300Corte SupremaCorte Suprema30030009625José Gabriel de la Vega197721/07/1977José Gabriel de la Vega_1977_21/07/197730009625ACCIONES PÚBLICAS Según la jurisprudencia y la ley, las acciones públicas no pueden ser objeto de desistimiento y deben fallarse una vez cumplidos los trámites correspondientes. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bo­gotá, D. E., 21 de julio de 1977. (Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega ). Aprobada por Acta número 30 de 21 de julio de 1977. 1977
Pedro Nel Rueda UribeControl de constitucionalidad del Decreto No. 409 de 1971 artículos 31 y 34, Código de procedimiento penal, y la Ley No. 14 de 1972 artículo 5, por medio del cual fue adicionada la disposición número 34, Decreto 409 de 1971.Identificadores30030009626true82501Versión original30009626Identificadores

Norma demandada:  Control de constitucionalidad del Decreto No. 409 de 1971 artículos 31 y 34, Código de procedimiento penal, y la Ley No. 14 de 1972 artículo 5, por medio del cual fue adicionada la disposición número 34, Decreto 409 de 1971.


ACCIONES PÚBLICAS

Según la jurisprudencia y la ley, las acciones públicas no pueden ser objeto de desistimiento y deben fallarse una vez cumplidos los trámites correspondientes.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Bo­gotá, D. E., 21 de julio de 1977.

(Magistrado ponente: doctor José Gabriel de la Vega).

Aprobada por Acta número 30 de 21 de julio de 1977.

El ciudadano Pedro Nel Rueda Uribe, en ejer­cicio de la acción que concede el artículo 214 de la Constitución, pide que sean declaradas inexequibles:

"a) El artículo 31 del Decreto número 409 de 1971, del actual Código de Procedimiento Pe­nal, en cuanto otorga facultad de administrar justicia a 'los particulares en calidad de jura­dos';

"b) El artículo 34 del mismo Decreto o Có­digo 3º, de la Ley 16 de 1968', en cuanto exige la 'intervención del jurado' en el conocimiento, por parte de los jueces superiores, de los delitos enumerados en dicho artículo, y

"c) El artículo 5º de la Ley 14 de 1972, por medio del cual fue adicionada la disposición nú­mero 34, Decreto 409 citado".

Tenor de las disposiciones acusadas.

"Decreto número 409 de 1971, artículo 31:

"Quiénes administran justicia penal. La ad­ministración de justicia en el ramo penal se ejerce de manera permanente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Tribunal Superior de Adua­nas, los jueces superiores, los jueces de circuito, de instrucción, municipales, territoriales, de me­nores, penales y promiscuos, y los jueces de Dis­trito Penal Aduanero.

"En casos especiales se ejerce por el Senado, los tribunales militares, algunas autoridades de policía, y aun por los particulares en calidad de jurados, que participan en las funciones judiciales, sin que el ejercicio transitorio de esas funciones ni la participación ocasional en ellas incluya a tales entidades, ni a los empleados que las componen, ni a los citados particulares, en la jerarquía llamada por la Constitución Órgano Judicial".

El artículo 34 del Decreto 409 de 1971, reproducción del 3º de la Ley 16 de 1968, es del siguiente tenor:

"Artículo 34. Competencia de los jueces superiores. Los jueces superiores de distrito judicial conocen en primera instancia con intervención del jurado, de los procesos por los siguientes, delitos:

"1. Contra la existencia y la seguridad del Estado; traición a la patria;

"Delitos que comprometen la paz, la seguri­dad exterior o la dignidad de la Nación;

"De la piratería.

"2. Contra el régimen constitucional y contra la seguridad del Estado:

"De la rebelión;

"De la sedición;

"De la asonada.

"3. Del homicidio, Capítulo I del Título XV del Código Penal.

"Los mismos jueces conocen en primera instancia, sin intervención del jurado:

"1. De los delitos comunes cometidos por los eclesiásticos, sujetándose a las prescripciones de la Ley 34 de 1892;

"

2. De la asociación para delinquir y de la apología del delito;

"3. De los delitos de aborto, duelo, abandono y exposición de niños;

"4. De los delitos contra la fe pública, y

"5. De los delitos señalados en los numerales 1, 2 y 3 de la parte primera de este artículo, cuando el imputado se hallare en las circunstan­cias del artículo 29 del Código Penal".

"El artículo 5º de la Ley 14 de 1972, decía:

"Adiciónase el Decreto número 409 de 1971 'por el cual se introducen reformas al Código de Procedimiento Penal y se codifican todas sus normas' en el Capítulo II..., del Título II, con el siguiente ordinal 6 de la última parte del ar­tículo 34:

"6. Del delito, señalado en el Capítulo III, Título VIII del Libro Segundo del Código Pe­nal".

Nota: El artículo 16 de la Ley 21 de 1973 derogó expresamente los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 14 de 1972.

Razones alegadas.

El actor dice en su libelo:

"No me parece dudoso que el Constituyente, en la disposición número 58 de la Carta señaló taxativamente las entidades que en Colombia pueden administrar la justicia. Conforme a ella, son las siguientes:

"1. En forma propia y permanente:

"a) La Corte Suprema de Justicia;

"b) Los Tribunales Superiores de Distrito, y

"c) Los demás Tribunales y Juzgados que es­tablezca la ley.

"2. En casos especiales u ocasionalmente:

"Solamente el Senado de la República.

