Sentencia de 1972

300Corte SupremaCorte Suprema30030009581Eustorgio Sarria197206/12/1972Eustorgio Sarria_1972_06/12/197230009581CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL La norma contenida en el inciso 2� del art�culo 47 de la ley, es la misma que ahora ha sido involucrada dentro del nuevo C�digo de Procedimiento Penal en su art�culo 663, inciso 2�, cuya exequibilidad ya habr�a sido con anterioridad de�finida por la misma Corte. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena- Bogot�, D. E., 6 de diciembre de 1972. (Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sa�rria). 1972

Mauricio Luna VisbalDemanda de constitucionalidad contra el inciso 2� del art�culo 663 del Decreto extraordinario N� 409 de 1971 (C�digo de Procedimiento Penal).Identificadores30030009582true82462Versi�n original30009582Identificadores

Norma demandada: �Demanda de constitucionalidad contra el inciso 2� del art�culo 663 del Decreto extraordinario N� 409 de 1971 (C�digo de Procedimiento Penal).

La norma contenida en el inciso 2� del art�culo 47 de la ley, es la misma que ahora ha sido involucrada dentro del nuevo C�digo de Procedimiento Penal en su art�culo 663, inciso 2�, cuya exequibilidad ya habr�a sido con anterioridad de�finida por la misma Corte.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena- Bogot�, D. E., 6 de diciembre de 1972.

1. El ciudadano Mauricio Luna Visbal, so�licita de la Corte declare inexequible el inciso 2� del art�culo 663 del Decreto extra�ordinario N� 409 de 1971 (C�digo de Proce�dimiento Penal).

2. Inicialmente, en escrito de 3 de agosto de 1972, el actor hab�a formulado petici�n semejante en relaci�n con el inciso 2�, del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968. Con pos�terioridad, en escrito de 8 de los mismos mes y a�o, aclara su demanda en el sentido de referir la declaratoria de inexequibilidad al inciso 2� del art�culo 663 del Decreto 409 de 1971, "en consideraci�n a haber sido el tex�to del inciso 2� del art�culo 47 de la ley 75 de 1968, reproducido literalmente por el in�ciso 2� del art�culo 663 del Decreto 409 de marzo 27 de 1971".

1. El texto del art�culo 663 del Decreto extraordinario N� 409 de 1971, del cual hace parte la norma objeto de impugnaci�n, es el siguiente:

"Art�culo 663. Tr�mite y Competencia. Los delitos contra la asistencia familiar, de que tratan los art�culos 40 y 41 de la ley citada, se investigar�n y fallar�n por los tr�mites se�alados en este C�digo, y cono�cer�n de ellos, en primera instancia, los jueces municipales de la residencia del ti�tular del derecho al momento de cometerse la infracci�n, y, en segunda, los jueces pe�nales del circuito respectivo. Si el procesado fuere menor de diez y seis a�os la com�petencia corresponde al juez de menores y se aplicar�n las medidas de seguridad de que trata el cap�tulo anterior.

"Si el acusado cumpliere la edad de diez y seis a�os y el proceso no estuviere definido mediante fallo que haya hecho tr�nsito a cosa juzgada, pasar� el expediente al juez penal ordinario de la residencia del titular del derecho.

"Para adelantar la acci�n penal por el delito de inasistencia econ�mica, no es menester previa demanda de alimentos".

2. El texto del art�culo 47, inciso 2�, de la Ley 75 de 1968, es el siguiente:

"por la cual se dictan normas sobre filia�ci�n y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"Si el acusado cumpliere la edad de die�cis�is a�os y el proceso no estuviere definido mediante fallo que haya hecho tr�n�sito a cosa juzgada, pasar� el expediente al Juez Penal ordinario de la residencia del ti�tular del derecho".

III. Textos constitucionales que se dicen violados y razones de la acusaci�n

1. El demandante indica como infringido el art�culo 26 de la Constituci�n, en su inciso 2�, que dice: "En materia criminal la ley permisiva o favorable, auncuando sea posterior, se aplicar� de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

"De cumplirse el inciso segundo del ar�t�culo 663 del Decreto 409 de 1971, C�digo de Procedimiento Penal (texto proveniente del inciso segundo del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968), al obtener durante el proceso el sindicado de tales conductas la mayor�a de edad para efectos penales, el expediente se debe remitir a la juez municipal del lu�gar donde es encuentre fijada la residencia del titular del derecho vulnerado, en cono�cimiento de primera instancia, correspon�diendo el de la segunda al del respectivo circuito en lo penal.

"Este cambio de competencia para el co�nocimiento y decisi�n de las conductas t�picas mencionadas, con sujetos activos de edad inferior a los diecis�is a�os por la �poca de los acontecimientos causantes de la relaci�n jur�dica sustancial pero habien�do alcanzado tal cifra antes del tr�nsito a cosa juzgada de la providencia finalizadora del proceso surtido ante el juez de menores, acarrea tambi�n un cambio de ley sustan�cial aplicable, pues el juez ordinario (mu�nicipal y del circuito en lo penal), aplicar� las disposciones <sic> del C�digo Penal y las complementarias del estatuto represor, ce�rrando as� el paso a las normas del Cap�tulo II, Libro tercero, T�tulo V del Decreto 409 de 1971, C�digo de Procedimiento Penal (textos provenientes de la Ley 83 de 1946, org�nica de la defensa del ni�o).

