de sitio, y ser ocasionados a exaltaci�n de �nimos y disturbios, se reconoce que el Go�bierno est� autorizado para prohibirlos de conformidad con el art�culo 121 de la Carta. Por mera actividad policiva el Gobierno po�dr�a disolver las reuniones p�blicas que de�generen en asonada o tumulto, observando los reglamentos que existan al respecto al momento de proceder a la disoluci�n (ar�t�culo 46 C.N.). Si esto resulta factible nor�malmente, con mayor raz�n lo es cuando el pa�s se encuentra en estado de sitio. El Decreto 596, en cuanto se refiere a actos de naturaleza p�blica, se conforma a la Carta pol�tica y no se halla que contrar�e ninguna otra regla constitucional. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bogot�, D. E., mayo catorce de mil nove�cientos setenta. (Magistrado Ponente: Doctor Jos� Gabriel de la Vega). 1970

Norma demandada: �Control constitucionalidad del Decreto legislativo 596 de 1970."por el cual se dictan unas disposiciones tendientes a la preservaci�n del orden p�blico en todo el territorio nacional".

Prohibici�n de reuniones de car�cter pol�tico, manifestaciones p�blicas, concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales, paros c�vicos y espect�culos p�bli�cos que puedan originar situaciones que afecten o entraben el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. - Conexidad entre las providencias que decrete el Gobierno y las necesidades del orden p�blico turbado.

Lo que determina la validez constitucio�nal de los decretos referidos es la relaci�n entre las materias que contengan y la tur�baci�n del orden. Ese cancel encierra la ca�pacidad gubernamental, en punto a decre�tos legislativos dados en estado de sitio. Cuando as� se ordene con m�rito de ley tendr� respaldo constitucional siempre que guarde relaci�n con la tranquilidad p�blica, sea para mantenerla o prevenir su altera�ci�n, sea para restablecerla, y siempre, des�de luego, que no se contrar�en textos de la Carta que deban regir aun en estado de si�tio.

El estudio de constitucionalidad que se conf�a a la Corte debe atenerse por lo com�n, previamente y de manera principal, al examen objetivo de la vinculaci�n que exista entre las providencias decretadas por el Gobierno y las necesidades del orden p��blico turbado.

Las medidas que adopta el Decreto 596 consisten en prohibiciones usuales en los casos de alteraci�n de la tranquilidad gene�ral y tienen car�cter preventivo: prohibicio�nes en todo el territorio de las reuniones de car�cter pol�tico, de las manifestaciones p��blicas en general, de las concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales, de los paros c�vicos y espect�culos p�blicos que puedan originar situaciones capaces de en�trabar el normal desarrollo de las activida�des ciudadanas. Como los actos enumerados pueden aparecer incompatibles con el estado de sitio, y ser ocasionados a exaltaci�n de �nimos y disturbios, se reconoce que el Go�bierno est� autorizado para prohibirlos de conformidad con el art�culo 121 de la Carta. Por mera actividad policiva el Gobierno po�dr�a disolver las reuniones p�blicas que de�generen en asonada o tumulto, observando los reglamentos que existan al respecto al momento de proceder a la disoluci�n (ar�t�culo 46 C.N.). Si esto resulta factible nor�malmente, con mayor raz�n lo es cuando el pa�s se encuentra en estado de sitio. El Decreto 596, en cuanto se refiere a actos de naturaleza p�blica, se conforma a la Carta pol�tica y no se halla que contrar�e ninguna otra regla constitucional.

El Presidente de la Rep�blica ha remiti�do a la Corte, para decidir sobre su constitu�cionalidad, de acuerdo con el par�grafo del art�culo 121 de la Constituci�n, el Decreto 596 del 21 de abril de 1970, "por el cual se dictan unas disposiciones tendientes a la preservaci�n del orden p�blico en todo el territorio nacional".

"Por el cual se dictan unas disposiciones tendientes a la preservaci�n del orden p��blico en todo el territorio nacional".

El Presidente de la Rep�blica de Colom�bia, en uso de las atribuciones que le confiere el art�culo 121 de la Constituci�n Na�cional, y

"Que por Decreto N� 590 de 1970 el Go�bierno Nacional declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territo�rio nacional,

Art�culo 1�. Mientras subsista turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional, quedan prohibidas las reuniones de car�cter pol�tico; las manifes�taciones p�blicas; las concentraciones de car�cter religioso, estudiantil o laboral; los paros c�vicos y los espect�culos p�blicos que puedan originar situaciones que afec�ten o entraben el normal desarrollo de las actividades ciudadanas;

Art�culo 2�. El presente decreto rige desde la fecha de su expedici�n y suspende todas las disposiciones legales que le sean con�trarias.