"II. Dentro de esa previsión de la Constitu­ción no se encuentra ni puede incluirse a los particulares en calidad de jurados ni al jurado mismo. Y ello porque ni aquéllos ni éste están contemplados en la enumeración de las entidades que administran justicia en forma propia y per­manente, ni en la única excepción o caso particu­lar que previo la Constitución, para el Senado.

"…………………………………………………………………………………………

"III. La excepción abierta por la Constitu­ción a la regla general sobre administradores de la justicia al referirse al Senado es única y excluyente de cualesquiera otras. Fuera de la Cor­te, los Tribunales y Juzgados, que integran el Órgano Judicial, solo el Senado tiene determi­nadas facultades judiciales.

"IV. Si lo que acabo de decir es cierto, como se desprende de la naturaleza de nuestra orga­nización estatal de orden político, es decir, de nuestra estructuración constitucional y del texto mismo de la disposición que he señalado como directamente violada, no cabe duda de que el le­gislador, al darles facultades de administrar jus­ticia a 'los particulares en calidad de jurados', así sea ocasionalmente, excedió los límites que le había fijado la Carta sobre el particular, vio­lando frontalmente el texto y el espíritu del ar­tículo 58.

"V. Nada importa que el artículo 31 del De­creto 409 haya declarado que 'los citados parti­culares están excluidos de la jerarquía llamada por la Constitución órgano judicial', porque a pesar de esa declaración, la ley les dio facultad para administrar justicia y es precisamente de esto y no de su escalafonamiento en la jerarquía de donde sale la inconstitucionalidad.

"VI. Establecida la inconstitucionalidad de las normas que les dan a los jurados o al jurado funciones para administrar justicia y conside­rando que aquellas no tuvieron ni tienen la cali­dad de acto legislativo producido en la forma prevista en el artículo 218 de la Carta, único medio constitucional para reformarla, adicionar­la o excepcionarla, es preciso concluir que las disposiciones acusadas violan, por ese aspecto, el dicho artículo 218".

Concepto del Procurador General de la Nación.

El Jefe del Ministerio Público opina:

"a) Que, en relación con el artículo 5º de la Ley 14 de 1972, no procede decisión de fondo por sustracción de materia; y

"b) Que son exequibles los fragmentos acu­sados de los artículos 31 y 34 del Decreto extra­ordinario 409 de 1971 (Código de Procedimiento Penal)". Esto último, porque a su juicio, el artículo 164 de la Carta, al permitir el funciona­miento de jurados para causas criminales, legi­tima constitucionalmente los artículos deman­dados que versan sobre esta materia.

Consideraciones:

Visto que uno de los artículos demandados, el 15 de la Ley 14 de 1972, fue abolido expresamente por el 16 de la Ley 21 de 1973, no cabe estudiar su corrección constitucional, pues dicha disposi­ción ha dejado de existir.

Resta decidir sobre la exequibilidad de los demás textos acusados por violar el artículo 58 de la Carta, el cual, según el actor, solo permite de manera excluyente, que se administre justicia por la Corte Suprema, los Tribunales Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley y, en determinados casos, por el Senado.

Pero no hay tal. El artículo 164 de la misma compilación, inciso segundo, dice: "La ley podrá instituir jurados para causas criminales", norma de normas que corresponde al artículo 162 de la primera redacción de la Constitución dé 1886 y cuyo número actual (164) proviene de la codi­ficación del año 45. Por lo demás, la existencia del jurado en causas criminales fue instituida en Co­lombia, a veces con carácter permisivo, desde las primeras Constituciones y así mismo por dis­posición legal. Vigente la Constitución del 86, la Ley 57 de 1887, expedida por los mismos Cons­tituyentes, estableció el juicio con intervención de jurados. Y éste se halla reglamentado hoy, en parte por las disposiciones que el demandante impugna sin fundamento, pues gozan de pleno respaldo constitucional, en virtud del inciso se­gundo citado (V. un caso semejante en sentencia de Sala Plena de mayo 29 de 1969, G. J., Tomo CXXXVII, p. 66).

***

Escrito lo anterior, el demandante, en memo­rial del 20 de junio del año en curso, manifiesta a la Corte "que por haber confeccionado y pre­sentado la demanda de la referencia sin consi­deración a lo dispuesto por el parágrafo último del artículo 164 de la Constitución Nacional (69 del Acto legislativo número 1 de 1945), atenta­mente desisto de ella y la retiro del conocimiento de la honorable Corte".

Estudiado el memorial de desistimiento re­ferido se decide mantener la parte resolutiva que pondrá fin a esta sentencia, porque, según la jurisprudencia y la ley, las acciones públicas no pueden ser objeto de desistimiento y deben fa­llarse, una vez cumplidos los trámites corres­pondientes.

Resolución.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en pleno, previo estudio de la Sala Constitucio­nal y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

I. No es el caso de decidir sobre la inexequibilidad del artículo 5º de la Ley 14 de 1972, pues dicha disposición no rige, por haber sido deroga­da por el artículo 16 de la Ley 21 de 1973.

II. Son exequibles los artículos 31 y 34 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 409 de 1971).

Publíquese, cópiese, insértese en la Gaceta Ju­dicial, comuníquese al Gobierno por conducto del Ministro de Justicia y archívese el expediente.

Luis Enrique Romero Soto, Jerónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Botero, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Cór­doba Medina, José Gabriel de la Vega, José María Esquerra Samper, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Pedro Charria Angulo, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Hernando Ro­jas Otálora, Alberto Ospina Botero, Julio Salga­do Vásquez, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holguín, José María Velasco Guerrero.

Alfonso Guarín Ariza

Secretario.