"Como consecuencia de esta remisi�n del expediente y de su aneja sustituci�n de normas sustanciales, se altera equivocada�mente y con graves perjuicios para el sindicado "el acta de nacimiento" de la rela�ci�n jur�dica sustancial, convirtiendo lo inimputable en imputable, para trasladarlo del campo de las medidas de seguridad de las penas privativas de la libertad y tam�bi�n pecuniarias, pues la Ley 75 de 1968 (hoy Cap�tulo V del T�tulo XIV del Libro II del C�digo Penal en lo pertinente), habla acumulativamente en este aspecto sancionatorio.

"Para deducir n�tidamente la favorabilidad de una u otra norma, es menester realizar una confrontaci�n, a la cual pro�cedemos.

"Dec�a la Ley 83 de 1946, org�nica de la defensa del ni�o, en su art�culo 35, hablando de las medidas susceptibles de adoptarse por el juez de menores, lo siguiente, en texto id�ntico al vigente hoy en d�a y reco�gido por el art�culo 651 del Decreto 409 de 1971: "El fallo del juez de menores puede consistir en las siguientes medidas:

"2. Simple amonestaci�n, cuando la falta hubiere sido ocasionada y el menor se hallare en un medio familiar sano y apto para su educaci�n. La detenci�n preventiva en este caso no tendr� lugar o ser� lo m�s bre�ve, a fin de conservar el sentimiento del honor en el ni�o;

"4. Entrega del menor a una persona o instituci�n id�nea, a fin de lograr su educaci�n, bajo condiciones;

"5. Internamiento del menor en una es�cuela de trabajo, p�blica o privada, o en una granja agr�cola especial para menores, p�blica o privada; y

"6. Internamiento del menor en un re�formatorio especial para menores, por tiempor <sic> indeterminado, hasta cuando se obten�ga la reeducaci�n del menor o la formaci�n de su sentido moral".

"Es evidente la benignidad de las sancio�nes enunciadas en la disposici�n transcrita, pues lejos de perseguirse una represi�n pa�ra con el delito y con el delincuente en cier�to sentido, se le impone al funcionario juris�diccional una enjundiosa tarea profil�ctica criminal. Por el contrario, los art�culos 40 y 41 de la Ley 75 de 1968, hoy incorporados al C�digo Penal, Libro segundo, T�tulo XIV, Cap�tulo V, por imperio del art�culo 45 de la misma ley, bajo la denominaci�n de "De�litos contra la asistencia familiar", se�a�lan para las conductas t�picas de inasisten�cia moral, inasistencia alimentaria y mal�versaci�n y/o dilapidaci�n de ciertos bienes, las siguientes penas: arresto de seis meses a dos a�os (privativa de la libertad) y mul�ta de mil a cincuenta mil pesos (pecunia�ria)".

El Jefe del Ministerio P�blico, en vista N� 083 de 17 de agosto del a�o en curso, expone:

"El ciudadano Mauricio Luna Visbal acu�sa de inconstitucional el inciso secundo del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968 y pide a la Corte lo declare inexequible, ejercitando as� la acci�n p�blica consagrada en el art�culo 214 de la Carta.

"por la cual se dictan normas sobre fi�liaci�n y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

"Si el acusado cumpliere la edad de die�cis�is a�os y el proceso no estuviere defini�do mediante fallo que haya hecho tr�nsito a cosa juzgada, pasar� el expediente al Juez Penal ordinario de la residencia del titu�lar del derecho".

"Pero sucede que ya el ciudadano Luis Alfredo Torres Buitrago hab�a formulado demanda en igual sentido y la Corte, previo concepto del Procurador General emitido el 6 de noviembre de 1969 y cuya conclu�si�n acogi�, declar� exequible el precepto legal ahora nuevamente acusado.

"En consecuencia, concept�o respetuosa�mente que la Corte debe decidir se est� a lo resuelto en la sentencia de fecha 26 de febrero de 1970, por la cual declar� exequi�ble el inciso segundo del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968".

1. Como lo advierte el actor, el art�culo 663 del C�digo de Procedimiento Penal, in�corpora en su inciso 2� el inciso 2� del ar�t�culo 47 de la Ley 75 de 1968, en forma literal.

2. Esta �ltima disposici�n, o sea la del inciso 2� del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968, fue declarada exequible por la Corte, en sentencia de Sala Plena de 26 de febrero de 1970.