El decreto transcrito lleva las firmas del Presidente de la Rep�blica y de todos los Ministros.

Durante la fijaci�n en lista del negocio, y con arreglo al art�culo 14 del Decreto 432 de 1969, present� escrito el ciudadano Car�los V. Soto, quien sostiene que el Decreto 596, como todos los expedidos o que se den a consecuencia del estado de sitio que decla�r� el Decreto 590 del a�o en curso, carece de fundamento constitucional, ya que, a su juicio, la declaraci�n aludida fue inmotivada, por no existir conmoci�n interior cuando se hizo, ni despu�s, sino ef�meras expresiones de inconformidad popular, inocuas, y debidas a declaraciones electorales del Ministro de Gobierno.

Por medio del Decreto 590 de 1970, el cual satisface los requisitos esenciales de llevar las firmas del Presidente de la Rep�blica y de todos los Ministros y de haberse expedido previa audiencia del Consejo de Estado, se declar� turbado el orden p�blico y en estado de sitio todo el territorio nacional (art�culos 121 y 141 C. N.).

Merced a esa declaraci�n, el Gobierno, por medio de decretos firmados por el Presidente de la Rep�blica y de todos sus Ministros, dicta mandatos con fuerza legislativa a efectos de conservar o restablecer el orden p�blico (art�culos 118,8� y 121 C. N.).

Lo que determina la validez constitucional de los decretos referidos es la relaci�n entre las materias que contengan y la turbaci�n del orden. Ese cancel encierra la capacidad gubernamental, en punto a decretos legislativos dados en estado de sitio. Cuando as� se ordene con m�rito de ley tendr� respaldo constitucional siempre que guarde relaci�n con la tranquilidad p�blica, sea para mantenerla o prevenir su alteraci�n, sea para restablecerla, y siempre, desde luego, que no se contrar�en textos de la Carta que deban regir aun en estado de sitio.

Las medidas que adopta el Decreto 596 consisten en prohibiciones usuales en los casos de alteraci�n de la tranquilidad general y tienen car�cter preventivo, prohibiciones en todo el territorio de las reuniones de car�cter pol�tico, de las manifestaciones p�blicas en general, de las concentraciones religiosas, estudiantiles o laborales, de los paros c�vicos y espect�culos p�blicos que puedan originar situaciones capaces de entrabar el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Como los actos enumerados "pueden aparecer incompatibles con el estado de sitio, y ser ocasionados a exaltaci�n de �nimos y disturbios, se reconoce que el Go�bierno est� autorizado para prohibirlos de conformidad con el art�culo 121 de la Carta. Por mera actividad policiva el Gobierno po�dr�a disolver las reuniones p�blicas que degeneren en asonada o tumulto, observan�do los reglamentos que existan al respecto, al momento de proceder a la disoluci�n (art�culo 46 C. N.). Si esto resulta factible normalmente, con mayor raz�n lo es cuando el pa�s se encuentra en estado de sitio. El Decreto 596, en cuanto se refiere a actos de naturaleza p�blica, se conforma a la Carta pol�tica y no se halla que contrar�e ninguna otra regla constitucional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en pleno, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competen�cia que le otorgan los art�culos 121 y 214 de la Constituci�n,

Es constitucional el Decreto 596 del 21 de abril de 1970, "por el cual se dictan unas disposiciones tendientes a la preservaci�n del orden p�blico en todo el territorio na�cional".

Publ�quese, notif�quese, c�piese, ins�rtese en la Gaceta Judicial y en el Diario Oficial, comun�quese al Gobierno, por conducto del Ministro de Gobierno, d�se cuenta al Pro�curador General de la Naci�n y arch�vese el expediente.

Guillermo Ospina Fern�ndez, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Hum�berto Barrera Dom�nguez, Juan Benavides Pa�tr�n, Ernesto Blanco Cabrera, Ernesto Cediel An�gel, Jos� Gabriel de la Vega, Miguel Angel Garc�a, Jorge Gaviria Salazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, C�sar G�mez Estrada, Edmundo Harker Puyana, J. Cr�tatas Londo�o, Jos� Mar�a Esguerra Samper, �lvaro Luna G�mez, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Luis Carlos P�rez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Hern�n Toro Agudelo, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.