3. En dicho fallo, y como fundamento de la declaraci�n de exequibilidad, se dijo:

"Los art�culos 40 y 41 de la Ley 75 de 1968 prev�n dos infracciones penales, consistentes, la primera, en sustraerse a las, obligaciones legales de asistencia moral o alimentaria debida por ciertas personas a determinados parientes" y la segunda, en la malversaci�n o dilapidaci�n de bienes confiados a quien ejerza la patria potestad, tutela o c�ratela o administre bienes de su c�nyuge, por cualquier causa. En ambos ca�sos cabe una pena de seis meses a dos a�os de arresto y multa de mil a cincuenta mil pesos cuando los responsables sean mayores de 16 a�os y si fueren menores de dicha edad "se aplicar�n las medidas de seguri�dad de que trata el art�culo 35 de la Ley 83 de 1946" (Ley 75 de 1968, art�culo 47). Esto en cuanto al il�cito previsto y a su represi�n.

"Por otra parte, se ha visto que de tales violaciones pueden ser autores, en princi�pio, tanto personas mayores como menores de diecis�is a�os. Si fueren mayores de di�cha edad, los mencionados delitos "se in�vestigar�n y fallar�n por los tr�mites se�alados en el C�digo de Procedimiento Penal, y conocer�n de ellos, en primera instancia, los Jueces Municipales de la re�sidencia del titular del derecho, y en segun�da, los Jueces Penales del Circuito respec�tivo". (Art�culo 47, Ley 75 de 1968).

"Cuando el procesado fuere menor de diecis�is a�os la competencia corresponde al Juez de Menores". (Art�culo 47, Ley 75 de 1968, inciso 1�).

"Y como consecuencia de lo anterior, el Inciso acusado, el 2� del mismo art�culo 47, establece:

"Si el acusado cumpliere la edad de die�cis�is a�os y el proceso no estuviere definido mediante fallo que haya hecho tr�nsito a cosa juzgada, pasar� el expedien�te al Juez Penal ordinario de la residencia del titular del derecho".

"Esta �ltima disposici�n, que es la acu�sada, indica que ella concierne al procedimiento penal, y que, como demuestra el Procurador en opini�n antes citada, no pug�na con el art�culo 26 de la Ley Fundamen�tal, siendo de notarse que dicho precepto en manera alguna establece sanciones dis�tintas para los acusados menores de dieci�s�is a�os. El r�gimen de sanciones (medidas de seguridad) es el mismo, sea cual fuere el juez del conocimiento, sin que haya lugar a considerar penalidad m�s o menos favo�rable, ya que la represi�n se fija por raz�n de la edad que el infractor tiene cuando viola la ley, es decir, por la vigente al tiem�po de la comisi�n del hecho imputado, y no cuando la justicia falla el respectivo proceso.

"Lejos de surgir oposici�n entre el pre�cepto acusado y la Carta Pol�tica, existe concordancia entre ambos. De consiguiente, se impone una declaraci�n de exequibilidad".

4. El concepto del Procurador General de la Naci�n, al cual se refiere la Corte en el fallo antes mencionado y en parte trans�crito, se resume en el mismo, en los siguientes t�rminos:

"El Jefe del Ministerio P�blico opina que la disposici�n acusada no viola el art�culo 26 de la Constituci�n, por lo siguiente: 1�) Porque el inciso segundo del art�culo 47 de la Ley 75 al disponer que ciertos juicios contra menores pasen a conocimiento del juez penal ordinario cuando �stos cumplan diecis�is a�os y no se haya dictado fallo, no est� desconociendo las formas propias de ning�n juicio, sino al contrario, ordenando que se respeten determinadas normas pro�cesales, descart�ndose as� la primera causa de violaci�n esgrimida en la demanda, y 2�) Porque al pasar dichos juicios a cono�cimiento del juez penal ordinario, solamente podr� �ste aplicar las normas procesales referentes a los negocios de su competencia, sin que se ofrezca la posibilidad de dar operancia a otras leyes relativas al menor".

1. La situaci�n jur�dica que contempl� la Corte al decidir la exequibilidad del inciso 2� del art�culo 47 de la Ley 75 de 1968, es la misma que ahora se presenta en relaci�n con el inciso 2� del art�culo 663 del Decreto N� 409 de 1971, C�digo de Procedimiento Penal. O sea, que subsisten las mismas ra�zones de orden constitucional para llegar a id�ntica conclusi�n.

2. Por tanto, la norma objeto de impug�naci�n, no viola el art�culo 26 de la Carta, ni otro alguno de �sta.

Con fundamento en las anteriores con�sideraciones y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorga el art�culo 214 de la Constituci�n Pol�tica y o�do el Procurador General de la Naci�n,

Es exequible el inciso 2� del art�culo 663 del Decreto extraordinario N� 409 de 27 de marzo de 1971, C�digo de Procedimiento Penal.

Comun�quese a la Presidencia de la Re�p�blica y al Ministerio de Justicia.

Juan Benavides Patr�n, Mario Alario Di Filippo, Jos� Enrique Arboleda Valencia, Humberto Ba�rrera Dom�nguez, Aurelio Camacho Rueda, Ale�jandro C�rdoba Medina, Ernesto Cediel Angel, Jos� Gabriel de la Vega, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel Garc�a B., Jorge Gaviria Salazar, Guillermo Gonz�lez Charry, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Alva�ro Luna G�mez, Humberto Murcia Ball�n, Luis Eduardo Mesa Vel�squez, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Carlos P�rez, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sar�miento Buitrago, Jos� Mar�a Velasco Guerrero.